Introducción

INTRODUCCIÓN

La Procuraduría General de la Nación panameña, surgió dentro de un marco histórico sui generis ligado e influenciado por vínculos históricos con el Reino de España, a Colombia y a su envidiada posición geográfica… nuestro destino manifiesto. Trabajar en la Procuraduría General de la Nación por trece años, apenas iniciado el camino hacia la consolidación de la democracia, reafirmó mi vocación de servicio, búsqueda de la verdad y la justicia, respeto a los derechos humanos y el debido proceso, mancillados por los 20 años de dictadura pasados.

Fue entonces cuando de la mano de prestigiosas juristas como Aura Feraud y Aura Emérita Guerra de Villalaz, coordinamos y ejecutamos un programa para el Mejoramiento de la Administración de Justicia en Panamá, inicialmente con fondos donados por los Estados Unidos, dirigido al Sistema Penal del Órgano Judicial y al Ministerio Público.

Producto de estas experiencias, presento a consideración de la comunidad jurídica, abogados, académicos y estudiantes, mis consideraciones y experiencias en la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, durante la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia, a través de este ensayo, compuesto por cinco capítulos.

En el primer capítulo deconstruyo la ejecución realizada en 27 meses por Jorge Ramón Valdés Charris, la relevancia del debido proceso, la atención a la violencia doméstica y la continuidad del plan de trabajo establecido entre los años 1993-1995.

En el segundo capítulo reconstruyo la actividad realizada en los diez años del periodo cuando completó José Antonio Sossa Rodríguez, hasta el último día entregó el despacho, como lo establece la Constitución y la Ley. Destaco la modernización

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infraestructural y administrativa que se dio durante la administración de Sossa, la continuidad de planes y programas como entidad responsable de la persecución de los delitos, el debido proceso, la presunción de inocencia, la tecnificación de la gestión, el equipamiento, modernización, la adecuación de la legislación ajustándola a los cambios de la sociedad, el principio de oportunidad como herramienta fundamental para lograr el descongestionamiento judicial, así como el cambio de modelo de gestión. Sin lugar a dudas, la época de José Antonio Sossa, puso al Ministerio Público panameño a la vanguardia de la instrucción sumarial.

Para el tercer capítulo muestro la otra cara de la moneda: en este capítulo deconstruyo la fractura institucional que sufrió la Procuraduría General de la Nación -y por ende el Ministerio Público-, a partir de la gestión de Ana Matilde Gómez Ruiloba, primera mujer designada Procuradora General de la Nación en los más de cien años de existencia de la institución.

Un cuarto capítulo lo dedico a revisar someramente como a treinta y dos años, tres periodos presidenciales y diez procuradores, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia en general, muestran una gran debilidad institucional frente a las complejas tareas que una sociedad cosmopolita, multiétnica, multicultural, compleja y tecnológica exige en pleno siglo XXI.

Como no es de mi interés la crítica destructiva y polémica, propongo en un quinto capítulo un diálogo activo y una Hoja de Ruta, a la luz de la ética cordial. Y es que espero humildemente, a través de este ensayo, poder contribuir al mejoramiento del accionar de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia en general.

Julia Correa Ortíz.

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