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Memoria Calle Luís Crespo Nº 2532 Teléfonos: (591-2) 2420512 - 2417218 | Fax: (591-2) 2420457 | Casilla 8666 E-mail: unitas@redunitas.org www.redunitas.org La Paz - Bolivia
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales Cochabamba, 13 y 14 de octubre de 2012
MEMORIA VI FORO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES “Rol y agenda de las organizaciones sociales en el contexto actual”
UNITAS PROGRAMA NINA PROGRAMA URBANO PROGRAMA DESARROLLO CON EQUIDAD PROGRAMA DTIOC PLATAFORMA BOLIVIANA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Cochabamba, 13 y 14 de octubre de 2012
“Libres para pensar, libres para decidir”
“Libres para pensar, libres para decidir”
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VI FORO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Memoria 2012 Directora Ejecutiva UNITAS Susana Eróstegui Revilla Coordinador Nacional del Programa NINA Walter Limache Orellana Coordinador Nacional del Programa Urbano Carlos Revilla Herrero Coordinador Programa Derechos Territoriales IOC (DTIOC) David Birbuet Díaz Secretaría Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) Teresa Hosse Sahonero Coordinadora Programa Equidad para el Desarrollo Iris Baptista Gutiérrez Sistematización de la información Norah Miranda Melgar
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
Diseño de tapa Roberto Mikihiro Gonzalez
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www.redunitas.org Calle Luis Crespo No 2532, Sopocachi Tell. 2420512-2417218 Fax 2420457 La Paz-Bolivia Primera edición 2000 ejemplares La Paz-Bolivia, julio de 2013 Diagramación e impresión Preview Gráfica
Indice 5 7 9 13 15
1. Mesa 1: Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria 1.1. Metodología de trabajo 1.2. Exposición de temas TEMA I: Soberanía, seguridad alimentaria y políticas de desarrollo TEMA II: Situación y tendencias del desarrollo del sector agrícola TEMA III: Territorios indígenas originarios campesinos y sus perspectivas TEMA IV: Desafíos en la distribución y redistribución de tierras TEMA V, PROPUESTA: Una alimentación y nutrición temporánea dual digna para Vivir Bien 1.3. Conclusiones generales de la mesa
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2. Mesa 2: Recursos Naturales y extractivismo 2.1. Metodología de trabajo 2.2. Exposición de temas TEMA I: Políticas de desarrollo TEMA II: Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas: Derecho a Consulta libre, previa e informada y a la Autodeterminación TEMA III: Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales: hídricos, maderables, mineros y otros 2.3. Conclusiones generales de la mesa
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3. Mesa 3: Redistribución de la riqueza 3.1. Metodología de trabajo 3.2. Exposición de temas TEMA I: Redistribución de la riqueza, apuntes para el debate TEMA II: Referencias sobre emprendimientos productivos TEMA III: Desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza 3.3. Conclusiones generales de la mesa
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4. Mesa 4: Gestión Pública y Demanda Social 4.1. Metodología de trabajo 4.2. Exposición de temas TEMA I: Situación de la participación y el control social 4.3. Conclusiones generales de la mesa
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IV. Conclusiones del foro en plenaria general
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V. Anexos
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MESA 1 MESA 2 MESA 3 MESA 4
Tabla 1. Participación por sexo Tabla 2. Participación área territorial Tabla 3. Participación por departamento Tabla 4. Listado de Organizaciones e Instituciones participantes
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Agradecimientos Presentación I. Introducción II. Metodología de trabajo III. Mesas de trabajo
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Agradecimientos Desde el año 2007, ininterrumpidamente, hemos realizado seis Foros Nacionales de Organizaciones Sociales de manera conjunta entre UNITAS, el Programa NINA, el Programa Urbano (antes Programa de Desarrollo del Poder Local) y el Programa de Desarrollo con Equidad. Acciones desarrolladas con el apoyo y la participación activa de las diversas organizaciones sociales indígenas, originarias, campesinas, interculturales, afrodescendientes, sindicales, estudiantiles y territoriales. Así como juntas vecinales y asociaciones/organizaciones de mujeres, de jóvenes, de discapacitados y de distintas instituciones asociadas a UNITAS y pluralidades sociales de los ámbitos urbano y rural, a quienes expresamos nuestro profundo reconocimiento.
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Por otro lado, manifestamos nuestro agradecimiento a todas las a las agencias de cooperación que a través de la confianza depositada en nosotros, hacen posible que el Foro tenga continuidad cada año: Cafod, Trocaire, Christian Aid, Icco Cooperación, Secours Catholique – Caritas France, Broederlijk Delen, Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo –Tierra Solidaria (CCFD), Ayuda Popular Noruega (APN) y Diakonia.
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VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
Presentación
Aunque estos temas no llegan a abarcar la totalidad de los distintos ángulos desde los que la realidad puede ser analizada, representan las más urgentes y recurrentes en las distintas regiones y localidades del país. Una realidad que se caracteriza por la diversidad de matices que han adoptado altos niveles de conflictividad. Se observa una agudización de los problemas sociales relacionada con el descontento de varios sectores y se reflejan en detonantes manifestaciones de malestar y que provocan al mismo tiempo otro tipo de molestia en la población expuesta a bloqueos urbanos,
interprovinciales, interdepartamentales, escases de productos, huelgas y una serie de manifestaciones sociales; aunque aparentemente se vive cierta paz social. Si bien la situación política no se caracteriza por su estabilidad, los reportes económicos, tanto gubernamentales como internacionales, indican que la gestión de este nuevo gobierno puso en orden las cuentas nacionales y condujo a Bolivia hacia la estabilidad financiera. En este tiempo de plazo intermedio, después de más de cinco años de gestión, es pertinente realizar una evaluación de medidas como la nacionalización, el proceso de implementación del Proceso de Cambio y el cumplimiento de la nueva Constitución del Estado en esta Bolivia diversa pero también marcada por las desigualdades y el incumplimiento de las demandas agendadas por la pluralidad de sectores que le dijeron sí al Presidente. En razón de compartir las preocupaciones alrededor de las temáticas abordadas en el presente VI Foro, ponemos a su consideración el documento sistematizado de las reflexiones y pensamientos profundos de las organizaciones sociales que anualmente participan de estos espacios que Unitas tiene el placer de abrir.
Gumercindo Benavides Presidente del Directorio de UNITAS
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El VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales se realiza en medio de una situación política, social y económica que reclama un proceso de evaluación, a seis años –también- de que Evo Morales asumió la Presidencia y de que se inició la implementación del Proceso de Cambio. En este sentido, las organizaciones sociales concurrentes realizaron un análisis coyuntural presente y retrospectivo a partir de cuatro temas esenciales, que tienen que ver con: soberanía y seguridad alimentaria, políticas de desarrollo, recursos naturales, extractivismo, redistribución de riquezas, gestión pública y demanda social, entre otras.
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I. Introducción El VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales de Bolivia denominado “Rol y agenda de las organizaciones sociales en el contexto actual” se realizó entre los días 13 y 14 de octubre de 2012, en el Centro de Convenciones Scouts, en la ciudad de Cochabamba. Este año, el enfoque principal fue analizar las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que ha experimentado el recientemente instaurado Estado Plurinacional en los últimos años y los retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para reafirmar su rol y sus agendas, amparando siempre su independencia y autonomía, y, haciendo valer su capacidad propositiva. Con el objetivo principal de “promover el debate sobre el contenido y el sentido transformador del cambio, demandado históricamente por las organizaciones sociales urbanas y rurales de Bolivia, para articular esfuerzos de participación e incidencia nacional” los cerca de 500 asistentes representantes de diversas organizaciones urbanas y rurales, abordaron principalmente cuatro temas eje a través de mesas temáticas.
Después de la VIII marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas del oriente boliviano, de la brutal represión que sufrieron en septiembre de 2011 y frente a una agenda petitoria totalmente desatendida; temas reivindicativos como: derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho a la Consulta y a la libre autodeterminación, impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales
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El desarrollo del mundo rural, visto desde las problemáticas que enfrentan los campesinos de distintas zonas del país fueron abordadas a partir de los temas: tierra y territorio, políticas de desarrollo agrícola y las acciones dirigidas al logro de soberanía y seguridad alimentaria, en la mesa Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria.
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(hídricos, maderables y mineros, entre otros) y las políticas de “desarrollo sostenible” aplicadas por el Estado y empresas privadas, fueron algunos de los asuntos pendientes tratados por los propios actores sociales en la mesa Extractivismo y Recursos Naturales. El tema referido al tratamiento de la economía estatal también fue considerado en la mesa Redistribución de la riqueza, en la que contenidos recurrentes como las fuentes de generación de ingresos (políticas macro económicas, inversiones extranjeras, recursos naturales estratégicos, impuestos y exportaciones); además del Presupuesto Nacional (que incluye a la distribución de los recursos y a las cuentas estatales correspondientes); las políticas de inversión pública para la superación de la pobreza y las condiciones de desigualdad (transferencias condicionadas, entre otros) fueron analizados desde las distintas miradas que congregó el evento.
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Finalmente, en la mesa de Gestión pública y demanda social fueron debatidos temas referidos a las reformas institucionales y las capacidades existentes en las instituciones públicas para atender las demandas sociales. Aspectos como el acceso y calidad de los servicios públicos (referidos más específicamente a información sobre servicios de educación, salud, empleo y mejoramiento de ingresos); la inclusión de indígenas, mujeres y pobres en los procesos de toma de decisiones; el derecho de libre asociación y expresión y, por último, el tema de control social, transparencia y rendición de cuentas fueron parte del debate en este espacio.
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En base a los temas planteados de manera previa, en cada una de los recintos temáticos, se buscó también: • Aportar con información y análisis sobre la coyuntura y las políticas de desarrollo en Bolivia. • Analizar las perspectivas del cambio y sus efectos en la democracia participativa y la dinámica organizativa urbana y rural. • Profundizar la reflexión sobre la implementación del proceso de construcción del Estado Plurinacional a partir del análisis de problemáticas específicas que permitan identificar y definir acciones estratégicas regionales y nacionales. • Promover la construcción de visiones conjuntas campo-ciudad y la articulación de agendas para el fortalecimiento del movimiento popular nacional. • Hacer de las prácticas de transparencia y rendición de cuentas, cuestiones públicas en lo que respecta a las acciones y resultados de desarrollo que generan las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, a casi tres años de este periodo gubernamental, cabe preguntarse (y cuestionar a las autoridades pertinentes) si se ha privilegiado la atención coyuntural de los asuntos significativos y postergado el cumplimiento de los objetivos y el mandato del proceso de cambio; si lo urgente ha prevalecido sobre lo importante; si la atención y resolución de los conflictos sociales, que en los últimos años han constituido los principales asuntos de la agenda nacional, tiene como contrapunto la realización de inversiones de desarrollo productivo que permitan generar empleos permanentes, iniciativas sostenibles y que estén orientados a objetivos importantes como la seguridad y soberanía alimentaria, o el desarrollo tecnológico nacional. La implementación de la Constitución Política del Estado, el desarrollo del proceso autonómico, la transformación de la matriz productiva y la industrialización constituyen importantes desafíos que aún no se han concretado. El avasallamiento de minas y el extractivismo, cada vez más contaminante, que va en contrasentido a los objetivos de transformación productiva para superar la condición de proveedores de materias primas que ha caracterizado nuestra economía, provoca enfrentamientos, violencia y daños socio ambientales permanentes e irresueltos.
Bajo la premisa de que toda democracia necesita de una sociedad civil fuerte, organizada y contestataria para generar cambios positivos en la sociedad y para cumplir con su papel de vigilante de las decisiones públicas, el Foro está pensado como un espacio plural en visiones, contenidos y participantes. Propone el encuentro de diversas organizaciones y sectores de todo el país: campesinos, originarios, indígenas, vecinos, sindicatos, obreros, fabriles, maestros, académicos, estudiantes y otros. Se constituye
en el espacio anual de análisis, reflexión y deliberación abierto sobre temas de actualidad e interés de las organizaciones, movimientos sociales y de la sociedad boliviana en general. Como en años pasados, la función de este foro es diseñar una hoja de ruta que recoja los temas que más inquietan a los representantes de las organizaciones e instituciones participantes y, así también, dar seguimiento a las acciones que las distintas instancias gubernamentales ejecutan y la manera en que son aplicadas, con el propósito de establecer mecanismos sobre cómo articular esfuerzos de participación e incidencia en las reformas del Estado. En esta versión, aunque no se ha destinado una mesa específica dirigida al abordaje de la temática de género; se ha transversalizado este enfoque y se ha considerado la importancia de que las mujeres participen en los debates de temas de interés nacional, planteando sus propias posiciones y reflexiones en estos espacios mixtos y plurales.
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El conflicto del TIPNIS ha evidenciado la incongruencia entre discurso y práctica con temas específicos vinculados con el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas; la obligación estatal de respetar y proteger su identidad y su derecho a autodeterminarse, a resguardar y conservar sus territorios indígenas, a más de que en su mayoría son catalogados como áreas protegidas, y dar cumplimiento a mandatos constitucionales y de otras normas, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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II. Metodología de trabajo El encuentro anual estuvo dividido en tres grandes momentos: a) Plenaria inaugural, permitió situar a los participantes en el contexto actual y reflexionar colectivamente sobre la realidad nacional. b) Sesiones o mesas temáticas, fueron conformadas con el propósito de profundizar el análisis y arribar a conclusiones que alimenten las estrategias y planes a determinar en áreas específicas de acción. c) Plenaria, permitió debatir los temas y conclusiones del trabajo de grupo; para posteriormente establecer acciones colectivas.
Durante la primera mañana, del día 13 de octubre, luego del registro, se realizó el análisis y debate sobre la realidad nacional y el rol que juegan las organizaciones sociales. Una primera intervención presentó el estado de situación del país y sus tendencias; en un segundo momento se refirió al análisis del rol que tienen las organizaciones sociales en la actualidad y sus perspectivas de incidencia en el destino del
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Las y los asistentes, al momento de inscribirse, definieron su participación en las sesiones o mesas de trabajo incluidas en la agenda de actividades, en función a sus inquietudes, actividades y motivaciones. El abordaje de cada una de las temáticas se efectuó desde una perspectiva global, pero también local y orgánica. De esta manera también se motivó a las organizaciones sociales a recapacitar sobre su rol social y, especialmente en este contexto, su independencia orgánica. Es decir que, en las mesas se cuestionó el papel que asumen las organizaciones frente a las problemáticas analizadas y los desafíosperspectivas de acción e incidencia política para promover y lograr su superación.
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país; en la tercera presentación se analizó la situación en materia de igualdad y equidad de género. La conducción de este espacio estuvo a cargo de Walter Limache (Programa NINA), Alfredo Cahuaya (Programa Urbano) e Iris Baptista (Programa Desarrollo con Equidad) con el apoyo de panelistas invitados y otros miembros del equipo para organizar las intervenciones y recoger las ideas fuerza del debate. Luego se realizó una ronda de intervenciones con la participación de representantes de los distintos sectores y ámbitos organizativos presentes. La lectura del contexto reflejó aspectos del análisis social, político y económico que se tomaron en cuenta durante el foro: se hizo una evaluación crítica de las políticas vigentes, del proceso de descentralización, de la participación ciudadana como condición indispensable para articular procesos, proyectos territoriales y sistemas sociales desde perspectivas integrales y asociadas al diálogo intercultural, la construcción de sujetos colectivos, la potenciación de los vínculos entre lo local, lo regional y lo nacional y su repolitización.
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El trabajo de las organizaciones, a través de sus representantes líderes y dirigentes, se centró en el análisis de situación del país, de las políticas de desarrollo, el estado de la democracia, los avances en la superación de la pobreza y las condiciones de desigualdad. También en identificar las debilidades de las políticas de agricultura y seguridad alimentaria, la explotación y uso de recursos naturales, problemáticas medioambientales, gestión pública, y otras, desde sus propias miradas y experiencias.
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La reflexión estuvo permeada por la autocrítica respecto a su papel como agentes de transformación, generadores de formas organizativas transformadoras para retomar la perspectiva política de las luchas de los movimientos sociales, sus agendas y la articulación con sus pares, su sentido de pertenencia y la construcción de una nueva relación Estadosociedad. En la tarde, los asistentes se dividieron y se instalaron en cada una de las mesas temáticas, para ahondar en las áreas de su interés:
1. Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria, 2. Extractivismo y recursos naturales, 3. Redistribución de la riqueza, 4. Gestión pública y demanda social. En cada recinto temático se utilizó una metodología que tuvo por fin la elaboración de un documento conclusivo, que además de contener el abordaje del tema principal incluyó un cuestionamiento constante referido a rol que juegan las organizaciones y a sus acciones de incidencia. Posteriormente, cada mesa hizo la presentación/exposición del tema a través de un/a relator/a para provocar la reflexión y el análisis en plenaria, tomando en cuenta tres puntos: síntesis del análisis del tema, el rol de las organizaciones sociales frente a la problemática analizada, perspectivas y desafíos. En la segunda jornada, del día 14 de octubre, se realizó la plenaria en la que relatores de cada mesa expusieron sus conclusiones, propuestas y recomendaciones. Cada delegado de mesa presentó los resultados de su trabajo grupal, que dio inicio a un espacio para el intercambio de criterios, la complementación de ideas y las conclusiones generales, que consideraron los puntos concluyentes y los acuerdos a los que arribaron en relación a los temas tratados.
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III. Mesas de Trabajo del Foro
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1. Mesa 1: Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria Este espacio incluyó en la mesa de debate los siguientes tópicos: desarrollo rural, soberanía y seguridad alimentaria, tierra y territorio y a las políticas de desarrollo agrícola utilizadas en el ámbito rural.
1.1. Metodología de trabajo Emma Lazcano, Directora de CENDA, facilitó la mesa de trabajo. Inició con la presentación del Foro, de los objetivos que persigue, la metodología de trabajo y, para romper el hielo y motivar la participación de los asistentes, resaltó la pregunta constante en el evento: ¿cuál es el rol que juegan las organizaciones en relación al abordaje y tratamiento de los temas y a las acciones de incidencia desarrolladas o por desarrollar por las organizaciones sociales?
Cada mesa eligió a un relator para dar a conocer el trabajo realizado en el grupo ante la plenaria general. Este trabajo debió estar estructurado en base a tres puntos específicos: a. Síntesis del análisis de los temas, b. Rol de las organizaciones sociales frente a la problemática analizada, c. Perspectivas y desafíos.
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Posteriormente, hizo una breve presentación de los temas que serían expuestos por cada uno de los invitados/as, quienes abordaron las temáticas en un máximo de 15 minutos. Terminadas las exposiciones se realizaron rondas de preguntas y respuestas por aproximadamente 30 minutos.
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Expositores
El Plan Nacional de Desarrollo
1. Marcos Nordgren —CIPCA— Soberanía, seguridad alimentaria y políticas de desarrollo.
El modelo de desarrollo que postula el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha sido diseñado para revertir la inhumana exclusión que oprime a la mayoría de la población boliviana, particularmente la de origen indígena campesina. El PND sostiene que: “Este objetivo central requiere del cambio del patrón de desarrollo primario exportador, que se caracteriza por la explotación y exportación de recursos naturales sin valor agregado, y de la constitución de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, que consiste en la agregación de valor y la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables (…)”
2. Nilton Ramírez —CEDLA— Situación y tendencias del desarrollo agrario. 3. Oscar Sánchez —CENDA— Territorios Indígenas Originarios Campesinos y sus perspectivas. 4. Alejandro Almaraz — Desafíos en la distribución y redistribución de tierras.
Equipo de apoyo
Urbano Arispe – INDICEP
Shirley Lara – CENDA
Sergio Vásquez - CENDA
Hynnia Sanchez – CIPCA
David Birbuet – Programa DTIOC
1.2. Exposición de temas Tema I:
Soberanía, Seguridad Alimentaria y Políticas de Desarrollo
Marcos Nordgren - CIPCA
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El expositor dio inicio a su exposición refiriéndose a la problemática de la ausencia de políticas de desarrollo, especialmente en el ámbito agrícola y el Plan de Desarrollo que el Estado Plurinacional de Bolivia está poniendo en marcha.
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Se afirmó que, aún se sigue discutiendo sobre la visión desarrollo y en la actualidad existen dos enfoques en la mesa de discusión: la visión agrarista, es decir la que promueve la agricultura y ganadería extensiva, en oposición a la visión de desarrollo integral sustentable y con justicia social, con el que se busca proteger a bosques, agua y los recursos renovables y no renovables en general. En este sentido cabe preguntarse ¿Qué está en juego?, dentro de un contexto global complejo y de crisis múltiple: alimentaria, económica, ambiental y energética.
La visión de construir un nuevo Estado a través de este modelo de explotación de los recursos naturales y la constitución de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, determinó quienes son los actores clave en este proceso. Esto puede visualizarse en base a dos aspectos básicos: los privilegios que se otorgan a la agroindustria y la ganadería, especialmente los relacionados a la flexibilización de la Función Económica Social (FES) y desbosques de grandes extensiones de tierras o selvas y, también, el modelo agroindustrial consistente con una base económica indígena campesina originaria. Según la experiencia internacional, la práctica de estas medidas muestran resultados contrarios a los esperados: Francia en tres décadas perdió 54% de sus pequeños productores; en Estados Unidos, cuna de transgénicos, dos millones de pequeñas propiedades productivas han desaparecido; mientras que en la cercana Argentina, desde el 1988 hasta el 2002 desaparecieron el 21% de las unidades productivas. (Fuente: Vía Campesina). A nivel discursivo, se puede apreciar que existen tendencias divergentes. El Vicepresidente reafirma la alianza con el sector agroindustrial. Muestra que no hay una visión clara en el enfoque del modelo. Esto nos lleva a cuestionarnos ¿este modelo agroindustrial, es complementario a la base campesino indígena? ¿La entrada de la agroindustria, provoca un retroceso para la pequeña agricultura y el sector campesino?
Crisis alimentaria Para afirmar que existe una crisis alimentaria basta observar que los niveles de producción no tienen el mismo ritmo que la demanda de alimentos y productos agrícolas. Para esto se pueden mencionar algunos aspectos: • La FAO Advierte sobre la situación crítica de disponibilidad de alimentos en la próxima década: maíz 23%, trigo 19% relacionados al alza registrada el 2012 por aspectos como el clima, el escaso margen productivo y el crecimiento poblacional. • La Producción de cereales es 3% menor en 2012 que en 2011. • La importación de alimentos en el país no ha disminuido y somos dependientes. El precio de esos alimentos fue a mayor costo y la tendencia es ascendente. • Bolivia sigue importando alimentos y tan sólo exporta soya y girasol; la política de desarrollo rural durante los últimos años muestra los siguientes datos: Bolivia importó el año 2011, 200.000 toneladas métricas (TM) de harina trigo, 45.000 TM de azúcar blanca y 80.000 TM de maíz duro. Y exportó ese mismo año 1.343 millones de TM de soya y sub productos soyeros y 193.000 TM de girasol y sus subproductos. Importaciones de alimentos y bebidas — Bolivia Periodo 2009 -2012
¿Qué hacer frente a esta situación? El PND ha emitido resoluciones y ha diseñado estrategias que han delineado el camino a seguir para revertir la desigualdad. Así lo afirma este plan gubernamental: “El cambio del patrón primario exportador es, por lo tanto, una condición imprescindible para revertir la desigualdad y la exclusión de la población indígena, urbana y rural; erradicar la pobreza en el país y desmontar tales dispositivos. Este cambio del patrón de desarrollo y de los dispositivos de dominación requieren de la intervención del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional ( ) que proteja y aliente la innovación y la expansión de la producción en el resto de los sectores productivos, en los cuales los pequeños productores son los mayores generadores de empleo e ingresos y requieren del apoyo estatal para modificar su productividad e introducirse ventajosamente en los mercados internos y externos a fin de que el empleo y los ingresos sean estables y dignos.” “Para nosotros como pueblos indígenas es muy importante la seguridad y soberanía alimentaria y eso no se toma en cuenta. El proceso de cambio nace de las organizaciones sociales. Es importante buscar la coordinación con las trillizas. Hay que ver cuánto se han industrializado nuestros recursos naturales y las tierras fiscales se siguen manteniendo al viejo estilo del patronaje” (María Sarabia, Pando, CENAMID).
500.00.000 450.00.000 400.00.000 350.00.000 300.00.000 250.00.000 200.00.000 150.00.000
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Volumen en Kg Valor en Dólares americanos Fuente: INE/IBCE
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100.00.000
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En La Cumbre Social Plurinacional, realizada en enero de 2012, se estableció que se debe “fomentar la producción agropecuaria de alimentos priorizando a pequeñas y medianas unidades productivas y fortaleciendo la agricultura familiar”. El aporte de la economía Indígena Originaria Campesina (IOC) disminuye cada año. Se deben revertir las políticas y apostar por una economía indígena.
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“¿Como podríamos solucionar la seguridad alimentaria en nuestra zona? ya que hay distintas comunidades que el gobierno y los municipios ayudaron en poca escala para que éstas produzcan, pero no hay mercado y no hay caminos para sacar nuestros productos” (Mario Sanjinés, representante de FSUTRMD).
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a. Política 1. Transformación Productiva del Sector Forestal. Basada en la industrialización de productos maderables y no maderables y la expansión de la explotación sostenible del bosque. - Estrategia de institucionalización de la Forestería Comunitaria: • Ampliación de bosques y reforestación, 75 millones $us. • Promoción de forestería comunitaria, 7 millones $us. - Estrategia de priorización de la aptitud forestal del país y transformación productiva del sector: • Complejos productivos forestales y valor agregado, 500 mil $us. • Programa de Prevención, Seguimiento y Monitoreo de Incendios, financiamiento para territorios campesinos indígenas y gestión de RRNN en sus territorios.
La situación en la región amazónica de Bolivia es aún más preocupante. La Revolución Forestal en el PDN propone pasar de una visión agrarista a un modelo de manejo sostenible y diversificado del bosque beneficiando a campesinos indígenas. Sin embargo, se pone en duda el hecho de que realmente sea aplicable pues existe un descrédito sobre esta “revolución” y en la relevancia para su implementación.
b. Política 2: Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad.
El año 2006, en el PND se incluyen ya políticas de manejo de bosque desde la comunidad, con una forestería comunitaria. El planteamiento sobre el uso y aprovechamiento de bosques fue:
- Estrategia producción, transformación y comercialización en apoyo a las comunidades organizadas en asociaciones (OECAS), 16.5 millones $us.
- Estrategia de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, investigación y capacidades de organizaciones sociales, 35 millones $us.
En total se precisaron más de 135 millones de $us, entre 2006 y 2010. La inversión dirigida a la revolución forestal fue de 16 millones y no se implementó lo propuesto al inicio del plan, creándose iniciativas superficiales que no tuvieron impacto en las organizaciones campesinas e indígenas. Para el fortalecimiento de la producción agroforestal de las comunidades campesinas e indígenas de los departamentos de Pando y Beni se ha establecido la necesidad de invertir 1.5 millones de dólares.
En abril de 2012 se anuncia una ventana de financiamiento dirigido al Manejo Integral de Bosques, con una cartera de 17 millones de dólares para créditos sectoriales, entre ellos el manejo de bosque. Por su parte, la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) contribuyó en mejorar la comercialización y precios de la región y no en transformar e industrializar la producción en productos acabados; tan sólo se dedica a la compra y venta de la castaña. Para la comercialización de castaña, entre el 2008 y el 2010, el PND presupuestó de 10 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron solamente entre el 50 y 60%. Contradictoriamente, no se le apuesta a la economía indígena originaria campesina pero si se invierte y apuesta por el proyecto de la Hidroeléctrica Cachuela Esperanza, con altos costos para la economía nacional y ambiental. Queda preguntarse entonces, ¿a quién beneficia este proyecto? ¿Qué ha hecho el PND? Se sabe que en abril de 2012 se anunció una ventana de financiamiento dirigida al manejo integral de bosques, con una cartera de 17 millones de dólares para créditos sectoriales, entre los que se incluyó el manejo de bosques. En total menos de 15 millones de dólares han sido invertidos, comparados con 135 millones establecidos de inicio.
Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza • Planta hidroeléctrica de 990 MW de Potencia Instalada (PI) • Proveerá de energía para vender energía al Brasil • Reservorio de 690 KM2 • Inversión de 2.465 millones de dólares Tomando en cuenta estos datos resulta pertinente preguntar ¿Para quién? y ¿Para qué se está ejecutando este proyecto?, pues con solo un 5% de este monto se puede financiar la Revolución Forestal planteada por el PND. El Artículo 392, en su parágrafo I, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales”. Nordgren terminó su alocución con una llamada de atención sobre el peligro que se corre respecto a las acciones que se están tomando en detrimento de los intereses nacionales, de la población boliviana y de los recursos naturales: “La insuficiencia del modelo de desarrollo hacia adentro y la liquidación de la Revolución Nacional condujeron al agotamiento del capitalismo de Estado; la crisis de la deuda externa y la hiperinflación contribuyeron a su colapso final. Así, el modelo neoliberal se impuso como la opción resolutoria a la crisis del Estado de bienestar. De esta manera, el Estado fue sustituido por el mercado (…)”
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“El bosque es una oportunidad, puede generar economías de emergencia, pese a la ausencia del Estado. El majo, la pupuña y el azai, por ejemplo, son productos agrícolas que podrían contribuir a la seguridad alimentaria de tierras altas. Ahora no hay un mercado porque no hay condiciones productivas para su industrialización. El sistema agroforestal puede conformar parte de la dieta boliviana en términos de la economía” (Oscar Sánchez, CENDA).
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Tema II:
Situación y tendencias del desarrollo del sector agrícola Nilton Ramírez – CEDLA
Nuevo Patrón de Desarrollo Agrario El gobierno considera que las políticas neoliberales, aplicadas especialmente entre las décadas de los años 80 y 90: • Aumentaron las desigualdades en el campo, • La agricultura de exportación terminó concentrando la riqueza en pequeños grupos de élites agrarias, • La agricultura de exportación terminó discriminando a las economías, campesinas, comunitarias y asociativas que dependen de la agricultura, • Agravaron, por tanto, la dependencia alimentaria.
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Es frente a esta situación que el gobierno plantea Construir “otro patrón de desarrollo agrario” que alcance la soberanía alimentaria, a través del desarrollo de una economía rural “plural y diversa” para la “coexistencia de las economías estatales, comunitarias, asociativas y empresariales”.
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“La soberanía alimentaria debe empezar desde adentro, como bolivianos no consumimos lo que producimos. Damos lugar a la ropa americana y no compramos lo que producimos. Debemos revalorizar nuestros alimentos en tierras bajas y altas” (Representante del departamento de Oruro).
Dentro de lo planteado en este escenario, las políticas estatales se proponen “fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria” para “promover el incremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos”. En este sentido, el comportamiento de la producción agrícola, según el Estado ha tendido avances en los siguientes puntos: a. Se comprueba un crecimiento gradual de la producción agrícola, b. Sin embargo, este comportamiento obedece fundamentalmente al crecimiento de cuatro cultivos: caña, soya, maíz y sorgo en grano, c. Si no se contemplan estos cuatros cultivos, el resto de la producción agrícola muestra una tendencia hacia el estancamiento (ver cuadro abajo), Bolivia: Producción de los volumenes de producción (en toneladas métricas) Periodos 1989/1990 - 2010/2011 16.000.000
13.679.134
14.000.000 12.141.881
12.000.000 10.000.000 8.000.000
6.083.883
6.000.000 4.000.000
2.389.224
3.505.579
3.7711.945
2.000.000 0
1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 (p)
“La construcción de la planta hidroeléctrica Cachuela Esperanza nos afecta a dos departamentos: tanto Beni como Pando. Va a haber un impacto ambiental y no solamente para los que viven en Riberalta o Guayaramerin, sino para los pueblos Esse Ejja, Tacana, Cabineños, Chácobos que viven en esa tierra. Yo pido acá a este Foro que por favor nos ayuden a velar por nuestros recursos naturales del medio ambiente y biodiversidad” (Bernardo Marupa Villamor, representante Norte Amazónico).
Total cultivos
Total (Sin caña, sojya, maiz y sorgo en grano)
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
d. Contrariamente a lo que afirma el gobierno, son los cultivos industriales o “agronegocios” los que tienden a concentrar la mayor parte de la producción agrícola durante el gobierno del MAS,
Bolivia: Evolución en los volumenes de producción, según regiones (en t.m.) Periodos 1989/1990 - 2010/2011 16.000.000 14.000.000
e. Los cultivos que generalmente pueden ser consumidos sin procesamiento industrial y en los cuales la producción campesina sigue siendo importante (es decir frutales, hortalizas, tubérculos, forrajes) tienden a perder importancia,
Bolivia: Evolución en los volumenes de producción, según rubros 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000
2.000.000
Industriales
10.000.000 6.083.883
8.000.000
9.096.333
6.000.000 3.292.067 4.000.000
0
2.122.871
1.958.097
1.486.809
2.000.000
905.007
1.101.426
1.087.451
Altiplano
Valles
Llanos
Total
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
El gobierno del MAS no ha podido cambiar esta tendencia, pues entre los períodos 2005 - 2006 y 2010 – 2011, la producción agrícola de Santa Cruz ha incrementado significativamente, dejando relegada a la producción en los valles y el altiplano de Bolivia, tal como se puede observar en siguiente cuadro: Bolivia: Volúmenes de producción, según regiones (en toneladas métricas)
4.000.000
Regiones 1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 (p)
0
10.454.8.37
12.141.881
12.000.000
1989 - 1990 1990 - 1991 1991 - 1992 1992 - 1993 1993 - 1994 1994 - 1995 1995 - 1996 1996 - 1997 1997 - 1998 1998 - 1999 1999 - 2000 2000 - 2001 2001 - 2002 2002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 (p)
f. Estos datos, además, demuestran la creciente subordinación de la agricultura a la industria y confirman que en el capitalismo -sea ésta campesina o capitalista- deja cada vez más de cumplir un rol independiente, porque es el desarrollo industrial el que determina finalmente el curso del desarrollo agrario (ver cuadro abajo).
13.679.134
Frutales
Hortalizas
Tuberculos
Forrajes
Total
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
2005-2006
%
2010-2011 (p)
%
Altiplano
1.087.451
9.0
1.101.426
8.1
Valles
1.958.097
16.1
2.122.871
15.5
Llanos
9.096.333
74.9
10.454.837
76.4
Santa Cruz
8.729.468
71.9
10.117.297
70.4
12.141.881
100.0
13.679.134
100.0
Total
h. Existe la tendencia de una cada vez menor relevancia de la producción agrícola en las regiones del altiplano y los valles que concentran a la gran mayoría de las unidades campesinas del país (ver cuadro),
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
i. Como puede observarse, el 85% del incremento neto de la superficie cultivada en el país entre dichos lapsos de tiempo puede ser explicado por el comportamiento agrícola observado en el departamento de Santa Cruz.
“Libres para pensar, libres para decidir”
Nota: (p) Preliminar
g. La región de los llanos, donde predomina la producción capitalista, es la que va cobrando mayor importancia en la producción agrícola tanto para la exportación como para el mercado interno,
23
j. Los incrementos de la superficie cultivada en el resto de los departamentos no son significativos, tal como lo expresa el gráfico a continuación: Bolivia: Variaciones en la superficie cultivada, según departamentos (en hectáreas) Cultivo Santa Cruz
2005-2006
%
2010-2011 (p)
%
Variaciones
%
1.692.737
64
1.901.744
67
209.007
85
195.588
7
210.065
7
14.477
6
Oruro
57.895
2
70.377
2
12.482
5
La Paz
228.536
9
234.094
8
5.558
2
Potosí
120.249
5
124.548
4
4.297
2
Pando
14.494
1
15.402
1
908
0
246.731
100
Cochabamba
Incremento Beni
71.742
3
46.477
2
-25.265
77
Tarija
84.825
3
78.941
3
-5.884
18
Chuqusaca
161.610
6
160.003
6
-1.607
5
Decremento
-32.756
100
Variación Neta
213.975
Total
2.627.676
100
2.841.651
100
Nota: (p) Preliminar Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
k. En contrasentido a lo que afirma el discurso oficial, que señala haber dejado de promover los cultivos del agronegocio y la exportación de los productos agrícola provenienetes de ellos, se constata que son justamente éstos los que han incrementado durante la gestión del MAS.
24
l. Un 76% del acrecentamiento total de los volúmenes de producción entre 2005 - 2006 y 2010 - 2011 corresponden a sólo dos tipos de cultivos: caña de azúcar y soya, como lo grafica el siguiente cuadro: Bolivia: Variacionesen la superficie cultivada, según departamentos (en hectáreas) 2005-2006
%
2010-2011 (P)
%
Variaciones
%
Soya (soja) (*)
1.608.728
13%
2.299.846
17%
691.118
40%
Caña de azúcar
5.786.076
48%
6.400.762
47%
614.686
36%
Trigo (*)
138.445
1%
237.847
2%
99.402
6%
Papa
859.676
7%
943.176
7%
83.500
5%
Sorgo en grano (*)
310.546
3%
389.534
3%
78.988
5%
Girasol
120.300
1%
152.652
1%
32.352
2%
Mandarina
103.414
1%
128.516
1%
25.102
1%
Frijol (*)
32.587
0%
57.603
0%
25.016
1%
Naranja
150.617
1%
170.221
1%
19.604
1%
Alfalfa
170.008
1%
187.507
1%
17.499
1%
Cebolla
61.789
1%
78.919
1%
17.130
1%
Banano
150.517
1%
160.264
1%
9.747
1%
Quinua
27.739
0%
36.854
0%
9.115
1%
Durazno
30.950
0%
33.274
0%
2.324
0%
Café
26.114
0%
28.335
0%
2.221
0%
Cacao
3.793
0%
4.729
0%
936
0%
Ajo
6.223
0%
7.055
0%
832
0%
54.685
0%
55.067
0%
Haba Incremento
382
0%
1.729.954
100%
Arroz con cáscara
531.969
4%
473.522
3%
-58.447
30%
Maíz en grano (*)
930.952
8%
877.047
6%
-53.905
28%
Yuca
282.798
2%
243.984
2%
-38.814
20%
22.500
0%
12.000
0%
-10.500
5%
346.823
3%
337.910
2%
-8.913
5%
Cebada en grano
51.671
0%
42.934
0%
-8.737
5%
Tomate
57.014
0%
50.518
0%
-6.496
3%
140.518
1%
137.613
1%
-2.905
2%
4.049
0%
3.105
0%
-944
0%
49.394
0%
48.490
0%
-904
0%
Sésamo (ajonjolí) Plátano
Cebada berza Algodón Piña Arveja
21.964
0%
21.383
0%
-581
0%
Maní
13.046
0%
12.496
0%
-550
0%
Maíz Choclo
21.855
0%
21.311
0%
-554
0%
Uva
25.121
0%
24.660
0%
-461
0%
Decremento
-192.701
100%
Variación neta
1.537,25
Total
12.141.881
100%
13.679.134
1
Nota: (p) Preliminar Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
“Libres para pensar, libres para decidir”
Cultivo
25
En relación al comportamiento de la importación de alimentos en Bolivia se observa que el gobierno del MAS no ha podido cambiar sustancialmente la tendencia hacia el incremento de importaciones de productos agrícolas y agroindustriales, que ya se observaba claramente a partir de 1999, como puede verse abajo: Bolivia: Evolución en los volumenes de producción, según regiones (en t.m.) Periodos 1989/1990 - 2010/2011 1.000.000 893.218
900.000
871.328 782.853
800.000 700.000 670.167
600.000 500.000
Conclusiones:
416.462
400.000 300.000
331.576
301.411
200.000
2010
Materia prima para la agroindustria (1) Productos alimenticios (2) Trigo y harina de trigo de morcajo Alcohol etílico y demas bebidas espirituosas Azucar, cafe, quinua y otros Total
1. Incluye: Soja y girasol (Semillas, harina, aceite, torta y grano); Nueces de Brasil de mrañon y demas cocos Maiz Cacao en grano, cascara, polvo y pasta Malta (de cbada u otros cereales) 2. Incluye: Frijoles y demas hortalizas
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
“La importación de alimentos, además de ser muy triste, es preocupante. Nuestro país es rico, tiene diversidad de nichos ecológicos y sin embargo importamos alimentos; no sabemos qué tipo de alimentos estamos consumiendo”. (Estela Ramos, La Paz).
26
2011(p)
2009
2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
1999
2000
1997
1998
1995
1996
1993
1994
0
1992
100.000
No se ha construido “otro patrón de desarrollo agrario” que alcance la soberanía alimentaria. Persiste, en grandes líneas, la aplicación de la política neoliberal en el sector agropecuario. Sigue vigente el modelo agro exportador que ha golpeado duramente a la producción campesina. Los servicios agropecuarios crédito y asistencia técnica por ejemplo siguen en manos privadas. La presencia estatal en el sector no es significativa (EMAPA, entre otros proyectos). Durante el gobierno del MAS se han consolidado los cultivos agroindustriales a cargo de pequeños, medianos y grandes capitalistas. La importancia, que en los hechos, da el gobierno a los pequeños productores campesinos dista mucho del discurso oficial en boga. Como se ha visto, no ha podido “fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina con base comunitaria”. Ha quedado en evidencia, por tanto, la imposibilidad del planteamiento del gobierno del MAS de “promover el incremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos en el país” con base en la pequeña producción parcelaria. La alianza entre el gobierno del MAS y el empresariado agroindustrial es ya ahora explícita por lo que las acciones gubernamentales serán de franco apoyo a esta fracción de la burguesía.
Oscar Sánchez - CENDA
La importancia de Tierra y Territorio para hacer gestión de los Recursos Naturales Un hito importante en la historia de las reivindicaciones indígenas del oriente boliviano por la lucha de tierra–territorio ha sido la Marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1990, porque por primera vez en la historia de la república, se reconocen los territorios indígenas en tierras bajas. Posteriormente, se logra la promulgación del Decreto Supremo 22610, del 24 de septiembre de 1990, en el que se reconoce al TIPNIS como Territorio Indígena a favor de los pueblos originarios que coexisten en él, a la par de su condición de Parque Nacional. Que, el reconocimiento del Parque Nacional Isiboro- Sécure como Territorio Indígena a favor de los pueblos originarios que lo habitan, no es incompatible con su calidad de Parque Nacional. EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA: ARTÍCULO PRIMERO.- Se reconoce al Parque Nacional Isiboro- Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan, constituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo, denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro- Sécure.
Este mismo decreto en su artículo sexto se refiere a las obras y emprendimientos que se van a realizar en este Parque Nacional y Territorio Indígena y sobre la Consulta Previa que debería aplicarse a los pueblos y comunidades que habitan dicho espacio: “Toda construcción y obras de desarrollo, particularmente, de vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro-Sécure, debe contar, previamente, con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, debidamente aprobado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, con la participación de la organización indígena de la región. Las obras que estén en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar con su respectivo estudio de impacto ambiental. Asimismo, todo proyecto o estudio a realizarse deberá ser consultado y coordinado con la organización indígena de la región”.
Avances en la consolidación de los territorios indígenas: • La Marcha por el territorio, derechos políticos y desarrollo, realizada por los pueblos indígenas en 1996 también es un logro alcanzado por las bases de tierras bajas. • Reconocimiento de los territorios indígenas bajo la modalidad de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), establecidos en el Art. 3 de la Ley INRA Nº 1715. • En el año 2004 en el XI Congreso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), realizado en Sacaba, se decidió en pleno la titulación de tierras a través de la modalidad TCO para las 16 provincias de Cochabamba. “Se realizará la TCO a nivel regional, provincial y comunal en todo el departamento de Cochabamba”, menciona la resolución de la comisión Tierra y Territorio, aprobada en plenaria.
“Libres para pensar, libres para decidir”
Tema III: Territorios Indígenas Originarios Campesinos y sus perspectivas
27
• El 2006, Marcha Indígena por la reconducción comunitaria. • La aprobación de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria Nº 3545, aprobada el 28 de noviembre de 2006. El proceso de Reconducción Comunitaria a la que hace referencia esta ley dictamina que las tierras que no cumplan la Función Económica Social (FES), serán redistribuidas de manera colectiva. • El XII Congreso de la CSUTCB apoya a la titulación colectiva de la tierra bajo la modalidad de TCO el año 2007. La Comisión Tierra Territorio establece que el “Gobierno debe agilizar sobre el saneamiento en coordinación con la organización social y apoyar el proceso de las TCOs”. • Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, se garantiza la propiedad colectiva de la tierra. El Art. 394, Par. III. Reafirma “El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria y colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas”. • Finalmente, es a través del D.S. Nº 727 que “Las TCOs pasan a denominarse Territorios Indígenas Originarios Campesinos”.
¿Qué son las Tierras Comunitarias de Origen?:
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
Las TCOs son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y su desarrollo (Art. 41, numeral 5 de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria).
28
Sus características principales es que son: • Inalienables: Que no se puede pasar a otros. • Indivisibles: Que no se puede dividir en otras propiedades. • Irreversible: Que el Estado no puede revertir. • Colectivas: Por el manejo colectivo de la tierra y los recursos naturales.
• Inembargables: Que no se puede embargar. • Imprescriptibles: Que no se puede extinguir en el tiempo. • No pagan impuestos. Más allá del procedimiento técnico-jurídico, el saneamiento de las TCOs debe ser entendido como un proceso social y político que permite a los pueblos indígenas y originarios ejercer su derecho colectivo al territorio. Las TCOs garantizan a los pueblos indígenas originarios: • La unidad orgánica. • Acceso, uso, tenencia, seguridad jurídica sobre la tierra y recursos naturales renovables. • Control, gestión y defensa de su espacio territorial. • El consentimiento, previa consulta obligatoria a través de sus propias instituciones. • Se constituye en un freno al mercado de tierras. • Son un medio de resistencia a procesos de apropiación ilegal de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales. “Es importante mencionar que la Ley de Reconducción Comunitaria es clara y no se la puede negociar. Las Tierras Comunitarias de Origen no se revierten, no se las mide por la cantidad de sus habitantes, ya que éstos viven mucho antes de la invasión española” (Oscar Sánchez, CENDA).
Situación de algunas TCOs: • TCO Ayopaya: Se circunscribe a un total de 536.377,3062 has. (Polígono 1 y 2). Cuenta con su Resolución Final de Saneamiento Nº 01260. Nº TCO-NAL-000245, emitida el 14 de agosto 2009. Aún así su entrega ha sido suspendida. • TCOs Duraznal y Pabellón, ubicadas en al sur cochabambino, avanzan lentamente en su proceso de titulación. • Ayllus de Cochabamba, demandan titulación TCO de los CONAMAQ.
EN CONSEJO DE MINISTROS DECRETA: ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29130, de 13 de mayo de 2007, modificado por Decreto Supremo Nº 29226 de 9 de agosto de 2007, con el siguiente texto: “ARTÍCULO 2.- (RESERVA Y ADJUDICACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HIDROCARBURÍFERAS A FAVOR DE YPFB) I. De conformidad a lo establecido en los Artículos 34 y 35 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, se reservan cincuenta y seis (56) áreas de interés hidrocarburífero a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, en calidad de Áreas Reservadas, que se encuentran en Zonas Tradicionales y Zonas No Tradicionales y están definidas por sus vértices en coordenadas de la proyección Universal y Transversal de Mercator (UTM, PSAD- 56), detalladas en el anexo del presente Decreto Supremo.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) existe una presión global sobre los territorios indígenas: un 57% de la inversión recibida por América Latina se destinó al sector de recursos naturales, 36% a servicios y 7% a manufacturas. “Los altos precios internacionales de las materias primas impulsaron las inversiones para la extracción y procesamiento de recursos naturales”. En el ámbito nacional, existen varios factores impactan en los territorios indígena originarios y en sus habitantes, como la ampliación de las áreas de exploración hidrocarburífera, como es el caso del TIPNIS y Aguaragüe. Constan casos concretos como la explotación de minerales que se efectúa en la TCO Sullk’a Jilatikani, en Mallku Quta. Esta concesión minera afecta a tres TCOs: Urinsaya, Takahuani, Sullk’a Jilaticani. Las licencias de referencia fueron concretadas a través del D.S. No 29130, tal como se puede observar a continuación:
Las áreas reservadas a favor de YPFB, se otorgan, conceden y adjudican a la indicada empresa estatal a objeto de su exploración y explotación por si, y en asociación mediante contratos de servicio.
Dentro de la propuesta de Ley de Tierras de la CSUTCB, formulada el año 2009, destacan algunos artículos referidos expresamente a las TCOs: Artículo 20, Parágrafo I: “Los propietarios individuales tienen el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que estén dentro los límites de su propiedad previo cumplimiento de la normativa de tierras, productiva y agroambiental”. Artículo 128, Sobre los asentamientos en TCOs y pactos territoriales: “A partir de pactos territoriales expresamente consentidos por los pobladores de una TCO conforme a sus normas y costumbres reconocerá asentamientos de comunidades indígenas campesinas dentro del área titulada o en proceso de
“Libres para pensar, libres para decidir”
Presiones sobre los territorios indígenas:
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titulación que serán reconocidos por el IBR (Instituto Boliviano de Reforma Agraria). En calidad de dotación”. En referencia a esto, encontramos algunos discursos que cuestionan a las TCOs. Rodolfo Machaca, dirigente de la CSUTCB, dijo: “El tema de las TCO nos preocupa a los campesinos porque se está volviendo un motivo de prebenda, temas de corrupción, como es el tráfico de madera y la venta de tierras; lo que hay que hacer es volver a revisar el manejo de las TCO, reformular la modalidad de saneamiento de las TCO”. (Fuente: La Razón, 28 de agosto 2011). Por otra parte, el dirigente informó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizará el Censo de Población y Vivienda en noviembre de este año y servirá para conocer la cantidad de indígenas que habitan en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y redistribuir tierras para ampliar la frontera agrícola. (Fuente: Erbol, 23 de agosto 2012). El presidente Evo Morales señaló que será importante, a través de la auditoría o investigación, verificar la existencia de “empresarios ilegales, palos blancos, o mal manejo en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”. (Fuente: La Razón, 23 de julio 2012).
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Frente a este panorama y de manera conclusiva podemos afirmar que a futuro habrá mayor presión a las TCOs por parte de sectores dirigenciales, a favor de la individualización y mercado de tierras, una palpable flexibilización de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso de normativas que facilitan el desarrollo extractivo y la ampliación de la frontera agrícola en desmedro de las TCOs.
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Tema IV: Desafíos en la distribución y redistribución de tierras
Alejandro Almaraz Ex Viceministro de Tierras
La importancia de Tierra y Territorio para hacer gestión de los Recursos Naturales ¿Qué factores son los podrían permitir la construcción de un modelo de producción agrarista, como alternativa al modelo capitalista centrado en la producción y de constante ampliación de la frontera agrícola, en detrimento de los bosques? ¿poner en riesgo la revolución agraria es una alternativa? La producción despiadada con monocultivos y la ganadería extensiva, han anulado la diversificación productiva y han ocasionado la destrucción de bosques. El mercado de tierras en la actualidad es más agresivo. El campesino visto como individuo es mucho más vulnerable a las condiciones externas del mercado y, también, susceptible de entrar en las lógicas productivas del cultivo extensivo, como sucede con el caso de la producción de soya para abastecer a Colombia y Chile. Por esta razón, la pequeña propiedad campesina corre riesgo. Respecto a este escenario, ¿Qué alternativas existen? ¿la propiedad comunitaria y la perspectiva que tenían nuestros abuelos de construir un modelo comunitario de producción, donde la tierra es más importante y no sólo se reduce a un medio de producción, es una alternativa? Tal vez es por esta razón, y a manera de hacer un breve recuento de sucesos históricos cabe señalar que el movimiento campesino indígena se unificó para luchar centralmente por tierra y territorio. Por esa razón se constituyeron los primeros sindicatos campesinos, que después cayeron en poder del Estado, mediante el pacto campesino militar. Es ahí cuando surge el partido de gobierno que manejaba a su gusto a los sindicatos. Entonces surge la CSUTCB, como una forma de emancipación política y social, como una plataforma reivindicativa para la redistribución de la tierra comunitaria territorial.
La Reforma Agraria del 53, terminó siendo un fracaso, mientras incentivaba latifundios en una parte pequeña en la Amazonía, Chaco, eran territorios ancestrales de mojeños, chimanes, y otros grupos étnicos ancestrales. Hay tierras disponibles fiscales pero éstas no son aptas para la agricultura. Solamente revirtiendo las tierras que ahora pertenecen al patrón se puede concretar esta reasignación de tierras idóneas para la agricultura. “A muchos campesinos se les ha dotado tierras aptas para producción forestal. Es un bien que hay que aprovecharlo sosteniblemente. Por ejemplo, asentamientos como los del trópico en Santa Rosa, donde se distribuyeron 75 has. por familia, podrían ser escenario de la aplicación de una agricultura de subsistencia, con desbosques mínimos se podría realizar una producción agroforestal como cacao y castaña. El gobierno no apoya a indígenas y campesinos en la producción.” (Alejandro Almaraz, ex Viceministro de Tierras).
Reversión y redistribución de tierras: La Ley INRA No 3545 dictamina que se debe realizar la reversión a propiedades que no cumplen la FES y posteriormente redistribuirlas a los campesinos e indígenas, de manera colectiva. Las Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Originarias propusieron la ley de modificación a la Ley INRA No 3545, que permite la reconducción comunitaria y mecanismos de redistribución. Se hizo la reversión hasta el año 2010 y se redistribuyeron poco más de 4.000 millones de has. de tierra. Cabe aclarar que la mayor parte de estas acciones fueron producto del proceso de reversión y saneamiento. Mediante la fiscalización de la FES se revirtieron cerca de 10.000 has. y se logró la producción en condiciones de sostenibilidad y con respeto del interés público boliviano. El presidente Evo Morales propone que la reversión se efectúe cada cinco años. Actualmente se realiza cada dos años. Hace dos semanas Evo entregó los proyectos de ley para el “perdonazo” de los desmontes ilegales, para que los terratenientes no paguen las multas de sanción administrativa y los desmontes valgan como FES. De esta manera se está permitiendo la destrucción del bosque. La nueva propuesta de control de la FES, cada cinco años, se da solamente cuando hay alguna denuncia por parte de las organizaciones sociales. Entonces el único mecanismo efectivo de reversión está en peligro. “Tenemos una gestión territorial que fue demandada el 90 en la TCO Monte Verde. Son tres organizaciones y 90 comunidades. En la mesa expusieron el tema jurídico de los derechos de los pueblos indígenas y hoy se nos está violando ¿qué podemos hacer para que esos derechos constitucionalizados se cumplan? Se han realizado dos marchas y hasta ahora no tenemos respuesta” (Tomas Candía, Chiquitano, CIDOB).
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Las posteriores luchas siempre tuvieron el objetivo de lograr la redistribución de tierras para el campesino e indígena. Aunque históricamente la tierra les corresponde, ahora ésta es una necesidad para poder vivir y darle una nueva economía al país. La tierra productiva está en manos de los sectores empresariales, de los patrones de antes y también de los nuevos patrones.
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“Los dirigentes de la TCO Monte Verde hacen los negociados y de por medio pasan tierras a segundas y terceras manos; se debe hacer una fiscalización a las TCO para ver si cumplen la FES. Nosotros no entendemos, somos de las tierras de Velasco y sólo hay siete pelagatos que manejan todo” (Representante de San Martin, de la provincia Velasco, Santa Cruz).
Debate general de la mesa: • La situación de la problemática de tierras en el país es muy grave. Se luchó por un proceso de cambio con la construcción y propuesta constitucional, pero la CPE está siendo violada, tal como pasa con la Ley INRA. Se otorgan privilegios a los empresarios con la FES. El Gobierno nos está traicionando al ampliar a cinco años la revisión de la FES. • Se observa y se escucha un discurso de respeto a la Madre Tierra, que por el contrario, con la ampliación de la frontera agrícola se está engañando a los bolivianos.
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• Los terratenientes tienen 7% de tierra y las TCOs simplemente representan un 45%. Estas cifras demuestran la contrariedad y vulneración a nuestros derechos colectivos.
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Tema V:
Propuesta: una alimentacion y nutrición temporánea dual digna para Vivir Bien
José Denar Chura Mamani Participante del Programa NINA
En el marco de la finalización del proceso de formación en el Programa NINA y su participación en el Foro, José Denar Chura realizó una propuesta dirigida al gobierno, para proporcionar seguridad alimentaria a las mujeres embarazadas, madres recientes y niños menores de un año de edad en áreas rurales de Bolivia. Bajo el objetivo de “disminuir el grado de desnutrición existente en zonas rurales, mediante la ejecución y aplicación de una política pública, para poder satisfacer las necesidades básicas alimenticias que requieren nuestros nuevos ciudadanos del nuevo Estado Plurinacional” Chura profundizó en el tema de seguridad y soberanía alimentaria de manera conjunta con representantes de las distintas organizaciones sociales, quienes retroalimentaron el trabajo propuesto por este joven boliviano. Chura inició su exposición realizando un análisis del contexto en el que se analizó, con datos, la situación nutricional de la infancia en Bolivia. Mostró la prevalencia de desnutrición crónica existente en menores de 5 años y resaltó que 1 de cada 5 niños menores de cinco años presenta grave retraso en su crecimiento y 1.6 de cada 2, tiene algún grado de anemia. En referencia a la desnutrición infantil en Bolivia afirmó: Según datos de UDAPE-PNUD, en niños y niñas menores de tres años la desnutrición crónica alcanza a 20,3%, mostrando una tendencia positiva respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establece al 2015 lograr la meta de 19% de desnutrición crónica. Existen variaciones porcentuales de los datos de Desnutrición Crónica, dependiendo de la fuente del dato: UDAPE/PNUD 20,3%, SNIS 10%, ENDSA 20 %. Este notable progreso se concentra en áreas urbanas. En las áreas rurales, 39 de cada 100 niños y niñas menores de cinco años tienen desnutrición crónica, evidenciando los niveles de desigualdad
Entre los departamentos con niveles más altos de desnutrición crónica se encuentra Potosí con una desnutrición crónica que alcanza a más del 38% de los niños y niñas menores de cinco años, de los cuales un tercio presentan condiciones de extrema severidad. En menor escala se encuentran los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Cochabamba. En el otro extremo se encuentran el departamento de Santa Cruz con 22% de población indígena, 38% de población pobre, 22% de ruralidad y la desnutrición crónica más baja, 8,6% de los niños y niñas menores de cinco años, los departamentos de Tarija, Beni y Pando mantienen un perfil muy parecido. Dentro del marco legal, el también dirigente orgánico resaltó los derechos constitucionalizados de todos los bolivianos a que “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación” (Art. 16, CPE) y que “El estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población” (Art. 17, CPE). Por otro lado, también hizo referencia a la Propuesta de Ley Comer Bien para Vivir Bien, en la que el Estado es responsable de “Proteger a la población de la mal nutrición con énfasis en el control de la comercialización de alimentos que dañan la salud humana”.
Segunda propuesta: • La adecuación de política pública del bono JUANA AZURDUY DE PADILLA, con la intención de generar igualdades. Esta idea busca la nivelación del bono en base a un cálculo de alimentos nutricionales adecuados a cada región del país, de manera que se garantice la buena alimentación tanto de la madre, como del niño, especialmente en áreas rurales, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Víveres Productos nuevos
Unidad
1. Bebida láctea (kumis)
Cantidad
1 lt
1
500 g
1
1 kg
1
4. Sopa instantánea
250 g
1
5. maní natural
500 g
1
6. Gelatina fortificada
250 g
1
7. Yogurt en sachet
200 ml
5
8. Juguitos
140 ml
8
350 g
1
60 g
2
2. Queso madurado 3. Palmitos
9. Arveja enlatada 10. Barra de chocolate Total
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El paquete prenatal y de lactancia fue elaborado por la Central Obrera Boliviana en coordinación con el Ministerio de salud, con la participación de especialistas en nutrición. Productos nuevos
Cantidad
946 ml
5
Leche en polvo entera
2 kl
3
En este sentido, José Denar expuso dos propuestas* a los participantes de la mesa:
Leche saborizada
1 lt
3
Yogurt frutado
1 lt
2
Primera propuesta:
Queso prensado
500 g
1
Mantequilla con sal
200 g
2
Queso fundido
250 g
2
Esta propuesta base de política pública plantea ampliar el subsidio materno infantil a todas las mujeres del área rural y urbana que no tuvieron la oportunidad de ser profesionales o tener un adecuado ingreso para dar a sus hijos la adecuada alimentación, empezando la dotación del S.M.I. desde el momento de su embarazo y dar continuidad a los bebes recién nacidos, hasta que cumplen el primer año de vida.
Leche fluida
Unidad
Los ítems son 40 Fuente: Lacteosbol y elaboración propia del autor.
“Libres para pensar, libres para decidir”
en su acceso a un consumo adecuado de alimentos y nutrientes, lo que confirma que la relación entre las variables de pobreza y etnicidad va siempre en proporción directa.
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1.3. Conclusiones generales de la mesa • Los participantes de la mesa mostraron un descontento generalizado respecto a las concesiones forestales que realiza el gobierno a empresarios privados y terratenientes. • También existe disconformidad con la propuesta del Gobierno acerca del “Perdonazo” a los desmontes indiscriminados de los bosques y con la flexibilización a la FES. • Se denuncia que no hay respeto a las TCOs tituladas. • Se denuncia que extensas cantidades de tierras continúan en manos de extranjeros. • Se observa que falta destinar recursos económicos para la conclusión de saneamientos en TCO. • No hay consulta en las comunidades para definir aéreas de conservación por parte de municipios, prefecturas. • Se observa la ausencia de políticas públicas adecuadas y suficientes sobre el recurso Agua para la producción de alimentos, respetando la vocación de las tierras. • Falta asistencia técnica, por parte de los gobiernos autónomos de distintos niveles y también del gobierno central. • Se demanda la construcción de vías camineras y redes de transporte para comercializar los alimentos producidos por las comunidades.
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• No hay asistencia financiera para las TCO, territorios comunitarios y territorios individuales indígena originario campesino.
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• Se evidencia la inequidad que aún prevalece en la ejecución de programas y proyectos desde el Estado, destinados a los distintos departamentos y territorios indígena originario campesinos. • No hay apoyo al productor campesino e indígena. • La migración de jóvenes al extranjero por falta de políticas de incentivo a la producción en los territorios indígena originario campesinos.
• Denunciamos que hay supuestos funcionarios que están ofreciendo tierras fiscales a pobladores urbanos, haciendo quedar mal al proceso de cambio. • Solicitamos que el gobierno asigne presupuesto para el saneamiento de tierras, para que culmine el proceso que se ha iniciado en Beni, que es cerca de de un 30%. • El saneamiento debe hacerse con recursos del TGN. En Pando se dice que ha terminado el saneamiento, sin embargo no es así. • Denuncia: en San Miguel de Velasco los dirigentes que ahora están en la CIDOB, se hacen los defensores y allá de donde son originarios no hacen nada contra el avasallamiento por parte de brasileños, menitas, y otros. • Exigir el cumplimiento de la FES, especialmente ahora que el gobierno ha hecho una pausa de cinco años con los empresarios. Se debe fiscalizar las tierras para que cumplan esta función. • Los principales culpables del doble saneamiento son los funcionarios del Estado, más que los dirigentes. • No tenemos la culpa los pueblos indígenas de haber consolidado saneamiento. Nos preguntamos por qué no se pide auditoria a las tierras de los grandes empresarios, en vez de pedir auditoria a los territorios indígenas. • Se debe fiscalizar a los directores departamentales del INRA para evitar que las tierras fiscales lleguen a las mafias. Por ejemplo, en Pando ya concluyó el saneamiento, pero aún no culminó la titulación, sin embargo hay funcionarios que se niegan a seguir el proceso. • Demandamos que se cumplan las políticas públicas que el gobierno pregona en educación, salud, seguridad ciudadana y seguridad alimentaria. • El bono Juana Azurduy no se está pagando en muchos lugares, es necesario fiscalizar estos fondos y saber a qué se los están destinando. La fiscalización debe aplicarse a los municipios, ya que hay hermanas que no están documentadas. Debería haber mayor coordinación con los municipios.
• Trabajemos ecológicamente, para ello podemos realizar acciones cotidianas como: producir alimentos orgánicos, no lavar con lavandina, reciclar objetos que sirven y también hacer buen manejo de la basura.
• Construir políticas públicas respetando a la Madre Tierra.
• El consumo de alimentos transgénicos es excesivo. Es necesario investigar la incidencia de los alimentos transgénicos en la salud de los bolivianos.
• Un desafío importante, es el fortalecimiento y la unidad de las organizaciones sociales para replantear el proceso de cambio.
• Aunque en el altiplano ya estamos produciendo alimentos orgánicos, no hay mercado para llevar adelante toda la cadena productiva. Tampoco tenemos las condiciones para dar valor agregado y certificación a nuestra producción. Por ejemplo, la papa peruana entra de contrabando y eso perjudica a los productores bolivianos.
• Eliminar las semillas transgénicas en la producción agrícola.
• Debería darse prioridad a los alimentos producidos aquí en Bolivia y no tanto los que importan de otros países. • Cómo vamos a tener seguridad alimentaria si la gente prefiere sembrar coca. • Para el pueblo ayoreo nunca llegan regalías por los recursos de hidrocarburos, somos de los más discriminados.
Rol de las organizaciones: Los representantes de distintas organizaciones IOC coincidieron en la importancia de encontrar la unidad indígena originaria campesina desde las bases para replantear el proceso de cambio. Desde este punto de vista se debe trabajar en el fortalecimiento de organizaciones sociales:
• Respeto a la Constitución Política de Estado y la Ley de Tierras en especial la FES.
• Demandar al gobierno políticas que aseguren la producción de alimentos ecológicos libres de transgénicos, primero para la demanda del mercado interno y después para exportar. • Se exige concluir con el saneamiento de tierras altas y bajas. • Ampliación de la Ley de Tierras para la conclusión del saneamiento de tierras (TCOs, tierras comunales e individuales). • Resguardar la seguridad alimentaria de la población, respetando la vocación de los pueblos indígenas dentro de sus territorios. • Elaborar una política pública para la alimentación y nutrición adecuada de las madres del área rural (campesinas e indígenas) y urbana desde el momento del embarazo, hasta que el niño cumpla un año otorgándoles el subsidio de lactancia, porque es un derecho fundamental y también porque estas mujeres aportan en la economía familiar y en la economía nacional.
• Proponer normativas construidas desde las bases a los gobiernos (central y autonómicos — gobernaciones y municipios).
• El problema de una organización es problema de todos, para así mantenernos unidos.
Propuestas y desafíos: • Se demanda la reversión de concesiones forestales y de tierras en manos de extranjeros.
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• Luchar contra los latifundistas y no entre hermanos campesinos e indígenas.
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2. Mesa 2: Recursos Naturales y extractivismo El Programa NINA en coordinación con La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBCC) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) organizaron esta mesa temática que incluyó a los siguientes temas de análisis: • Políticas de Desarrollo; • Desarrollo Alternativo; • Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas: derecho a la consulta y autodeterminación de los pueblos; • Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales.
2.1. Metodología de trabajo
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Este espacio de conversatorio estuvo moderado por Edwin Armata, del Programa NINA. En primer lugar el moderador explicó la temática que se abordaría, contextualizándola en el momento que atraviesa la realidad nacional. Posteriormente hizo una presentación de todos los participantes en la mesa, quienes dijeron su nombre, el lugar de donde proceden y la organización a la que representan.
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Posteriormente dio una explicación de los objetivos de la mesa y los temas que fueron tratados. Cada una de las exposiciones tuvo una duración de 20 minutos cada una y en este caso la disposición para el trabajo grupal fue por subcomisiones, según los bloques.
Expositores 1. Martín Vilela — PBCC – Políticas de Desarrollo y Río + 20 y Teresa Hosse – PBCC – Desarrollo Alternativo.
3. Emilio Madrid – Colectivo CASA, Oscar Balderas – CEJIS – Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales (hídricos, maderables, mineros y otros).
Equipo de apoyo Jorge Peñaranda y Teresa Oporto – Programa NINA.
2.2 Exposición de temas Tema I:
Políticas de Desarrollo
Río + 20: Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible
Martín Vilela — PBCC
La Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible se realizó en un contexto mundial de explosión demográfica, crisis financiera, fuertes presiones para el incremento de la producción de energía, aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre otros factores determinantes en la explosión de diferentes tipos de crisis globales. Este contexto repercute en el aumento de la frecuencia y gravedad de fenómenos climáticos, pérdida de la diversidad biológica y reducción de la producción agrícola y la crisis alimentaria en ascenso. El principal objetivo de Río + 20 era reafirmar la voluntad política de los Estados frente al Desarrollo Sustentable y a los compromisos alcanzados en la conferencia global de Río en 1992. En ese sentido, se pretendió debatir dos grandes temas: por un lado la economía verde y erradicación de la pobreza, por el otro el marco institucional para el Desarrollo Sostenible. En el documento final de la Cumbre titulado «El futuro que queremos» se reafirman los temas acordados hace veinte años en la Cumbre para la Tierra o hace diez en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. En el documento final
se insta a la creación de un Foro de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible para continuar las negociaciones; se fortalecen las instituciones de la ONU dedicadas al desarrollo sostenible y al medio ambiente -como es el caso de PNUMA-; a examinar la posibilidad y la manera de proporcionar recursos financieros y tecnología a los países en desarrollo y a establecer nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); se debe crear un nuevo indicador global de riqueza que no sólo tenga en cuenta el Producto Interno Bruto (PIB). Como se puede apreciar, a pesar de las diversas problemáticas apremiantes por resolver, no hubo avances significativos en términos prácticos. Los ODS son metas globales que los gobiernos, adheridos a estos lineamientos internacionales, se impondrán para tomar medidas en asuntos vitales como el agua, la tierra y la biodiversidad. Están inspirados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las metas para temas como el hambre, pobreza, educación y salud a que se comprometieron la mayor parte de los países para el 2015.
Proceso de Cambio: de “Ley Marco de la Madre Tierra” a “Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien” Teresa Hosse – PBCC La Propuesta de Ley Marco de la Madre Tierra nació el año 2010, como fruto del trabajo coordinado y consensuado entre las organizaciones IOC’s que componían el Pacto de Unidad: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originaria Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMIOCB – BS), la Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB). Dicha propuesta fue recibida por el Poder Ejecutivo y, con algunas modificaciones, la promulgó como Ley Nº 28: Ley Derechos de la Madre Tierra (Ley 28). Sin embargo, en septiembre de este año, el gobierno también promulgó la Ley Nº 37: Ley Marco
“Libres para pensar, libres para decidir”
2. Miguel Vargas – CEJIS, Rafael Quispe – CAOI, Fernando Vargas – Sub Central TIPNIS – Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, Derecho a Consulta y Autodeterminación de los pueblos.
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de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 37), en la que se pone más énfasis en el desarrollo denominado “integral”. A continuación se comparan los puntos centrales de las dos leyes: a. Objeto: • Ley 28: Establecer los fundamentos de la concepción de la Madre Tierra. • Ley 37: Establecer la visión y los fundamentos del Desarrollo Integral. b. Fines: Ley 28: • Garantizar las condiciones para la reproducción de los ciclos de la Madre Tierra y todos sus componentes. • Ser fundamento para la formulación y ejecución participativa de políticas de gestión integral de la Madre Tierra. • Promover y fortalecer la transformación institucional y social para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la Madre Tierra. Ley 37: • Establecer la visión y los fundamentos del Desarrollo Integral. • Establecer los objetivos del Desarrollo Integral.
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• Establecer mecanismos para la operativización del nuevo paradigma de Desarrollo Integral.
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c. Modelo de Desarrollo: Ley 28: • Que “armonice” y produzca equilibrios con la concepción extractiva, minera e hidrocarburífera que orienta las iniciativas dominantes de desarrollo en el país. • A la concepción dominante de extractivismo se le llama “desarrollo”, peor aún, desarrollo del pueblo boliviano. Cuando, en realidad, las resoluciones de Tiquipaya definen al Vivir Bien como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y a los paradigmas de desarrollo moderno. • Los derechos de la naturaleza a ser protegidos y precautelados por el Estado boliviano y sus leyes. • La concepción de una relación de equilibrio entre la naturaleza y el hombre, presente en la Ley Marco de Madre Tierra. Ley 37: • Con la ley aprobada por el gobierno, los derechos de la naturaleza a ser protegidos y precautelados por el Estado boliviano y sus leyes, pueden ser violados a título del desarrollo del pueblo boliviano. • Corresponde decir que la ley aprobada la asamblea, antes que ser una ley de Derechos de la Madre Tierra es una ley de Desarrollo Integral. • Parte de un eje distinto a la hora de plantear la problemática, parte del tema del desarrollo y ya no de los derechos de la naturaleza, como lo mandan los acuerdos de la reunión de Tiquipaya. • Comprende a la naturaleza como un bien a ser aprovechado en función de las necesidades económicas de la sociedad. • Parte del concepto de desarrollo como eje normativo y considera los derechos de la naturaleza simplemente en términos enunciativos e instrumentales.
Tema II:
Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas: Derecho a Consulta Libre, Previa e Informada y a la Autodeterminación
Miguel Vargas – CEJIS, Rafael Quispe – CAOI, Fernando Vargas – Sub Central TIPNIS
Ley 28: • Contempla en cada uno de los recursos susceptibles de ser aprovechados por los modelos de desarrollo dominante, la implementación de la Consulta Previa como mecanismo que garantiza el ejercicio de la libre determinación de las naciones originarias en Bolivia. • Consulta como mecanismo de protección de sus derechos y mecanismo de construcción de una política pública relativa al Vivir Bien que se desarrolla con la participación de los pueblos indígenas. Ley 37: • La Ley de Desarrollo Integral despoja a los pueblos Indígenas de su visión integral que tienen sobre la naturaleza y de garantizar la protección de esta visión mediante los procedimientos de Consulta Previa. • La Consulta Previa en la Ley de Desarrollo Integral se diluye en una concepción de participación y opinión ciudadana que no tiene acceso a ninguna decisión; sus resultados, por tanto, son sugerencias que el gobierno puede o no considerar, no así resultados que gozan del factor vinculante que permite considerar la obligatoriedad que tienen los gobiernos a respetar los acuerdos alcanzados en un procedimiento de Consulta Previa; condición ampliamente garantizada y protegida en la Ley de Derechos de la Madre Tierra.
“Cuando hablamos de Consulta se nos dice que no hay mecanismo de consulta vinculante. Si bien la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no es vinculante a pesar de que ha sido reconocida mediante ley del Estado y los gobiernos de turno tienen que respetar el Convenio 169 que si es vinculante, porque ese es un acuerdo entre Estados a través de Naciones Unidas. El Convenio es bien puntual y pedimos a nuestros hermanos que no están entendiendo el sentido, que nosotros como pueblos indígenas pedimos, puedan leer la Declaración, el Convenio 169 y la Constitución Política del Estado y ahí van a poder sacar sus propias conclusiones de que nosotros estamos pidiendo una Consulta que se haga de buena fe”(María Saravia, representante del Oriente).
“Libres para pensar, libres para decidir”
d.) Derecho a la Consulta.
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Desarrollar mecanismos de cumplimiento de las normas: El conflicto del TIPNIS ha evidenciado que las normas internacionales como el convenio 169, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los artículos referidos a la consulta previa de la CPE, han sido vulnerados en su cumplimiento. En éste contexto, urge desarrollar mecanismos jurídicos específicos que eviten la interpretación e implementación antojadiza y abusiva que se hace de la C.P.E. y de estas normas internacionales.
No hay seguridad política y la coordinación entre organizaciones y el gobierno se ha “clientelizado”: El gobierno cuenta con el pleno respaldo de las trillizas (CSUTCB, CSCIB y CNMIOCB – BS), a cambio de favores que van desde cargos públicos, programas y proyectos de desarrollo. A contracorriente, el CONAMAQ y la CIDOB, prácticamente han sido marginados de estos favores, debido a los cuestionamientos realizados a la gestión de gobierno.
No hay institucionalidad estatal indígena: En términos generales, los indígenas han sido paulatinamente marginados de los procesos de generación e implementación de políticas públicas, y, los escasos espacios públicos aún controlados por ellos no logran encauzar las demandas del sector, ya que
están muy alineados con la política gubernamental. En éste contexto, las organizaciones indígenas requieren implementar estrategias que les permitan plantear sus puntos de vista al gobierno, y establecer agendas de trabajo para incorporar los temas que están siendo pasados por alto.
El debate tiene que ser continuo, para garantizar el rumbo del proceso de cambio: También en términos generales, las organizaciones urbanas y rurales ya no debaten, como lo hacían antes, los ejes temáticos de la agenda plurinacional. Han entrado en una preocupante fase que se caracteriza por la falta de análisis y propuestas. Esto es más evidente en el caso de las organizaciones campesinas (trillizas), cuyo discurso al ser notoriamente progubernamental, debilita el proceso orientado a construir propuestas desde la base. Por estos argumentos, se hace necesario recuperar el debate como instrumento para lograr canalizar las visiones y demandas de los sectores populares del Estado Plurinacional.
La fragmentación de las organizaciones está diluyendo las posibilidades de consolidar el proyecto histórico indígena-popular: No solamente hay una fractura a nivel del Pacto de Unidad, sino que al interior de cada organización matriz, hay varias pugnas y tensiones, que no hacen otra cosa que contribuir a la fragmentación del proyecto histórico indígena-popular, restándole posibilidades de consolidarse como una alternativa social política y económica, a mediano y largo plazo.
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Tiene que implementarse una auditoría al sector minero cooperativista:
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Las distintas presentaciones del foro han incidido en el carácter altamente extractivo de la minería y en el ascenso de una clase política privilegiada, a través de mecanismos claramente electoralistas. Queda claro sin embargo, que el sector cooperativo debe ser sujeto de regulaciones fiscales y medioambientales mucho más exigentes, con el propósito de incrementar su aporte al T.G.N. y frenar los elevados impactos ambientales que actualmente causa. En éste contexto, el gobierno debería implementar una auditoria al sector cooperativo, para delinear políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del mismo.
Las auditorías ambientales realizadas por consultores, pocas veces han favorecido a las comunidades afectadas. Por eso, se hace necesario que las mismas comunidades, puedan generar mecanismos propios de seguimiento-monitoreo a la actividad minera; enmarcados en los usos y costumbres.
La defensa de los RRNN había sido un delito, y a quiénes los defienden, los procesan: Los verdaderos responsables de la violenta represión de la VIII Marcha del TIPNIS, gozan de la protección del gobierno, y algunos incluso son premiados como embajadores en la ONU (Sacha Llorenti). En cambio, a los dirigentes que denunciaron los abusos e interpusieron demandas jurídicas para sancionar los mismos, el Ministerio Público les ha iniciado procesos penales, cuya base legal es bastante cuestionable. Lo peor de todo es que la investigación de Chaparina está en punto muerto, mientras que los procesos iniciados a dirigentes de la marcha, avanzan rápidamente. Con esto se comprueba, que el sistema judicial es “llunku” del gobierno, por lo que los agresores de los RRNN no tendrán ninguna sanción, y los verdaderos defensores, estarán obligados a defenderse en los tribunales. Ya es hora de levantarnos contra éste sin sentido y establecer alianzas entre tierras altas y tierras bajas para cambiar la situación.
La consulta es un tema de fondo para los pueblos indígena originario campesinos, porque representa la posibilidad de definir visiones y prioridades de desarrollo: La consulta que se desarrolla actualmente en el TIPNIS, no es legítima. Hay que exigir el estricto cumplimiento del Convenio 169, dónde se establece el carácter de buena fe y también el carácter vinculante de la misma.
Debe implementarse un mecanismo que permita un mayor beneficio de las zonas productoras de mineral. El aporte del sector minero cooperativista al erario nacional no es significativo, debido a la flexibilización fiscal implementada por el gobierno del MAS. Esto va en detrimento de las zonas productoras de mineral, por lo que se hace necesario implementar un mecanismo fiscal que beneficie de manera directa a las mismas. “Nos hablan de una Ley Marco de Consulta pero el gobierno no está superando los conflictos que hay en los territorios indígenas no solamente con el TIPNIS, en el Madidi, han dicho Mallku Cota hay un sin fin de territorios también de tierras altas como Coro Coro, que no tienen solamente conflictos socio ambientales, sino también conflictos con las organizaciones; donde se han dividido a las organizaciones y se ha tratado de cooptarlos. Entonces, la seguridad política no existe, no existe esta política sistemática coordinación que tiene que haber con los órganos de Estado y que debería ser un principio que se había contemplado en el Pacto de Unidad. Este tema es muy complicado y tiene que ver con la autodeterminación, una autodeterminación, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, procesos de gestión ambiental en los territorios indígenas, de justicia indígena, autonomía, derechos colectivos en general e institucionalidad estatal indígena”. (Iván Bascopé, CEJIS)
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Hacer auditorías ambientales a los lugares que están contaminados por la actividad minera, de acuerdo a los usos y costumbres:
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Tema III: Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales: hídricos, maderables, mineros y otros
Emilio Madrid – Colectivo CASA, Oscar Balderas – CEJIS
Minería en Bolivia: extractivismo y costos ecológicos Situación actual de la minería en Bolivia: • Actualmente existe un dominio hegemónico de las transnacionales, particularmente tres compañías: San Cristóbal de la Sumitomo (Japón), Empresa Manquiri de Coeur d’ Alene (USA) y Sinch’i Wayra (actualmente Illapa) de Glencore (Suiza).
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• El segundo sector importante, son las cooperativas, que manifiestan fuertes diferencias y desigualdades internas. El 2010 las cooperativas concentraban un total de 65.606 personas, de las cuales sólo 41.993 se registraban como “Socios” según El Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), y los restantes 23.613 (36%) son trabajadores asalariados. Durante el conflicto de Colquiri, los asalariados de la Cooperativa 26 de Febrero aceptaron pasar a la empresa nacional, mientras que los socios se resistieron. Sin embargo, las cooperativas juegan un rol funcional al dominio hegemónico de las transnacionales (como es el caso de San Bartolomé y Poopó).
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• Pese a su significativo aporte, las empresas estatales tienen un peso marginal en las políticas de Estado y no se las fortalece. El año 2011 Colquiri, bajo administración de Sinch’i Wayra, reportó utilidades por cerca de 45 millones de $us, de los cuales entrego al Estado 2,5 millones de $us. Ahora, con la nacionalización, las utilidades de esa empresa ingresarán al Estado. Algunos efectos de la minería en el recurso hídrico: • La Minera San Cristóbal utiliza, extrayendo de acuíferos subterráneos, 42.000 a 50.000 m3 de agua/día, cantidad equivalente al consumo diario de la población del casco viejo de Cochabamba.
Esta actividad está ocasionando la desaparición de aguas subterráneas y de aguas fósiles, acuíferos que no han podido recargarse en época de lluvia. Por otra parte, San Cristóbal genera cerca de 25mil m3/día de aguas residuales. • La Minera Sinch’i Wayra, operación Bolívar, utiliza 24.685 m3/día de agua subterránea equivalente a la cantidad de agua que consume diariamente la ciudad de Oruro. Una grave consecuencia de este hecho es la vulneración del derecho fundamentalísimo del agua para la vida: la población de Totoral, ubicada a 3 Km de la mina, recibe agua una vez por semana, aproximadamente 30 litros y la empresa recibe 120 litros por segundo. Pero también ha alarmado a la población la contaminación del medio ambiente por el derrame de colas: en septiembre de 2007 se produjo un accidente a 15 metros del Rio Chapana y su impacto alcanzó más de 10 km. aguas abajo. “Quiero hablar desde Mallku Cota, como representante y autoridad originaria, quiero decirles lo siguiente: depender de nuestros recursos naturales renovables o no renovables había sido delito y quienes defendemos como autoridad eso, como lideres también, había sido delito. Quiero decir lo siguiente hermanos, desde Mallku Cota nosotros del norte de Potosí, nos encontramos en extrema pobreza, teniendo tanta riqueza la gente se va a las ciudades a pedir limosna y por eso nosotros vamos a pedir que los recursos naturales sean para nuestros hermanos bolivianos y bolivianas. Es lo que pedimos, no al contrario que nos dice el Presidente Evo, pero ellos no quieren soltar a las empresas transnacionales, quieren estar bien encadenados a las transnacionales. Cuando exigimos y reclamamos nos dicen que estamos financiados por la USAID y eso es mentira. Nosotros siempre como parte de las tierras altas, siempre practicamos ayni, siempre nosotros trabajamos con nuestras comidas secas, nuestro pito y tostado. Nosotros no somos asalariados, nosotros trabajamos y por eso hermanos que ya es hora de levantarnos a hacer alianzas con las tierras bajas” (Representante de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí).
• Si bien minería es declarada como actividad estratégica para el Estado, ésta genera un alto costo ecológico por el impacto que causa a los otros recursos naturales que son importantes para posibilitar niveles de desarrollo. • Actualmente se valora y estima la actividad minera a partir de sus indicadores de volumen y valor de la exportación, su aporte al PIB (Producto Interno Bruto), pero no entra en esta contabilidad y no están monetizados los otros recursos que también se van perdiendo como el agua y el suelo. • “La actividad minera afecta, sin ningún control, a los acuíferos y cursos de agua sin pagar un solo boliviano”. • Entre la necesidad de agua de una población y una empresa minera, la última tiene más derechos. “Exigir al Gobierno que haya una auditoría al sector minero cooperativista, porque sabemos las cooperativistas del departamento de Potosí, existen 42 cooperativas, pero no pagan impuestos, se saca de la mina y llevan directamente a las transnacionales. Cómo va a haber seguridad alimentaria, primero tenemos que saber liberar nuestro territorio para tener el Sumaj Amaña. Por ello también mi propuesta es hacer auditorías participativas, monitoreo ambiental en los lugares que están contaminados de acuerdos a usos y costumbres ¿cómo se hace de acuerdo a usos y costumbres? porque sabemos hay tiempo de viento, tiempo de lluvia, tiempo de calor y tiempo de sembrar; por eso no contamina igualito, es de acuerdo a los tiempos” (Representante minero de Potosí).
Propuesta Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana La propuesta pretende priorizar, planificar y promover el desarrollo integral sustentable de la Amazonía boliviana en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la población de la región y del país, y establecer un organismo especial, descentralizado para promover actividades propias de la región. Para ello la intervención estatal en la Amazonía debe realizarse en forma coordinada con los pueblos indígenas y la población de la región para producir concertación entre y con todos los que vivimos en el Norte Amazónico boliviano. Materializa varios derechos colectivos: derecho a la consulta, derechos territoriales y a la participación en las instituciones del Estado de las que somos sujetos los pueblos indígenas originario campesinos La propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía contiene cinco desafíos: • Reconstruir las relaciones que mantiene el Estado garantizando su presencia, encuadrada en nuevos cimientos, traduciendo además la intervención estatal en institucionalidad de procesos de participación en la toma de decisiones. • Partir de la descolonización o reinterpretación de desarrollo diferenciado a instituirse en la Amazonía, organizado de acuerdo a las necesidades nacionales sin que signifique un riesgo para la Madre Tierra y los medios de vida de la población, pueblos indígenas y comunidades campesinas. • Construir un marco referencial desde la Amazonía para que la legislación positiva inherente y las políticas concuerden con su realidad, es decir, un desarrollo integral amazónico emergente,
“Libres para pensar, libres para decidir”
Costos ecológicos de la minería:
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desde abajo y desde adentro; para que tanto el nivel central del Estado como las entidades territoriales y la sociedad civil, cuenten con parámetros para una implementación coherente, organizada y coordinada.
• Las condiciones de vida de muchos bolivianos siguen siendo lamentables por lo que tenemos que organizarnos para hacer cumplir nuestras demandas y fortalecer la unidad ante los intentos de dividir y chantajear del gobierno.
• La mejora de condiciones socioeconómica en la Amazonía debe fortalecerse con actividades propias de la región, redimensionando la conservación de los bosques y su biodiversidad así como el uso forestal de productos no maderables, armonizadas por supuesto con sus características socioculturales y ambientales, dinamizando y alentando los emprendimientos comunitarios.
• El proceso de cambio no es del gobierno es de las organizaciones vivas de Bolivia, hay que recuperar esta posición.
• Democratizar la participación y promover el diálogo intercultural, para incorporar en la lógica estatal, la comprensión de que en la comunidad política no sólo existen individuos, sino también colectividades sociales que deliberan, proponen y deben ser parte de las estructuras estatales.
2.3. Conclusiones generales de la mesa Trabajo por Comisiones La metodología trabajada en la mesa, estableció el tratamiento conclusivo de los temas en base a comisiones. Éstos los resultados:
Modelos de desarrollo 1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
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• Desde las organizaciones sociales tenemos que reflexionar en el futuro, pensar en las consecuencias de estas políticas de desarrollo que favorecen a las transnacionales.
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• La plata de las regalías, los bonos y las inversiones no llegan a las comunidades más lejanas. Por eso tenemos que hacer escuchar nuestras voces, lograr más fuerza y seguir en la lucha. • Las cooperativas mineras ya son pequeños patrones, no distribuyen de manera equitativa las ganancias y no pagan suficientes regalías al Estado, hay que exigir que esto cambie radicalmente.
• Las organizaciones debemos recuperar nuestra independencia y dejar de ser la escalera del gobierno. • Desde las organizaciones sociales tenemos la tarea de aclarar cuál es el modelo de desarrollo que está planteando el gobierno, debemos eliminar la confusión para que todos podamos aportar con más propuestas para un desarrollo real. “Generar espacios y encuentros entre organizaciones de tierras altas y tierras bajas para lograr una sola posición en relación al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Yo creo que no podemos estar separados los de tierras altas y tierras bajas, aunque los problemas no son los mismos, tenemos que tener una sola posición debemos unirnos. Hay que ser orgánicos y empezar a fortalecernos, apoyarnos y solidarizarnos con quienes están luchando por la causa justa, como es el tema del TIPNIS, Mallku Cota, Colquiri y otros que puedan surgir. La rearticulación de las organizaciones sociales desde sus bases, debe ser una bisagra entre los dirigentes y las bases tanto de áreas urbana y rural. Tenemos que ver también que cuestionar, denunciar y sancionar a nuestras propias organizaciones, sobre todo a los líderes, dirigentes que persiguen intereses personales, políticos que contravengan, que se conviertan en cómplices de saqueos de nuestros recursos naturales” (Representante del Occidente boliviano).
2. ¿Qué propuestas/demandas deberían ser trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados? • Recuperar la visión y la vida colectiva y comunitaria.
• Reorientar el proceso de cambio para que apoye a las comunidades. Las organizaciones deberían ser las que dirijan el proceso de cambio.
3. Definir estrategias para lograr el cumplimiento de las propuestas y demandas identificadas
• Exigir al gobierno la industrialización de nuestros recursos, no sólo basada en la explotación de materias primas.
• Hacer seguimiento a las políticas y los proyectos.
• La riqueza del país debe ser redistribuida entre los bolivianos y se debe quedar en Bolivia. • Se debe lograr un sistema propio donde todos ganemos igual. • Los proyectos deben ser aprobados por nuestras organizaciones y debe haber un verdadero control social en su ejecución. • Por lo menos un 10% de regalías deben quedarse en las localidades de donde salen los recursos naturales, para la construcción de centros de salud y escuelas superiores para nuestros hijos.
• Debemos capacitarnos para cambiar el sistema del país y expulsar las transnacionales. • Exigir la aplicación de la Constitución de lo contrario hacer un amparo constitucional o una acción popular por el incumplimiento de los mandatos constitucionales. • Pedir el cambio del gabinete Ministerial. • Exigir un proceso de concertación participativa para lograr consenso en la nueva ley de minería. Exigir que las cooperativas mineras paguen impuestos y regalías. • Impulsar con urgencia la aprobación de la Ley de Aguas.
• Los impuestos deben retornar en obras concretas a las comunidades.
• Las organizaciones sociales deberíamos tener reuniones más frecuentes cada seis meses y hacer un trabajo constante de socialización y difusión de información en las bases.
• Debemos trabajar en propuestas de leyes para resguardar los intereses del pueblo boliviano.
• Es necesario sacar un voto resolutivo de este encuentro.
• Exigir al Gobierno explique sus alianzas con las transnacionales y el saqueo de nuestros recursos.
• Se debería implementar un modelo de Desarrollo Comunitario. • Implementar mecanismos de seguimiento a las propuestas del Foro Social.
Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales: hídricos, maderables, mineros y otros 1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados? • Unidad entre organizaciones de tierras bajas para detener la explotación de los bosques comunales y la venta de madera, ya que los beneficios son pocos y el impacto ambiental y en los medios de vida de las familias es negativo.
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• Es necesario cambiar el modelo de desarrollo económico capitalista extractivista y expulsar a las transnacionales, lograr una verdadera nacionalización, con control y participación social. Para ello, primero debemos exigir que se cumpla la Constitución Política del Estado.
• Trabajar en conjunto para recuperar la unidad, hacer un compromiso entre las organizaciones para apoyarnos unos a otros.
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siendo explotados y contaminados sin control alguno. Busca regular los impactos y los beneficios de las operaciones que realizan las firmas extranjeras. • Toda actividad de aprovechamiento de recursos, sea minero, forestal, hídrico o de otra naturaleza debe ser analizada desde la perspectiva de la distribución de beneficios de la distribución de impactos. Generalmente el grueso del beneficio va a parar en pocas manos y la mayor cantidad de impactos se distribuye entre la mayoría de la gente. Estos impactos, generalmente negativos, lo sufren las personas. • Debemos empezar a concienciar y cuestionar sobre los derechos que tenemos respecto del uso, acceso y aprovechamiento de nuestros recursos forestales, minerales, hídricos, desde las organizaciones. Preguntarnos a quién beneficia más la explotación de los recursos minerales, forestales e hídricos para cambiar esta situación en favor de la mayoría y hacer que se traduzcan en políticas de Estado. • Generar espacios de encuentro entre organizaciones de tierras altas y bajas para hacer una sola posición en relación a la explotación de recursos minerales, recursos forestales, recursos hídricos y elevar nuestra voz ante el Gobierno. • Debemos empezar a tomar acciones orgánicas, empezar a fortalecernos, apoyarnos y solidarizarnos con quienes están luchando por causas justas como el TIPNIS, Mallk’u Cota y otros casos de gran impacto.
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2. ¿Qué propuestas/demandas deberían se trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
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• Trabajar en propuestas de ley desde las organizaciones como la Ley Especial de la Amazonía, para plantear nuestro desarrollo desde nuestra problemática y nuestras potencialidades, en el marco del ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales. Esta propuesta de ley está enfocada en proteger nuestros recursos hídricos, forestales y mineros, dentro de nuestros territorios, y están
• Debería haber una política de gestión ambiental de los recursos naturales en general propuesta desde las organizaciones sociales; de esta manera podemos identificar mejor el rumbo que vamos a tomar, a partir de mirarnos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismos, a nuestro entorno. Esta política debe estar orientada a la conservación, pues ya se visualiza que varios de los recursos no renovables como gas y petróleo, se acabaran en unos años.
3. Definir estrategias para lograr el cumplimiento de las propuestas y demandas identificadas • Capitalizar lo que se hizo en el proceso constituyente desde las organizaciones sociales, que trabajaron articuladas en el Pacto de Unidad. • Retomar la agenda de Octubre, para la recuperar nuestros recursos naturales renovables y no renovables en beneficio de los bolivianos y bolivianas. Recuperar la libertad y soberanía para decidir sobre nuestros recursos, hoy no tenemos libertad, soberanía, porque se está pensando en defender los intereses de trasnacionales y no en los interese de la mayoría. • Rearticulación de las organizaciones sociales desde sus bases e incidir en la unidad entre indígenas de tierras altas y bajas definiendo agendas comunes. • Rearticular las organizaciones fracturadas por la cooptación política mediante un trabajo orgánico con las bases. Hemos llegado a entender que
• Las organizaciones debemos, mediante el díálogo y el debate permanente, dar a conocer situaciones de peligro ambiental y denunciar. • Luchar contra el estigma y la persecución política a quienes se atreven a reclamar por sus derechos y los nuestros como es el caso del TIPNIS. Articulación de los sectores que están defendiendo los recursos naturales: TIPNIS, Mallku Cota, Colquiri. Cada uno está dando pasos aisladamente. • Cuestionar, denunciar y sancionar en nuestras propias organizaciones a los líderes y dirigentes que persiguen intereses personales, políticos y económicos. Se convierten en cómplices del saqueo de nuestros recursos en lugar de defender las demandas de sus sectores. Tanto se habla de la CPE donde, por ejemplo, dice que el agua no se vende; sin embrago más que nunca existen cooperativas que venden el agua y, como éste hay muchos ejemplos contradictorios.
• Recuperar la independencia política, porque vemos que muchas organizaciones están haciendo pongueaje político en las organizaciones, no permitir el servilismo de líderes y dirigentes. • Sentar las bases para construir desarrollo comunitario. • Conquistar también a la población urbana para tener aliados en la defensa de nuestros intereses que son de todos y todas. • Buscar el reparo a los daños causados al medio ambiente. • Formar y capacitar líderes comprometidos con el tema socio ambiental, capaces de identificar y diferenciar los roles de las organizaciones y del gobierno. • Coadyuvar a las organizaciones, demostrar que no están solos y abandonados en la lucha por la defensa de los recursos naturales.
Derecho a la Consulta 1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en el contexto del derecho a la consulta analizado? • La Consulta es un derecho y un deber al mismo tiempo. Derecho colectivo de los pueblos Indígena Originario Campesinos para ejercerlo, y deber del Estado para implementarlo. En éste contexto, el rol de las organizaciones urbanas y rurales, es exigir su pleno cumplimiento en estricto apego a la Constitución Política del Estado y a las normas internacionales vigentes, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. • Si bien el Derecho a la Consulta se aplica a los pueblos indígena originario campesinos, los intereses que están en juego, son de carácter y alcance nacional. Este aspecto exige el establecimiento de alianzas estratégicas entre actores y organizaciones urbanas y rurales. • El rol de las organizaciones es intercambiar información, con el apoyo de especialistas, para tomar mejor posición, sobre el aprovechamiento regulado de los recursos naturales.
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existen organizaciones grandes, pero están destruidas y fracturadas, no hay trabajo orgánico sindical desde las bases, con nuestras bases. Estos fracasos en las últimas marchas nos muestra que el trabajo con nuestras bases es deficiente.
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2. ¿Qué propuestas /demandas deberían ser trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales, en el contexto del derecho a la consulta? • El tema de fondo, detrás del Derecho a la Consulta, en realidad pasa por la recuperación plena de los recursos naturales por parte del pueblo boliviano y la reorientación del modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Desde este punto de vista, el pueblo debería recuperar plenamente la propiedad, el control y la administración de los recursos naturales y también definir la orientación del modelo de desarrollo. • El mecanismo de consulta necesita afinarse en cuanto al tema de la indemnización, según el reglamento vigente. • Las organizaciones sociales tienen la obligación de difundir, denunciar y resistir las acciones del gobierno que agreden y pisotean los derechos de los pueblos Indígena Originario Campesinos. • También implementar procesos de difusión y socialización de información destinados a que las organizaciones conozcan, con mayor detalle y precisión, la problemática de exploración y explotación de recursos naturales, especialmente en materia minera e hidrocarburífera.
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• Implementar procesos de formación política en las organizaciones.
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3. Definir estrategias para lograr el cumplimiento de las propuestas y demandas identificadas • Se precisa establecer alianzas estratégicas entre organizaciones urbanas y rurales, para conformar redes de trabajo en defensa de la biodiversidad y el medio ambiente. • Las organizaciones urbanas y rurales, deben exigir la aplicación de la consulta en estricto apego a la Constitución Política del Estado, resguardando su integralidad y denunciando la interpretación inconstitucional del gobierno. • Las organizaciones deben re-articularse en base al análisis, debate y ajuste de sus propias agendas, implementando acciones de denuncia, para consolidar frentes sectoriales de solidaridad, que neutralicen la cooptación que el gobierno implementa. • Las movilizaciones deberían acompañar como instrumento de lucha, la propuesta de ejercer el pleno control del pueblo boliviano sobre los RRNN. • Considerando que el TIPNIS representa el campo de batalla para hacer respetar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y el cumplimiento de la consulta en estricto apego a la Constitución Política del Estado; las organizaciones, urbanas y rurales, deberían conformar un frente único de denuncia, resistencia, movilización y generación de propuestas, con el fin de reorientar el sentido del proceso de cambio.
3. Mesa 3: Redistribución de la Riqueza Con el objetivo de debatir y analizar sobre las fuentes de generación de ingresos y las políticas macroeconómicas aplicadas por el gobierno, esta mesa analizó la situación actual de los recursos con que cuentan los bolivianos, los presupuestos y las políticas de redistribución de dichos recursos y las posibles alternativas sobre el modelo económico óptimo para su administración. Con Bruno Rojas del CEDLA e Iris Baptista de UNITAS, como moderadores, el recinto recibió a participantes de distintas organizaciones y departamentos del país para abordar las siguientes temáticas: redistribución de la riqueza, apuntes para el debate; algunas referencias sobre emprendimientos productivos y desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza.
3.1. Metodología de trabajo La manera en que se trabajó esta mesa incluyó los siguientes pasos: en primera instancia se hizo la presentación de los objetivos generales, luego cada uno de los panelistas realizó su exposición y, en base a esta información temática, se realizó una ronda de preguntas y respuestas. Posteriormente, el debate en plenaria motivó la elaboración conjunta de las conclusiones de la mesa.
Expositores 1. Bruno Rojas Callejas – CEDLA – Redistribución de la riqueza, apuntes para el debate.
3. Iris Baptista – UNITAS – Desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza.
Equipo de apoyo Bruno Rojas – CEDLA Iris Baptista – UNITAS Exposición de temas
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2. Ángel Pinaya Chávez – FEDEMyPE (Oruro) – Referencias sobre emprendimientos productivos.
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3.2. Exposición de temas Tema I:
Redistribución de la riqueza — apuntes para el debate
Bruno Rojas Callejas – CEDLA
El expositor empezó brindando datos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), indicando que el año 2011 esta medida de bienestar material en el país fue del 5.7%. Es decir, cada boliviana y boliviano tendría 2.742,6 dólares al año; lo que equivaldría a que una familia tipo, de cinco personas, tendría 13,713 dólares. Entonces deberíamos preguntarnos si esto pasa en la realidad. Otro ejemplo: el año 2008 del 55% de la riqueza generada por los trabajadores asalariados fue destinado a los empresarios y 25% a los salarios de los trabajadores. Con relación a las exportaciones, éstas crecieron en más de 2.000 millones de dólares, impulsadas por las ventas externas de recursos naturales extractivos y no renovables. Así se confirma la “reprimarización” de las exportaciones y la baja capacidad de industrialización que tiene el país. El incremento se debió a los buenos precios de las materias primas en el mercado mundial. El precio promedio de las exportaciones se elevó a 449 dólares por tonelada (t) el año 2011, frente a 358 USD/t del 2010 y de 349 USD/t del 2008. (Fuente: IBCE Revista Cifras, Nº 96, 30/01/12).
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Explicó también la fluctuación del valor de las exportaciones entre los años 2008 y 2011, que ascienden a 9.040 millones de dólares éste año, superiores en 2.088 millones respecto del año 2010 y en 2.107 millones del 2008.
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El volumen de las exportaciones crecieron en 20,2 millones de toneladas con un crecimiento de 732 mil t respecto al 2010 y 284 mil t más que el 2008. Entre tanto, las exportaciones no tradicionales que significaron 1.528 millones de dólares, su valor cayó en 1,4%, respecto del 2010, Mientras que las exportaciones tradicionales están en 7.512 millones de dólares (83% del total), superior en 39% respecto del
2010. Estos datos representan en su mayor parte la explotación de gas y minerales. Estructura sectorial de las exportaciones (promedio anual)
2006 - 2011
2001 - 2005
0%
20%
40%
60%
2001 - 2005
80%
100%
2006 - 2011
Hidrocarburos
33.0%
45.5%
Minería
14.2%
24.1%
Industria
47.5%
26.3%
5.4%
4.1%
Agricultura
Fuente: Elaboración Cedla
En cuanto a la inversión extranjera, el año 2005 fueron 291 millones de dólares los que fueron apostados en el país; el 2010 fueron 651 millones de dólares; el 2011, 859 millones de dólares. Esto se traduce en que 0.5% con relación a la Inversión Extranjera Directa (IED) en Sudamérica fue 153.448.000.000 dólares, es decir el octavo lugar en recibir inversión, 43% para Brasil. La IED se incrementa contrariamente al proceso de “nacionalización” de empresas y se refirió a las remesas indicando que en la década de los 2000, fue de 1000 millones de dólares, superior a la inversión extrajera, en el 2010, 986 millones de dólares y en el 2011, 876 millones de dólares y hasta agosto de 2012, 592 millones de dólares y un estudio realizado por la UMSS en el 2011, mostró que hasta un 60%, las familias receptoras gastan en necesidades básicas. En base a estos datos, el expositor afirmó que quien tiene la responsabilidad de redistribuir estos recursos es el Estado, a través de la aplicación de políticas de redistribución. Se tienen instrumentos para redistribuir dichos ingresos captados, como por ejemplo el Presupuesto General de la Nación (PGN). En 2012, el presupuesto consolidado fue de Bs. 145.943 millones a ser invertidos en diferentes áreas. Las principales fuentes de financiamiento fueron: • Impuestos: Bs. 35.356 millones
• Deuda pública (títulos valor): Hasta Bs. 500 millones A través de diapositivas demostró las fuentes de recaudación impositiva y en qué se distribuyen estos recursos: • Gasto corriente: 57% (83.610 millones de bolivianos). - Se incrementó en 20% con relación al 2011. - También se incrementó el monto para pago de rentas de jubilación en 17% (Bs. 5.927 millones). - Al igual que la subvención a hidrocarburos: De Bs. 360 millones en 2011 a Bs. 755 millones en 2012. • Gastos de defensa: 20%. - Los gastos totales crecen más que los ingresos totales (déficit de Bs. 7.961 millones, 4.5% del PIB). - Inversión pública: 15% (Bs. 22.200 millones, superior a los 626 millones en el año 2005). “Nos han hecho creer que el IDH con la nacionalización iba a mejorar. No hay tal nacionalización, nos han hecho creer. Pienso que si recuperamos la agenda de octubre miramos todo eso tenemos que saber absolutamente estar convencidos que eso tiene que ser de los bolivianos, administrado por los bolivianos y distribuido por los bolivianos y sus beneficios para todos los bolivianos” (Representante de Cochabamba). A modo de ejemplo, hizo una relación de la pobreza extrema en Bolivia, desde 1996 hasta 2007, en el contexto urbano, rural e indígena; con lo que concluyó en que la redistribución del ingreso en el actual Estado Plurinacional y autonomista, basado en el modelo actual de economía plural y comunitaria, la redistribución debería darse a través de dos vías: 1. Otorgación de bonos a sectores sociales vulnerables: como la Renta Dignidad, dirigida a adultos mayores de 60 años; el Bono Juancito Pinto, destinado a niños, niñas y adolescentes en edad escolar; el Bono Juana Azurduy de Padilla, destinada
a madres con niños menores de un año; el Bono para Madres Solteras, que aún se encuentra en proyecto, entre otros beneficios sociales. 2. Transferencia de recursos a “agentes económicos bolivianos”, dirigida “especialmente” a sectores marginados de la sociedad, como empresarios privados, cooperativas y comunidades. Por otro lado, también mencionó la importancia de destinar recursos que generen condiciones u oportunidades para la proyección de empleo e inclusión social, poniendo como ejemplo el establecimiento de políticas públicas como la Desnutrición 0 para niños y niñas menores de 2 años, la protección social al binomio madre-niño, la alimentación complementaria escolar y el Seguro Universal de Salud. Entre otras políticas públicas de gran trascendencia social y protección para grupos de alta vulnerabilidad también mencionó: la mejora de la educación pública con calidad, relevancia y pertinencia para todos y todas; el Plan Nacional de Vivienda Social; el Plan de Seguridad Ciudadana y Pública; la atención de servicios públicos básicos y las estrategias dirigidas a lograr la Seguridad Alimentaria con Soberanía. Sectores con pobreza extrema en Bolivia
No indígena Urbano 18% (663.355)
No indígena Rural 11% (424.634)
Fuente: Elaboración Cedla
Indígenas Urbano 23% (856.791)
Indígenas Rural 48% (1.774.365)
Debate general de la mesa: En estos últimos tiempos se han acrecentado los puestos de venta informales, las calles se han convertido en mercados ¿Cuál es la solución frente a las crisis a las que han llegado los distintos modelos de desarrollo, basados en la reprimarización de nuestros recursos? ¿Qué modelo económico sería el mejor para los bolivianos?
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• Regalías e IDH : Bs. 10.834 millones
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Al culminar la ronda de opiniones, Bruno Rojas aclaró que una cosa es la redistribución de la riqueza y otra es la redistribución del ingreso. Por ejemplo, dijo que no existe un impuesto a la ganancia, eso significa desigualdad en cuanto a ganancias; mientras que la inequidad en la distribución se nota en el acceso que tienen sectores vulnerables de la población como las mujeres e indígenas, por ejemplo, a recursos o bienes; pues donde se concentra más la riqueza es en las ciudades. Visto desde este enfoque se nota que aún se promueve la desigualdad.
No vamos a engañarnos, este gobierno es totalmente neoliberal y debemos plantear cambios reflexionando en base a todo lo que nos ha pasado, como con el D.S. 21060 y sus implicancias. El Estado tiene que encontrar las soluciones, pues tiene el control en términos formales, pero son las empresas transnacionales las que siguen manejando la exportación.
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“Tenemos el ingreso económico del gas y vemos la pobreza de los pueblos indígenas y a pesar de que tenemos grandes riquezas, seguimos pobres. Todo lo que sale del territorio indígena es rico. Cuando la gente del oriente reclama, no se le hace caso porque no son militantes del gobierno. Los impuestos a los hidrocarburos han aumentado pero esto no beneficia a los indígenas. Hemos sido solidarios con los colonizadores y ahora miren la contradicción y mezquindad: los indígenas luchan por el 5% y ahora ¿quién se lleva la tajada del Fondo Indígena?, más del 80% de los proyectos los aprueban los colonizadores y las bartolinas y esa es la contradicción ¿cómo miramos la redistribución?, ¿hay que ser militante para que lleguen recursos?, los lugares de donde sale la riqueza es donde hay extrema pobreza”, afirmó un dirigente indígena del oriente boliviano.
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En cuanto a los recursos destinados a las universidades, hay tres tipos de universidades: las universidades privadas, las indígenas y la universidad estatal. Sabemos que el Estado destina un porcentaje a las universidades públicas para su funcionamiento e inversión. No contamos con buenos profesionales y eso trae una decadencia en la formación de los jóvenes, se debería empezar a pensar en verdaderos cambios.
Tema II:
Referencias sobre emprendimientos productivos
Ángel Pinaya Chávez — Afiliado de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (FEDEMyPE) – Oruro
Para dar una lectura del contexto sobre la actividad empresarial, a pequeña escala, emergente Ángel Pinaya cuenta que, a raíz de la falta de empleos, la población mayoritaria en las ciudades se ha ido agrupando en microempresas, empresas individuales y pequeños emprendimientos. Toda actividad emprendedora tiene un proceso creativo y de factibilidad, pero como este sector de la población no tiene a nadie quien le controle, son sectores que tienen ciertas características: por lo general no sólo trabajan ocho horas, sino trabajan a destajo1, son cuenta propistas2 y, desde el punto de vista de los derechos, esta población es la que mayores sacrificios laborales imprime para aportar en sus núcleos familiares, convirtiéndose en el pilar fundamental de la economía. El año 2006 se había dicho que la micro empresa podría pasar a ser mediana empresa. Inicialmente, la propuesta fue bien vista pues la microempresa necesitaba capitales para reforzarse y dar empleo a otras personas. El sector de la microempresa tiene esas prerrogativas y una estructura definida y para que sirva a las mayorías es necesario desarmarla, 1
Trabajo en que la remuneración se pacta en base a la cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice en una jornada determinada.
2
Personas que trabajan por cuenta o iniciativa propia.
Para resolver esos problemas se tendría que gestionar financiamiento, con bajos intereses, y dar capacitación en diferentes rubros. En cuanto a las políticas macro, se debe abrir nuevas sendas a mercados para los diversos productos bolivianos. En instancias de los gobiernos nacional y departamental, uno de los grandes desafíos es cambiar y rediseñar la mentalidad de las personas. Todos debemos reflexionar sobre cuál es el nivel de compromiso que tenemos, para aportar con ideas y propuestas dirigidas a promover el cambio en nuestra economía. En cuanto a los dirigentes, una de las medidas que se pueden perfilar para evitar la división de las organizaciones sociales es invertir recursos y esfuerzos en las bases, para que se hagan productivas. La incorporación de ciertas políticas y normativas en las Cartas Orgánicas Municipales dirigidas a promover nuevos emprendimientos y que permitan abaratar los costos, tener el control de los mercados y capacitar a la gente para que genere su propia fuente de trabajo. La población mayoritaria de Oruro es microempresaria, es decir que una buena parte de los orureños ha sido autogestionario de su economía. Por su parte, la alcaldía invertía solamente el 2% en el fomento a nuevos emprendimientos.
Como organizaciones vemos la importancia de buscar soluciones, inmiscuirnos más en el problema para proponer alternativas y soluciones que promuevan mayor participación y analizar sus posibles repercusiones.
Debate general de la mesa: El Ministerio competente no invierte. En la CPE todo está redactado bonito y se habla del proceso de cambio, pero no hay acción ni cambios. El Gobierno da más recursos a los empresarios y no a los que pequeños emprendimientos. Los asambleístas pueden trabajar y realizar control en cuanto a la redistribución desde los lugares a los que representan, proponiendo soluciones desde ahí. No conozco las cifras exactas de inversión en las microempresas a nivel nacional, pero así hubiese inversión considerable, las otras condiciones no están dadas, capacitación técnica y productiva, y el mercado no está asegurado, nos falta muchas condiciones al respecto.
Tema III: Desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza
Iris Baptista – UNITAS
Fuente: Datos del Informe Sombra CEDAW - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer El informe sombra de la CEDAW es un documento en el que se da seguimiento y evaluación al cumplimiento de las obligaciones contraídas por Bolivia al ratificar el tratado CEDAW-Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, firmada en 1989. A través de la Ley No 1100 se incorpora los compromisos CEDAW a la normativa nacional, obligando al Estado a cumplir las disposiciones de este tratado y a rendir informes periódicos ante el Comité supervisor. Hasta el momento, Bolivia presentó cuatro informes oficiales al Comité y se solicitó al Estado un quinto informe en el 2011 que todavía no se ha presentado, aunque se conoce que se está trabajando en él.
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reeducarla y formar un nuevo modelo. Dicha propuesta debe ser acorde a la CPE en base a la soberanía que reside en el pueblo, que es quien tiene la última palabra.
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Bolivia ha ingresado en un escenario de transformaciones, que se propone lograr la descolonización y despatriarcalización. En este proceso, para eliminar la pobreza y la exclusión social, la actual CPE pone de relieve el reconocimiento de derechos de mujeres y pueblos indígenas, promoviendo un Estado Plurinacional en el que su ejercicio quede garantizado para la construcción de una sociedad sin discriminación y protegiendo los derechos humanos de las mujeres. Frente a estos postulados, el último Informe Nacional sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas demuestra la persistencia de desigualdades que marcan discriminación y exclusión entre la población boliviana. Estas desigualdades denotan la ausencia de políticas inclusivas y equitativas de redistribución del presupuesto en diferentes ámbitos: en educación la brecha de desigualdad en cuanto al acceso a la educación es visible entre hombres del área urbana y las mujeres del área rural.
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En el ámbito laboral también se notan amplias diferencias entre hombres y mujeres. Debido a que los hombres pudieron acceder a mayor y mejor educación pueden optar por fuentes laborales que ofertan mayores ingresos. Mientras que las mujeres que no pudieron acceder a educación se ven limitadas de acceder a espacios laborales mal o medianamente remunerados y con una serie de requerimientos de formación. Esta es una de las razones que derivan en que la mayoría de las mujeres se desempeñen en actividades de comercio informal y/o carreras asociadas a sus roles reproductivos, como ser maestras, enfermeras, secretarias y otras similares.
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“Yo quisiera aclarar sobre la agenda de octubre, en la agenda de octubre qué se ha hecho, se ha pedido la industrialización de todos los recursos naturales con valor agregado donde se pueda generar el trabajo digno, porque en Bolivia no tenemos un trabajo seguro y por eso hay mucho mercado informal, eso se ha pedido. Desde esa hora hasta esta fecha no se cumplen, incluso se llenan la boca de decirnos que ya habría cumplido la agenda de octubre, mentira, solo ha regalado, ha legalizado los contratos ilegales a las petroleras, nada más” (Mujer representante de La Paz).
Respecto a la redistribución de recursos económicos por género, la normativa boliviana hace pocos años ha incorporado criterios para destinar presupuestos específicos a temas de género en los distintos niveles descentralizados. Aunque existe esta normativa, ésta no se refleja en la planificación lo que se traduce en que los presupuestos públicos siguen siendo insensibles a género y las instancias que asumen la tarea de trabajar con este tema tiene escasos recursos lo cual es una limitante para la implementación de políticas de género que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Si bien es cierto que las brechas de pobreza han disminuido en los últimos años, las desigualdades dentro de esta misma línea entre hombres y mujeres continúa, eso demuestra que no se están tomando en cuenta las inequidades de género. Existe normativa que establece que los presupuestos de las entidades territoriales autónomas incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades de género. Los avances son mínimos en cuanto a redistribución por género en todas las partidas y la realidad nos muestra que los recursos destinados en las esferas públicas en Direcciones y Unidades de género son mínimos e insuficientes. Según datos del Ministerio de Economía, la población boliviana beneficiada con transferencias condicionadas directas como los bonos llega al 29%:
• La Renta dignidad al 8%, 55% son mujeres; • El Bono Juana Azurduy al 5% está dirigido al binomio madre niño (a). De manera general el 61%de los bonos está centrado en las mujeres que utilizan servicios públicos y educación pública para sus hijos e hijas pero que además en su mayoría se las reconoce en tanto reproductoras y madres, dando continuidad un contexto patriarcal. (Fuente: Fundación Jubileo). La deficiente redistribución de recursos, desde una lectura de género, se debe a que el modelo económico no ha experimentado cambios estructurales. Todavía se da continuidad a un patrón de desarrollo impuesto y no propio, políticas económicas que responden a la clásica estructura neoliberal que determina el sistema de dominación capitalista y patriarcal, lo cual devela la existencia de miopías que no dejan ver las realidades y problemáticas cotidianas de las bolivianas y los bolivianos para delinear estrategias de planificación, tanto a nivel nacional como a niveles descentralizados. A modo de ejemplo, se puede mencionar que la Ley de Pensiones todavía responde a un sistema de capitalización individual, en el que la mayor parte de las “trabajadoras asalariadas” son la minoría y las que no acceden a fuentes laborales estables, con beneficios sociales y remuneración segura muestra a un nuevo régimen que reproduce la discriminación por género, la segregación y precariedad laboral. Este régimen impide a las mujeres que trabajan informalmente aportar sistema de seguridad laboral o solamente permite realizar contribuciones mínimas, con rentas muy bajas. En la estructuración de los ingresos del hogar por lo tanto en la pobreza, no sólo inciden las desigualdades como las brechas de género, etnia y lugar de residencia, sino que a éstas se suman otras adicionales que atañen a la segmentación del mercado laboral urbano donde las mujeres se sitúan en los espacios informales y de mayor precariedad laboral y las diferencias de acceso y logro educativo entre otros.
La erradicación de la pobreza en Bolivia carece de un enfoque estructural, no aborda las diferentes dimensiones y causas que generan la pobreza que afrontan las mujeres, se tratan de medidas poco sostenibles. Entre las demandas de mujeres bolivianas incluidas en este informe, se pueden destacar algunas: como la creación de normativas, con sus respectivas reglamentaciones, a nivel departamental y municipal que establezcan presupuestos sensibles a género; la inclusión en los Planes Operativos Anuales (POAs) la partida de género, que por lo general es desviada y reformulada en otras unidades; asegurar la ejecución de estos presupuestos; que la Dirección de Género trabaje efectivamente en temáticas sobre la mujer que le atingen. “Ahora nos consideramos pobres, pero somos pobres con dignidad, muchos de nosotros hemos participado en la guerra del agua y muchos se han aprovechado, pero otros nos hemos quedado donde estamos. En Cochabamba todavía se sigue invirtiendo en la zona norte, zona de ricos y jailones, y las obras se han entregado por donde viven los concejales. Las mujeres nos hemos cansado y nos hemos organizado por vivienda en la zona sud y respetando la equidad de género”. (Mujer, representante de Cochabamba)
Debate general de la mesa: El sistema educativo, como pilar fundamental, debe ser transformado. La mayor parte de nuestro presupuesto es destinado a Defensa Nacional y no a educación. Este es un problema de políticas económicas y sociales, en el que la mujer está marginada, genera discriminación entre hombres y mujeres, entre lo urbano y lo rural. Uno de los participantes cuestionó si el bono Juana Azurduy ha sido un incentivo para más embarazos. Aunque existe la consideración de que la mujer sabe, con su pareja, cuántos hijos tener y la decisión es familiar. ¿Vamos a seguir viviendo de bonos? debemos cambiar de modelo de desarrollo, que genera una situación socio económica y cultural atrasada. En las familias la redistribución de roles y riquezas son diferenciadas entre hombres y mujeres. En
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• El Bono Juancito Pinto llega a 16% de los cuales el 50% son niñas;
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cuanto a los bonos por lo general son más estrategias para propagandas políticas. De esta manera, el Presidente se ha vuelto Alcalde, lo cual es negativo para Bolivia. En vez de construir y poner en práctica nuestra CPE seguimos con una colonización moderna y el Estado genera una mala redistribución de presupuestos.
Debate en plenaria Por lo que puedo ver desde donde yo vivo, todavía hay lugares feudalistas. Para mí nuestra economía es una economía mezcla, mixta, en la que las políticas económicas no están claras, estamos viviendo un “pejtu”3, seguimos siendo pobres los pobres y los ricos más ricos. La política económica promueve la desigualdad. Por otro lado, la Economía Plural no cambia la situación; en el caso de los trabajadores del campo, ellos no cuentan con seguridad industrial y la ganancia es relativa y, por su parte, los campesinos ya no piensan como pobres sino como nuevos ricos. Tenemos que concientizarnos, nuestros diputados y ministros están pensando en su economía y no en la del país, ni de los campesinos. Los ingresos y su distribución son sectorialistas. Aún existe inequidad y diferencias regionales entre occidente y oriente. La minería debería ser nacionalizada porque en muchos casos las empresas son ilegales, saquean el oro y los minerales y van a una empresa privada, como pasa en Teoponte que genera riquezas que deberían ir al Estado.
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Una propuesta podría ser que se aumente el haber básico al trabajador a 3.000 o 4.000 Bs. Sería bueno reescribir la historia, es cierto que en algunas instituciones, como en los fabriles que no alcanza para vivir bien y las ganancias del empresario bajarían; podríamos conseguir algo de equidad en la redistribución de riquezas para todos y todas.
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Como Central Obrera Departamental de La Paz queremos que se cumpla la agenda de octubre 2003. En cuanto a la Constitución, es bueno que se sigan generando estos espacios de debate y análisis desde las organizaciones. La violencia tiene una causa, que es la falta de empleo. 3
Palabra que significa que hay una mezcla, denota todo mezclado.
3.3. Conclusiones de la mesa Síntesis sobre la situación de la redistribución de riqueza • En Bolivia, la redistribución de la riqueza es desigual como resultado de la economía capitalista en la que vive, que privilegia la propiedad privada de los medios de producción, haciendo que los empresarios sean más ricos y los pobres sean más pobres. • La redistribución es desigual por el capitalismo atrasado en que vive el país que explica la existencia de diferentes formas de producción de bajo nivel de desarrollo y donde la pobreza de la población es mayor. • En todo este tiempo, los modelos económicos que se implementaron en el país ahondaron la desigualdad económica y la desatención de las necesidades de la población, particularmente de la más pobre tanto en el campo como en las ciudades y profundiza las desigualdades entre hombres y mujeres. • La desigualdad esencialmente es económica, pero también, es social y cultural porque promueve la discriminación social y las diferencias regionales (oriente- occidente, urbano-rural). Por esta razón, la población se siente abandonada y marginada en muchos lugares del país porque el Estado boliviano y sus políticas no generan condiciones para atender sus necesidades.
• Los recursos con que cuenta el país para la atención de las diferentes necesidades de la población y para la inversión en la producción, dependen de estas exportaciones y de los cambios que puedan darse en la economía mundial. • El modelo de economía plural implementado por el actual gobierno no cambia la situación de desigual distribución de la riqueza, las diferencias entre ricos y pobres, las desigualdades de género entre hombres y mujeres, por lo que las brechas de discriminación y pobreza se ahondaron en la vida de las mujeres y más en el sector de mujeres indígenas originarias campesinas. • Si bien actualmente se cuenta con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) su distribución e inversión en el país no es adecuada porque descuida la atención de las demandas sociales de la población, la producción e industrialización del país. La política fiscal y la política de redistribución del ingreso no tiene enfoque de género. • La distribución del IDH es sectorialista, dispersa y desigual porque no permite que todas las regiones y poblaciones del país tengan un presupuesto adecuado para atender diferentes necesidades.
Propuestas • Sabiendo que la distribución desigual de la riqueza es un problema estructural de la economía capitalista boliviana, es necesario desde las organizaciones avanzar en el cambio de esta economía y de los modelos que los sustentan. • Nacionalización y control total de los recursos naturales por parte del Estado para que las ganancias que genera la explotación de estos recursos sean reinvertidos en el país, en su desarrollo y la atención de las necesidades de la población. • Mejora sustancial de los salarios y los ingresos de la población trabajadora en general, así como la generación de más fuentes de empleo adecuadas y visualizar las desigualdades entre hombres y mujeres. • Retomar y cumplir la agenda de octubre de 2003, porque se considera que la misma no ha sido cumplida. • Los recursos con los que cuenta el país (IDH, impuestos y otros) debe ser distribuidos principalmente en la inversión en el área social tomando en cuenta el enfoque de género, en la producción e industrialización del país. • Estos recursos deben fortalecerse aplicando un impuesto a la ganancia de los empresarios y de los sectores ricos del país para la atención de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, y de la población pobre del país. • Es necesario reorientar la distribución equitativa del ingreso para erradicar la extrema pobreza en el campo, las ciudades y en los pueblos indígenas originario campesino y en el sector de mujeres. • La mayor inversión en la producción debe orientarse a la economía local y nacional a fin de fortalecer el aparato productivo interno. • Cumplimiento de los compromisos, planes y normas asumidos por el Estado a favor de la población y del país, con la asignación de presupuestos en cada nivel descentralizado.
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• La economía boliviana depende fuertemente de las exportaciones de recursos naturales (minerales e hidrocarburos). En los últimos años, esta dependencia se ha incrementado debido a los precios favorables de minerales, gas y otras materias primas en el mercado mundial.
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Rol de las organizaciones: • Las organizaciones deben continuar movilizadas, mejorando la comunicación e información con las bases sobre el destino y la redistribución de los recursos que dispone el gobierno. • Analizar detalladamente las normas, leyes, planes y otras políticas vigentes referidas a la redistribución de los ingresos y al desarrollo del país en general, a fin de tener un conocimiento crítico de lo que hace el gobierno y realizar propuestas de cambio.
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• Concienciar a toda la población sobre los temas de orden estructural, como el modelo económico y las políticas de distribución del ingreso, promoviendo la participación de las mujeres en estos temas de nivel estratégico.
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• Muy importante fortalecer el trabajo con las bases hombres y mujeres, a fin que conozcan y se informen “en qué y cómo debe” redistribuirse e invertirse los recursos existentes. • Fortalecer la comunicación y alianzas entre las organizaciones sociales a fin de tener propuestas conjuntas y constructivas. • Exigir y ejercer mayor control y participación social en las instancias y mecanismos de redistribución de los recursos y participar en la formulación de las políticas de desarrollo, considerando a la población más desfavorecida y las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres.
4. Mesa 4: Gestión Pública y Demanda Social Quienes participaron en esta mesa temática pudieron acceder a información y emitir sus opiniones y puntos de vista en el debate de los siguientes temas: • Situación de la participación y el control social, • Gestión pública en educación, • Gestión pública laboral.
4.1. Metodología de trabajo El espacio dedicado al tema Gestión Pública y Demanda Social fue abierta a los participantes con la finalidad de profundizar la reflexión sobre la situación del proceso de implementación del Estado Plurinacional en lo que se refiere a la gestión pública y la demanda social. Estuvo moderada por Osvaldo Peñafiel, de UNITAS.
Después, cada uno de los participantes como miembro representante o dirigente de alguna organización social reflexionó sobre el estado de situación de su propia entidad, así como de las otras organizaciones y sus interrelaciones. Al concluir, se delinearon algunas perspectivas y desafíos orgánicos. De manera consensuada se realizó la elección del relator representante del grupo, se redactó los puntos conclusivos que posteriormente fueron llevados a plenaria.
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Las exposiciones de los especialistas iniciaron la sesión, dando información e insumos a los asistentes para poder aportar en el debate grupal. Como en las otras mesas, dicho debate contempló una síntesis analítica de los temas y de la problemática analizada por sub-temas.
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Expositores
Asequibilidad/Disponibilidad
1. Patricia Mercado – Miembro Foro Vecinal de Santa Cruz – Situación de la Participación y el Control Social. 2. Beatriz Pérez —Miembro Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)— Gestión Pública en Educación. 3. José Luis Campero —Abogado laboralista, ex Secretario de DDHH de la COD La Paz — Gestión Pública Laboral.
Equipo de apoyo Alfredo Cahuaya – UNITAS Sara Campuzano – UNITAS
Limitada información sobre la asignación de material educativo a las escuelas, bibliotecas y/o laboratorios. Hay 188 telecentros educativos implementados. No se tiene conocimiento sobre programas escolares para madres embarazadas. Son 108.025 docentes: 73% primaria, 22% secundaria y 5% inicial. Accesibilidad
4.2. Exposición de temas
¿La educación es accesible a todas y todos sin discriminación en términos geográficos y económicos?
Situación de la participación y la demanda social Patricia Mercado – Miembro Foro Vecinal de Santa Cruz
Educación
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De 13.554 locales educativos (2008), 54% carecen de servicio de agua, 80% no cuenta con alcantarillado y 62% no tiene energía eléctrica.
Vega de Hoyos – UNITAS
Tema I:
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Sistema Educativo - Infraestructura Equipamiento
Existen nuevas políticas educativas promulgadas en el marco de la CPE, como la educación productiva, comunitaria, intra-intercultural y descolonizadora; sin embargo hay una debilidad en la puesta en práctica de estas estrategias. Las estrategias aplicada a educación no han logrado desarrollar políticas públicas integrales que incluyan salud, alimentación, seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia y la discriminación. El presupuesto destinado a educación es insuficiente y se requiere de mayor inversión por parte de los gobiernos locales, departamentales y nacionales. La institucionalización en el ámbito educativo tiene una alta influencia partidaria, que no contribuye a una gestión pública educativa de calidad.
La cobertura neta en primaria ha descendido en los últimos años: en las niñas bajó de 94,1% a 92,8%; en niños 95,4% a 92,5%. (2000-2006) La cobertura neta en secundaria no supera el 60% del total de la población entre 14 a 19 años. Se atendió a 6.891 niños y niñas con necesidades educativas especiales (2002). El promedio de escolaridad de estudiantes de lenguas originarias es de 5 años. Disminución en el porcentaje de personas analfabetas/os 4%. UNESCO declara a Bolivia “Territorio Libre de Analfabetismo” (2008). Hay regiones donde el “Yo si puedo seguir”, recién se ha iniciado (2012). Las zonas alejadas del país, como por ejemplo el Norte Amazónico, las zonas fronterizas, rurales y las áreas periurbanas no gozan en general de infraestructura, mobiliario, equipamiento, servicios básicos ni de condiciones dignas para tener una educación de calidad. Las comunidades indígenas y originarias no cuentan con profesores normalistas.
La currícula educativa en el nivel operativo, en la práctica, no toma en cuenta condiciones de género, diversidades sexuales y capacidades diferenciadas. Éstas quedan como realidades invisibilizadas. La calidad educativa sigue siendo un tema pendiente y en Bolivia todavía no hay una educación practica-teórica científica. La participación social y el papel de los padres y madres de familia tiende a evadir responsabilidades y dejan a la escuela no sólo la formación sino también la educación. Los mecanismos de participación social no están vigentes y las actuales juntas escolares tienden a ser funcionales al sistema.
Gestión pública laboral Si bien en la CPE se expresa que el trabajo debe ser digno y con justo salario, hay un desconocimiento y falta de aplicación de las normas y derechos laborales. Aún así éstos derechos son exigibles. Las últimas reformas también resultan interesantes al contemplar que los derechos laborales se ejercen a partir de los tres meses de contratación y no a los cinco, como los estipulaban las anteriores normas. Sin embargo, el desempleo y subempleo persistentes en nuestro país, que sigue sumido en una economía terciaria y dependiente, hace que, en los hechos, se dé una flexibilización laboral que vulnera los dere-
chos de los trabajadores y trabajadoras, al persistir los contratos temporales. Los despidos de trabajadores se dan sin respetar sus derechos y por falta de protección laboral. No se respeta el fuero sindical. Además, aunque el derecho a la huelga es constitucional, la Ley General del Trabajo aún es deficiente en ese sentido. Hay inseguridad y miedo del trabajador para hacer respetar sus derechos por falta de una real protección. La burocracia pública también vulnera los derechos laborales, ya sea por parcialización con los patrones o ya sea por negligencia. No hay seguridad social en general. Por ejemplo, hoy los trabajadores no gozan de una jubilación digna. Se ha naturalizado como algo normal el trabajo infantil, cuando esto es un síntoma del deterioro de nuestra economía, que debería generar fuentes de empleo para los adultos. Se sigue discriminando laboralmente en las entidades públicas y privadas. Se sobreponen criterios de sexo, género, edad, origen, religión, idioma, color, clase social, orientación sexual, por encima de la capacidad que tienen las personas para ejercer tal o cual oficio. Las personas con capacidades diferenciadas son discriminadas en el ámbito laboral. No se reconoce las múltiples capacidades mentales y físicas que tienen todas las personas para llevar adelante los diferentes oficios.
Control social El modelo de la Participación Popular sigue vigente, aunque con muchas restricciones. Solamente tienen atribución de participar y hacer control social las organizaciones territoriales y no así las sindicales, gremiales, de mujeres, culturales y otras. En dicho modelo, el control social sólo se lo realiza al municipio y no así al resto de las entidades públicas y
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El sistema educativo se mantiene discriminatorio y excluyente, especialmente hacia sectores sociales como los discapacitados/as y otros/as. Si bien existen normas en el ámbito que sancionan la violencia y el maltrato físico, psicológico, entre otras vulneraciones, éstas no se cumplen. Los problemas vigentes de alcoholismo, drogadicción, acoso escolar en el ámbito educativo, no cuentan con políticas públicas ni programas de prevención sostenidos.
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también permite la sobre-posición de intereses personales por sobre los intereses del pueblo. El rol del Comité de Vigilancia está siendo confundido y tiende a funcionalizarse a los gobiernos municipales de turno; se ha convertido en un mecanismo caduco de representación. “Como dice el Artículo 241 de la Constitución Política del Estado referido al control social; el control social no es solamente para ver cuánto de plata se gasta la autoridad, sino es también para definir políticas públicas en beneficio de la colectividad boliviana” (Representante de Oruro). No existe una participación social efectiva y con decisión, pues se reduce a la consulta sobre pequeñas obras barriales sin trascendencia. Predomina una visión “obrista” tanto en los gobiernos municipales como en las dirigencias de las organizaciones vecinales, que priorizan el cemento por sobre las necesidades de educación y salud, mostrando inconsecuencia con las necesidades de la población. También se observa una excesiva centralización política y administrativa municipal, especialmente en las ciudades capitales, que impide el control social más efectivo y la generación de una vida digna en la ciudad. Existe un desconocimiento de las políticas municipales y del derecho a la información pública y rendición de cuentas, por parte de la población. Existe injerencia político partidaria, de grupos de poder y de los gobiernos municipales de turno en las organizaciones encargadas de hacer control social. Predominan las relaciones prebendales entre municipio y dirigencias vecinales, generando:
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• falta de ética en el accionar dirigencial,
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• desconfianza de las bases, • ruptura entre dirigencias y sus bases, • toma de decisiones autoritarias en los niveles dirigenciales. No se respetan los derechos políticos de las mujeres en las organizaciones sociales.
Las cartas y estatutos autonómicos en proceso de elaboración y/o readecuación son llevados adelante por las autoridades sin la participación del pueblo, utilizando mecanismos de exclusión, como por ejemplo la elección de representantes por sorteo en Santa Cruz de la Sierra, lo cual no responde a los marcos constitucionales. “Hay bastantes leyes, no podemos seguir trabajando en leyes y en leyes que no se cumplen no se las aplica. El otro tema es que hay que trabajar desde una estrategia orgánica para ver que las leyes que ya están en vigencia deben ser de cumplimiento obligatorio, tanto por quienes están gobernando como también por nosotros los bolivianos” (Representante del departamento de La Paz).
4.3. Conclusiones generales de la mesa 1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados? • Nuestro rol como organizaciones sociales se debe abocar a: • Fortalecer la estructura organizativa, superando los quiebres tradicionales entre directivas y bases. Este fortalecimiento debe incluir la democratización participativa interna y la recuperación de la independencia de partidos políticos, grupos de poder y de autoridades públicas. • Promover la elaboración de la Ley de Participación y Control Social y sus respectivos reglamentos, con participación y con poder de decisión de todas las organizaciones sociales. • Exigir el desarrollo de una política que garantice calidad educativa. • Hacer seguimiento para que en las Cartas Orgánicas y Estatutos Autonómicos para que incluyan la educación como una prioridad de Estado. Así mismo, plantear la ampliación de las competencias de los gobiernos locales en el ámbito educativo y exigir que la educación sea única y de calidad
• Se debe trabajar en volver a fortalecer el sindicalismo, con convicción y disciplina sindical. Las acciones de las dirigencias de las organizaciones deben tener convicción y coherencia. • Conocer las leyes, dar a conocer nuestros derechos a las bases. • Trascender e ir más allá de las demandas sectoriales hacia intereses comunes de los sectores populares y discriminados en general. • Luchar por la unidad popular. • Restaurar la institucionalidad de las organizaciones sociales. • Velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho a la educación de todas y todos sin exclusión ni discriminación. • Respetar y promover la equidad de género en las organizaciones sociales así como promover la inclusión de la juventud en el quehacer dirigencial. • Erradicar la corrupción y los apetitos personales de las dirigencias de las organizaciones sociales. • Consolidar la democratización de la participación política de mujeres y jóvenes. • Exigimos y nos comprometemos a hacer seguimiento y evaluación de los impactos y los avances que tienen estas conclusiones y el Foro como espacio democrático, de opinión y de construcción de democracia ciudadana. • Hacer posicionamiento de este espacio en otros espacios de poder.
2. ¿Qué propuestas/demandas deberían se trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados? Educación • Concretar y aplicar los postulados de la nueva CPE, para lograr una educación de calidad. • Desarrollar una educación integral teórica-práctica y científica, que se debe hacer efectiva de
acuerdo a la Ley. • Desarrollar políticas integrales educativas locales y departamentales para superar el deterioro de las condiciones educativas actuales. • Aplicar y desarrollar un curriculum educativo base que tome en cuenta el enfoque de género, de las diversidades afectivo sexuales y de las personas con capacidades diferenciadas. • Incrementar el presupuesto en educación no sólo para gasto corriente, sino también para el desarrollo científico, tecnológico, efectivo, principalmente en los centros técnico-humanísticos. • El desarrollo curricular debe ser construido y socializado en la comunidad educativa, respetando las atribuciones que les compete a docentes y padres de familia. • Promover escuelas de padres y madres de familia. • Promover procesos de capacitación docente de calidad y que generen conciencia social, que no excluyan y estén sólo dirigidos a lograr grados académicos o certificaciones. • Asignar ítems necesarios para superar el déficit histórico que existe e incorporar otros para las áreas de tecnología y computación. • La incorporación de personal multidisciplinario en los establecimientos educativos.
Derechos laborales • Aplicación y cumplimiento de los derechos laborales constitucionalizados. • Sanciones ejemplarizadoras para todo aquel que viole los derechos laborales. • Considerando que la mayor parte de la población trabaja en la economía por cuenta propia, se debe transformar la economía de nuestro país para que genere valor agregado y se industrialice, generando asi fuentes de empleo digno, con salario justo, de acuerdo con la canasta familiar, con seguridad social. • Desarrollar programas obligatorios de sensibilización para la aplicación de la Ley No 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación,
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para todas y todos las y los bolivianos.
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en entidades públicas y privadas para lograr la inclusión social sin discriminación de ningún tipo, ya sea sexo, género, edad, origen, religión, idioma, color, clase social u orientación sexual.
grupos de poder. Para ello este nuevo modelo implica una participación con real poder de decisión por parte de la población, ya que no basta proponer o ser consultados.
• Las personas con capacidades diferenciadas deben ser reconocidas en su integralidad y plenamente en el ámbito laboral. Deben reconocerse las múltiples capacidades mentales y físicas que tienen todas las personas para llevar adelante los diferentes oficios.
• Este nuevo modelo de Participación y Control Social debe trascender lo municipal y llegar a controlar todas las entidades públicas o que manejen recursos públicos.
• Los contratos temporales deben desaparecer de las prácticas laborales. • Inserción laboral para los jóvenes con salario justo y por trabajo igual. • Respeto al derecho de las mujeres a que su trabajo sea reconocido y que se logre simetría salarial en relación al varón, por igual trabajo. • Protección real de parte de las autoridades laborales para que el trabajador se sienta seguro de ejercer sus derechos. • Respeto a la sindicalización, derecho a la protesta, huelga, fuero sindical.
Control Social
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• Construir un nuevo modelo de Participación y Control Social que genere protagonismo y fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares, del campo y de la ciudad, al mismo tiempo que recupere su autonomía organizativa e independencia de los partidos políticos y de los
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• La atribución de la Participación y Control Social no debe limitarse a organizaciones territoriales sino a todo el pueblo organizado. Por ello los Comités de Vigilancia deben desaparecer para que sean las propias organizaciones sociales ya existentes, es decir las organizaciones vecinales, gremiales, sindicales, indígenas-originarias, campesinas, juveniles, de mujeres, educativas, culturales, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, con sus representaciones locales, departamentales y nacionales las que ejerzan el control social directamente y sin intermediaciones artificiales. • Por las razones expuestas es primordial nuestra participación en la elaboración de una Ley de Participación y Control Social que exprese este nuevo modelo con la contribución de las organizaciones vecinales, gremiales, sindicales, indígenas-originarias, campesinas, juveniles, de mujeres, educativas, culturales, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad. La participación social con poder de decisión en la elaboración de las Cartas y Estatutos Autonomicos sin exclusión de ninguna clase.
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V. Conclusiones del Foro
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Conclusiones del foro en plenaria general MESA 1.
Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria:
• Debemos cuidar a la Madre Tierra produciendo alimentos orgánicos, trabajando ecológicamente. Es necesario investigar la incidencia de los alimentos transgénicos en la salud de los bolivianos, pues su consumo ha incrementado en gran medida. • En el altiplano ya estamos produciendo alimentos orgánicos, pero no hay mercado para llevar adelante toda la cadena productiva, dar valor agregado y dar certificación. Para tener seguridad alimentaria el campesino debe sembrar otros productos antes que coca y la población en general dar prioridad a los alimentos producidos en Bolivia antes que los que vienen de afuera.
• En cuanto al tema de tierras se realizaron denuncias sobre supuestos funcionarios que ofrecen tierras fiscales a pobladores urbanos, en desmedro del proceso de cambio. Se dijo también que los principales culpables del doble saneamiento son los funcionarios del Estado, más que los dirigentes. Por su parte, representantes de San Miguel de Velasco
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• Se deben fiscalizar las tierras y asegurarnos de que cumplan la función económica y social, especialmente ahora que el gobierno ha hecho una pausa de cinco años con los empresarios. Tenemos que trabajar coordinadamente para solucionar el tema de la distribución de tierras, pues aún no existe igualdad de acceso a tierras fiscales por parte de las mujeres e indígenas. El gobierno debería asignar un presupuesto específico del TGN para el saneamiento de tierras.
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aseguraron que los dirigentes que ahora están en la CIDOB no hacen nada contra el avasallamiento por parte de brasileños, menonitas, terratenientes, ni empresarios. Mientras que en Pando la realidad contrasta con lo que se dice en referencia a que el proceso de saneamiento ha concluido, sus representantes afirman que no es así. • Se debe fiscalizar a los directores departamentales del INRA para evitar que las tierras fiscales lleguen a mafias organizadas. Por ejemplo, en Pando todavía no ha concluido la titulación de tierras y hay funcionarios que se niegan a dar continuidad al proceso. • Representantes indígenas afirmaron no tener la culpa de haber consolidado el saneamiento y reclaman auditoria a las tierras de los grandes empresarios, en vez de que sean aplicadas a los territorios indígenas de manera tan rigurosa y autoritaria. • En referencia al conflicto del TIPNIS, sus delegados afirmaron que existen sectores que no son considerados como bolivianos, como sucede con las poblaciones que habitan este parque y territorio indígena porque denunciaron que sus demandas no han sido ni siquiera consideradas por el Gobierno. “Todos somos bolivianos, tenemos y merecemos el derecho a la tierra” dijeron.
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
• Representantes del pueblo ayoreo también denunciaron discriminación porque, como nación, nunca han recibido regalías por los recursos hidrocarburíferos.
68
• Debe haber una fiscalización del bono Juana Azurduy pues en muchos lugares no se está pagando. Por un lado, por los malos manejos que se hacen en los municipios y, por otro, porque hay hermanas que no están documentadas. • Fortalecer la educación en relación a los conocimientos ancestrales para complementar los conocimientos de la educación formal.
MESA 2.
Recursos Naturales y extractivismo:
• Ahora es urgente encontrar mecanismos adecuados para el cumplimiento de las leyes y normas que viabilicen las demandas de sectores indígenas, campesinos y urbanos porque no hay coordinación entre las organizaciones sociales y la sociedad civil en general con los distintos niveles gubernamentales. • Se debe coordinar una verdadera rearticulación de las organizaciones fragmentadas, conformar un bloque de resistencia contra las transnacionales y retomar la Agenda de Octubre apoyando lo bueno y cuestionando lo malo que hace el gobierno. • Los pueblos Esseejjas, Tacanas, Chácobos se ven afectados por construcción de la represa Cachuela Esperanza. Sus representantes pidieron la aplicación de la Consulta para “establecer si queremos ese proyecto o no” interpelaron al afirmar que el mecanismo de Consulta debe ser vinculante, tal como está establecido en las normas bolivianas y en el Convenio 169.
• “En materia de Consulta desde el Gobierno nos exigen a los del TIPNIS, siendo que no queremos, y al pueblo guaraní que exige su aplicación, no les hacen caso” aseguraron representantes del TIPNIS. • Los cooperativistas han constitucionalizado su figura en la CPE. El sector cooperativista debe pagar impuestos, a pesar de que aportan mucho menos al Estado y numéricamente son muchos más que los asalariados. Quienes extraen y explotan minerales deben pagar un porcentaje de sus ganancias, ya que se ocasionan impactos que hay que resarcir. • La aplicación del proceso de gestión ambiental debería incorporar los usos y costumbres en el monitoreo y las medidas que se adopten para aplacar el cambio climático.
MESA 3.
Redistribución de la Riqueza:
• Muchas consideraciones se hicieron respecto al papel que están asumiendo las organizaciones sociales en la actualidad. Entre las más recurrentes: la recuperación de la agenda de octubre; la apertura a debatir y consensuar sobre qué modelo económico se está buscando; fiscalizar la distribución de recursos; hacer seguimiento a los postulados y requerimientos sociales que se hicieron en la Asamblea Constituyente y vigilar la implementación de la nueva CPE, más aún ahora que varios coinciden en que la Constitución ha sido superada por la realidad. • Respecto al papel de los dirigentes, afirmaron que se debe ser más auténtico y defender las ideas que se pregonan orgánicamente. Para que las propuestas sean cumplidas es necesario formar líderes capaces de luchar en el poder, que hayan surgido desde abajo. Uno de ellos enfatizó en que, ahora el tiempo es un valor incluso mucho más apreciado que el dinero porque debido a las múltiples obligaciones que se tienen como dirigentes, hay poco tiempo para participar en las
organizaciones y como trabajadores no hay mucho tiempo para pasar con la familia. • El proceso autonómico es muy importante para analizar qué papel tuvo la autonomía en la redistribución de la riqueza en cada departamento. Los ricos están más ricos y los pobres más pobres. • Debe haber el seguro universal de salud para todas las mujeres. En este sentido, la mujer boliviana es discriminada por el Estado porque aunque como productoras y reproductoras de vida, de saberes y de la cultura aún existe una mala distribución de recursos que trasciende en la situación de las familias bolivianas, más marcada en áreas rurales.
MESA 4.
Gestión Pública y Demanda Social:
• La gestión pública y social debería estar enfocada en priorizar la educación y la salud equilibrada, integral e igualitaria en ámbitos urbanos y rurales, debido a que se observan amplias brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. En materia de educación es importante incentivar la educación técnica y la creación de centros de educación para adultos. • Hay que hacer seguimiento del Plan Nacional en referencia a la atención en salud para adolescente y jóvenes. Hasta ahora no existen los centros especializados de salud que menciona dicho plan. • Resaltar la visibilización de las personas con discapacidad.
“Libres para pensar, libres para decidir”
• La mayor parte de los asistentes al foro coincidió en que “debe haber una Ley de Consulta en la que nosotros participemos, aportemos y digamos qué es lo que se debe preguntar”.
69
• Como dirigentes debemos pelear por nuestras reivindicaciones. Los políticos hoy en día quieren entrometerse en nuestras organizaciones. • Que se cumpla lo que la CPE y la ley educativa dicen, una educación de calidad. Que hayan profesores normalistas y que hayan becas para los hijos de los campesinos e indígenas. • Implementar proyectos en nuestro municipio, de educación, salud y empleo. La base es empleo, de ahí se puede tener salud y educación. Guarderías con apoyo escolar para que mientras las mujeres puedan trabajar y los niños reciban educación y estén seguros. • Las trabajadoras del hogar dieron a conocer la urgencia de contar con una casa temporal, ya que la mayor parte son migrantes de áreas rurales. De esta manera podrían ejercer su trabajo de manera más eficiente y segura.
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
• Que se reconozca el trabajo y sacrificios que realizan los maestros que se tienen en las comunidades campesinas, ya que un profesor atiende a por lo menos tres cursos.
70
• En infraestructura no se puede negar que ha habido avances, pero hay maestros que no quieren ir al campo, acotó otro asistente. • Los zafreros han puesto en evidencia que son una población desatendida en materia de salud: “somos olvidados, ya que nos enfermamos y no tenemos protección, ni siquiera una posta cercana, peor un hospital” reveló un asistente de este gremio. • “También hay que reconocer que este gobierno nos ha traído luz y agua potable a varias comunidades altiplánicas” afirmó una participante destacando un aspecto de la gestión estatal que insistió en que “Hay que saber valorar los avances positivos pero criticar cuando haya que ajustar”. • “Las juntas vecinales somos control social, pero también los ciudadanos de a pie, y la sociedad organizada” dijo una compañera al convocar a la sociedad civil a coadyuvar e inmiscuirse en esta responsabilidad social.
“Libres para pensar, libres para decidir�
V. Anexos
71
72
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
Tabla de participación por sexo Hombres 46.7%
Sexo
No de Personas
%
Mujeres
258
53.3%
Hombres
226
46.7%
Total General
443
100.00%
Departamento
No Personas
%
Chuquisaca
25
5.2%
La Paz
110
22.7%
Cochabamba
99
20.5%
Oruro
46
9.5%
Potosí
39
8.1%
Tarija
14
2.9%
Santa Cruz
69
14.3%
Beni
43
8.9%
Pando
37
7.6%
Lima, Perú
2
0.4%
Total General
484
100%
Área
No Personas
%
Urbana
241
49.8%
Rural
243
50.2%
Total General
284
100%
Mujeres 53.3%
Tabla de participantes por departamento Lima Perú 0.4%
Pando 8% Beni 9%
Chuquisaca 5% La Paz 23%
Santa Cruz 14%
Tarija 3% Potosí 8% Oruro 10%
Cochabamba 20%
Tabla de participación Área Territorial
Rural 50.2%
“Libres para pensar, libres para decidir”
Urbana 49.8%
73
Listado de Organizaciones Sociales e Instituciones Participantes Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
74
36 37 38 39 40 41 42 43 44
Nombre de la Organización Agua Dulce Pando Apología Boliviana Apoyo a Iniciativas o Nuevos Ingresos Artesanales ARIPIAC Asamblea de Pueblos Guaraní - Charagua Norte Asamblea del Pueblo Guaraní Asamblea Derechos Humanos Asamblea Permanente de los Derechos Humanos-La Paz Asociación Asociación Adulto Mayor Asociación Colmena Juvenil Asociación de Comunicadores desde el Pueblo y ara el Pueblo Asociación de Guías de Bolivia Asociación de Productores Ecologicosn de Patacamaya Asociación Departamental de Agua Potable y SB Asociación Líderes Mujeres Barriales Asociación Productiva de Planificación INTI Asociación Productores de Papa Asociación Usuarios Laguna Loralty Ayllu Tanapa Ayllus de Cochabamba Ayllus de Coroma Bartolina Sisa Bartolina Sisa Bartolina Sisa Bartolina Sisa Bartolina Sisa Bartolina Sisa Bartolina Sisa - Organización Bartolina Sisa - Organización de Mujeres Bartolina Sisa Chuquisaca Cantonal Capitanía Alto Isoso Capitanía Bajo Isoso CBDE Centeral Unica de Trabajadores Campesinos de Velasco y Ñuflo de Chavez Central Agraria Central Agraria BS Central Agraria Cantu Paampa Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano Central Campesina Central Campesino Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni Central de Pueblos Indígenas del Beni
Sigla No especifica AB AINI - ART ARIPIAC APG CHARAGUA NORTE APG APDHP APDHLP HJVE AAM COLMENA JUVENIL
Departamento Pando La Paz La Paz Potosi Santa Cruz Chuquisaca Potosi La Paz Santa Cruz Cochabamba La Paz
Área rural urbana urbana rural rural rural urbana urbana urbana rural urbana
ACOPODYPP
Oruro
urbana
AGB COPEMPA ADAP SB No especifica APPCI No especifica AULL JSP No especifica AC BS BS FD INDICEP BS FDMCILPBS BS OBS OMC BS 26 de Enero OMCIO CH CUTCPO CAI CBI CBDE
La Paz La Paz La Paz Oruro Oruro Chuquisaca Cochabamba La Paz Cochabamba Potosi Tarija Chuquisaca Cochabamba Potosi La Paz Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Chuquisaca La Paz Santa Cruz Santa Cruz La Paz
urbana rural rural urbana urbana rural urbana urbana rural rural rural rural rural rural urbana rural rural rural urbana rural rural rural urbana
CSUTC VÑ
Santa Cruz
rural
CUTCPLA CABS No especifica CANOB No especifica No especifica CPEMB CEPIB
La Paz La Paz Chuquisaca Santa Cruz Chuquisaca Tarija Beni Beni
urbana rural rural rural rural rural rural rural
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Nombre de la Organización Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz Central departamental de Trabajadores Asalariados del Campo Central Indigena de Comunidades Originarios Central Indigena de la Región Amazónica de Bolivia Central Indígena de Pueblos Originario de Pando Central Obrera Departamental Central Obrera Departamental Central Sindical de Trabajadores Central Sindical de Trabajadores Campesinos San Martin Central Sindical Única de trabajadores Campesina Sena y San Lorenzo Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos G Centro Arte Pro Cultura Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y del Medio Ambiente Centro de Comunicación Cultural Chasqui Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Centro de Cultura y Pensamiento Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario Centro de Estudios Juridicos e Investigación Social Centro de Estudios Juridicos e Investigación Social Centro de Investigación Jurídicos e Investigación Social Centro de Información de la Mujer Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Centro de Investigación y Promoción del Campesinado Centro de Promocion Minera Centro de Promoción Minera Centro de Promoción Minera de Llallagua Centro de Servicios para la Familia y el Desarrollo Centro Multiciplinario en Comunicación Popular Centro Putina Camacho Charkas Quara Qhara Coalición Comunitaria “Cotahuma” COD / Federación de Trabajadores Gremiales La Paz Colectivo Casa Comité de la Defensa de la Canasta Familiar Comunicador Popular Comunicador Popular CONAMAQ / Pueblo Indigena Originario del Suyu Chui Concejo de Autoridades Originarias de Potosi Concejo Departamental Villa Tunari Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo Concejo Oriental Aiquile Concejo Social de Salud Municipal de La Paz Confederación de Indígenas de Bolivia Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa Confederación de Pueblos Indígenas Originarios de Bolivia
CPILAP
Sigla
Departamento La Paz
Área rural
CDTAC
Santa Cruz
rural
CICOL CIRABO CIPOAP COD COD CSUTSJSA CSUTC - SM
Santa Cruz Beni Pando La Paz Potosi Pando Santa Cruz
urbana rural rural urbana urbana rural urbana
CSYTCS Y SL
Pando
rural
CSUTC G. CEN - AR - PROC
Beni La Paz
urbana urbana
AGUA SUSTENTABLE
Cochabamba
urbana
CCC CHASQUI CENDA CENDA CCP CEDLA CEJIS CEJIS CEJIS CIDEM CIPCA CIPCA CIPCA CEPROMIN CEPROMIN CEPROMIN CESEFADE CMCP CPC FAOS - NP CCC COD LA PAZ COLECTIVO CASA CDCF No especifica CEPROMIN CONAMAQ CAOP CODEC CONAMAQ CONAMAQ CONAMAQ CONAMAQ CODECC CSSMLP CIDOB CMC BS
La Paz Cochabamba Cochabamba Cochabamba La Paz Beni Beni La Paz La Paz Pando La Paz Beni La Paz Oruro Potosi La Paz Oruro La Paz Potosi La Paz La Paz La Paz Cochabamba Oruro Oruro La Paz Potosi Cochabamba La Paz Chuquisaca Cochabamba Cochabamba Cochabamba La Paz Santa Cruz Santa Cruz
urbana urbana rural urbana urbana urbana rural urbana urbana urbana urbana rural urbana urbana rural urbana urbana rural rural urbana urbana urbana urbana urbana urbana rural rural urbana urbana rural urbana rural urbana urbana urbana rural
CIDOB
Santa Cruz
urbana
“Libres para pensar, libres para decidir”
Nº 45
75
Nº 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
131
76
132 133 134 135 136 137 138 139
Nombre de la Organización Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia Confederación General de Trabajadores de Bolivia Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CONFEPRU Consejo de Autoridades Originarias Indígenas Consejo de Ayllus Originarios de Potosí Consejo de Federación de Cocaleros de los Yungas Consejo Departamental de Educacón Comunitaria Consejo Nacional de Ayllus Y Markas del Qollasuyo Consultora Rodriguez y Baudoin Consultora Tierra Coodinadora de Pueblos Etnicos Cooordinadora Nacional de Afectados por la Minería y Proteccion del Medio Ambiente Coordinadora de Juntas Vecinales Urbanas CPEM - B - TIPNIS Creaciones Artesanales CSUTCB Sub Central Tupak Katari Delegado de la Comunidad Desafio Diakonia Evolucionar Ex Dirigenta Vecinal Federación Central Única de Mujeres Indígenas Originarias Batolina Sisa Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí Federación de Juntas Vecinales Federación de Juntas Vecinales de El Alto Federación de Juntas Vecinales de Oruro Federación de Mujeres Campesina Bartolina Sisa Federación de Mujeres Interculturales Federación de Mujeres Trabajadoras del Hogar Federación de Panificadores Federación de Trabajadores Gremiales Oruro Federación Departamental de Gremiales del Comercio Minorista de La Paz Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Federación Departamental de Regantes de Cochabamba Federación Departamental de Regantes de Cochabamba Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Federación Especial de Mujeres Campesinas La Asunta Federación Interculturales Federación Junta de Vecinos Federación Madre de Dios Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social -Caja Nacional de Salud
Sigla CGTFB CGTFB CNMCIOC-BS CNAMIB
Departamento La Paz La Paz Cochabamba Santa Cruz
Área urbana urbana rural urbana
CSUTCB
Chuquisaca
rural
CSUTCB
Beni
rural
CONFEPRU CAOI CAOP COFECAY LODECC CONAMAQ RYB CT CPESC
La Paz Lima Peru Potosi La Paz Cochabamba Potosi La Paz La Paz Santa Cruz
urbana rural rural rural urbana rural urbana urbana rural
CONAMPROMA
Oruro
rural
COD-JUVEPURO TIPNIS No especifica CSUTCB No especifica DESAFIO DIAKONIA EVOLUCIONAR FUL - UPEA
Oruro Beni Tarija La Paz Potosi Santa Cruz La Paz La Paz La Paz
urbana rural rural rural rural urbana urbana urbana urbana
FSUMIO BS
La Paz
rural
FAOI - NP FEJUVE FEJUVE EL ALTO FEDJUVE FDMCP - BS FSCI 4 CAÑADAS FEMTH FEDEPANOR FDTGO
Potosi La Paz La Paz Oruro Pando Santa Cruz Santa Cruz Oruro Oruro
rural urbana urbana urbana rural rural urbana urbana urbana
FE DE GRE CO MIN
La Paz
urbana
FDMCOSC
Santa Cruz
rural
FEDECOR FEDECOR
Cochabamba Cochabamba
urbana rural
FDUTC LP
La Paz
rural
FEMCA - BS FSCIPACC FEJUVE FSUTCRMOP
La Paz Santa Cruz La Paz Pando
rural rural urbana rural
FENSEGURAL - CNS
La Paz
urbana
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
Nombre de la Organización Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social -Caja Nacional de Salud Federación Regional de Cooperativas Mineras Federación Regional de Cooperativas Mineras Federación Regional de Juntas Vecinales Federación Regional de Mujeres Campesinas Vaca Diez Bartolina Sisa Federación Sidical Única de Trabajadores Campesinos Vaca Diez Federación Sindical de Trabajadoras de Prensa de Santa Cruz Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios Federación Sindical Unica de Mujeres Campesinos del Altiplano Sud Federacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos Regional UD Foro de Mujeres Andrés Ibañes Foro Politico de la Mujer Foro Sobre Medio Ambiente Foro Vecinal FRMCTO BS RUD Fundación Colectivo Cabildeo Fundación Construir Habitat para la Mujer/Comunidad María Auxiliadora Instituto de Educación de Investigación Cultural Instituto Politécnico Tomás Katari Instrumento Político Revolucionario del Pueblo Jacha Carangas Jóvenes con Valores Jóvenes Organizados con una Misión Juana Azurduy Juana Azurduy Junta Escolar Junta Vecinal Junta Vecinal Junta Vecinal Las Peñas Junta Vecinal Thika Loma Juventud Democrática Boliviana Los Amigos Madre de Dios Mallku Mayor de Provincia Pacajes Manuela Sainz Marcha Mundial de Mujeres Movimiento Franciscano Justicia y Paz Movimiento sin Tierra Movimiento Sin Tierra Movimiento sin Tierra
Sigla
Departamento
Área
FENSEGURAL - CNS
Potosi
rural
FERRECO FERRECO FERJUVE
La Paz La Paz Santa Cruz
urbana rural urbana
FRMC VD BS
Beni
rural
FSUTCR VD
Beni
rural
FSTP SC
Santa Cruz
urbana
FSUTCRMDD
Pando
rural
FSUMCAS BT
Potosi
rural
FSUTCP
Pando
rural
FSUTCR VD
Beni
rural
FSUTCRMD
Pando
rural
FSUTCR UD
Beni
rural
FMAI FPALM FOVOMADE FV FRMCTO BS RUD FCC No especifica HPM/CMA INDICEP IPTK IPRP JACHA CARANGAS JVC JOCUM JA JA No especifica JV JV Junta Vecinal Las Peñas JVTL JUBODE TDH No especifica MMPP No especifica MMM JUSTICIA Y PAZ MST MST MST
Santa Cruz Potosi Cochabamba Santa Cruz Beni La Paz La Paz Cochabamba Cochabamba Potosi Cochabamba Oruro Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz Santa Cruz Chuquisaca La Paz Santa Cruz Cochabamba Potosi Cochabamba Beni Pando La Paz Cochabamba Tarija Oruro Cochabamba Cochabamba Potosi
urbana urbana urbana urbana rural urbana urbana urbana rural urbana urbana rural rural rural rural urbana rural urbana urbana rural rural urbana urbana rural rural rural rural urbana rural urbana rural
“Libres para pensar, libres para decidir”
Nº
77
Nº 184 185 186 187 188 189 190 191
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
192
78
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
Nombre de la Organización Mujeres Candelaria Mujeres Poder Local Municipio Municipio de Villa Charcas Musu Q Nan Organización Bartolina Sisa Organización Campesina Organización Campesina Organización Campesina Indigena Defensa Medio Ambiente Gran Chaco Organización de Discapacitados Organización de Mujeres Organización de Mujeres Organización de Mujeres Asambleistas Organización de Mujeres Bartolina Sisa de Ascención Organización de Mujeres Bartolina Sisa Sipe sipe Organización de Mujeres TIPNIS Organización Indigena Chiquitana Organización Mujeres Bartolina Sisa Organización Originario Yampara Suyu Organización Sindical Organización Sindical Organización Social Progreso Pueblos Nacionales PACHA Periódico Popular La Protesta Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático Programa de Parques Suelos Agua y Medio Ambiente Programa NINA Promotor Ambiental de Derechos Indígenas Originarios Promotor Ambiental de Derechos Indígenas Originarios Proyecto Micro Riego Pueblo Indigena Originario Radio Centro Radio Fides Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cochabamba Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Santa Cruz Regional Madre de Dios Scouts Seamos Solidarios Secretaría de relaciones Comunidad Viru Viru Servicios Multiples de Tecnologias Apropiadas Sindicato Sindicato Sindicato 1º de mayo Sindicato 25 de julio Sindicato Agrario Sindicato campesino Sindicato de Empleados Municipales Sindicato Trabajadoras Hogar Sopocachi Somos Sur V Sub Central Sub Central Sub Central 15 de Agosto
Sigla MC MUJE POL No especifica No especifica No especifica FUMCIODBBS FCUTCRMOP FUTSRMOP
Departamento La Paz Oruro La Paz Chuquisaca Potosi Chuquisaca Pando Pando
Área urbana urbana rural rural urbana rural urbana rural
OCIDMACH
Tarija
rural
OD MANUELA SAENZ OMP OMASP OMCIO BS ASC. BS-SIPE SIPE OM TIPNIS OICH CSTCOM - BS No especifica No especifica No especifica PROPAM PACHA LA PROTESTA PBFCC PROBOSMA Programa NINA PADIO PADIO No especifica PIO No especifica FIFES RED LB CBBA RED LB SCZ CSUTCSYSL MAFAKING SOL No especifica SEMTA Comunidad 26 de Enero No especifica No especifica No especifica No especifica FSUTCRMD SEM STHS SSV SUTOU SCUTCMM No especifica
Santa Cruz Cochabamba Beni Pando Santa Cruz Cochabamba Beni Santa Cruz Potosi Chuquisaca Chuquisaca Potosi La Paz La Paz Cochabamba La Paz Cochabamba Nacional Potosi Potosi Tarija Cochabamba Cochabamba Cochabamba Cochabamba Santa Cruz Pando Cochabamba Tarija Chuquisaca La Paz Santa Cruz Chuquisaca Cochabamba Oruro La Paz Pando Potosi La Paz Cochabamba Chuquisaca Chuquisaca Pando
rural urbana urbana urbana rural rural rural rural rural rural rural rural urbana urbana urbana urbana urbana rural rural urbana rural rural rural rural urbana urbana rural urbana urbana rural urbana urbana rural rural rural rural rural urbana urbana rural rural rural rural
258 259 260 261 262 263 264 265
Nombre de la Organización Sub Central de Pueblo Movima Sub Central Llallagua Sub Central Naranjo Agrio Sub Central Norte de Potosí Sub Central Puerto Bolivia Sub Central Tecoya Sub Central TIPNIS Sub Central TIPNIS Sub Central TIPNIS Sub Central TIPNIS Sub Central TIPNIS Subcentral de Campesinos Sucre Centro Seccional Sud Central Puerto Bolivar Suma Sartawi Suyo Sora Marka el Choro Suyu Marka Ayllus Originarios Teatro Popular Juvenil Sin Fornteras Televisión Canal 2 TIPNIS Camapaña de Defensa Trabajadores Asalariados del Campo Trabajadores Sociales Comunitarios Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia Santa Cruz UB San Isidro Unidad Comunitaria de Orientación Unidos por la Vida Unión de Mujeres de Bolivia y Mujeres de Poder Local Unión Nacional de Instituciones Para el Trabajo de Ación Social Uyuni Nueva Quijarro Coroma Yampara Suyu
Sigla SPIM FCOTONP SCNA FCOTONP SCSTCPBP FSUTCOP TIPNIS TIPNIS TIPNIS TIPNIS TIPNIS FSUTCP No especifica SCSTCPBP CEA SS No especifica SMAO TSF CCA TIPNIS CDTAC TSC
Departamento Beni Potosi Tarija Potosi Pando Potosi Beni Cochabamba Beni La Paz La Paz Pando Chuquisaca Pando Cochabamba Oruro La Paz Oruro Cochabamba Cochabamba Santa Cruz Potosi
Área rural rural rural rural rural rural rural urbana urbana rural urbana urbana rural rural rural urbana rural urbana urbana urbana rural urbana
TSCB S.C.
Santa Cruz
urbana
CODJUVE UCO Unidos por la Vida UMBO-MUJEPOL
Oruro La Paz Oruro Oruro
urbana urbana urbana urbana
UNITAS
La Paz
urbana
AYLLUS COROMA COAMAYS
Potosi Chuquisaca
rural rural
“Libres para pensar, libres para decidir”
Nº 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
79
Equipos Técnicos Programa NINA
Walter Limache Orellana Lizzeth Chavez Soto Teresa Oporto Daza Edwin Armata Balcazar Jorge Peñaranda Muñoz Pedro Pérez León Norah Miranda Melgar Armandina Quenta de Mamani Claudia Alcázar Cuevas
Programa Urbano Alfredo Cahuaya Quispe Carlos Revilla Herrero Osvaldo Peñafiel Ortiz
VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales
Unitas
80
Susana Eróstegui Revilla Fany Cárdenas Usquiano Lilia León Vidal Shirley Salgueiro Marconi Eleodora Laura Barrón Wilfredo Pachagaya Gironda David Birbuet Díaz Iris Baptista Gutiérrez Roberto Mikihiro Gonzales Luciano Quispe Huanca Marco Balboa Chuquimia
Plataforma Boliviano Frente al Cambio Climático Teresa Hosse Sahonero Martín Vilela Peredo Sebastián Ochoa Martinez Mario Laura Huallpa Sarela Paz Patiño