Revista Izquierda

15 SEPTIEMBRE / 2011

BOGOTÁ, COLOMBIA

ISSN- 2215-8332

Conflicto y solución política Consideraciones acerca de la

solución política al conflicto social y armado Neoliberalismo rampante Tierras y desarrollo rural en el gobierno de la Unidad Nacional · Las Zonas de Reserva Campesina y el Gobierno de Santos: Entre el derecho a la tierra y al territorio para el campesino y la cooptación y sumisión al mercado transnacional · La valorización capitalista del territorio orinoquense Régimen político y discurso Seguridad ciudadana: Algunas reflexiones desde la coyuntura política Batalla de ideas La extrema derecha en Noruega y Colombia Capitalismo en crisis La crisis financiera internacional en Estados Unidos · El pequeño y oscuro secreto de los bancos europeos Historia y memoria Adolfo Sánchez Vázquez: Deuda y duelo Editorial El diálogo es la ruta

Jairo Estrada Álvarez Director Jesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Todo el contenido de esta publicación puede reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Espacio Crítico Ediciones Publicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudios www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332 Nº 15, Septiembre de 2011. Bogotá, Colombia

TIERRAS Y DESARROLLO RURAL EN EL GOBIERNO DE LA UNIDAD NACIONAL Paola Andrea Salazar Carreño 12 LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA Y EL GOBIERNO DE SANTOS: ENTRE EL DERECHO A LA TIERRA Y AL TERRITORIO PARA EL CAMPESINO Y LA COOPTACIÓN Y SUMISIÓN AL MERCADO TRANSNACIONAL Freddy Ordóñez 20 LA VALORIZACIÓN CAPITALISTA DEL TERRITORIO ORINOQUENSE Carolina Jiménez M. 26

Neoliberalismo rampante Régimen político y discurso Batalla de ideas Capitalismo en crisis Historia y memoria

SEGURIDAD CIUDADANA: ALGUNAS REFLEXIONES DESDE LA COYUNTURA POLÍTICA Santos Alonso Beltrán Beltrán 34 LA EXTREMA DERECHA EN NORUEGA Y COLOMBIA Renán Vega Cantor 42 LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL EN ESTADOS UNIDOS Daniel Libreros Caicedo 48 EL PEQUEÑO Y OSCURO SECRETO DE LOS BANCOS EUROPEOS Daniel Munevar 54 ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ: DEUDA Y DUELO Sergio de Zubiría Samper 60

Editorial

Conflicto y solución política

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC 4

EL DIÁLOGO ES LA RUTA Jairo Estrada Álvarez 66

Consideraciones acerca de la solución política al conflicto social y armado* AsociAción cAmpesinA del VAlle del Río cimitARRA - AcVc

*Ponencia presentada en el Encuentro Nacional de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por la tierra y la paz de Colombia. El diálogo es la ruta, celebrado en Barrancabermeja del 12 al 14 de agosto. El título original del texto es: “Todas las voces todas, todas las manos todas por la solución política al conflicto social y armado y la paz con justicia social en Colombia”.

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no de los problemas que agobia a nuestro país, sobre todo a su población, y especialmente a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes es la persistencia del conflicto social y armado. Desde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una de las expresiones organizadas de los pobladores de los territorios rurales de nuestro país, entendemos perfectamente el significado de una guerra que no termina y que en forma frecuente tiende a ser atizada con el verbo incendiario propio de los admiradores de las soluciones militares. Nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros hijos conocen muy bien la forma como su vida política, económica, social y cultural, así como su cotidianidad han sido transformadas estructuralmente para tener que organizarse bajo el fuego.

Esa experiencia de vida nos da toda la autoridad para formular algunas consideraciones sobre la dinámica y la tendencia del conflicto colombiano, para manifestar nuestras preocupaciones acerca de su prolongación indefinida y, sobre todo, para proponerle a la sociedad

Desde nuestra experiencia campesina, que conjuga la práctica y la vivencia cotidiana de los impactos de la guerra con la elaboración intelectual propia y crítica sobre ella, nos sentimos con la autoridad ética y política para proponerle a la sociedad colombiana en su conjunto, especialmente a su población urbana, que es hora de contribuir en forma mancomunada a desatar y desplegar con toda la intensidad posible las fuerzas y los anhelos de paz presentes en la población colombiana.

Fotografía: Documental Amarillo. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

colombiana, especialmente a los pobladores urbanos, la urgencia de poder marchar juntos en la búsqueda de salidas que abran las posibilidades de una vida en paz con justicia social, es decir, que exploren y logren proyectar una solución política al conflicto. Nuestra aspiración no está precedida de consideraciones sobre “el momento oportuno”, o basada en el cálculo político o militar para la resolución de conflictos.

Nos preocupa que pese al reconocimiento formal del conflicto colombiano por parte del gobierno actual y a sus manifestaciones acerca de que la llave de la paz no estaría extraviada, es evidente que la pretensión de la solución militar se encuentra en el primer lugar de la agenda gubernamental. Los diseños de política contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los contenidos del documento de “Política integral de seguridad y defensa para la prosperidad”, las asignaciones de gasto público 2011 y las previstas para 2012, los desarrollos legislativos contenido en la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de inteligencia, el desarrollo pleno de los planes de consolidación, así como los anuncios presidenciales sobre el cambio en la estrategia de combate contra la insurgencia, que hacen concesiones a la hipótesis sobre la mimetización de ésta en la población civil, son, entre otras, claras expresiones del curso real de continuidad de la política uribista en esta materia por parte del actual gobierno. No obstante, como hijas e hijos de la violencia de otros tiempos, nos es permitido afirmar que la historia del conflicto colombiano ha sido a la vez la historia de fracasadas soluciones militares. Y, hoy, estamos aquí en una nueva etapa de ese conflicto. De un conflicto que necesita ser resuelto.

Lo cual empieza por comprenderlo en su complejidad.

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Participantes.

Fotografía: Platohedro. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

A nuestro juicio, resulta urgente avanzar hacia un entendimiento del conflicto colombiano que trascienda enfoques que lo quieren reducir a una problemática exclusiva del mundo rural, distante de los demás problemas que afectan a la sociedad colombiana. Cada vez más existen notorias evidencias sobre la estrecha relación que existe entre las condiciones estructurales de la organización social en su conjunto, sus tendencias de configuración y la persistencia y dinámica que asumen el conflicto y la confrontación armada. Por ejemplo, no es ningún secreto que la combinación “confianza inversionista -seguridad democrática- intervención militar estadounidense”, que ha servido de soporte al modelo de reprimarización de la economía durante la última década, ha llevado la guerra a otros niveles y provocado redefiniciones y adecuaciones tácticas por parte de las fuerzas en contienda, mostrando con tozudez que la solución militar no tiene salida ni siquiera en los escritorios de su planeación estratégica.

Pese a que la retórica guerrista continúa en el ambiente y es alimentada con frecuencia por el discurso del gobierno nacional, del mando militar, de sectores del Congreso y de algunos intelectuales y productores de opinión, se aprecia, al mismo tiempo, la tendencia a considerar otras opciones que puedan darle una salida distinta a la guerra en nuestro país, una solución política.

Desde nuestra experiencia campesina, que conjuga la práctica y la vivencia cotidiana de los impactos de la guerra con la elaboración intelectual propia y crítica sobre ella, nos sentimos con la autoridad ética y política para proponerle a la sociedad colombiana en su conjunto, especialmente a su población urbana, que es hora de contribuir en forma mancomunada a desatar y desplegar con toda la intensidad posible las fuerzas y los anhelos de paz presentes en la población colombiana. A aquellos que han sido atrapados por la retórica guerrerista y la asumen y reproducen sin siquiera tener conocimiento expreso o vivencia alguna sobre las dramáticas realidades que impone _6

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Marcha por la paz.

Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

la guerra, les queremos hacer una invitación a considerar con juicio y mesura que la solución política se constituye hoy en urgencia vital al pensar el futuro del país. Los colombianos tenemos el derecho a propiciar conscientemente la generación de nuevas condiciones para emprender el camino que pueda conducir a un trámite de los conflictos sociales y de clase que le son inherentes a nuestra sociedad, distinto a aquel basado en el ejercicio de la violencia, y transitar por esa vía hacia la paz con justicia social. ¿Por qué es importante hoy una solución política? Más allá de lo que ella representaría en términos de una modificación de las actuales condiciones cotidianas de vida y de trabajo de millones de colombianos que vivimos nuestras vidas con la permanente amenaza de las bombas y las balas, del desplazamiento y del despojo, quisiéramos, dentro de los múltiples aspectos que se pudieran destacar, hacer énfasis solamente en cuatro: 1. La solución política generaría condiciones para abordar un profundo e intenso debate nacional sobre las causas estructurales del conflicto social y armado colombiano y la forma de enfrentarlas con miras a su superación. La sociedad colombiana no se puede dar por satisfecha considerando simplemente el fin de la confrontación bélica. Este país necesita asumir a fondo que en la raíz de su problemática y de las formas de acción colectiva que se desatan para enfrentarla, se encuentran profundas desigualdades económicas y sociales.

La investigación sobre desigualdad social que desarrolla actualmente el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico -CEDE- de la Universidad de los Andes, viene documentando -con evidencia estadística y trabajo de encuesta- la desigualdad abismal existente entre ricos y pobres en el país. Se suma esta investigación a lo que ya nos habían informado la ONU y la CEPAL: Colombia se encuentra entre los países más desiguales del mundo.

2. La solución política contribuye a abrir el espacio para el debate nacional acerca de las reformas económicas y sociales que se requieren para la superación de esas desigualdades que agobian a nuestro país. En ese sentido, se trataría de un invaluable aporte a la discusión sobre el “modelo económico” y las políticas sociales y ambientales, con el enfoque Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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diferenciado y de género que lo deben acompañar. El momento histórico es propicio para ello. Frente a las dinámicas activadas por las corporaciones transnacionales y las países del capitalismo central, acompañadas por los grupos económicos y las élites locales, que estimulan una organización económica basada en la explotación intensiva de los recursos naturales con fines exclusivos de lucro privado y acentúan -además- por esa razón las conflictividades sociales, el país demanda un tipo de economía distinto, que le permita hacer uso de sus riquezas para el vivir bien de la población, en relación armónica con la naturaleza. En ese sentido, la preocupación por la tierra y el territorio se sitúa en un lugar central.

3. La solución política propiciaría impactos económicos favorables por el cambio que ella implicaría en las condiciones generales del proceso de reproducción y posibilitaría una reasignación casi inmediata de los recursos públicos, provistos por los impuestos que pagan los ciudadanos, y que actualmente se destinan a la financiación de la guerra. En diversos estudios se ha venido enfatizando sobre los impactos económicos del conflicto colombiano. Por una parte, se ha demostrado el crecimiento espectacular del gasto militar hasta situarse actualmente en algo más del 6% del PIB. Ello sin considerar los recursos que provee la intervención militar estadounidense, los cuales pueden haberse acercado a los 10.000 millones de dólares desde que se iniciara el Plan Colombia. Por otra lado, al mismo tiempo se ha llamado la atención sobre la insostenibilidad fiscal de la guerra en el largo plazo, sobre todo cuando no asoma por parte alguna el fin de la confrontación. A la sociedad colombiana le interesa que esos recursos tengan un mejor destino, especialmente para contribuir a la financiación de políticas públicas que permitan avanzar en la materialización de los maltrechos derechos sociales de los colombianos.

4. La solución política contribuiría a la generación de nuevas condiciones para otro tipo de inserción de nuestro país en la comunidad internacional y particularmente en los procesos de integración que se adelantan en América Latina. La estrategia de militarización ha llevado la _8

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guerra más allá de las fronteras nacionales; es indiscutible que se ha asistido a una internacionalización del conflicto colombiano. La presencia de bases militares en territorio nacional ha mostrado una instrumentalización del país en función de estrategias contrainsurgentes e intereses geopolíticos imperiales. La solución política iría de la mano de esas voces que, en un amplio espectro que cubre desde gobiernos hasta organizaciones sociales y populares, han venido clamando desde el exterior por la superación del conflicto colombiano.

Somos conscientes que la perspectiva de la solución política posee muchos enemigos, especialmente aquellos que se benefician del estado de cosas existente y de la sociedad de privilegios que les sirve de sustento. Desactivar la guerra desfavorece, además, a aquellos que han hecho de ella un negocio lucrativo. No obstante, reiteramos nuestra terca voluntad de contribuir desde nuestra experiencia a esa búsqueda. Tenemos la convicción de avanzar en dirección a un gran movimiento de alcance nacional e internacional por la solución política al conflicto social y armado colombiano y la paz con justicia social en Colombia.

Desde la perspectiva de nuestra organización campesina y, estamos convencidos, desde la mirada de todos los aquí presentes, y de los que no estando aquí nos acompañan con el afecto y la convicción de contribuir a buscar una salida al conflicto colombiano, opinamos que avanzar en esa dirección demanda igualmente la generación de un clima favorable. Por ello, consideramos que las partes comprometidas de manera directa en la confrontación podrían contemplar como gesto mutuo frente a la sociedad colombiana un cese bilateral de hostilidades, que abra la posibilidad del diálogo.

Necesitamos hacer realidad la idea consistente en que el diálogo es la ruta. Materializarla implica, sobre todo, las más amplia participación social y popular. La solución política no puede ser un asunto de competencia exclusiva de las partes comprometidas de manera directa en la contienda militar. “Todas las voces todas, todas las manos todas” de este país requieren ser escuchadas y movilizadas para sentar las bases que nos permitan Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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Marcha por la paz.

Fotograf铆a: Manuel Chac贸n. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

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avanzar hacia la paz con justicia social. Ello supone una ardua tarea de organización, politización y movilización social, que deseamos asumir con todos aquellos que estén dispuestos a acompañarla. La presencia en este encuentro de miles de campesinos, de mujeres y hombres, de jóvenes, de representaciones de comunidades indígenas y afrodescendientes, de obreros, de representantes de la iglesia y de variadas expresiones de la organización social, de intelectuales, de militantes de las causas de los derechos humanos y de la paz, es un magnífico ejemplo de que ello es posible y sobre todo de que hay espacio para la esperanza. Ese espacio se debe construir y ampliar.

Su punto de partida se encuentra en las innumerables manifestaciones de la acción colectiva social y popular, en los diferentes procesos organizativos que con enfoques distintos y diversas perspectivas políticas se han venido gestando en nuestro país durante los últimos años, tales como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos o la Minga indígena.

Todos esos esfuerzos, articulados entre sí y sumados a otras expresiones de la organización social en el ámbito local o atendiendo preocupaciones sectoriales, étnicas, o de género, podrían concluir en la preparación y realización de constituyentes regionales por la solución política y la paz con justicia social. Dichas constituyentes representan un espacio natural para la consideración de la problemática general del conflicto y sus salidas y el abordaje de las respectivas especificidades regionales; garantizan, al mismo tiempo, una mayor participación activa y directa de diversos sectores sociales, y posibilitan, por tanto, la definición más precisa de mandatos regionales por la solución política y la paz con justicia social. Si se considera que el territorio y su organización están en el centro del debate político nacional, las constituyentes regionales adquieren un especial significado.

El movimiento de las constituyentes regionales debería ser concebido para poder confluir en la Constituyente nacional por la solución política y la paz con justicia social en Colombia. De ella debería salir precisamente el Mandato nacional por la solución política y la paz con justicia social, con su correspondiente definición programática y de acción política. Todo este esfuerzo tiene una posibilidad más cierta si logra acompañarse de la comunidad internacional y de las diversas expresiones organizadas que, más allá de las fronteras, claman por la solución política y la paz con justicia social en Colombia.

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Tierras y desarrollo rural en el gobierno de la Unidad Nacional

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Paola a ndrea Salazar Carreño Politóloga Estudiante de la Maestría en Historia Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales Universidad Nacional de Colombia

ecientemente, el Gobierno nacional anunció a través del Ministerio de Agricultura el Proyecto de Ley General de Tierras y Desarrollo Rural que será radicado en la Comisión V del Senado. A grandes rasgos, la política hacia el sector rural profundiza las orientaciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo centradas en el sesgo hacia la gran empresa y la gran propiedad.1 Sin embargo, tal y como lo ha advertido el investigador Héctor Mondragón, la propuesta acoge las propuestas centrales de La ley 1152 de 2007 o Estatuto Rural, declarado inexequible por la Corte Constitucional y, de igual manera, otras iniciativas, entre las que cabe mencionar el Proyecto de Ley Forestal favorable a las plantaciones forestales comerciales que no tuvieron aprobación en la pasada legislatura.

Este artículo tendrá como objetivo señalar los puntos críticos del nuevo Proyecto de Ley que si bien acoge propuestas anteriores introduce otros aspectos claves 1 Fajardo Montaña, Darío. “El Plan Nacional de Desarrollo 20102014. Comentarios a los componentes agrarios”. En Revista Espacio Crítico No. 14, enero-junio 2011, Bogotá, D.C.

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Marcha por la paz.

Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

para el sector rural. La problemática central pretende destacar que más allá del tono aparentemente conciliador y reformista del gobierno de la Unidad Nacional, el modelo de desarrollo propuesto se torna más agresivo porque radicaliza la neoliberalización económica en los campos, lo que revela en la práctica la clara orientación antipopular del Ejecutivo, más allá del enamoramiento y las falsas expectativas que ha despertado en ciertos sectores sociales y políticos.

Para comenzar, se debe señalar que la política de desarrollo rural se soporta en la creencia de que el problema de la tierra en Colombia se centra en el uso ineficiente del suelo, y no en la concentración de la propiedad. En este sentido, las causas principales de la baja competitividad y productividad se encontrarían en la subutilización de tierras óptimas para la agricultura, dado que “del total de la superficie con vocación agrícola y silvoagrícola que abarca 21’500.000 hectáreas sólo se utilizan 4’900.000 hectáreas” (DNP 2010: 172). No obstante, tal y como lo han mostrado distintas investigaciones, el bajo desempeño agrícola colombiano tiene que ver con el costo de la tierra, uno de los más altos en América Latina, cuya causa principal es el monopolio de la propiedad en manos de grandes latifundistas y multinacionales que han obtenido alta rentabilidad de sus terrenos sin realizar mayores inversiones. En efecto, se calculó que el índice de Gini para el sector rural

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Neoliberalismo rampante

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El bajo desempeño agrícola colombiano tiene que ver con el costo de la tierra, uno de los más altos en América Latina, cuya causa principal es el monopolio de la propiedad en manos de grandes latifundistas y multinacionales que han obtenido alta rentabilidad de sus terrenos sin realizar mayores inversiones.

era en 2009 de 0,487, el tercero más alto de Suramérica después de Paraguay y Brasil.2 Más allá de un problema ligado exclusivamente al despojo que ha producido el conflicto armado en los últimos años, la concentración de la propiedad ha sido una configuración político-económica histórica que se acentuó en el país después de la firma del llamado Pacto de Chicoral en los años 70, el cual sepultó toda viabilidad de reforma agraria. Desde entonces, la no orientación hacia el desarrollo ha favorecido a través de subsidios a los grandes propietarios; una evidencia de la persistencia de este modelo de contrarreforma agraria hasta nuestros días se demuestra con el escándalo de Agroingreso Seguro. De igual manera, se trata de un modelo que se ha beneficiado con la violencia, tal como lo constatan los resultados del último estudio de Codhes que revelan el abandono en los últimos 30 años de por lo menos 6,65 millones de hectáreas, muchas de las cuales han sido legalizadas a partir de maniobras fraudulentas y coercitivas.3 Esta línea de legalización del despojo subsiste en el Proyecto de Ley del gobierno bajo el rótulo de “formalización de la propiedad”, cuya propuesta consiste en otorgar derechos de la tierra mediante procedimientos de titulación “más rápidos y eficientes”, entre los cuales cabe destacar la reducción de requerimientos y pruebas para otorgar los títulos de propiedad. En este punto, la flexibilización de los procesos se complementa con la incorporación de los Mecanismos Alternativos de 2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009). Anexos Estadísticos - Cuadro 14.2: “Indicadores de concentración del ingreso en zonas rurales”. Panorama Social de América Latina y el Caribe 2010. Santiago de Chile.

3 Semana. “El botín de las tierras.” Diciembre 11 de 2010. Edición digital. Disponible en línea: http://www.semana.com/nacion/ botin-tierras/148770-3.aspx Consultado Agosto de 2011

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Solución de Conflictos (MASC) para dirimir los conflictos de tierras, mediante los cuales se encarga a los estudiantes de derecho de último año (no profesionales) de este tipo de procesos, desconociendo los límites de estas figuras encargadas de resolver en equidad distintos problemas de menor rango (vecinales y familiares, entre otros).

En el fondo, esta problemática se agrava si se tiene en cuenta que los programas de retorno de la población desplazada precisamente se han dificultado porque persiste una situación de violencia en el campo, particularmente con la proliferación de las denominadas bacrim, entre otros grupos armados ilegales que siguen beneficiándose del despojo.4 Sin embargo, esta realidad no corresponde únicamente a la denominada violencia por causa del conflicto armado, si se tiene en cuenta que en los últimos años el desarrollo de grandes megaproyectos tiene el mismo impacto negativo en las comunidades rurales, tal como lo revela el caso de la Hidroeléctrica El Quimbo en el Huila, donde por lo menos 500 familias de seis municipios serán desplazadas para favorecer la compra de terrenos por parte de Emgesa, la multinacional responsable.5 Este modelo económico es favorecido por el Proyecto de Ley de desarrollo rural, el cual además prevé la localización de “Zonas de reconversión productiva y Zonas de Desarrollo Empresarial” favorables a la inversión de grandes productores, en especial, la agroindustria que recibirá prioritariamente subsidios y 4 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). Boletín Informativo: ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia. Núm. 77, febrero 15 de 2011.

5 Documentos Planeta Paz. Hidroeléctrica el Quimbo. Disponibles en línea: http://www.planetapaz.org/index.php?searchword=eL +QUIMBO&ordering=&searchphrase=all&Itemid=1&option=c om _ search Consultados Agosto 2011.

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Si bien existen continuidades con respecto a la contrarreforma agraria, en este Gobierno se produce un punto de quiebre en ese contexto, pues se evidencia un ajuste más significativo del sector agropecuario a las necesidades del capital trasnacional, privilegiando evidentemente las inversiones rentables y adecuando el sector rural a los sectores prioritarios para los tratados de libre comercio.

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créditos. La orientación de estas medidas en manera alguna tendrá relación con la seguridad o soberanía alimentaria, demandas reiteradas del movimiento campesino; por el contrario, las inversiones se dirigirán a los cultivos extensivos como la palma africana, que responden más que a la demanda interna a las exigencias alimentarias y energéticas internacionales. A favor de este mismo sector se adecuará la política de baldíos contenida en el artículo 204, Capítulo VII, Título VI, que contempla la titulación a baldíos a personas hasta con un patrimonio de 500 SMLMV, es decir, con un patrimonio mayor a doscientos millones de pesos. Según esta política en los Baldíos podrán construirse proyectos de alto interés para el desarrollo económico y social del país y demás actividades de utilidad pública, entre las que se cuentan también aquellas relacionadas con la exploración y explotación de yacimientos mineros o petroleros.

En el mismo sentido se contemplan medidas favorables a las plantaciones agroforestales comerciales al declarar la inmodificación de contratos celebrados hasta por el término de veinte años, así como líneas de crédito de más de treinta años para el fomento de este tipo de plantaciones (Capítulo III, Título II). Sumado a estas medidas, se introduce un nuevo derecho de propiedad denominado “Derecho Real de superficie” (Capítulo I, Título I) que otorga el derecho al uso, goce y disposición de la tierra y el subsuelo, lo que en términos prácticos significaría no sólo la explotación de la tierra, sino de todos aquellos recursos, como el agua, minerales e hidrocarburos, que se encuentren bajo los predios adquiridos o concesionados. Los contratos se verían favorecidos además por prórrogas y derechos de sucesión, cuya vigencia puede ser hasta de treinta años y ser transmisible por herencia (Artículo 111).

Marcha por la paz.

Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

Las anteriores medidas ilustran significativamente la clara orientación a favor de los grandes productores capitalistas y en beneficio de las grandes empresas y conglomerados multinacionales. Si bien existen continuidades con respecto a la contrarreforma agraria, en este Gobierno se produce un punto de quiebre en ese contexto, pues se evidencia un ajuste más significativo del sector agropecuario a las necesidades del capital trasnacional, privilegiando evidentemente las inversiones rentables y adecuando el sector rural a los sectores prioritarios para los tratados de libre comercio.

Dentro de este paquete de nuevos intereses, entre los que se cuentan medidas para el mayor aprovechamiento comercial de la biodiversidad e incluso de los conocimientos tradicionales, se incluye también el acceso a recursos genéticos, así como la pretensión de delimitar territorios, sanear resguardos indígenas y excluir zonas de importancia económica, originando con ello el reordenamiento fundamental del territorio para abrir paso a dichas inversiones con adicionales efectos negativos, entre los cuales se prevén el aumento de conflictos étnico-campesinos por la división de los territorios y la imposición de proyectos productivos a las comunidades en los términos definidos por el Gobierno.6 Es por ello que la consulta con los pueblos indígenas y afrocolombianos adquiere una importancia sustancial.

En esta medida, la estrategia política desfavorece evidentemente al campesinado al margen de toda protección por parte de la legislación internacional o nacional en materia de consulta previa para los proyectos que pretendan realizarse en sus territorios. Sin duda, el nuevo modelo está en contra tanto de la economía campesina, como de la agricultura familiar y los pequeños y medianos productores y propietarios. No obstante, es preciso tener en cuenta que la propuesta es desfavorable para todas las comunidades, 6 Mondragón, Héctor. “Normas que perjudican a los indígenas en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural.” Documento presentado al Seminario Nacional de Reflexión y Construcción de propuestas colectivas desde el Movimiento Agrario Colombiano. ILSA: Bogotá, D.C., agosto 8, 9, 10 de 2011.

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pobladores y trabajadores rurales, indígenas y afrocolombianos. De hecho, estas comunidades son excluidas de todo tipo de representación en la nueva institucionalidad creada, en la cual se destaca la Unidad Nacional de Tierras -UNATA-, a la cual se le atribuyen antiguas funciones del INCODER, entre otras, las de verificación y certificación de la propiedad de las tierras asignadas a los grupos étnicos y la compra y entrega de tierras (Capítulo VI, Título III).

Los estragos de esta política para el conjunto de la población rural son evidentes. Sin embargo, es preciso tener en cuenta un panorama más amplio al subrayado por el Gobierno. En efecto, el problema agrario es fundamental y va más allá del despojo por causa del conflicto armado, y si bien se sitúa como una de las causas del mismo y de su persistencia, constituye, de igual manera, una situación generada y propiciada históricamente por la expansión del gran capital nacional y trasnacional. En definitiva, el proyecto de ley gubernamental refleja el marco legal que permitirá la expansión de un proyecto político-económico trasnacional que favorece el despojo, el desplazamiento, el desastre medioambiental y, en últimas, beneficia a todos menos al agro, que se verá abocado a la ruina y la pobreza inminente. Este panorama proporciona en sí mismo los motivos suficientes para que el movimiento campesino se alce en contra de las concesiones diminutas y migajas del gobierno actual y posicione su propuesta de reforma agraria alternativa en beneficio de los desposeídos y de las comunidades rurales que verdaderamente constituyen el corazón del desarrollo agrario del país.

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Participantes de comunidades campesinas.

Fotografía: Documental Amarillo. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

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Las Zonas de Reserva Campesina y el gobierno de Santos: Entre el derecho a la tierra y al territorio para el campesino y la cooptación y sumisión al mercado transnacional

Freddy ordóñez Investigador ILSA

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as comunidades campesinas y sus organizaciones en el país han adoptado la figura de Zona de Reserva Campesina, ZRC, como el instrumento para garantizar sus derechos, especialmente a la tierra y al territorio, y aquellos que se relacionan directamente con la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra (alimentación, vivienda, trabajo, etc.).

De otro lado, el actual Gobierno se ha apropiado de la propuesta para lograr por su intermedio el desarrollo de algunos componentes de su política agraria, y se propone, además, la implementación de dos nuevas Zonas en las regiones de Montes de María y el Catatumbo.

La Zona de Reserva Campesina aparece en la vida normativa nacional en la Ley 160 de 1994, en el capítulo XIII, “Colonización, Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresarial”, y se ha reglamentado a través del Decreto 1777 de 1996 y de acuerdos de la Junta Directiva del Incoder. Pero es imperativo indicar que las Zonas, más allá de su consagración legal, son ante todo una expresión de la lucha campesina por la tierra en el país.

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Participantes de comunidades campesinas.

Fotografía: Documental Amarillo. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

El problema de la tierra En Colombia el tema de la tierra ha estado presente de manera medular en la construcción de la república. Al inicio del siglo XX la hacienda prevalecía como forma de concentración de la tierra por los latifundistas, pero con la implementación de diferentes dispositivos estatales para la circulación y acumulación de capitales ligados a la naciente empresa capitalista del café se manifestaron cambios en la propiedad rural, especialmente a partir de la década del veinte, lo que “provocó la crisis del sistema de grandes haciendas e impulsó la apertura de zonas de colonización y nuevos procesos de concentración de la propiedad” (Albán, 2011, 335), concentración que se presentó en detrimento de los colonos, quienes fueron víctimas de los empresarios ansiosos del capital resultante de la agroindustria cafetera, y padecieron procesos violentos de acaparamiento de tierras.

A la concentración promovida por el Estado y favorable al empresariado rural, le siguió la concentración y despojo de tierras de La Violencia, periodo en el que, según Paul Oquist, se expulsó forzosamente a 2.003.600 personas, quienes abandonaron 393.648 parcelas en por lo menos doce departamentos (Oquist, 1978).

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La propuesta de consagración normativa de las ZRC surge de procesos de exigibilidad política del derecho a la tierra por parte de colonos y pequeños propietarios, especialmente de los localizados en el Parque Natural Serranía de la Macarena, quienes querían, entre otros, la titulación de sus predios, el acceso a políticas sociales, créditos y asistencia técnica.

Ya en la fase actual del conflicto armado, un estudio recientemente publicado indica que la cantidad de tierra arrebatada a las víctimas del desplazamiento forzado sobrepasa los 8 millones de hectáreas (Acción Social - PPTP, 2010), señalando el documento que durante los últimos diez años la tendencia ha sido a la concentración de la propiedad: “para 2009 se observa que mientras el 10,5% del total de hectáreas son microfundio y corresponden al 80,5% de los predios y al 78,3% de los titulares de derechos, el 52,2% de hectáreas están en la gran propiedad y se distribuyen en el 0,9% de los predios y el 1,1% de los propietarios” (Acción Social - PPTP, 2010, 25).

Estos altos grados de concentración de la tierra han estado ligados al desarrollo del conflicto armado y del desplazamiento forzado y, a su vez, han permitido cambios en las modalidades productivas del suelo en diferentes regiones, con lo cual se favorece la agricultura de tipo capitalista, el latifundio ganadero, los megaproyectos infraestructurales, energéticos, mineros, etc. de lo que Jairo Estrada llama violencia capitalista (Estrada, 2010), y que se traduce en la construcción de verdaderas apuestas territoriales del capital, las cuales son antagónicas de las apuestas territoriales del campesinado, que identificó en la lucha por la tierra la lucha por un modelo de territorio -un territorio campesino-, que bien se ha identificado por diferentes procesos organizativos del campesinado en las Zonas de Reserva Campesina.

La consigna del derecho a la tierra Es necesario señalar que la propuesta de consagración normativa de las ZRC surge de procesos de exigibilidad política del derecho a la tierra por parte de colonos y pequeños propietarios, especialmente de los localizados en el Parque Natural Serranía de la Macarena, quienes querían, entre otros, la titulación de sus predios, el acceso a políticas sociales, créditos y asistencia técnica (Fajardo, 2002).

Concretamente, el antecedente fáctico del que emana la figura se dio en la región señalada, específicamente, a partir de que campesinos en

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la cuenca del río Duda, entre la cordillera Oriental y la Serranía de la Macarena, […] quisieron avanzar en el ordenamiento y estabilización de ese territorio […] para este efecto propusieron al entonces gerente general del Incora, Carlos Ossa, que les titulara la tierra en medianas extensiones a cambio de su compromiso de preservar los bosques y demás recursos naturales existentes. Esta propuesta fue incluida en la Ley 160 de 1994, capítulo XIII, con la denominación de Zonas de Reserva Campesina (Fajardo, 2002).

Además, la propuesta reivindica la lucha contra el latifundio que históricamente ha emprendido el campesinado en el país.

El artículo 79 de la Ley 160 estableció como finalidad de los procesos de colonización que desarrolle el INCORA fomentar la pequeña propiedad campesina, evitar o corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la propiedad rústica y crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía de los colonos; ya que se veía la necesidad de regular, limitar y ordenar la ocupación, aprovechamiento y adjudicación de las tierras baldías de la Nación, así como los límites superficiarios de las que pertenecen al dominio privado, en particular, en los procesos de colonización actuales y futuros, en las Zonas de Colonización y en aquellas donde predominan las tierras baldías, que en sí son Zonas de Reserva Campesina.

El Decreto 1777 de 1996 reglamentó las Zonas en el marco de la presión política ejercida por campesinos mediante las llamadas “marchas cocaleras”, adelantadas principalmente al sur del país.

Una vez reglamentado el apartado de la ley, se establecen las primeras ZRC en Guaviare, El Pato-Balsillas (Caquetá) y en el sur de Bolívar; posteriormente se plantean otras zonas en el Valle del río Cimitarra, en Cabrera (Cundinamarca) y en Puerto Asís (Putumayo). Estas zonas son, en esa medida, fruto de la exigibilidad del derecho a la tierra.

Durante las administraciones de Álvaro Uribe las ZRC fueron señaladas como propuestas de las organizaciones guerrilleras, y las organizaciones impulsoras como parte de las estructuras

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Es imperativo indicar que las Zonas, más allá de su consagración legal, son ante todo una expresión de la lucha campesina por la tierra en el país.

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de éstas. El caso emblemático de persecución contra las ZRC y el campesinado fue la ZRC del Valle del río Cimitarra, la cual fue suspendida, a la vez que se perseguía jurídicamente a los dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, ACVC, promotores de la Zona.

Las apuestas de Santos para el agro y las Zonas de Reserva Campesina Si bien en el gobierno de Santos se presenta un cambio en el estilo en comparación con el gobierno Uribe, esto no significa que las apuestas para el sector agrario hayan cambiado.

En efecto, en el actual gobierno se sigue planteando como necesidad central de lo rural aumentar la productividad y competitividad sectorial, lo que se lee como la intensificación y expansión del capitalismo en la ruralidad colombiana a partir de una cada vez mayor “inserción en la economía mundial y apertura de mercados”.

Lo agropecuario y el desarrollo rural serían una de las locomotoras de Santos para el crecimiento y la generación de empleo. Parte de la apuesta sobre el campo se orienta al acceso a la tierra y a la formalización de la propiedad, lo que busca, en buena parte, la reactivación del capital financiero en el sector rural por dos vías: de un lado, mediante la posibilidad de respaldar créditos con los inmuebles y, de otro lado, mediante la reactivación del mercado inmobiliario rural. De igual forma, se lee como “acceso a la tierra” la posibilidad brindada en el artículo 62 del Plan Nacional de Desarrollo a empresas del sector agropecuario para hacer uso y aprovecharse de terrenos baldíos.

De la misma manera, las lecturas del gobierno de Santos muestran la tendencia hacia la aglomeración y asociación de sectores dispares del campo. Es el caso del pequeño campesino y el empresario. Este tipo de asociatividad iría encaminado a asegurar la mano de obra para los proyectos agroindustriales y a la cobertura del riesgo mediante las tierras campesinas. Las Zonas de Reserva se plantean principalmente como una forma de mejorar el acceso de los campesinos a los mercados.

De lo planteado para el sector por el gobierno de Santos, se observa como la tierra es considerada solamente como un factor

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de producción capitalista más, desconociendo su significado para el campesino y la trascendencia que ésta tiene en la construcción de la territorialidad campesina. La tendencia histórica ha sido al uso de la violencia como elemento que garantice el modelo de ruralidad planteado por las élites nacionales, incluyendo procesos de concentración de la tierra mediante el despojo y la liberación de mano de obra a través del desplazamiento forzado.

La incorporación en el discurso oficial del gobierno de Santos de elementos propios de la resistencia campesina, como es el caso de las Zonas de Reserva Campesina, se lee como un intento de cooptación o de aniquilación de alternativas al capital. Es deber de la organización campesina y del movimiento social evitar que esto pase, priorizando el derecho a la tierra y al territorio campesino sobre los anhelos de la élite nacional y del mercado transnacional.

Fuentes » Acción Social - Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada. (2010).

Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Bogotá: Acción Social. » Albán, A. (2011). “Reforma y contrarreforma agraria en Colombia”. En Revista de Economía Institucional, No. 24, pp. 327-356.

Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan » Nacional de Desarrollo 2010-2014. » Estrada, J. (2010). “Los Santos lavados de fachada o la metamorfosis del actual proyecto capitalista”. En Izquierda No. 4, pp. 4-9. » Fajardo, D. (2002). Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Bogotá: Universidad Nacional. » Oquist, P. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá: Talleres gráficos del Banco Popular.

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La valorización capitalista del territorio orinoquense

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Carolina Jiménez m.

Politóloga Ph.D. en Estudios Latinoamericanos Profesora del Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

l proceso de resistencia social popular que se viene presentando en los últimos meses en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta debería impulsar necesariamente en el escenario nacional un debate sobre los límites sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales que le plantea a la sociedad colombiana una estrategia de desarrollo sustentada en la explotación incontrolada de los recursos minero energéticos y en la producción agroindustrial.

En efecto, lo que nos desvela esta esperanzadora movilización obrera y popular que hoy vuelve a levantarse con fuerza en los Llanos Orientales1, es que los ejes económicos sobre los que se pretende sostener la dinámica de la acumulación capitalista en Colombia, y que han sido recogidos en las famosas locomotoras del gobierno de Juan Manuel Santos, no representan un escenario de posibilidad para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades que habitan los territorios ricos en dichos recursos, sino 1 Para una mirada sobre este levantamiento popular iniciado a finales del mes de julio, remitimos al lector al artículo “Espacios de esperanza. A propósito de la movilización obrera y popular en Puerto Gaitán” escrito por Jairo Estrada para la edición anterior de esta revista.

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Participantes de comunidades indígenas.

Foto: Giovanni Moreno. http://www.nuevoarcoiris.org.co

que, por el contrario, terminan configurándose en obstáculos para que las mujeres, hombres, niñas y niños y jóvenes que allí viven logren un “buen vivirvivir bien”.

Este artículo busca, entonces, problematizar este proceso que se está viviendo en la Orinoquia colombiana de cara a la reestructuración de la espacialidad capitalista que se viene gestando en los últimos años en dicho territorio y que se explica claramente en la marco de las redefiniciones en la división internacional-territorial del trabajo.

Crisis capitalistas y redefiniciones en la geografía histórica de la acumulación Las redefiniciones en la geografía histórica de la acumulación expresan las salidas gestadas al interior del sistema para responder a las crisis de sobreacumulación que amenazan su sobrevivencia. Los procesos de expansión geográfica a través de los cuales el capital logra incorporar nuevos ordenes espaciales a la lógica del valor, los desplazamientos temporales, la búsqueda de nuevas zonas de explotación y el impulso a la emergencia de nuevas modalidades de apropiación sobre recursos y territorios ya incorporados a la dinámica productivista, se constituyen en mecanismos privilegiados por los capitalistas para resolver las crisis de determinados sistemas territoriales.

La reorganización espacial que se viene gestando en los últimos años en el territorio de América Latina ejemplifica claramente esta situación. En efecto, el fortalecimiento de esquemas agroexportadores de especialización productiva y minero-energético extractivos, que buscan posicionar a los commodities en ejes centrales del proceso económico de la región en su conjunto, se inscribe

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El fortalecimiento de esquemas agroexportadores de especialización productiva y mineroenergético extractivos, que buscan posicionar a los commodities en ejes centrales del proceso económico de la región en su conjunto, se inscribe claramente en este proceso de redefinición de los ejes de la valorización económica sobre los cuales sostener la nueva dinámica del proceso económico a nivel mundial.

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claramente en este proceso de redefinición de los ejes de la valorización económica sobre los cuales sostener la nueva dinámica del proceso económico a nivel mundial.

Para el caso específico colombiano encontramos que la definición de una nueva geografía histórica de la acumulación ha estado mediada por la revalorización y consecuente incorporación de territorios que históricamente habían permanecido parcialmente articulados a la estrategia de desarrollo nacional, pero que hoy, debido a su significativa riqueza natural y energética, exigen ser incorporados a la avasalladora lógica del valor: nos referimos a los proceso que se vienen dando en el suroccidente del país, en la Amazonia y en las vastas llanuras orientales. Sobre lo que está ocurriendo en esta última región nos ocuparemos en este artículo.

Redefiniciones espaciales en la Orinoquia colombiana En las páginas escritas sobre la historia económica de Colombia, la región de la Orinoquia está prácticamente ausente. Esta región era vista desde el centro como una zona de extensas llanuras aptas para la ganadería, de tierras baratas, carente de mano de obra y sin la infraestructura necesaria para impulsar los procesos industrializadores que conducirían al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, entrada la década de los ochenta esta situación cambiaría radicalmente, en un principio como producto de los descubrimientos de los grandes yacimientos de hidrocarburos y por la posibilidad de entrar en el negocio de la siembra y producción de coca en sus vastas llanuras y, posteriormente, ya finalizando el siglo, con el auge de los agrocombustibles, la biodiversidad y los grandes megaproyectos infraestructurales para la región.

Así las cosas, el paisaje social y productivo de la región habría de cambiar significativamente, los sujetos y procesos que la habían acompañado hasta ahora deberían afrontar un proceso de transformaciones impulsado por las nuevas dinámicas que la lógica de la

acumulación reclamaba. De hecho, la apertura de la región hacia Colombia y el mundo transformó la dinámica de la conflictividad socioterritorial de la región e impulsó la emergencia de unos nuevos conflictos territoriales; el caso que estamos viviendo hoy en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta recrea claramente esta situación.

Pero, ¿cuáles son esos elementos específicos que, bajo las actuales modalidades de producción y reproducción sistémica, hacen que la Orinoquia cobre una importancia estratégica?

Enunciemos siete en particular: 1. Se constituye en el territorio más rico del país en reservas de hidrocarburos y en hectáreas cultivadas de palma para la producción de agrocombustibles (alrededor de 120 mil hectáreas que se corresponde con el 37% del total nacional con proyecciones de siembra de 6 millones de hectáreas). 2. Es la segunda región con mayor número de hectáreas cultivadas (el 20% de los existentes en el país) y la primera en términos de la productividad de sus cultivos. 3. Funge como pivote geopolítico, pues define los pasos interoceánicos más cortos entre el este y el oeste de Suramérica. Los proyectos más importantes de la IIRSA en Colombia atraviesan todo el territorio del oriente colombiano.

Además, 4., es la cuenca hidrográfica más importante de Colombia, aquí se ubican 6 de los 10 ríos con mayor caudal del país. 5. Los descubrimientos recientes lo ubican como una región muy rica en yacimientos de minerales, como titanio, bauxita, hierro, manganeso y tierras raras, y de minerales preciosos, como el oro, particularmente en el Guainía. 6. La presencia de múltiples y variados ecosistemas lo constituyen en una reserva biótica y ambiental. Y, 7., su extenso territorio le permite configurarse como una despensa alimentaria para el país y para el mundo. El aumento del precio de los alimentos a nivel mundial y la relativa escasez de tierra apta para cultivarlos han configurado en el último lustro la región como estratégica a nivel mundial para la producción alimenticia.

Estos elementos explican el importante flujo de capitales que se ha venido dando en ese periodo hacia la región. No es gratuito que los empresarios más importantes del país, como son Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento y Harold

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Participantes de comunidades campesinas.

Fotografía: Documental Amarillo. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

Eder, tengan hoy grandes inversiones en el Orinoco colombiano y sean ellos mismos quienes precisamente estén alertando sobre las bondades que en términos de rentabilidad económica caracterizan a la Orinoquia.

Riqueza energética de los Llanos Orientales La cuenca del Orinoco es la más importante del país tanto en términos de producción como de reservas probadas y actividad exploratoria. En efecto, un poco menos del 40% de las tierras de explotación petrolera en el país se concentran en la cuenca del Orinoco, representando una producción del orden de 620.000 barriles diarios. Las otras ocho cuencas se reparten el resto de la producción. En el mismo sentido, los cuatro yacimientos más importantes del país están en la región orinoquense y según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos han producido alrededor de 4 mil millones de barriles (una de las 100 principales cuencas a nivel mundial) y cuenta con reservas probables entre aproximadamente 600 y 1.700 millones de barriles.

En términos exploratorios las cifras también dan cuenta de la centralidad de la región en el proceso. Podemos decir que de los 62 millones de hectáreas contratadas y en exploración se están desarrollando en la cuenca proyectos en un área de 27 millones de hectáreas, es decir, que solamente en la región se está concentrado el 43% total del área contratada para la actividad petrolera del país. Esta actividad exploratoria desplegada en los últimos años ha mantenido la primacía del capital extranjero en el negocio. En la región, tan solo seis empresas controlan casi todos los contratos firmados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Estas son: Ecopetrol, Pacific Rubiales Energy, Equion Energía

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Límites (antigua BP), la Occidental Petroleum Corporation (OXY), Hocol y Petrominerales.

Un elemento substancial a destacar en la configuración del mapa petrolero es que la actividad productora importante iniciada finalizando la década de los ochenta se va a concentrar en la zona del piedemonte llanero, subrayándose por la magnitud de sus pozos los municipios de Arauca y Saravena en Arauca; Trinidad, San Luís de Palenque, Orocué, Tauramena, Yopal y Aguazul en Casanare, y Puerto López y Castilla la Nueva en el Meta. En consecuencia, las recientes actividades exploratorias se van ampliando hacia las grandes sabanas del Oriente y municipios metenses, como Barranca de Upía, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto Rico y Fuente de Oro, son objeto de grandes proyectos exploratorios. El caso del municipio de Puerto Gaitán es quizá el más significativo, ya que el pozo de Rubiales es hoy el más grande del país, registrando una producción diaria de 171 mil barriles.

La centralidad que ha cobrado el negocio de los hidrocarburos en la región explica el carácter rentístico y especulativo que asumen las economías de estos municipios. Esta situación, aunada a los elevados índices de corrupción de los gobiernos locales, ha imposibilitado que las regalías del petróleo logren impulsar desarrollos productivos. Esta situación devela realmente las escasas bondades que el negocio energético representa para estos territorios.

Algunos elementos finales para la reflexión El proceso de producción de una nueva espacialidad que se vive en los Llanos Orientales colombianos en las tres últimas décadas ha combinado de manera dramática y paradójica diversas situaciones que problematizan su despliegue. La entrada de nuevos capitales a la zona ha estado acompañada por un proceso de expropiación violenta del territorio a los pequeños campesinos y las comunidades indígenas, el cual reproduce sistemáticamente eso que Marx nombró como acumulación originaria y que ya Rosa Luxemburgo nos sugería se constituía en un proceso no sólo inicial, sino constante y sistemático, en la historia del modo de producción capitalista.

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La entrada de nuevos capitales a los Llanos Orientales ha estado acompañada por un proceso de expropiación violenta del territorio a los pequeños campesinos y las comunidades indígenas, el cual reproduce sistemáticamente eso que Marx nombró como acumulación originaria y que ya Rosa Luxemburgo nos sugería se constituía en un proceso no sólo inicial, sino constante y sistemático, en la historia del modo de producción capitalista.

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Esta expropiación violenta de los territorios no sólo ha transformado el paisaje productivo, sino que, lo que es también y quizá más problemático, ha generado profundas fracturas en las formas de organización cultural, social y política establecidas a través de la historia por pueblos originarios y poblaciones rurales que los habitan. Asistimos en la región con esta definición de una nueva espacialidad capitalista a la contraposición entre dos matrices analíticas para el problema del espacio, aquella que ve el “territorio como recurso” como fuente económica, propia de los actores capitalistas hegemónicos, y la matriz que asume el “territorio como abrigo”, como un espacio construido localmente por solidaridades contrahegemónicas.

En este sentido, una caracterización del nuevo rostro de la hegemonía capitalista exige no solo una aproximación a la transformación en las condiciones objetivas de la producción y los diversos planos que la sostienen, sino, también y especialmente, un análisis de los cambios en las condiciones de vida y las dinámicas del relacionamiento social de las comunidades que habitan dichos territorios. Lo mismo es válido -y no menos importante en este análisis de la complejidad que embarga el proceso de incorporación de estos territorios- para lo que tiene que ver con los procesos transformativos de la naturaleza. En efecto, buena parte de la llanura oriental que hasta hace apenas unas décadas no había sido objeto de procesos transformativos fuertes -recordemos que la mayoría de los procesos económicos se habían concentrado en la zona del piedemonte- asiste hoy a una significativa transformación como producto de la entrada de nuevos actores económicos representantes de los capitales energéticos, mineros y narcotraficantes, entre otros. Nos enfrentamos de manera dramática a lo que Marx caracteriza como la fractura metabólica entre el hombre y la naturaleza.

Periódico Tierra: periódico por y para le campesinado colombiano.

Fotografía: Manuel Chacón.

Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

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Seguridad ciudadana: Algunas reflexiones desde la coyuntura política

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SantoS alonSo Beltrán Beltrán Politólogo Administrador Público Ingeniero Industrial Magíster en Estudios Políticos Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales

n primer lugar habría de apuntarse que entre la seguridad entendida como una construcción concreta derivada de la reducción de las conductas delictivas que sufre una sociedad -si reducimos la visón sobre seguridad de una manera muy restrictiva- y la percepción de seguridad como sensación, intuición o especulación sobre la probabilidad de ocurrencia de fenómenos violentos que victimicen a la población, existe una distancia muy grande y, en muchos sentidos, paradójica: no hay una correspondencia especifica entre las mediciones objetivas de la ocurrencia de acciones delictivas contra los ciudadanos y su visión subjetiva sobre el estado de la seguridad en el entorno que los rodea1.

Este fenómeno es aun más radical si se consideran varios aspectos que lo hacen profundamente relativo. Así, las

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Sánchez Gómez-Merelo, Manuel: “La percepción de seguridad y la realidad social” En: www.dual.es/documentos/seguridad1.htm

Asistentes al Encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia.

Fotografía tomada de: http://www.plano-sur.org

expectativas de seguridad se pueden multiplicar en ambientes seguros donde los Estados les brindan a sus habitantes las condiciones adecuadas para desarrollar su vida, de tal manera que entre más seguridad pueda mostrase a través de bajas tasa de victimización, más seguridad esperaran obtener los ciudadanos; de allí que el propio habitante a salvo de victimización real se sienta paradójicamente inseguro toda vez que tiende a magnificar cualquier conducta que afecte, aun de manera mínima, su estabilidad individual. Un segundo elemento que se debe considerar en este aspecto de la percepción de inseguridad tiene que ver con que ésta siempre es un indicador contextual, muy fino en sus diferencias, ya que no es lo mismo la percepción de seguridad que se experimenta en los estratos sociales altos que la que se puede vivenciar en estratos socioeconómicos bajos.

De la misma forma, la percepción de inseguridad se relaciona de manera poderosa con la edad, el género, el estilo de vida, la profesión y otros criterios muy particulares, que solo podrían constituir un índice totalizador que arroje una medición única y creíble para el problema en tanto sea posible ponderarlos.

No deja de ser importante la influencia que en los habitantes pueda tener la ocurrencia de fenómenos delictivos extraños o impresionantes, que bien pueden no ocurrir en la cercanía vecinal o en el ámbito social próximo, pero que Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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pueden causar una fuerte impresión al punto de convertirse en referencias esenciales a la hora de calificar la inseguridad que potencialmente podrían experimentar.

Súmese a todo lo anterior el efecto que puede ejercer en la percepción de los habitantes la difusión de cifras, hechos, testimonios o cualquier otra forma de tratamiento de fenómenos criminales realizado por los medios de comunicación, los cuales pueden amplificar el ruido y los factores de percepción de inseguridad entre los habitantes2.

Así las cosas, la percepción de inseguridad debe tratarse como una variable subjetiva, que antes que una condición real y objetiva del carácter y el estado de la seguridad para una comunidad, muestra el grado de percepción que unos individuos concretos tienen sobre sus vivencias propias y ajenas en el marco de la vida ciudadana. En ese orden de ideas, no es en lo más mínimo descabellado tratar el deterioro de esta variable a través de campañas de información, creación de cultura ciudadana, fortalecimiento de los vínculos sociales en las comunidades, reestablecimiento de lazos entre la administración y los ciudadanos, campañas de autocuidado, etc., todo lo cual deben ir acompañado, por supuesto, por el despliegue efectivo de la institucionalidad en los territorios donde los ciudadanos perciben los problemas más acuciosos en esta materia.

Delitos de alto impacto y percepción de seguridad En relación con lo anterior, la percepción de inseguridad se pude catapultar por la ocurrencia continua de conductas delictivas que aquejen la cotidianidad de los habitantes y que estos perciban como fallas estructurales en la respuesta de las autoridades.

Esto ocurriría con los delitos de alto impacto -el hurto o atraco callejero sobre personas, el atraco a residencias y 2

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Un interesante estudio sobre el particular realizado por la Universidad de los Andes puede verse en: Restrepo, Elvira María y Moreno, Álvaro José: “Bogotá: ¿más crimen?, ¿más miedo?” En: Desarrollo y Sociedad, primer semestre de 2007.

establecimientos comerciales, el asalto bancario y el robo de vehículos o partes de vehículos- que, en el caso de Bogotá, si bien no representan cuantías o montos elevados (casi podrían considerarse delitos menores o contravenciones porque el monto de lo robado no supera diez salarios mínimos legales mensuales), producen una fuerte sensación de inseguridad en la ciudadanía debido a la alta frecuencia con la que ocurren.

El tratamiento de estas conductas por parte de la administración se convierte en un imperativo presionado por lo propios habitantes que ven en estas conductas verdaderas amenazas a su vida, aunque su incidencia en las condiciones reales de convivencia podría considerarse modesta. Pero en la medida en que los ciudadanos perciben la potencialidad mayor de ser víctimas de esos delitos, califican el estado de la seguridad por su combate. Paradójicamente, el control de estas conductas antes que ser del resorte exclusivo de la administración parte principalmente de la acción autónoma de los ciudadanos.

La teoría diría que para la ocurrencia de un delito se necesita la conjunción de varias situaciones que podrían reducirse a la vulnerabilidad de la víctima, el ámbito urbano proclive y la intencionalidad manifiesta del delincuente. Al parecer la administración puede coadyuvar en el control de estos delitos, pero su reducción a través de la presencia policial no solo es insuficiente, sino además inútil en muchas situaciones.

La víctima puede reducir su vulnerabilidad a través de su propia iniciativa. Las campañas de autocuidado de los bienes y propiedades, respecto al comportamiento alerta en las calles y espacios públicos, frente al respeto a la normatividad urbana sobre uso de los espacios públicos y concentraciones urbanas (parqueos, conciertos, terminales de transporte, etc.), sumadas al desarrollo de acciones de integración comunitaria basada en la solidaridad, el conocimiento y la unión de los vecinos y la acción conjunta frente a los problemas comunitarios, pueden reducir la ocurrencia de este tipo de delitos.

El siguiente elemento que podría ayudar en la reducción de estos delitos es la intervención positiva en el espacio público a través de la renovación urbanística, la transformación de zonas que Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

En los dos últimos gobiernos de la ciudad, la administración distrital se ha concentrado en la provisión real de las condiciones estructurales para que los ciudadanos accedan al disfrute de una vida digna, garantizada a través de la aplicación de una política social integral y de profundo impacto.

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permitan la ocurrencia de delitos por poca iluminación, problemas de movilidad, presencia de basuras o desarrollo de actividades no adecuadas para las áreas en cuestión (ventas ambulantes, prostitución, etc.). En este aspecto es claro que la acción de la administración es de importancia suma para desarrollar las obras publicas necesarias, pero no es menos importante el acompañamiento de la comunidad para diagnosticar en conjunto lo espacios de intervención, ayudar en la realización de las obras con el objeto de apropiarse positivamente del espacio urbano y reconstruir socialmente el ámbito intervenido.

Si bien la intencionalidad del delincuente puede no ser objeto de la prevención concreta por parte del gobierno, aun en la comunicación con agentes generadores de violencia o delincuencia se puede trabajar en la reducción de los delitos, la minimización del impacto sobre las víctimas o la eliminación de conductas criminales por parte de los delincuentes. Súmese a todo ello que el delito debe ser entendido como una acción producto de las tensiones, contradicciones y conflictos de una sociedad determinada y no la acción irracional o enfermiza de determinados actores sociales o individuales; de allí que su prevención a través de la generación de condiciones de vida dignas para la población y la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad se conviertan en acciones reales y efectivas para la disminución de los delitos de alto impacto.

Algunos, por supuesto, apuntan a señalar que el problema es más una cuestión de disuasión de los delincuentes a través del fortalecimiento penal y la construcción de procesos y mecanismos que aumenten la celeridad en el tratamiento de los delitos, mientras que para otros el problema más que de aparatos expeditos para la aplicación de las sanciones debe apuntar a mecanismo alternativos de resolución de conflictos que ayuden a reparar el daño y resarcir los lazos sociales entre la víctima y el victimario.

Según todo lo anterior, es claro que la solución descansa más en la construcción de mecanismos y en la realización de acciones especificas que ataquen los componentes subjetivos de la comisión de delitos e influyan con ello en la percepción _38

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de seguridad para que, a partir de ahí, como en un fenómeno de rebote, disminuyan de manera importante las conductas delictivas de alto impacto. Todo ello estaría acompañado de acciones concretas en el control del crimen organizado, esto es, de un componente fuertemente policial.

El control de los delitos de alto impacto en Bogotá: ¿Una década de magros resultados?

En Bogotá, los últimos gobiernos distritales han venido aplicando políticas de prevención de los delitos de alto impacto que integran múltiples vertientes de atención. Es claro para los bogotanos que desde la administración de Mockus el tratamiento del delito se ha desarrollado a partir una visión más compleja, y que se ha intervenido la arquitectura urbana y se han desarrollado y fortalecido estructurales culturales para crear una ética cívica.

Pero en los dos últimos gobiernos de la ciudad, la administración distrital se ha concentrado en la provisión real de las condiciones estructurales para que los ciudadanos accedan al disfrute de una vida digna, garantizada a través de la aplicación de una política social integral y de profundo impacto.

En los últimos tiempos, la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada ha disminuido de manera importante.

Ha descendido, en especial, el homicidio, el cual se ubica muy por debajo de ciudades capitalinas en Colombia (la diferencia es clara con ciudades como Cali o Medellín), y aun su índice es bajo respecto a ciudades de la región (la diferencia es radical con ciudades centroamericanas afectadas por el problema de las maras, la capital venezolana acosada por una desestructuración violenta asociada a la polarización política, las ciudades mexicanas víctimas de una oleada de delincuencia resultante del narcotráfico, la violencia de las favelas en Brasil, entre otras).

Sin embargo el tratamiento de los delitos de alto impacto, que también han disminuido, sigue siendo un dolor de cabeza para la administración capitalina, toda vez que el atraco, el hurto, las riñas o el robo de vehículos no ha tenido un comportamiento uniformemente descendente y aún se siguen presentando picos que afectan la percepción de inseguridad en la capital.

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Sería importante decidir si el problema de la seguridad ciudadana se resuelve desde las dinámicas de la acción represiva y el aumento del pie de fuerza policial, o si la acción debe emprenderse como un problema de acciones sociales promovidas y orquestadas desde la administración distrital. La contienda electoral cercana debe plantear a los electores este dilema.

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Para algunos analistas, las últimas administraciones han acertado en el manejo de la seguridad capitalina, así que la reducción del homicidio y el control de delitos de alto impacto se podrían derivar de las políticas de seguridad ciudadana emprendidas en los gobiernos del Polo Democrático Alternativo.

Para otros analistas, los resultados no pueden ser relacionados directamente con las políticas distritales y deberían interpretarse mas como una tendencia estructural alejada, o por lo menos ajena, a las acciones de los últimos gobiernos capitalinos.

Para los primeros, el acertado manejo de la seguridad desde el ámbito de la seguridad humana ha creado una cultura ciudadana que entiende la provisión de seguridad como una responsabilidad compartida con el gobierno capitalino y que desborda la sola acción policial restrictiva. En su defensa, los analistas apuntan que los delitos de alto impacto, y en algunos casos el homicidio, se deben más a controversias microvecinales atadas a problemas de convivencia, autorregulación y violencia doméstica y que, por ello, el ataque de estos problemas se debe realizar desde políticas situacionales, de prevención, de intervención urbana, de construcción de cultura, etc.

Los detractores, apoyados en el lento crecimiento del homicidio, o por lo menos en el congelamiento de sus dinámicas de reducción, así como en el crecimiento de lo delitos de alto impacto, aseguran que las políticas distritales o no se pueden considerar la causa efectiva de la disminución de los delitos, toda vez que no se puede construir una relación efectiva entre las cifras y las políticas implementadas, o simplemente se han agotado y es necesario dar un viraje estratégico ante una criminalidad desbordada, que ha postrado a la administración capitalina.

En este punto sería importante decidir si el problema de la seguridad ciudadana se resuelve desde las dinámicas de la acción represiva y el aumento del pie de fuerza policial, o si la acción debe emprenderse como un problema de acciones sociales promovidas y orquestadas desde la administración distrital. La decisión en este sentido estructurará la naturaleza de la acción en seguridad ciudadana y, con ello, una clara apuesta política. La contienda electoral cercana debe plantear a los electores este dilema.

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Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra.

Fotografía tomada de: http://platohedro.blogspot.com

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La extrema derecha en Noruega y Colombia

Renán Vega CantoR Profesor Universidad Pedagógica Nacional

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l 22 de julio, en Noruega, donde se entrega el Premio Nobel de la Paz, fueron masacradas decenas de personas.

Como cabeza visible de esta acción terrorista aparece un fundamentalista cristiano llamado Anders Behring Breivik. Este individuo, de seguro, no ha actuado como un lobo estepario, sino que hace parte de un sofisticado engranaje terrorista, con conexiones directas con el Estado de Israel, la CIA y similares, porque resulta inverosímil la versión oficial que nos pinta a Behring como una especie de Superman, que planea y ejecuta por sí solo una acción tan sofisticada como armar y detonar un carro bomba en las calles de Oslo y, luego, trasladarse muy campante hasta la cercana isla de Utøya y ejecutar a sangre fría durante más de una hora a 68 niños y jóvenes del Partido Laborista hasta que se le acabó la munición.

Como un indicativo de la intoxicación informativa, la primera versión que se difundió sobre los sucesos de Noruega culpabilizaba, sin prueba alguna, a fundamentalistas musulmanes. Cuando se supo que el autor confeso era un noruego de 32 años, blanco, de ojos azules, cristiano, la noticia paso a segundo plano y a los pocos días no se volvió a hablar del asunto. No faltaron las exculpaciones por anticipado del crimen, al afirmarse que era un caso aislado, llevado a cabo por un loco, pero que no tenía ninguna relación con los discursos y acciones prácticas de la extrema derecha mundial, encabezada por los Estados Unidos, que viene matando en forma indiscriminada desde hace décadas.

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Marcha por la paz.

Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

1. En Noruega…

Los atentados terroristas de Noruega son una muestra de las características de la extrema derecha mundial. El autor del crimen se presenta como un cruzado que actúa para salvar a la “civilización occidental” de todos sus enemigos, entre los que menciona a los islamistas y a los marxistas. Como lo publicó en Internet, en un Manifiesto que colgó pocas horas antes de los atentados, Behring se proclama como defensor del Estado de Israel y enemigo declarado del pueblo palestino. Detesta a los inmigrantes, en especial a los de origen árabe, y clama por una cruzada para expulsarlos del suelo europeo. Ha sido militante del Partido del Progreso Noruego, una organización xenófoba, cristiana y neonazi. Su filosofía se sintetiza en una palabra: el odio.

Anders Behring Breivik es un típico representante de la extrema derecha, del neofascismo, que además de ser racista defiende al tiempo a Hitler y al Estado de Israel, algo que no es ni mucho menos contradictorio sino complementario y que hoy sirve para justificar la persecución de los musulmanes. Esta misma derecha es la que en términos económicos es furibundamente neoliberal, privatizadora de los bienes públicos y comunes y que patrocina la expansión imperialista (encubierta bajo la retórica de la globalización) de Estados Unidos y de la Unión Europea, cuyo objetivo principal radica en apropiarse de los recursos naturales y de las materias primas y convertir al mundo periférico en un paraíso de las multinacionales.

Behring es la clara expresión de esta “nueva derecha” que se ha expandido por el mundo entero y cuyos postulados ideológicos son defendidos por Barak Obama, Ángela Merkel, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozi, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe Calderón en México, Sebastián Piñera en Chile, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe en Colombia, solo para mencionar a las joyas de la corona. Esa extrema derecha es neoliberal, neoconservadora, socialdemócrata, social liberal, sin diferencias partidistas. Se distingue por haber impuesto la pena de muerte Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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a nivel global contra todos los enemigos de la civilización occidental y cristiana. Por eso, se mata impunemente donde sea y como sea, violando los más elementales procedimientos del derecho de gentes, como se hace todos los días en Gaza, Irak, Irán, Libia, Pakistán, Afganistán, Colombia…

La extrema derecha emerge en las acciones criminales e injustas que avergüenzan a la razón humana: en los Estados Unidos que bombardea a países como si fuera un pasatiempo; en los centros de tortura del imperialismo estadounidense, como Guantánamo o Abu Grahib; en la OTAN e Israel que masacran a niños y jóvenes; en Colombia, donde bandas criminales, oficiales y paraestatales, matan a los indígenas y campesinos y desde donde se ataca a países vecinos y se impulsa un nuevo Plan Cóndor, para secuestrar, perseguir y matar a opositores, con la complicidad y el silencio de algunos de los llamados gobiernos progresistas de América del Sur. Esta derecha creyente y mística encarna un fundamentalismo de mercado que se mezcla con un fundamentalismo religioso católico y cristiano, que se opone al aborto y pretende liquidar todas las libertades individuales. En Europa y en los Estados Unidos proclama la persecución de los extranjeros con una xenofobia visceral que ha contagiado a gran parte de la población de esos territorios. En América Latina refuerza las desigualdades y afianza el dominio de clase, contra trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres pobres, junto con la entrega de los países al capital imperialista.

2. …y en Colombia Matar, odiar, eliminar a todos los adversarios, entre ellos a los marxistas y comunistas, ha sido también la divisa de las clases dominantes en Colombia. Esta tarea genocida la vienen realizando desde hace décadas y se ha acentuado en los últimos nueve años, cuando se convirtió en algo cotidiano, aceptado por la mayor parte de la población. Los mismos argumentos que estremecieron a Noruega y que escandalizaron a Europa son pan cotidiano y recurrente en Colombia, porque acá se ha justificado el asesinato, la desaparición, la tortura a nombre del anticomunismo, de la defensa de la tradición, la familia y la propiedad y de los valores católicos para justificar la persecución racista de indígenas, afrodescendientes campesinos y _44

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pobres en general y, por supuesto, para mantener los increíbles niveles de injusticia y desigualdad que caracterizan a este lugar macondiano.

Aquí, los muertos no son 76 como en Noruega, sino miles, a lo que debe agregarse otros tantos miles de desaparecidos y millones de exiliados, tanto dentro del país como allende sus fronteras.

Para la muestra solamente algunos botones que permitan refrescar la memoria. En los testimonios de varios paramilitares que participaron en masacres y asesinatos, estos han señalado continuamente que sus instructores, entre los que participaron mercenarios de Israel, les “enseñaban” que era licito matar comunistas, algo que también inculcan altos funcionarios del Estado pertenecientes, por ejemplo, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Lo mismo acontece con el Ejército al que se ha adiestrado, y desde los Estados Unidos, para matar a los “comunistas”, término en el que se incluyen a todos aquellos que son considerados como enemigos de la “patria”, es decir, de las clases dominantes de este país.

Al respecto valga citar el testimonio del exconsejero presidencial Carlos Ossa Escobar, que el 2 de junio de este año manifestó que “en algunos sectores de las Fuerzas Armadas asociados con paramilitares y narcotraficantes, se instrumentaban de manera eficiente las estrategias de eliminación de la UP (Unión Patriótica)”. En forma concreta relató que cierto día “llegué temprano, antes que el ministro César Gaviria, y al poco tiempo llegó el general (Rafael) Samudio, ministro de Defensa. Comenzamos a comentar sobre la situación recurrente con tantos asesinatos de miembros de la UP, y en algún momento le comenté que estaba preocupado con lo que sucedía. Él me respondió: ‘¿qué es lo que te preocupa, Carlos?’. Yo le dije: ‘que todos los días matan a un integrante de la UP’. Él se quedó mirándome y me dijo: ‘Carlos, a ese ritmo no van a acabar nunca’”. ¡Tanto descaro no amerita comentarios!

En este país se estableció como norma, difundida por esos apologistas del crimen que son los medios de comunicación, que todos los críticos y opositores son terroristas, como lo sigue haciendo un ex presidente de la República con un lenguaje procaz propio de un matón de barrio a través del Twiter, con la complicidad de intelectuales, políticos y periodistas. Con esa lógica bestial se han justificado los asesinatos de sindicalistas, de defensores de derechos humanos, de Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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Mauricio Ramos, miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

Fotografía: Platohedro. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

profesores universitarios, de estudiantes, de líderes campesinos y aquellos crímenes de Estado que han sido bautizados como los “falsos positivos”. Es bueno recordar que el hacendado del Ubérrimo cuando supo de los jóvenes asesinados de Soacha y de otros lugares del país durante su mandado, siendo Ministro de Defensa el actual presidente, manifestó, con una mezcla de descaro y cinismo, para justificar esos crímenes: “Y ¿qué andaban haciendo esos muchachos en el monte? ¡No me digan que andaban cogiendo café!”.

Este mismo personaje aplaude la masacre del Palacio de Justicia perpetrada por el Ejército y se opone a las condenas a los responsables diciendo que éstos se limitaron a defender la patria cuando bombardearon, torturaron, masacraron o desaparecieron a un centenar de personas, porque todos los que allí murieron o eran “bandidos terroristas” o sus cómplices. ¡Que más se puede esperar de la mentalidad traqueta de un individuo que se formó en los círculos “intelectuales” del Cartel de Medellín!

En Colombia se siente y se respira, a basta escala y desde hace décadas, el odio, la persecución, la intolerancia que acaban de ser noticia en Noruega. En los dos casos, lo que resulta bien aterrador es el cinismo de los victimarios, que cuentan con prensa y respaldo para que sus “ideas” homicidas se expandan por el planeta, porque allá y acá se ha aplicado la doctrina de todo vale para justificar los asesinatos, y ese “todo vale” tiene más respaldo si se acompaña de la desvalorización humana de los que se van a matar, diciendo que son enemigos que se deben eliminar porque son comunistas, musulmanes o pobres y que matándolos se les hace un favor a la sociedad y a las “gentes de bien”. Se ha impuesto la “razón genocida” como algo normal y cotidiano, tal como se expresa en Colombia con los vallenatos, entre ellos los de los Hermanos Zuleta, primeros a quienes se les entregó un Grammy en la capital mundial de la extrema derecha, Miami, y que proclaman en uno de sus temas musicales: “No joda, viva la tierra paramilitar, vivan los paracos”. _46

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Francisco de Roux, Provincial de la Compañía de Jesús.

Fotografía: Véala. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

Es significativo que el criminal de Noruega tenga innumerables seguidores, tanto en la teoría como en la práctica, en distintos lugares del mundo, y de manera específica en Colombia. No por casualidad las clases dominantes de este país sirven al Estado de Israel, apoyan todos los crímenes del sionismo y del imperialismo estadounidense y aplican dentro del país las mismas doctrinas nazi-sionistas, como la que no hace mucho tiempo anunció en público Juan Manuel Santos de arrasar las casas de los habitantes de los pueblos indígenas del Cauca donde se refugien miembros de la insurgencia, como una forma de retaliación por parte del Estado y del Ejército contra la población. Eso no tiene nada de novedoso, porque eso es lo que viene haciendo Israel con los palestinos desde hace décadas en una sistemática acción de castigo colectivo, que viola los más elementales derechos de la gente.

Nada de eso importa, porque las extremas derechas de nuestro tiempo no tienen por qué guardar las normas y ocultar su carácter criminal, del que se enorgullecen y con el cual obtienen hasta el Premio Nobel, como ha acontecido recientemente con dos eximios exponentes de la extrema derecha mundial, uno presidente en ejercicio de los Estados Unidos y el otro un Marqués español que nació en Arequipa y que se ha distinguido por apoyar como campeones de la democracia y de la libertad –lo cual parece un mal chiste, propio de una desbordada y calenturienta imaginación– a los dos últimos presidentes de Colombia. En la lógica de extrema derecha del novelista laureado, y Marqués por la gracia de uno de los adalides mundiales del fascismo, el generalísimo Francisco Franco Bahamonde (que reestableció en 1948 los títulos nobiliarios, que habían sido abolidos por la República), demócratas y liberales simplemente son términos metafóricos para referirse a los asesinos y fundamentalistas de mercado.

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La crisis financiera internacional en Estados Unidos a) El debate sobre la deuda pública Daniel libreros CaiCeDo Profesor del Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

La causa inmediata del crecimiento astronómico en el monto de la deuda pública norteamericana debe ubicarse en las operaciones de rescate bancario realizadas por la Reserva Federal y el Tesoro inmediatamente después del colapso bursátil de finales de 2008. En efecto, el déficit fiscal pasó de 3.18% del PIB en 2008 a 10.6% en 2010 (un incremento aproximado de US$2 billones), mientras el crecimiento de la deuda fue de 23,6 puntos del PIB (elevándose de US$5,8 billones en 2008 a US$9,2 billones en 2010, lo cual equivale al 63,6% del PIB). Todo esto en el marco de una política neoliberal que preserva desde hace décadas exenciones tributarias a los ricos y un gasto militar creciente1.

1 Sobre

el tema ver, ”Los Estados Unidos de la desreglamentación financiera a la crisis global”, Daniel Munevar, CADTM, Internet, enero 2011.

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Marcha por la paz.

Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

Sin embargo debe tenerse en cuenta que, a causa de la hegemonía de Estados Unidos en el sistema financiero internacional, este monto considerable de deuda pública tan solo representa el 6% del presupuesto anual. Además, la deuda norteamericana está nominada, lo cual permite valorarla en dólares con una tasa de interés que la FED ha mantenido durante los últimos años en niveles cercanos a cero. Como si fuera poco, las economías del “resto del mundo” ayudan al financiamiento del déficit fiscal estadounidense. Efectivamente, el posicionamiento del Tesoro norteamericano en el mercado financiero internacional le permite capturar recursos mediante ventas masivas en las que se obtienen ingresos adicionales por los diferenciales en las tasas de interés2.

2 Los inversores internacionales representan el 51% de los acreedores norteamericanos. El más

destacado es China con un monto en bonos del Tesoro por un valor de US$ 1.1 billones. De hecho, la participación de los acreedores internacionales ha crecido durante la última década, ya que para el año 2000 estos representaban el 34% del total. Estas cifras ponen de relieve una de las contradicciones más agudas del sistema financiero internacional. Mientras gobiernos de países en desarrollo, como Brasil, se endeudan a tasas superiores al 10%, al mismo tiempo prestan dinero a los Estados Unidos a tasas cercanas al 1%. Un verdadero sinsentido del sistema financiero…”

(Daniel Munevar, Ibíd.). Colombia practica igualmente esta política de sometimiento financiero. A manera de ejemplo, durante la crisis de 2008 se evidenció que la Junta Directiva del B.R. había colocado un monto superior a los US$2.000 millones de las reservas de ese organismo en la banca de inversión americana, dinero que aún no se ha recuperado. El anterior Contralor inició un juicio de responsabilidad fiscal por este hecho, sin que hasta el momento se hayan conocido resultados.

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Por ello, la discusión que durante semanas presenciamos en los grandes medios de comunicación a propósito del incremento del techo de endeudamiento fiscal estadounidense -fijado en US$ 14.3 billones- y la alarma que desataron las calificadoras de riesgo sobre una eventual negación del mismo, ambientó, ante todo, una decisión política.

Esta ofensiva mediática del capital financiero internacional acompañó la presión parlamentaria del Partido Republicano y de su “ala fundamentalista”, el Tea Party, que proclama abiertamente como uno de sus objetivos programáticos que no se aumenten los impuestos a los ricos para que se reduzca el gasto social. Obama y los demócratas cedieron a la misma y terminaron firmando, el pasado 3 de agosto, un pacto bipartidista basado en un plan de ajuste conforme al cual se recortarán durante los próximos 10 años US$2.5 billones en los rubros presupuestales relacionados con la calidad de vida de la población a cambio de un aumento inmediato del tope del endeudamiento gubernamental en US2.4 billones. Tal decisión confirma que, al igual que en Europa, las elites del gran capital han definido una guerra social en contra de la población para gestionar la crisis financiera, de la cual tan solo ellas son los responsables. Adicionalmente, esta medida contraccionista terminará profundizando la recesión económica3.

b) Inflando nuevas burbujas

Más allá de esta discusión, el asunto de fondo consiste en que la recesión sigue marcando el momento de la economía americana y que la política de expansión monetaria no ha aumentado ni la inversión, ni el empleo ni el consumo. Por ello, la 3 Desde su enfoque keynesiano, Paul Krugman ha llamado la atención

sobre ello: “Lo peor que se puede hacer en estas circunstancias es reducir los gastos del gobierno, ya que eso deprimirá aún más la economía. No escuchéis a los que invocan el cuento de hadas de la confianza y afirman que la acción dura en el presupuesto dará seguridades a las empresas y a los consumidores llevándoles a gastar más. No es así como funciona, como confirman numerosos estudios de los antecedentes históricos…”. “El Presidente Obama se rinde”. Paul Krugman. New York Times, agosto 1 del 2011.

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reducción de las tasas de interés y el llamado ”quantitative easing”, política monetaria de emergencia para aumentar la liquidez, la cual finalizó a mediados del año su segunda fase con la compra de US$1.5 billones en Títulos del Tesoro, ha terminado por producir nuevas burbujas especulativas en el mercado accionario, en el de materias primas y alimentos y en los mercados de capitales de los países emergentes.

En el caso de las acciones, las estadísticas constatan desde marzo del 2009 una recuperación significativa en detrimento de las inversiones en deuda estatal. Después de que éstas cayeron en ese mismo mes en un 48,2% -su punto más bajo desde el último trimestre del 2008-, lograron recuperarse en un 34,6% en tan solo tres meses4 (Gráfico 1).

GráfiCo 1: Evolución del índice bursátil S&P 500 y rendimiento del bono a 10 años del Tesoro 13 0 5 . 3

1350

4.0

3.88

S&P 500

3.75

1250

3.71

Bono Tesoro a 10 años

3.6 3.29

1150 1050

3.07

-48.2%

3.2

2.95

927.5

929.2

950

2.8

850

899.2 2.4

+34.6%

750 752.4 650 A go -08

S ep-08

Oc t-08

N o v-08

D ic -08

2.08 E ne-09

676.5 F eb-09

M ar-09

A br-09

2.0 M ay-09

J un-09

Fuente: abeceb.com sobre la base de St. Louis Federal Reserve.

La tendencia alcista ha continuado en el 2011, evidenciándose un “boom” bursátil durante el primer trimestre del año con una calificación en el S&P 500 superior al 5%. Sin embargo, TrimTabs, la empresa de analistas de inversión, ha mostrado recientemente que ese boom es artificial. El incremento en los precios de las acciones obedeció a

4 “Los mercados emergentes a merced de la volatilidad del optimismo global”, Gacetilla de Prensa,

abeceb.com, internet, marzo del 2010.

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recompras empresariales que en lo fundamental se soportaron en crédito5. Esta forma de especulación ha terminado por aumentar el endeudamiento corporativo a unos niveles sin precedentes.

La propia Reserva Federal ha aceptado que las empresas no agrícolas ni financieras norteamericanas cuentan en la actualidad con una deuda que equivale a la mitad de su valor neto. Esta evidencia anuncia un futuro deflacionista. En el 2006, poco antes del colapso bursátil, esta proporción del endeudamiento privado era del 40%6. Mientras tanto, el malestar de la población crece y se anuncian nuevas jornadas de protesta.

La política monetaria expansiva de la Fed explica igualmente el actual boom en los precios de las comodities y el aumento de las inversiones de portafolio en los mercados emergentes.

Como el alza en los precios de las comodities mejora los ingresos por exportaciones y los flujos de capital especulativo inflan artificialmente las bolsas de valores y el consumo, las estadísticas registran resultados económicos aceptables.

Esta bonanza transitoria ha sido saludada por los gobiernos neoliberales y las elites capitalistas de Latinoamérica y el tercer mundo en general como el producto de una “adecuada gestión de la crisis internacional”. Nada más lejano de la realidad: en el futuro inmediato evidenciaremos la verdadera magnitud de la recesión internacional.

5 “De acuerdo con los datos más recientes de la Reserva Federal, la

deuda corporativa se incrementó nuevamente en el último trimestre, a los niveles más altos de los que se tenga registro. Las deudas de las empresas no financieras llegaron a US$7,3 billones (millones de millones) al 31 de marzo, informó la Reserva Federal. Eso representa un alza de más de US$100.000 millones desde comienzos de año (…) El total a fines de 2007, en el cenit de la denominada "burbuja de crédito", era de solamente US$6.700 billones (millones de millones)”.

“La verdadera historia detrás del "boom" del mercado”, Brett Arends, The Wall Street Journal, julio 4 del 2011.

6 Ibíd., julio 4 del 2011.

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Muestras de danzas de las regiones.

Fotografía: Sónika Urbana. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

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El pequeño y oscuro secreto de los bancos europeos

A

Daniel Munevar Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo CADTM

Fuente: http://hronlineph. wordpress. com/2011/06/29/

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nte la reciente volatilidad que ha tenido lugar en los mercados financieros globales, toda la atención ha estado centrada en el comportamiento de las bolsas de valores y la evolución de la crisis de la deuda en Europa. Sin embargo, mientras los mercados están reaccionando con fuerza a las señales cada vez más claras de que la reestructuración de la deuda de la periferia europea es tan solo una cuestión de tiempo, la mayoría de los medios y especialistas están dejando de lado un factor clave de vulnerabilidad del sistema financiero europeo y global: la dependencia de financiamiento bancario a corto plazo denominado en dólares.

Para entender el origen de tal dependencia y la magnitud de la misma es necesario retroceder en el tiempo, al inicio de la burbuja subprime en los Estados Unidos. Como es bien conocido, los bancos europeos fueron algunas de las instituciones más ávidas a la hora de comprar los paquetes de hipotecas basura originadas en los Estados Unidos a lo largo de la última década.

Esto llevó a que las posiciones de bancos europeos en el

Participantes, invitados, prensa, logística.

Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

exterior crecieran de un 16% del PIB global en el año 2000 hasta un 35% del PIB en 2007.

La mitad de este crecimiento tuvo lugar en activos denominados en dólares y otras monedas diferentes al euro1.

Debido al hecho de que los bancos europeos no cuentan con acceso directo a los dólares que requerían para financiar esta expansión, estos se vieron forzados a utilizar de forma creciente swaps de corto plazo en los mercados de divisas y a obtener financiamiento a través de los llamados Money Market Funds (MMF)2. La utilización de este tipo de mecanismos de corto plazo planteó un dilema adicional asociado al diferencial en el vencimiento de las obligaciones. Mientras los activos adquiridos en dólares tenían un carácter de largo plazo, como en el caso de los paquetes de hipotecas subprime, el financiamiento utilizado era de corto plazo. Esto implicaba una estrategia de financiamiento en la cual los bancos europeos debían renovar sus posiciones denominadas en dólares de forma constante en los mercados de swaps y los MMF. Tal estrategia resultaba altamente rentable siempre y cuando se cumplieran dos 1 Patrick McGuire and Götz von Peter (2009), BIS Working Papers No. 291, “The US dollar shortage

in global banking and the international policy response”.

2 Los MMF son fondos mutuos que invierten en bonos de deuda de corto plazo de carácter seguro,

tales como bonos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos o papel comercial. Tales fondos juegan un rol central en la provisión de liquidez en los mercados de bonos de corto plazo. Ver: http://www.sec.gov/answers/mfmmkt.htm

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La capacidad por parte de los bancos europeos de acceder a dólares de forma recurrente es fundamental para la estabilidad del sistema financiero europeo y global.

Este es el pequeño y oscuro secreto de los bancos europeos.

Un cierre imprevisto de los mercados de financiamiento de corto plazo denominados en dólares implica una seria amenaza para la solvencia de los bancos del viejo continente con exposición al mercado financiero norteamericano, y las condiciones en las que acceden a ellos se han venido deteriorando progresivamente.

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condiciones. Por un lado, debía existir un diferencial alto y positivo entre el costo de financiamiento a corto plazo denominado en dólares y el rendimiento de los activos de largo plazo adquiridos por los bancos. Por el otro, debían los bancos debían estar en capacidad de acceder de forma estable, predecible y regular a los mercados de swaps y MMF. Este sistema funcionó sin mayores inconvenientes o turbulencias hasta la implosión del mercado subprime y la caída de Lehman Brothers. Con el colapso de Lehman, los mercados de crédito interbancario se congelaron súbitamente ante la incertidumbre asociada a la perspectiva de insolvencia generalizada del sistema. Una de las primeras víctimas de dicha situación fue el Federal Reserve Fund, el MMF más antiguo del sistema financiero norteamericano. Con el colapso de este fondo se inicio una corrida generalizada en contra de otras instituciones similares, que solo fue detenida una vez la FED anunció su disposición de asegurar todos los fondos en los MMF, calmando así a los inversores.

Sin embargo, los bancos europeos se vieron enfrentados a una situación aún más desesperada durante este periodo. No solamente vieron colapsar el valor de sus activos denominados en dólares, sino que al mismo tiempo se vieron forzados a buscar fuentes alternativas para financiar sus posiciones en dólares.

Ante la perspectiva de que dichos bancos fueran forzados a liquidar sus posiciones en dólares, acelerando así la caída de los precios de los activos tóxicos, la FED acordó establecer líneas directas de swaps con los principales bancos centrales del mundo, incluyendo el BCE, el BOE y el SNB. Tan solo en el tercer cuarto del 2008, dicho programa de swaps distribuyó mas 450 millardos de dólares al citado grupo de bancos centrales. Gracias a esta nueva fuente de financiamiento en dólares, los bancos centrales europeos pudieron distribuir a su vez estos dólares entre

sus bancos afiliados y así evitar un pánico mayor3. Dicha acción convirtió de facto a la FED en el prestamista central de última instancia del sistema financiero global.

Pero, ¿qué tiene que ver dicho evento con la situación actual por la cual atraviesa el sistema financiero europeo? El hecho es que una vez fue contenido el pánico inicial de la crisis, ésta recedió y las condiciones en los mercados interbancarios procedieron a estabilizarse lentamente, los bancos europeos regresaron a sus antiguos malos hábitos. Es decir, no procedieron a liquidar sus posiciones en dólares para disminuir su vulnerabilidad, sino que regresaron al uso regular de swaps y los MMF para financiar sus posiciones. Se estima que para finales del 2009 las necesidades de financiamiento de corto plazo de los bancos europeos se encuentran en el rango de 300 millardos a 1.8 billones de dólares4.

Es debido a esta situación que la capacidad por parte de los bancos europeos de acceder a dólares de forma recurrente es fundamental para la estabilidad del sistema financiero europeo y global. Este es el pequeño y oscuro secreto de los bancos europeos. Un cierre imprevisto de los mercados de financiamiento de corto plazo denominados en dólares implica una seria amenaza para la solvencia de los bancos del viejo continente con exposición al mercado financiero norteamericano. Durante las últimas semanas, si bien no se ha presentado un cierre completo del acceso que tienen los bancos europeos a un financiamiento de este tipo, las condiciones en las que acceden si se han venido deteriorando progresivamente. La razón detrás de este deterioro tiene que ver con la seria amenaza que para la solvencia de los principales bancos europeos representa el default de uno o varios países de la periferia europea.

La conclusión lógica del presente análisis es, entonces, que tanto el BCE como el SNB y el BOE se encuentran completamente indefensos ante un nuevo congelamiento de los mercados de crédito interbancario. Por ejemplo, mientras que el BCE 3 Ibid 1.

4 Igo Fender, Patrick MacGuire (2010), BIS Quarterly Review, June 2010,

“European banks’ US dollar funding pressures”.

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puede comprar bonos de deuda de países como Grecia y Portugal para reducir las tasas de interés y así evitar el colapso de las finanzas de dichos países o brindar líneas de crédito en euros a bancos en problemas, dicho banco central no puede hacer absolutamente nada para ayudar a bancos que tengan problemas financiando sus posiciones en dólares. Se podría decir entonces que en un nuevo momento de pánico financiero, los bancos centrales mencionados dependen de la buena voluntad de la FED para extender nuevas líneas ilimitadas de swap para evitar el colapso de las principales instituciones financieras europeas.

Las consecuencias de un evento de este tipo serían lo suficientemente graves como para considerar un escenario en que la FED no extendiera las citadas líneas de swap. Es debido a la preocupación de que los bancos europeos enfrenten dificultades financiando sus operaciones en dólares que la FED de NY esta incrementando su vigilancia sobre dichos bancos para actuar en caso de problemas5. Sin embargo, a consecuencia de la reciente Ley de Dodd-Frank, la FED no podría volver a extender líneas ilimitadas de swap con otros bancos centrales sin recibir una aprobación explícita del Congreso de los Estados Unidos. Dada la rapidez con la que se expanden los pánicos financieros, esta limitante puede magnificar el impacto de una disrupción en los mercados de financiamiento de corto plazo en dólares.

Es por esta razón que para entender adecuadamente la evolución de la situación financiera global, la atención debe desplazarse de las bolsas hacia la evolución de los mercados de crédito interbancario. Y en dichos mercados, las primeras luces rojas ya se están encendiendo.

5 Ver ”FED eyes european banks” en: http://online.wsj.com/

article/SB1000142405311190407060457651443120366709 2.html?mod=WSJ_WSJ_News_BlogsModule

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Marcha por la paz Fotografía: Manuel Chacón. Agencia Prensa Rural / www.prensarural.org

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Adolfo Sánchez Vázquez: Deuda y duelo H

Sergio De Zubiría Samper Profesor Asociado Departamento de Filosofía Universidad de los Andes

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a fallecido en México, a la edad de 95 años, el más grande marxista teórico hispanoparlante de la segunda mitad del

siglo XX. Adolfo Sánchez Vázquez fue también víctima del exilio como tantos intelectuales críticos de ese “corto siglo” (Hobsbawm), que al lado de W. Benjamin, T. Adorno, H. Marcuse, T. Mann, R. Alberti, J. Guillén, entre muchos otros perseguidos por los fascismos, mantuvieron la firmeza y el rigor de la creación crítica. En su caso, el exilio mexicano desde 1939 fue producto del franquismo, la guerra civil española y su prematura militancia comunista. Sobre la problemática del exilio reflexionó siempre con sentido político: “larga es la tradición del exilio en los pueblos de lengua española.

Tan larga como sus luchas por un porvenir que todavía no se hace presente” (Fin del exilio y exilio sin fin).

Una generación completa de sus discípulos directos e indirectos de la América hispanoparlante han quedado huérfanos y agradecidos por la denodada labor del maestro. En su nota necrológica, el marxista argentino Atilio Borón, expresa ese sentimiento colectivo: “se convirtió en mi sombra con la cual habría de dialogar permanentemente desde entonces... Quien nos ha

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Adolfo Sánchez Vázquez, joven.

Imagen tomada de: http://www.ligadeunidadsocialista.org/imagenes/adv.jpg

abandonado fue un intelectual de una sabiduría y erudición deslumbrantes que enalteció como pocos la palabra “maestro” y que jamás abjuró de sus convicciones revolucionarias ni le hizo concesión alguna al capitalismo” (In memoriam).

La deuda La primera deuda es con el formador riguroso y exigente que cultiva la lectura directa de las fuentes; con el maestro que dialoga con el pensamiento mismo, no con frases sueltas o recetas abreviadas o modas pasajeras. El marxismo de Sánchez Vázquez, a diferencia de otros caminos, exige el conocimiento profundo de los textos y su apropiación crítica.

Por ello dedicó gran parte de su esfuerzo intelectual a la traducción, la edición crítica y la profundización de categorías fundamentales.

En ambientes intelectuales tan hostiles, como los españoles y latinoamericanos, defendía cierta dosis de sano autodidactismo que él mismo cultivó. Solía decir que “a las cuestiones que plantea la construcción de una sociedad en nombre del marxismo y el socialismo, los diálogos más frecuentes y más fecundos para mí todavía marxista autodidacta y ‘ortodoxo’ fueron con los ‘hyperiones’ Jorge Portilla y Emilio Uranga… [que] ponían a prueba la consistencia de mis ideas. Con estos encuentros, así como con la literatura crítica que caía en mis manos, no sólo la de Sartre y Merleau-Ponty, sino también la de los jesuitas Cálvez, Bigo, Cottier y Chambre, y unidas a ellas mis lecturas de marxistas irreverentes como Lukács, Pannekoek, Korsch y Bloch, fueron quebrantándose, ya a finales de la década del Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

Historia y memoria

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El marxismo de Sánchez Vázquez, a diferencia de otros caminos, exige el conocimiento profundo de los textos y su apropiación crítica. Por ello dedicó gran parte de su esfuerzo intelectual a la traducción, la edición crítica y la profundización de categorías fundamentales.

cincuenta, los pivotes de mi adhesión a la versión institucionalizada, soviética, del marxismo. Pero, fueron sobre todo las interrogantes que brotaban de mi propia práctica política y las que se alzaban con el inesperado y sorprendente informe secreto de Jruschov en el XX Congreso del PCUS”. Autoformación y apertura a múltiples fuentes del pensamiento crítico hacen parte del legado del maestro.

Nuestra generación tiene una deuda invaluable con el profesor Sánchez Vázquez, quien decide traducir a finales de la década de los sesenta del siglo XX y presentar al filósofo checo Karel Kosic con su ópera prima La Dialéctica de lo Concreto. En un medio político y académico dominado por los manuales soviéticos y ciertas copias estructuralistas con su deformación “cientifista”, la introducción intelectual de Kosic representó un clima inspirador y necesario para retomar la vena filosófica del marxismo. Al mismo tiempo, inicia una profunda polémica con Althusser, en ese breviario, algo desconocido, titulado Ciencia y Revolución. El marxismo de Althusser (1978).

Tal vez, la segunda deuda y parte de nuestro duelo, es su insistencia en el componente filosófico del marxismo. Su estatuto teórico no puede reducirse sólo a economía política o teoría de la historia. Las categorías centrales del marxismo son profundas reflexiones filosóficas. Con Sánchez Vázquez, en ese texto magistral que leyó con emoción nuestra generación, Filosofía de la praxis (1967), volvimos a recorrer y reconocer la densidad filosófica del marxismo. Retomar con inmenso rigor la noción de praxis desde el mundo griego hasta Goethe, Kant, Hegel, Marx y Lenin. Compartir y ratificar con el maestro la necesidad de “hacer de la praxis su categoría central”, como también lo plantea Gramsci. Esta obra constituye uno de los libros fundamentales del marxismo en lengua castellana, al tomar distancia de su estatuto como “cosmovisión” o “mera teoría” hacia una filosofía como práctica transformadora de la realidad y la sociedad.

Estética y ética Afianzando la dimensión filosófica del estatuto teórico del marxismo nos encontramos con otro importante desafío, que hoy hace parte de nuestra deuda con el maestro: develar ese continente desconocido de la estética y la ética como pilares fundamentales _62

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del pensamiento marxista. Nuestra generación tenía pocos elementos para adelantar esta tarea. Y Sánchez Vázquez publica en 1970, la compilación más completa en lengua española sobre las relaciones entre Estética y Marxismo (1970), que avanza en sus estudios iniciados en su texto Las ideas estéticas de Marx (1965).

Una enciclopedia en dos tomos que abarca los escritos estéticos más relevantes de la historia del marxismo en los siglos XIX y XX. Nos proporciona las fuentes directas para acompañar la refundación estética del pensamiento crítico. Un mundo sin belleza no puede ser ni justo ni verdadero.

El ámbito de la ética tampoco puede quedar descuidado y en 1969 edita un manual para alfabetización en asuntos de eticidad.

Sabe que la dimensión ética en el marxismo ha tenido una lectura paradojal. Conoce que a partir de la II Internacional se ha conformado un fuerte movimiento intelectual (Kautsky; Adler; Bernstein) que clama por «completar» a Marx con Kant, planteando una especie de «vacío ético» en la obra del pensador de Tréveris. La preocupación ética lo acompañó en todo su trasegar vital y en uno de su últimos escritos retoma su tesis central: hay un lugar para la moral en el marxismo, pero mediado por una condición: su alejamiento de una interpretación cientifista, objetivista o determinista, destacando siempre su carácter de “filosofía de la praxis”. El marxismo es eticidad porque en su concepción está presente la crítica de lo existente, un proyecto alternativo de emancipación y la práctica transformadora.

Sánchez Vázquez, recupera ese “pathos ético”, tan característico del marxismo latinoamericano, como lo señala Michael Lowy.

Las categorías centrales del marxismo son profundas reflexiones filosóficas. Su estatuto teórico no puede reducirse sólo a economía política o teoría de la historia.

Con Sánchez Vázquez, en ese texto magistral que leyó con emoción nuestra generación, Filosofía de la praxis (1967), volvimos a recorrer y reconocer la densidad filosófica del marxismo.

Tesis no utópicas sobre la utopía Con inmensa conciencia anticipatoria, como anunciando la bancarrota del denominado «socialismo real», nos recordó la función revolucionaria de la utopía. Mientras nadie hablaba de pensamiento utópico, el profesor Sánchez Vázquez, en 1970, formulaba la reivindicación del espacio teórico para el concepto de utopía. En esa desértica década de los noventa, frente al derrumbe de la Unión Soviética, no sólo nos apoyo con argumentos para comprenderlo, sino también dio bases centrales para refundar las utopías anticapitalistas.

Las críticas de Marx y Engels se dirigen a ciertos utopismos que trazan Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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“cuadros quiméricos” de la sociedad futura; también al reformismo y ciertos tipos de anarquismo voluntarista. Pero en ningún caso a la necesidad humana de prever posibles rasgos de las sociedades por-venir.

Entonces recuerda aquella aguda frase de Marx y Engels en la Ideología Alemana: “el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual”. Formula once tesis sobre la utopía, que, recuperando la crítica hecha por los fundadores a cierto utopismo, aspira a nunca abandonar la idea del socialismo. Algunas de esta tesis son estremecedoras y diagnostican nuestro presente latinoamericano: a. el deseo de realización no garantiza la realización misma. La utopía es una idea no realizada, realizable a los ojos del utopista, pero, en definitiva, irrealizable; b. la utopía, como idea no realizada y como práctica utópica, entraña cierta destrucción de la unidad de la teoría y la praxis; c. la utopía revela un hueco que la ciencia no puede llenar; de los utopistas se han limitado a imaginar el mundo de distintos modos, de lo que se trata es de construirlo.

El duelo ante la muerte del maestro Sánchez Vázquez es de la magnitud de nuestra deuda. Su pérdida vital tendrá consecuencias para el pensamiento crítico latinoamericano.

Bibliografía » Hobsbawm, E. Historia del siglo XX: 1914-1991.

Barcelona: Editorial Crítica, 2000. » Kosic, K. Dialéctica de lo concreto. » Sánchez Vázquez, A. Las ideas estéticas de Marx.

México: Ediciones Era, 1965. » Sánchez Vázquez, A. Filosofía de la praxis. México: Editorial Grijalbo, 1967. » Sánchez Vázquez, A. Estética y Marxismo: presentación y selección de los textos. México Ediciones Era, 1970. » Sánchez, Vázquez, A. Ciencia y Revolución. El marxismo de Althusser. Madrid: Alianza Editorial, 1978. » Sánchez Vázquez, A. El valor del socialismo. Málaga: Ediciones El Viejo Topo, 2003.

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Adolfo Sánchez Vázquez.

Imagen tomada de:http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2011_196.html

Nº 15, Septiembre de 2011 · Bogotá, Colombia

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El diálogo es la ruta Jairo Estrada ÁlvarEz

La dinámica del conflicto social y armado viene mostrando con tozudez que “el fin del fin” anunciado hace un par de años parece no tener fin. En los teatros de la guerra, en ocasiones acompañados de la noticia erigida en espectáculo, se escenifica con mayor frecuencia la imposibilidad de una paz de los vencidos. La confrontación militar muestra incluso que en guerras de largo aliento como la colombiana son posibles las idas y venidas, pues las fuerzas en contienda siempre tienen la posibilidad de desplegar su capacidad adaptativa o de rehacer sus estrategias para proyectarlas en diferente escala. En esas llevamos más de cinco décadas.

Si la guerra no ha tenido solución en su “ambiente natural”, mucho menos la tendrá en el discurso y la retórica, o en los escritorios de los investigadores y de los productores de la opinión. Tampoco en la configuración de marcos normativos para una rendición que no llegará. La permanente producción (mediática) de deseo es insuficiente para transformar lo objetivo existente. Plumas enardecidas o intelectualismo mercenario devenidos en teóricos de la guerra y de la solución militar no tienen -pese a la insistencia- la capacidad para definir el curso del conflicto. Tampoco las reflexiones apacibles bien intencionadas o el pacifismo que pregona las tesis de la asfixia democrática. La respuesta a ello está en la naturaleza social e histórica del conflicto colombiano. Asumirla se constituye en necesidad imperiosa si de verdad se quiere encontrarle un camino a la aparente sinsalida.

Recientes expresiones, como el encuentro de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, realizado en Barrancabermeja, con el acompañamiento de gobiernos locales, de sectores de la Iglesia, de organizaciones sociales y populares y de reconocidas organizaciones no gubernamentales comprometidas con la paz de Colombia, indican que es posible intentar la construcción de otro tipo de consensos en dirección a la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. Dentro de las muchas lecciones que produjo ese acontecimiento, debe destacarse precisamente el propósito de la apropiación social de la solución política. Es evidente que ésta no es un asunto de la competencia exclusiva de las fuerzas involucradas de manera directa en la contienda militar. La materialización de la idea sintetizada en la afirmación el diálogo es la ruta exige la construcción de movimiento social y popular y la derrota de los enemigos agazapados de la paz.

No es una tarea fácil en un país en el que logró entronizarse en su pasado más reciente una especie de fascismo social y, con ello, la idea consistente en que la mejor manera de resolver los conflictos es buscando el extermino del otro. El reto que nos impone hoy la historia consiste precisamente en demostrar que es posible caminar hacia una sociedad que le pueda dar a los conflictos sociales y de clase que le son inherentes un trámite distinto al de la guerra. _66

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DATOS IMÁGENES Las imágenes presentados en este número fueron tomados de las fuentes indicadas en cada pie de imagen. *En portada: “El diálogo es la ruta” Fotografía: Documental Amarillo Agencia Prensa Rural *En bandera Marcha por la paz.

Fotografía: Manuel Chacón Agencia Prensa Rural y en esta página: Marcha por la paz.

Fotografía: Documental Amarillo Agencia Prensa Rural Agradecemos especialmente a Agencia Prensa Rural www.prensarural.org por permitirnos hacer uso de sus imágenes.

Todos los números de la publicación se pueden consultar en www.espaciocritico.com

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