REPARTO DE UTILIDADES
Sobre las utilidades percibidas por los trabajadores, la propuesta considera que si varias empresas pertenecen a un mismo grupo económico y comparten procesos productivos, comerciales o de servicios, se las considerará como una sola para el efecto del reparto de utilidades, conforme los parámetros que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales. Esta reforma elimina en materia de reparto de utilidades, la llamada planificación laboral nociva. De igual manera, el retraso en el pago de utilidades implicará el pago con intereses al trabajador. Pero, también regula las inequidades entre los trabajadores por los montos de las utilidades que se reciben. De aprobarse el proyecto, no podrán exceder 24 salarios básicos unificados, equivalentes a 8.160 dólares. En caso de que el monto supere el valor establecido, el excedente será entregado al Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social (IESS), para financiar las pensiones jubilares de los trabajadores autónomos y de las amas de casa.
OTROS PUNTOS
La mensualización voluntaria de los décimos sueldos, tanto para el sector privado como público, también se modificaría, pasando a ser optativo el cobro mensual o anual. Además, el proyecto recoge la democratización de las organizaciones sindicales para elegir a sus dirigentes a través del voto universal, libre y secreto, así como el de poder sufragar para el comité de empresa, sin necesidad de estar afiliado a algún sindicato. El Ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, resaltó que, una vez cumplido los 90 días de prueba del contrato, este se convertiría en indefinido; pero, a la vez aclaró que con la reforma los contratos ocasionales o de temporada no dejarán de existir, ya que se pueden dar en sectores como el florícola, agrícolas, entre otros.
LO QUE DIJO EL PRESIDENTE
Ecuador mantiene la tasa más baja desempleo en Suramérica con un 4,9 %, incluso bajo el promedio en América Latina que es del 6,3 %
Tras la entrega del paquete de reformas a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el jefe de Estado indicó que no puede existir verdadera justicia social sin la supremacía del trabajo humano, expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social y justa repartición de las ganancias. Luego, sostuvo que en una revolución social no se puede hablar de “mercado de trabajo” o “capital humano”, porque son aberraciones que reducen al empleo a una simple mercancía o factor de producción, y a los salarios a un precio establecido por las supuestas fuerzas del mercado. En medio de vivas de la multitud,
Correa destacó: “Nuestra revolución debe hablar de un sistema laboral donde la participación del Estado y del sindicalismo es fundamental; sistema laboral que debe reconocer el trabajo en todas sus formas: dependiente, independiente, pero también el trabajo no mercantil, y con ello, garantizar el derecho que tiene toda persona al final de su vida productiva para gozar de una jubilación digna. Esto, implica también rechazar las categorías capitalistas mercantilistas, donde todo aquel que no trabaja para el mercado, es económicamente inactivo”. El presidente subrayó que, en este gobierno, las leyes a favor de la clase trabajadora se han profundizado; se terminó con la tercerización, con la “semiesclavitud” de las empleadas domésticas y con la impunidad ante la falta de asegu-
ramiento social. “Hoy tenemos un salario mínimo que cubre la canasta básica y el más alto en términos reales de la región andina. Contamos con una moderna y justa ley para los servidores públicos, los salarios promedios en el sector privado han subido sustancialmente, nuestros maestros, funcionarios y fuerza pública, son los mejores pagados de la región. Además, de haber renovado sensiblemente sus condiciones de trabajo”, manifestó. Así mismo, acotó que en la actualidad el país tiene una de las más bajas tasas de desempleo de la historia y, prácticamente, pleno empleo para los ciudadanos con discapacidad. Después añadió que se cumplen los derechos de la clase trabajadora y su familia entregándoles educación, salud, seguridad y servicios públicos completamente gratuitos.
El sindicalismo “moderno no
puede caer en el anarcosindicalismo que considera al Estado su enemigo e intenta reemplazarlo. El sindicalismo moderno debe entender lo público como lo que es: de todos
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