Prólogo

PRÓLOGO

En su visión estructural, constructivista e integrada de la sociedad, el célebre sociólogo francés Pierre Bourdieu, nos muestra cómo el derecho, como institución y como práctica social, es un reflejo y una concretización de lo que es la sociedad en sí misma, de lo cual se desprende que los esfuerzos por mejorar las instituciones de administración de justicia, a través de las cuales el Estado ejerce su función de garante del orden social, tales como el Ministerio Público, no es plenamente posible sin hacer un esfuerzo simultáneo por mejorar la sociedad en su conjunto, y con ella, las instituciones y prácticas sociales “clave” que la definen, como la familia, la educación, y los modos típicos de entender el progreso y el éxito personal, entre otros.

Así pues, comprender la evolución contemporánea de una Institución decisiva para la vida institucional del país, como lo es el Ministerio Público, trabajo que realiza, lúcidamente, Julia Correa en esta historia de las ideas, es a la vez comprender la sociedad panameña contemporánea, a través del prisma que ofrecen las instituciones y prácticas investigativas y punitivas, que se han institucionalizado a través del trabajo de la Procuraduría General de la Nación.

Y, es en este punto, precisamente, en donde radica el mérito de la investigación realizada por Julia Correa, quien, siendo educadora de profesión, abogada y doctora en Derecho, ha conocido los desarrollos y las transformaciones de la Procuraduría General de la Nación en toda su historia contemporánea, ya que ha estado cerca de los mismos, en razón del ejercicio profesional del derecho, o a raíz de su trabajo en la dirección del Programa de mejoramiento de la justicia. En este sentido, ha sido esta cercanía la que le ha servido para comprender, desde una visión de conjunto, las dinámicas de evolución, y, en ocasiones de involución de la Procuraduría General, perspectiva en la cual se apoya para

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formular sus propuestas de mejoramiento de este núcleo fundamental de la institucionalidad nacional.

En esta investigación, tal como lo hemos mencionado anteriormente, no se trata meramente de un trabajo historiográfico de reconstrucción de hechos, acontecimientos y personajes protagonistas, sino que es, ante todo, una historia de las ideas, en la cual, las formas de pensar categorías como “lo público”, “la investigación penal”, “los sistemas procesales” y la “noción de justicia”, ocupan un papel central, cuyos desarrollos históricos se han visto favorecidos, o, en algunas ocasiones, oscurecidos, por las idiosincrasias axiológicas que nos definen, evidenciándose así la íntima relación entre los valores y las prácticas sociales, y la vida institucional de nuestra sociedad.

El poner de manifiesto la presencia de un espíritu garantista, como una idea transversal en la gestión de Jorge Ramón Valdés, el entender la modernización administrativa, el desarrollo de infraestructuras y la capacitación del recurso humano, como ejes que definen el trabajo de José Antonio Sossa a la cabeza de la Procuraduría General, así como el haber constatado el enfrentamiento entre la idea benthamiana que maximiza la utilidad y el pensamiento rawlsiano que prioriza la justicia, durante el período de Ana Matilde Gómez, con el consecuente resquebrajamiento institucional, constituyen un ejemplo de lo que pudiéramos llamar “una historia de las ideas institucionales en Panamá”, siendo el trabajo de Julia Correa un esfuerzo pionero en este intento de entender las formas de pensar que determinan los hechos histórico – institucionales.

Desde esta perspectiva, una de las ideas que más ha transformado la Procuraduría General de la Nación durante el período contemporáneo, ha sido la implementación del Sistema Acusatorio Penal, el cual, con un claro espíritu anglosajón y utilitarista, se implementó buscando una investigación y un juzgamiento penal más garantista y

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respetuoso de los derechos humanos de los investigados y procesados.

Pero, ha sido precisamente la falta de distinción entre “Ideas (o mentalidades) y hechos”, la cual el libro de Julia Correa ayuda a esclarecer, la que ha constituido un obstáculo para el éxito en la implementación de dicho sistema, dado que poner a funcionar un nuevo sistema de coordenadas penales, implica, al mismo tiempo, un “cambio en el formato mental” de los funcionarios que tienen el deber de implementarlo, el cual no se logra fácilmente a través de procesos de capacitación de índole más informativa que formativa.

Así pues, al igual de lo que ha sucedido en la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe, el Sistema Acusatorio Penal, en la práctica, se ha encontrado con grandes obstáculos, que van desde los meramente infraestructurales y de falta de recursos, hasta aquellos de tipo ideológico y sistémico, ya que para unos funcionarios formados en una mentalidad jurídico–penal propia del modelo europeo–continental, no ha sido fácil asimilar estructuralmente el sentido y las formas de razonar de un sistema pragmático y utilitarista, como lo es el Sistema Acusatorio Penal, originado en la mentalidad jurídica anglosajona.

Tal como lo afirmo en mi artículo titulado La administración de justicia en Panamá después de la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, “El Sistema Penal Acusatorio, correctamente asimilado y puesto en práctica, es el mejor instrumento para la plena vigencia del respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los imputados por las conductas desvaloradas lesivas a los bienes jurídicos de las personas, la sociedad, el Estado, y las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”.

A partir de estos supuestos, resulta evidente el mérito y la importancia de estudios como el que tenemos en nuestras manos, ya que los análisis, las decisiones, y las acciones que se

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toman en determinado momento de la historia, serán más éticas y eficaces, si se comprenden desde los marcos ideológicos que las sustentan y las explican. Este supuesto cobra una mayor importancia cuando reflexionamos sobre instituciones nucleares para la vida social y política de una nación, como es el caso de la Procuraduría General.

Así pues, si la sociedad con su personalidad histórica y con su talante axiológico determina la configuración de las instituciones públicas, son también dichas instituciones públicas las que ayudan e impulsan el mejoramiento y el progreso social; por este motivo, esfuerzos investigativos, como el realizado por Julia Correa en esta obra, fruto de su experiencia y de su compromiso como abogada, educadora y servidora pública, ayudan a construir ese “Panamá mejor” que todos deseamos y que le debemos a las futuras generaciones.

Aura Emérita Guerra de Villalaz.

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