Del campo a la ciudad y crisis ambiental

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Del campo a la ciudad y crisis ambiental [AndrésBarreda] [PatMooney] [O c t a v i o R o s a s L a n d a] [AntonioCastillo]

El Texto es una selección de artículos sobre la migración del campo a la ciudad y algunas notas acerca de la crisis ambiental, como contribución a una radiografía de los problemas ambientales en México. Digitalizado por René D. J. para la biblioteca virtual de Geopolítica | Teoría para la Acción. Copyleft, 2010.

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Índice de contenido I. Del campo a la ciudad...................................................................3 Exiliados en las ciudades ......................................................................5 Andrés Barreda Invasiones invisibles, subsidios perversos, guerra continua ........19 Andrés Barreda La erosión cultural ..............................................................................37 Pat Mooney II. Crisis ambiental...........................................................................48 Morelos: desastre e injusticia ambiental ..........................................50 Andrés Barreda y Octavio Rosas Landa Los incendios, coartada para la guerra ............................................56 Andrés Barreda Mentir y olvidar no ayuda a conservar Montes Azules ................72 Andrés Barreda Lo que se oculta tras la destrucción de la Selva Lacandona.........79 Antonio Castillo Anexo.....................................................................................................96 El Puebla-Panamá favorecerá a EU: experto .................................97 Javier Molina

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I. Del campo a la ciudad

L

os presentes son sólo algunos escritos sueltos que pretenden aportar elementos para el análisis del fenómeno migratorio del campo a la ciudad. Para

poder observarlo como un fenómeno propio del capitalismo y no sólo como una de sus consecuencias negativas. La migración en el capitalismo no se puede evitar como no se puede evitar la pobreza, el capitalismo las necesita para existir. Los escritos siguientes son testimonios de las consecuencias que el capitalismo con los fenómenos migratorios del campo a la ciudad.

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Exiliados en las ciudades Andrés Barreda

L

a guerra decretada por el neoliberalismo contra el campo

mexicano

tiene

como

efecto

una

descomunal migración a Estados Unidos y el

arribo de millones de campesinos a las ciudades de México.

Las ciudades grandes e intermedias se expanden y densifican sin ningún control.

Ambos flujos migratorios aceleran la puntual destrucción general de la vida comunitaria y la incautación de los más diversos derechos de los mexicanos, muy especialmente los territoriales y ambientales, en los lugares rurales y urbanos en que habitamos.

Debido a la creciente pobreza local y a la enorme necesidad

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yanqui de mano de obra extranjera, avanza la desbandada migratoria y si el gobierno estadunidense busca criminalizar este crecimiento es sobre todo para que no se dispare el alza salarial, ni ocurra de forma caótica e indiscriminada. De ahí que promueva el endurecimiento de las leyes de ingreso migratorio.

En contraparte, el flujo de millones de mexicanos, sobre todo a la Zona Metropolitana de la ciudad de México, ayuda también a atenuar la intensidad de los efectos de la devastación rural y el proceso general de migración hacia el norte, pero redunda directa o indirectamente en una intensa expansión demográfica en la corona de ciudades, pueblos y municipios que rodea la capital del país.

Tal proceso dispara la construcción al vapor de múltiples zonas dormitorio, nuevos áreas comerciales (de minitiendas de conveniencia a grandes centros comerciales o malls), gasolineras, hoteles, centros de convenciones, clubes de golf, 6

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nuevos pasos a desnivel, grandes avenidas, libramientos y supercarreteras estratégicas de alta especificación, presas hidroeléctricas abastecedoras de agua y electricidad, aeropuertos,

confinamientos

gigantescos

de

basura,

incineradores, basureros clandestinos de residuos tóxicos y cementeras.

Los descomunales centros comerciales transnacionales (impulsados por Wal-Mart, Sam's, Carrefour, Costco, McDonald's, Grupo Electra, y otros) que se multiplican como hongos, desmantelan el mediano y pequeño comercio (un caso monstruoso de este desmantelamiento provocó la represión en la zona de Texcoco y Atenco, que son parte de la llamada corona de ciudades).

Dichos centros comerciales suplantan paulatinamente y reorganizan todos los espacios barriales callejeros donde la gente se reunía a consumir en colectivo, llegando al punto de comenzar a funcionar como oficinas institucionales donde 7

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realizar pagos de facturas gubernamentales, etcétera.

Como se hizo evidente en un incendio acaecido en mayo de 2006 en la tienda Comercial Mexicana de Cuautla, la posibilidad de que ocurran siniestros en las grandes instalaciones comerciales introduce en los municipios riesgos que rebasan las infraestructuras de seguridad locales derivadas

de

los

presupuestos

de

los

pequeños

ayuntamientos del país.

En el norte de la ciudad de México encontramos la zona más agredida de esta corona. Prueba de ello son los aplastantes horizontes formados por decenas y decenas de monótonas unidades habitacionales vendidas por las empresas Geo, Ara, Sadasi, Homex-Beta, Came, que se acompañan de una desproporcionada extracción de aguas del subsuelo mediante pozos que ponen en entredicho la sustentabilidad de la región.

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Decenas de miles de nuevas micro casas habitación recluyen de manera inédita a los nuevos marginados urbanos al encerrarlos, fuera de las viejas ciudades, en espacios bardeados. No hay lugares colectivos, parques, escuelas, plazas públicas, ayudantías municipales, iglesias o mercados, pero proliferan tiendas Oxxo, antenas de telefonía celular y televisión, y cunde el narcomenudeo.

Son centros dormitorios construidos actualmente en todo el mundo (no sólo en México) con endeble material prefabricado, que maquillan como modernos programas de dotación de vivienda lo que en realidad es hacinamiento y confinamiento de población trabajadora, pero también desempleada. Son programas de captura de una parte de los fondos que actualmente entran al país como remesas y de parte de los fondos descomunales que captó el país en los últimos tres años, al elevarse los precios de petróleo.

Como efecto de tal desbordamiento urbano avanza caótica 9

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la deforestación de bosques y selvas, la pérdida de tierras fértiles, la sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, la contaminación de los ríos, la generación incontrolada de basureros y confinamientos químicos peligrosos crematorios

o

el que

emplazamiento también

de

rebasan

incineradores el

y

entendimiento

ambiental de las autoridades locales.

Este bestial proceso, con sus nuevos e impositivos usos de suelo margina, despoja o expulsa a los campesinos de sus tierras, bosques y aguas; a los nuevos urbanos se les embota con la falsa información de los medios masivos, y se degrada la calidad de vida de todos los espacios. No hay oportunidad de que nadie opine o decida en torno a la calidad de su propia vida, afectada por imposiciones, en aras de una supuesta única manera de impulsar desarrollo y progreso.

Morelos es una región muy rica en agua, pero las ciudades más importantes del estado se asentaron precisamente en la 10

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franja formada por cincuenta manantiales que alimentan a sus principales ríos. La evolución histórica de estos enclaves se expresa en una silueta urbana que deriva de que los pueblos originarios que formaron las nuevas ciudades se asentaron a la orilla de los ríos. En la silueta actual de las grandes ciudades morelenses, todavía se alcanza leer el antiguo recorrido del agua superficial y de los acuíferos.

Hoy, las ya de por sí grandes ciudades vecinas están en proceso de fundirse, por su crecimiento poblacional y por el acelerado arribo de nueva población, turismo, basura e inversiones procedentes del Distrito Federal.

Cuernavaca, Jiutepec, Tepoztlán, Ocotepec, Yautepec, Oaxtepec, Cocoyoc, Tlayacapan, Cuautla, Ayala y Yecapixtla velozmente amplían sus respectivas manchas urbanas en un proceso que sugiere el nacimiento de lo que en un descuido podría ser una nueva megaciudad, que como PueblaTlaxcala, quedaría fuertemente articulada a la Zona 11

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Metropolitana de la ciudad de México.

Tal urbanización es la forma en que se intenta resolver la crisis estructural del proyecto de industrialización que vive la región, convirtiendo la entidad en zona dormitorio de población de edad avanzada, que ya se retiró del trabajo, y en zona de servicios comerciales y turísticos, mucho lavado de dinero y rastros rotundos de economía criminal (compra venta

de

autos

robados,

secuestros,

narcotráfico,

prostitución), mientras se decreta la muerte de la producción agrícola.

Ejemplo trágico es Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec, que quieren convertir en cruce de caminos de varios proyectos carreteros engarzados con el gran anillo periférico externo a la ciudad de México que enlazaría Tlaxcala, Puebla, Cuautla, Alpuyeca, Toluca, Atlacomulco, Tula y Tulancingo, mediante dos inmensos arcos carreteros, al norte y al sur de la ciudad de México, incluidos en el programa federal de 12

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enlace Gran Visión.

Se pretende que Alpuyeca albergue un nuevo centro de convenciones, nuevas casetas de cobro de la Autopista del Sol y, sobre terrenos ejidales, al menos 10 mil nuevas casas Ara y Geo cuyos drenajes van directo a los ríos. Esto se superpone

a

viejos

asentamientos

de

cementeras,

confinamientos clandestinos de tóxicos (uno de ellos en estado de urgencia ambiental no reconocida por las autoridades) y basureros (existe ahí el principal depósito de basura a cielo abierto de todo Morelos, que recibe 8 mil toneladas de basura por semana e incluso desechos del Estado de México y el Distrito Federal).

En virtud a la desesperada movilización de los habitantes de Alpuyeca en el mes de abril de 2006, el gobierno estatal se comprometió a cerrar el basurero y a tratar adecuadamente la basura que quede en el confinamiento. No queda claro que vaya a cumplir. Los pobladores de Alpuyeca han 13

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decidido no dejarse.

Andrés Barreda precisa datos de su artículo

Señora directora: Aclaro ideas expresadas por mí en una colaboración a su diario (25 de mayo de 2000), debido a la forma en que fueron refutadas por la Conabio dos días después.

Afirmé que el mapa de supuestos incendios en Montes Azules que presenta esta institución en Internet "resulta engañoso porque muestra los puntos de calor acumulados desde marzo hasta el día de hoy".

El mapa introductorio de esta página electrónica no ofrece una imagen desglosada de lo que sucede ahora, ni en las semanas en que se denuncian incendios por ecologistas. Sino una sumatoria de puntos de calor, sospechosa por alarmista, 14

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que no fue explicada por quienes la emplean para exigir la expulsión de indígenas.

Manifesté además asombro al descubrir que esta página, al distinguir puntos de calor diurnos de nocturnos, reporta muchos menos puntos, y que en las imágenes de mayo --momento álgido del alegato contra los indígenas acusados de "invasores"-- no se observa ningún incendio en Montes Azules.

El señor Soberón dice "que los datos (de esta página electrónica) permiten examinar cualquier región del país, para cualquier día o acumular los periodos de interés, a diferencia de lo que el señor Barreda implica".

Con ello refuta mis críticas apelando a mi propio llamado a distinguir la información agregada y desglosada por día, sin añadir nada e intentado hacer creer a quienes no siguen la

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discusión que se me hace ver justo lo que yo reprocho. La mentira de esta crítica se delata cuando --aludiendo a nubes de mayo que en las imágenes de satélite no dejan ver incendios-- se concede que yo hablé de la necesidad de consultar estas páginas viendo los últimos días o semanas.

Conabio olvida que Semarnap intentó demostrar la presencia de incendios con su página electrónica, para la cual ahora se admite pudo no haber reportado nada en mayo por la presencia de nubes en la región.

Expreso mi asombro por su respuesta: ¿ya es prueba de un delito una fotografía en la que no aparece ningún crimen?

Pensaba que las instituciones y ecologistas olvidaban la historia de las últimas décadas de la región.

Pero me deja sin habla ver cómo Conabio olvida lo que se dice entre un comunicado y otro, o lo que ella misma dice

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entre un párrafo y otro.

Atentamente Andrés Barreda JUEVES 25 DE MAYO DE 2000

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Invasiones invisibles, subsidios perversos, guerra continua Andrés Barreda

L

as comunidades indígenas de México viven hace años una presión enorme contra su vida colectiva.

Ocurre en todos los planos: económico, social,

político y cultural. Es un alud de agresiones. Algunas son deliberadas y otras son parte de una situación caótica que al enredarse acelera el proceso de destrucción de la vía campesina.

Uno de sus efectos planeados es la expulsión masiva que en el norte, el centro y el sur vacía regiones completas. La coordinadora empresarial más importante del país, en Monterrey, afirma que el campo debe vaciarse. De los 23-25 millones de campesinos que había hace unos trece años, lo 19

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ideal es que queden dos-tres millones. Santiago Levy, diseñador de Solidaridad y del Plan Puebla-Panamá, insiste en que los campesinos salgan del campo, se concentren en las urbes o en los medios rurales donde existan grandes proyectos de agroexportación que quedarían en manos de aquellos capitales que sí tienen las condiciones de concentrar grandes propiedades de tierra y nuevas condiciones tecnológicas, para emprender proyectos de producción agroforestal de exportación, hacer grandes usos de agua y recursos, de pesticidas y agroquímicos, y de los mercados que darían empleo a algunos de los habitantes rurales.

Imaginaban un país de maquiladoras que compitieran, con los tigres asiáticos, por el bajo precio de la mano de obra conglomerada en algunos centros y corredores para inundar de mercancías competitivas Estados Unidos y los mercados asiáticos. Se toparon con una recesión brutal en Estados Unidos --algo no planeado--, y con un auge de la super explotación en China que volvió prácticamente imposible 20

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competir con las maquiladoras asiáticas.

Sin embargo, el flujo de 30 millones de mexicanos a Estados Unidos le resulta funcional al capitalismo porque migrar ilegalmente los somete a salarios más bajos con lo que, en cascada, se abate el salario de los trabajadores migratorios legales, el de todos los mexicanos, los latinos, los negros y finalmente los obreros blancos.

Eso tiene un límite. Estos descontrolados flujos generan muchos conflictos políticos y muertes. El manejo criminal de la migración, ejercido por grandes mafias que salen del control nacional --como la Mara de la Calle 18 de Guatemala o la Mara Salvatrucha-- va de Tapachula a Ciudad Juárez y alcanza todas las fronteras nacionales, porque los millones de mexicanos que migran son también el canal más natural para que pasen millones de centroamericanos.

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Hay grandes capitales que se fortalecen con los flujos de migrantes. No sólo los polleros o los traficantes de blancas, de niños, de órganos, de drogas o armas. Telmex saca una millonada por mover uno de los flujos telefónicos más importantes del planeta. Elektra y otros bancos se hinchan con la tasa del 10 al 15 por ciento sobre el enorme tráfico de dinero procedente de la migración.

Los programas diseñados por el gobierno federal están destinados a destruir la vía campesina. Primero dejaron de apoyar los procesos productivos, los estrangularon. El apoyo se destinó a salud, educación y alimentación, tan sólo parches. Programas como Progresa, de Salinas y Zedillo, y Oportunidades, de Fox, son dolosos. Promueven alimentos que nada tienen que ver con la cultura y la vida campesina.

Buscan que el campesino se desacomode del medio rural y dependa más del medio urbano. Los programas de salud van ligados al control de la natalidad. Dar dinero para que los niños del medio rural lleguen a secundaria busca que el 22

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campesino deje de serlo, que sólo tenga los ojos puestos en su posible migración a las ciudades o al Norte. Ese es el programa educativo.

Para rematar, la asignación de los recursos no se entrega a las comunidades o a las asambleas comunitarias. Se asigna en lo individual a las personas, genera disputas y desencuentros, propicia la disolución de la vida comunitaria. Quienes administran este dolo orgánico son ex funcionarios del Banco Mundial, convencidos neoliberales de que eso es modernizar México e insertarlo en la globalidad.

El proceso de destrucción del medio ambiente y del ámbito duro de las comunidades indígenas mexicanas comenzó cuando Estados Unidos decidió concentrar toda su producción de carne en el sureste de México y en toda Centroamérica. Las selvas tropicales se convirtieron en áreas de expansión de la ganadería, por su alto potencial de 23

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agostadero. También llegaron los petroleros a hacer prospección. Esa destrucción se complicó con el desarrollo demográfico de las comunidades, que volvió inviable sus esquemas tradicionales de producción de tumba-rozaquema.

Evidentemente, el caos ambiental generado requería de conservación. Pero el gobierno mexicano, al intercambiar su deuda financiera internacional por naturaleza, dio entrada a las grandes transnacionales del ambientalismo en la administración de las áreas naturales protegidas de México.

Son grandes instituciones, con fondos de empresas transnacionales y del usaid, abanderadas del manejo de la biodiversidad como bien privado.

La compleja destrucción ambiental no fue planeada. Resultó de la forma salvaje en que operó la acumulación de capital en la región. Ahora el capital dice tener planes de conservación y sustentabilidad pero en otra lógica, que 24

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tampoco fue planeada. Se la impone la propia revolución tecnológica. La ingeniería genética lo lleva a convertir las áreas de alta biodiversidad en bancos de recursos genéticos, porque son materia prima de una nueva tecnología que se posiciona velozmente en todas las áreas de punta de la innovación. No son sólo la farmacéutica o la producción de alimentos sino tecnologías duras como la microelectrónica, en convergencia con tecnologías más sofisticadas como la nanotecnología.

Por estos motivos, los bancos genéticos son un recurso clave que convierte los territorios indígenas en lugares de saqueo de variedades de plantas medicinales, bacterias, hongos, animales, y de los saberes tradicionales, milenarios, de las comunidades.

Así, la tendencia conservacionista frente a un desastre ambiental tan grande entró ciegamente en la dinámica capitalista de controlar recursos que --en esta nueva mirada 25

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tecnológica-- resultan más estratégicos que lo que fue el petróleo.

Se sumó otro problema no planeado: el agotamiento del agua, de su acceso.

El agua siempre fue estratégica. Pero era tan abundante que un vaso de agua no se le negaba a nadie. Ahora se vende más caro un litro de agua que uno de gasolina. En otros países se privatizan ríos y en México se busca controlar y privatizar el agua --no sólo los servicios urbanos de abastecimiento de agua potable y manejo de aguas negras. Hoy en los ríos se establecen consejos de cuenca bajo un nuevo marco legal que permite que las dominen grupos empresariales.

Se cambia la Constitución para que los constructores de presas hidroeléctricas se vuelvan operadores de esos volúmenes. Se diseñan programas de desarrollo de un

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mercado de bonos por captura de bióxido de carbono y agua para los bosques-esponja donde mejor se genera el recurso.

Estos cambios hacen que todos los recursos boscosos, tropicales o fríos, adquieran importancia geopolítica en referencia simultánea a biodiversidad y agua: éstas son la riqueza de las comunidades que (mediante sus saberes tradicionales, culturales) han cuidado, domesticado y recreado esos bosques a lo largo de miles de años en México. Se forma así un denso atole de intereses económicos

y

geopolíticos

que

las

organizaciones

ambientalistas intentan administrar, ingenuamente o con todo dolo, para los intereses de la acumulación de capital.

Entonces, a los campesinos --sobre todo a las comunidades indígenas que cuidan estas áreas naturales-- se les acusa de ser la principal amenaza porque crecen demográficamente; se dice que son plagas que inundan los espacios ecológicos, ignorantes que no tiene conocimiento ni cuidado, que deben 27

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ser expulsados de las regiones mientras, curiosamente, se olvidan

los

procesos

de

capitalismo

salvaje

que

verdaderamente acabaron o siguen depredando el ambiente.

Nada o poco se dice de los traficantes de madera que deforestaron y aún destruyen lo poco que queda; nada de los ganaderos estadunidenses que promovieron la exportación de ganado en pie y la destrucción de las selvas, nada de los petroleros que las talaron, de la minería que deforesta los bosques de la Sierra Madre. Y nada de la nueva oleada de construcción de represas que hoy amenazan más tierras fértiles y ecosistemas. A la gente se le reprocha. Se exige su expulsión. Al capital se le admira como fuente de "progreso" o, con la cola entre las patas, se le solicita ayuda financiera.

En la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora y Sinaloa, la explotación minera es fuerte.

Deforesta y expropia tierras. Su lógica corre hacia Guerrero y Oaxaca y comienza a entrar en Chiapas. En Oaxaca los 28

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recursos mineros generan agresiones a las comunidades.

La masacre de Aguafría cerca de Teojomulco, en Textitlán, hace dos años, ocurrió en una región donde existen cuatrocientos millones de toneladas de hierro. El Grupo Acerero del Norte y empresas extranjeras pretenden montar un megaproyecto para sacarlo al Istmo de Tehuantepec. En otras áreas, el conflicto es por el manganeso. En México no hay mucho, pero Estados Unidos no tiene este mineral y lo importa en 100 por ciento: su principal abastecedor es México. No hay mucho, pero apoderarse del que hay suma más mierda a la que ya llueve en las comunidades.

El petróleo siempre es un problema. No hay mucho en la Selva Lacandona --si lo comparamos con el de Tabasco, con el gas de la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, o con los gigantescos yacimientos de petróleo y gas del Golfo de México-- pero es suficiente para deforestar, para que se asienten ahí intereses petroleros medianos o pequeños que 29

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destruyen y desplazan a la gente.

La presión por el gas y el petróleo del Golfo se extiende a Veracruz. Ahí está Chicontepec, en la Huasteca, la reactivación de proyectos medianos o pequeños que tienen de cabeza a las comunidades de la región, los proyectos del centro de Veracruz, no muy lejos del puerto, que generan conflictos. Pemex tiene un departamento dedicado a la atención de conflictos con comunidades, para negociar y tranquilizarlas, porque sigue en muchas regiones la prospección, las explosiones en el suelo y la destrucción de viviendas, lo que trastoca la vida regional. Lo que haga en el mar afectará a todos los pescadores del Golfo de México. Ya ocurrió en Tabasco: las aguas se contaminaron con sustancias petroquímicas que abatieron la pesca.

Pese a la conocida corrupción nacional de Pemex, lo curioso es que presenten este saqueo como un interés por el desarrollo de las comunidades, por la conservación de medio 30

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ambiente, biodiversidad y agua.

Sin hacer una crítica real de esta dinámica expropiadora de recursos, los nuevos gestores del medio ambiente montan la historia del pago por servicios ambientales, que sería la tercera generación de subsidios rurales.

El subsidio a la producción fue sustituido por subsidios a la reproducción de las personas (Progresa y Oportunidades).

Ahora, la tercera generación de subsidios se dirige a la reproducción del medio ambiente: el pago por servicios ambientales. "Tú tienes un bosque con una capacidad de captura de bióxido de carbono, te pagamos $300 pesos por hectárea. Si el bosque tiene capacidad de captura de agua, te pagamos $400 pesos por hectárea".

Parece un nuevo tipo de apoyo a la vida campesina, pero el recibirlo implica un contrato que las comunidades firman

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con el Estado, comprometiéndose a no tocar sus bosques.

En Sudamérica estos contratos ya cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Hoy, cuando la comunidad no responde cabalmente, no recibe pago alguno. Pero se perfila que si la comunidad quiebra un contrato, quienes adquirieron bonos por servicios ambientales en el mercado internacional pueden expropiar sus tierras.

Los subsidios a la producción fomentaban la vinculación de la comunidad con la naturaleza, por la propiedad ejidal o comunitaria de la tierra. Con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, y al quitar este subsidio para otorgarlo sólo a la reproducción, se apuntaló la proletarización de la mano de obra campesina o la escisión del sujeto de sus condiciones naturales de existencia. "Te apoyo para que te reproduzcas pero no fortalezco tu vinculación con la tierra. Sobrevive, mientras te organizo la vida para que emigres como mano de obra desplazada y precarizada."

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Si esta segunda generación de subsidios rurales fue para descampesinizar, pareciera que la tercera es para apropiarse de una parte crucial del objeto privatizando bosques y aguas.

Aunque los subsidios que aplica la Comisión Nacional Forestal (Conafor) parezcan un programa inocuo, su lógica es perversa vista de conjunto y a largo plazo.

El primer problema es llamarle servicios ambientales a infinidad de cosas que ya se hacían y a lo que nunca se había hecho.

Van años que hay comunidades que viven de proyectos turísticos porque tienen un manantial y ponen un balneario: ecoturismo, una actividad completamente legítima, que hoy llaman servicio ambiental. Hay acuerdos en que una comunidad con agua, por cuidar su bosque, le pide a las demás comunidades que le apoyen con una especie de pago intercomunitario

no

mercantil.

Un

reconocimiento

intercomunitario solidario. Hoy, al llamarle pago por servicios ambientales lo confunden con otros esquemas de privatización del agua, encaminados a su monopolio.

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Además de confundir entre lo que era inocuo y favorable a la vida comunitaria, y lo que intenta privatizar sus recursos, le llaman servicio ambiental a las actividades de biopiratería, porque las disfrazan de ecoturismo: que lleguen a las comunidades investigadores extranjeros y tomen variedades y saberes, se los lleven y los patenten.

Con ese uso tan laxo le pueden llamar servicio ambiental a cualquier cosa, tornando muy problemática su crítica. La agresión se envuelve muy bien, se acoraza y autolegitima en la confusión, y en el camino privatiza la biodiversidad y el agua.

Esta confusión ideológica inunda la cabeza de quienes llevan décadas peleando por los campesinos y ahora hay quien cree que los servicios ambientales, sin más, podrían ser una solución y un apoyo a la vía campesina, sin mirar la película completa.

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La apuesta histórica de las comunidades por producir madera o café, las puso a merced de los grandes mercados, con sus auges y crisis de producción y sobreproducción. Y fue la ruina de las comunidades cuando las transnacionales inundaron

de

café

los

mercados

internacionales,

deprimieron su precio y quebraron a todos los cafetaleros de México, Centroamérica, Colombia y Brasil. Algo parecido pasa con la madera, cuando favorecida por los mercados nacionales lleva a que las comunidades agoten la capacidad de sus bosques, hasta volverlos inviables.

Siguiendo la lógica ciega e implacable de estos mercados hubo comunidades que renunciaron paulatinamente a cultivar maíz, perdiendo sus semillas originales y sus antiguos ecosistemas de producción doméstica diversificada, compleja y enfocada a la subsistencia --y ya no tienen para dónde hacerse.

Entretanto, la contaminación con maíz transgénico fue 35

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dolosamente introducida por empresarios dedicados al consumo masivo de maíz, o para producir maltas industriales, y fue abiertamente alentada por el secretario de Agricultura. Siguiendo los vientos, la polinización y la introducción sospechosa a través de los centros de distribución de Diconsa, ese maíz se regó por el campo mexicano generando problemas que no sabemos dónde van a parar.

Por todos lados, las comunidades viven una guerra que les declaró el capital. Parece que no tendrá fin hasta que los campesinos terminen concentrados en las ciudades en calidad de proletarios o muertos, o hasta que ocurra una enérgica sublevación de los pueblos.

JUEVES 21 JUNIO 2001

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La erosión cultural Pat Mooney

Una encrucijada planetaria

P

odemos resumir el problema central que enfrenta la humanidad con una palabra: erosión --una ecológica

y

cultural--

que

deviene

de

la

transformación tecnológica (no sólo de la biotecnología o la informática, también de la neurociencia o la nanotecnología, entre otras) y de la concentración (corporativa y de clase).

Conforme

se

erosionan los sistemas que sustentan la vida del planeta (las especies, los suelos, la atmósfera, el

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agua) el saber indígena que entiende estos sistemas de vida es también destruido. Mientras tanto, se nos dice que la ingeniería genética y la nanotecnología entran al rescate, que manipularán el ambiente y asegurarán nuestra supervivencia.

Pero este conocimiento tecnológico podrá rescatarnos, se nos dice, sólo si le otorgamos a las corporaciones multinacionales el control monopólico mediante las patentes que les permitan desarrollar las "tecnologías necesarias".

La privatización --o la patente-- del saber indígena a anos de las corporaciones globales conlleva el peligro de impedir que las comunidades utilicen su saber, además de poderles negar los beneficios que por derecho les corresponden por el uso de su tecnología a nivel mundial. La grave amenaza de erosión de las culturas de los pueblos indígenas a manos de las políticas y las presiones de los gobiernos y las corporaciones no sólo afecta a los innovadores indígenas, sino a todos nosotros.

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Un tercio de la masa terrestre de América Latina ya no aloja pueblos que hablen una lengua indígena. Esto significa que ha desaparecido esa ciencia y esa información eco-sensible de cómo cuidar dicha área. El mundo ya no sabe cómo cultivar y velar por esas tierras. Los secretos farmacéuticos y alimentarios contenidos en la flora, la fauna y el firmamento de esas tierras está perdido y quizá nunca lo recobremos. En el siglo xx las lenguas del mundo disminuyeron de 10 mil a 6 mil. La mitad de los lenguajes restantes no se enseñan a los niños, de tal suerte que pueden perderse en una generación.

Lo que estamos perdiendo es conocimiento crucial para la supervivencia de los pobres y para el mantenimiento del planeta. Esto no es algo curioso ni frívolo. Nuestra generación es la primera en la historia del mundo que perderá más saber que el que construye. La erosión de las culturas es una amenaza mayor que la biopiratería, pero va asociada a ésta.

Los gigantes genéticos 39

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H

oy, media docena de empresas globales domina las tecnologías de biomateriales o relacionadas con la vida. En los últimos 25 años los

fabricantes globales de pesticidas se tragaron a las compañías de semillas enfocadas al uso familiar más tradicional. Estas enormes empresas de plaguicidas fueron devoradas a su vez por la elefantiásica industria farmacéutica que engulló también a las empresas de medicina veterinaria. Hoy la biotecnología agrícola está en manos de un puñado de mega empresas que actúan en esos cuatro rubros (semillas, agroquímicos, farmacéutica y veterinaria): Syngenta (fusión de Novartis y AstraZeneca), Pharmacia (fusión de Monsanto, Pharmacia & Upjohn), DuPont, y Advanta (fusión de Hoeschst y Rhone-Poulenc). Si miramos el espectro

completo

de

corporaciones

internacionales

involucradas en el manejo de la vida, encontraremos que las diez más grandes son en gran medida las mismas compañías vistas en diferentes segmentos de su quehacer industrial.

Incluso las fusiones industriales importantes de hoy podrían 40

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poner en manos de una media docena de firmas toda la industria relacionada con biomateriales (incluidas aquellas que dependen de procesos biológicos). Anticipamos que todas las compañías vinculadas a la salud y la alimentación se fusionarán por completo en integraciones verticales y horizontales y que finalmente serán dominadas por grandes instituciones financieras, tales como las aseguradoras.

Las nuevas tecnologías --las nanotecnologías, que desplazan el proceso manufacturero hasta los niveles de las estructuras genéticas o moleculares-- traerán consigo profundos cambios en el control de la economía mundial en el lapso de diez años.

Las cien compañías más importantes del mundo controlan cerca del 80 por ciento de la productividad industrial. Las corporaciones globales controlan 90 por ciento de la 41

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propiedad intelectual de alta tecnología. El 70 por ciento de las tecnologías patentadas están hoy controladas al interior de la matriz y sus subsidiarias.

La biotecnología y la nanotecnología fusionarán compañías que controlarán las tecnologías necesarias para manipular la materia viva y toda la materia. Es difícil imaginar un control más total que éste.

Las alternativas visibles

D

ebemos trabajar, por ejemplo, en hacer que el sector público internacional rinda más cuentas. En contra de su voluntad están en peligro de

convertirse, o ya son, caballos de Troya que trabajan a favor del gobierno de Estados Unidos o las corporaciones estadunidenses. El CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo), aquí en México, corre el riesgo de adoptar políticas relacionadas a la propiedad 42

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intelectual que de facto replican las leyes de patente de los países industrializados y que imponen tales leyes en países que tienen el derecho soberano --el derecho humano-- de rechazarlas.

De ser necesario, habremos de llevar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la ciencia pública internacional para garantizar que su trabajo se mantenga en el dominio público y que rinda cuentas a los pobres a los que debería servir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus protecciones relacionadas nos brindan la oportunidad legal de luchar contra el monopolio corporativo

y

proteger

el

interés

público.

El punto de la privatización y el control de la vida debe ser debatido al más alto nivel de legalidad. Los gobiernos del Sur y las agencias de Naciones Unidas como la FAO, deben buscar la opinión admonitoria de la Corte Internacional de Justicia de modo que clarifiquen algunos aspectos que giran en torno a la patente de la vida y la piratería del saber indígena.

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Más allá de la complejidad de los procesos legales, el debate político sobre la propiedad, el control y la seguridad deben ser parte de la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Necesitamos una sesión especial que aborde los puntos de Sociedad, Ciencia e Innovación para confrontar a las corporaciones en cuanto al control de las tecnologías y los mercados.

La resistencia

E

xisten algunas victorias recientes, y puede haber más. Los centros de megadiversidad como México y Los Andes, son, por supuesto, centros de

biopiratería. Pero la resistencia mexicana y andina está inspirándonos al resto. Cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó la patente de una cadena celular --el arreglo genético completo-- de una mujer guaymí de Panamá, los guaymí volaron a la sede del GATT en Ginebra, confrontaron a los Estados Unidos y forzaron a su gobierno a revertir la patente. Cuando la Universidad de Colorado 44

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patentó el futuro de las 54 variantes de la quina de Los Andes, los agricultores de quina volaron a Nueva York y plantearon el punto en la Asamblea General de Naciones Unidas. La Universidad reculó. Cuando un científico estadunidense patentó la ayahuasca --una planta sagrada para muchos pueblos de la Amazonia--, la gente lo llevó a corte y forzó a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos a repudiar esta patente. Los campesinos mexicanos están a punto de derrotar a la compañía estadunidense que reclama la patente del frijol canario.

Los pueblos de Chiapas prevalecerán contra los biopiratas.

Puede llevar tiempo --y es seguro que tendrán que luchar sin el apoyo del gobierno mexicano, que parece temeroso de defender la soberanía, pero ganarán. En todos los casos, son las propias organizaciones indígenas y sociales las que se han movilizado. Soy optimista, sé que esto es un defecto genético. Monsanto ya me ofreció una terapia genética, pero continuaré creyendo en que por más negro y alarmante que

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parezca el presente, construiremos un futuro brillante.

Entrevista: Andrés Barreda y Ramón Vera Herrera

P

at

Mooney

es

director

de

la

Fundación

Internacional para el Progreso Rural (RAFI por sus siglas en inglés,) una organización que está en la

línea frontal en la lucha contra la expansión de transgénicos en el mundo y contra la patente de cualquier forma de vida o de cualquier parte del proceso biológico en el mundo.

Recibió el Right Livelihood Award (llamado Premio Nobel Alternativo) en 1985.

46

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47

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II. Crisis ambiental

L

os siguientes textos han sido recopilados de una serie de artículos periodísticos aparecidos en el periódico La Jornada, el objetivo al presentarlos

aquí es brindar una porción de radiografía parcial de los problemas ambientales en México.

48

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49

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Morelos: desastre e injusticia ambiental Andrés Barreda y Octavio Rosas Landa

E

n Morelos está a punto de estallar un grave conflicto social por el basurero de Alpuyeca, pero existen ahí más de 40 problemas igualmente fuertes

que, aunque latentes, están al límite, por ejemplo: el acuífero de

Cuautla

(por

la

gasolinera

Milenium

3000),

el

desbordamiento del río Apatlaco, en Temixco, la sequía del manantial Chihuahuita (por una cementera que afecta a varios pueblos, como Xoxocotla) o la sequía del río Amatzinac (que mata de sed a varios poblados del oriente, desde Zacualpan hasta Jantetelco). ¿Por qué tantos conflictos y descontento en Morelos?

Porque hay una destrucción ambiental sin precedentes que acaba con los manantiales, acuíferos y ríos, con la calidad del agua, de la tierra y del aire, resultado de un proceso de 50

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expansión urbana que raya en lo salvaje y fruto de dos hechos decisivos: la destrucción del campo que genera un flujo migratorio campesino a las zonas más pobres de las ciudades y la aplicación puntual de una brutal política -nacional y estatal- de urbanización que incluye:

La proliferación de unidades habitacionales (efímeras casas prefabricadas marca Geo, Ara, Sadasi, Homex-Beta o CAME), construidas para desplazar a millones de personas a la corona de ciudades, pueblos y municipios que rodean a la ciudad de México.

La multiplicación de tiendas de conveniencia (Oxxo, 7Eleven, Waldo's) al interior de las unidades habitacionales, y de grandes centros comerciales (Wal-Mart, Costco, Sam's Club)

que

matemáticamente

aniquilan

cualquier

manifestación del micro, pequeño y mediano comercio (ambulantes, abarroteras, licorerías, misceláneas, papelerías, etcétera).

51

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La construcción de nuevas vías de comunicación entre los pueblos y ciudades o al interior de las megaurbes, que facilitan el acceso de la población motorizada al creciente número de centros comerciales, aeropuertos, centros de convenciones y servicios, hoteles o balnearios. Son las autopistas de alta especificación, los libramientos carreteros, pasos a desnivel y segundos pisos, que arrasan con los recursos vitales de la población y llevan al límite la capacidad local de sostener un crecimiento desorbitado.

La propagación de gasolineras y gaseras sobre las arterias de alta circulación que violentan, durante su instalación, reglamentos y normas de elemental convivencia urbana, incluso en los barrios y colonias que desde siempre han mantenido uso de suelo habitacional.

El aumento de basureros cada vez más tóxicos por la introducción de basura generada por las nuevas cadenas comerciales del TLCAN: millones de empaques de plástico y 52

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ríos de sustancias químicas para aseo personal, de la casa y el automóvil y que trasmutan en lixiviados que escurren a las barrancas y los ríos o se filtran a los acuíferos.

Los rasgos unificados de este proceso general son: el acaparamiento

y

la

especulación

inmobiliarios,

la

centralización extrema del comercio, los cambios del uso de suelo, la expedición fraudulenta de manifestaciones de impacto ambiental, licencias de construcción y operación, la corrupción de autoridades administrativas y judiciales, el uso de la fuerza para golpear comerciantes y ciudadanos agraviados y descontentos y, finalmente, la destrucción ambiental del agua, la tierra y el aire.

Pero, ¿quién saca raja de este caos por la urbanización salvaje? Muy pocos. Corporación Geo, cuyo presidente, Luis Orvañanos, pasó del lugar 29 al 15 entre los cien empresarios más ricos e influyentes del país, (Expansión, mayo

de

2006);

también 53

los

flamantes

magnates

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inmobiliarios Bribiesca Sahagún, Montiel y -según algunoshasta un prominente obispo de la zona de Ecatepec.

También los dueños de FEMSA-Coca Cola (terceros en la lista de Expansión), gracias al crecimiento exponencial de sus tiendas

de

conveniencia

(denominadas

popularmente

"tiendas Foxxo"), de las que en 2001 había cerca de mil, y ahora suman casi 5 mil en todo el país, y a las concesiones de agua recibidas (como industria refresquera) en zonas como El Texcal, en la zona metropolitana de Cuernavaca.

Las grandes constructoras de carreteras e infraestructura, como ICA (Bernardo Quintana) o IDEAL (Carlos Slim) y la mafia gasolinera y su numeroso ejército de prestanombres.

Asimismo, las cabezas de las nuevas mafias privatizadoras del agua y la basura, como Javier Bolaños (ex director de la CEAMA de Morelos), dedicado a premiar la actuación de las trasnacionales Vivendi y Suez en los organismos operadores municipales de agua en México, o Adrián Rivera (ex presidente municipal de Cuernavaca), que obtiene millones con la operación del basurero de Alpuyeca.

54

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Estos

ganones

son

los

políticos

emprendedores

(entrepreneurs) del PAN y El Yunque que se han organizado como gobernadores, presidentes municipales, funcionarios de gobierno, diputados, jueces, magistrados y senadores, o bien como empresarios amigos de los gobernantes (Diego Zavala, los Bribiesca Sahagún, Rafael Anguiano, etcétera). Se trata de políticos-empresarios o políticos coaligados íntimamente al empresariado.

En Morelos no se habían observado jamás -como en estos seis años- tasas de crecimiento tan obscenas y masas tan gigantescas de capital acumulado. Por ello, sí importa, y mucho, detener el 2 de julio este asalto empresarial sobre el territorio y los recursos de los pueblos de Morelos (y de México), pero sobre todo, importa detenerlos después de las elecciones.

Sábado 30 de abril de 2005

55

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Los incendios, coartada para la guerra Andrés Barreda, especial para La Jornada

U

na Comisión Interinstitucional (formada por la SRA, la Profepa y el gobierno de Chiapas), un Comité Interinstitucional para la Vigilancia

Forestal (integrado, además de la Profepa y la Semarnap, por la Sedena, la PGR, la PFC, la PJE, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación), la Semarnap, la Profepa, la Secretaría de Gobernación, un grupo de 8 organizaciones ecologistas, la World Wildlife Foundation (WWF) y la PFP, además de varios periodistas, han orquestado durante los últimos meses una campaña de declaraciones contradictorias, y en varias ocasiones falsas, en torno de la crisis de incendios que supuestamente se vive hoy en la región de Montes Azules.

Estos organismos e instituciones han convertido la actual 56

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oleada nacional en la oportunidad para crear la imagen dolosa de los habitantes de la selva Lacandona como personas afanadas en talar, incendiar y devastar los bosques al momento de preparar sus tierras para el cultivo.

Sin embargo, un dato importante no encaja dentro de esta coartada. Cualquiera que consulte en internet la página del satélite

de

observación

GOES

(http://www.cira.colostate.edu/RAMM/Rmsdsol/MXFIRE.html) puede observar cómo los actuales incendios en el sureste de México ocurren este año fuera de la región del conflicto, incluida la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA). Por lo que resultan completamente falsas las declaraciones públicas de la organización ambientalista estadunidense WWF, así como la respuesta a éstas que hiciera Wilfrido Robledo (La Jornada, 30 de abril de 2000), anunciando la próxima entrada de la PFP a los Montes Azules.

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Frente a estas mentiras quedan las ambiguas declaraciones de la secretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias, que si bien desmiente a Wilfrido Robledo en el sentido de que la Semarnap no solicitó nunca la entrada de la PFP a dicha reserva, sí apoya las declaraciones de la WWF al considerar a las familias indígenas que habitan la región como el principal factor destructor de su riqueza forestal. Por lo que "si [las comunidades] no aceptan una negociación concertada -amenaza Carabias- se aplicará la ley" (La Jornada, 4 de mayo de 2000).

La secretaria del Medio Ambiente se lamenta de las pocas fuerzas humanas y escasos recursos monetarios de la dependencia para apagar estos incendios invisibles (300 brigadistas, 15 jefes de brigadas de la Sedena y dos helicópteros), pero no piensa en estas familias campesinas como las primeras interesadas en que tales incendios no ocurran, y menos las imagina como un cuerpo de bomberos, en caso de que sucedan tales siniestros. Extraño, entonces, 58

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que a la secretaria del Medio Ambiente ya no le preocupe la defensa de estas comunidades, entre otras cosas creadoras y guardianas de la biodiversidad, tanto de sus riquezas genéticas como de los saberes tradicionales.

II

Q

uienes hoy se envuelven con la bandera verde de la salvación de Montes Azules olvidan la manera irresponsable con que esta reserva ha sido

permanentemente administrada durante los últimos treinta años.

En primer lugar, la manera en que el decreto de protección de la Reserva Forestal Lacandona en 1972 y el de la RIBMA en 1978 respondieron en su momento a una política de dotación de tierras que sobre todo se preocupó por impedir el acceso de los flujos migratorios indígenas hacia las regiones ricas en maderas preciosas. En función de ello se

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decretó una estrafalaria dotación de 600 mil hectáreas a sólo 66 padres de familia lacandones, que permitió, por un tiempo,

encubrir

la

actividad

de

las

compañías

deforestadoras que se mantienen explotando madera ilegal.

Problema

que,

dicho

sea

de

paso,

se

mantiene

completamente vivo en la actualidad.

Las fronteras de la RIBMA responden además a una política de "protección" dudosa, por la manera en que se han subordinado siempre a la exploración petrolera, actividad bien conocida por su gran impacto destructor del ambiente.

La historia de lo que ha sido elegido, lo que se ha dejado de lado y lo que se ha restituido como área natural protegida en la Lacandona muestra cómo durante el último cuarto de siglo se ha sacrificado la protección ambiental a los intereses de empresas petroleras mexicanas y extranjeras en la prospección, explotación y especulación de la región. Como prueba de esto tenemos:

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1. El acotamiento original de la Reserva Forestal Lacandona a la mitad de su superficie (de 600 mil hectáreas a 331 mil), justo en las regiones en las cuales se podrían detectar posibles yacimientos petroleros, de manera que la silueta de Montes Azules deja las manos libres a Pemex en las regiones de prospección petrolera de Ocosingo, Lacantún y del Prospecto San Fernando.

2. La deforestación ocurrida durante los últimos quince años en Marqués de Comillas, en la cual se observa una puntual coincidencia con todas las áreas de perforación de Pemex y con las regiones donde la empresa petrolera canadiense Seine River Resources reconoce un importante yacimiento petrolero.

3. El desarrollo de una región petrolera muy importante en parte del área de amortiguamiento de la RIBMA, entre las sierras Corralchen y Livingston, cuando toda la región de las Cañadas, según observó Víctor Manuel Toledo, fue 61

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considerada en un inicio como una región que en su mejor momento contaba con una mayor biodiversidad, incluso superior a la de la RIBMA.

4. El decreto tardío de la Reserva de la Biosfera Lacantún y el Refugio de Flora y Fauna de Chan Kin, así como los monumentos naturales de Yaxchilán y Bonampak en 1992, justo cuando la prospección petrolera dejó en claro que las posibilidades de la región son bajas. Hay que recordar al respecto que 1992 fue el año en que Pemex cerró su trabajo de prospección iniciado a mediados de los setenta, liquidando a la mayor parte de su personal que fue testigo de los grandes hallazgos de reservas petroleras en las regiones de Ocosingo y Lacantún.

5. La discordancia entre las diferentes versiones de la RIBMA ofrecidas por el INEGI, la SCT y el gobierno del estado de Chiapas. En su extremo norte, cerca de la biorregión ubicada entre los lagos El Ocotal y El Suspiro.

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Inquietante diferencia en las versiones cartográficas oficiales según la cual varía la superficie final de Montes Azules, justo en

el

área

reportada

por

los

estudios

biológicos

confidenciales como una región muy rica en petróleo, al tiempo que como la más exuberante microrregión ecológica de la RIBMA.

III

A

lejandro Nadal denunció en 1999 (La Jornada, 20 de agosto) la peligrosa reforestación que los militares aplicaron en Montes Azules en virtud de

la forma extraordinariamente compleja que requiere una restauración de este tipo de bosque. Agresión ambiental que se sumó a los efectos destructivos de los cientos de campamentos militares, basureros y prostíbulos construidos en la selva, sobre todo de las nuevas miniciudades militares con todo y sus centros comerciales. Ni qué decir de la continua apertura militar de caminos, que se suma a las

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nuevas rutas petroleras, automáticamente convertidas en las vías de salida de más madera.

Sin embargo, la utilización de elementos de guerra biológica (bombardeo de ratas y culebras que llegan a ocasionar desequilibrio y malestar en Guatemala, la aplicación de defoliantes y otras sustancias químicas en la selva, o la introducción de maíz transgénico en una región cuya biodiversidad es considerada como una de las áreas más importantes del mundo por ser de origen de especies domésticas), y sobre todo, la consideración oficial de Montes Azules como un posible escenario de desenlace de enfrentamientos bélicos, son elementos que ponen en peligro la conservación de la selva, no de aquí a quince años, sino para los próximos meses.

Chiapas, y muy especialmente Montes Azules, es un espacio privilegiado para las actividades de la bioprospección y biopiratería

de

empresas 64

farmacéuticas

y

grupos

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"ambientalistas" trasnacionales. Sirva como ejemplo la conexión de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) con la Universidad de Georgia y la empresa de Gales Molecular Nature Limited para la bioprospección de esta región maya, con un programa de investigación financiado por el International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), que depende directamente de varias instituciones del gobierno estadunidense.

Montes Azules es además un centro de bioprospección y ecoturismo de la empresa Savia (anteriormente Pulsar/La Moderna), ligada a la farmacéutica Monsanto, y para las organizaciones Conservation International (CI) y The Nature Conservancy (TNC), así como para la UNAM y Ecosur. Savia labora, por ejemplo, en la rica región de los lagos El Ocotal y El Suspiro: curiosamente hoy el punto más densamente militarizado de toda la reserva y donde también se exige la expulsión de varias comunidades.

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Rematando este panorama, en Montes Azules también se tiene la participación de organismos conservacionistas estadunidenses como TNC y CI que manejan el lugar por medio del intercambio de deuda financiera internacional por protección ambiental. En los medios internacionales es públicamente sabido que CI, administradora internacional de más de 60 áreas naturales protegidas en América Latina y Africa, empuja, junto con empresas de ingeniería genética como Hyseq, de California, la privatización de nuestras principales áreas naturales protegidas. Mientras TNC, tan sólo dentro de Estados Unidos, ya tenía a inicios de la década de los noventa, dos y medio millones de hectáreas bajo su propiedad, siendo uno de los terratenientes más poderosos de ese país.

Mientras tanto, Ecosur se esmera en promover la participación del país en programas estadunidenses de privatización de cuencas hídricas binacionales, como la del río Usumacinta. Ha entablado, además, el pacto antes 66

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mencionado con la Universidad de Georgia para facilitar el aislamiento y el registro de patentes de miles de principios activos de plantas originales de Chiapas.

No resulta extraño, entonces, que el 28 de abril haya sido la World Wildlife Foundation quien más haya levantado la voz exigiendo la expulsión de las comunidades indígenas asentadas o desplazadas hacia Montes Azules, dando a Wilfrido Robledo la pauta internacional que le permitió anunciar la entrada de la PFP a esta reserva. Todo ello, mientras un grupo de ocho organizaciones ambientalistas, incluida CI, amenazaba a la Semarnap con el retiro de sus fondos de administración de Montes Azules si no procedía inmediatamente a sumarse a la campaña en favor de la expulsión de los campesinos.

¿Es un error politizar la cuestión ecológica cuando la Semarnap se presta a abrir las puertas a quienes promueven la privatización de los bancos genéticos nacionales? ¿Cuando 67

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subsiste un manejo incongruente de las áreas naturales protegidas y se termina haciendo el juego a las fuerzas negras del país que desean abrir aquí el peor escenario de guerra? ¿No es la globalización quien obliga a tener que elegir entre una conservación privatizada de la naturaleza o entre la vida humana como núcleo vitalizante de toda la biosfera? ¿No ha llegado la hora de pensar críticamente las políticas ecológicas?

Ante el hecho de que la selva Lacandona no es un espacio natural virgen, en la medida en que la civilización maya la habitó y cultivó durante miles de años, ¿es necesario recordar que las personas también son biodiversidad? Temas tan recientes como la privatización mundial del agua dulce o la privatización de los códigos genéticos de los seres humanos y otras especies, ¿no plantean dentro y fuera de nuestro país una disyuntiva dramática entre una ecología radicalmente social y otra de corte neonazi?

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La entrada de la PFP a Montes Azules es inaceptable, como lo es la destrucción que el Ejército viene haciendo de la reserva, la falsa reforestación, la manipulación política de los incendios, la apertura de caminos, o la entrega de este recurso estratégico a CI, TNC, o empresas como Savia y Monsanto. Pero sobre todo, es inadmisible que se utilice el conflicto de Chiapas como una factura con la que el PRI se piensa cobrar la crisis política irreversible que le genera el actual proceso electoral.

No a la guerra y sí, en cambio, a la conservación de la biodiversidad, que pasa por la defensa de nuestra cultura indígena siempre nueva; por el diseño de estrategias de conservación que permitan el paulatino enriquecimiento del suelo; por la solución planeada y no autoritaria de los riesgos que hoy implica la tumba/roza/quema. Por ello, sí a la gestión participativa e incluyente de todos en la gestión de nuestra biodiversidad y nuestro país. Sí, entonces, al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y a la 69

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verdadera construcción de una paz con justicia y dignidad.

70

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71

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Mentir y olvidar no ayuda a conservar Montes Azules Andrés Barreda

M

ontes

Azules,

la

principal

reserva

de

biodiversidad del país, sufre, en efecto, un deterioro que debemos reflexionar para mejor

preservar nuestras riquezas biológicas. La preocupación de científicos y ecologistas que hoy se alarman por la situación de Montes Azules es pertinente. Pero también es cierto que, hasta ahora, nadie ha sugerido destruir Montes Azules como solución a los problemas sociales de la selva Lacandona.

El desacuerdo está en el diagnóstico en torno a los incendios e invasiones, que supuestamente hoy devastan la reserva, pero también en la manera de considerar las causas que ocasionan la destrucción de la selva,

En www.conabio.gob.mx, la página de Internet de Conabio, se 72

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ha esgrimido como prueba contundente de la existencia de incendios que, dicen, hoy arrasan Montes Azules y vuelven imprescindible la aplicación de la ley con la intervención de la fuerza pública. Al respecto, Alejandro Nadal (La Jornada, 15/05/00) hizo varias consideraciones que ponen en entredicho el rigor científico de quienes hablan de caos en Montes Azules.

Conabio sólo ofrece imágenes que muestran de forma indirecta dónde pueden ocurrir incendios. El mapa que presenta su informe sobre Montes Azules resulta engañoso porque muestra los puntos de calor acumulados desde marzo hasta el día de hoy. Lo que según explica Nadal no expresa necesariamente áreas incendiadas ni tampoco, en mi opinión, equivale a una imagen de lo que actualmente ocurre en la selva.

Aún así, días después, dos nuevos desplegados, del Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas y de la Semarnap 73

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(La Jornada, 16 y 19/05/00, respectivamente), insisten en considerar esa página electrónica como prueba contundente del delito que presuntamente cometen los indígenas "invasores" de la reserva de la biosfera. Pero si revisamos con cuidado ese reporte encontraremos algo sorprendente.

Los mapas de Conabio hablan de muchos puntos de calor en el día y muy pocos en la noche. ¿Un incendio forestal se enciende en la mañana para apagarse por la noche? Lo que indica que a lo largo de estos meses sólo pudieron haber ocurrido tres pequeños incendios muy localizados cerca de las lagunas El Ocotal y Miramar y en la ribera del río Lacantún. No son 10 mil hectáreas de las que habla WWF ni ese desolador incendio que puede observarse "a lo largo de toda la carretera fronteriza" ni las decenas de puntos de calor que refiere Semarnap.

Más asombroso resulta consultar en su informe los puntos de calor acumulados en mayo, pues sólo aparece un punto 74

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perdido al sur de Montes Azules y otros pocos en el sureste, muy cerca de Pico de Oro, ligados a la serie de incendios que otras fuentes reportan en la región de Marqués de Comillas.

Lo que resulta irónico son los puntos de calor acumulados en esta semana, pues no se encuentra punto alguno en todo el estado de Chiapas.

Ahora bien, en referencia a las causas de la destrucción ambiental, ¿sirve conservar el medio ambiente como algo aislado, dejando intactas sin siquiera mencionar las relaciones sociales que han arrasado a la sociedad y la naturaleza de Chiapas? ¿No está en crisis, además de Montes Azules, todo el capitalismo salvaje de la región?

¿No es inevitable recordar que por esta misma razón se arrasó con la mayor parte de las maderas finas y corrientes de la gran selva de Chiapas y Tabasco y se deforestó el suelo fértil del Soconusco, la Frailesca y la ribera del río Grijalba, ufanamente destinado a la producción de café, plátano, maíz, 75

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soya, algodón, etcétera? ¿No por lo mismo el río Grijalba figura entre los más contaminados del mundo? ¿No por esta dinámica se expandieron las fincas de ganadería extensiva o las invisibles empresas trasnacionales que saquearon todas las regiones con palma camedor hasta casi agotar el recurso?

¿No corren hoy por la misma senda los ecosistemas costeros amenazadas por las granjas camaronícolas o el ámbar del valle de Simojovel? ¿Qué podríamos decir del yacimiento petrolero supergigante de Reforma --en su momento uno de los más grandes del mundo--, en el norte de Chiapas, o de la destrucción que en Tabasco ocasionaron las grandes represas del Grijalba?

Por

esta

manera

codiciosa

de

obtener

ganancias

extraordinarias, el racismo de las clases dominantes promueve una superexplotación y marginación extremas, que apoyado en la extorsión de la comunidad doméstica como base de subsistencia y combinado con un creciente 76

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empleo y desempleo indígena cíclicos, ocasiona una explosión demográfica extrema, que se traduce en la extorsión de la capacidad procreativa de las comunidades indígenas, sobre todo del cuerpo de las mujeres. Al igual que la merma de sus selvas, Chiapas sufre la pérdida crónica de hemoglobina, glóbulos blancos y calcio del cuerpo de sus mujeres indias, quienes, entre otros males, padecen anemia, osteoporosis, paludismo y el grave deterioro de su sistema inmunológico. ¿No es por esto que hoy existe una guerra en Chiapas?

Quienes reclaman airadamente la intervención de la fuerza pública para expulsar a los "peligrosos" pobres que amenazan la selva Lacandona sólo hablan de la integridad y equilibrio de los ecosistemas, pero pierden perspectiva ante los factores que depredan el resto de las tierras, bosques, aguas y mares, así como el cuerpo de la mayor parte de los chiapanecos. Por eso las soluciones que proponen, si se llevan a cabo, terminarán empeorando las cosas. * 77

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Miércoles 15 de marzo de 2006

78

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Lo que se oculta tras la destrucción de la Selva Lacandona

E

Antonio Castillo n mayo, el Consejo Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP) y algunas organizaciones ecologistas y académicas, entre ellas Conservación

Internacional, emitieron dos desplegados en los que mencionaban lo urgente de actuar en contra de los indígenas que incendiaban, invadían y destruían la Selva Lacandona y la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules (RIBMA), e informaban que esta reserva contiene el 40 por 79

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ciento de las mariposas diurnas y el 48 por ciento de las aves del total de especies registradas para México. Estos desplegados denunciaron que en nuestro país no se respetan las leyes.

Alejandro Nadal y Andrés Barreda demostraron en sus artículos (La Jornada 10, 15 y 25 de mayo), lo engañoso de las denuncias sobre los incendios en la selva. En el suplemento Ojarasca del mismo diario (lunes 12 de junio), se abordó la situación agraria y lo falso de las acusaciones contra los indígenas en torno a las supuestas invasiones y destrucción de la selva. Se señaló también a los verdaderos culpables.

Ahora, ¿qué intereses se ocultan en estas falsas acusaciones?

D

e 1979 a 1984 los hermanos Javier y Roberto de la Maza Elvira realizaron estudios de prospección de las mariposas existentes en Marqués de Comillas,

Montes Azules y Chajul. En esa región y por esos años,

80

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hubo contrabando de mariposas. En 1990 se estableció la Estación Biológica de la UNAM en Boca de Chajul, sobre la margen del río Lacantún que corresponde a Montes Azules.

Comparten su administración la UNAM, la Sedesol y Conservación Internacional en México, siendo Javier de la Maza Elvira uno de los directivos de éste último organismo.

El 9 de octubre de 1994, Roberto de la Maza Elvira gestionó el registro y la autorización del ``Criadero Extensivo de Mariposas Boca de Chajul''. El 11 de noviembre este criadero recibió autorización del Instituto Nacional de Ecología (siendo su presidenta Julia Carabias) y el 14 de noviembre de 1994 lo autorizó el entonces director general de Protección Forestal y de Fauna Silvestre de la SARH, Víctor Sosa Cedillo (actual director general forestal de la Semarnap).

Ambas dependencias autorizaron también la captura y comercialización de 12 mil ejemplares mensuales de 544 81

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especies de mariposas diurnas, que supuestamente se estarían reproduciendo y capturando en 70 hectáreas del ejido Boca de Chajul. ¿No se reproducirán en Montes Azules?

El aprovechamiento y comercialización de las mariposas es uno de los proyectos del Centro de Tecnología Electrónica e Informática (CETEI) y de Conservación Internacional (uno de los firmantes del desplegado de CONANP en donde se pide el desalojo de indígenas).

Desde 1994, semanalmente, se sacan mariposas por avioneta de Chajul a Comitán, San Cristóbal y Palenque, de ahí a Tuxtla Gutiérrez y al Distrito Federal para enviarse a los Estados Unidos, Europa y Japón. El 11 de marzo de 1996, el Director General del CETEI, doctor José Warman Gryj, firmante también de los desplegados contra indígenas --quien a la vez representa a otras dos comercializadoras de mariposas, como presidente del Consejo Directivo de 82

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Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable AC y la Empresa Montes Azules-- le solicitó a Javier de la Maza Elvira director general de Aprovechamiento Ecológico de Recursos Naturales del INE-Semarnap, una ampliación de la autorización, para el traslado de mariposas vivas de Chajul al Mariposario del Parque Zoológico de X'caret en Quintana Roo, cuyos lotes frecuentes han llegado a ser de 20 mil en cada remesa.

Con esta actividad, los dos hermanos de la Maza Elvira y José Warman se integran a la lista de los ``502 comercializadores internacionales de mariposas'', mediante una infraestructura que construyeron de 1985 a 1993, tomando como base las organizaciones Biocenosis y Conservación Internacional.

En el ejido Chajul, entre sesenta y cien hijos de ejidatarios se dedican a la captura de mariposas, y el mayor porcentaje de mariposas capturadas (370 especies consideradas corrientes 83

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o comunes), se las pagan a 1, 2 y 3.50 pesos por ejemplar.

Las mariposas de precio medio como las subfamilias morpho y papilioninae, les reditúan 12 pesos por ejemplar; las especies raras como la Agria amydon philatelica, si son de segunda clase, pueden redituarles 450 pesos por ejemplar de macho o hembra; las de primera clase 800 pesos. La especie Agria aedon rodriguezi macho, se paga a 1 200 pesos la primera clase, 1 000 pesos la segunda y 700 pesos la tercera clase; la hembra de primera clase se paga a 1 500 pesos.

En 1994, Roberto de la Maza manifestaba que los márgenes de ganancia por ejemplar de mariposas corrientes y medias era de 2 a 10 dólares mínimo, y comercializándose internacionalmente las Agria podían redituar de 800 a 2 900 dólares por ejemplar.

¿Por qué los ecologistas e investigadores que firmaron los desplegados contra los indígenas no reclaman que se cumplan las leyes en este negocio de las mariposas, que está 84

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impactando la biodiversidad, las cadenas tróficas y los ecosistemas de la selva? En la normatividad ambiental está prohibida la comercialización de ejemplares de criaderos extensivos y la de especies raras y endémicas como las mariposas Agria. Se usan trampas prohibidas para su captura, no se presentaron estudios de dinámica de población por cada una de las especies y tampoco se presentó un programa de manejo (únicamente un plan de captura). Además, se falseó la información en el sentido de que sólo se reproducen en 70 hectáreas las mariposas capturadas, no existe un control de informes verídicos, ni de la bitácora de capturas reales. A los destructores de la biodiversidad, como no son indígenas, se les permite el tráfico de influencias, la irresponsabilidad administrativa y la violación de las leyes. Pero además, se les permite en los desplegados gritar ¡desalojen a los indígenas destructores de la selva! Los demás firmantes se convierten en cómplices.

85

E

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n junio y julio de 1996, en la reunión taller de trabajo realizado en México entre Conservación Internacional México (CI), Propeten de Guatemala

y el INE-Semarnap, se acordó la creación del Corredor Biológico de la Selva Maya de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guatemala y Belice. Dentro de sus propuestas de trabajo está la prospección de las explotaciones potenciales de petróleo y de la industria hidroeléctrica, el control de los recursos naturales, biológicos, culturales y arqueológicos.

La finalidad principal de CI es realizar estudios de bioprospección en toda la selva maya empezando por tres países.

Por esta razón, desde hace años CI está geográficamente posesionada de dos de los puntos con mayor biodiversidad de Montes Azules: la Estación Biológica de Chajul y las Lagunas de Ocotal. (A estas lagunas que cuentan con cabañas y campamento llegó la Policía Federal Preventiva, 86

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PFP, a solicitud de Semarnap y Profepa, para desalojar a los indígenas ``invasores''.) Oficialmente CI no ha reportado sus investigaciones de bioprospección, como tampoco informa si dentro de las mariposas exportadas a Estados Unidos algunas tienen potencial de uso químico y farmacoquímico.

A los centros de CI de México y Guatemala se les ha fortalecido con equipo de cómputo y sistemas de información geográfica, para cumplir eficazmente con sus investigaciones de prospección.

La matriz de CI en Estados Unidos tiene firmado un convenio con la UNESCO, para capacitar, asesorar y realizar donaciones de equipo de cómputo, con servicios de internet, a 25 çreas Naturales Protegidas de Asia, çfrica y América Latina, de interés para CI, como lo es Montes Azules.

Conservación Internacional de Estados Unidos desarrolla

87

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también cuatro líneas de trabajo y operación con relación a los recursos naturales y las çreas Naturales Protegidas (ANP):

capacitación

y

constitución

de

asociaciones

empresariales; conservación empresarial privada de las ANP; ecoturismo empresarial, y usos farmacológicos de especies de la selva tropical húmeda. Para este fin, trabajan en forma coordinada con las grandes transnacionales como NIH, Bristol-Myers Squibb.

Tal vez esta razón explique el éxito de CI en Montes Azules, en su asociación con CETEI, Espacios Naturales y Montes Azules SA. ¿Será este el ejemplo que quieren seguir los demás investigadores y ecologistas que firmaron los desplegados en contra de los indígenas? ¿Será por esta misma razón que les estorban los indígenas asentados en los sitios con alta biodiversidad como la Selva Lacandona y Montes Azules? ¿Será que el proceso que se inicia es la privatización y transnacionalización de las ANP de México con

un

alto

potencial

y 88

patrimonio

genético

en

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biodiversidad, y que actualmente le pertenecen a los pueblos indígenas habitantes de la selva? ¿Tal vez por esta razón y en forma autoritaria la Semarnap-INE (Julia Carabias y Javier de la Maza Elvira), han pretendido declarar una reserva oficial en Chimalapas (en oposición a la propuesta de las comunidades de conformar una Reserva Campesina), para que la manejen los burócratas y más adelante privatizarla?

E

xiste una política irresponsable del gobierno mexicano en torno a los recursos genéticos, lo que termina entregando la soberanía a empresas

privadas y transnacionales. El proceso se puede explicar con cuatro ejemplos: 1. Siendo Gabriel Quadri presidente del INE (recordemos el Club de Golf de Tepoztlán, el regenteo privado de las Grutas

de

Cacahuamilpa,

el

pretendido

e

ilegal

confinamiento de desechos tóxicos de Estados Unidos en General Zepeda y otros sitios), y Javier de la Maza Elvira Director General del INE, el 28 de abril de 1995 le 89

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otorgaron una autorización al Laboratorio de Genética Molecular y Evolución y al Departamento de Ecología Evolutiva del Centro de Ecología (actual Instituto de Ecología de la UNAM, otro organismo firmante de los desplegados en contra de los indígenas), para que, en coordinación con el investigador extranjero Ben D' Jong del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) de Chiapas, colecten 120 especies de Lacandonia schismatica (nueva familia de plantas endémicas descubierta en esta región) en Montes Azules.

2. Los mismos funcionarios autorizaron el 9 de agosto de 1995 a David A. Quist, del Departamento de Botánica de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, para que colecte tres ejemplares por especie de la familia orquidaceae, en coordinación con la Estación Biológica de Chajul (UNAM y Conservación Internacional) en Chajul, Montes Azules y Marqués de Comillas, para cumplir con su proyecto de investigación: Orquídeas epífitas mexicanas y hongos 90

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micorrízicos asociados. ¿A dónde va a parar el patrimonio de los recursos genéticos, y el valor de sus propiedades químicas y farmacoquímicas? Además, en forma irresponsable, las autoridades ambientales están otorgando permisos de ``colectas científicas'', cuando en la realidad estas colectas se realizan con el fin de encontrar recursos naturales con propiedades

químicas,

apropiárselas

con

patentes

y

comercializarlas. Lucrar con lo ajeno.

3. Se denunció a la opinión pública por parte del Consejo Estatal de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (La Jornada, 22 de mayo), la existencia de un acuerdo económico, ilegal y sin ninguna autorización oficial, para que desde 1998 ``la Universidad de Georgia y la empresa inglesa de investigación biotecnológica Molecular Nature Limited, con el respaldo de Ecosur'' de Chiapas, realicen bioprospección e identifiquen 2 mil componentes con propiedades químicas. La Semarnap-INEProfepa, en lugar de cumplir responsablemente sus 91

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funciones

--e

instaurar

un

procedimiento

legal

administrativo en contra de los biopiratas-- están asesorando y sugiriendo a las partes que lleguen a un acuerdo. ¿Dónde quedó la soberanía y la defensa de los recursos genéticos de México, la soberanía y derechos de los pueblos indígenas, la interpretación y aplicación responsable de la legislación ambiental? ¿Ya se negocia comercialmente la aplicación de la legislación ambiental?

4. El 2 de julio de 1999, Leonel Lozano Domínguez, director de Concertación del INE, le informó a Xavier Soberón Manero, director del Instituto de Biotecnología de la UNAM (otro de los organismos firmantes de los desplegados anti indígenas), que ha cubierto los trámites para realizar colectas científicas de flora y fauna silvestre en territorio mexicano y en forma específica, en materia de prospección biotecnológica, le autoriza colectar en la ANP Pantanos de Centla de cincuenta a cien muestras de sedimentos de lodo, tierra y agua, para dar cumplimiento al 92

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proyecto: Acceso a la biodiversidad molecular microbiana.

La anterior autorización tiene como antecedente la firma, el 3 de noviembre de 1998, del Convenio de Concertación entre la Semarnap-INE-Conabio y la UNAM, a través de la Coordinación de Investigación Científica y el Instituto de Biotecnología, ``con el objeto de facilitar que la UNAM esté en posibilidades de ejecutar eficazmente su convenio de colaboración con la empresa Diversa Corporation, Inc.'' Algunos de los aspectos establecidos en las cláusulas del convenio son:

``4.1. será responsabilidad de la UNAM asegurarse que los beneficios monetarios ingresen al Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad.''

``4.4. la UNAM considerará favorable cualquier solicitud del INE y la Conabio, para participar de los beneficios

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--siempre que Diversa lo permita.''

En las cláusulas 5.6 y 5.7 el INE y la Conabio ``brindarán asesoría a la UNAM, y promoverán la colaboración federal, estatal y municipal, para el mejor cumplimiento de la UNAM con la empresa Diversa''. Firman el convenio los titulares: por Semarnap, Julia Carabias; por el INE, Enrique Provencio; por Conabio, José Sarukhan; por la contraparte, el rector Francisco Barnés, el coordinador Francisco Bolívar Zapata y el director Xavier Soberón.

Con el último ejemplo, se observa una clara política neoliberal ambiental por parte del gobierno mexicano. No decide, no regula, ni tiene un control sobre los recursos genéticos.

Existe una franca entrega de la soberanía a las empresas transnacionales biopiratas, además de consolidar la tendencia

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a la privatización de los recursos naturales, las ANP y los recursos genéticos.

Se ha perdido el interés público y nacionalista en el acceso a los recursos genéticos, y se violan los derechos, los intereses y el patrimonio natural de los pueblos indígenas de México para su propio desarrollo.

En el análisis se encuentra que algunos de los personajes que están firmando el convenio con Diversa son a su vez integrantes del Consejo Nacional de çreas Naturales Protegidas (promotor y firmante de uno de los desplegados), además de ser los mismos duros que apoyaron a Barnés y apoyan a De la Fuente en la privatización de la educación, y están en contra de los estudiantes en paro. El malinchismo entreguista junto con su cinismo está al descubierto en Chiapas, la UNAM y en todo México. No podemos ser cómplices.

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Anexo

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El Puebla-Panamá favorecerá a EU: experto Javier Molina

T

uxtla Gutierrez, Chis., 20 de junio. Chiapas en la geopolítica del Plan Puebla-Panamá es el tema que desarrolló el doctor Andrés Barreda Marín en las

ciudades de Tapachula, San Cristóbal de las Casas y esta capital invitado por el Centro Cultural Jaime Sabines del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.

Interrogado acerca de la relación de esta iniciativa con el poder político en México, dijo: ''aparentemente es una iniciativa del Ejecutivo que estaría a favor del desarrollo económico del sureste de México y a favor del empresario mexicano que supuestamente se beneficiaría con la ampliación de los mercados en la región centroamericana; sin embargo, algunas características del plan sugieren más bien que sobre todo habrá de favorecer a los capitales

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estadunidenses, habrá de propiciar un saqueo todavía mayor de los recursos estratégicos, que podría perjudicar todavía más a la población campesina del sureste, mientras el desarrollo industrial que habría de llegar a la región sería sólo el de la maquila.

''Por estas características da la impresión de que el plan, más que ser elaborado por algún grupo de poder en México, responde sobre todo a los intereses que representan el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo''.

Andrés Barreda, doctorado en Estudios Latinoamericanos y catedrático e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, colaborador de este diario, publicó en 1995 el libro Producción estratégica y hegemonía mundial (Siglo XXI).

Las conferencias que impartió en las tres ciudades chiapanecas mencionadas demostraron que en esta región

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existe un interés profundo sobre el tema, por la cantidad de preguntas e intervenciones de un público atento e inquieto por saber qué pasa con el uso de los recursos naturales.

También se le preguntó si estaríamos, entonces, hablando de una economía y de un poder político dependientes en México.

''Sí, en términos básicos, porque la estructura económica del país que están proponiendo no es verdaderamente complementaria a favor de una autonomía nacional que tenga una fuerza real y una verdadera capacidad de negociación; lo que están proponiendo es subordinar la construcción de la industria nacional en función de la industria estadunidense, sacrificar la producción de cereales cediendo a Estados Unidos el desarrollo de la agricultura, la ganadería y los bosques del sureste en función del consumo estadunidense, organizar las infraestructuras nacionales en referencia al este de Estados Unidos.

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-¿Por qué precisamente en referencia al este?

-Porque ahí se concentra la mayor parte de la riqueza industrial, agropecuaria y de materias primas de Estados Unidos; ahí está la mayor parte de sus ciudades, de su población y de sus infraestructuras de transporte. El grueso del cuerpo de la economía estadunidense está ahí, necesitado de nuevas y eficientes conexiones con la cuenca del Pacífico, para las cuales sus propios puentes terrestres hacia la costa oeste o también hacia el Canal de Panamá resultan actualmente muy insuficientes.

''Es a Estados Unidos a quien conviene la conversión del territorio mexicano y de toda Centroamérica en un inmenso istmo atravesado de numerosos corredores de ciudades y vías de transporte, llenos de locales maquiladores que aprovechen la mano de obra barata.

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''Los salarios bajísimos que el capital mundial maquilador paga a los trabajadores de la frontera norte (1.20 dólar por una hora de trabajo industrial) se convierten en salarios del miedo en regiones como Honduras, Guatemala o El Salvador, donde el salario apenas alcanza los 25 centavos de dólar la hora. Las recientes transformaciones a la legislación laboral en Guatemala, prohibiendo a los empleados públicos el derecho de huelga o a los campesinos el derecho de trabajar su tierra en época de cosechas, son un anuncio de cómo lo que se pretende es, tanto en Centroamérica como en México, expulsar masivamente a la población campesina hacia los centros urbanos en calidad de asalariados extraordinariamente baratos.''

-Pero en México esta legislación todavía no existe.

-Justamente ese es el punto, porque insistentemente se viene hablando desde hace varios años de una reforma a fondo de la Ley Federal del Trabajo que recorte muchos de los 101

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derechos básicos de los trabajadores, de manera que se vuelvan legales muchas transformaciones en las condiciones de trabajo que ya están existiendo de facto, como son jornadas de 12 horas, trabajo infantil desde los ocho o diez años, maltrato físico para "disciplinar a los trabajadores".

''El reciente rechazo a la Ley de los Derechos y Cultura Indígenas ocurrió a pesar de la impresionante movilización popular que acompañó a la caravana zapatista a la ciudad de México, y a pesar de los diversos conflictos que este recorte de los derechos indios promete. No nos resultaría extraño entonces que en la próxima legislatura los senadores y diputados del PAN y del PRI propusieran un recorte sustancial a los derechos constitucionales de los trabajadores.

''La forma en que en días muy recientes el gobierno federal llevó a cabo una consulta para recoger la opinión de la sociedad

sobre

el

Plan

Puebla-Panamá,

efectuando

reuniones muy pequeñas, mínimas, en lugares como 102

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Cuetzala, Taxco, Tlapa, San Cristóbal de las Casas, reuniones casi a escondidas de las organizaciones sociales, civiles y de la mayor parte de la población, muestra no sólo que con el Plan Puebla-Panamá se quieren imponer proyectos de desarrollo que no van a favorecer a la mayor parte de la población, sino también se muestra que estas propuestas van a despertar mucho descontento y mucha resistencia en todos los estados del sureste y de la península de Yucatán, y en todos los países centroamericanos''.

Ojarasca 107 marzo 2006

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