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EDITORIAL Sociedad de la Información. Un nuevo reto para la reflexión.

La importancia de ubicar el tema de la “Sociedad de la Información” en el marco de la reflexión latinoamericana y en particular en el campo de la formación universitaria de comunicadores, radica no solo en su vigencia y la eminencia de su abordaje en el seno de organismos internacionales, como la próxima Reunión Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, su relevancia esta dada por lo que implica el escenario mismo de los problemas que involucra y los impactos en la construcción del futuro de la sociedad contemporánea.

Poner en el centro de la reflexión el papel fundamental que la información esta llamada a cumplir, en particular en un momento en el que se reconoce a escala mundial, que la sociedad ha evolucionado, resultado de los cambios vertiginosos especialmente en la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, provocando cambios económicos, sociales y culturales de un alcance inimaginable.

Los trabajos integrados en este número de Diálogos nos permitirán ubicar, desde distintas perspectivas, la responsabilidad que tenemos frente al necesario debate de un tema que afecta de manera inevitable el desempeño profesional de los comunicadores en sociedad y marcara la definición de la ruta que tomarán a nivel internacional, las políticas publicas en la materia y su consecuente repercusión tecnológica social, cultural y política que tendrá para la democracia.

El contexto latinoamericano en el que circulará esta edición, permitirá la puesta en común entre países con vínculos históricos y culturales innegables y facilitará la identificación de desafíos comunes que debemos afrontar para que los cambios en curso relacionados con la Sociedad de la Información no sean vistos simplemente como asunto de tecnologías y de sofisticados mecanismos de los mercados financieros, sino desenmascarar sus verdaderas entrañas y ser entendidos y obligados a privilegiar los derechos humanos, y asuntos fundamentales de la vida cotidiana y de los procesos de trabajo.

Por ello, se propone el análisis de la significación del término de Sociedad de la Información, que hoy parece sentar sus reales en los nuevos escenarios en donde los diversos actores involucrados parecen asumirlo acríticamente dotándolo de una “neutralidad” que resultará muy riesgosa. Las universidades y estudiosos de la comunicación deben incorporar los temas que, como el que aquí nos ocupa, que no pueden pasar inadvertidos. Armand Mattelart nos advierte, que “al no contrarrestar las tendencias que apuestan a la “profesionalización”, a la transmisión de habilidades técnicas, al escamotear la cuestión de la “profesionalidad” como inserción en la sociedad no solo como profesional sino como ciudadano, se corre el riesgo de no poder aprovechar el potencial virtual de ese fabuloso arsenal de tecnologías nuevas y de orientar los usos sociales de las herramientas de la futura sociedad de conocimiento, hacia los mismos callejones sin salida de la sociedad industrial. En una palabra, uno se arriesga a quedar corto de “imaginación sociológica”. Lo preocupante e incluso escandaloso desde el punto de vista moral, es que la zanja entre las promesas invertidas en las tecnologías digitales y los usos reales de éstas en provecho de la felicidad de todos los humanos, no deja de aumentar día tras día”.

A pocos días de celebrarse la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 1 en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003 y posteriormente en Túnez en noviembre de 2005, resulta un buen pretexto para llamar la atención sobre el conocimiento de este tema, provocar su reflexión y porqué no, promover la reacción de las facultades de comunicación que debieran cumplir un papel protagónico en las reuniones de estas organizaciones internaciones. Si no es la academia quien pueda hacer oír su opinión acerca del rumbo que deben tomar las discusiones de la Cumbre, con aportaciones democráticas y soportadas por trabajos de investigación, extremos dejando den manos de los “otros” la definición de los destinos de la información mediada por la tecnología y peor aún, permitiendo que otros definan los contenidos que deben llenar a la Sociedad de la Información para convertirla en la Sociedad del Conocimiento. En particular si consideramos que esta Cumbre tiene como objetivo “desarrollar un entendimiento y una visión comunes de la Sociedad de la Información y elaborar un plan de acción estratégico que permita llevar a la práctica dicha visión a partir de un desarrollo concertado”.

La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 2 , dedicada a abordar los retos claves de nuestro tiempo aprobó una resolución que otorga el estatuto de Cumbre Formal de Naciones Unidas a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. La resolución 3 insta a los gobiernos a participar activamente en la preparación de la Cumbre y a estar representados al nivel más alto posible. También ha solicitado que todas las organizaciones intergubernamentales incluyendo a instituciones regionales e internacionales, así como organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y sector privado, participen de forma activa y contribuyan de forma efectiva a la Cumbre y a su preparación.

1

La Resolución A/REES/56/183 esta disponible en http://www.un.org/documents/ga/res/56//a56rl83.pdf.

Disponible en http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 3 Resolución A/REES. 2

Los debates y acuerdos que en este encuentro mundial se tomen, serán determinantes, no sólo en el ámbito político sino de la sociedad en general, por lo que una Cumbre de la ONU, especialmente en esta materia, no puede estar limitada solo a las posiciones e intereses de los gobiernos, se debe asumir que todos los sectores involucrados tomen un papel protagónico al momento de la reflexión y con propuestas en todas las reuniones preparatorias que para esta Cumbre se puedan desarrollar en cada uno de los países de las Naciones Unidas.

Por ello, la mirada de un político mexicano de vanguardia, como Javier Corral Jurado introduce, en el ámbito académico, el reto de asumir con claridad el rol que corresponde a los estados ante el tema: “La política tiene, en el desarrollo de las telecomunicaciones, un papel fundamental. Es actor importante en la definición del significado y sentido del uso de las TIC’, de que éstas se coloquen al servicio del hombre y no al revés, de que la información sea considerada un asunto de interés público, y no sólo como una mercancía. El problema es, que siendo la política un actor central de este proceso y que se sirve de las nuevas tecnologías, se ha ido ajustando a la dinámica del mercado y asumiendo fatalmente el proceso de globalización. Esto se explica porque en muchos de nuestros países, al menos en el mío, no hay un diagnóstico claro de sus impactos, ni tampoco de sus potencialidades de transformación social. No existe en la mayoría de los casos una política integral que la incluya como prioritaria del desarrollo social, político, cultural, educativo. Y si no se logra un consenso sobre estas posibilidades, será más difícil encontrar una visión común de la Sociedad de la Información”.

Dejar evidencia de la necesidad de buscar la representación de todos los grupos interesados en el diseño de Políticas debe ser hoy un proceso de creación plural, construido en colaboración con la sociedad civil, la academia, el sector privado y los gobiernos. Esta nueva cumbre de la ONU es una oportunidad excelente para probar una nueva fórmula y demostrar que los procesos plurales e incluyentes son posibles.

Así, Rally Burch, impulsora de este tema en el ámbito de las organizaciones sociales coincide con la necesidad de “rescatar el sentido de lo público: lo que no es ni del Estado, ni de lo privado. O sea, esfera o espacio donde la ciudadanía en sus diversas expresiones pueda intercambiar ideas, participar en las propuestas de desarrollo, debatir sobre modelos de sociedad, fiscalizar el manejo de poderes, y tener un acceso transparente a la información que concierne a la comunidad. Ello implica, como condición básica, que los distintos sectores sociales estén debidamente informados por una diversidad de fuentes y que tengan acceso a los medios para expresar públicamente sus propuestas y puntos de vista. Significa poder acceder en condiciones de equidad a canales de comunicación, y que se garantice la posibilidad de existencia de una gran variedad de medios de comunicación, tanto privados, como de servicio público, medios ciudadanos y comunitarios. Una de las funciones de las políticas públicas sería garantizar este ámbito plural de la comunicación”.

En este contexto, el proceso preparatorio para América Latina ha desarrollado ya diversas reuniones de consulta, sin embargo este debate no cuenta aun con la suficiente difusión y el conocimiento amplio que permita, a todos los sectores involucrados, plantear sus puntos de vista para incidir en la posición que los países habrán de presentar en la Cumbre de Ginebra.

Es en América Latina en donde, como cita Raul Trejo Delarbre, donde enfrentamos el reto de “atajar las brechas digitales, edificar una auténtica sociedad de la información y lograr que el auge de las nuevas tecnologías de este tipo no se limite a la ampliación del mercado que suelen dominar grandes empresas, pasa por el reconocimiento de la información y sus accesos como un bien público”.

Generar el debate sobre la necesidad de establecer marcos legales y políticas publicas para el desarrollo de infraestructuras, la mejoría del acceso a las redes y la disponibilidad de los servicios de comunicación a un costo asequible y promover la investigación para enfrentar el reto de la sociedad mundial de la información nos obliga a “evitar enfoques tecnocéntricos o especulativos y, por lo contrario, concentrarnos en estudios empíricos que enmarquen la temática de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, en el contexto de los procesos económicos, políticos y sociales de América Latina” como la investigación de Bert Hoffmann nos presenta, son sin duda los primeros pasos para conocer de manera empírica una realidad que imaginamos, pero que los hechos nos demuestran con dureza.

La participación de las facultades de comunicación, como agentes interesados en el proceso, contribuirá sin duda de forma muy positiva, a definir la posición de la región con una contribución desde la base, además de asegurar un seguimiento efectivo que resultará de los compromisos y programas que se definan a finales de 2003.

Esperamos que de la revisión de este texto, que hoy propone Felafacs constituyan verdaderos “Diálogos” en los que podamos articular los necesarios vínculos con temas obligados por su gran repercusión en la democracia, que todos aspiramos para nuestros países.

Beatriz Solis Leree Coordinadora del número 67

Sally Burch 1 Un principio básico de toda democracia es la posibilidad de la ciudadanía de incidir en las decisiones y políticas que rigen el convivir de las comunidades humanas; y por tanto, la libertad de opinión y expresión ha sido reconocida internacionalmente como un derecho humano fundamental.

Como todos los derechos, la definición de esta libertad ha ido evolucionando. De un enfoque inicial principalmente en la libertad de prensa –o sea centrado en los medios- el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), consagra derechos individuales: la libertad de expresión y opinión implica el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones y la de investigar, recibir e impartir información.

Cuando estamos entrando en la llamada “sociedad info”, estos derechos adquieren un nuevo significado, a la vez que plantea retos nuevos. Esto significa una fase del desarrollo de las sociedades humanas donde información, comunicación y conocimiento son cada vez más centrales a toda actividad humana; donde lo digital representa nueva dimensión de la realidad, íntimamente relacionada con un mundo físico, y cuya evolución no es predeterminada sino que es parte del desarrollo del conjunto de la sociedad y es influenciado por las opciones que ésta enfrenta. Por lo mismo, no se puede considerar las libertades con relación en los espacios digitales sin referirse al conjunto de libertades relacionadas con la comunicación.

En el contexto actual de América Latina, en prácticamente todos los países uno de los retos centrales es dar una mayor institucionalidad y vigencia a los aún débiles procesos democráticos, y superar la condición de marginación de las mayorías. Existe un reconocimiento bastante amplio, debido al desarrollo de una esfera pública, activa y crítica de participación ciudadana.

Rescatar el sentido de lo público: lo que no es ni del Estado, ni de lo privado. O sea, esfera o espacio donde la ciudadanía en sus diversas expresiones pueda intercambiar ideas, participar en las propuestas de desarrollo, debatir sobre modelos de sociedad, fiscalizar el manejo de poderes, y tener un acceso transparente a la información que concierne a la comunidad.

Ello implica, como condición básica, que los distintos sectores sociales estén debidamente informados por una diversidad de fuentes y que tengan acceso a los medios para expresar públicamente sus propuestas y puntos de vista. Significa poder acceder en condiciones de equidad a canales de comunicación, y que se garantice la posibilidad de existencia de una gran variedad de medios de comunicación, tanto privados, como de servicio público, medios ciudadanos y comunitarios. Una de las funciones de las políticas públicas sería garantizar este ámbito plural de la comunicación.

En siglos anteriores, los ideólogos del pensamiento liberal identificaron a la libertad de prensa como condición fundamental para la preservación de la vida pública. En ese entonces, la libertad de prensa - entendida como libertad de fundar y desarrollar empresas mediáticas -, era vista como el medio principal para que pueda expresarse la diversidad de puntos de vista y constituirse una opinión pública informada.

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Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información - ALAI

En un contexto marcado por gobiernos absolutistas, la existencia de una prensa independiente, era considerada el mejor mecanismo de vigilancia e incluso de contrapoder, ante los abusos del poder estatal. Hoy se está viviendo un contexto distinto, sin desconocer la persistencia de gobiernos autoritarios en el mundo, y la necesidad de permanecer vigilantes cuando la libertad de prensa sigue bajo amenaza en muchas partes del mundo, la situación predominante es otra.

A la par de la globalización y del desarrollo de tecnologías de la comunicación, y con la importancia cada vez más estratégica de la información y la comunicación en la sociedad, ha ido emergiendo una industria transnacional en esta rama, que se ha convertido en sector económico de punta. Esta industria – fusiones e inversiones bursátiles de por medio - está estrechamente identificada con los intereses de las grandes corporaciones que dominan la economía mundial.

La fuerte incidencia en el ámbito financiero especulativo redundó en que el sentido mismo de la industria como sinónimo de producción se ha ido perdiendo. La crisis bursátil de inicios de este siglo y la serie de quiebres, con World Com a la cabeza, significará sin duda un encarecimiento o retraso del desarrollo de la base infraestructural de la sociedad de la información, principalmente en los países en desarrollo, cuya factura pagarán probablemente nuestras poblaciones, con un costo más elevado de las comunicaciones. (cf.

Pasquali) Es más, esta industria se ha ido colocando por fuera de la posibilidad de implementar controles y regulaciones desde las instancias democráticas, y critica todo intento de regulación como amenaza a la libertad de prensa. En estas condiciones, el principio de servicio público de la información y la comunicación ha quedado relegado. La información se ha convertido en una mercancía como cualquier otra; pero su oferta es regida, no tanto por la demanda de los consumidores, cuanto que por el mercado publicitario que genera el ingreso de las empresas mediáticas. Ello genera un conflicto con el sentido de interés público que siempre ha regido en las políticas en este campo.

Asimismo, si bien es cierto que se tiene acceso a una oferta mayor que nunca de fuentes de información, éstas en su mayoría están controladas por un número cada vez menor de grandes empresas, creando una situación de cuasi monopolio, tanto en el plano internacional como - en muchos países - en lo nacional, que pone en peligro la sobrevivencia de medios más pequeños e independientes, socavando la diversidad y pluralidad de fuentes.

En consecuencia, la amenaza principal a la libertad de expresión y al espacio público no proviene hoy de Estados absolutistas, cuanto que de la comercialización a ultranza de la comunicación. Es, entonces, un reto muy serio de la sociedad de la información establecer los equilibrios necesarios, como garantía democrática.

Pretender hoy que los medios de difusión masiva constituyen un contrapoder, vigilante de los abusos del poder político, sería un engaño. Más bien se han constituido en un poder con derecho propio, que no necesariamente se ubica en contra posición al poder político, mucho menos al poder económico. Hace poco se hablaba de los medios como el 4to poder; pero en el criterio de Ignacio Ramonet, ya sería el segundo poder, luego del poder económico-financiero, pues ya están por encima del estado. Javier Esteinou los califica incluso de primer poder.

Esta situación plantea serias interrogantes para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Por ejemplo: ¿Se puede hablar de libertad de opinión donde predominan patrones culturales de comunicación ajenos a los propios? ¿Cómo afectan las libertades el hecho que las comunicaciones privadas puedan ser sometidas a una vigilancia externa o los datos personales vendidos impunemente como mercancía? ¿Puede existir libertad de expresión si ciertos sectores de la población son sistemáticamente excluidos de los medios para expresarse, como ha sucedido de manera casi universal con las mujeres, pero también con grupos étnicos enteros, como los indígenas? ¿Con qué mecanismos cuenta la ciudadanía para hacer contrapeso a estos nuevos poderes, a fin de garantizar la vida democrática y el espacio público? ¿Y acaso el propio sistema de comunicación no está generando una situación de censura estructural?

Frente a ello, afianzar la esfera pública se vuelve ya un reto ineludible, que pasa por reivindicar nuestra calidad de ciudadanos, y no simplemente de consumidores de información, o de usuarios de servicios de comunicación. Algunos pretenden que en la Sociedad de la Información, el ciberespacio constituirá el nuevo espacio público. Es cierto que el Internet se desarrolló en sus primeros años como espacio abierto, donde la información fluye libremente y se facilitaron espacios de intercambio participativo.

La activa participación de instancias de la sociedad civil y del medio académico, en sus primeros años de desarrollo le imprimió este carácter, que aún con la creciente comercialización no la ha perdido. Pero para que siga siendo este espacio abierto se requieren de garantías y políticas, pues tampoco podemos olvidar que las TIC´s 2 se pueden prestar con gran facilidad a proyectos de control, vigilancia y concentración de poder. En todo caso, sería un error pensar que la tecnología pueda en sí misma solucionar problemas que la sociedad no ha resuelto en otros ámbitos. Y es evidente que, en el caso de América Latina, concentrar la esfera pública en el ciberespacio sería una solución excluyente. Pero sí podemos pensar que, con políticas adecuadas, se pueden desarrollar estas oportunidades de forma complementaria, para reforzar el espacio público. ¿Entonces, cuáles serían las políticas públicas a desarrollar en este sentido? Y ¿Cómo pueden los Estados recobrar su papel rector en el ámbito de la comunicación, y de garantía de libertades, pero sin caer en nuevas formas de censura?

Pues, justamente, la Sociedad de la Información trae nuevas amenazas y tentaciones de poder en este sentido. La censura tiene muchos sentidos y formas, que varían desde la prohibición expresa hasta las presiones sutiles que motivan la autocensura, pasando por el consejo, la amonestación o el castigo. La otra cara de la misma medalla es la circulación a propósito de información tergiversada o parcialmente cierta, con el propósito de desinformar. En la práctica, sabemos que la libertad de expresión y opinión sigue siendo violada a diario en muchas partes del mundo. En diversos países de América Latina, periodistas que se atreven a denunciar a la corrupción en esferas oficiales o el crimen organizado corren el riesgo de represalias que pueden, incluso, costarles la vida.

Pero el peligro hoy es que nos estemos encaminando a una situación de censura estructural, donde la censura se vuelva inherente al propio sistema de comunicación.

Incluso en las sociedades que se pretenden las más democráticas. El ejemplo más evidente 2

Tecnologías de Información y Comunicación

que tenemos a la vista ocurrió en semanas pasadas en Estados Unidos, la guerra en Irak nos muestra casi todas las formas de censura posible. En todo caso, si no le corresponde al Estado ser el guardián del espacio público, la ciudadanía sí requiere de mecanismos para ejercer ese don. Han surgido iniciativas de crear observatorios, veedurías, defensores del pueblo, propuestas de código de ética, a los medios, los cuales son mecanismos que la ciudadanía puede y debería desarrollar. Estos mecanismos deberían gozar de legitimidad y apoyo, tanto del Estado como de los propios medios de comunicación.

En cuanto al rol de las políticas públicas, se pueden ubicar a tres niveles en lo que respecta a garantizar las libertades en la Sociedad de Información: -

Adoptar un el marco regulatorio que asegure reglas claras, en condiciones de equidad.

-

Establecer un marco de derechos y libertades, y los mecanismos para asegurar su vigencia.

-

Implementar políticas favorables al desarrollo del espacio público y de las condiciones para ello.

El primer nivel tiene que ver con el marco regulatorio, para la creación y operación, tanto de medios de comunicación, como para el desarrollo de la infraestructura de la comunicación, en un sentido de garantizar equidad, pluralidad, diversidad, acceso, etc.

La necesidad de garantizar los bienes públicos, en el ámbito de la comunicación, representa un tema muy importante dentro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Eso tiene tanto que ver con las ondas electromagnéticas, que son un bien de toda la sociedad y no deberían ser privatizadas, como con garantizar la información dentro del dominio público.

Entre los medios electrónicos existe una competencia, necesaria, que requiere de un manejo democrático en las concesiones del especto radioeléctrico, que permita a los medios privados, de servicio público, medios comunitarios y ciudadanos, tener acceso a esas ondas, basándose no sólo en un criterio de quién puede pagar más, sino a través de medidas que eviten la conformación de monopolios. No se debe permitir que una sola empresa sea dueña de cualquier cantidad de estaciones de radios y de cadenas de televisión, porque restringen la posibilidad de sobrevivencia de los medios independientes.

El segundo nivel es el establecimiento de un marco de derechos y libertades, así como los mecanismos que permitan asegurar su vigencia. El derecho a la comunicación, que pretendemos sea reconocido como fundamental, va más allá de sólo decir que se está tratando de dilucidar, para afianzar no sólo la libertad de expresión, como está reconocido hasta ahora, sino de dar a la ciudadanía la posibilidad real de acceder a los medios de expresión. Al respecto, el Estado debe dotar a la población de mecanismos que le permitan reclamar cuando se sienta lesionada por el contenido de la comunicación.

El tercer nivel tiene que ver con implementar políticas favorables al desarrollo del espacio público y de las condiciones para ello. Se trata, por ejemplo, de garantizar el funcionamiento de instancias de observatorio y veedurías que funcionen con el reconocimiento del Estado, pero también con total autonomía. Es decir, órganos no gubernamentales, sino con participación ciudadana.

Dentro de la Sociedad de la Información, el problema son las brechas sociales y las exclusiones; entonces, el reto de ésta es cómo las tecnologías de la información y comunicación pueden ser movilizadas para ampliar y profundizar la participación social en el espacio público. En suma, en el tema de las políticas públicas lo más importante es pensar de manera proactiva, para abrir un terreno equitativo, con una mayor participación ciudadana en el proceso de la comunicación y garantizar el dominio público de la información.

Para finalizar quiero remarcar que el debate público sobre estos temas ha permanecido ausente, en casi todos los países de la región. Me pregunto si los medios de comunicación tienen interés en que perneé, y si no tenemos que buscar otros mecanismos para imponer que sean temas que se debaten. Por eso es necesario que la propia ciudadanía asuma que la comunicación no es un simple instrumento a tomar o a dejar; es un tema político de fondo, y el reto fundamental de la democracia. .

La Internet como bien público.

Acceso, brechas y puentes transitables en la construcción de la Sociedad de la Información. Notas para una discusión más amplia.

Raúl Trejo Delarbre 1 Cuando definimos a la Internet como la red de redes 2 quisimos destacar el carácter abierto, entrelazado y descentralizado que tiene esa creciente colección de conexiones. En el transcurso de 10 años, desde que en octubre de 1993 el gobierno estadounidense abrió la world wide web al tráfico comercial 3 –hasta entonces había estado limitada a funciones militares– la cantidad de hosts o equipos de cómputo conectados a la red ha crecido de 2 millones, a cerca de 200 millones para fines de 2003 4 . La cantidad de sitios web aumentó de 228 en octubre de 1993, a cerca de 45 millones para octubre de 2003. Los usuarios de este espacio social y medio de comunicación eran 3 millones en 1993 y una década más tarde rebasan los 600 millones en todo el mundo.

La cantidad de países conectados a la Red ha crecido en las mismas proporciones. Sin embargo la expansión de la Internet es tan desigual como la de otros bienes y servicios en cada región del mundo. El Cuadro 1, con datos de la empresa Nielsen, expresa claramente la disparidad en la presencia de la Red y su crecimiento reciente.

Cuadro Uno

1

Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. rtrejo@servidor.unam.mx;

http://raultrejo.tripod.com 2

Raúl Trejo Delarbre, La nueva alfombra mágica. Usos y mitos de Internet, la red de redes. Fundesco, Madrid, 1996.

3 La world wide web era pública desde 1991 pero solamente había sitios con texto. La utilización del explorador Mosaic permitió, dos años más tarde, navegar de un sitio a otro e ir incorporando material audiovisual.

4 Según estimaciones de Robert H. Zakon en su indispensable Hobbe´s Internet Timeline: http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/

1

La red de redes ha seguido expandiéndose y, en su constante diversificación, ha permitido nuevos usos mercantiles, sociales, educativos, culturales y políticos. Sin embargo la brecha entre quienes tienen acceso a esa información y aquellos que siguen marginado de ella, no se ha cerrado con la misma rapidez.

El crecimiento de la Internet ha desbordado muchas de las previsiones que se hacían a comienzos de los años 90 pero su estructura misma ha permitido que la reflexión acerca de ella la recorra de inmediato. El carácter reticular, que pensadores como Manuel Castells 5 han identificado también como el sustento y la originalidad de este medio, sirve para los propósitos más variados y puede ser reconocido como la esencia de la Internet. Más recientemente, el pensamiento acerca de esta red de redes ha reconocido su ensanchamiento constante y desenvuelto. David Weinberger reconoce en la Internet a un proyecto en construcción. Y explica: “Es la red más compleja jamás creada. Es por muchas veces en magnitud la más grande colección de escritos y obras humanos en la historia. Es con mucho más robusta que las redes más pequeñas no obstante que fue creada sin gerentes” 6 .

A la Internet, como eje de un sistema de información constante y creciente, imbricada con desarrollos tecnológicos como la digitalización de contenidos de toda índole y su transmisión con la velocidad y la ubicuidad que permiten los sistemas satelitales, se le ha equiparado con la Sociedad de la Información. Esa ha constituido una vía para reconocer, sin magnificarlas pero tampoco desatenderlas, las enormes posibilidades que ofrecen tales tecnologías. Cuando se habla de Sociedad de la Información –y más aun, cuando se prefiere considerarla Sociedad del Conocimiento– a esta nueva plétora de datos, mensajes y contenidos se le ubica como sustento de aspiraciones relacionadas con la equidad y la justicia social. Pero al mismo tiempo, ubicarla en ese contexto permite reconocer que ni la Internet, ni cualquier otro desarrollo tecnológico, cambiarán por sí solos los rezagos que padecen cada sociedad y el mundo todo. Por eso, hablar de Sociedad de la Información implica, además, el reconocimiento de las numerosas desigualdades que existen no solo en el acceso sino en la calidad de los contenidos que la gente, de acuerdo con sus circunstancias, puede contemplar, gestionar o colocar en la red de redes.

Tecnología, conocimiento y futuro Las definiciones más completas acerca de la Sociedad de la Información le incorporan, como a cualquier sistema social en donde sea deseable propiciar la equidad de oportunidades, connotaciones libertarias e igualitarias. No podía ser de otra manera si a la Internet se la relaciona con la democracia –aunque la red de redes, como instrumento de comunicación que es, no constituye por sí misma garantía de democracia–. De esa

5

Manuel Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 1. Alianza Editorial, Madrid, 1997.

6 David Weinberger, Small Pieces Loosely Joined. A unified theory of the web. Perseus Publishing, Cambdirge, 2002, p. 23.

2

identificación entre Internet y causas social y políticamente reivindicables, resultan puntualizaciones como la siguiente: “No se puede concebir una verdadera sociedad de la información sin garantizar la libertad de expresión y especialmente la expresión de la prensa y los medios. Los periodistas que actualmente están sujetos a frecuentes y poderosas presiones, incluso en democracias firmemente establecidas, son mediadores y garantes de la transmisión de la información y el conocimiento, haciendo posible que los ciudadanos cumplan con su legítimo papel en el debate democrático. Por eso, es importante recordar que deben poder cumplir libremente con su trabajo.

“La sociedad de la información no se refiere solo a medios técnicos de comunicación: debe permitir la creación y el desarrollo del conocimiento y merece evolucionarse más allá del acercamiento solamente tecnológico que ha prevalecido hasta ahora, para que esa concepción incluya temas relacionados con los contenidos. Es tiempo de tomar en cuenta las necesidades y los derechos de los usuarios, que van desde el entrenamiento técnico y ético en las tecnologías de la información y la comunicación, hasta la posibilidad de intercambiar y producir contenidos culturalmente diversificados en sus propios idiomas y en una variedad de formas de comunicación no limitadas a la escritura y que incluyan el habla, sonidos e imágenes” 7 . ¿Qué es, entonces, sociedad de la información? Más allá de las definiciones académicamente escrupulosas, o políticamente correctas, resulta interesante asomarse a lo que se dice de ella en la propia Internet. El sitio googlismos 8 , que está asociado al conocido motor de búsqueda Google pero en lugar de domicilios web ofrece un listado de frases encontradas en la red de redes acerca de una palabra específica, muestra más de 200 definiciones para ese concepto. Como ocurre con gran parte de los contenidos que hay en la Red, no se mencionan las fuentes de esas descripciones. Entre ellas, en una búsqueda realizada en julio de 2003, rescatamos las siguientes. ¾ Sociedad de la información es una red para la gente. ¾ Sociedad de la información es una prioridad mayor para el gobierno. ¾ Sociedad de la información es un proyecto en donde el conocimiento tiene una posición central. ¾ Sociedad de la información está en el corazón de lo político. ¾ Sociedad de la información no es ideológicamente neutral. ¾ Sociedad de la información es un término empleado para describir una sociedad y una economía que hace el mejor uso posible de las tecnologías de la información y la comunicación. ¾ Sociedad de la información es tan deseable como ineluctable. ¾ Sociedad de la información es aquella que mejor capacita a la gente para realizar sus aptitudes y cumplir sus aspiraciones. ¾ Sociedad de la información está siendo generada en varios países.

7

Freedom of expression in the Information Society. Reporte final del simposio internacional organizado por la Comisión Nacional Francesa para la Unesco en colaboración con la Unesco. París, noviembre 2002.

8 http://www.googlism.com/index.htm

3

¾ Sociedad de la información es el impacto de la tecnología de la información y las comunicaciones en toda la economía y la sociedad civil. ¾ Sociedad de la información es un factor esencial para el desarrollo sustentable de nuestras regiones. ¾ Sociedad de la información está basada en la libertad de expresión. ¾ Sociedad de la información es la sociedad de mañana.

En tales definiciones hay un encuentro entre tecnología y acumulación de conocimientos.

La responsabilidad del poder político para buscar y moldear la utilidad social que tendrá esa acumulación de datos, su carácter político e ideológico, la presencia inevitable que adquiere en la vida contemporánea, su entrelazamiento con el desarrollo y el futuro aparecen –y no es casual– en esas descripciones de la Sociedad de la Información.

Acceso, equipo y destrezas De la mano con la Internet y las aspiraciones que se concentran en la Sociedad de la Información, el concepto brecha digital ha permitido identificar algunos de los faltantes principales en el desarrollo de la red de redes. Inicialmente circunscrita a la disponibilidad de conexiones en una localidad o sociedad determinadas, ahora a la brecha digital se la relaciona, además, con la calidad de los contenidos y de las conexiones mismas. Es decir, la idea de acceso que fue originaria para entender esa brecha ha sido ampliada a otros indicadores.

Un grupo de promotores de la Internet reunido en el proyecto bridges.org y que ha manifestado su preocupación por el dispar crecimiento mundial de la Red de redes, ha enumerado de la siguiente manera cinco diferentes acercamientos a la brecha digital: “Hay cinco perspectivas básicas acerca de lo que es y lo que resuelve la brecha digital, las cuales se relacionan con varios elementos de las tecnologías de la información y la comunicación: “1. La brecha digital es la ausencia de conexiones físicas y adiestramiento. El gobierno, las ONGs y las iniciativas del sector privado deberían proveer equipo de cómputo, accesos a las redes y (desde algunos puntos de vista) entrenamiento para superar la brecha digital.

“2. La brecha digital es la ausencia de computadoras, acceso y adiestramiento, pero con el tiempo ese problema se resolverá por sí mismo. Se requieren equipo de cómputo y acceso a la red, pero el mercado y los proyectos de desarrollo selectivo resolverán ese problema por sí solos impulsando la reducción de precios, auspiciando áreas de entrenamiento para las nuevas tecnologías y extendiendo la infraestructura a regiones alejadas.

“3. La brecha digital es la ausencia de computadoras y adiestramiento, exacerbada por ineficaces políticas y acciones (o ausencia de ellas) gubernamentales, que impide el desarrollo y uso de computadoras. Hasta que esas políticas cambien la brecha digital no será resuelta.

4

“4. La brecha digital es una oportunidad perdida, con grupos en desventaja que no tiene posibilidad de aprovechar eficazmente las nuevas tecnologías para mejorar sus vidas. Lo que realmente importa es cómo se emplea la tecnología y su increíble potencial para mejorar la calidad de vida de los grupos en desventaja; su uso efectivo requiere computadoras, conexiones, adiestramiento, contenido localmente relevante y auténticas aplicaciones de la tecnología para resolver sus necesidades inmediatas.

“5. La brecha digital es reflejo de la carencia de alfabetización básica, pobreza, saludo y otros temas sociales. Las computadoras son útiles, pero nada permitirá a una sociedad resolver la brecha digital hasta que la alfabetización básica, la pobreza, la atención para la salud y esos asuntos sean atendidos” 9 .

En esa variedad de perspectivas los indicadores para estimar la brecha digital son sustancialmente los mismos: conexiones y equipo, así como capacitación para aprovecharlos. La diferencia está en el énfasis que invierta y los efectos que logre cada actor en la promoción de un uso social extenso de las nuevas tecnologías. La responsabilidad que en cada uno de esos enfoques se asigna a gobierno, empresas y organismos civiles puede variar. En todo caso puede considerarse que a la brecha digital no se le abate desde un solo flanco.

Es preciso reconocer una desigualdad originaria, pero además creciente, en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información. Países como Estados Unidos llevan una ventaja que se multiplica cada día y cada año ya que las naciones más atrasadas no toman medidas para superar esa brecha.

Computadoras y conexiones en América Latina y el mundo El empleo de computadoras es un indicador de tal desigualdad. Una estimación publicada por el Banco Mundial sobre la cantidad de datos procesados en equipos de cómputo en varios países, puede ser presentada como hacemos en la gráfica titulada Capacidad de procesamiento de cómputo. Las cifras en esa gráfica muestran el porcentaje que cada país alcanza en la capacidad total de procesamiento de datos en el mundo. Esas cantidades resultan de estimar los millones de instrucciones por segundo que pueden ser procesados en los equipos de cómputo que hay en todo el mundo. La información a partir de la cual elaboramos esta gráfica se encuentra en el 2002 Knowledge Assessment del Banco Mundial 10 .

9

“Defining the digital divide”, en: http://www.bridges.org/spanning/annex1.html World Bank, 2002 Knowledge Assessment, http://www.worldbank.org/

10

5

Capacidad de procesamiento de cómputo 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Argenti Brasil na %

0.39

1.01

Chile 0.15

Colom Alema Austral Españ México China nia ia a bia 0.28

1.02

5.23

1.9

1.83

1.42

Estado Gran Bretañ s a Unidos 35.63

4.53

India Suecia 0.69

0.94

Fuente: a partir de datos correspondientes a 1998 recopilados en el 2002 Knowledge Assessment del Banco Mundial

Con razón la profesora Pippa Norris, que durante años se ha dedicado al estudio de las relaciones entre política y medios de comunicación ha considerado, en un libro reciente acerca de la brecha digital: “El hecho de que en el mundo virtual hay inequidades absolutas entre naciones ricas y pobres difícilmente resulta sorpresivo; sería ingenuo esperar otra cosa en vista de las disparidades sustanciales en cualquier otra dimensión de la vida desde la atención a la salud y la nutrición hasta la educación y la longevidad. A pesar de las muy exageradas esperanzas de algunos ciber-optimistas, la Internet no va a erradicar súbitamente los fundamentales y desatendidos problemas de las enfermedades, la deuda y la marginación que enfrentan los países en desarrollo” 11 .

Y menos lo hará si el equipo básico para aprovechar a la Internet se distribuye con tantas disparidades como se aprecia en la gráfica “Computadoras por cada cien habitantes en

11

Pipa Norris, Digital Divide. Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide.

Cambridge University Press, 2001, p. 49.

6

países de América Latina”. Elaborada a partir de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 12 , esa gráfica puede compararse con la siguiente, que muestra en equipamiento en materia de cómputo en otros países del mundo.

Computadoras por cada cien habitantes en países de América Latina 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

%

El Urugu Méxic Nicar Parag Colo Costa Ecua Argen Bolivi Perú Salva Brasil Chile ay o agua uay mbia Rica dor tina a dor 8.2

2.28

7.48 11.93 4.93 17.02 3.11

2.19

6.87

2.79

1.42

4.79 11.01

Fuente: a partir de datos correspondientes a 2002 recopilados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones

En tanto Argentina y Brasil tienen recursos similares en ese terreno (con 8.2 y 7.48 computadoras por cada cien personas) Chile, con 11.93 se despega del promedio sudamericano y México se mantiene rezagado con un modesto 6.87. Son evidentes el esfuerzo de Uruguay (con más de 11 computadoras por cada cien habitantes) y muy especialmente el de Costa Rica, cuyas 17.02 máquinas por cada cien personas superan al equipamiento que tiene España.

12

International Telecommunications Union, http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics

7

Computadoras por cada cien habitantes en países de otras regiones 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

%

Alemani Australia a 43.49

51.58

China

España

Francia

1.9

16.82

44.17

Estados Gran Unidos Bretaña 62.5

36.62

India

Suecia

0.58

56.12

Fuente: a partir de datos correspondientes a 1999 recopilados en el 2002 Knowledge Assessment del Banco Mundial

Las capacidades diferentes para aprovechar la Red se traducen, desde luego, en una presencia también dispareja en el suministro de contenidos en la Internet. Para aquilatar la gráfica Hosts de Internet por cada 10 mil habitantes en países de América Latina es preciso advertir que el mayor valor de la escala con que está diseñada es 400. Así, los 211 equipos que Uruguay tiene conectados a la Red –por cada 10 mil habitantes– destacan frente a los 128 de Argentina, los 96 de Brasil y los 91 de México.

8

Hosts de Internet por cada 10 mil habitantes en países de América Latina 400 350 300 250 200 150 100 50 0

#

El Argen Bolivi Colo Costa Ecuad Méxic Nicar Parag Urugu Brasil Chile Salva Perú tina a mbia Rica or o agua uay ay dor 128

1.84

96

80

13.4

21

2.63

0.8

91.5

4.2

4.8

5.2

211

Fuente: a partir de datos correspondientes a 2002 recopilados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Sin embargo, para cotejar esa gráfica con la que muestra la cantidad de hosts o anfitriones de la Red en países no latinoamericanos hay que tomar en cuenta que la segunda está presentada en una escala donde el mayor valor es 4000. Es decir, si quisiéramos comparar las dimensiones reales del acceso latinoamericano a la Red con la situación en Estados Unidos, Europa y otras zonas, sería preciso imaginar que las barras de la primera gráfica son 10 veces menores que las mostradas en la segunda. De ese tamaño es la diferencia.

9

Hosts de Internet por cada 10 mil habitantes en países de otras regiones 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

#

Alemani Australia a 314

1304

China 0.68

España Francia 145

233

Estados Gran Unidos Bretaña 3729

485

India

Suecia

0.81

950

Fuente: a partir de datos correspondientes a 2002 recopilados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Al respecto, en un sugerente libro el profesor de Ciencias de la Computación Ben Shneiderman recuerda que “La diseminación de Internet es mucho menor en otros países alrededor del mundo que en Estados Unidos. Muchas naciones europeas tienen tasas de utilización de Internet cercanas al 50% pero en América del Sur, el país a la cabeza en el empleo de Internet es Brasil con solamente el 3% de cobertura. En muchas naciones de Africa y Asia solo hay un proveedor de servicio de Internet (ISP) y el consumo es menor al 1% de la población” 13 .

Invertir en las nuevas tecnologías Las diferencias internacionales en equipamiento y presencia en la Red se traducen en una distinta apreciación de la sociedad acerca de la Internet. Además esas desigualdades tienen consecuencias políticas y culturales pero también, comerciales. Si en un país con desarrollo escaso el costo de acceso a la Internet es superior al que disfrutan los ciudadanos en naciones industrializadas, las expectativas de la gente para aprovechar los recursos de la Sociedad de la Información habrán de ser muy distintas.

El ya citado Shneiderman advierte al respecto: “El costo es un asunto central para muchos pero las limitaciones del equipo, entendidas como algo difícil, así como la ausencia de 13

Ben Shneiderman, Leonardo'

10

utilidad, desalienta a otros. Es difícil exagerar la importancia de exponer la brecha digital internacional debido a la capacidad para acelerar el desarrollo económico que beneficia a todas las naciones y la oportunidad para promover iniciativas sociales que apoyen movimientos constructivos, en vez de violentos. Si las naciones van a alcanzar la meta de usabilidad universal, entonces los investigadores y los desarrolladores de tecnología necesitan mejorar agresivamente los actuales productos, dirigirlos hacia las realidades de las necesidades locales y aumentar la importancia de los servicios en la Red” 14 .

Añade ese autor: “Así, la usabilidad universal ha emergido como un asunto importante.

La complejidad que propagan las tecnologías de la información y la comunicación, en parte, desde el alto grado de interactividad que se necesita para la exploración de información, las aplicaciones comerciales y las actividades creativas. La Internet está urgiendo debido a su respaldo a la comunicación interpersonal y las iniciativas descentralizadas: los empresarios pueden abrir negocios, los periodistas pueden iniciar publicaciones y los ciudadanos pueden organizar movimientos políticos” 15 .

Y allí, puesto que se trata de un asunto de consecuencias variadas y de interés general, es en donde resulta fundamental la intervención del Estado. No nos detendremos aquí a comentar las consecuencias que han tenido las políticas de impulso a la Internet en países como Costa Rica y Brasil (las gráficas anteriores son suficientemente explícitas) en comparación con la ausencia de políticas específicas en ese campo que se han padecido, por ejemplo, en México. Pero la sola equiparación del dinero que las naciones destinan al desarrollo en las tecnologías de información permite advertir el interés que sus gobiernos y sociedades tienen para aprovechar –o ignorar– las posibilidades de recursos como la Internet.

Elaboradas con datos del Banco Mundial, las dos gráficas siguientes muestran el porcentaje que, de su Producto Nacional Bruto, invierten distintos países en tecnologías para la información y la comunicación. No se trata de porcentajes del gasto público sino del desembolso total, que incluye inversión privada. En la gráfica con información de países latinoamericanos se puede observar la interesante apuesta de Colombia, el ligero rezago de México, el esfuerzo de Argentina y Brasil a pesar de sus respectivas y diferentes crisis. En la otra, se manifiesta el gran intento de China para actualizarse en esta materia, así como la expresión de la intensa actividad mercantil que el sector de la informática significa en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.

14 15

Shneiderman, ibid.

Ibid., pág. 38.

11

Porcentaje del PNB que se invierte en tecnologías de la información y la comunicación en países de América Latina 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 %

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

3.4

5.82

5.74

8.85

4.2

Fuente: a partir de datos correspondientes a 1999 recopilados en el 2002 Knowledge Assessment del Banco Mundial

12

Porcentaje del PNB que se invierte en tecnologías de la información y la comunicación en países de otras regiones 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

%

Alemani Australia a 5.27

8.85

China

España

Francia

4.86

4.3

5.96

Estados Gran Unidos Bretaña 8.87

9.35

India

Suecia

3.46

9.28

Fuente: a partir de datos correspondientes a 1999 recopilados en el 2002 Knowledge Assessment del Banco Mundial

Un área pública en la Internet Atajar las brechas digitales, edificar una auténtica sociedad de la información y lograr que el auge de las nuevas tecnologías de este tipo no se limite a la ampliación del mercado que suelen dominar grandes empresas, pasa por el reconocimiento de la información y sus accesos como un bien público. De la misma manera que la Internet constituye, crecientemente, la zona más vital, abierta y creativa del espacio público en las sociedades contemporáneas, también se puede considerar que es y debiera seguir siendo una destacada porción del patrimonio social y cultural de la humanidad.

El fortalecimiento del espacio público, que suele ser reconocida como una de las tareas indispensables en la construcción o la consolidación de las democracias, implica la solidificación de una Internet en todos los sentidos accesible a los ciudadanos. Promover la utilización libre y extensa de la Red constituye una de las tareas indispensables, hoy en día, para que esa vital zona de la sociedad contemporánea no quede poblada solo de consumidores de información.

En América Latina todavía nos encontramos con resistencias a reconocer esa relevancia de la Internet. Por eso es pertinente atender a las recomendaciones que, con un tono

13

prácticamente perentorio, hacen los destacados sociólogos Michael Gurevitch y Jay G. Blumler en un texto que ha circulado, precisamente, en la Red. “En suma –concluyen un alegato a partir del uso que la Internet ha tenido en coyunturas como el 11 de septiembre de 2001 y en ocasión de la guerra contra Irak– debemos proponernos el fortalecimiento de un espacio público y cívico en el ciberespacio, que sea preservado por un organismo público responsable de ello. Como sería un área pública debería ser concebida como un espacio abierto, que respaldase institucionalmente la extensión de las oportunidades de la gente para contribuir a las políticas públicas en aquellos asuntos que le conciernen significativamente –una extensión que crecería en compromiso e influencia al grado de que esas oportunidades sean ocupadas y usadas por todos los involucrados– para finalmente ser parte de nuestro equipamiento democrático 16 .

Luego de proponer la creación de esas garantías institucionales para que en la Internet se preserve el espacio abierto que le permita ser zona de deliberación e influencia de la sociedad, esos autores miran al plano internacional de nuestros días: “Las capacidades de la Internet para trascender fronteras deberían ser aprovechadas para avanzar hacia una democracia supra nacional. Instituciones supra nacionales y un parlamente supra nacional ya son hechos familiares en el panorama político europeo. No hay razón, entonces, para que no pueda ser establecida un área pública en el ciberespacio. Y si ese esfuerzo logra añadir una dimensión democrática a la política en Europa, podrían considerarse vigorosamente las vías para aprovechar su amplio potencial global. De esa manera se podría hacer una positiva aportación política al estado de cuentas de los pros y contras del proceso de globalización”.

16

Michael Gurevitch y Jay G. Blumler, “The vulnerable potential of the internet” en Open Democracy, 6 de febrero de 2003, www.opendemocracy.net

14

La Sociedad de la Información”: El Enfrentamiento entre proyectos de Sociedad Armand Mattelart * En la presentación del tema general “Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento”, los organizadores de la “VI Conferencia sobre los Retos de México ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información”, recuerdan con toda razón que : “La información no contribuye, por sí misma, al entendimiento ni a la solución de los problemas sociales, para aprovecharla es preciso saber identificar, encontrar y cotejar la información que nos pueda resultar útil. La sociedad de la información puede contribuir a transformar la economía, el trabajo, la cultura y las formas de relación personal. De la comprensión de sus implicaciones depende nuestra capacidad para encauzarlas” Contrariamente a lo que repiten a la saciedad los profetas del ciberespacio, el enfrentamiento contemporáneo alrededor del proyecto de la llamada sociedad de la información, no se da entre tecnófilos y tecnofobos, ni tampoco entre “globalofilos” o “globalofobicos”, según el vocabulario vigente en la jerga mediática mexicana, sino entre quienes creen en el milenarismo tecnoglobal y quienes luchan para lograr un control democrático del espacio informacional y comunicacional. Ubicar el reto ante las nuevas tecnologías digitales bajo el ángulo del ensanchamiento de la democracia, permite evitar el doble escollo a la vez del angelismo y del apocalipsis.

Nociones con una memoria cargada de ambigüedades Debo confesar, de entrada, que las apelaciones de “Sociedad de la Información” y “Sociedad del Conocimiento” que tienden cada vez mas a formar parte de un cierto sentido común, están lejos de ser inocentes. De hecho, la expresión “Sociedad de la Información” es el resultado de una historia marcada por numerosas controversias y es precisamente lo que he tratado de demostrar al trazar su genealogía en Historia de la Sociedad de la Información, publicada en 2002.

La idea de sociedad regida por la información, por el “dato”, esta anclada en el proyecto de la modernidad occidental. Es muy anterior entonces a la invención del lenguaje informático y de la noción contemporánea de “información”, verdadero proteo y comodín.

En el transcurso del siglo XVII y XVIII se entroniza a la matemática como arquetipo de la razón, como modelo de razonamiento y de acción útil. Tiempos donde se reaviva el grial de un “lenguaje universal”, de la “Biblioteca de Babel”, un tema recurrente en la obra de Jorge Luis Borges. La idea se despliega con el proceso de industrialización y se confunde con los avances del pensamiento de lo cifrable y de lo medible como norma de perfectibilidad de la sociedad, como parámetro del universalismo. Se confunde también con la evolución de las doctrinas de organización y re-organización de la sociedad. Nada extraño entonces es encontrar al fundador de la economía política clásica, Adam Smith, al filosofo del “industrialismo” Claude-Henri de Saint-Simón, al inventor de la primera *

Profesor de la Universidad de Paris VII. Vicennes-Saint Denis. Trabajo tomado de su exposición en la VI Conferencia Internacional “Los retos de México ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información”, celebrada en el Senado de la República del 28 al 30 de mayo de 2003.

doctrina de la organización científica de la división del trabajo, Frederick Winslow Taylor, en los precursores del proyecto tecnocrático de una “sociedad funcional”, una sociedad gerenciada por virtud del saber positivo.

La noción misma de Sociedad de la Información se gesta paulatinamente a partir del fin de la segunda guerra mundial. Una serie de neologismos se encarga de anunciar la promesa de una nueva sociedad: managerial, post-capitalista, post-histórica, post-industrial, technotronica, etc. Todos preparan el advenimiento de la “Sociedad de la Información” que se institucionalizara definitivamente a partir de los años setenta. La esperanza que, al salir del conflicto, el inventor de la cibernética Norbert Wiener pone en el potencial emancipador de las tecnologías de la inteligencia artificial: (“Hacer que nunca mas se vuelva a repetir la barbarie de Bergen-Belsen e Hiroshima”) se ve rápidamente truncada por los enfrentamientos de la guerra fría y las primeras aplicaciones de estas invenciones a las redes de protección del espacio aéreo.

El proyecto de una “nueva sociedad” configurada por las nuevas maquinas de información se vuelve parte integrante de los envites de las tensiones entre los dos sistemas de valores. Desde la mitad de los años cincuenta el auge de estos neologismos en la ciencia política estadounidense corre pareja con las tesis de los “fines” o “crepúsculos”: de la edad de la ideología, de lo político, de las clases y de sus luchas, de los intelectuales protestatarios y, por ende, del “compromiso”, en provecho del auge de un intelectual volcado hacia la toma de decisiónes. En la nueva sociedad prometida, el pensamiento managerial, el positivismo gerencial sustituiría a lo político. En los años sesenta, con el perfeccionamiento de los “métodos objetivos” para explorar el futuro, empezaron a multiplicarse los best-sellers de anticipación de la sociedad tecno-informacional, sinónima de pleno empleo, de fin del Estado-Nación, de democracia interactiva. En la sociedad de los futurólogos, la fractura ya no se daría entre ricos y pobres, entre comunismo y socialismo, sino entre Antiguos y Modernos (según los mitos acunados por Alvin Toffler). A partir de los años setenta, la noción de Sociedad de la Información saldrá de los think tanks y de los medios académicos para convertirse en principio operacional en manos de los gobiernos de los grandes países industriales.

Volveré mas adelante sobre esta fase decisiva que desembocara progresivamente a los retos de hoy. Hilo de Ariadna de esta historia, a cada generación de las técnicas aptas a hurgar el tiempo y el espacio se reavivaran en el discurso mesiánico sobre la promesa de concordia universal y de un nuevo “agora” ateniense. De Bacon a Leibniz, de Condorcet a Al Gore, de Teilhard de Chardin a McLuhan, pasando por Zbigniew Brzezinski, se reconducirá esta creencia tecno-determinista. Cada vez, el reciclaje de esta retórica se efectuara a pesar de la diversidad de los contextos socio - históricos de implantación de las técnicas de comunicación y los desmentidos sucesivos a sus virtudes milagrosas. La amnesia será un rasgo constitutivo de los imaginarios sociales de la comunicación.

El termino “Sociedad del Conocimiento”, de aparición mas reciente, que ambiciona colmar las carencias y las ambigüedades de la noción de “Sociedad de la Información”, es también problemático. El uso de la noción genérica de “conocimiento” es tan proteiforme como el recurso a la de información. Consensual a poco costo, esta semántica tiene el defecto de esquivar la cuestión de la pluralidad de los saberes y de sus protagonistas: los saberes fundamentales o sabios, los saberes aplicados de los expertos y los contra-expertos, los saberes ordinarios surgidos de las múltiples vivencias de la cotidianeidad. Uno de los

aportes mayores de la ruptura epistemológica que, en los años ochenta, ha significado el nuevo paradigma del “retorno al sujeto” en las ciencias humanas y sociales es precisamente la rehabilitación de los saberes procedentes de las experiencias vividas.

De ahora en adelante, este nuevo régimen de verdad repercute ineludiblemente en las maneras de acercarse a la producción y la circulación de las otras dos fuentes de saberes. Así lo están entendiendo, por ejemplo, los nuevos movimientos sociales para otra mundialización, al definirse como “movimientos de educación popular” y al buscar nuevas formas de alianzas sociales entre intelectuales y actores de la sociedad civil organizada, formas inéditas de intercambios mutuos de los saberes en todas sus variantes.

A la noción singular y unívoca de “conocimiento”, prefiero la expresión alternativa “Sociedad de los saberes para todos y por todos” para designar el proyecto de sociedad equitativa, sacando provecho de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esta denominación tiene, por lo menos, el mérito de contrarrestar la tendencia lancinante que se observa en las esferas del poder llamado global, al retorno de las concepciones difusionistas –de arriba abajo- de la producción y distribución del “conocimiento” en las estrategias de construcción de los macro-usos de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La retórica de la innovación digital sirve de coartada para remozar visiones neo-imperiales y etno-céntricas de la reestructuración del orden mundial. He aquí, por ejemplo, como el gurú del management Peter Drucker, en su libro La Sociedad Post capitalista, caracteriza a la “Sociedad del Conocimiento” (knowledge society): “El hombre instruido del mañana deberá contar con que viva en un mundo globalizado, que será un mundo occidentalizado”.

La reciente crisis iraquí nos enseña que más que nunca el etnocentrismo de las sicologías de la modernización entendidas como “occidentalizacion” o “westernization” está repuntando con fuerza en los liftings de la ideología arrugada del progreso. El “conocimiento” en paracaídas del Banco Mundial y para los recalcitrantes, las bombas para preparar el terreno. Ambas formas de difusión traducen una incapacidad para entender el meollo de las culturas. Lo que podría significar a la larga, una real incapacidad de gobernar, de ejercer la hegemonía. El campo geopolítico de las culturas es donde el coloso deja al descubierto sus pies de arcilla, donde se fisura su credibilidad.

Por estas razones reviste tanta importancia la Conferencia que en mayo se convocó en México y que trató de fijar su posición ante la “Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información” decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas y capitaneada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (IUT) con la contribución de la UNESCO. El hecho de que un país, con su(s) cultura(s), se esfuerce por apropiarse de este tema rotulado global, debe interpretarse también como una forma de resistir a una involución del pensamiento que niega la quiebra de la ideología del desarrollismo. Una involución que nos hace retroceder a los años cincuenta y sesenta, cuando toda una escuela de planificadores sociales calculaba indicadores socio–económico-culturales con vista a establecer escalas de acceso a un progreso calcado sobre la sociedad mas “desarrollada”.

Hablar de la “Sociedad del Conocimiento” sin caer en mitologías sobre el poder redentor de las tecnologías implica reconocer que los sistemas de producción y circulación de los saberes atraviesan una crisis profunda, estructural. Lo atestiguan las embestidas desreguladoras en contra de la idea de servicio público en los sistemas de enseñanza y de

investigación. Un buen índice seria el número de huelgas que últimamente han ocurrido bajo todas las latitudes para defenderlo. Globalmente, se puede decir que la innovación tecnológica se ha vuelto un arma decisiva en la guerra a la que se entregan los grandes grupos para la conquista de los mercados, desde aquellos de alta tecnología hasta los de la industria farmacéutica, pasando por los de los organismos genéticamente modificados.

El proceso de producción de los conocimientos está atrapado en una dinámica que fija una escala de prioridades actuando en función del aumento de la competitividad de las empresas. La visión gerencial de la sociedad ha naturalizado el acercamiento acrílico de los focos de elaboración y transmisión de los saberes al pragmatismo empresarial. La apropiación por la valorización capitalística de la materia gris y de la creatividad con fines de integración, es uno de los retos mayores del proyecto ultraliberal de construcción de la arquitectura reticular global. La nueva tecno-utopía busca la alianza entre la “imaginación” de los “intelectuales” y el “realismo” de los “managers”. Paradójicamente, este lenguaje de maniqueo deja ver los prejuicios del anti-intelectualismo que la nutre.

Todos, desde contextos muy variados, vivimos estas tendencias pesadas del remodelamiento del mundo. Las vivo yo personalmente, por ejemplo, en los debates sobre los planes de armonización de los diplomas universitarios y las orientaciones propuestas para la investigación en la Unión Europea. Una concepción instrumental del saber esta progresando y hace que se pierda de vista que la tarea de la universidad es proporcionar al estudiante una enseñanza que le dé la posibilidad de forjarse su autonomía intelectual. El positivismo gerencial es alérgico a todo distanciamiento. De allí la aversión por las “teorías”, la alergia a la reflexividad, asimilada a “teoricismos”.

Al no contrarrestar las tendencias que apuestan a la “profesionalización”, a la transmisión de habilidades técnicas, al escamotear la cuestión de la “profesionalidad” como inserción en la sociedad no solo como profesional sino como ciudadano, se corre el riesgo de no poder aprovechar el potencial virtual de ese fabuloso arsenal de tecnologías nuevas y de orientar los usos sociales de las herramientas de la futura sociedad de conocimiento, hacia los mismos callejones sin salida de la sociedad industrial. En una palabra, uno se arriesga a quedar corto de “imaginación sociológica”. Lo preocupante e incluso escandaloso desde el punto de vista moral, es que la zanja entre las promesas invertidas en las tecnologías digitales y los usos reales de éstas en provecho de la felicidad de todos los humanos, no deja de aumentar día tras día. La obnubilación por la innovación técnica no guarda proporción con la potenciación de las innovaciones sociales.

Que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación tengan un carácter estructurante y revelador del estado de una sociedad, lo sabemos desde hace algún tiempo. Ya en la investigación que hace más de veinte años realicé con mi amigo Héctor Schmucler, en ese entonces docente de la UAM-Xochimilco en México, en varios países del sub-continente, México entre otros, y que se publicó con el titulo América Latina en la Encrucijada Telemática, anotábamos: “Herramientas privilegiadas de la reorganización de los dispositivos institucionales y económicos, estas tecnologías ponen al desnudo las estructuras concretas de las realidades donde están llamadas a insertarse. Al obligarnos a interrogarnos sobre las vías peculiares que sigue el proceso de informatización de cada sociedad, es a una radiografía de esta última, que uno está convidado”.

Insistíamos sobre el hecho de que cada sociedad tiene el modo de apropiarse de los llamados “universales de la comunicación” que se merece. Lo hace con el peso de su cultura, de su historia y de la pluralidad de los actores que les actúan y actualizan. Lo que ha cambiado entre hoy y el momento en que redactamos América Latina en la encrucijada telemática es que cada vez más actores sociales, económicos, políticos, culturales, con intereses no necesariamente convergentes, pueblan el espacio público de los debates sobre las vías de implantación social de las tecnologías. Lo que es una novedad con relación a la larga historia de los medios de comunicación y de información cuya implantación social se hizo a espaldas de las sociedades civiles.

Las investigaciones que se desarrollan en el mundo sobre los experimentos de instauración de las infraestructuras de la llamada Sociedad de la Información muestran que, mas allá de los discursos globalizantes que les acompañan, la formulación de estrategias hace resurgir, en cada realidad nacional, las especificidades que traducen configuraciones de actores inscritos en contextos institucionales, culturales, industriales y políticos genuinos. Todas variables que incluso los expertos del famoso think tank, la Rand Corporation, deben tomar en cuenta cuando elaboran sus tipologías esquemáticas de los diversos países del planeta según el “impacto de la revolución de la información”.

Cuando, por ejemplo, clasifican a Inglaterra, Irlanda, Israel, Taiwan entre los “voluntaristas” o “seguidistas”, en el sentido de que se dejan llevar por el determinismo técnico y, en cambio, ubican a Alemania y Francia en la categoría de los “modificadores”, es decir aquellos países que se preocupan en grados distintos de los “valores culturales” y de las “disparidades socioculturales”. Todo ello nos recuerda una vez más que la construcción de la llamada Sociedad de la Información se inscribe forzosamente en un campo de fuerzas políticas de las cuales es difícil abstraerse.

La “Sociedad Global de la Información”: un reto geopolítico Es en el curso del último decenio que la noción de la Sociedad de la Información ha adquirido un carácter de evidencia en las representaciones colectivas. Incluso si los asincronismos han marcado la popularización de dicha problemática, ciertos países incorporándola con mas lentitud. Es, al parecer el caso de México,: “En México, este debate no cuenta aun con la suficiente difusión y el conocimiento amplio que permita, a todos los sectores involucrados, plantear sus puntos de vista para incidir en la posición que habrá de presentar en la Cumbre de Ginebra”, como se señala en la convocatoria a la VI Conferencia..

La noción de Sociedad de la Información no adquiere su sentido sino en una configuración geopolítica. Proyectos de sociedad contrastados se enfrentan y subentienden arquitecturas y usos muy diferentes de las redes de información y de comunicación a escala planetaria. Lo atestiguan los debates sobre la “brecha digital” y las estrategias para colmarla en las grandes instancias internacionales, del G-7 al sistema de las Naciones Unidas, pasando por el Banco Mundial.

Es precisamente una de las razones por la qué nos encontramos debatiendo acerca de la “Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información” que debe reunirse en diciembre del 2003. Este evento en México fue una buena oportunidad para recapitular la topografía

de los actores que ya desde algunos años protagonizan los debates sobre la pertinencia de elaborar un marco regulatorio que presida a la inserción social de las tecnologías digitales.

La noción de Sociedad de la Información acarrea una memoria de controversias. Lo mismo ocurre con su consagración como principio de políticas publicas.

Con la primera crisis del petróleo en los setenta, la “informatización de la sociedad” 1 se transforma, para las potencias industriales, en una herramienta oficial de “salida de la crisis”. Crisis de un modelo de crecimiento económico, autofago, devorando hombres, materias primas y recursos naturales, y, por lo tanto, destinado a periclitar. Crisis de los modos de producir el consenso, crisis de la “gobernabilidad de las democracias occidentales”, según los términos que figuran en el diagnostico emitido en 1975 por la famosa Comisión trilateral, especie de estado mayor informal de la triada América del Norte/ Europa occidental/ Japón. El proyecto de “Sociedad de la Información” inspira estrategias de re-industrialización a nivel de los gobiernos nacionales como en el plano de las instituciones internacionales. Es así como, en la segunda mitad de los años setenta, empiezan a formularse programas de investigación y de acción en la Comunidad Europea y en la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y que se introducen tipologías de los países según su grado de cercanía a la sociedad computarizada ideal.

El desencadenamiento de los procesos de des-regulación de la industria audiovisual y de telecomunicaciones, simbolizada por el desmantelamiento del monopolio cuasi publico estadounidense, ATT (American Telegraph & Telephone) en 1984, repercute directamente al nivel mundial, acelerando la liberalización y la privatización de los sistemas y de las redes. El primer país en seguir esta ola es la Inglaterra de Margaret Thatcher, ya en 1984, casi unos diez años antes que los demás miembros de la Unión Europea. Otros piases vanguardias, precisamente con relación a la mayoría de la Unión europea, por ejemplo, fueron Argentina, Chile, México o Venezuela, concordando con las pautas de los planes de reajuste neo-liberales.

En 1998, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la apertura de los mercados de telecomunicaciones a la competición abre la vía a las concentraciones, imbricando cada vez más las industrias del contenido de los operadores de redes. La fusión de AOL con Time-Warner es la mejor ilustración de esta carrera. Una carrera plagada de escándalos financieros, de quiebras y de desilusiones sobre el potencial de la nueva economía. À partir de 1994-95, las condiciones institucionales están reunidas para el lanzamiento de los grandes planes de construcción de la “Sociedad global de la información”. Situemos algunos eslabones: En 1995, en la Cumbre de Bruselas, el G-7 (el grupo de los países más industrializados), por primera vez, se reúne para tratar el problema de la “sociedad global de la información”, en presencia de unos cuarenta representantes de la industria informática y aerospacial y en ausencia de representantes de la sociedad civil.

En su conferencia inaugural, Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos, habla de un “Nuevo orden mundial de la información”; El año anterior, desde Buenos Aires, en la conferencia plenaria de la UIT cuyo tema central era “Desarrollo y telecomunicaciones”, el 1

Titulo del famoso informe firmado por Simón Nora y Alain Minc, altos funcionarios franceses, a solicitud del presidente Giscard d’Estaing y publicado en 1978.

mismo Gore había anunciado al mundo su proyecto de autopistas de la información (Global Information Infrastructure), extrapolación al nivel planetario de su proyecto domestico (National Information Infrastructure). Incluso Gore había dado como ejemplo, las políticas neo-liberales de des-regulacion de las telecomunicaciones en Argentina, Chile y México.

En julio 2000, el G-8 reunido en Okinawa, siempre en presencia de altos dirigentes de las grandes empresas, proclama una “Carta sobre la sociedad global de la información”.

De hecho, es la primera vez que el grupo de los países mas industrializados toma conciencia de la existencia de una “brecha digital”. Establece un grupo de expertos para elaborar estrategias para resolver esta falta de acceso a las nuevas tecnologías de información. En la Cumbre del G-7 en Bruselas, cinco años antes, no solamente no estaba presente la sociedad civil, sino que el tema de las desigualdades no había siquiera sido abordado. Claro que entre ambas fechas ha irrumpido, en la escena mundial, el movimiento social (entre otros en Seattle en contra del nuevo ciclo de negociaciones en la OMC) con su critica al peso desmesurado de los grandes países industrializados en todas las instituciones internacionales.

En la cumbre de Génova en 2001, el G-8 dio a conocer su programa para salir de la brecha digital. Las propuestas emanadas de las redes de organizaciones no gubernamentales abocadas a la educación, quedaran reducidas a lo mínimo. Suficiente, sin embargo, para que esta caución de la sociedad civil sirva de coartada. Las generosas propuestas del G-8 contrastan con la extrema violencia que demostraron las fuerzas del orden italianas, en la represión de las manifestaciones pacíficas del movimiento anti-globalización, protestando en las calles de Génova contra el intervencionismo del “club de los países más ricos” cada vez más evidente en la gestión de los asuntos del planeta.

La lección que hay que sacar de este tipo de iniciativa es el esquema de acción imaginado para resolver un problema patentado como global. Lo mismo que ocurre con la lucha en contra del SIDA, que es otra prioridad global, el plan del G-8 para solucionar la brecha digital, representa un tubo de ensayo de una nueva “gobernancia mundial”. Los gobiernos, las grandes empresas y sus apéndices filantrópicos llamadas Fundaciones, se asocian al margen de los canales tradicionales y burocráticos de las instituciones de la comunidad internacional. En este esquema, los planes propuestos para promover el “acceso” dejan intocado el axioma de la obsolescencia del principio de servicio público y de la caducidad del papel regulador del Estado frente a las lógicas desigualitarias de las leyes del mercado, en nombre de la sacrosanta competitividad.

Prolifera pues, un discurso de incautación ritual sobre la “brecha digital” que tiende a relegar al segundo plano, el análisis de las causas de la creciente marginación informacional de una mayoría de países, y, adentro de cada uno (cualquier sea el continente), de la existencia de una línea de demarcación entre los info-ricos y los infopobres. Si los redactores del Informe 2001, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) afirman que “las redes tecnológicas están en vías de transformar el mapa del desarrollo” y de “crear las condiciones que permitirán realizar, en el espacio de unos diez años, progresos que en el pasado hubieran necesitado varias generaciones”.

Las tablas estadísticas sobre las tasas de equipamiento presentadas en el mismo documento, hacen dudar seriamente de tal profecía: Hay una línea de teléfono para dos habitantes en los países del OCDE, en contra de una para cada quince, en los países en vía

de desarrollo y doscientos, en los países menos avanzados (según la nomenclatura oficial); la tercera parte de la humanidad aun no dispone de electricidad. ¡Y qué decir del peso del analfabetismo, funcional o no, o de la proporción de la población mundial que vive por debajo del umbral de la pobreza monetaria! Ante tal inventario, los discursos de acompañamiento sobre la cercanía de la salvación por virtud de las tecnologías digitales, suenan a indecentes.

La preparación de la “Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información” sirve como revelador de los contrastes entre proyectos de sociedad. Tanto las reuniones intergubernamentales al nivel de áreas regionales (Bávaro, Bamako, Beyrouth, Bucarest, Tokio) como las tres precoms organizadas en Ginebra, en la sede de la UIT, donde la sociedad civil ha sido convidada a hacer entender su voz. Incluso, por el estatuto mismo del sistema de Naciones Unidas, esta oferta no concierne a la participación en las decisiones, y no está exenta del riesgo de recuperación, la experiencia es rica en enseñanzas que transcienden la cuestión puntual de la Sociedad de la Información.

Es un índice de la búsqueda de mecanismos según los cuales, los ciudadanos tratan de organizarse prefigurando una esfera publica transnacional, aun embrionaria. Es en sí ya un gran avance, si se recuerda su ausencia completa en las reuniones o cumbres del G-7 que acuñaron la noción de “Sociedad Global de la Información”.

La primera enseñanza reside en los protocolos acordados para esta participación. Un “Buró de la sociedad civil y de las ONG´s” se constituyó para asegurar la relación con el “Buró de las delegaciones gubernamentales”. El hecho de que en este Buró de la sociedad civil, estén representadas una veintena de “familias” o tipos de organizaciones (desde los think tanks, la comunidad científica y los movimientos sociales, hasta los jóvenes, los grupos definidos por el género, los minusválidos, pasando por los pueblos indígenas, las ciudades y poderes locales, etc.) sugieren la dificultad de circunscribir las nociones de “sociedad civil” y “organización no gubernamental” que rigen en las instituciones internacionales.

Es difícil no pensar en la novela de Borges sobre “El Congreso” donde Don Alejandro Glencoe tropieza con el problema de definir el “numero exacto de los arquetipos platónicos” para planear una asamblea que representara a todos los hombres. La galaxia del tercer sector (en relación con los dos otros, el Estado y el Mercado), coexiste con las organizaciones (o lobbies) corporativas o empresariales, (como la Cámara Internacional de Comercio o la Internacional Advertising Association, que defiende los intereses de la triada de la comunicación masiva (medios, agencias de publicidad, anunciadores). Un “Comité de coordinación de interlocutores comerciales”, presidido por la Cámara Internacional de Comercio, está facilitando las contribuciones del sector privado de la Cumbre.

Por lo demás, los intereses comerciales también están presentes a través de los observadores mandados por empresas transnacionales, llamadas a desempeñar un papel clave en la realización de la Sociedad de la Información y que el sistema de Naciones Unidas corteja desde la entrada en la era de la des-regulación, momento en que aprovechó para desmantelar el Centro sobre las Sociedades Transnacionales, que había dotado de una función critica, en los años setenta, años en que se pensaba todavía en términos de regulación posible. La confusión, no la ambigüedad que es susceptible de aquejar el manejo del complejo tablero de representantes e intereses, en la preparación de la Cumbre no tardó

en saltar a la vista cuando los organizadores se propusieron alinear, una tras otra, las diversas proposiciones hechas por cada sector sin distinguirlas ni jerarquizarlas.

La segunda lección, más previsible quizás, reside en las posturas de presencia. Por un lado, el discurso sobre la flexibilidad y el espíritu competitivo de la empresa, la necesidad de reducir la función de la política estatal, a la de crear el entorno más favorable a las inversiones, gracias a exenciones fiscales y la supresión de las barreras reglamentarias.

Este economismo se acomoda muy bien con la visión pragmática y tecnicísta de la comunicación, inherente a la institución anfitriona, la UIT, órgano técnico del sistema de las Naciones Unidas.

Por otro, una filosofía anclada en el desarrollo sostenible y el derecho a la comunicación, que se declina a través de los derechos humanos, la memoria de las experiencias participativas de las tecnologías anteriores, muy especial, la radio, la transparencia, la alfabetización, la educación y la investigación, la diversidad cultural y lingüística, el uso del software libre, la disminución de los costos de conexión, la participación efectiva en el gobierno en Internet y a todas las instancias donde se juega la regulación internacional del ciberespacio (OMC, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, o el ICANN). A la reivindicación de la seguridad del derecho, a la comunicación para el ciudadano, se opone la obsesión del imperativo de la seguridad de las redes globales amenazadas por el terrorismo. En filigrana de esta vertiente menos publicitada de la “Sociedad de la Información”, están las legislaciones adoptadas a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y los proyectos de cruzamiento del conjunto de los bancos de datos y otros yacimientos de informaciones sobre los ciudadanos (seguridad social, tarjeta de crédito, cuentas bancarias, perfiles judiciales, datos sobre viajes aéreos, etc.).

El ejemplo más elocuente de esta centralización de informaciones con fines de “prevención” del terrorismo, está siendo el proyecto de Vigilancia Informática Total, TIA (Total Information Awareness), inaugurado en 2002 por la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), la agencia del Pentágono que en los años sesenta inicio la red Arpanet, ancestro de la Internet. El reto planteado por tales proyectos totalizantes orientados hacia la seguridad, no es solamente el estrechamiento de los dispositivos y de las practicas de vigilancia de los individuos y la criminalización de la protesta de los colectivos de ciudadanos, sino el ensanchamiento de la función de propaganda de los medios de comunicación en dirección a la opinión publica.

En el horizonte de estos proyectos, una nueva norma internacionalizable de “Estado de excepción” permanente, que aparece como el único baluarte capaz de garantizar la libertad de la movilidad de los flujos, al empezar por aquellos de la riqueza, con el componente militar, la hegemonía pasa a convertirse en dominación abierta. Está muy lejos de la doctrina de los estrategas del “soft power” que, al caer el muro de Berlín, depositaron todas sus esperanzas en las formas de poder que no exigen el recurso a la fuerza y la coerción. Estamos aun más lejos de Zbigniew Brzezinski que, al proclamar en 1969 el crepúsculo de la era del imperialismo y el nacimiento de la era de la sociedad tecnotronica global, profetizaba el fin de la “diplomacia de la cañonera”, y el advenimiento de la “diplomacia de las redes” por vía de la intensificación de la circulación de los productos de la cultura de la “sociedad global”.

Tercer tipo de enseñanzas: la preparación de la Cumbre ha acelerado la diseminación administrativa de la noción de Sociedad de la Información, sin por ello, levantar la confusión que la aqueja. Hay gobiernos que se amoldan sobre el discurso convenido y confían en el determinismo técnico para perpetuar una nueva versión de las estrategias de “modernización”.

En efecto, para echar las bases de una estrategia equitativa en la materia, hay por lo menos que acatarse a las lógicas regresivas de concentración de los ingresos que van a la par con la concentración de los usos de las tecnologías. Como observan los investigadores argentinos, Martín Becerra y Guillermo Mastrini, la carencia de una tradición de servicio público y de intervención de las autoridades públicas en la gestión de las actividades de información y de comunicación, no preparan a un aprovechamiento beneficioso del “salto informacional”.

En cambio, hay otros gobiernos –utilizo el termino pero prefiero advertir que no me gusta hablar de “gobiernos” como entidades platónicas, ya que pueden ser atravesados por posiciones contradictorias, una Secretaria de Educación o una Cancillería no son una Secretaria del Interior o incluso una Secretaria de medios de comunicación mas susceptible de sucumbir a presiones por temor a la oligarquía mediática - que agarran la ocasión, y se apropian de la noción, para domesticarla y tratar de hacer de ella otra cosa.

La incorporación en la agenda política del tema de las nuevas tecnologías se convierte entonces, por lo menos en los sectores reformadores, en ocasión para iniciar un debate de fondo sobre la técnica, la sociedad, las desigualdades y las libertades individuales, y cataliza la reflexión sobre la incompatibilidad del modelo de desarrollo inscrito en los dogmas ultraliberales, con los escenarios de una “sociedad de los saberes por todos y para todos”.

Una última lección que traigo a colación, es la que se ha visto emerger de las Conferencias Continentales. Un primer ejemplo es la Conferencia Asiática de Tokio, que se realizó a principios de 2003, y que mostró la zanja que separa la posición de Japón, adepto de la doctrina estadounidense del free flow of information a ultranza, y un bloque compuesto por China, India, Indonesia, Irán, Malasia y Pakistán. El segundo, procede de las reuniones de los países latinoamericanos, entre otras la de Bávaro, en República Dominicana, que se ha desarrollado en la misma época, han vuelto a la superficie las reivindicaciones del “derecho a la comunicación”, apoyadas en los años setenta por el movimiento de los países no alineados, a favor de un Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación, pero que la liberalización y la privatización salvaje de la economía y de las redes, habían alejado de la escena internacional en los dos últimos decenios.

Solo la leyenda negra, tejida alrededor de ese periodo, cuya influencia paraliza la posibilidad de un inventario crítico del pasado y de sus contradicciones, impide que se aprecie en su justo valor este momento pionero y original de la construcción de la larga memoria de las luchas para la democratización de la comunicación.

Es mas que probable que el giro polémico que están dando las discusiones sobre las vías de acceso a la Sociedad de la Información, y más ampliamente sobre el rol de la(s)

cultura(s), en los organismos de la comunidad internacional, se acentúe con el regreso de los Estados Unidos en el seno de la UNESCO, decidido en 2002 por la administración Bush, después de una ausencia de mas de quince años. Uno recuerda que la administración Reagan había argumentado la politización de los debates, para dejar a la UNESCO. Mas que nunca, la posición defendida por Washington ante las cuestiones de cultura, de comunicación y de información es, que el debate debe reducirse a los formatos en vigencia en los organismos técnicos y comerciales. Esta postura fue ampliamente explicitada en 1993, durante las negociaciones con la Unión Europea sobre la “excepción cultural” en materia de televisión y otras industrias culturales, en el marco de la OMC. Excepción cultural en el sentido de sustraer a este sector económico de las reglas del librecambismo. En realidad, esta temática de la excepción cultural que prefiguraba los debates sobre la Sociedad de la Información, sigue constituyendo un frente esencial en el combate por la diversidad cultural y lingüística. Lo prueban en México, las tentativas recientes de legislar sobre la industria cinematográfica, para crear las condiciones institucionales favorables a la producción nacional, la cual, con la des-regulación ha sido arrasada en los últimos años.

Uno recuerda que, a diferencia de Canadá, el gobierno federal no introdujo una cláusula de “exención cultural” en el tratado de libre intercambio con sus dos socios de Norte América. De paso, ésto nos muestra cuán orgánicas e interdependientes, son las diferentes facetas que adoptan las luchas y reivindicaciones contemporáneas en el campo cultural. De allí la necesidad también de especificar y globalizar cada una.

La Emergencia de los nuevos movimientos sociales Apoyándose en la logística de las nuevas redes de la militancia y los Foros Sociales mundiales, continentales o nacionales, el movimiento de la alter-mundialización han, progresivamente incorporado la controversia sobre el rumbo tecno-informacional en el debate sobre las razones estructurales de las disparidades socioeconómicas.

La experiencia del Foro Social Mundial de Porto Alegre, es muy instructiva al respecto. En los dos primeros encuentros, (2001 y 2002), la problemática de la comunicación y de sus tecnologías ha sido tratada en forma dispersa y, para decirlo, sin posicionamiento explícito del movimiento social. En cambio, en la tercera edición del evento en 2003, los medios, la información, la cultura, la diversidad, las nuevas formas de la hegemonía y las alternativas a la mercantilización, constituyeron uno de los cinco ejes principales alrededor de los cuales se estructuraron las mesas redondas del Foro.

A la iniciativa de Le Monde diplomatique, se lanzó el Observatorio Internacional de los Medios (Media Watch Global). Su objetivo: “emprender todo tipo de acción con vista a promover y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos en todos los países”.

Dicho Observatorio esta destinado a desmultiplicarse, a través de Observatorios Nacionales compuestos a igual proporción, de periodistas, investigadores y usuarios. Premonitorio, este proyecto de “perennización”, de establecimiento permanente, de un lugar propicio a la critica constructiva, en un dominio cada vez más estratégico, esta en empatía con el salto de conciencia de las opiniones publicas que se pudo observar durante la crisis iraquí, a través de las protestas en contra de las estrategias manipuladoras del campo de la guerra y en las manifestaciones multitudinarias de febrero y marzo de 2003 a favor de la paz.

La legitimidad, nuevamente conquistada del envite comunicacional, significa un avance importante en el pensamiento del movimiento social. Durante largo tiempo, en efecto, el acercamiento instrumental a los medios, las redes y la cultura, ha dificultado la formalización de una reflexión de conjunto sobre su papel en las estrategias de cambio social. Demás esta decir, que el reconocimiento reciente del carácter central de la problemática de los modelos de implantación social y de operación de las tecnologías de comunicación y de información, dista mucho de ser el hecho de la mayoría de los componentes de los movimientos, aunque todos manejan con destreza, las nuevas herramientas digitales.

Esta legitimación se debe mucho al trabajo pionero de redes sociales, comprometidas desde hace varios años en el sector, como la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), la World Association for Christian Communication (WACC), la Asociación Mundial de los Artesanos de las Radios Comunitarias (AMARC), o la agencia Inter Press Service, fundada en Roma en los años setenta, que vincula horizontal y directamente A los países del tercer mundo, en una perspectiva de descolonización de la información.

Todas estas redes sociales hacen entender su voz en los lugares donde se dibuja la arquitectura de la Sociedad de la Información. Lejos de dejarse abusar por los discursos convenidos sobre la brecha digital, estas redes han aceptado la invitación de la UNESCO y de la UIT a participar en las reuniones preparatorias de la Cumbre Mundial, sin dejar de organizar sus propios seminarios y lanzando, en noviembre 2001, una Campaña “Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información” (CRIS). Todas estas iniciativas y demandas son unas de las múltiples expresiones de la nueva filosofía de la acción colectiva sobre la gestión de los bienes comunes de la humanidad (la cultura, pero también la educación, la salud, el medio ambiente y el recurso “agua”) según la cual el servicio público, la excepción y la diversidad cultural, deben prevalecer sobre los mecanismos del mercado.

Son precisamente, estos principios democráticos que el nuevo ciclo de negociaciones sobre los “servicios” en el marco de la OMC, no ha dejado de hostigar. Es una prueba más de que no hay que olvidar que el destino de la cultura y de la llamada “sociedad del conocimiento”, se juega en múltiples lugares de las instituciones internacionales. Un tren puede ocultar otro tren.

Bert Hoffmann 1

Retos al Desarrollo en la Era Digital.

Conclusiones de una Investigación Comparativa en América Latina

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información convocada por las Naciones Unidas que tendrá su primera ronda de sesiones en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003, pondrá ante un público mundial una temática crucial para el desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo: ¿Cómo enfrentar los retos que significan las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC) a base digital? ¿Cómo aprovechar sus posibilidades? ¿Cómo evitar los peligros que conllevan? En América Latina es útil una perspectiva comparada.

En un proyecto de investigación realizado en el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo (Alemania), en cooperación con otros centros de investigación alemanes y latinoamericanos 2 .sobre regulación y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de las transformaciones políticas y económicas, analizando las experiencias de cinco países latinoamericanos con grandes contrastes en cuanto a sus estructuras sociales, nivel de desarrollo, grado de liberalización económica y régimen político: Argentina, Perú, Costa Rica, Cuba, y México. Uno de los intereses cruciales en este proyecto era el de evitar enfoques tecnocéntricos o especulativos y, concentrarse en estudios empíricos que enmarcan la temática de las NTIC adecuadamente en el contexto de los procesos económicos, políticos y sociales de cada país.

Repensando la brecha digital.

En la mayoría de las investigaciones realizadas hasta la fecha se ha examinado el asunto de las NTIC desde el punto de vista del Norte y desde la perspectiva de las transformaciones globales. En reiteradas ocasiones se ha destacado la falta de análisis substanciales de países específicos desde la perspectiva de las ciencias políticas 3 .

El dinamismo del desarrollo de las NTIC ha sido espectacular, en paralelo a la desigualdad de su difusión y usó, como se refleja en Gráfico 1. De los 580 millones de usuarios estimados para mayo de 2002, 183 millones (el 31,5%) corresponden a los EE.UU. y a Canadá, y 186 millones (el 31,9%) a Europa. En toda Latinoamérica sólo se han contado 33 millones de

1

Nota de autor: Bert Hoffmann es politólogo y trabaja como investigador en el Instituto de Estudios

Iberoamericanos (IIK), Hamburgo, y como docente en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Contacto: hoffmann@iik.duei.de 2

Agradecemos el apoyo de la Fundación Volkswagen que hizo posible este proyecto de investigación.

Para más información acerca del proyecto véase http://www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/nikt/s_nikt.html; los resultados fueron publicados en alemán en los 6 volúmenes de Herzog/Hoffmann/Schulz 2002. Un resúmen en castellano se encuentra en la mencionada página web.

3

Wilson 1997; Press 1996, 1997; Hamelink 1997

usuarios, alrededor del 5,7% de los usuarios a nivel mundial y muy por debajo del número per capita de los países industrializados.

Insertar Cuadro 1 (al final del texto) Hay un argumento que dice que esa brecha digital, aunque lentamente, se va cerrando. Hay algo de cierto en eso, ese gráfico hace unos años, era más dramático aún, el porcentaje de América Latina era aún menor y el porcentaje de EEUU y Europa aún mayor. Pero visto más de cerca, sigue siendo una brecha que no se cierra. Se cuentan usuarios, pero detrás de esta palabra se esconden grandes discrepancias. Existe una diferencia abismal entre un campesino que cada 14 días va a un telecentro para leer el e-mail que le manda su hija emigrada frente a un empresario vinculado 20 ó 24 horas al día en banda ancha. Si así se percibe la llamada brecha digital, también como una brecha cualitativa, está no está por cerrarse para nada. Uno de los indicadores de esa brecha cualitativa es el ancho de banda, o sea, la capacidad de conectividad internacional. Ahí las desigualdades son dramáticas. Por ejemplo, Bélgica tiene 200 veces más el ancho de banda que todo Brasil. Luxemburgo con su medio millón de tiene más ancho de banda que todo el continente africano, y así ad nauseam.

La paradoja de la brecha digital es tal que aun cuando los países del Sur están avanzando en el acceso y uso de las nuevas tecnologías, la brecha sigue abriéndose, porque los países del Norte tienden a avanzar a un ritmo más rápido aún. Más que una brecha digital, esas discrepancias forman parte y son reflejos de lo que podríamos llamar la brecha de desarrollo, o sea, las enormes desigualdades en los niveles económicos y sociales entre los países ricos y los países pobres – una brecha, hay que aclarar, que tiene su correlato en las discrepancias entre los diferentes capas sociales dentro de cada sociedad. Entonces el reto menor es el de superar la brecha digital, como lo enfoca el discurso dominante, sino el de cómo usar las NTIC para un desarrollo económico y social sostenible y más equitativo.

Conviene introducir otro gráfico que va relativizando otro mito del internet. Mucho se habla de lo descentralizado de esa tecnología, y obviamente esto es cierto, pero sólo hasta cierto punto. Al mismo tiempo, los flujos de la red de redes reflejan fielmente el clásico esquema de centro y periferia que conocemos de las relaciones asimétricas entre Norte y Sur. insertar Cuadro 2 Las NTIC en el contexto de deregulación y privatización Las nuevas tecnologías de información y comunicación surgen de la convergencia de la industria de la informática y la de las telecomunicaciones. Este último, el sector de telecomunicaciones, sigue siendo crucial, no sólo para la infraestructura tecnológica de las NTIC, sino también sigue siendo una pieza clava para las nuevas tecnologías en cuanto a su estructura organizativa. De ahí surge la importancia del contexto de privatización, deregulación y liberalización del antiguo monopolio estatal que se está dando en casi toda América Latina. La International Telecommunications Union (ITU), la entidad internacional a cargo del sector que es parte del sistema de las Naciones Unidas lo resumió así: Ninguna región del mundo ha abrazado la privatización de las telecomunicaciones con tanto entusiasmo como América Latina“, ITU 2000.

Sabemos que este entusiasmo tiene que ver muchísimo con la deuda externa de los países de América Latina y los programas de ajuste con sus recetas de deregulación y

privatización. Y en cuanto a sus resultados la misma ITU ha tenido que reconocer que no todo ha sido entusiasmo, cuando escribe: El brillo de la privatización ha empezado a ceder. Lo que resultó fue el reemplazo del monopolio público por un monopolio privado y también admite que los precios de acceso local en general han subido lo cual excluye una gran parte de la población del mercado ITU 2000.

Sin duda el modelo liberal ha tenido éxitos innegables en cuanto a cortar listas de espera para líneas telefónicas, en la inversión de capital en la modernización de las telecomunicaciones y en la introducción de nuevas tecnologías. Pero también se mostró, que el mercado es un instrumento eficiente siempre y cuando exista capacidad de compra; cuando no la hay - y en América Latina grandes segmentos de la población no la tienen - esa eficacia del mercado falla.

Nueva Economía, Viejos Problemas. El caso de Intel en Costa Rica Intel se establece en Costa Rica en 1997; y es el caso más espectacular de inversión de alta tecnología en América Latina hasta la fecha. Es un caso que nos sirve de ilustración sobre los problemas que plantean las NTIC para los países de la región cuando quieren encaminar sus economías en una estrategia de desarrollo centrada en esas nuevas tecnologías con la esperanza de que inversiones en este sector sirvan de motor de desarrollo del país.

Como antecedente, Costa Rica ya desde los años 80 optó por un cambio en su estrategia de desarrollo, promoviendo fuertemente las exportaciones no-tradicionales y estableciendo zonas francas para atraer inversiones extranjeras dedicadas a la exportación. En este sentido, la apertura de la planta de Intel en 1997 no es un hecho aislado, sino el punto de culminación de ese cambio estructural. Si se ha percibido a Costa Rica como país de exportación de café y plátanos, en 1999 eso fue sólo un 15% de exportaciones, y ya una figura tan grande como el 38% son componentes electrónicos, o sea: de una sola compañía, Intel.

Insertar Cuadro3: Estructura de las exportaciones costarricenses (1999) A pesar de que la inversión de Intel 4 se enmarca en este contexto, su dimensión la pone en una clase aparte: La planta provee un cuarto de la producción mundial de microprocesadores de Intel, convirtiendo Costa Rica, de la noche a la mañana, en uno de los 30 países líderes del mundo en cuanto a exportación de alta tecnología (UNDP 2001: 42).

Con dos mil empleos directos esa gigantesca planta de Intel en la pequeña economía costarricense aparece, como se ha dicho, como una ballena en una piscina. Su enorme impacto que vemos en el siguiente cuadro muestra el efecto Intel en las exportaciones.

Insertar cuadro 4: El „efecto Intel“ en las exportaciones Se ve que prácticamente todo el aumento de las exportaciones costarricenses entre 1997 y 1999 resulta únicamente de la planta de Intel. Ese gráfico muestra también el porque en Costa Rica hoy se debe hablar de una economía dual, en la cual todos los datos macroeconómicos, para que tengan sentido, hay que diferenciarlos entre Intel y el resto de la 4

Vale notar que cuando se supo que Intel proyectaba una inversión de ese tipo en América Latina muchos países del continente, entre ellos también México, se postularon para atraer esa inversión, saliendo ganadora, por sorpresa de casi todos, el pequeño país centroamericano. A fin de cuentas la compañía optó por establecerse en Costa Rica por un par de razones de los cuales se resalte, el alto nivel educativo de Costa Rica y su tradición de paz social.

economía. Lo mismo ocurre con el crecimiento del BIP, si en 1999, con un 8% Costa Rica tenía el crecimiento económico más alto de América Latina, más de la mitad de ese crecimiento fue causado únicamente por la inversión de Intel.

Con esos datos se ha hablado de una hiperdependencia de Costa Rica de esa empresa estadounidense. No obstante, hay que relativizar esto. A pesar de su enorme impacto en las estadísticas, la conexión de la planta de Intel con el resto de la economía es relativamente baja, así que no hay tanta dependencia. Eso se vio muy bien en 2000/01 cuando – debido a la crisis del mercado estadounidense y una baja aceptación del producto Pentium 4 en el mercado– se produjo una drástica caída de las exportaciones de INTEL– pero sin consecuencias dramáticas para el país. Como vemos en el gráfico 4, el crecimiento cayó de 8 a 1.5 en 2000, y a 0.9% en 2001, pero sí excluimos el efecto Intel, el BIP del resto de la economía se mantuvo prácticamente estable alrededor de un crecimiento de 3 %.

Insertar Cuadro 5 Revisaremos algunos de los impactos concretos de Intel en Consta Rica. Primero; generó alrededor de 2000 empleos, de ellos la mitad de alta o mediana calificación. Hay un importante efecto de publicidad: Ya Costa Rica figura en el mapa de alta tecnología cuando ntes nadie pensaba en ese país; eso tanto se puede aprovechar para otras inversiones extranjeras como por el desarrollo de una industria nacional o el sector académico. De hecho, antes de la llegada de Intel se había desarrollado un sector de software nacional, pero la inversión de Intel le ha dado un empuje bastante grande. No obstante, quizás el mayor impacto de Intel es el énfasis que se dio a todos esos niveles, en educación como un factor clave para éxito económico.

Para concluir, hay ciertos efectos de linkages, pero en general todavía hay poca integración de Intel con el resto del país. A pesar de que su peso en el BIP nacional ya sea reducido, si se cae el precio del café en el mercado mundial, por las intensas y múltiples interrelaciones de ese sector con la economía del país, eso afecta a muchísimas familias y tiene carácter de un desastre nacional. Si se produce una caída en la venta de los microprocesadores, esto no lo es para el país.

Si en la antigua estrategia de sustitución de importaciones, el problema era cómo lograr una industria nacional competitiva en el mercado mundial, ahora el gran reto es el de cómo conectar una industria, que es altamente competitiva en el mercado mundial, con el resto del país – algo imprescindible, si se quiere pasar de una economía de enclave (Intel Island) a que esa producción de alta tecnología sea el núcleo para una estrategia de desarrollo nacional.

Nuevas Tecnologías para un Desarrollo incluyente. Algunas Conclusiones Hemos presentado el caso de Intel porque es sintomático por los problemas asociados con la producción y alta tecnología en países del Tercer Mundo, algunas conclusiones generales que han surgido del estudio comparativo que hemos realizado son: Las nuevas tecnologías de información y comunicación son elementos claves de la globalización; no obstante su uso y los frutos que dan estén definidos, en buena parte nacionalmente y localmente lo cual explica las diferencias que vemos en los distintos países..

No solo la tecnología por sí, sino el contexto de su uso y la actuación de actores locales o nacionales es de máxima importancia. Un ejemplo de ello es el caso de la Red Científica

Peruana que ha desarrollado un sistema de cabinas públicas que ha logrado una difusión social más allá de brechas económicas y sociales muy fuertes. La brecha digital no tiene solo solución digital, si no que exige respuestas sociales, políticas y económicas; la respuesta no es en poner todos en línea, sino en integrar las NTIC a un desarrollo socialmente incluyente.

Las nuevas tecnologías no crean una new economy sino que, para países de América Latina, traen muchos de los viejos problemas que han enfrentado desde hace tiempo en cuanto a inovación y transferencia tecnológica. En particular, tienen una alta demanda, la cual, vale la pena subrayar, no se cura por donaciones que faciliten una inversión única sino que es una demanda de capital continua; es necesario tener un flujo continuo de inversión, porque si no, esa moderna maquinaria de hoy, dentro de dos o tres años ya no sirve de mucho. El famoso leap-frogging tecnológico, que el discurso dominante tanto alude con el argumento de que los países que retrasados en cierta tecnología, pueden saltar costosas etapas e ir directamente a la tecnología de punta, es posible en algunos casos, pero de ningún modo es una solución generalizable.

Las tecnologías requieren de altos niveles educativos; así también crean un incentivo económico para invertir en la educación. Creo que esta es una lección muy importante de tener en cuenta para las políticas públicas un enfoque sectorial no es suficiente.

Si se habla de brecha digital entre países ricos y pobres, vale subrayar que no menos profunda es la brecha interna dentro de las sociedades. El acceso a las nuevas tecnologías, a muchos les parece un lujo, y existe el argumento de que primero, hay que satisfacer otras necesidades básicas antes de pensar en computadoras y telecomunicaciones, no obstante, la comunicación no es un lujo, sino que debe ser un derecho. También para los sectores más desfavorecidos de las sociedades latinoamericanos, el acceso a las NTIC tiene implicaciones económicas que pueden contribuir significativamente a que puedan resolver sus necesidades.

Un ejemplo importante es la migración y el flujo de remesas. La famosa aldea global tiene su contraparte en las aldeas globalizada, en casi todos los países del sur, hasta en los más lejanos y marginalizados rincones, hay personas con familiares emigrados, o a la capital, o a la ciudad o fuera del país. Mantenerse comunicados con ellos es de vital importancia, cuando se tiene en cuenta que en muchos lugares el ingreso por concepto de remesas de las familiares emigrados constituye uno de los pilares de la economía familiar o local.

Es esencial subrayar que la Información y la comunicación no son solamente bienes económicos, sino que son elementos indispensables para una ciudadanía sustancial. El derecho a la información y la comunicación, por ende, está estrechamente ligado a la cuestión de la calidad de la democracia.

Por esas razones, se viene dando cierto consenso, por lo menos en la retórica, de que acceso para todos – o sea, un esquema incluyente en la difusión de las NTIC debe ser una meta importante de desarrollo. También parece obvio que el modelo del Norte (el acceso individual desde la casa), en los países latinoamericanos sólo es viable para una minoría con los suficientes recursos económicos. La solución, entonces es en el uso colectivo, en los llamados telecentros, café internet, cabinas públicas etc.. Prácticamente en todos los países latinoamericanos hay iniciativas en este sentido que – de formas diversas – involucren al sector privado-empresarial, organizaciones no-gubernamentales, y el sector público-estatal.

No obstante, también aquí el contexto de los proyectos es fundamental y de mucho mayor importancia que el mero número de centros o la instalación de tecnología impresionante. Más difícil que abrir un telecentro, es darle continuidad para que en tres años todavía esté

funcionando, cosa que muchos proyectos no consideran suficientemente así que se reproduce el rusty tractor syndrome que tanto conocemos, de esfuerzos de asistencia al desarrollo en el pasado. El acceso es una condición necesaria, pero no suficiente; se requiere del uso con sentido, apropiación social, capacitación, contenidos apropiados. (Camacho 2001).

Aún cuando el paradigma neo-liberal enfatizará el rol del mercado, hay que insistir que el mercado, por sí solo no es un mecanismo adecuado para proveer productos para la gente que no tiene los suficientes recursos materiales. Si un acceso socialmente incluyente a la comunicación e información tiene una importancia central para las sociedades latinoamericanos, tanto por razones económicas como sociales y políticas, el Estado sigue teniendo una responsabilidad innegalbe para compensar disparidades sociales y regionales, y velar por fines educativos y culturales.

Entidades reguladoras de telecomunicaciones o esquemas de subvención por si solos son insuficientes para cumplir esa función. La sociedad civil está llamada a organizar sus intereses en torno a las NTIC; el Estado está llamado a darle espacios de participación. La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, convocada para fines del 2003, ya habrá tenido su primer éxito si - tanto a nivel nacional como internacional - logra crear un ejemplo de participación de las organizaciones de la sociedad civil de una forma efectiva y plural en la discusión y formación de las políticas públicas acerca de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Bibliografía Camacho, Kemly (2001): Internet, ¿una herramienta para el cambio social? Elementos para una discusión necesaria, URL: http://www.acceso.or.cr/publica/telecom/conocimiento22.shtml; in english: The Internet: A Tool for Social Change? Elements of a Necessary Discussion; URL: http://www.acceso.or.cr/publica/socialchange.shtml; both: San José (Costa Rica): Fundación Acceso; Herzog, Roman / Hoffmann, Bert / Schulz, Markus (2002): Internet und Politik in Lateinamerika.

Regulierung und Nutzung der Neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Transformationen (Schriftenreihe des Instituts für Iberoamerika-Kunde, Hamburg; Band 55); Frankfurt am Main: Vervuert ITU (2000): Americas Telecommunications Indicators 2000, Geneva: ITU ITU (2002): World Telecommunication Development Report 2002: Reinventing Telecoms; Geneva: ITU Press, Larry (2001): Surveying the Latin American Infrastructure; in: Treverton, Gregory F. / Mizell, Lee (ed.): The Future of the Information Revolution in Latin America; Santa Monica, Ca.: Rand : 5-14; URL: http://www.rand.org/publications/CF/CF166.1/CF166.1.ch2.pdf UNDP (2001): Human Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development, Oxford/New York: Oxford University Press

Cuadro 1 Fuente: ITU 2002: A-67

Asia OECD & "tigres"; 32,0%

Africa; 1,3% Europa; 28,9%

América Latina; 5,3% Asia no-OECD & Oceania; 1,2%

EEUU & Canadá; 31,3%

Cuadro 2 (Fuente: Press 2001: 9)

Cuadro 3 Estructura de las exportaciones (1999)

5% 10% Café

38%

12%

Plátanos Industria textil Otras export. no-tradicionales Componentes electrónicos (Intel)

35%

in US$ mill

Cuadro 4 El „efecto Intel“ en las exportaciones

8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

Exports incl. Intel Exports excl. Intel

1996

1997

1998

1999

Cuadro 5 Desarrollo o EconomĂ­a Dual?

10 8

in %

8 6 4

GDP growth incl. Intel 3

3 1,5

2

2,7 0,9

0 1999

2000

2001

GDP growth excl. Intel

Internet y política en América Latina – 12 Tesis Roman Herzog / Bert Hoffmann / Markus Schulz *

1. Las reflexiones predominantes sobre las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), casi siempre vinculadas al término globalización y realizadas a vista de pájaro, nublan la visión para reconocer que mediante procesos y medidas elaborados en el ámbito nacional se abren caminos que determinan considerablemente su desarrollo en una sociedad y muestran diferentes impactos, dependiendo del país.

La diversidad de desarrollos depende, no sólo de las condiciones socio-estructurales específicas de los respectivos contextos económicos y políticos y de las transformaciones ocurridas en el país, sino también de la acción de los actores, asunto que muchas veces se subestima. Únicamente se puede dar un desarrollo dinámico e integrador si los actores fundamentales de los sectores económico, político o social reconocen el uso estratégico de las NTIC y lo fomentan como es debido, a través de proyectos y acciones encaminadas a superar las barreras estructurales, como por ejemplo, un nivel educativo insuficiente o de bajos ingresos. Por otro lado, las condiciones estructurales que las sustentan podrían ser desaprovechadas ante el fracaso de una política o un bloqueo entre los actores que impidiera su desarrollo coherente.

2. No existe una relación lineal entre el grado de democratización política o de liberalización económica con el desarrollo de las NTIC. Asimismo, tampoco se pueden elaborar deducciones relativas al uso de las NTIC, basándose en variables socioestructurales como los ingresos per cápita o el Human Development Index. Tanto las hipótesis pesimistas, basadas en las teorías de dependencia, como las optimistas, basadas en las teorías de la modernización, no pueden ser convincentes si postulan una dirección unilineal y hacen uso de una legitimidad absoluta.

Sin embargo, en una serie de aspectos se pueden observar concordancias entre las variables de los contextos y las manifestaciones específicas del desarrollo de las NTIC. No obstante, dentro de estos contextos existe, por un lado, un amplio margen de acciones y alternativas de comportamiento, y por otro, se pueden observar tendencias paradójicas o simplemente contrarias, que parecen seguir desarrollos contingentes.

Esto lo demuestra muy claramente el caso peruano, en donde, a pesar de encontrarse en una situación socio-estructural adversa y de sufrir un régimen político nada liberal, se observó uno de los desarrollos de las NTIC más dinámicos y socialmente más integradores del continente. *

Conclusiones de un estudio comparativo a base de investigaciones empíricas en cinco países de América Latina que fue realizado por el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo (www.duei.de/iik) en cooperación con otras instituciones alemanas y latinoamericanas. Los resultados fueron publicados (en alemán) en un libro de seis volúmenes bajo el título: Herzog, Roman / Hoffmann, Bert / Schulz, Markus (2002): Internet und Politik in Lateinamerika. Regulierung und Nutzung der Neuen Informations- und Kommunikationstechnologien im Kontext der politischen und wirtschaftlichen Transformationen (Internet y política en América Latina. Regulación y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de las transformaciones políticas y económicas); Francfort: Editorial Vervuert (6 tomos). Tomo I incluye un resumen de 30 páginas en castellano, el cual también está accesible en línea: http://www.rrz.unihamburg.de/IIK/nikt/s_nikt.html.

Contacto: hoffmann@iik.duei.de

3. El análisis de las NTIC por parte de las ciencias sociales únicamente llegará a ser productivo si se renuncia a dogmas generalizadores o tecnodeterministas. Un acercamiento empírico resultaría más eficaz, ya que permite concebir la forma de articulación específica entre las variables estructurales, las condiciones del contexto y las acciones de los actores concretos.

En este sentido, hay que recalcar la importancia de la demanda formulada por Wilson (1997) con respecto a la necesidad de estudios empíricos a nivel nacional y de análisis comparativos. Además de estudios a nivel nacional, se pueden esperar nuevos resultados de análisis comparativos a nivel local, interregional y sectoral. Debido a la relevancia crucial del contexto social, las ciencias sociales podrían prestarle mayor atención y brindar un uso práctico para una aplicación más efectiva de las NTIC. La investigación social debe tener en cuenta que las tecnologías recién introducidas causan efectos que solamente se pueden evaluar ex post en su dimensión completa.

4. La ola privatizadora en el sector de las telecomunicaciones desencadenó, parcialmente, una libre competencia. En Latinoamérica, en la mayoría de los casos, los monopolios privados u oligopolios ocuparon el lugar de los monopolios estatales.

También en el sector de las NTIC se constatan fuertes procesos de concentración.

Sin embargo, ningún Estado escapa totalmente de la obligación social que supone equilibrar las disparidades sociales y geográficas en la distribución de las NTIC. Los organismos de regulación, nacidos de la privatización, no ofrecen por sí mismos ninguna garantía satisfactoria. Se deberían garantizar formas de control social, tales como la obligación de hacer transparentes las decisiones y los procesos administrativos, mediante la creación de organismos de vigilancia independientes y con una efectiva participación ciudadana. Estas autoridades deberán contar con seguridad económica e institucional, de tal manera que puedan reaccionar adecuadamente a los retos actuales y futuros de los nuevos desarrollos tecnológicos.

Al mismo tiempo, la sociedad debería acercarse al tema de una manera más activa y formar asociaciones de consumidores y organizaciones de vigilancia específicas para las NTIC. 5. Si bien, durante mucho tiempo los Estados latinoamericanos utilizaron los monopolios de telecomunicaciones como fuentes productivas de recursos fiscales, la importancia estratégica de las NTIC para el desarrollo económico requiere, hoy en día, una reversión de estas subvenciones. El solo cálculo económico empresarial, como es costumbre en las empresas privadas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, no garantiza una suficiente competitividad a nivel nacional, para que ésta se dé es necesario que el Estado desempeñe un papel activo. La conservación de un monopolio público, como en el caso de Costa Rica, no significa necesariamente un inevitable bloqueo del desarrollo, sobre todo porque también mediante la aplicación de formas mixtas, como la repartición de concesiones o las privatizaciones parciales, se pueden alcanzar efectos dinamizadores de la competitividad.

6. El acceso técnico a las NTIC es una condición necesaria, pero no suficiente, para su desarrollo. La integración de las NTIC en una sociedad no puede darse de manera

uniforme, necesita modelos específicos, adaptados a nivel nacional y local, que se puedan vincular a las estructuras sociales existentes.

Para ello es decisivo profundizar en la relevancia práctica del uso de las NTIC basándose en la realidad social de la población. Los programas de fomento y los proyectos de desarrollo, solamente pueden llegar a tener éxito si se apoyan en estructuras estatales o sociales funcionalmente aptas, tanto en el sector de la educación, en ONGs o en la administración estatal. Si no se cumple esta condición pueden incluso surgir efectos contraproducentes.

7. En América Latina, el modelo del Norte basado en el uso individual es factible solamente para una minoría de la población. Una distribución social más equitativa de las NTIC no puede ser prescindible, en los próximos años, de las formas colectivas de uso. Se debe garantizar una amplia diversidad de posibilidades de acceso, así como un suficiente grado de independencia de las instancias estatales o de los grupos de poder particulares. Incluso podrían complementarse, de manera conveniente, estructuras públicas, sociales y privadas.

8. En el discurso del desarrollo, la superación de la brecha digital entre Norte y Sur, es ya un consenso mundial, sin embargo, los programas y proyectos de las instituciones nacionales e internacionales, creados bajo el lema de la integración digital, están caracterizados por una perspectiva estática. La modernidad tecnológica también es, al fin y al cabo, un bien posicional.

Siempre que el ímpetu del desarrollo tecnológico radique en alcanzar ventajas de competitividad frente a otras empresas o naciones, es inevitable que se reproduzca una brecha digital, aún en los niveles tecnológicos más avanzados.

El discurso que proclama la integración del Tercer Mundo, también forma parte de un modelo de desarrollo, en el cual dicha integración no puede realizarse al mismo tiempo y en la misma medida para todos.

9. En ciertos sectores, las NTIC ofrecen a los países del Tercer Mundo la oportunidad real de dar un salto al desarrollo (leap-frogging). Sin embargo, estos triunfos del desarrollo solamente pueden tener efectos amplios y de largo plazo, si disponen de un marco organizacional y financiero que garantice su desarrollo continuo y su inclusión en el entorno social y tecnológico. De no ser así, se crean islas de modernización puntuales que se convierten en la imagen de un Primer Mundo dentro del Tercer Mundo, lo cual no necesariamente conduce a un desarrollo estable de toda la sociedad.

10. No se deben formular declaraciones globales sobre el impacto de las NTIC en los contextos económicos nacionales, sino que se deben tomar en consideración las fuertes diferencias de su referencia en el contenido. De hecho, las innovaciones tecnológicas pueden erosionar las estructuras económicas existentes en el ámbito nacional -por ejemplo, cuando se evita usar a las empresas nacionales de telecomunicaciones y se utilizan comunicaciones telefónicas vía Internet-. Este hecho no confirma la argumentación ampliamente difundida de que las NTIC ocasionan o fuerzan medidas de adaptación en el sentido de la liberalización económica.

11. La forma descentralizada de funcionamiento de las NTIC establece nuevos modos de interconexión social que van más allá de las fronteras, del espacio y, en parte, de las estructuras de poder existentes. Simultáneamente y como consecuencia de la comercialización de las NTIC, se están desencadenando procesos y formando barreras estructurales que actúan en detrimento de estos espacios de libertad.

12. Los efectos democratizadores comúnmente atribuidos a las NTIC, no deben exagerarse, ni entenderse como consecuencias automáticas. El cambio político no es únicamente el resultado consecuente de las crecientes posibilidades de comunicación e información, sino que sigue siendo provocado por las acciones concretas de los actores. Sin duda, en ciertas circunstancias las NTIC pueden llegar a cumplir importantes funciones y establecer nuevos espacios de libertad, pero eso no significa que puedan inducir, por sí solas, un proceso de cambio político. Las NTIC pueden contribuir a reforzar las estructuras de poder y ser utilizadas con fines represivos, este hecho presenta nuevos desafíos para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y para el funcionamiento de los mecanismos democráticos.

Retos y oportunidades de la Sociedad de la Información.

Javier Corral Jurado * Si la política no se radicaliza, será muy difícil que las tecnologías de la información y la comunicación, constituyan entre nosotros una sociedad de la información con carácter democrático, y menos aún, que concurran a fundar una sociedad del conocimiento.

De hecho, habría que preguntarnos si podemos hablar de una Sociedad de la Información democrática y plural con el retraso que tenemos en los actuales esquemas legales que regulan las tecnologías tradicionales de los medios de comunicación, denominadas de señales abiertas y prácticamente disponibles a todos, como lo es la radiodifusión.

Cuando hablo de radicalizar la acción política, hablo de un volver a sus raíces, a los motivos esenciales de su ser y quehacer: que es procurar el bien común. Entendido este como el conjunto de condiciones materiales y espirituales que permiten a la persona humana desenvolverse en la sociedad, y cumplir a plenitud las dotes de su inteligencia, libertad, responsabilidad.

La política tiene, en el desarrollo de las telecomunicaciones, un papel fundamental. Es actor importante en la definición del significado y sentido del uso de las TIC’, de que éstas se coloquen al servicio del hombre y no al revés, de que la información sea considerada un asunto de interés público, y no sólo como una mercancía.

El problema es, que siendo la política un actor central de este proceso y que se sirve de las nuevas tecnologías, se ha ido ajustando a la dinámica del mercado y asumiendo fatalmente el proceso de globalización. Esto se explica porque en muchos de nuestros países, al menos en el mío, no hay un diagnóstico claro de sus impactos, ni tampoco de sus potencialidades de transformación social. No existe en la mayoría de los casos una política integral que la incluya como prioritaria del desarrollo social, político, cultural, educativo. Y si no se logra un consenso sobre estas posibilidades, será más difícil encontrar una visión común de la Sociedad de la Información.

Se coloca como un mero asunto tecnológico y de estricta agenda económica, se tiene una visión sobre crecimiento de infraestructura, meramente fierros, además de como la posibilidad de una fuente de ingresos adicionales para el Estado, entre otras vías, por la de inversión extranjera en nuestros países, ignorando que la Sociedad de la Información y sus instrumentos, las TIC, son un tema clave para la democratización de nuestros pueblos. La disponibilidad de información es lo que permite a los ciudadanos emitir juicios y evaluaciones del quehacer de sus gobiernos, es la posibilidad también, para que las personas pasen de su condición de súbditos, a la de ciudadanos. Herramienta contra la pobreza, y a favor de la educación, la salud y el bienestar de las personas.

De ahí que sea necesario elevar a rango constitucional el desarrollo democrático de las Telecomunicaciones. Incorporarlas a la canasta básica de la sociedad y de la oferta *

Senador de la Republica y Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LVII Legislatura. México

política, el teléfono y la Internet, junto con la casa, vestido, sustento y educación. Para ello debe plantearse una política nacional de desarrollo en el sector que involucre de manera integral todos los temas circundantes y a los actores sociales, gubernamentales y empresariales. Sobre todo la política necesita una dedicación especializada y una actualización permanente.

Sin embargo, me parece fundamental hacerlo desde una perspectiva integral. Si queremos hacer posible una Sociedad de la Información para el conocimiento, debemos reivindicar el concepto íntegro del derecho a la información, que trasciende la sola obligación gubernamental de poner en manos ciudadanas sus archivos, o sólo abrir a la competencia el sector de las telecomunicaciones, pero manteniendo cerrado y excluyente el principal uso del espectro radioeléctrico; la radio y la televisión.

En este caso, la revolución digital ha dejado atrás a un concepto que debemos mantener y que ser refiere a que los medios de comunicación deben ser esencialmente de servicio público. Hoy estamos únicamente sujetos a las reglas del mercado, a fines comerciales Antes que preocuparnos por cerrar la brecha digital que apenas inicia entre algunos de nuestros países, resolvamos los pendientes de la brecha analógica y en todo caso, actualicemos el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, que las Naciones Unidas definieron en la década de los setenta para asegurar el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación, no sólo como consumidores de información, sino como sujetos esenciales de la democracia y destinatarios finales de la comunicación.

Es cierto que los adelantos de la revolución tecnológica nos han rebasado también a los legisladores y que no podemos rezagarnos más. Pero debemos mantener el enfoque completo de la Sociedad de la Información, estableciendo un marco legal democrático, para la justicia y en la libertad. En mi perspectiva, no podremos hacerlo mientras no empatemos los derechos humanos fundamentales y las necesidades sociales básicas con el avance de las nuevas tecnologías.

La democracia habrá qué entenderla como el gobierno del pueblo en libertad. Esta sociedad de la libertad puede florecer, sin embargo, si existe viva una cultura de la información, fundada en el pluralismo, la veracidad, la imparcialidad y la equidad. Pero darle tal carácter a la información requiere de algo más que la voluntad cotidiana de los sujetos universales de la información, es necesario traducir esos afanes libertarios y los valores democráticos en normas de derecho vigente y, complementariamente, en valores éticos. Porque sólo el derecho puede brindar seguridad a la libertad.

Y es que, si bien es cierto el impacto de la revolución digital sobre el orden público y social es materia de análisis de los investigadores especializados en la materia, corresponde al legislador adecuar un marco jurídico a esas nuevas tecnologías de comunicación, sobre todo con el objeto de garantizar el ejercicio de las libertades de expresión e información y el derecho a la información pública. El trabajo legislativo debe partir del establecimiento de una normatividad que permita el equilibrio entre los intereses sociales y el avance de las nuevas tecnologías. Que las nuevas tecnologías alcancen a los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan ser más libres.

No podemos llegar al Siglo XXI sin políticas públicas bien definidas y sin leyes que permitan a los ciudadanos convivir en el ejercicio de las nuevas tecnologías. Y esa es la labor del actor político.

En primer lugar, garantizar el acceso. No cualquier ciudadano puede conectarse gratuitamente a la Internet - quizá la verdadera aldea global de la que hablaba McLuhan-, y no todos pueden consultar miles de sitios, si no pagan por hacerlo. Sí, la Internet es de todos, pero el idioma que domina es el inglés y los usuarios estamos sujetos a las reglas de unas cuantas transnacionales.

La revolución digital nos ha metido en un dilema en el que, tal parece que verdaderamente residimos en el ciberespacio. Se trata de una realidad virtual en donde no debemos ayudar a que la brecha entre los ciudadanos y el poder, sea éste político, económico o de la misma información, se incremente. Lo que pasa es que si pretendemos que el libre flujo de la información y el acceso a las nuevas tecnologías ayude al fortalecimiento de la democracia y a la liberación de los ciudadanos, entonces no podemos dejar que los ciudadanos sean simplemente un instrumento del libre mercado, porque ese flujo debe ser equilibrado, equitativo. Esa libertad no debe ser derecho de unos cuantos privilegiados, porque si no, el círculo vicioso del ejercicio del poder político en manos de unos cuantos, se repetirá infinitamente en perjuicio de la mayoría desposeída, la que menos tiene y la que menos sabe.

Solo basta revisar unos datos; En Estados Unidos, el gobierno estima que para que un ciudadano no esté considerado en las líneas de pobreza, debe ganar más de 700 dólares al mes, una cantidad algo menor al salario mínimo de aquel país. Es decir, se trata de una cantidad con la que pueden satisfacerse las necesidades mínimas de una persona: alimentación, vivienda, vestido, educación y esparcimiento. En México hay más de 40 millones de personas que viven en la pobreza, muchas de las cuales perciben menos de dos salarios mínimos, otras ni eso. Pero aquí, el salario mínimo no alcanza casi para nada. Esa es nuestra realidad en una era de globalización y revolución digital.

Otros países se han adelantado, no sólo en materia de regulación de las TIC, sino en el debate de su impacto en materia legal, como el derecho a la privacidad y a la intimidad.

En México estamos ayunos en ese tema, como en el que se refiere a la inexistencia de un marco legal que garantice el derecho a la vida privada de los ciudadanos, así como el de la confidencialidad en el manejo de la información, que como individuo aporta a instancias públicas o privadas.

Por ejemplo, cuando un ciudadano realiza un trámite de cualquier tipo y ofrece sus datos, digamos al llenar una solicitud o ser sometido a una operación médica, muchas veces no sabe que esa información alimenta bases de datos y que esas bases de datos sirven posteriormente para otros fines. Sin embargo, no existe un marco jurídico que norme tales procesos. Cierto: el mercado demanda esa información, pero los ciudadanos tiene el derecho de saber que los datos que ofrece para cierto fin, podrán ser utilizados más adelante.

Está el caso de una empresa que comercializa en Estados Unidos, el padrón del Registro Federal de Electores de nuestro país, que incluye los datos de los ciudadanos inscritos, como su domicilio, edad, estado civil o su estatus socioeconómico. Los ciudadanos mexicanos no aportaron sus datos con fines comerciales, sino como un procedimiento

para tener acceso al ejercicio de su derecho a votar, pero ni las autoridades ni los ciudadanos podemos hacer nada al respecto: no existen normas jurídicas que impidan esa comercialización. Esa es una tarea pendiente de los legisladores.

En materia de Telecomunicaciones, el Estado tiene la enorme responsabilidad de promover y crear infraestructura, sí, pero debe tener muy claro para qué, y esa respuesta no puede desentenderse de su obligación de tutelar y satisfacer necesidades sociales básicas. Es indiscutible su papel en la orientación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, e incentivar el mercado mediante apertura y reglas de competencia.

En México empezamos este esfuerzo desde 1990. Desde la privatización de Teléfonos de México primero, y del inicio del proceso de desregulación en 1996, ha logrado grandes avances, producto del esfuerzo y dedicación de autoridades, iniciativa privada y legisladores. Sin embargo lamentamos que muchas de las disposiciones a favor de la competencia en la Ley de Telecomunicaciones de 1996, de hecho, no se han puesto en práctica.

Algunos actores se quejan de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), no es suficientemente autónoma y, entre otras cosas, no ha podido implementar los cambios que se ha planteado. La Cofetel se queja de que Telmex, la empresa dominante y antiguo monopolio del Estado, recurre continuamente a recursos legales que le impiden aplicar sus disposiciones. Telmex se queja de que no se le deja operar en Estados Unidos. Los consumidores se quejan de los abusos en el cobro y en la pobreza del servicio de los operadores y, todos contra todos, entre cientos de demandas y requerimientos judiciales que afortunadamente han encontrado, en un acuerdo de allanamiento de los principales operadores, su fin. Pero en otros casos, y producto también de ese acuerdo que las excluyó, la interminable comedia de quejas, reclamos y bravatas judiciales continúa, mientras que en otros países los esfuerzos son por disminuir costos, aumentar beneficios y aplicar nuevas tecnologías. La situación en México no puede seguir así. Es insostenible, inaceptable e injustificable.

Los consumidores mexicanos, mientras tanto, no sólo somos muy pocos sino, además, somos los que estamos pagando las insuficiencias del mercado. Los costos por servicios residenciales de telefonía local -los más elementales- casi se han triplicado desde 1995, afectando a los usuarios de bajos recursos y, por supuesto, a los estudiantes. La realidad es que el mayor beneficio de un proceso de apertura o liberalización tecnológica -una mayor oferta de servicios a costos accesibles- no ha cuajado.

La tele densidad en México (líneas telefónicas por cada 100 habitantes) se ha estancado en trece, la más baja en la OCDE y es mucho menor a las 20 líneas por cada 100 habitantes que el gobierno anterior estableció en el Plan Nacional de Desarrollo como meta para el año 2000. Otros países del Continente, con menos de la mitad del ingreso per cápita de México, están incrementando su tele densidad a una tasa del doble, o más, que la de México. Los mexicanos pagamos las segundas tarifas telefónicas residenciales más elevadas de los países miembros de la OCDE (la organización de los llamados "países ricos"), casi el doble del promedio de los países miembros de esta organización.

La Procuraduría Federal del Consumidor, manifestó en un comunicado que, como resultado de lo anterior, "el servicio telefónico se ha convertido en un servicio para las

clases media y alta". Los cargos por acceso a la red, aunque fueron reducidos a finales de 1998, son todavía seis veces más altos que estas mismas tarifas en Chile, por citar un ejemplo de una economía comparable con la nuestra. El consumidor no paga directamente estos cargos, pero éstos imponen a los usuarios mexicanos una barrera para el acceso a Internet, el comercio electrónico y todos los demás servicios de la economía digital que dependen de la presencia de una red telefónica a un costo razonable.

México, al igual que cualquier otra nación que abra su mercado de telecomunicaciones, se enfrenta al reto de crear las condiciones propicias en donde el antiguo monopolio compita, en un terreno uniforme, con otros participantes en los segmentos locales, larga distancia, inalámbrico e Internet, entre otros. No se trata de "amarrarle las manos" a uno, ni de crear condiciones de privilegio para otro, se trata -ese es el papel del Estadode desarrollar un equilibrio, en donde el usuario sea el beneficiario. No podemos quedar paralizados. Cuando un agente -de la autoridad o de la iniciativa privada- se rehúse a cumplir con la ley: Es obligación de todos exigirle cuentas al Estado, no debemos permitir complicidades, ni arreglos subterráneos entre el Estado y ningún operador.

En la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, que me honro presidir, trabajamos más de 14 meses en una propuesta de reforma integral de la Ley de Telecomunicaciones. Creamos un mecanismo conocido como la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones y nos detuvimos a crear una visión global del asunto, objetivos muy claros que debía atender la ley.

Así por ejemplo, identificamos como el primer objetivo, incrementar la tele densidad, penetración y la conectividad, incluyendo la cobertura a la población rural y urbana con menores ingresos. La telefonía y la Internet deben ser servicios básicos para la sociedad.

Tenemos que hablar de correcta penetración: servicios urbanos, suburbanos y rurales.

Preparar la legislación para que las redes se puedan interconectar, definir reglas muy claras en materia de competencia, para que no suceda lo que hoy tenemos en materia de radiodifusión, uno de los esquemas de mayor concentración en América Latina y el mundo.

La competencia en materia de Telecomunicaciones pasa inexorablemente por el acceso y la interconexión, (la definición de reglas claras para determinar tarifas de interconexión); régimen aplicable a operadores con poder sustancial de mercado: tratar de eliminar practicas anticompetitivas; acceso a derechos de vía, ductos y torres de concesionarios, la desagregación de la red de acceso al usuario final, bucle local, obligaciones en materia de información, y órgano regulador autónomo.

Otros objetivos que orientaron el trabajo de la redacción de la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones consideran: ⋅ ⋅ ⋅

Contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, al crecimiento de la infraestructura de las telecomunicaciones a través de instrumentos de fomento.

Apoyar el desarrollo educativo de la población en general al facilitar la conectividad a la infraestructura educativa del país.

Facilitar el acceso de la población en general a más y mejores servicios de salud a distancia.

⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

Promover e incentivar la investigación y el desarrollo tecnológicos en materia de telecomunicaciones en el país, permitir la modernización con altos niveles de competencia.

Permitir la convergencia tecnológica que la evolución implica, simplificando los procesos.

Garantizar los derechos de los inversionistas en redes de telecomunicaciones en cuanto a transparencia, equidad y certidumbre jurídica e información, así como promover e incentivar la competencia a través de un marco normativo claro, cuidando que todo ello redunde en beneficio de los usuarios.

Garantizar los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en cuanto a calidad, acceso a información, precio competitivo y alternancias de prestación de servicios.

Fortalecer las capacidades de gestión de los órganos reguladores.

Y también, porque el mercado no puede por si mismo saldar las disparidades, programas de cobertura social con base en una acción subsidiaria del gobierno y los operadores, destinados no sólo a la creación de infraestructura, sino también a la generación de contenidos locales que nos permitan participar en la internacionalización de las redes, no sólo como globalizados, sino también como globalizadotes.

Este es un tema que nos plantea el asunto principal: ¿quién produce la información que se transmite a través de las TIC?, ¿quién produce la infraestructura?, ¿cómo llegamos a ese mundo construido por los otros?

Esos principios u objetivos enumerados, se ha traducido en una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones que está esperando ser dictaminada en el Senado de la República.

La política tiene que llevar a la práctica lo que está en la reflexión colectiva; su deber es acometer decisiones que transformen con sentido de justicia la realidad adversa. Los políticos debemos participar en el debate y análisis de los especialistas y formar parte de ese debate.

Obviamente no es una tarea fácil; pero estamos obligados a tomar las decisiones y sacar del regateo partidario estos temas, o lo que es peor, ceder ante las presiones de intereses exclusivamente particulares. En México enfrentamos una resistencia muy bien entramada en un conjunto de intereses que cruza muchos sectores pero también, muchos sabemos que la función fundamental del político es tomar decisiones.

Orden jurídico y libertad La inexistencia de ordenamientos jurídicos respecto a las nuevas tecnologías de comunicación, la falta de actualización de otros y lo escasamente operativos frente a los avances, pueden conducir a la legislación en esa materia a la situación que ahora mantienen otras leyes relacionadas con la comunicación social: que su operación se base en relaciones políticas o de influencia económica, más que en normas jurídicas.

En el caso latinoamericano, predominan las libertades de prensa y de expresión, pero esas libertades no necesariamente se extienden a otros medios.

Según los expertos, uno de los principales problemas, es la manera en que se otorgan las

licencias en muchos países. Mientras que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos es una agencia gubernamental independiente, de cinco miembros, tres de los cuales son del partido en el poder y dos de la oposición, sus contrapartes en varios países latinoamericanos, son oficinas que dependen del poder ejecutivo que actúan como órganos de control político.

No se trata de buscar o etiquetar a los buenos y los malos, porque finalmente la influencia de los medios de comunicación y su impacto en la sociedad aún es estudiada por los investigadores y teóricos en la materia. Pero cuidado: de no prever mecanismos de regulación en el tiempo más rápido posible, quizá los efectos de la revolución digital sean en poco tiempo, irreversibles e incontrolables.

No podemos estar en contra de la libre circulación de la información, como no estamos en contra de la libre expresión de las ideas. Sí a la competitividad internacional, pero garanticemos el derecho a la información pública y mantengamos la defensa de la nuestra identidad cultural y nacional.

En resumen, necesitamos dotarnos de seguridad jurídica para la acción de las tecnologías de comunicación, lo que ayudará a la competencia y a la generación de empleos y de esa manera, se ofrece certidumbre a los inversionistas. Sin embargo, ello solo puede ser posible a través del establecimiento de mecanismos que obliguen a que ocurran procesos transparentes, tanto en el otorgamiento de concesiones de radio y televisión y de los servicios de telecomunicaciones, como en la vigilancia de la aplicación de los reglamentos que regulan las actividades en materia de telecomunicaciones, evitando al mismo tiempo la existencia de monopolios.

Tenemos enormes retos frente a la llamada Sociedad de la información, y grandes rezagos todavía en materia de derechos. Darle vida al Parlamento Latinoamericano en la formulación de un libro latino de las telecomunicaciones; como guía que oriente los esfuerzos legislativos nacionales.

Darle marco integral a las nuevas TIC, con leyes de acceso a la información publica gubernamental, que formule no sólo procedimientos de entrega de información oficial, sino obligaciones de transparencia disponibles en bibliotecas virtuales.

Establezcamos leyes generales de archivos, que protejan el patrimonio cultural, base fundamental en la producción de contenidos, y la posibilidad de conservar y sistematizar la información para ponerla al acceso público..

Garanticemos una legislación para la protección de datos personales, que asegure el respeto a la intimidad de las personas, debidamente armonizada con las libertades de expresión.

En suma, se requiere trabajar en un conjunto de normas democráticas y modernas que garanticen la libertad de expresión y el derecho a la información y que de ninguna manera se contraponen, si no que por lo contrario, son complemento necesario de la Sociedad de la Información, para que la democracia y el conocimiento sean en este milenio, un ejercicio y no un objetivo inalcanzable.

Visión de la sociedad de la Información y del conocimiento, desde la sociedad civil 1 Rafael Roncagliolo

I.

La sociedad civil.

Es fundamental exponer la idea de presentar un punto de vista de la sociedad civil en un tema como el de la Sociedad de la Información porque el mundo global no se compone sólo de gobiernos y empresas. A lado de la sociedad política, regida por la conquista del poder, y de la sociedad económica, orientada por la búsqueda de las ganancias, existe la sociedad civil, compuesta por organizaciones y redes de ciudadanos que buscan afirmar sus identidades y desarrollar sus culturas, lo que Manuel Castells ha destacado como la cuestión central de esta era de la información 2 Constituimos así un tercer sector, un tercer vector o una tercera dimensión de la sociedad global que es, por eso mismo, una sociedad triangular.

De manera que si aspiramos a construir una perspectiva común de la humanidad sobre la Sociedad de la Información, como aspiran a lograrlo las Naciones Unidas, la UIT y la UNESCO al convocar a la próxima Cumbre de diciembre de 2003, es muy pertinente que tomemos a los tres componentes y a los tres actores de la sociedad global: el componente político, representado por los Estados y los partidos; el componente económico, representado por las empresas; y el componente cultural expresado por la sociedad civil.

Aunque el concepto mismo de sociedad civil es muy antiguo, la noción ha empezado a usarse más y más, en los últimos años, como consecuencia del papel fundamental que han cumplido en la democratización de América Latina, de Europa del Este, del Africa y de otras regiones, organizaciones que no son partidos políticos ni entes económicos y que, sin embargo, han sido actores claves para superar dictaduras y autocracias.

Incluso los organismos intergubernamentales, tales como Naciones Unidas, UNESCO, la UIT, el Banco Mundial, y dentro de nuestra región, la OEA o el BID, reconocen un lugar cada día más relevante a la sociedad civil, tanto a sus expresiones nacionales como a las organizaciones de las sociedad civil internacional, entre las que destacan, por ejemplo, Amnistía Internacional, el Instituto Internacional de la Prensa o la Asociación Mundial de las Radios Comunitarias.

II.

El contexto de la informatización de la sociedad

Sin duda que existen muchas experiencias, puntos de vista y preocupaciones de la sociedad civil respecto a la incipiente sociedad de la información, debido a que las organizaciones de 1

Texto basado en la presentación del autor en la consulta sobre la Sociedad de la Información. UITUNESCO. TEGUCIGALPA, 20 – 31 DE OCTUBRE DEL 2,002 2

. CASTELLS, Manuel, La era de la información, Alianza Editorial, Madrid, 1998

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la sociedad civil han usado muy temprana e intensamente las tecnologías digitales.

Me parece que dentro de su natural diversidad de opiniones, lo primero que caracteriza a las perspectivas de la sociedad civil es el haber superado las actitudes simplistas frente a la sociedad de la información. No cultivamos más la visión de las innovaciones como una conspiración de los dueños del mundo contra nuestros pueblos. Pero tampoco pensamos en la sociedad de la información como una panacea que puede, por sí misma, resolver los problemas de la injusticia o la ausencia de libertades. No alimentamos las posturas apocalípticas ni tampoco las posiciones apologéticas.

Como yo mismo tuve oportunidad de explicar en el simposio regional sobre nuevas tecnologías de radio y televisión, organizado por la UIT en Santiago de Chile, en abril de 1999, suscribimos la noción de Kransberg, según la cual “la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral” 3 . Lo que define su signo, positivo o negativo, es la manera concreta en la cual se construye la sociedad de la información, a través de combinaciones específicas de innovaciones técnicas, marcos normativos y prácticas sociales.

Lo que nos interesa, por lo tanto, es la manera cómo se organiza el tránsito de la sociedad actual a la sociedad de la información, y las peculiaridades de América Latina en este tránsito. La sociedad de la información, pensada desde Europa o desde América septentrional es una etapa que sucede y reemplaza a la sociedad industrial y a la modernidad. Pero, encarada desde América Latina, donde no ha habido sociedad industrial ni modernidad, el proceso va a resultar enteramente diferente, y probablemente, tendremos que pedirle a la sociedad de la información que asuma algunas de las tareas de la sociedad industrial y de la modernidad que nunca llegaron a cumplirse entre nosotros, aunque en Europa se remontan hasta el siglo XIX. Para citar solamente tres: 1) La consolidación de la enseñanza universal, 2) El desarrollo de medios de comunicación plurales y libres, sustentados en la responsabilidad del servicio público, 3) El despliegue de una oferta artística abierta al consumo masivo, a través de bibliotecas, museos y teatros.

El problema, según Jürgen Habermas, consiste en que sociedad de la información aparece como parte de un proceso que, en los países desarrollados, está llevando a la disolución de los espacios públicos que fueron el sustento de la democracia 4 . Según la explicación ya clásica de Habermas (1989), la democracia contemporánea nació con la constitución de una esfera pública burguesa, entendida como espacios de deliberación racional, independiente del clero y de la corte, de las relaciones feudales y de los intereses económicos. La reforma parlamentaria y la libertad de prensa (ambas estrechamente asociadas entre sí) forjaron esta arena o esfera pública burguesa, caracterizada por el debate abierto, el escrutinio público y 3

KRANSBERG, M., “The Information age: evolution or revolution”, en Bruce R. Guile (ed.), Information Techonologies and Social Transformation, National Academy of Engineering, Washington D.C., 1985, p. 50.

4

HABERMAS, Jürgen, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Polity, Cambridge, 1989.

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el más pleno acceso a la información, una esfera pública que aparece cuando la conversación de café se vuelve crítica y las buenas palabras se vuelven argumentos 5 . Dicha esfera pública se expandió precisamente a través de decenios y siglos de políticas culturales, que reforzaron bibliotecas, museos y galerías de arte, servicios de información gubernamental y, por supuesto, los medios de comunicación. Lo que ahora ocurre es un incremento del control y la manipulación de la opinión pública, que hace que el ethos del servicio público sea sustituido por la ética de la publicidad.

Como es conocido, la UNESCO, la UIT y la comunidad internacional han prestado particular atención a este desmantelamiento compulsivo de todos los espacios públicos 6 , y, por eso mismo, es pertinente que preguntamos por el signo de la sociedad de la información; ¿se trata de usar la tecnología para mantener esta tendencia antidemocrática a la refedudalización de las sociedades o, más bien tenemos la oportunidad para recuperar los ideales y las prácticas de la democracia moderna?

En América Latina, la situación es aún más precaria. Puesto que, entre nosotros, dichos espacios públicos nunca llegaron a desplegarse a plenitud, la sociedad de la información debería garantizar que se cumplan las funciones sociales que aquellos espacios vinieron a cumplir en los países desarrollados.

La sociedad de la información no aparece en el vacío, sino que emerge luego de un doble movimiento histórico de repliegue de los espacios públicos. El primer abandono de los espacios públicos se produce, en beneficio de los domicilios privados, a partir de fines del siglo XIX: la fotografía permite prescindir del pintor retratista, así como el teléfono convierte la visita en llamada y el gramófono, como antes el piano, trae la música a la sala de la casa. Aquel primer movimiento de repliegue va a ser retomado, a lo largo del siglo XX, por la radio, por el televisor y por la computadora, llevando la comunicación interpersonal y el entretenimiento a los dormitorios y a los bolsillos. O sea, ya no a la vida familiar sino a la vida individual. Y no sólo el entretenimiento. Hasta el centro de trabajo se diluye en esta gran conversión de todo lo que era transportes en comunicaciones. .

Negroponte y otros han llamado a esta nueva sociedad de la información la sociedad del “homo digitalis” 7 . Esta expresión latina viene a sumarse a numerosas definiciones previas y clásicas del ser humano, desde el “homo faber” y el “homo sapiens” hasta el “homo ludens” de Johan Huizinga 8 . Pero lo que yo quisiera recordar es que la computadora y la Internet aparecen, al lado o después, del televisor. Es por eso que al hombre de nuestra época, Giovanni Sartori lo llama homo videns 9 Aún sin compartir en todos sus extremos la crítica de Sartori a la televisión, debemos recordar que la televisión no es un medio de comunicación más, sino que se ha convertido, 5

Ibidem, p. 31.

Por ejemplo: United Nations World Television Forum, Programming for People; y UNESCO, La radio y la televisión de servicio público: el desafío del siglo XXI. 7 NEGROPONTE, Nicholas, Ser digital, Atlántida, Buenos Aires, 1995.

8 HUIZINGA , Johan, Homo ludens, Emecé, Buenos Aires, 1957.

9 SARTORI, Giovanni, Homo videns, la sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1998.

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4

en todas partes, en el espacio político por excelencia, que ha reemplazado a la plaza pública y a los locales partidarios. Por lo mismo, el progresivo deterioro de la vida democrática a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se asocia de manera notable con la protuberancia de este medio, que es, por ello, motivo de las más diversas y profundas preocupaciones 10 .

Paralelamente, parece inviable abrir espacios públicos, hoy en día, sin abrir la televisión a la sociedad 11 .

La televisión fue, por ejemplo, el aparato principal de sustento del régimen de Fujimori, la piedra angular de su autoritarismo liberal. Fue el control de la televisión lo que permitió construir y mantener un tipo de dictadura que, por supuesto, se asemejaba menos a las dictaduras militares de ayer que al “1984” de Orwell. El control absoluto de la televisión le permitió, ante todo, según el viejo concepto de la agenda setting, determinar qué alternativas políticas existían socialmente y cuáles no. Como, entre muchos otros, lo ha señalado Castells: “Aunque sus efectos sobre las opciones políticas son muy diversos, en las sociedades avanzadas, la política y los políticos que no aparecen en televisión no tienen ninguna posibilidad de obtener el apoyo público, ya que las mentes de la gente se informan sobre todo por los medios de comunicación, y el más importante de ellos es la televisión.

Su impacto social funciona en el modo binario: ser o no ser” 12 .

Por eso una pregunta crucial para la sociedad civil es la siguiente: ¿Qué significa la sociedad de la información en cuánto al acceso y la participación de todos los ciudadanos en la producción y recepción de mensajes masivos?

III.

La paradoja de la democracia contemporánea

Un texto precursor y clásico de Alain Touraine 13 , anunciaba que la informatización de la sociedad se extendería con independencia del régimen político de los países. Tenía razón. Y sin embargo, para fraguar un entendimiento común, como se pretende con este ejercicio y con la Cumbre, tenemos que preguntarnos qué tipo de sociedad humana queremos que sea la sociedad de la información.

Hoy en día, por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de los países del mundo tienen gobiernos elegidos en comicios universales y secretos. Como señala López Pintor, “en la última década del siglo XX se ha librado alrededor de cincuenta conflictos armados entre guerras civiles y territoriales, la mayor parte relacionadas con la tensión entre las superpotencias de la guerra fría y el colapso del orden soviético. Simultáneamente se producía una oleada democratizadora sin precedentes históricos. Contándose el siglo entre los más cruentos de la era moderna, llega a su fin bajo el impulso de la fortuna con más de dos tercios de los gobiernos nacionales basados en elecciones libres. Hace veinte años, cuando la transición en España, había poco más de 30 democracias en todo el mundo.

Al escribir estas líneas, el número de regímenes democráticos en distintas fases de 10

Entre otros, por ejemplo, POPPER, Karl, La lección de este siglo, Temas, Buenos Ares, 1998; y BOURDIEU, Pierre, Sur la television, Liber, París, 1996.

11 FERRY, Jean-Marc, et al, El nuevo espacio público, GEDISA, Barcelona, 1998.

12 CASTELLS, op. cit., p. 368.

13 TOURAINE, Alain, La sociedad post-industrial, Ariel, Barcelona, 1969.

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consolidación rondaba los ciento cincuenta. La contradicción entre violencia y negociación se salda a favor del pacto” 14 .

Y no se trata sólo de un predominio numérico. La universalidad de las formas democráticas es uno de los tres consensos de la globalización. Es decir, que la globalización, y con ella la informatización, no sólo avanzan al ritmo del neoliberalismo económico, sino que parece estarse realizando con otros dos consensos adicionales: el de la democracia como forma de gobierno y el de la universal adhesión a los derechos humanos. O sea, que son tres los términos sobre los cuales se construye la sociedad global: el mercado, la democracia y los derechos humanos. En los tres se vive la cesión de soberanías nacionales en beneficio de instancias supranacionales.

En materia de derechos humanos, lo acontecido con el general Pinochet demuestra el cambio de los tiempos y autoriza a exonerarse de cualquier comentario adicional. Lo que, en cambio, vale la pena subrayar, es que vivimos una innegable expansión y consolidación de los regímenes formalmente democráticos, así como la emergencia de instancias internacionales fundadas sobre la adhesión a la democracia. No es casualidad que tanto la OEA como el Mercosur, y ahora también la Comunidad Andina, se definan como clubes democráticos, que hacen de la existencia de regímenes democráticos una condición de membresía; y de su ausencia, una causal de expulsión. Ello explica también que sea la OEA la que puso la mesa para las negociaciones entre el gobierno y la oposición peruanos, previos al derrumbe del régimen de Fujimori, y que el 10 de setiembre del 2001, en su Asamblea Extraordinaria en Lima, la OEA haya adoptado una Carta Democrática Interamericana.

Sin embargo, y esto es lo paradójico, la satisfacción con la democracia disminuye sensiblemente. Así, el índice de la confianza y satisfacción en la democracia, medido por la misma fuente, ha descendido fuertemente en el último lustro, como lo ilustran las cifras siguientes: INDICE DE DEMOCRACIA: MÁS APOYO Y MÁS SATISFACCIÓN

Uruguay Costa Rica Venezuela Honduras Argentina Perú México Bolivia Nicaragua Chile Panamá Ecuador 14

1996 66 66 46 31 53 46 32 45 41 41 52 43

LÓPEZ PINTOR, Rafael, Votos contra balas, Planeta, Barcelona, 1999, p. 15.

2001 67 61 49 46 39 39 36 35 34 34 28 28

6

Brasil Guatemala El Salvador Paraguay Colombia Promedio

35 34 41 41 38 44

26 25 23 23 22 36

(Fuente: Latinobarómetro 2001)

Sólo en Uruguay y en Costa Rica el índice supera el 50% de apoyo y satisfacción. Y en Costa Rica, también ha disminuido en el último quinquenio. Estas cifras anuncian un déficit de legitimidad democrática. Pero lo más grave es que ellas coinciden con el hecho de que nunca la democracia fue menos democrática.

Al mismo tiempo que ha habido un descenso en la preferencia por la democracia como régimen de gobierno (de 61% en 1996 a 48% en el 2001), las principales instituciones que forman parte del juego democrático no gozan de la confianza de la mayoría de la población.

Sólo la Iglesia tiene un porcentaje de aprobación mayoritario (72%), seguida de la televisión (49%). Las Fuerzas Armadas, el Presidente, la Policía, el Poder Judicial, el Congreso y los Partidos Políticos no superan el 40% cada uno. En el caso de los partidos hay un dato revelador: el 95% de los latinoamericanos cree que los partidos son indispensables para que haya democracia, pero sólo 15% tiene confianza en los partidos realmente existentes.

A la debilidad institucional se suma una subordinación de la democracia a otros problemas, como empleo e ingresos dignos. Para el 51% de los ciudadanos de la región el desarrollo económico es más importante que la democracia, sólo un 25% dice que la democracia es más importante. Es más, para los latinoamericanos la democracia aparece asociada más a elecciones (25%) y a eficacia económica (19%) que al respeto a las minorías (5%), el gobierno de la mayoría (4%), el sistema de partidos (4%) y que a la representatividad del Congreso (3%).

Hay pues una profunda debilidad de la democracia en la región. El riesgo del asentamiento de una cultura autoritaria es alto, sobre todo si el apoyo al sistema democrático es secundario respecto del crecimiento económico y la atención de otros problemas sociales como el desempleo y la pobreza que caracterizan las sociedades latinoamericanas.

El ojo crítico ha registrado el empobrecimiento de la noción y los alcances del ideal democrático, empobrecimiento agravado por las premuras coyunturales de la política latinoamericana, como lo ha desmenuzado prolijamente Carlos Franco15 .Otro científico social con gran influencia en América Latina, José Nun, ha publicado, en el año 2000, una reflexión contundente sobre los riesgos y problemas de un entendimiento cercenado de la democracia, bajo el sugerente y contundente título de “Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?” 16 . Conviene detenerse en este libro por su extraordinaria relevancia para los latinoamericanos de hoy.

15

FRANCO, Carlos, Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina, Friedrich Ebert Stiftung, Lima, 1998.

16

NUN, José, Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.

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Nun parte por recordar que en Grecia hubo no sólo un germen de democracia, sino dos matrices antagónicas que pueden servir como prismas para analizar las democracias contemporáneas: la primera, y clásica, es la matriz de Atenas, donde los ciudadanos se reunían para decidir directamente sobre los asuntos públicos; la segunda matriz es la de Esparta, donde los miembros del Consejo de la ciudad eran nombrados según la intensidad de los aplausos que recibía cada candidato por parte de la asamblea.

Atenas puede considerarse como el gran antecedente histórico de democracia directa y Esparta como una caricatura de la democracia representativa. Incluso, precavidos frente a las posibilidades de manipulación, “los atenienses no consideraban democrático el voto pues, decían, era un método que favorecía inevitablemente a los ricos, a los de buena cuna y a los exitosos” 17 , razón por la cual preferían el sorteo. En Atenas nace la democracia como deliberación entre ciudadanos, mientras que en Esparta los ciudadanos quedaban reducidos a la condición de espectadores, aptos apenas para expresar su aprobación o reprobación. Atenas inspira la idea de la democracia como gobierno del pueblo, mientras que Esparta alimenta la práctica de la democracia como gobierno de los políticos.

Esta dicotomía helénica entre el ciudadano deliberante y el ciudadano mero elector se reproduce en el siglo XX, según Nun, en la pareja antagónica que conforman el libro “Capitalismo, socialismo y democracia”, publicado por Schumpeter en 1942 18 , y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948.

Para Schumpeter, “la democracia significa tan sólo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarle”19 , visto que “a los ciudadanos sólo les toca aplaudir o no, como en Esparta” 20 . La Declaración de 1948, en cambio, fija los tres tipos de ciudadanía correspondientes a los tres tipos de derechos humanos establecidos por la Declaración y sistematizados por Marshall en 1949 (derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales) y recupera, con ello, la noción integral de democracia como gobierno de un pueblo, portador de derechos que deben ordenar la administración de los políticos.

Por lo demás, el mencionado dilema fundacional en la condición política del ciudadano (deliberante o mero elector) trasciende ampliamente a la dicotomía entre democracia representativa y democracia directa, puesto que la idea primigenia de la misma democracia representativa nació de la reivindicación de los seres humanos como ciudadanos y no más como súbditos. El entendimiento original era muy simple: ya que es necesario designar representantes, éstos deben ser elegidos a través de comicios en los que se confronten ideas.

Utilizando el léxico de Régis Debray 21 , podemos considerar que la competencia democrática nació como mecanismo que demanda convencer a los ciudadanos. El deterioro universal de la democracia en las últimas décadas consiste en que, siguiendo una práctica de factura inicialmente estadounidense, los ciudadanos han sido convertidos en 17

Ibidem, p. 21.

SCHUMPETER, Joseph, Capitalismo, socialismo y democracia, Aguilar, México D.F., 1942.

19 Citado en Nun, op. cit., p. 26.

20 NUN, op. cit., p. 27.

18

21

DEBRAY, Régis, Cours de médiologie générale, Gallimard, París, 1991.

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consumidores, a quienes hay que seducir, ya no convencer.

La competencia entre ideas se ha vuelto, así, una competencia mercantil entre eficiencias de los mecanismos publicitarios. Ya no interesan tanto los contenidos (las ofertas electorales) como las formas (la apariencia del candidato, la modulación de la voz, el spot publicitario, etc.). La tarea del estadista queda desplazada por el papel del actor. El efecto conjunto de la videopolítica y las encuestas de opinión (que pasan a ser determinantes de las ofertas electorales) ha contribuido, aquí como en todas partes, a producir un juego electoral caracterizado por la ausencia de ideas, por el localismo y por la privatización de los espacios públicos. Por este camino se llega a las antípodas de la democracia representativa, pues se conserva una de sus formas (las elecciones) a costa del sacrificio de todos sus contenidos fundacionales.

Sinesio López 22 ha trabajado la historia y las acepciones del concepto de ciudadanía (piedra angular de la democracia), su limitada vigencia y la dispersión en los mapas de la ciudadanía en el Perú. El resultado de su extensa indagación anuncia que estamos lejos de haber transitado la frontera entre súbditos y ciudadanos.

Siguiendo la tradición sistematizada por Marshall y utilizada por López, Nun y tantos otros, cabe distinguir entre la ciudadanía civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. La primera es, como se sabe, igualdad ante la ley, que abarca la libertad de palabra, de pensamiento y de culto, así como el derecho a celebrar contratos, a trabajar y a tener propiedades, y el derecho a acceder a una justicia regida por leyes igualitarias. La ciudadanía política es, strictu sensu, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto, que sólo se vuelve verdaderamente universal en el transcurso del siglo XX. Y la ciudadanía social, que viene a consagrarse internacionalmente a mediados del siglo XX (con la Declaración de Derechos Humanos), incluye la educación obligatoria y gratuita, el salario mínimo vital, la seguridad social y todo el conjunto de conquistas correspondientes al Estado de Bienestar (surgido en la post-guerra y denominado welfare state, precisamente en oposición al warfare state) .

Estos derechos sociales son obligaciones del Estado democrático frente a sus miembros y corresponden, históricamente hablando, a retribuciones por el esfuerzo especial que los ciudadanos han prestado durante la guerra, según la explicación de Giddens 23 . El resultado mínimo de esta formulación es que “no puede haber ciudadanía democrática sin derechos sociales” 24 . “En contraste con la de Schumpeter y sus seguidores, afirma Nun, esta visión de la política promueve, pues, una idea activa de la ciudadanía y de su implicación en la vida comunitaria, que va mucho más allá del voto. En este caso, el murmullo que se percibe es muy débil pero llega de Atenas” 25 .

Lo cierto es que las democracias realmente existentes sólo perduran ahí donde hay derechos 22

LOPEZ, Sinesio, Ciudadanos reales e imaginarios, IDS, Lima, 1997.

GIDDENS, Anthony, The Nation State and Violence: Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism, Polity, Cambridge, 1985.

24 NUN, José, op. cit., p. 65.

23

25

Ibidem, p. 68.

9

sociales y desarrollo económico. No hay democracias estables sin una cierta igualdad social entre los ciudadanos. Lo cual lleva a privilegiar como tarea esencial para la construcción democrática, aun en el sentido más estrechamente político y electoral del sintagma “construcción democrática”, la lucha contra la pobreza. La democracia no puede ser estable si no se enmarca en un proceso eficiente de superación de la pobreza.

Los derechos inherentes a la ciudadanía social, no hay que olvidarlo, emergieron como responsabilidades y obligaciones que el Estado debía asumir a fin de que pudiera funcionar la democracia. Es decir, que el ejercicio de la ciudadanía, incluso cuando se hable sólo de la ciudadanía política, reclama un cierto nivel educativo, en nombre de lo cual se estableció durante tantos años el abusivo y discriminatorio voto censitaire.

Hoy sabemos, además, que la democracia reclama un ambiente cultural de naturaleza democrática. A cada régimen antidemocrático le corresponde y sirve de base una cultura antidemocrática. No prospera la democracia política ahí donde las relaciones familiares, escolares, mediáticas, laborales y de toda otra índole permanecen fuertemente autoritarias, discriminatorias o machistas, como lo ha explicado Giddens 26 , al invocar a la tarea de democratizar la democracia.

En síntesis, la paradoja universal de la democracia contemporánea consiste en que nunca la democracia política estuvo tan extendida y, a la vez, nunca fue menos intensa. O sea, que vivimos tiempos en los que la democracia (política y electoral) crece en extensión geográfica, pero disminuye en términos de la calidad de la vida democrática. El Perú de Fujimori interesa, en este paisaje, porque constituyó un caso extremo, como lo diagnosticaba Rebecca Cox 27 , de democracia formal sin contenido democrático alguno. ¿Qué podemos hacer para que la sociedad de la información sea, entre nosotros, una sociedad democrática, Atenas y no Esparta?

IV.

Las condiciones de la sociedad civil en la sociedad de la información

Creo que para la sociedad civil algunas de las preguntas centrales son las siguientes: 1) 2) 3)

¿Cómo asegurar la democratización de los organismos internacionales en la sociedad de la información?

Transparencia administrativa La sociedad de la información, ¿va a traer nuevas vías para el ejercicio de los derechos ciudadanos o va a ser solamente un reparto del mundo entre entidades estatales y corporaciones empresariales?

Esta pregunta es crucial, debido a que en América Latina, el acceso a las licencias para operar medios de comunicación, operados por actores la sociedad civil y no por la lógica comercial, viene recibiendo un tratamiento antidemocrático que tiende a su expulsión del 26 27

GIDDENS, Anthony, Más allá de la izquierda y la derecha, Cátedra, Madrid, 1998.

COX, Rebecca, informe mecanografiado, Lima, 2000.

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espacio electromagnético, lo que constituye un fenómeno completamente atípico, comparado con lo que ocurre en otras regiones; y paradójico, por el hecho de estarse produciendo en un tiempo coetáneo a la extensión de la democracia en la región.

Las ondas hertzianas, patrimonio de la humanidad, se han venido reservando sólo para los intereses comerciales, legítimos por cierto, impidiéndose que en esta región ocurra lo que ocurre en todo el resto del planeta, donde también las comunidades, los grupos educativos, las organizaciones sin fines de lucro, es decir la sociedad civil con toda su diversidad, gozan del derecho a la libre expresión por medios electrónicos. Esta tendencia a la eliminación de los medios no comerciales es tan grave, que ha merecido sendos cuestionamientos del relator para la Libertad de Expresión de la OEA, en los casos de Paraguay y Guatemala.

De manera que, en América Latina, hay que empezar por asegurar que se cumpla la recomendación aprobada por la UIT en la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto (1994), que, a partir del reconocimiento de “los nobles principios de la libre difusión de la información y de que el derecho a la comunicación es un derecho básico de la comunidad”, recomienda a los Estados “que faciliten la libre difusión de información por los servicios de telecomunicaciones”. Y que se cumpla el artículo 12° de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, artículo que establece que “las asignaciones de radio y televisión” consideren mínimos criterios “que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.

Estos principios y criterios acordados por la comunidad internacional deben, por supuesto, presidir la informatización de la sociedad. Corresponde pensar y definir las medidas y los mecanismos para que en la sociedad de la información sí se cumpla lo que ahora, en la sociedad pre-informacional, se evade o se elude de modo clamoroso.