Fotos: Flickr (Presidencia de la República)
En respuesta, el Alcalde de Guayaquil ha expresado que de aprobarse la ley, no la acatará por ser inconstitucional. “Si la ley sale, en Guayaquil no la vamos a obedecer, no por prepotencia, como por ahí se ha dicho, sino porque la Constitución nos manda en el artículo 424 que no la obedezcamos”, dijo. El alcalde de Quito también está en desacuerdo con la legislación que impulsa el gobierno al señalar que con ella “se encuentra en peligro la autonomía de los gobiernos seccionales y las facultades de sus autoridades”. Crecimiento urbano URBANO CRECIMIENTO El ministro sostiene que el crecimiento urbano ha sido desordenado, lo que ha tenido consecuencias negativas para los ciudadanos, la sociedad
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El proyecto de ley promulga un modelo de gestión orientado a la aplicación de las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
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Según Calderón, la iniciativa establece que en caso de crearse la superintendencia y la junta, estas no afectarían la autonomía de los municipios y, más bien, las integra a una participación en la planificación y desarrollo de las urbes. El texto del cuerpo legal contiene disposiciones sobre ordenamiento territorial, desarrollo urbano y rural, gestión y uso del suelo, sistema de información, junta regulatoria del territorio, superintendencia del territorio y el suelo, estándares de calidad ambiental, infracciones y sanciones.
COMBATIR LA ESPECULACIÓN CON LA TIERRA Actualmente, en el país existen 720.000 hogares en asentamientos irregulares, de acuerdo con el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Diego Aulestia. Sobre los cuestionamientos al proyecto de ley emitidos por el alcalde de Guayaquil, Jaime Ne-
bot, y su colega de Quito, Mauricio Rodas, el secretario de Estado ha manifestado su rechazo a esas declaraciones y las atribuye al desconocimiento que ambos alcaldes tendrían sobre la normativa. Aulestia precisa que la norma no busca interferir con las competencias de las municipalidades, sino establecer lineamientos generales, claros y homologados, sobre planificación urbana. El funcionario agrega que en el proyecto se establece que la determinación del uso del suelo en cada jurisdicción cantonal seguirá siendo atribución de los gobiernos locales. Dice, además, que al crearse la superintendencia se controlará que los cabildos cumplan con los planes de desarrollo urbano, que ellos mismos impulsan, y compara la normativa como las sanciones que aplica el Ministerio del Ambiente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), cuando no controlan los desechos que se arrojan a los cauces de los ríos.
y la economía. Cita como ejemplo la proliferación de asentamientos urbanos irregulares, casos de personas que -movidas por una necesidad legítima, pero en muchos casos engañados-, se ubican en zonas de alto riesgo, sin los servicios básicos y sin que exista una verdadera incorporación a la ciudad. Otra secuela es el fraccionamiento de los suelos agrícolas, muchas veces invadidos y con la misma carencia de necesidades básicas que los sectores periféricos urbanos. El presidente Rafael Correa también ha rechazado los cuestionamientos de la oposición y ha enfatizado en que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo no atenta contra la autonomía de los municipios, al contrario, según el mandatario, les otorga instrumentos para una mejor planificación urbana.
VOZ DE LOS ASAMBLEÍSTAS Criterio opuesto tiene el asambleísta del bloque socialcristiano e integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, Henry Cucalón, al considerar que la creación de la junta y la superintendencia es inconstitucional. “Para establecer otro nivel de control habría que hacer cambios a través de la Carta Magna. Una ley no es suficiente”. Lourdes Tibán, del movimiento Pachakutik, aclara que la Constitución habla de un Estado descentralizado, pero si el oficialismo prepara este proyecto de ley, lo único que va a hacer es engordar más al Estado, “se quiere controlar todos los espacios”, remarca la asambleísta. Para la legisladora Liliana Guzmán, del movimiento Alianza PAIS, la
La ley busca regular los asentamientos irregulares ubicados en áreas como las riberas de canales y en sectores que carecen de servicios básicos 5