PODRÍA ENRIQUE ALFARO COORDINAR LA CAMPAÑA DE XÓCHITL ASEGURA SAMUEL QUE EBRARD DIVIDIRÁ A MC

Un aspirante presidencial externo a Movimiento Ciudadano en el 2024 dividirá y causará peleas internas, advirtió ayer el gobernador Samuel García, ante la posibilidad de que el hasta ahora morenista Marcelo Ebrard busque la candidatura naranja.

Tras la convocatoria de MC emitida el viernes, que abre la puerta al registro, entre el 3 y 6 de noviembre, de aspirantes externos, como Ebrard, García reafirmó que analiza la posibilidad de buscar la candidatura presidencial de su partido, y que los líderes emecistas prefieren un “naranja nato”.

Abordado al concluir una gira por Allende, el gobernador dijo respetar al ex canciller, que perdió el proceso interno en Morena, pero señaló que no lo ve como abanderado de MC.

“No conozco que haya un acercamiento (del partido) con Ebrard”, señaló.

“Le tengo mucho respeto”, dijo, “pero el proceso de MC, por las llamadas que recibí ayer (viernes), quieren un naranja nato y tangible de origen, no un externo.

“Ayer recibí muchas llamadas pidiéndome que me animara”.

–¿De quienes?, se le preguntó.

“Todos los liderazgos”, expuso.

“No quiero quemar a la raza, pero sí podría darse una unidad en torno a un perfil naranja, como el mío, y podría haber división y peleas si se nombra a alguien que no es de nuestras filas”.

Durante el evento en Allende, la alcaldesa Patricia Salazar, ex priista afiliada ahora a MC, llamó a sus ciudadanos a imaginarse la ayuda que el gobernador podría dar a su municipio como presidente.

El viernes, al definirse las fechas de registro para los aspirantes, el di- rigente de MC, Dante Delgado, confirmó que podrán inscribirse personalidades externas y, a pregunta expresa, mencionó que uno de ellos podría ser Ebrard.

Fuentes enteradas de las negociaciones explicaron que la ausencia de Creel Miranda en la defensa de los alegatos de plagio contra Xóchitl sólo confirman que ha sido desplazado en los hechos. “Se fue de vacaciones”, insisten en el CEN del PAN, en donde aseguran que no lo calienta ni el sol.

García insistió que él definirá su posible participación en noviembre, después de la presentación de su segundo informe y de un nuevo viaje internacional que tiene programado del 13 al 23 de octubre por China y Japón.

“Ayer tuve muchas llamadas de liderazgos de MC apoyando: ‘regístrate’, etcétera”, afirmó, “pero yo he dicho que voy a esperar mi informe, cerrar el tema de El Cuchillo, tengo cambios militares el lunes, viene nuevo General de Zona, de Región, entonces, tengo que estar concentrado enteramente en esos temas”.

Y aunque el emecista respondió varias preguntas sobre el proceso de su partido, nuevamente evadió responder sobre los hechos violentos que se recrudecieron esta semana.

Cuando se le preguntó, además, por el llamado de cámaras empresariales a revisar la estrategia de seguridad contra el crimen, el mandatario dio por concluida la entrevista y se dirigió a su vehículo sin responder.

México tiene una deuda con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que aún no está saldada, y el compromiso del Estado es pagarla, dijo este viernes la abogada panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Aquí (en el caso Ayotzinapa) hay una deuda que todavía no está saldada y el compromiso de México es saldarla”, dijo la funcionaria internacional, quien también es relatora para México de la CIDH.

Para la abogada panameña, el caso de Ayotzinapa, que acaba de cumplir nueve años el 26 de septiembre, es paradigmático para la región, pues a raíz de él la CIDH creó nuevas fórmulas para coadyuvar con los Estados y trabajar con grupos de expertos para desarrollar un mecanismo de seguimiento cercano e impulsar la búsqueda de los estudiantes.

“Hoy hay un importante material preparado por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), evaluado también por la CoVAJ (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia), todas esas instituciones se han creado en la búsqueda de mejores respuestas”, dijo.

La experta consideró que el actual llamamiento del organismo es para “asegurar la justicia” en el caso y, para ello, las fiscalías especiales tienen que trabajar de una manera “especializada y comprometida” para aprovechar la información existente y llegar a la justicia.

“Sé que hay un número importante de personas detenidas, hay un número importante de documentación para trabajar”, reconoció.

“Hay cosas con las que se puede continuar una investigación, con el compromiso de que necesitándose otra información se pueda tener”, agregó.

Aseguró que, por ello, todas las instituciones tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos.

“Este es el mandato que tiene México para atender Ayotzinapa: encontrar a los chicos, justicia de ir encontrando a los responsables y que estos cumplan sus castigos”, apuntó.

Para la relatora de la CIDH, México ha avanzado en la identificación de las crisis en derechos humanos que se han vivido en los últimos años, especialmente con el caso Ayotzinapa y las desapariciones, que suman ya más de 110 mil en todo el país.

Y opinó que, ante este progreso, es un ejemplo a nivel regional.

“Hay una institucionalidad. Está el tema de las acciones de búsqueda, (la creación) de una comisión nacional (de búsqueda), el desarrollo de la fiscalías, pero ahí está, entonces siempre hay una necesidad de seguimiento, de rendición de cuentas, de monitoreo, cómo están funcionando, qué hace efectivo o no ese trabajo de la institucionalidad”, refirió.

Ante ello, dijo, la recomendación es que exista una “articulación institucional” para garantizar que todo lo creado funcione. “Esto es la necesidad de que cada institución tiene que asumir su responsabilidad, pero también compartir lo que le corresponde a la otra para facilitar a la otra institución las respuestas de manera articulada, coordinada”, dijo.

Recalcó que en la región, México tiene “un liderazgo” en la búsqueda de cómo proteger los derechos humanos, pues “siempre tiene esta apertura a la escucha”. “Eso es realmente un ejemplo y por eso pienso que México es un buen ejemplo para la región en esta materia, esta apertura al escrutinio internacional en la búsqueda del mejoramiento de sus respuestas”, indicó.

A pesar de que el gobierno federal tiene programado para 2024 18 mil 948 millones de pesos para atender el tema migratorio, poco más de 90% de esos recursos están etiquetados para labores de aseguramiento, contención y deportación y no de ayuda humanitaria o de asistencia.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que se prevé se apruebe por la mayoría oficialista sin cambios, considera apenas un gasto de 51 millones de pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a pesar de la crisis migratoria y la demanda creciente de solicitudes de asilo, que este año podrían llegar a las 150 mil.

En tanto, 17 mil millones son asignados al gasto de más de 31 mil elementos de la Guardia Nacional dedicados a la vigilancia de la frontera sur y norte y mil 897 millones de presupuesto para el Instituto Nacional de Migración (INM).

Así, los mayores recursos para el tema migratorio se destinan vía la Guardia Nacional (GN), que contará con 70 mil 767 millones 434 mil 577 pesos de presupuesto global, que representan casi 70% del presupuesto 2024 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta junio de este año, 31 mil 730 elementos de la Guardia Nacional, del total de 128 mil, están movilizados para labores de contención migratoria en las fronteras norte y sur, de acuerdo con su comandante, David Córdova Campos.

Es decir, casi la cuarta parte, 23%, de esa fuerza policial-militar está destinada a la detección, con lo que los recursos que el gobierno federal destinaría a la que se ha calificado por organismos de derechos humanos y activistas como la “Border Patrol Mexicana” serían de alrededor de 17 mil millones de pesos.

Ello, sin considerar a los elementos de las secretarías de Marina y Defensa, con personal y vehículos militares destinados a los ya permanentes operativos, retenes y redadas en la frontera norte y sur, así como en prácticamente toda la ruta migratoria para detener la oleada de centroamericanos, sudamericanos, caribeños y de otros países lo mismo en carreteras, estaciones de autobuses y en los cruces fronterizos.

En el proyecto de PEF 2024, que se discutirá en la Cámara de Diputados, se contemplan 51 millones 201 mil 931 pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es decir, un alza de 2 millones 862 mil 874 pesos, que equivalen a 5.5% más respecto a 2023, cuando se autorizaron 48 millones 339 mil 057 pesos.

Ello pese a la crisis de solicitudes de asilo y refugio que este año, de acuerdo con las autoridades de la Comar, podrían exceder las 150 mil, lo que rebasa a esa dependencia de la Secretaría de Gobernación en donde los migrantes tienen que esperar hasta 10 meses para ser atendidos y eso los obliga a cruzar el país sin documentos, expuestos a deportaciones y al crimen organizado al tener que transitar por rutas alternas, ferrocarriles y contratar como guías a coyotes.

Respecto al INM, en el presupuesto 2024 se establece un aumento de 128 millones 568 mil 908 pesos respecto a 2023, para quedar mil 897 millones 727 mil 910 pesos.

Sin embargo, activistas y expertos en el tema migratorio exponen que la mayor parte de los recursos que el gobierno federal asigna al INM no se destina a labores humanitarias, ni al mejoramiento de las estaciones de detención, alimentos de calidad, sino a operaciones de deportación. En el primer semestre de 2023 se gastaron en labores de deportación, como es la renta de autobuses y operativos para el traslado de los extranjeros a sus países de origen o la frontera sur, alrededor de 252 millones de pesos.

Eunice Rendón, de Agenda Migrante, dice que los presupuestos destinados a atender a este sector no han sido suficientes porque se han limitado mucho y no hay paridad para atender la crisis que se vive en ambas fronteras.

“La Comar está rebasada actualmente con escasos 40 millones de pesos anuales que no sirven de mucho para atender las más de 100 mil solicitudes de refugio que cada uno de los últimos cuatro años se tiene y que en lo que va de este 2023 ya van 90 solicitudes, por lo que se romperán récords en materia de flujos migratorios”, apunta.