HACER MÁS... CON MENOS

Por: Julio A. Millán Bojalil Presidente Fundador de Consultores Internacionales S.C. Presidente Fundador World Future Society, Capítulo Mexicano A.C. Profesor Colegio de Defensa Nacional Presidente del Consejo Editorial de la Revista Militar Armas

De acuerdo a una encuesta realizada por Parametría en 2018, las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), tienen el nivel de aceptación más alto registrado desde hace 10 años. Los datos son claros: los mexicanos consideramos necesaria la presencia del Ejército para la seguridad del país.

Con su vocación de servicio, formación académica y experiencia en el terreno; están ampliamente capacitados para ejecutar el objetivo que señala la constitución. De hecho, Defensa y Marina, son las dos instituciones que, de acuerdo con la percepción ciudadana, respetan en mayor medida los derechos humanos de las personas.

Las Fuerzas Armadas han sido históricamente, la institución que es el pilar de la identidad nacional y son constructoras de la paz y la estabilidad de la República.

En este contexto, es importante considerar que la coordinación y armonía de las Fuerzas Armadas, en su conjunto, significan una garantía de éxito, esto es, un cumplimiento efectivo de las responsabilidades que se les están asignando; sobre todo, hoy en día, porque las Fuerzas Armadas ya no sólo se dedican a defender la soberanía nacional, pues han comenzado a asumir un papel más amplio en los asuntos del país, ya que se les ha encomendado nuevas tareas.

El objetivo de las Fuerzas Armadas y sus tareas están claramente establecidas en su Ley Orgánica, en el caso del Ejército y Fuerza Aérea, son instituciones que deben defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y, en caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden y el auxilio de las personas. En el caso de la Armada, es una institución cuya misión principal es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

A estas funciones militares, en los últimos años se les han venido asignando tareas de orden civil, pues se les ha confiado asuntos que no están relacionadas estrechamente con la seguridad, sino que abarcan una variedad de actividades: el control de los puertos y aduanas; la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía; de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar y de dos tramos del Tren Maya; la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados; la atención a la emergencia sanitaria por COVID-19; apoyar el combate al robo de combustible de PEMEX; la custodia de pipas; la implementación del plan de vigilancia en las fronteras norte y sur para frenar la migración hacia Estados Unidos; la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional; apoyar a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; la distribución de fertilizantes; así como la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales, en las elecciones cuidando boletas, y para atender desastres naturales con el Plan DN-III-E, entre otros.

Y a pesar de que estas actividades podrían poner en riesgo las bases sólidas en las que se han constituido, es necesario invertir en ellas para que puedan realizar sus funciones correctamente. En este sentido, el presupuesto destinado parece insuficiente, hay que hacer más, con menos.

En los últimos años, el gasto destinado a la Defensa Nacional, en efecto, se incrementó: en 2016 fue de 60 mil millones de pesos y el proyectado para 2022 será de 141.9 mil millones de pesos, sin embargo si se hace un análisis puntual, nos damos cuenta de que el porcentaje con base en el PIB, sobre el gasto operativo de Defensa Nacional, se ha contraído en menos de 0.7 por ciento en promedio anual.

Así, aunque se han aumentado las partidas, no se ha reflejado en las actividades operativas de soberanía nacional, al excluir el gasto destinado a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y del Cuerpo de Policía Militar entre 2016-2022.

El gasto operativo en Defensa Nacional ha pasado de 60 a 77.6 mil millones de pesos, incrementándose en 4.3% promedio anual.

El gasto de la Fuerza Aérea, ha disminuido. En 2016 fue de 12 mil millones de pesos y se propone que en el 2022 sea de 7.9 mil millones de pesos.

El gasto en Marina se ha incrementado de 27.4 a 37.8 mil millones de pesos; sin embargo, el aumento se explica por un mayor gasto en la Unidad de Policía Naval, que representó en 2021, 7 mil millones de pesos.

El gasto destinado al AIFA se ha incluido en el presupuesto de la Dirección General de Ingenieros o en partidas específicas, como cartera de inversión.

En forma específica, la cartera de inversiones del ramo de Defensa Nacional, contempló 21.3 mil millones de pesos, para la construcción de un aeropuerto mixto civil-militar, con categoría Internacional en la Base Aérea Militar No.1 (Santa Lucía, Estado de México) y su interconexión con el Aeropuerto Internacional Ciudad de Mexico (AICM) y la reubicación de instalaciones militares. Para 2022, ya no se presenta esta partida, pues se espera su conclusión para el próximo 21 de Marzo.

Esta información es general, pero cuando se desglosa, se percibe que para el gasto de inversión en infraestructura en la Defensa, no hay partidas suficientes.

Es obvio, que para realizar todas las actividades se requiere infraestructura, especialmente la tecnológica, y una capacitación constante para adquirir destrezas y habilidades que permitan cumplir cabalmente sus misiones.

Todo esto, genera factores de riezgo, que es fundamental evaluar, porque se necesita una coordinación de todas las Fuerzas Armadas, y que tengan interacción directa con las actividades civiles y económicas.

Esto obliga, a construir los escenarios que tendrá esta nueva estructura que ésta modificándose ahora, para los próximos 5, 10 y 25 años.

Los riesgos, son enormes ya que la unica constante, será el cambio y la adaptación a las nuevas exigencias.

En materia de desarrollo tecnológico, sin duda la infraestructura militar debe modernizarse, pues estamos ante una época en la que las nuevas tecnologías están modificando las formas en las que vivimos. El desarrollo de nanotecnología, Inteligencia Artificial y el Internet de las cosas forman parte del proceso de automatización de la vida diaria y, por tanto, será determinante para tener unas Fuerzas Armadas sólidas. Para mantenerse a la vanguardia, será necesario ir incrementando el desarrollo tecnológico, el talento humano, la transferencia tecnológica y la investigación e innovación.

Por último, no hay que olvidar que el ejercicio de una partida presupuestaria más amplia, debe ser administrado con rigurosidad, precisión, eficiencia, sentido de servicio social y honradez. Pese a su vocación de servicio, las Fuerzas Armadas no son impolutas (en arca abierta, el justo peca). Dar más recursos, como está ocurriendo, inevitablemente podría generar situaciones no deseadas, y esto debe ser un tema de preocupación general. Por lo tanto, es prudente aplicar criterios para transparentar la utilización de los recursos, pues es común que la información de las Fuerzas Armadas no sea pública con el argumento de salvaguardar la seguridad nacional.

En definitiva, se necesita un fuerte presupuesto para que las Fuerzas Armadas puedan realizar las labores que se les han encomendado, para modernizarse y actualizar a sus miembros para poder servir a la Nación, cumpliendo sus responsabilidades constitucionales.