Motín en Chihuahua destapa corrupción en cárceles mexicanas

En México hay 319 cárceles, de las cuales 15 son centros penitenciarios federales, 251 prisiones estatales y 53 centros de atención a adolescentes.

De acuerdo con el ministro Luis María Aguilar Morales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México hay un total de 226 mil 900 personas privadas de la libertad en los diferentes centros penitenciarios, muchas de las cuales viven en condiciones de hacinamiento, en particular en entidades como el Estado de México, Morelos, Nayarit y Durango, donde la sobrepoblación penitenciaria supera en más del 60 por ciento la capacidad de los penales.

Además, advirtió que del total de personas que se encuentran en la cárcel en México, 92 mil 590 están bajo proceso penal en prisión preventiva.

Es decir, cerca del 40 por ciento de las personas presas en el país no cuentan con una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso penal con todas las garantías del imputado.

Lo que significa que actualmente en México 4 de cada 10 personas que están privadas de su libertad, permanecen recluidas sin haber recibido aún una condena en su contra.

Lo anterior ha provocado un grave hacinamiento en las prisiones, que sumado al escaso personal de custodia -muchos de los cuales tienen malos salarios-, ha favorecido la corrupción y la violencia en las cárceles, de acuerdo con el ministro Aguilar Morales.

Pese a la revelación del ministro Luis María Aguilar Morales, el gobierno de México defiende la figura de prisión preventiva oficiosa, argumentando que esta medida cautelar es necesaria para que los detenidos “no se fuguen”.

Sin embargo, un claro ejemplo de que la sobrepoblación afecta a las cárceles mexicanas significativamente es el del Cereso número 3, que tenía hasta el día de la fuga a 4 mil presos, cifra que superaba en un 23 por ciento la capacidad del centro penitenciario.

El problema de sobrepoblación de esa prisión se debe a que el 90 por ciento de su población tiene prisión preventiva y sólo 10 por ciento está sentenciada, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Néstor Manuel Armendáriz, y agregó que esa situación revela que “la impartición de justicia no está siendo ni tan pronta ni expedita”.

Por lo que realizó un llamado a las autoridades mexicanas a poner orden al interior de las cárceles, comenzando por convertir a las prisiones en lo que son: Centros de Readaptación Social, en donde los presos no pasen por encima de las autoridades.

226 mil 60%

En México, las prisiones que albergan a miles de criminales se encuentran con graves problemas de hacinamiento, además del tráfico de drogas y armas por parte de los presos, que muchas veces controlan los recintos penales por encima de los propios policías.

Lo anterior se destapó luego del violento motín con 17 muertos y la fuga de 30 presos que se registró en una cárcel del estado norteño de Chihuahua, próxima a la frontera con Estados Unidos, apenas transcurridas las primeras horas del 2023.

Y es que lejos de que las prisiones funcionen como Centros de Readaptación Social, más bien se encargan de brindarle todas las comodidades a los delincuentes que desde los centros penitenciarios operan y manejan las grandes redes de narcotráfico en México.

Esta red de corrupción al interior de varias cárceles mexicanas quedó evidenciada luego de las investigaciones de los sangrientos eventos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, en los que fallecieron 10 guardias de prisión y 7 reclusos.

Las investigaciones revelan que en esta cárcel operaba un “autogobierno” de delincuentes que gozaban de privilegios como celdas VIP, donde tenían televisión, celulares, cómodas camas, armas largas y cortas, diversas drogas y hasta una caja fuerte donde guardaban millones de pesos mexicanos.

Dos días después de los violentos sucesos, la Fiscalía General de Chihuahua lanzó un comunicado en el que cesó de sus funciones al director del Cereso número 3, Alejandro Alvarado Téllez, quien actualmente se encuentra bajo investigación junto a otros funcionarios de la prisión para determinar quiénes están involucrados en los actos de corrupción al interior de este recinto penitenciario.

Asimismo, la Fiscalía General de Chihuahua anunció que se inició un proceso de traslado aéreo de 191 reclusos a otros centros penitenciarios federales.

Al respecto, el fiscal del estado de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que entre los 30 fugados se encuentra Ernesto Alfredo Piñón, alías “El Neto”, líder de la banda “Los Mexicles” que está vinculada al cártel de Caborca, un grupo criminal que estuvo liderado por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien fue recapturado a mediados del 2022.

Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición de Revista énfas!s, las autoridades no han aclarado por qué no se actuó con antelación para frenar al “autogobierno” y detener las irregularidades en el Cereso número 3, que se conocían desde hace al menos dos años.

Como resultado de las investigaciones en la cárcel estatal de Ciudad Juárez, las autoridades hallaron 10 armas largas, 4 armas cortas, varios kilos de heroína, cocaína, marihuana y fentanilo, además de dinero en efectivo.

Mientras que a las afueras del penal se incautaron 17 armas largas y 5 cortas, un lanzagranadas, 8 chalecos tácticos y 2 vehículos, uno de los cuales fue utilizado en un ataque armado que se realizó previo al motín.

Por Verónica Jiménez Hernández Periodista Hidalguense