ALFONSO DURAZO MONTANO

Jorge Julián Chávez Castro, suegro de Alfonso Durazo, perteneció al círculo de confianza de dos gobernadores de Sinaloa vinculados a la narcopolítica. En 2003, tras su asesinato, las autoridades ocultaron un investigación en su contra La noche del lunes 17 de febrero de 2003, al volver a su casa en la colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán, el abogado Jorge Julián Chávez Castro, de 69 años, fue recibido con cuatro tiros de arma de fuego. El perpetrador se escurrió en la oscuridad. El abogado quedó tendido en su cochera, junto a su Grand Cherokee blanca. Tenía un balazo en el costado izquierdo, el más grave de los tiros que le dieron. Pero seguía con vida. Alguien llamó a la Cruz Roja. Chávez alcanzó a pedir a los socorristas que le trasladaran a la Clínica Culiacán. Ahí intentarían salvarlo.

La unidad médica era pequeña y, según las crónicas de prensa, las calles colindantes se llenaron de una multitud. Había un enjambre de periodistas. Incluso hubo transmisiones en directo de radiodifusoras de la ciudad sobre la evolución de las circunstancias.

También había directivos y elementos de distintas corporaciones policíacas y un nutrido grupo de políticos y altos funcionarios del gobierno estatal. Entre estos, el alcalde de Culiacán, Enrique Hernández Chávez; el procurador general de Justicia de Sinaloa, Óscar González Mendívil; y hasta el gobernador, Juan Sigfri- do Millán Lizárraga, quien se mantuvo en la acera durante las cuatro horas que duraron los esfuerzos médicos para salvar al abogado. Pues la víctima era un connotado hombre del sistema en Sinaloa: notario desde 1959, alcalde de Culiacán (1977-80) por voluntad del gobernador Alfonso Genaro Calderón Velarde, y procurador general de Justicia (1981-85) en el gabinete de Antonio Toledo Corro. Además, apenas dos semanas atrás, Chávez había dejado su asiento en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Pero, sobre todo, el abogado era suegro de Alfonso Durazo Montaño, entonces secretario particular y vocero del presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Años atrás, Durazo había contraído nupcias con Rocío Chávez Murillo, una de las hijas del exalcalde de Culiacán. Jorge Julián Chávez Castro murió a las 11:30 de la noche de aquel lunes. Los médicos no pudieron contener su hemorragia.

Expediente Oculto

El gobernador Millán Lizárraga instruyó al procurador González Medívil para que las investigaciones fueran lo más expeditas posibles. Según el columnismo local, Millán esperaba una fuerte presión del gobierno federal, y específicamente de la Presidencia de la República, para el esclarecimiento del crimen, dada la posición de Durazo. El mandatario sinaloense informó que los mejores agentes y peritos estaban asignados al caso.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJES) recabó huellas digitales en las escena del crimen y encontró un testigo que logró ver al asesino, al que describió como un hombre joven que vestía un pantalón de mezclilla y una playera blanca, el cual habría salido de la propiedad todavía con la pistola en la mano. El propio procurador Óscar González se puso en contacto con el subprocurador de Procedimientos Penales “C” de la PGR, José Jorge Campos Murillo, para que se efectuarán a nivel federal los estudios y cotejos balísticos de los casquillos percutidos y de la ojiva encontrada en el lugar de los hechos. Incluso fueron interrogados dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que, por obra de la casualidad, se encontraban a menos de cien metros del lugar del ataque, pero “lamentablemente” no escucharon siquiera los disparos.

Las investigaciones continuaron por algún tiempo, pero conforme avanzaron las semanas y los meses, el tema desapareció de las primeras planas, luego de las páginas interiores y, al cabo, fue cubierto por un denso silencio. Seis meses después del asesinato, el 8 de agosto de 2003, el periodista Javier Valdez, entonces corresponsal de La Jornada en Culiacán –asesinado, a su vez, en 2017–, reportó que la PGR investigaba a Chávez Castro por delitos contra la salud.

El subdelegado de Procedimientos Penales de la PGR, Cuauhtémoc Villarreal Martínez, quiso minimizar el tema: “Es un chisme”, dijo al reportero. Pero aceptó a fin de cuentas que el abogado era objeto de pesquisas federales. De hecho, Jorge Chávez había sido citado a declarar en calidad de inculpado ante el Ministerio Público Federal, Adalberto González Escobar, adscrito a la Mesa N° 1 de Procedimientos Penales de la PGR, a las 13 horas del 6 de junio de 2002, siete meses antes de ser asesinado, según el oficio 1394/2002. Al día siguiente, el procurador Óscar González Mendívil reconoció que estaba al tanto del expediente federal contra Chávez. También confirmó que la indagatoria sobre el asesinato se había turnado a la PGR porque dos de las líneas de investigación “apuntaban a delitos de orden federal”. Aunque insistió en que desde un principio se había descartado que el crimen estuviese vinculado al narcotráfico. Dicho en lengua franca, el gobierno del estado había ocultado a la opinión pública sinaloense el expediente de Chávez Castro, y se había ocupado de descartar institucionalmente cualquier relación del homicidio con el crimen organizado.

• René Zuloaga Córdova.

Es miembro del Frente Mexicano de Derechos Humanos del Noroeste, S.C. Mensajero de la paz de la ONU y diplomado en Derecho en Instituto Maurer. renezher@ hotmail.com Cel.(662)281.98.94