Izquierda no 38 octubre

Nº 38

octubre / 2013

Bogotá, Colombia

issn- 2215-8332

Régimen político y discurso Anotaciones acerca de la coyuntura · Reacomodos en el bloque en el poder y facciones en disputa por la conducción de la dominación de clase · El diferendo entre Nicaragua y Colombia Batalla de ideas La comodidad de ser de derechas · Solución política Víctimas y tierras en Colombia · La cuestión agraria: Entre la guerra y la paz Luchas populares Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular · Campesinado y crisis agraria en Nariño Editorial A propósito de la Alianza Verdes-Progresistas

Jairo Estrada Álvarez Director Jesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

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Espacio Crítico Ediciones Publicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudios www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332 Nº 38, Octubre de 2013. Bogotá, Colombia

Régimen político y discurso 4

Anotaciones acerca de la coyuntura Jaime CaycedoTurriago

Reacomodos en el bloque en el poder y facciones en disputa por la conducción de la 12 dominación de clase Jairo Estrada Álvarez

El diferendo entre Nicaragua y Colombia 20 Patriotismo pirata Ricardo Sánchez Ángel

Batalla de ideas La comodidad de ser de derechas: Una reflexión sobre la actualidad de una 26 distinción política Santos Alonso Beltrán Beltrán

Solución política Víctimas y tierras en Colombia

30 Sergio De Zubiría Samper

La cuestión agraria: Entre la guerra y la paz

36 José Honorio Martínez Luchas populares 42

Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular Campesinado y crisis agraria en Nariño

46 Jairo Armando Jurado Estrada Editorial

A propósito de la Alianza Verdes-

54 Progresistas

Daniel Libreros Caicedo

Régimen político y discurso

Anotaciones acerca de la coyuntura Jaime Caycedo Turriago Ph.D. en Filosofía Antropólogo Observatorio Sociocultural de la Mundialización

N

ada parece transcurrir igual hoy que en los dos meses anteriores. En los dos últimos años la situación política ha dado giros en los segundos semestres: en 2012 fue el anuncio público del Acuerdo General para la paz, el preludio de Oslo y la cita en La Habana. Ahora, cuando agoniza el término del gobierno Santos, es la extraordinaria movilización social rural y agraria la que modifica el curso de las cosas y modela las percepciones con los síntomas de una crisis en maduración.

Las encuestas han empezado a mostrar ciertos rasgos, ocultos por la ideología mediática que solo registra las “verdades” oficiales. El descontento creciente no se relaciona solo con la cronografía de un gobierno a punto de culminar mandato. Muestra algo más. Muestra la acumulación de afectaciones negativas, daños, incertidumbres, deterioros en los ingresos, desmejoramiento de la calidad de vida provocados por las políticas públicas en vigencia, especialmente prescritas por el Plan Nacional de Desarrollo y por las formas en que se ejecutan. La anunciada ‘prosperidad’ se volvió esquiva para la inmensa mayoría del pueblo trabajador. Y las capas medias sienten los duros apretones de la más reciente reforma tributaria.

El punto más crítico es el de las políticas relativas al mundo rural y las áreas del país periférico, hoy en manos de la sobreexplotación, la desposesión violenta, la desregulación ambiental y la precarización laboral, las cuales constituyen una expresión paradisíaca para la inversión _4

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extranjera, los modelos impuestos por el Banco Mundial y el interés inmediato del gran capital transnacional. Las políticas del Estado son absolutamente contrarias a las necesidades nacionales, entendidas como las que corresponden a extensas franjas de las poblaciones ocupantes, trabajadoras itinerantes o desplazadas de sus lugares de origen. En parte, tales áreas periféricas coinciden con los teatros más crudos de la guerra contrainsurgente y algunas zonas (Catatumbo, Cauca, Arauca) son escenarios de los bombardeos aéreos y de duros combates en el marco de los planes militares de Consolidación y Espada de Honor.

El régimen intenta recuperar lo perdido La movilización social popular ha obligado al Gobierno a negociar y a reconocer a nuevos interlocutores, a los que antes tachaba de instrumentos del terrorismo. En esas negociaciones el Gobierno parece haber agotado sus opciones de subsidios, busca afanosamente la venta de ISAGEN y de otros activos, insiste en fragmentar los diálogos y evade asumir compromisos enviando funcionarios de segundo orden que cumplen órdenes,sintener capacidad de decisión. Los movimientos del mundo rural han comprendido que el llamado Pacto Nacional agrario reafirma el modelo e intenta legitimar el despojo. Es la escenificación de una farsa.

La línea oficial frente a las luchas populares es la misma que se asume en La Habana. El ‘modelo económico y social’ es intocable, los TLC son intocables, aunque el país se derrumbe. El régimen no solo mostró la ineficiencia de sus funcionarios frente al paro agrario, sino que carece cada vez más de argumentos para defender sus orientaciones en crisis. La crisis del ‘argumento económico’, por lo visto, no es aún suficiente para que entienda la fuerza y la razón del argumento social que clama por un nuevo pacto social en el país.

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Recurre ahora al argumento internacional. SanEl mito oficial de tos expuso en la ONU la teoría de la autonomía de Colombia para buscar la paz a su manera y puso el que Colombia es énfasis principalmente en los temas relacionados con un paraíso de la la impunidad, los derechos humanos y la llamada prosperidad, de justicia transicional. Le preocupa que sean investigalas garantías y de dos con el apoyo de la comunidad internacional los la democracia ha miles de crímenes sistemáticos atribuibles al terrorissido demolido por mo de Estado. Se refiere a los casos de Yugoeslavia y la movilización de Ruanda para descalificar de modo oblicuo el papel y la función de una Comisión de la Verdad confiable real del pueblo que contribuya a esclarecer las causas reales, princidesarmado y palmente políticas y genocidas, de la guerra interna pacífico en lucha colombiana. por sus derechos El ‘argumento internacional’ es aún más peligroso. elementales. Sin Santos rodeó su publicitada intervención en Nueva respuestas en York de la carta suscrita con Panamá y Jamaica que lo social y sin denuncia un supuesto expansionismo de Nicaragua en lo relativo al mar territorial. Acude a la matriz de respuestas en lo opinión de país amenazado de cercenamiento marítipolítico, la pregunta mo como respuesta al fracaso del pleito ante la Corte por la paz y la Internacional y el resultado del fallo adoptado por esa democracia no entidad, en la que los gobiernos depositaron su contiene respuesta fianza, fallo que reduce el área de mar colombiano en en el horizonte el Caribe occidental. El riesgo cierto de un recurso al del régimen. irracionalismo seudonacionalista en la desesperación por mejorar la imagen no es descartable. En este sentido, el Gobierno ha cedido ante las posiciones de la ultraderecha que clama por la confrontación con Nicaragua y los propósitos de Washington que aspira a sacar provecho en beneficio de su visión antisandinista.

El chantaje de los tiempos y resultados del diálogo La decisión de la fracción dominante de la burguesía colombiana por buscar una salida política de la guerra no obedece a un capricho de ocasión. Es resultado de largas y rudas luchas del pueblo, de las encrucijadas del modelo socioeconómico y de la crisis del Estado y su horma, la Constitución de 1991. Una lógica realista obliga a exigir que quien quiera sea el gobernante elegido en 2014 sostenga el compromiso con el proceso de paz. Este punto no está claro en las posiciones de Vargas _6

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Lleras ni mucho menos en las de los distintos precandidatos del uribismo, críticos del proceso en La Habana.

Como lo han hecho notar distintos comentaristas, Santos patalea ante el evidente desgaste de su gobierno, justo en el momento de tener que decidir su plan de un segundo mandato. Entiende que tiene una oportunidad en los resultados del diálogo.

Por eso quiere vincular el éxito de las conversaciones con su reelección. O achacar a la insurgencia la responsabilidad por su levantamiento de la mesa. Con un 19 por ciento de intención de apoyo, las posibilidades del proyecto reeleccionista están seriamente limitadas. Por eso el gobierno presiona el proceso de paz con las FARC del que quiere obtener resultados inmediatos de rendición y derrota con el chantaje del tiempo.

Ese chantaje tiene ahora un doble carácter. De un lado la exigencia ya conocida de acelerar los ritmos, que tropieza a su vez con la doble barrera de los ‘inamovibles’, de Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

una parte, y la metodología del “nada está acordado hasta que todo no esté acordado”, de otra. A su vez, maquina el establecimiento unilateral del referendo, inscrito en el corazón de los procesos electorales de 2014, como un medio de presión que pone los tiempos.

En ese contexto, el Marco jurídico para la paz deviene en la única herramienta concebida por el régimen para resolver tres cuartos de siglo de guerra civil. El afán de Santos por explicar este aspecto en la ONU y pedir que se le permita ponerlo en obra sin vigilancia internacional, significa que la política de paz del sistema consiste en un arbitrario ejercicio punitivo sesgado en contra de la insurgencia, señalada como el exclusivo “victimario” en el prolongado conflicto.

Agréguese a esto algo que no explicó Santos en la ONU: la reciente reforma constitucional que amplió el fuero militar, aprobada en contra de autorizadas opiniones de voceros de las Naciones Unidas y de organizaciones Régimen político y discurso

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humanitarias. Castigo solo para los insurgentes e impunidad para los personeros del Estado guerrero, de los partidos de la derecha, los empresarios, terratenientes y empresas transnacionales comprometidos en la violación de los derechos humanos, organizadores y financiadores del paramilitarismo y cómplices del narcoparamilitarismo. Tal es el prospecto de falsa justicia, carente de verdad, sujeta a una reparación mezquina y humihttp://bettoespectador.blogspot.com/ llante en tales condiciones, y sin garantía posible de no repetición.

Esa impunidad se traslada a los centenares de miles de víctimas y sobrevivientes de la guerra, no reductibles únicamente a los familiares de los soldados y antiguos rehenes, en varios casos usados como parte de la propaganda antiinsurgente. Esas víctimas y sobrevivientes, en sentido extenso, esperan algo distinto de una política de paz. En el marco de una confrontación prolongada, polarizada y degradada, la población civil más directamente implicada ha sido objeto de no pocas formas de discriminación, de señalamientos y persecución. En el caso de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, del sindicalismo, de los defensores de los derechos humanos, de quienes actúan y luchan abiertamente por una salida pacífica de la guerra, se visualiza el espectro de franjas de la sociedad alineadas por la política de guerra del establecimiento como parte del “enemigo” a reducir, a someter, a criminalizar, a desangrar.

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El punto de la democracia en debate El Marco jurídico, el fuero militar ampliado, la justicia, la verdad y la reparación vistos desde el ángulo de la sociedad y la vida cotidiana popular son indisociables del reclamo por reales garantías de libertad, derechos sociales y políticos, reconocimiento de la especificidad del delito político y del derecho de rebelión contra las injusticias conquistados por la Modernidad. El punto de quiebre del proceso de paz, que traduce con mayor claridad lo que de verdad se discute en La Habana, es el problema de la democracia, de su contenido social emancipador, de su capacidad de rescatar la dignidad y la humanización de millones de compatriotas condenados a las condiciones del despojo, el maltrato, la represión, la discriminación y otras formas de desigualdad. ¿Qué tanta ampliación de la democracia ofrece el régimen en la perspectiva de la paz y la reconciliación?

Hasta donde hemos podido conocer, leer o escuchar, de eso sólo habla la guerrilla, pero no el Gobierno.

El mito oficial de que Colombia es un paraíso de la prosperidad, de las garantías y de la democracia ha sido demolido por la movilización real del pueblo desarmado y pacífico en lucha por sus derechos elementales. Sin respuestas en lo social y sin respuestas en lo político, la pregunta por la paz y la democracia no tiene respuesta en el horizonte del régimen.

Luego está en gestación una crisis política que se agrega a la crisis social sin solución. El movimiento rural puso a caminar por carreteras y regiones la Agenda que se discute en La Habana y que se ha ido integrando, muy a pesar del Gobierno, al necesario debate nacional. La crisis de la reelección de Santos plantea de momento la sin salida de un régimen que no ofrece opciones diferentes al “más de lo mismo”, en circunstancias latinoamericanas que claman por cambios profundos en la sociedad y el Estado.

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Lenta aproximación: La unidad de abajo hacia arriba ¿Existe en lo inmediato una alternativa articulada desde la izquierda?

Sin duda no. El efecto prolongado provocado por el viraje del Polo al aislacionismo sectario, la fusión de Verdes y Progresistas en perspectiva de una confusa “tercería” y los rezagos de vanguardismos en los liderazgos de los movimientos sociopolíticos limitan las posibilidades de reales convergencias en torno de los importantes factores de la movilización popular, pero no copan las opciones que intentan dotar de contenido político los procesos de reagrupamiento a la izquierda. Como un hecho notorio, pese a las distancias, la movilización agraria permitió en buena parte unir en la acción sensibilidades de muy distinto origen.

Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y corrientes de las Dignidades se hallaron próximos en El movimiento rural importantes escenarios. Esa unidad de coincidenpuso a caminar por cias debe dar paso a mayores acercamientos en los carreteras y regiones movimientos populares. la Agenda que se Hoy ningún proyecto de unidad política en la discute en La Habana izquierda puede concebirse al margen de la moviy que se ha ido lización social, ignorándola o subestimándola. La unidad en la expresión del descontento, la protesta integrando, muy a y la movilización organizada caracteriza el momenpesar del Gobierno, to. Pero debe dar vida a procesos más ambiciosos al necesario debate de cambio político democrático o, por lo menos, a nacional. La crisis una presencia combativa y coherente de voceros de de la reelección de la izquierda en las instituciones del poder constituiSantos plantea de do. Aún más, incluso el tema de una candidatura momento la sin salida presidencial de convergencia y compromiso programático, que ayude a mover en la dirección correcta de un régimen que el proceso unitario, no debe descartarse. La batalla no ofrece opciones social y la lucha por la paz así lo requieren. diferentes al “más La semilla del frente amplio por la paz tiene de lo mismo”, en condiciones favorables para germinar, ahora o en circunstancias el futuro cercano. La Unión Patriótica en el nuevo latinoamericanas que despertar del movimiento popular espera aportar claman por cambios su grano de arena en la realización de su 5.º Congreso Nacional, del 15 al 17 de noviembre próximo. profundos en la

sociedad y el Estado.

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Reacomodos en el bloque en el poder Régimen político y discurso

y facciones en disputa por la conducción de la dominación de clase

Jairo Estrada Álvarez

A

Profesor del Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

más de tres años del gobierno de Santos, las líneas de continuidad del proyecto de acumulación capitalista neoliberal de las clases dominantes son evidentes. Al mismo tiempo, las diferencias en el bloque dominante en el poder, que se habían perfilado a los pocos meses del comienzo del mandato presidencial, se han acentuado en forma tal que es posible constatar un resquebrajamiento en el consenso que se había logrado estabilizar y consolidar a lo largo de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Si tales diferencias se expresaron inicialmente en el campo estrictamente político y en enfoques sobre el ejercicio del poder, entre tanto es claro que ellas también se manifiestan en las concepciones acerca de la orientación que debe dársele al proyecto político-económico.

A la unidad y al carácter monolítico del bloque en el poder le ha seguido una intensa lucha de facciones, que hoy se disputan el liderazgo.

De ahí que pueda sostenerse que se está asistiendo a una recomposición del bloque en el poder. La facción que actualmente controla las posiciones en el gobierno y se expresa en el proyecto político del santismo aspira a erigirse y afianzarse como la facción predominante; la facción militarista y de ultraderecha, organizada como proyecto político del uribismo en el ahora llamado Uribe Centro Democrático, pretende recuperar el liderazgo y el predominio perdidos. Las fronteras entre estas facciones tienden en todo caso a ser difusas y flexibles, dado que persisten identidades fundamentales respecto del proyecto de dominación de clase; _12

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asimismo, considerando que la derecha no renuncia a la retórica ni a las prácticas militaristas y de ultraderecha, y que la ultraderecha militarista afirma no abandonar el discurso democrático.

El escenario para dirimir el lugar de cada una de estas facciones se encuentra en la contienda electoral de 2014 que validará una vez más el régimen de democracia gobernable. La reelección de Santos se ha convertido en necesidad para consolidar el proyecto político-económico que él representa y debilitar aún más la facción uribista que le disputa el liderazgo.

Para Uribe, se está frente a la posibilidad de retornar a la trayectoria de la “seguridad democrática”, desviada en el actual cuatrienio y, en el peor de los casos, institucionalizar su facción, como una poderosa fuerza opositora que impone la transacción.

La pregunta que está por resolverse consiste en cuál de esas facciones representa la mejor opción para el proyecto del poder y de dominación de clase en el momento capitalista actual, en un contexto en el que se vienen evidenciando sus límites históricos gracias a la movilización y la lucha social y popular y a nuevas expresiones de organización política en el campo popular, como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, que se declaran como fuerzas con vocación de poder y no de simple disputa del escenario electoral. Y en el que, además, el entorno de la economía capitalista mundial hasta ahora favorable para la política macroeconómica interior tiende a deteriorarse producto de la persistencia de la crisis y de las tendencias recientes de la política monetaria estadounidense.

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La facción representada por el santismo y la “Unidad Nacional” En la contienda de facciones, el proyecto representado por Santos pretende erigirse como el de mayor concordancia y sintonía con las aspiraciones actuales de las clases dominantes y consolidarse como el mejor intérprete del interés capitalista general (interior y Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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transnacional). Dentro de los múltiples aspectos que se podrían esgrimir para sustentar esta afirmación, me detengo solamente en algunos de ellos:

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1.- El impulso de un proceso de diálogos y negociación con la guerrilla de las FARC-EP entendido como respuesta a requerimientos del momento actual de la acumulación financiarizada transnacional. Para los sectores de las clases dominantes comprometidos e interesados en una inserción más profunda en las dinámicas de la acumulación financiarizada del capitalismo mundial, así como para los inversionistas extranjeros y las corporaciones transnacionales, que se han venido asentando en el país o miran con interés las perspectivas de nuevas inversiones gracias a la colonización de nuevos territorios de la geografía nacional, la solución política al conflicto social y armado se ha convertido en un asunto del mayor significado. Para la propia tecnocracia neoliberal, incluida la instalada en los diferentes organismos multilaterales, la solución política generaría nuevas condiciones para el crecimiento económico y para la prosperidad de los negocios capitalistas. La seguridad jurídica con la que ha sido dotada la estrategia de acumulación requiere, en la lógica capitalista, ser complementada con la seguridad que resultaría de un desistimiento del alzamiento armado contra el Estado por parte de la guerrilla.

En la perspectiva del proyecto de Santos, la concreción de una solución política está presa por la idea del sometimiento y la desmovilización. Su aspiración es a una paz rápida, gratuita desde el punto de vista fiscal, y sin concesiones conducentes a la mayor democratización política, económica y social del país. Su perspectiva es la de una paz sin reformas y supeditada a la sostenibilidad fiscal.

2.- La promoción de nuevas formas de representación de los intereses geopolíticos y económicos del imperialismo estadounidense, en medio de una Nuestra América en disputa. Además de la aceptación sin recato del intervencionismo histórico, incluido el intervencionismo militar, el gobierno de Santos es uno de los más fieles representantes de la política actual del imperialismo en la Región, aunque se esfuerza por mostrarse con una agenda propia y de carácter multilateral. Tal agenda se caracteriza, entre otros, por mantener y proyectar el estímulo al “libre comercio” y la integración neoliberal a través de nuevas iniciativas como se aprecia en la participación activa en la Alianza para el Pacífico, la cual representa el resurgir –por otras vías– del _14

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fracasado proyecto del Área de Libre de las Américas y es comprendida igualmente como parte de una estrategia de contención (política y económica) de otras formas de integración que se adelantan en la Región. No se trata simplemente de la conformación de un “bloque neoliberal”, sino de incidir con éste sobre el direccionamiento de los demás procesos.

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3.- El fomento de un nuevo ciclo de desarrollo capitalista rural y agrario encuadrado en el derecho y basado en los agronegocios y la especulación financiera con la tierra. Santos se proyecta como portador de una perspectiva relativamente modernizante del capitalismo colombiano, especialmente en el abordaje de la cuestión rural y agraria, tal y como ésta es vista desde la perspectiva de poderes corporativos financieros transnacionales y de grandes grupos económicos locales. En efecto, al tiempo que mantiene las garantías y protecciones al capital extranjero con intereses en la explotación minero-energética e impulsa el negocio financiero en sus diferentes modalidades, el proyecto de Santos dice propiciar un modelo capitalista más eficiente y productivo de la agricultura, promoviendo el acceso a la propiedad rural por parte de grupos empresariales –nacionales y extranjeros– mediante la ampliación de la frontera agrícola a través de la liberación de tierras baldías del Estado para esos propósitos. Todo ello, acompañado del anuncio de pírricas concesiones a la producción campesina, concebidas como parte de una estrategia de estímulo a alianzas productivas de subordinación de los productores campesinos a los grupos empresariales que ahora incursionan en los agronegocios.

Sin enfrentar la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra, así como el latifundio improductivo y ganadero, la salida santista para el agro consiste en generar un nuevo ciclo de acaparamiento de tierras para los agronegocios y la especulación financiera, organizado a través de las formas legales del despojo que provee (o pueden ser provistas) por el ordenamiento jurídico. Se trata del tránsito de un modelo de acumulación basado en el despojo a través del ejercicio de la violencia física Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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A la unidad y al carácter monolítico del bloque en el poder les ha seguido una intensa lucha de facciones, que hoy se disputan el liderazgo. De ahí que pueda sostenerse que se está asistiendo a una recomposición del bloque en el poder.

La facción que actualmente controla las posiciones en el gobierno y se expresa en el proyecto político del santismo aspira a erigirse y afianzarse como la facción predominante; la facción militarista y de ultraderecha, organizada como proyecto político del uribismo en el ahora llamado Uribe Centro Democrático, pretende recuperar el liderazgo y el predominio perdidos.

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y el extermino hacia otro que tiene como fundamento el despojo encuadrado en la violencia del derecho. Esa aspiración se expresa en el reciente lanzamiento, el 12 de septiembre, de un gran “Pacto nacional para el sector agropecuario y el desarrollo rural”. Dicho pacto ha sido caracterizado con razón como una versión actualizada del Pacto de Chicoral.

4.- La renovación de lealtades sociales frente al proyecto de dominación de clase a través de prácticas que conjugan el clientelismo de las maquinarias políticas y la continuidad del asistencialismo social. Las posibilidades de dotar y renovar la dominación de clase con una base social provienen de las clientelas electorales de los partidos que conforman la llamada Unidad Nacional, así como de los diversos programas de asistencia social, incluido el programa de vivienda gratuita. Sin duda, los rendimientos políticos que produce la política social tienen mayor opción de ser apropiados por quienes ostentan posiciones de gobierno. De igual forma, la disposición sobre buena parte de la maquinaria de las agrupaciones políticas que agencian los intereses de las clases dominantes, así como del presupuesto y la contratación pública, constituyen factores nada despreciables en la concreción de ese propósito.

No es propósito de este texto considerar los límites del momento actual del proyecto de Santos, que se encuentran marcados por las realidades de la Mesa de diálogos de La Habana, el estado verdadero de la guerra, la propia dinámica de la contradicción social y de clase y la tendencia de la lucha y la movilización social, así como por los conflictos en el bloque de poder y la imposibilidad de producir una superación definitiva y efectiva de las estructuras corruptas, criminales y mafiosas que se han entronizado estructuralmente en la formación económica y social. En ese aspecto, el proyecto del santismo apenas traza distancia y promueve más bien una recomposición en el bloque de poder que logre neutralizar y debilitar los sectores militaristas y de ultraderecha, privilegiando la transacción con ellos, sin

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renunciar a la trayectoria autoritaria que se ha consolidado en los últimos lustros. De hecho, conformaron una alianza monolítica en el pasado cercano. La dinámica de la guerra y el deseo de infringir una derrota militar a la guerrilla, que no llegó, ha conducido a la conformación de una de las fuerzas militares más grandes del mundo (si su tamaño se examina como proporción del total de la población). La retórica modernizante y reformista va acompañada de una fuerza militar con una inmensa capacidad represiva y de disuasión de la protesta y la movilización social.

La facción representada por el “Uribe Centro Democrático” La facción representada por el uribismo se niega a la pérdida del liderazgo del bloque en el poder y hace ingentes esfuerzos por recuperarlo. En desarrollo de ese propósito, viene intentando su reagrupación en la fuerza política del “Uribe Centro Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

Democrático”, poseedora de una ideología ultraconservadora, clerical, neofalangista y con tintes fascistoides, En la persona del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, considerado por algunos de sus seguidores como un “ser superior”, se busca lograr la cohesión de un proyecto político, en el que la lealtad (mafiosa) y el seguimiento fanático al líder se constituyen en pilares fundamentales. Su principal sustento material proviene del poder latifundista y ganadero, de los sectores más reaccionarios de los agronegocios, especialmente de los llamados industriales de la palma, de poderes nacionales, regionales y locales, corruptos, criminales y mafiosos, anclados en el conjunto de la sociedad y del Estado, relativamente debilitados, así como en una fuerza paramilitar que hoy posee nuevas denominaciones fabricadas mediáticamente como las bandas criminales, llamadas así de manera eufemística para ocultar su verdadera esencia.

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Aunque probablemente ya no cuenta con el respaldo irrestricto de los grandes grupos económicos, del capital financiero transnacional y del imperialismo estadounidense, que también le sirvieron de soporte en los tiempos en los que fue gobierno, debe afirmarse que para estos poderes de clase el proyecto uribista representa una opción no completamente descartable, a la que se puede, en todo caso, recurrir a fin de enfrentar eventuales amenazas a la dominación de clase. No hay duda acerca del indiscutible papel desempeñado por el uribismo en la construcción de un consenso de clase basado en el ejercicio estructural de la violencia y el despojo para afianzar el proyecto hegemónico y la estrategia de acumulación durante la década anterior.

La estrategia principal de la facción uribista descansa en la idea del restablecimiento del orden y la seguridad, a su juicio maltrecha por las debilidades de la facción representada por el santismo. Asimismo, en _18

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el combate a la amenaza en curso del llamado castro-chavismo. Por ello, la bandera que se enarbola se concentra en los ataques al proceso de diálogos y negociación y en la apuesta por el fracaso de la solución política. En movilizar a amplios sectores de la sociedad por el camino exclusivo de la guerra; esa misma que le ha producido en el pasado al ex presidente y a su séquito de inmediatos seguidores importantes dividendos políticos y económicos.

En la concreción de ese propósito, la magnificación de la llamada amenaza terrorista, la fabricación del miedo, así como una farisea reivindicación de la justicia y la lucha contra la impunidad constituyen improntas de un discurso basado en la mentira organizada, el artificio y la simulación; muchas veces orquestado por medios masivos de comunicación.

La facción uribista aspira a despertar y animar rasgos de la cultura política fascistoide que logró imponer durante sus ocho

años de gobierno en sectores medios arribistas urbanos, para juntarlos con la base social empobrecida de “Familias en acción” conformada en sus mandatos que aspira a recuperar, y con las clientelas capturadas por el régimen de terror impuestos en muchas de las zonas rurales del país.

Sin desconocer las posibilidades del proyecto de la facción militarista y de ultraderecha en la Colombia actual, su capacidad no parece ser suficiente para disputar la posición de liderazgo en el bloque en el poder, teniendo en cuenta, incluso, la evidente sobrevaloración de que es objeto. Además de la pérdida de respaldos de poderes económicos y políticos, de la dificultad para cohesionar en forma mayoritaria los intereses del bloque en el poder, de la relativa disfuncionalidad para el momento actual de la acumulación capitalista, también juega el hecho de que ese proyecto posee dificultades crecientes para mostrarse ajeno al crimen, la mafia y el paramiltarismo. Lo que antes se podía ocultar desde posiciones de gobierno, ahora se torna imposible. De igual forma, la enfermiza oposición a una salida política al conflicto social y armado no responde a las expectativas de una sociedad que se muestra deseosa de recorrer los caminos del pleno ejercicio de la política. Lo que probablemente tendrá el país será una fuerza militarista y de ultraderecha organizada civilmente. Son preferibles los votos a la motosierra o a una combinación de ellos.

Frente a los reacomodos y las reconfiguraciones en el bloque en el poder, así como respecto de las disputas entre las facciones que se disputan su liderazgo, está por verse cómo desde el campo popular se constituye un bloque de poder contrahegemónico.

La lucha por el poder no es sólo entre facciones de las clases dominantes; es esencialmente contra ellas.

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El diferendo entre Nicaragua y Colombia Régimen político y discurso

Patriotismo pirata Ricardo Sánchez Ángel

Doctor en Historia Profesor Universidad Nacional de Colombia

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on desafortunados los anuncios del presidente de Colombia Juan Manuel Santos sobre las sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia en el diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia: la del 13 de diciembre del 20071 y la del 19 de noviembre de 20122. Dicha Corte es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.

Los anuncios del Presidente tienen como propósito exaltar el nacionalismo colombiano. Una alocución para la galería con subliminales referencias a la guerra para defender los intereses patrióticos supuestamente desconocidos.

1 Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Excepciones preliminares. 13 de diciembre de 2007. Ricardo Abello Galvis (Traductor). Texto de la sentencia. En: http://www. anuariocdi.org/anuario-capitulos-pdf/10_Abello.pdf.

2 El diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia. Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Decisión sobre el fondo.19 de noviembre de 2012. Ricardo Abello Galvis, Walter Arévalo Ramírez, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro Ferneynes (Traductores). Texto de la sentencia. En: Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Bogotá: Asociación Cavelier del Derecho/Universidad del Rosario, 2012. Vol. 5. pp. 219-396. Véase también el texto en Inglés, que contiene la cartografía completa de la sentencia. En: http://www.icj-cij.org/docket/ files/124/17164.pdf

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Como telón de fondo de la espectacular decisión del señor Presidente se desarrolló en El Caribe la operación naval multinacional UNITAS 54-2013. Este encuentro se organiza anualmente por el Comando Sur de los Estados Unidos: “Para Colombia, el ejercicio es clave, ya que la armada nacional se fortalece con el intercambio de experiencias en combate naval, así como en la estrategia denominada Cerrando Espacios, en la lucha frontal contra el tráfico de narcóticos, insumos, armas, divisas y migración ilegal, para que sigamos presentando resultados permanentes y contundentes contra el crimen transnacional que afecta la tranquilidad y la paz de los colombianos”3.

Las decisiones de la Corte Internacional son de obligatorio cumplimiento para las dos partes: Nicaragua y Colombia. Ambas acogieron dicha jurisdicción, sometiéndose a la justicia del derecho internacional. El gobierno colombiano debe acatar sin ambigüedades el art. 60 del Estatuto de la Corte: “El fallo será definitivo e inapelable”. El recurso que ofrece el reglamento es el de interpretación (art. 98)4, y el que ofrece el Estatuto es el de revisión (art. 61)5, recursos de rigurosa técnica jurídica en su aplicación.

La convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 19696 establece en sus principios rectores: “Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y de la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos”. Al igual, en la parte III, Observancia, aplicación e interpretación de los tratados, en la sección primera, No. 26, dice: “Pacta sunt servanda. Todo tratado en

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3 Las Fuerzas. Periódico del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. No. 2, Septiembre-Octubre de 2013, p. 4.

4 Véase: Corte Internacional de Justicia. Reglamento de la corte. Adoptado el 14 de abril de 1978. En: http://www. icj-cij.org/homepage/sp/icjrules.php 5 Véase: Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. En: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php 6 En: http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Y el No. 27 sobre El derecho interno y la observancia de los tratados: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16”, dicho artículo se refiere a canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión, y no aplica por estar en regla todos los trámites por parte de Colombia para el Pacto de Bogotá, la Corte Internacional de Justicia y la propia Convención de Viena, de la cual Colombia es signataria destacada.

Como el gobierno colombiano ha buscado valerse de subterfugios jurídicos e interpretaciones equívocas y confusas, es pertinente traer a referencia el contenido del art. 31 de la Convención de Viena, que con meridiana claridad establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia favorece primordialmente los intereses de Colombia En la sentencia preliminar, la Corte dejó en firme, aplicando el Pacto de Bogotá, el Tratado Esguerra Bárcenas de 1928 y su Acta de Canje de 1930 frente a la pretensión legítima de Nicaragua de invalidar dicho tratado por ser producto del Derecho Colonial, ya que Nicaragua estaba ocupada militarmente por los Estados Unidos. La Corte le dio legitimidad y ante la eventualidad: “Incluso si la Corte llegara a concluir que el Tratado de 1928 ha sido terminado, como lo pretende Nicaragua, esto no afectaría la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Corte recuerda que es un principio de Derecho Internacional que un régimen territorial establecido mediante un tratado “adquiere una permanencia que el propio tratado no necesariamente posee” y la existencia continuada de ese régimen no depende de la existencia continua del tratado bajo el cual se acordó dicho régimen (Territorial Dispute (Lybian Arab Jamahiriyal/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 37, paras. 72-73)”7.

Con relación al alcance del Acta de Canje de 1930 se estableció en el numeral 115: “La Corte decidió que, contrario a lo que sostiene Colombia, los términos del Acta, en sus sentidos natural y ordinario, 7 Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia). Excepciones preliminares. 13 de diciembre de 2007. Ricardo Abello Galvis (Traductor). Texto de la sentencia. Numeral 89, pp. 238239.

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Sketch-map No. 1: Geographical context

HAITI

JAMAICA

This sketch-map has been prepared for illustrative purposes.

The symbols showing maritime features indicate only their location, and not their physical characteristics or geographical and legal status.

Mercator Projection (12° 30' N)

Judgment of the ICJ dated 8 October 2007 Bilateral treaty of 1993

WGS 84

RAS NDU UA HO ARAG NIC

HONDURAS

REGIME

Bilateral treaty of 1977 (not in force)

AREA

Bilateral treaty of 1980

Colombia / Jamaica

Quitasueño Serrana

JAM COLOAICA MBIA

Roncador

San Andrés East-Southeast Cays

- 16 -

CARIBBEAN SEA

Providencia/ Santa Catalina

Little Corn Island

Bilateral treaty of 1976

Bajo Nuevo

JOINT

Serranilla

Miskitos Cays

NICARAGUA

DOMINICAN REPUBLIC

COLOMBIA PANAMA

Great Corn Alburquerque Island Cays

CO S PA TA NA R M ICA A

COLOMBIA COSTA RICA

COSTA

RICA

COLOMBIA

PANAMA

HONDURAS

JOINT REGIME AREA

Serranilla

RAS A NDU HO RAGU A NIC

Bajo Nuevo

Quitasueño

Serrana JAMA ICA COL OMB IA

Roncador

Great Corn Island

Providencia/ Santa Catalina San Andrés East-Southeast Cays

COLOMBIA PANAMA

Alburquerque Cays

CARIBBEAN SEA

Sketch-map No. 5: The relevant coasts and the relevant area according to Colombia This sketch-map has been prepared for illustrative purposes only.

The enlargements of the islands, shown in the boxed areas, are not to the same scale.

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Little Corn Island

Nicaragua's relevant coast Colombia's relevant coast

Colombia / Jamaica

Miskitos Cays

NICARAGUA

VENEZUELA

Mercator Projection (12° 30' N) WGS 84

COSTA

CO S PA TA NA R M ICA A

COLOMBIA COSTA RICA

RICA

COLOMBIA PANAMA

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no pueden ser interpretados en el sentido de que efectuaron una delimitación de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.

Ese lenguaje es más consistente con la posición de que la cláusula del Acta buscaba fijar el límite occidental del Archipiélago de San Andrés en el meridiano 82”8.

En la conclusión de la sentencia de fondo se decidió: “Tras considerar todos los argumentos y evidencias presentadas por las Partes, la Corte concluye que Colombia, y no Nicaragua, ostenta soberanía sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos de Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla”9.

Así las cosas, el centro de la disputa jurídica se concretó a la FRONTERA

MARÍTIMA entre los dos países, sobre lo cual la Corte se pronunció en extenso, aplicando el Derecho Consuetudinario aceptado por las Partes y que en aspectos sustanciales forma parte de la Convención del Mar (Montego Bay, Jamaica. Marzo de 1982). Entonces, la sentencia traza la frontera marítima única que delimita la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de ambas repúblicas en la geografía del Caribe y el Atlántico.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos desconoce el derecho internacional al desacatar el cumplimiento de la sentencia con el pretexto de que es inaplicable y que se requiere un nuevo tratado entre las partes sobre la base del respeto a los derechos de los colombianos.

8 Op. Cit. Numeral 115, p. 245.

9 El diferendo territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia. Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el “Diferendo Territorial y Marítimo” (Nicaragua c. Colombia).

Decisión sobre el fondo.19 de noviembre de

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2012. Ricardo Abello Galvis, Walter Arévalo Ramírez, Andrés Sarmiento y María Carolina Caro Ferneynes (Traductores). Texto de la sentencia. Numeral 103, p. 268.

La sentencia de la Corte es de obligatorio El patriotismo del cumplimiento; puede discutirse todo lo que presidente Santos navega se quiera, pero debe cumplirse. Son las reglas de oro del Derecho y la civilización política. en las aguas turbulentas El conflicto histórico de Colombia de la piratería jurídica, con Nicaragua en el Caribe evidencia el a contravía del derecho anacronismo de los límites marítimos y internacional sobre el que territoriales de la región Caribe y de Centro descansa la coexistencia América. Una de las más fraccionadas del pacífica entre los Estados mundo, con un conjunto de republiquetas de Nuestra América. enfrentadas.

El ideal de la unidad federal de Centro Como alternativa, hay que América, con que se logró la independenlevantar el programa de la cia de estos admirables pueblos, vuelve a unidad de nuestros pueblos aparecer con la necesaria exigencia de las hacia una confederación Áreas Comunes, Derecho Comunitario e latinoamericana.

Integración.

Colombia debe, además, adelantar sus discusiones y decisiones en forma democrática para firmar su participación plena en la Convención del Mar, superando el congelamiento sobre esta decisión.

El gobierno del presidente Santos escuda su postura en la Constitución Política vigente, buscando enfrentar con ello al derecho internacional, a pesar de lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y desconociendo lo que la propia Carta Política le ordena en el art. 9: “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe” (cursivas fuera del texto).

El patriotismo del presidente Santos navega en las aguas turbulentas de la piratería jurídica, a contravía del derecho internacional sobre el que descansa la coexistencia pacífica entre los Estados de Nuestra América.

Como alternativa, hay que levantar el programa de la unidad de nuestros pueblos hacia una confederación latinoamericana. El querer de los colombianos es la hermandad con los nicaragüenses, centroamericanos y caribeños, al igual que con todo el vecindario continental.

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La comodidad de ser de derechas: Una reflexión sobre la actualidad de una distinción política Santos Alonso Beltrán Beltrán

Batalla de ideas

Politólogo Profesor Universidad Nacional de Colombia

E

l capitalismo, ese sistema económico que ha sobrevivido durante varios siglos, aunque esté cifrado en la desigualdad, la explotación y la amenaza a la sostenibilidad ambiental, ha creado una suerte de conformismo y acomodamiento social que permite que ciertos individuos puedan dar por sentado que su apología de la explotación no es más que la verdad última de una sociedad organizada y pujante para esconder, que antes que avanzar hacia un futuro cierto, nos aproximamos a la catástrofe económica, política, social y, de contera, al despeñadero antiecológico.

En este contexto ser de derechas es una posición cómoda, que permite al sujeto político que la abraza ser solamente un espectador pasivo de la desgracia; que le permite limitarse a ser sólo una rémora de ese sistema económico excluyente y explotador, del cual espera pescar algún mendrugo en el festín de los poderosos; que le obliga a convertirse en el comité de aplausos de los abusos de los poseedores sobre los desposeídos; a ser una pieza más en el complejo engranaje de la despolitización de las mayorías y en la neutralización del sentido de justicia y rebeldía de los sometidos a la explotación económica, a la exclusión política, a la segregación y al abuso.

Ser de derechas en una sociedad que creó los privilegios sociales mediante la violencia y la desposesión, y que luego los cristalizó con la construcción de la institucionalidad estatal para hacerlos ver como dones _26

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naturales, aumentados por el esfuerzo, la templanza y el sacrificio de sus poseedores, es más que una actitud cándida, es una acción interesada y mezquina para mostrar que la desigualdad, esa que permite a una minoría gozar de los bienes y privilegios a costa del esfuerzo y privaciones de las mayorías, es una matriz provechosa para el desarrollo humano.

Ser derechas en una sociedad que celebra el individualismo descarnado, la competencia salvaje, la apropiación privada de los bienes y riquezas producto del trabajo colectivo, la cosificación de las personas y la personificación de las cosas, es una demostración del talante roñoso de los que desde el principio ostentan una posición social ventajosa, que por injusta, ven amenazada constantemente. El interés individual llevado a su máxima expresión desconoce que los seres humanos, antes que competidores y maximizadores natos, somos seres sociales que hemos logrado la subsistencia gracias a la posibilidad de interactuar en el marco de acciones de ayuda mutua, de solidaridad, de desprendimiento y simpatía por los semejantes.

El individuo no es anterior a la sociedad, como una especie de átomo social primigenio, sino que, como resultado de la interacción con sus congéneres, es producto de la convivencia con los otros, de la utilización del trabajo colectivo para garantizar la subsistencia de la especie. En la sociedad actual, el ensalzamiento de la competencia que realiza la derecha, obviando las diferencias derivadas de las artificiales inequidades sociales, es apenas un darwinismo social cercano al fascismo.

Ser de derechas en una sociedad que ha hecho de la política la mampara de la exclusión y la violencia oficial –que ha convertido la participación electoral en una farsa montada para mantener las estructuras de poder, que ha reducido el ejercicio de la ciudadanía a la impotencia del consumidor de programas de gobierno, que ha auspiciado la repetición inveterada de los mismos dirigentes, miembros de las mismas familias que han dominado el ejercicio del poder Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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durante toda la vida republicana del país–, es una El interés individual posición cómplice con el nepotismo, el clientelismo llevado a su y la eliminación física de los contendores políticos.

La política de derechas es violenta en grado sumo, máxima expresión es inescrupulosa cuando se trata de reafirmar sus desconoce privilegios, es tendenciosa y asesina, es manzanillera que los seres y corrupta en el poder. humanos, antes Ser de derechas en una sociedad que sacraliza la que competidores propiedad privada, que azuza la acumulación irray maximizadores cional de bienes, que incita a la destrucción de la natos, somos biosfera para satisfacer el afán codicioso de los ricos de siempre, es desconocer que la sostenibilidad amseres sociales que biental es un problema de todos y que el afán de lucro hemos logrado la y la garantía de la propiedad privada de los bienes subsistencia gracias no puede ir contra el bienestar general ni contra la a la posibilidad de perdurabilidad de la vida en el planeta. interactuar en el Ser de derechas en una sociedad que construye la marco de acciones moralidad desde una óptica pacata y esquizofrénica, de ayuda mutua, que aplica un rasero hipócrita para los vicios personales frente a los errores ajenos, que pontifica sobre de solidaridad, de la decencia y el decoro para luego solazarse en las desprendimiento bacanales del despilfarro y la destrucción de la digy simpatía por nidad humana, es la actitud del timorato, del beatón los semejantes. que piensa que la felicidad individual se construye a expensas del bienestar del otro, que se es feliz con con la infelicidad del otro.

Ser de derechas en una sociedad donde la cultura se vive como un ejercicio de ostentación de las minorías privilegiadas, donde el cine y la literatura, donde la música y la pintura, donde el arte en general, se secuestra en las galerías encopetadas de los ricos de turno, y celebrar ese arte excluyente y sectario, alabar esa cultura que se vive como un ejercicio de distinción aristocrática, cantar loas a la sensibilidad y al buen gusto de los constructores de esa misma cultura, es endogamia artística, es desprecio por la riqueza de la producción social de referentes simbólicos mas allá del buen gusto burgués.

Ser de derechas en la academia es construir una imagen de neutralidad y corrección política que invita a la narcolepsia de los estudiantes, a la ridiculización de los disidentes y al desprecio de las teorías y autores que pueden aportar una visión más amplia de la realidad social. La neutralidad tendenciosa de la derecha se envuelve en un halo de respetabilidad _28

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teórica, se edulcora con las mieles de la sensibilidad intelectual y se sirve con la sobriedad de la tranquilidad política, pero lo que se dispone para el consumo es una pócima de vindicta, de sátira gratuita y mediocre contra el disidente, una bazofia fermentada en el odio y la pretensión del inmovilismo social.

Ser derechas en una sociedad que ha construida una imagen de la familia desde la caverna del moralismo ultramontano y que, con ello, ha instaurado una condición ahistórica y cavernaria de las relaciones entre los sexos, pero que, además, ha ligado todo ello a la reproducción de la diferencia y la jerarquía entre los géneros y la defensa de la propiedad privada desde la herencia, es la forma mas expedita de cristalizar un modelo de sociedad excluyente e intolerante con las múltiples posibilidades de asociación amorosa en la vida de pareja.

Ser de derechas en una sociedad que ha condenado de antemano la protesta ciudadana y que ha conminado la participación política a la dinámica electorera, en la que los gamonales y politiqueros de siempre han construido sus feudos de poder para la reproducción de su clientela política en todos los niveles, es desconocer que la movilización ciudadana reivindicativa se desarrolla principalmente por los canales de la protesta y la acción política de hecho: en la calle, en la plaza pública, sin las cortapisas y ni los El individuo no corsés de la tramoya partidista. es anterior a la Ser de derechas en una sociedad que condena la sociedad, como una violencia de los oprimidos, calificándola de terrorisespecie de átomo mo, pero que permite, avala y celebra la violencia de social primigenio, los poderosos, a la cual considera como legítima y sino que, como necesaria para la conservación del orden, es la forma en la que se pretende esconder la esencia violenta del resultado de la actual régimen de reproducción capitalista que hunde interacción con sus garras en la estructura de poder estatal –y paraessus congéneres, tatal– para asegurar la reproducción de la ganancia y es producto de acallar los reclamos airados de los oprimidos. la convivencia Ser de derechas en este momento es ser el áulico con los otros, de de la injusticia, de la inequidad, de la desposesión la utilización del violenta, es fortalecer la estigmatización de las minorías; ser de derechas es pretender que todo cambie trabajo colectivo para que todo siga igual, es alabar la inmovilidad de para garantizar una sociedad que tiempo ha demanda una transforla subsistencia mación. Ser de derechas es no ser de izquierda.

de la especie.

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Víctimas y tierras en Colombia Sergio De Zubiría Samper

Solución política

Profesor Asociado Departamento de Filosofía Universidad de los Andes

L

os análisis sobre la reciente protesta agraria han subrayado sus causas económicas y sociales, pero existe un ámbito que poco destacan los diagnósticos: la victimización de la población campesina en las últimas décadas. Además de su reconocimiento como sujetos políticos, el campesinado y los trabajadores agrícolas están expresando las huellas profundas de su sufrimiento como víctimas. El patrón de abandono, despojo de tierras y desplazamiento forzado durante los últimos treinta años es determinante para comprender la actual lucha social en el campo colombiano. La condición de víctimas centrales del conflicto y de las políticas institucionales es condición ineludible para abordar la problemática campesina en nuestro país. La magnitud del daño moral y material tendrá que ser reconocida por el Estado colombiano para construir las bases seguras para la paz.

Algunas recientes investigaciones académicas y sentencias judiciales se orientan en la dirección de esta acción de reconocimiento de las víctimas y destacan la gravedad de la problemática. La histórica sentencia T-025 de la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en relación con los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado.

Documentos de ONU, MOVICE, CODHES, CPDH, Comisión Colombiana de Juristas, Centro Internacional para la Justicia Transicional, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz e investigaciones académicas (Garay, Barberi, Vargas, Bolívar, Sánchez, Uprimny, Antequera, Forer, _30

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Salinas, Saffón) han llamado la atención sobre la magnitud y profundidad de los efectos en las víctimas de la población campesina.

Determinaciones conceptuales En el proceso de victimización es conveniente establecer ciertas distinciones entre abandono, despojo y usufructo de tierras. El abandono es el acto mediante el cual el propietario, poseedor o tenedor tiene que desplazarse del lugar y dejarlo por la acción de una violencia sistemática. El despojo es cuando los agentes legales o ilegales aprovechan el entorno de intimidación para forzar a los campesinos a vender sus tierras o a transferir la propiedad a victimarios o testaferros. El usufructo es el tipo de relación y utilización que hacen de las tierras los victimarios o terceros. Estas distinciones para subrayar que al momento del desplazamiento no necesariamente se ha producido el despojo de tierras y que siempre hay que indagar lo sucedido luego de la acción de desplazamiento. Y que el usufructo se hace a veces de manera legal, por ejemplo, macropoyectos productivos de carácter privado, y en otros casos a través de la falsificación y la ilegalidad.

Las investigaciones deben mostrar “¿qué tanto despojo se materializó, qué tanto abandono se mantuvo como tal, qué tanto usufructo de tierras abandonadas ha habido a cargo de victimarios o terceros de buena o mala fe?” (Garay) en el trascurso del proceso de desplazamiento. El patrón del desplazamiento forzado en Colombia muestra la estructura de la propiedad y la violencia: concentración, latifundio improductivo, informalidad en relación con la propiedad de la tierra e incremento del despojo entre 1998-2008. Escasamente el 22% de los campesinos que han sido despojados de sus tierras cuentan con una escritura de su propiedad registrada y más del 70% son meramente poseedores o tenedores.

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Características del abandono y despojo Aproximadamente el 11% de la población colombiana es considerada como víctima, y de ese porcentaje el 63% es población joven, menor de 25 años. Lo que indica que las generaciones futuras llevan la marca indeleble de la memoria de las víctimas.

El proceso de victimización masiva en el mundo rural contiene magnitudes alarmantes. Según los propios datos oficiales se estima que entre 1980 y 2010 se han abandonado y despojado cerca de 6,6 millones de hectáreas, lo que representa el 15,4% de la superficie agropecuaria del país. El número de hogares afectados es del orden de 434.000, los cuales superan más de dos millones de personas sometidas al despojo forzado de tierras. Un 40% es menor de 15 años y 45% tienen exclusiva dirección femenina.

Según CODHES e IDMC, más de cinco millones de colombianos viven lejos de sus hogares por desplazamiento forzoso.

El abandono y despojo de tierras se ha producido a través del uso de la fuerza. El principal actor desplazador son los grupos paramilitares con cerca del 40% de acciones entre 1980 y 2004. El 40% de los desplazamientos ha sido masivo (más de 10 hogares simultáneamente) y el 28% grupal (entre 2 y 10 hogares). Un 82,9% de los hogares manifiesta que abandonaron sus bienes rurales en el momento del desplazamiento y un 9% expresa que tuvo que entregarlos o venderlos de forma presionada. Más del 30% aduce no tener ningún conocimiento sobre el destino actual de sus tierras despojadas.

Dos características son de índole dramática. La primera, las tierras despojadas eran de buena o aceptable calidad, con agua, cultivables y en tierras planas. La segunda, no todo el campesinado era pobre antes del desplazamiento, ya que el 51% se consideraba pobre y tan sólo el 31% en niveles de indigencia; luego del desplazamiento los hogares padecen un nivel de pobreza del 97% y de indigencia del 78%.

La Comisión de Seguimiento ha intentado evaluar los daños materiales e inmateriales en los 30 años y ha tasado los daños económicos en $80 billones y los daños morales en $164 billones. Una cifra de $244 billones que se acerca al 35% del PIB colombiano. La magnitud y profundidad de la victimización rural exige unas políticas públicas de largo aliento para arraigar la paz en Colombia.

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Hacia una política pública La magnitud, persistencia y profundidad del proceso de despojo de tierras en Colombia imponen grandes desafíos a las políticas públicas para enfrentar la victimización masiva. El Estado y la sociedad tienen que tomar la decisión sobre qué proporción del daño, cómo y en qué periodo de tiempo se va a reparar a las víctimas de los territorios agrarios. Tenemos que avanzar hacia una economía política de la memoria y la reparación. El destino de la reconciliación colombiana pasa por políticas razonables de justicia restaurativa con las víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes. La mayoría de los hogares despojados o desplazados son de la anterior procedencia.

Los retos para instaurar una política pública frente a estos millones de compatriotas son complejos y http://leosatira.blogspot.com/ exigentes. La primera condición es el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, comprendida como la consecuencia derivada del incumplimiento de una obligación preexistente, ya que tiene la obligación imperativa de garantizar los derechos humanos. Además, porque el reconocimiento de responsabilidad estatal es, en sí mismo, una parte fundamental de la reparación integral. “Los tribunales internacionales y domésticos que interpretan los instrumentos internacionales contentivos del derecho a la reparación lo fundamentan en el reconocimiento o la declaración de responsabilidad” (Lozano, C.). Por lo menos en tres ámbitos es necesario sustentar esta política de restauración y reparación de las víctimas: la memoria desde las víctimas, la dimensión política y el ámbito jurídico.

Memoria y víctimas El deber de la memoria exige crear una cultura de la memoria desde las víctimas.

No cualquier memoria, ni historias oficiales, sino aquella que otorga la autoridad de las víctimas. Para Reyes Mate, cuatro son los motivos que les otorgan esa autoridad. El primero, asumir que el pasado de las víctimas forma parte ahora de nuestro presente colectivo. El segundo, aceptar que de la historia hay dos lecturas diferentes. Lo que para unos es “progreso”, para otros es catástrofe. No coincide la historia de los vencedores con la de los oprimidos. Tercero, el valor incuestionable de los testigos y el testimonio directo.

Cuarto, una invitación a repensar la extensión de la responsabilidad, porque no sólo somos responsables de lo que hacemos como individuos, sino también del daño causado al hombre por el otro hombre. “Esta ampliación de responsabilidades se explica por la naturaleza misma de la memoria moral”. En su reciente discurso ante la ONU, José Mujica, presidente Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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En Colombia la memoria de los sobrevivientes tiene necesaria relación con las transformaciones políticas por las cuales fueron victimizados.

Sus luchas y las promesas quebrantadas tienen un claro contenido político, porque fueron por transformar las injusticias económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad colombiana. Fueron victimizados por oponerse a algún aspecto del statu quo. La superación del olvido es la primera condición para volver a recuperar el contenido de sus horizontes políticos.

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de Uruguay, lo plantea de forma magistral: “los indigentes no son de África o América Latina, son de la humanidad toda”.

La memoria recobrada en relación con violaciones de los derechos humanos tiene efectos reparadores en términos de verdad, justicia y no repetición. La posibilidad de la verdad individual y colectiva es condición ineludible de toda forma de justicia transicional. Las víctimas tienen derecho a esa verdad como reelaboración colectiva sobre ese pasado traumático. La justicia deja de ser un asunto exclusivamente penal y se experimentan formas de justicia correctiva y restaurativa.

El compromiso de no repetición abre el horizonte de la esperanza y la paz, porque lo reparador conlleva también lo transformador.

La política de reparación tiene que atender todas las acciones que logren el florecer de las memorias de las víctimas: apoyar una cultura de la memoria, comisiones de la verdad, tribunales, lugares de la memoria, juegos para la memoria, testimonios, imágenes, intervenciones arquitectónicas, medios de comunicación, discursos, investigaciones para la memoria, etc. “Es el caso de iniciativas llevadas a cabo por las propias víctimas, tales como el Tribunal de la Memoria, el Catrasto Alternativo de Despojo de Tierras, los Centros Locales de Memoria Histórica, actividades performativas de recordación, pedagogías locales de la memoria, elaboración y promoción de propuestas de la Comisión de la verdad sobre la persecución sindical, conservación de archivos con propósitos de evitar la impunidad e implementación de Comisiones de Esclarecimiento Histórico” (Vargas, F.).

Reparación política y judicial En Colombia la memoria de los sobrevivientes tiene necesaria relación con las transformaciones políticas por las cuales fueron victimizados. Sus luchas y las promesas quebrantadas tienen un claro contenido político, porque fueron por transformar las injusticias económicas, sociales, políticas y culturales

de la sociedad colombiana. Fueron victimizados por oponerse a algún aspecto del statu quo. La superación del olvido es la primera condición para volver a recuperar el contenido de sus horizontes políticos. Un caso emblemático es el genocidio de la U.P., porque no sólo fueron masacrados sus militantes, sino también su proyecto político. Fue este tal vez el movimiento que más relevó, en la década del ochenta del siglo XX, la necesidad de una Asamblea Constituyente para transformar de raíz la moribunda Constitución de 1886.

La reparación de las víctimas de las tierras será el reconocimiento como sujetos políticos y de las identidades de los campesinos, indígenas y afrodescendientes de nuestro país. En su conciencia social emerge la necesidad de transformar el modelo impuesto de desarrollo rural y la esperanza de reconstruir la vida en el campo respetando la vida, la diversidad y la naturaleza.

Los desafíos jurídicos para consolidar una política pública también son enormes. Empiezan con la concepción jurídica de la víctima, que en ciertas formulaciones actualmente existentes http://matadorcartoons.blogspot.com/ (Ley de Justicia y Paz) excluyen las personas que han sido victimizadas por el Estado y consideran víctimas a los miembros de las fuerzas armadas, continuando con la delimitación de los derechos sustantivos y procesales de las víctimas. También tendremos que postular judicialmente la progresividad del registro de víctimas, el papel de los jueces agrarios, hacer efectiva la inversión de la carga de la prueba, decretar medidas cautelares, la aplicación de la buena fe exenta de culpa, el carácter transicional del procedimiento, entre muchos otros aspectos. El debate apenas se inicia, pero la memoria de las víctimas exige todo el cuidado de la sociedad.

Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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La cuestión agraria: Entre la guerra y la paz

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José Honorio Martínez

E

Profesor Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

n Colombia viene teniendo lugar el desenvolvimiento una intensa disputa entre diversos sectores sociales y políticos y el gobierno de Juan Manuel Santos en torno a la política agraria y el modelo de desarrollo económico. Tal antagonismo se ha hecho patente en los diálogos de La Habana, en los recintos parlamentarios y en las plazas, parques, vías, calles y carreteras del país. En el transcurso del último año los paros y movilizaciones agrarias se han multiplicado y preludian un curso convergente para el inmediato futuro. Actualmente, el debate sobre la problemática agraria es la discusión más importante en el escenario político y de sus salidas depende en gran medida el proceso de paz y el futuro del país.

La política agraria del gobierno Santos ha sido fuertemente cuestionada por la insurgencia en el marco de los diálogos de La Habana, por el movimiento campesino recientemente expresado en el paro nacional agrario y popular promovido por organizaciones como la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA), el Consejo Nacional Agrario (CNA) y las dignidades agrarias y por la mayor parte de los gremios agroindustriales damnificados con la entrada en vigor de los tratados de libre comercio (TLC), lecheros, cebolleros, cafeteros, cacaoteros, arroceros, papicultores, paneleros, entre otros.

Adicionalmente, anuncios oficiales como la actualización catastral y el reajuste de los impuestos prediales rurales han generado un duro rechazo por parte de los terratenientes agrupados en Federación Colombiana _36

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de Ganaderos (Fedegan). No todas las críticas a la labor del gobierno en materia agraria discurren en el mismo sentido; algunas, como las del ex presidente Uribe, se proyectan a la defensa de la estructura latifundaria de la tierra y el oportunismo electoral.

En el debate agrario confluyen viejos problemas, como la concentración y subutilización de la tierra, con problemas más recientes, como el desmantelamiento institucional del sector, el copamiento del mercado interno por parte de las transnacionales, la erosión de la economía campesina, el elevado costo de los insumos agrícolas, la pérdida de la soberanía alimentaria y el despojo territorial propiciado por el modelo extractivista. Las soluciones a estos diversos problemas reclaman la modificación de las estructuras sociales y económicas vigentes en el campo. Sin embargo, lo que se viene produciendo por parte del Gobierno, es el fortalecimiento de las líneas maestras de la política agraria neoliberal.

La reafirmación de dicha política se ha visto explicitada recientemente a través de varias acciones gubernamentales como la aprobación de un sustantivo recorte presupuestal para la cartera de agricultura en el año 2014, la negativa al reconocimiento de la zona de reserva campesina del Catatumbo, la represión ejercida sobre la protesta agraria y popular, la caprichosa defensa de los TLC, la celebración de un pacto agrario excluyente, el nombramiento del gerente de Indupalma, Rubén Darío Lizarralde, como nuevo ministro de agricultura, la persistencia gubernamental en tramitar la legalización del despojo de tierras, la renuncia de altos funcionarios del Incoder comprometidos con el proceso de restitución de tierras y el empuje de la locomotora minera sobre los territorios. Es decir, el Gobierno ha respondido al movimiento de protesta acentuando el desenvolvimiento de su política. En las líneas siguientes se comentarán tres aspectos que resultan cruciales en la discusión agraria: son ellos, los TLC, el presupuesto para el sector agrario y la política de tierras.

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La necesidad de frenar los TLC

Lo que sugiere el Uno de los temas centrales del pulso mantenimiento del diseño agrario en curso es la revisión y renegociación de los TLC. La pauperización que enfrentan presupuestal vigente campesinos y pequeños y medianos produca lo largo de muchas tores agrarios es el resultado de una prolondécadas es una profunda gada política de apertura comercial, la cual inconsistencia entre los se intensificará con la avance de los mismos. dichos y los hechos: La consecuencia inmediata de los TLC, se habla de paz, pero y en particular del suscrito con Estados sólo hay recursos para Unidos, no puede ser otra que la destrucción de la magra producción campesina y la guerra. La paz no se agroindustrial. El PIB estadounidense es construye con retórica 122 veces más grande que el colombiano, ni puede convertirse en el PIB agropecuario es 15 veces mayor, la una bandera electoral, superficie cultivada es mayor 26 veces, la la paz es un reclamo capacidad exportadora es 20 veces mayor, generalizado de la y algo similar acontece en materia tecnosociedad que requiere lógica. A esto hay que agregar la colosal dimensión de los subsidios y apoyos que una concreción efectiva recibe la agroindustria norteamericana. mediante la disposición Las abismales diferencias entre una ecode los recursos que nomía y otra hacen prever que la precaria demanda la solución de economía colombiana será engullida por las los numerosos problemas transnacionales gringas. En estos términos, sociales del país. la suscripción del TLC es una declaración de guerra contra el campesinado, e incluso contra la agroindustria local1.

El avance de la globalización neoliberal ha acentuado la disolución del campesinado reduciendo sustancialmente sus posibilidades de existencia y convirtiéndolo en proletariado precarizado o ejército de reserva. Una política orientada a la defensa de su existencia implica necesariamente la denuncia de los Tratados de Libre Comercio. En el marco de la liberalización comercial las posibilidades productivas para el campesinado y los pequeños y medianos productores agrarios son extremadamente limitadas. Dicho contexto provee las condiciones para que las luchas agrarias se conviertan en el pan de cada día, con la particularidad de que la dispersión sectorial y regional tenderá necesariamente a unificarse con el propósito de poner fin a todo aquello que es contrario a sus intereses.

1 Para ampliar sobre las graves consecuencias que sobrevendrían para la agricultura colombiana con la firma del tratado se puede consultar el texto: Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina colombiana, elaborado por Luis Garay y otros autores, ILSA Bogotá 2009.

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El presupuesto para el sector agrario y la búsqueda de la paz El recorte del presupuesto para el sector agrario en cerca de un 40% –y su magnitud de menos de un billón de pesos para el año 2014– contrasta fatídicamente con la destinación de 44 billones para el pago de los servicios de la deuda pública y cerca de 30 billones para el sector defensa; contradice también el discurso sobre el amparo de los derechos de los desplazados, las víctimas y la búsqueda de la paz. ¿Será posible la paz en el campo, cuando el presupuesto para la guerra es 30 veces mayor que el destinado a la agricultura? A menos que se piense en una paz de los sepulcros, la respuesta es no.

La distribución presupuestal del gasto público ilustra fehacientemente cuáles son las pretensiones y propósitos fundamentales del Gobierno. Siendo congruente con la idea de sentar las bases para “una paz estable y duradera”, éste tendría que situar el gasto social como prioridad fundamental Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

de su gestión. Lo que sugiere el mantenimiento del diseño presupuestal vigente a lo largo de muchas décadas es una profunda inconsistencia entre los dichos y los hechos: se habla de paz, pero sólo hay recursos para la guerra. La paz no se construye con retórica ni puede convertirse en una bandera electoral, la paz es un reclamo generalizado de la sociedad que requiere una concreción efectiva mediante la disposición de los recursos que demanda la solución de los numerosos problemas sociales del país.

Sin recursos para financiar los gastos del sector agrario es imposible consolidar sus instituciones, financiar las obras que el campo requiere, garantizar créditos a la producción, brindar asistencia técnica e invertir en investigación; en fin, sin recursos acordes a la dimensión de los problemas rurales es imposible desarrollar una política agraria coherente con el deseo abrir el camino hacia la paz.

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El recorte del presupuesto para el sector agrario en cerca de un 40% –y su magnitud de menos de un billón de pesos para el año 2014– contrasta fatídicamente con la destinación de 44 billones para el pago de los servicios de la deuda pública y cerca de 30 billones para el sector defensa; contradice también el discurso sobre el amparo de los derechos de los desplazados, las víctimas y la búsqueda de la paz. ¿Será posible la paz en el campo, cuando el presupuesto para la guerra es 30 veces mayor que el destinado a la agricultura? A menos que se piense en una paz de los sepulcros, la respuesta es no.

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La tierra p’al que la trabaja La decisión gubernamental de defender los intereses de los despojadores y acaparadores de baldíos en la Orinoquía es muy significativa sobre la concepción prevaleciente en materia de tierras. En momentos que el campesinado reclama el acceso a tierras, aquellas que legalmente les pertenecen son tituladas a empresas que ofician, la mayor parte de las veces, como rentistas y especuladores de la tierra. Mientras el latifundismo dicte su ley y sus intereses sean tan celosamente cuidados es inconcebible que el país transite hacia la paz. Todas las investigaciones y estudios sobre la estructura de tenencia de la tierra en Colombia coinciden en confirmar que la tierra está concentrada y se encuentra subutilizada; sin embargo, la acción gubernamental se muestra pusilánime a la hora de corregir las injustas condiciones prevalecientes en esta materia.

Las recientes denuncias de parlamentarios del Polo Democrático Alternativo (PDA) sobre el acaparamiento de baldíos dan cuenta de que las aristócratas familias terratenientes prosiguen imponiendo sus intereses, contando para ello con notable presencia en el gabinete gubernamental. ¿Qué modificación de la estructura latifundaria puede esperarse cuando el gabinete ministerial está compuesto por terratenientes y rentistas de la tierra?

La exigencia de tierra para quien la trabaja sigue estando vigente, aunque acompañada de formas de empoderamiento político que les permitan al campesinado y a los trabajadores del campo resistir las agresiones de los grandes poderes monopólicos y del rancio latifundismo local.

El camino de la movilización Las grandes movilizaciones populares producidas en agosto y septiembre lograron sentar al ejecutivo en diversas mesas de diálogo y negociación con alcance sectorial, regional y nacional. Queda por verse hasta dónde y qué está dispuesto a conceder el Gobierno.

El paro agrario demostró que el campesinado sigue siendo un actor social con una considerable capacidad de movilización e incidencia política, al punto de constituirse en el pivote articulador de la protesta popular en Colombia. La fortaleza que alcanzó la movilización fue el resultado de varios factores: el descreimiento acumulado por el campesinado ante el incumplimiento de acuerdos pretéritos, la solidaridad concitada por la brutal violencia ejercida por los aparatos represivos, la indignación generalizada ante la abstrusa episteme presidencial negadora del conflicto y, sobre todo, de las legítimas aspiraciones del campesinado por llevar una vida digna en condiciones de justicia social.

Uno de los logros más importantes del movimiento fue el de desnudar la política y la estrategia gubernamental, de modo que un gobierno que inició su mandato manifestando que su prioridad era resarcir a las víctimas del conflicto armado se apresta a finalizarlo teniendo como único soporte la fuerza de las armas. Esto fue lo que quedó

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ratificado con la orden dada por el presidente Santos de militarizar las calles y carreteras el 30 de agosto, y es lo que se proyecta con la aprobación de nuevos decretos dirigidos a legalizar el uso arbitrario de la fuerza contra la protesta social. Un Estado dedicado a hacer la guerra durante décadas, no dispone más que de la fuerza bruta para imponerla a quienes reclaman el cumplimiento de derechos o expresan su inconformismo.

En las determinaciones políticas del Gobierno sobre la problemática agraria se está dirimiendo en gran medida la disyuntiva entre la guerra y la paz: los movimientos campesinos, agrarios y populares ya expresaron su opción por la paz, ahora le toca al Gobierno.

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Declaración política de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular

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on el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular, en el que nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.

El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos.

Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.

Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del Gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el Gobierno respondió con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos _42

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individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país.

El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios.

Como si fuera poco, el Gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.

Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.

En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento del territorio y la territorialidad campesinos.

Lo anterior sólo se lograra con la adjudicación y dotación de tierras a Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) y, en todo caso, no disminuir la extensión que actualmente está definida.

Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los http://bettoespectador.blogspot.com/ precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.

Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito.

Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado.

Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, e inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano.

Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia

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radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor.

Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.

Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y, por supuesto, los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas; es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y el compromiso que nos da este momento histórico.

Teniendo en cuenta que la movilización no es algo que haya terminado, sino que es un proceso que está en curso, es necesario avanzar en la construcción de la Cumbre agraria y popular como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio.

Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, los anhelos y el clamor de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, el municipio, la vereda, el corregimiento, la región, el gremio, el convite y el sector y/o proceso organizativo.

Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afrodescendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y sociales, que nos permita construir las propuestas y soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.

Bogotá, jueves 12 de septiembre de 2013

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Campesinado y crisis agraria en Nariño Jairo Armando Jurado Estrada

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Economista Universidad de Nariño

Metieron el Esmad para sacar a la gente, por defender los derechos no nos importa la muerte.

Que nos echen plomo, si eso nos marca la suerte, también vamos a pelear para eso estamos presentes.

Cántico popular a la resistencia campesina en Patía, Mojarras y Norte de Nariño

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El campesinado nariñense La formación del campesinado nariñense se deriva de las implicaciones que tuvieron la expansión y configuración del capitalismo como sistema mundial tras la invasión europea a América. Si a comienzos del siglo XVI Nariño estaba habitado por comunidades

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ariño es uno de los seis departamentos que concentran la mayor producción campesina de alimentos en Colombia1. En esta región los productos agrícolas predominantemente campesinos tienen mayor peso que los de tipo capitalista, pues representan alrededor del 80% del valor total de la producción agrícola departamental2. La economía campesina es entonces una realidad insoslayable en este departamento. Sin embargo, ella se encuentra sometida a un proceso dialéctico de descomposiciónrecomposición, el cual se manifiesta tanto en la proletarización de la fuerza de trabajo rural como en el fortalecimiento del semiproletariado agrícola y en la permanencia del campesinado como un grupo social que lucha por su supervivencia en condiciones cada vez más adversas.

1 En orden de importancia, la producción campesina no cafetera y legal se concentra en seis departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Santander, Boyacá, Nariño y Córdoba. La mitad de la producción agrícola capitalista-legal se concentra en apenas tres departamentos: Antioquia, Valle y Tolima.

Forero, Jaime (2002). “La economía campesina colombiana 1990 – 2001”. Cuadernos de Tierra y Justicia No. 2. ILSA. Bogotá, pág. 17. Entre 1990 y 2007, los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle concentraron el 41% del valor de la producción agropecuaria del país. Con Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Tolima, el aporte departamental al PIB sectorial sube al 70%. PNUD (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, pág. 345.

2 Universidad de Nariño, Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE (2013). Bases para una política pública de desarrollo rural para el departamento de Nariño (Borrador). Pasto. pág. 67.

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indígenas3 sobre las cuales el imperio incásico tenía cierta influencia, ya en el siglo XIX –como fenómeno consubstancial al régimen colonial– en la zona Andina nariñense existen distintos enclaves políticos y económicos correspondientes a las estrategias de conquista, colonización y explotación económica, centrados en pequeños poblados y con un eje minero-agrario de tipo hacienda-mina, hacienda/pequeña y mediana producción campesina e indígena/mina4.

Por su parte, la desintegración de los resguardos indígenas y el sistema de peonaje5 establecidos durante la Colonia generaron un conjunto de campesinos minifundistas, permitieron la mercantilización de la tierra y contribuyeron a su concentración.

Actualmente, en Nariño la producción agropecuaria es desarrollada fundamentalmente por productores familiares agropecuarios, forestales o pesqueros, cuyas decisiones no están basadas en la optimización de la ganancia o de los ingresos, sino en garantizar los productos y niveles de autoconsumo mínimos para la familia y para la venta en el mercado que aseguren un flujo de ingreso básico y continuo. Los campesinos nariñenses se diferencian del empresario capitalista agropecuario, cuya reproducción depende exclusivamente de la obtención de ganancias.

Crisis agraria en Nariño Hasta finales de los años ochenta, la economía campesina nariñense mantuvo cierto dinamismo. Desde 1990, con la apertura económica y 3 A comienzos del siglo XVI, Nariño estaba habitado por los Quillacingas, Pastos, los Chinches en las tierras que forman las cuencas de los ríos Guáitara, Juanambú y Mayo. Hacia las márgenes del Patía habitaban los Tabiles, Chapanchicas, Chiles y Achimbilíes. En la Llanura del Pacífico se encontraban en el norte los Iscuandés, en el centro los Telembíes y en el sur los Tumas o Tumacos. El imperio incásico apenas comenzaba a ejercer cierta influencia y a imponer sus dominios, pero sus normas no habían sentado píe en el altiplano nariñense, aunque ya eran tributarios del Tahuantinsuyo. Chaves, Milciades; Zuleta, Estanislao y otros (1959). Estudio socioeconómico de Nariño. Ministerio del Trabajo. División técnica de la seguridad social campesina.

Bogotá, pág. 139.

4 Mamian, Dumer (2002). La Región en los Andes del siglo XIX. Universidad de Nariño.

Pasto.

5 “Los indígenas salían de sus tierras para trabajar como peones “apegados” en las haciendas de los blancos, o para efectuar contratos como amedieros o terrajeros.

Este fenómeno debidamente reconocido hasta por las autoridades españolas que legislaron sobre la materia, es la base de la actual explotación agrícola en gran parte del departamento de Nariño.” Fals Borda, Orlando (1959). “El vínculo con la tierra y su evolución en el Departamento de Nariño”. Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: 10 (12): 9-14 Bogotá, 1959.

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el desmonte de subsidios, la agricultura nariñense comenzó a rezagarse frente a la competencia con los productos agropecuarios provenientes de países con un sistema agroindustrial altamente desarrollado, como Estados Unidos y Canadá. Actualmente, el TLC con Estados Unidos sitúa a Colombia como el segundo mayor comprador de sus productos agrícolas en América del Sur6. Para la economía campesina, las previsiones con el TLC concluyeron en que la reducción mensual del ingreso total de los hogares rurales oscilaría entre el 7% y el 10%7.

El rezago de la economía campesina y la consecuente crisis agraria nariñense es el resultado de un modelo de desarrollo agrario basado en preceptos neoliberales, el cual ha ocasionado que las principales cadenas agropecuarias se hayan visto amenazadas severamente por la entrada masiva de cereales, leche en polvo, papa y otros prohttp://bettoespectador.blogspot.com/ ductos. Nariño se caracterizó por ser un importante productor de trigo, pero a partir de 1994 este producto ve amenazada su sostenibilidad en el mercado regional y nacional.

A pesar de que el departamento continua siendo el mayor productor de trigo en Colombia, aportando del 6 Al cumplirse el primer año del acuerdo, “las exportaciones de soya aumentaron 467%, a 118,6 millones de dólares, las de productos lácteos crecieron 214%, a US$24,7 millones, las de carne de cerdo subieron 66% a US$45,2 millones, las de uvas aumentaron 36% a US$9,3 millones, las de trigo crecieron 15% en el mismo período, a US$186,4 millones, las de papa procesada se acrecentaron en 132% ubicando al país en el tercer destino luego de Kuwait y Chile”. Suárez, Aurelio (2013). “Defienden los TLC made in USA. ¿Qué tan cierto es el impacto de los acuerdos comerciales en el agro colombiano?”. El Espectador, 16 de septiembre de 2013.

7 Garay, Jorge y otros (2010). Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en Colombia. ILSA. Bogotá.

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60,5% de la producción nacional, seguido de Boyacá con el 33,9%, actualmente la producción nacional de Pese a ser un trigo solo cubre el 5% del consumo interno, mientras departamento que el 95% restante es satisfecho con importaciones8. de vocación Junto a lo anterior, los conflictos presentes en agropecuaria, el agro nariñense están ligados con la tenencia de la en Nariño la tierra. Con una extensión de 3.268.000 hectáreas Nariño presenta un creciente proceso de concentración de desnutrición crónica la tierra. Hasta 2005, la mediana propiedad, con un y aguda alcanzan 31%, presentaba la mayor participación, seguida por el el 16% y el 13%, minifundio con el 20 % y las grandes propiedades con respectivamente, el 19%. A partir de 2005, la gran propiedad presenta superando un incremento significativo a expensas, primordiallos promedios mente, de una caída en la participación de la mediana nacionales del propiedad, la cual alcanza un 29%, tras un descenso de dos puntos porcentuales. Este hecho cobra relevan12% y 5%. Estas cia si se tiene en cuenta que este incremento no puede cifras se acentúan atribuirse a la actualización catastral, sino a un proceso en el sector rural: de concentración de la tierra9. el municipio de Nariño es altamente rural. El índice de ruralidad Magüi Payán –en es de 41.02, lo que lo ubica entre los departamentos la Costa Pacífica– más rurales del país10. El 73,2% de los municipios, reporta el 19% que engloban el 50,1% de la población y el 90,8% del territorio departamental, son también rurales. El de desnutrición tamaño promedio del terreno por propietario es de 4.3 crónica en niños hectáreas y se encuentra entre los más bajos del país. menores de 2 años.

Pese a presentar cambios significativos en los diversos indicadores de distribución de la propiedad, el Gini de tierras crece de 0.794 en 2000 a 0.804 en 2009, lo cual indica que en Nariño –aún en el interior de la pequeña y la mediana propiedad– se presentan desigualdades notorias en la tenencia de la tierra11.

8 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012). Anuario estadístico del sector agropecuario y pesquero 2011. Bogotá.

9 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. pág. 322.

10 Rangos establecidos por el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011: 0 – 20 menos rurales; 20 – 40 menos rurales; 40 – 60 más rurales; 60 – 80 más rurales; 80 – 100 más rurales.

11 Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. pág. 322.

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Nariño es el quinto departamento con mayor despojo de tierra en Colombia12. En el país se estima que 6.556.978 de hectáreas fueron despojadas en 270.680 predios. El despojo se centró en el microfundio y la pequeña propiedad hasta 20 hectáreas (el 73% de los predios), y en las medianas entre 20 y 500 hectáreas (26,6% de los predios)13. Es evidente que en Nariño las principales víctimas fueron los pobladores rurales: con 143.193 víctimas de desplazamiento forzado en 2009, el departamento ocupó el primer lugar como expulsor de población desplazada, en 2010 la cifra asciende a 155.388 y en 2011 a 179.718, con un total de 44.239 hogares desterrados14.

Como consecuencia del marginamiento de la economía campesina, a partir de 2002 el cultivo de coca cobra importancia en Nariño al incrementarse el área sembrada en 7.600 hectáreas. Desde 2003, Nariño se ubica entre los tres departamentos con mayor área sembrada con coca, ocupando el primer lugar en 2010 con el 26% del total nacional. En 2011, Nariño también se reporta la mayor área sembrada con coca del país con el 27%. De igual manera, la mayor área sembrada de amapola http://matadorcartoons.blogspot.com/ en el país se encuentra en Nariño con el 68%15.

12 Los departamentos de mayor despojo han sido en su orden Antioquia, Putumayo, Caquetá, Bolívar, Nariño, Meta, Tolima, Cauca, Córdoba, Cesar, Sucre y Chocó, los que cubren el 74,4% del área abandonada y el 77,9% de los predios. PNUD (2011).

Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011.

Bogotá, pág. 278.

13 PNUD (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, pág. 278.

14 Universidad de Nariño, Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE (2013). Bases para una política pública de desarrollo rural para el departamento de Nariño (Borrador). Pasto. pág. 114.

15 UNODC (2012). “Monitoreo de cultivos de coca en Colombia”. En: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Censo_cultivos_coca_2011.pdf Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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Crisis social en Nariño La tasa de cobertura en educación preescolar en Nariño es de 25% en el sector rural, frente al 41% departamental y 61% nacional. La Costa Pacífica nariñense presenta tasas de cobertura en educación básica primaria entre el 30 y 50%, mientras que el promedio departamental es de 75% y 89%16.

El Pacífico nariñense se encuentra en el rango de Desarrollo Humano Bajo, siendo Roberto Payán el municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (0.51), seguido de El Charco y Olaya Herrera con el 0.52 y el 0.53, respectivamente. En la Costa Pacífica nariñense, en municipios como Tumaco y Barbacoas, donde el conflicto armado es más intenso, el índice de muertes violentas es 115.11 para el año 2011, muy superior a los promedios departamental y nacional17.

Paradójicamente la política agraria industrialista y el neoliberalismo han hecho que la mayoría de hambrientos sean agricultores arruinados y que en los sectores rurales se encuentren los niveles más altos de pobreza. En este sentido, pese a ser un departamento de vocación agropecuaria, en Nariño la desnutrición crónica y aguda alcanzan el 16% y el 13%, respectivamente, superando los promedios nacionales del 12% y 5%. Estas cifras se acentúan en el sector rural: el municipio de Magüi Payán –en la Costa Pacífica– reporta el 19% de desnutrición crónica en niños menores de 2 años18.

La tasa de cobertura en educación preescolar en Nariño es de 25% en el sector rural, frente al 41% departamental y 61% nacional.

La Costa Pacífica nariñense presenta tasas de cobertura en educación básica primaria entre el 30 y 50%, mientras que el promedio departamental es de 75% y 89%.

Conclusión La teoría dominante que aún se sigue enseñando en las facultades de economía sostiene que el desarrollo de un país va de la mano con la pérdida de peso de su sector primario. Esta falacia es otro de los adefesios teóricos hijos del mito Desarrollo = crecimiento económico = incremento 16 Gobernación de Nariño (2012). Plan de desarrollo departamental 2012 – 2015 “Nariño Mejor”.

17 Universidad de Nariño, Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial CEDRE (2013). Bases para una política pública de desarrollo rural para el departamento de Nariño (Borrador). Pasto. pág. 65.

18 Instituto Departamental de Salud (2012). Boletín epidemiológico. Indicadores básicos de salud. Nariño 2011.

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del PIB derivado de la economía neoclásica, una visión reduccionista que, entre otros aspectos, olvida los límites de la biosfera. Por eso la actual escasez estacionaria de alimentos obedece no a la falta de los mismos en términos absolutos, sino a la desviación de su uso obedeciendo a la racionalidad de la ganancia. Es el incremento de ésta lo que lleva al uso de fertilizantes químicos, a la transformación genética de semillas, al monocultivo, etc., todo lo cual redunda en agotamiento de los componentes del suelo, en hambre y muerte.

En un nuevo modelo económico al servicio de las mayorías, el tema agrario es absolutamente central tanto por razones teóricas como prácticas. Es ilusorio buscar alternativas al capitalismo –a su neoliberalismo rampante– con teorías ya caducas. Tampoco es posible sin organización y sin resistencia por parte los hombres y mujeres que lo soportan y sufren sus consecuencias. Por eso, el planteamiento central de los miles de campesinos que se movilizaron en el Paro Nacional Agrario es que otro modelo agrario y otro mundo mejor son posibles.

El Paro Agrario y los campesinos asesinados constituyen la otra cara de la moneda en la que se muestra la acción de los “vencidos”, acontecimientos y sujetos de la historia que deben ser recordados atendiendo al precepto de Walter Benjamin: “No pedimos a quienes vendrán después de nosotros la gratitud por nuestras victorias sino la rememoración de nuestras derrotas. Ése es el consuelo: el único que se da a quienes ya no tienen esperanza de recibirlo”19.

19 Walter Benjamin, citado por Vega, Renán (2013). Capitalismo y despojo. Perspectiva histórica sobre la expropiación universal de bienes y saberes. Impresol ediciones. pág.19.

Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

Luchas populares

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A propósito de la Alianza Verdes-Progresistas Daniel Libreros Caicedo

E

Editorial

s típico en periodos en donde la resistencia de los oprimidos no produce resultados inmediatos, cuando el funcionamiento del capitalismo aparece como inmodificable y no se avizoran en el horizonte transformaciones en el status quo, que el oportunismo y el cinismo ingresen al campo de la llamada izquierda. El neoliberalismo surgió como resultado de la imposición de una correlación internacional de fuerzas a favor del capital y en contra de los trabajadores y los pueblos desde los inicios de la década del ochenta. Desde ese momento hemos presenciado un desfile de personajes y partidos que proclamándose de izquierda han sido fieles ejecutores de las políticas neoliberales.

La socialdemocracia europea y el Partido de los Trabajadores del Brasil constituyen ejemplos emblemáticos de esta apuesta política.

En Colombia venimos observando un espectáculo político con propósitos similares. La unificación tan divulgada por los medios de comunicación entre Progresistas y Verdes con propósitos exclusivamente electorales hace parte de un repertorio ya conocido. Aparecer como una tercería consentida por el establecimiento en medio de las contradicciones entre el uribismo y Santos para ganar adeptos a una causa controlada por liderazgos que solamente buscan beneficios personales.

Los Verdes surgieron como un partido del gran capital. Desde sus inicios focalizaron su accionar político en la denuncia a la corrupción del uribismo y de los partidos tradicionales en general, pero como voceros de una tecnocracia neoliberal que denuncia la apropiación clientelar de los recursos públicos en cuanto le reduce ingresos a la acumulación privada de capital. Fue por ello que la campaña presidencial de Mockus estuvo acompañada por Rudolf Hommes, el ex Ministro de Hacienda que inicio las reformas neoliberales en el país durante el gobierno de Cesar Gaviria, Armando Montenegro director del Departamento Nacional de Planeación en ese mismo periodo y su hermano Santiago Montenegro representante de los Fondos Privados de Pensiones, asociados, a _54

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DATOS IMÁGENES Las imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto. *Portada y bandera: http://bettoespectador.blogspot.com/

Todos los números de la publicación e pueden consultar en

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su vez, con el grupo internacional Rothsclild, uno de los más importantes en las finanzas internacionales hasta el punto que controla el 90% del mercado del oro. Pero, incluso, las proclamas en contra de la corrupción les duraron muy poco tiempo, porque en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, los verdes levantaron la candidatura de Peñalosa, la cual termino aliada con el uribismo, y luego ingresaron a la llamada Unidad Nacional, sellando ese ingreso con el nombramiento de Lucho Garzón, uno de sus fundadores y quien personifica la cooptación del régimen, en un cargo de funcionario de segundo nivel en el gobierno de Santos.

Al liderazgo de Navarro Wolf dentro de Progresistas, ese signo partidario de los Verdes le tiene sin cuidado. La ecuación política que resume su comportamiento desde hace décadas es la de a mayor cercanía con las elites mejores resultados. Por ello ha propiciado una coalición que carece de ideología, así haga el gesto público de presentar un programa de cambios, y se limita a sumar votos para salvar los umbrales en Senado y Cámara e intentar colocar un candidato en las próximas elecciones presidenciales. Mientras tanto, el PDA, hegemonizado por el MOIR, levanta en el plano de las propuestas políticas un programa de conciliación de clases, en el que la crítica a Santos se focaliza en el hecho de que actúa a nombre del libre comercio impidiendo el desarrollo de un supuesto capitalismo endógeno, como si el capitalismo no tuviera responsabilidad en la crisis que estamos padeciendo, la cual ha colocado en riesgo hasta el propio futuro de la humanidad. Frente a las elecciones que se avecinan, su propuesta hacia las organizaciones sociales y de izquierda que no hacen parte de la alianza verdes-progresistas es la de que se adhieran acríticamente a sus listas, después de tener responsabilidad directa en haber abortado un proyecto de unidad que generó expectativas en amplias capas de la población.

Estas expresiones de unidad artificial en la izquierda no obedecen a causas coyunturales.

Se trata de una crisis de referentes estratégicos, se trata del abandono de la perspectiva de poder. Reducida a los afanes parlamentarios y a una política pragmática limitada al posibilismo, quienes la implementan le hacen un gran favor al establecimiento. Los retos que se avecinan obligan a quienes apuestan por una alternativa anticapitalista a unificar objetivos de lucha y a recuperar el debate estratégico, deslindando fronteras con los representantes del régimen de dominación política.

Nº 38, Octubre de 2013 · Bogotá, Colombia

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