¿GOBERNADOR DE TRES AÑOS?

Se aprobó en el Congreso del Estado sin discusión pública, ni consulta previa, la reforma a los artículos 22,46 y 69 de la Constitución Sonorense para “homologar la elección de gobernador con la de Presidente de la República” a partir del 2030. Antes, en 2027 se deberá elegir un gobernador que solo dure tres años. La reforma —sin consulta—, se hizo por simple mayoriteo de Morena y sus aliados con una mayoría calificada —alquilada, sin necesidad de precipitación por los tiempos y cuando otras prioridades estatales requieren de un Congreso local más a tono con los tiempos y las necesidades reales de Sonora. Los que ahora gobiernan, llegaron al poder ofreciendo un nuevo modelo y un cambio real en el ejercicio del poder. No ha sido así y en Sonora se están reproduciendo vicios y comportamientos políticos a tono con lo que sucede a nivel nacional donde se han roto los fundamentos del entendimiento y el diálogo para atender los asuntos nacionales. A cambio; Mayoreo, soberbia, y oídos sordos a las expresiones diferentes. ¿Si así era en el pasado, porque ahora debería ser diferente? Dicen.

Al general Rodríguez le tocaría gestionar sus primeros tres años con el presidente Manuel Ávila Camacho y uno más con Miguel Alemán, terminando Sobarzo los últimos dos con Alemán. De entonces a la fecha, y a excepción de Carlos Armando Biébrich que solo duró dos años en el Poder, ningún gobernador ha experimentado conflicto con los presidentes de la República. Tensiones sí: Entre Ruiz Cortines e Ignacio Soto, por la controvertida elección con Jacinto López en 1949; con Álvaro Obregón Tapia por la crisis política de Cajeme en 1958; por la sucesión de 1961, cuando a última hora el rector de la Universidad de Sonora Luis Encinas sustituye como candidato del PRI al gobierno estatal a Fausto Acosta Romo; y por la crisis política de 1967, que implicó la crisis universitaria y la derrota del PRI en siete municipios, incluyendo la capital Hermosillo. La candidatura de Carlos Armando Biébrich en 1973 fue producto de la decisión del presidente Luis Echeverría —promoviendo jóvenes—y no tuvo adversario del PAN en la elección de ese año.

La relación entre presidente y gobernador se descompuso y Biébrich renunció al gobierno en octubre de 1975 siendo sustituido por Alejandro Carrillo Marcor, que terminó el período 1975-1979. A partir de 1975 no hubo tensiones entre el gobernador de Sonora y presidente de la República hasta la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) que en su intento de colonizar políticamente al país entró en conflicto con el gobernador Eduardo Bours en sus últimos tres años (2006-2009) poblando de panistas las delegaciones federales y reduciendo al máximo la inversión federal para Sonora. El asunto no pasó a mayores porque Bours se movió hábilmente para sacar adelante su programa de obras llamado Sonora Proyecta.

Guillermo Padrés tuvo todo el apoyo de Felipe Calderón en la obra del Acueducto Independencia, pero ante Enrique Peña Nieto se declaró “gobernador de oposición” (sic) y no llevó buenas relaciones con el presidente en su último tramo (2012-2015). Una de las limitantes de la continuidad ha sido la alternancia de partido en el poder, donde los ganadores culpan de todo a los perdedores e interrumpen proyectos exitosos de gobierno. También la tendencia de encarcelamiento a los ex gobernadores, que inició en México con el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (1999) y donde poco importó que coincidieran o no con la elección de presidente de la República. La tendencia era también si los gobernadores le atinaban o no al candidato presidencial y eso equivalía a la cercanía o lejanía política con el presidente, lo que también sucede y se presenta con independencia del partido que gane la alternancia.

Hasta ahora son 30 estados los que mantienen concurrencia entre la elección federal y las locales y solo nueve entidades las que tienen elección concurrente de gobernador con presidente de la República: Chiapas, Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Veracruz. A favor de la reforma aprobada se argu- mentó, que —a partir de la elección del 2030— habrá continuidad a los programas estatales de desarrollo para empatarlos con la federación y, en segundo lugar, para incrementar los niveles de participación electoral en las elecciones. Lo primero es muy discutible y queda en el nivel de la suposición, porque la política mexicana se hace a navajazos y ha dependido más de las habilidades de los gobernadores que de las simpatías del Presidente en turno como sucedió con Biébrich, Félix Valdés y ahora Durazo.

Lo segundo es también discutible por las cifras, por ejemplo: En 1994 a nivel nacional votó el 77.5% de los electores; en Sonora el 77.26% (en 1991 había sido en lo local del 63.9%). Del 2000 al 2018 la cifra en elecciones presidenciales bajó en Sonora del 63.91% al 52.1%. En lo local bajó del 60.9% en 1997 al 43.83% en el 2021.

Los números dicen que para incrementar los niveles de participación política de los sonorenses, —que históricamente ha sido de las más bajas en lo nacional—, se requieren muchas otras cosas. Entre otras no legislar por simple mayoriteo, por más compraventa de legisladores que exista, sino discutir y agotar la consulta con la sociedad, sobre todo en aquellos temas que pueden cambiar el curso de la historia local.