El Diario de Hoy www.elsalvador.com • Domingo, 10 de febrero de 2013
NACIONAL // 11
Los docentes no podrán denunciar las necesidades de los centros escolares El artículo 32 del anteproyecto de ley establece que los docentes deben guardar silencio sobre temas sensibles.
Susana Joma La propuesta de ley daría más poder a las direcciones departamentales. FOTO EDH / ARCHIVO
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tros, que no se defina el proceso que un profesional graduado, por ejemplo, en Biología de universidades de prestigio como el MIT, Harvard o Yale deberá seguir para ser maestro en el país. “¿Deberá tomar 32 cursos para ejercer acá?”, se pregunta. De igual manera destaca que la nueva propuesta de Ley de la Carrera Docente no establece claramente si las universidades seguirán dando formación inicial docente, pese a que en uno de los artículos cita que los docentes tienen que someterse a cursos que estas impartan. “El resto, sólo es administrativo, jurídico y político. En síntesis, con esta Ley nada va a cambiar ni a mejorar; no hay preescrito un sistema de evaluación concreto que establezca consecuencias, como las tienen los propios alumnos, de aprobar o reprobar”, agregó Picardo Joao.
No los toman en cuenta El sector privado tiene su propia visión entorno a la propuesta de ley. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes), reconoció que les asusta el hecho de que el proceso de formación de la ley no ha sido participativo. Un ejemplo de eso, indicó, es que ellos no han sido convocados en ningún momento para discutirla. “El tema de la educación privada en la Ley (de la Carrera Docente) siempre lo han aplicado como que si fuéramos del sector público. Los requisitos que les piden a los directores del sector privado son los mismos que se
“Los funcionarios ya no quieren acudir a denunciar, sino que sean las Juntas (de la Carrera Docente) las que inicien el proceso, hagan las diligencias y sentencias. Eso es totalmente dañino. Van a poner a las Juntas a perseguir a los maestros”
“Tal como resolvió nuestro congreso, las preocupaciones más grande del 2013 están relacionadas con las pretensiones que tiene el Mined de reforma la Ley de la Carrera Docente. Hemos conocido un anteproyecto que, cuando uno lo analiza, es muy dañino para los docentes”
PAZ CETINO GUTIÉRREZ, Secretario general de Bases Magisteriales
MANUEL MOLINA, Secretario general de Simeduco
nacional@elsalvador.com
Los educadores no podrán denunciar o confirmar ante los medios de comunicación los problemasylasdiversasnecesidades que enfrentan las instituciones educativas. Eso es lo que ocurrirá si la propuesta de ley de la carrera docente que el Ministerio de Educación es aprobada. Actualmente, cuando los directores de centros educativos han hablado al respecto reciben regaños de parte de los directores departamentales. Se trata de una situación que los mantiene temerosos hasta para opinar. Sin embargo, en lo sucesivo emitir alguna queja podría costarles más que un regaño. El artículo 32 del anteproyecto de ley define que entre las obligaciones de los educadores está “guardar discreción sobre asuntos sensibles de que tenga conocimiento por razón del cargo que ocupa”. El hecho es que eso de “temas sensibles” es muy ambiguo y puede prestarse a diver-
sas interpretaciones. A ello se suma el hecho de que, según el artículo 68, será una falta grave “la desobediencia a los superiores jerárquicos en asuntos relacionados con el quehacer educativo o con el desempeño laboral, o la falta de respeto a dichos superiores, a sus compañeros de trabajo, a los educandos y a los padres de familia de estos, sea en su presencia, en escrito o que se les dirija publicidad”. Además, si los educadores reciben amonestaciones podrán recibir sanciones sin goce de salario y, si estas son consecutivas, pueden enfrentar despedidos. Eso no es lo único que llama la atención a los educadores. Jorge Villegas, miembro del Simeduco, señaló otro punto. El numeral 3 del artículo 31 establece que los educadores tendrán derecho a la participación consultiva, por sí mismos o por medio de organizaciones gremiales, solo pueden opinar entorno a la elaboración de planes de estudio, programas y proyectos concernientes a mejorar la educación nacional. El artículo 30 de la Ley vigente establece que ellos pueden abordar distintos aspectos de importancia para la educación. Lo cual tiene un
alcance más amplio. Por ejemplo, cita que el recorte del 50 % al presupuesto de los centros educativos rurales y urbano marginales del programa Educo tendría que habérsele consultado al magisterio o las gremiales. Eso no ocurrió. Por otra parte, Villegas cuestiona el artículo 32, numeral 4, donde se señala que es obligación del educador “asumir las instrucción que reciba de sus supervisores en lo relativo al desempeño de sus labores”. Según Villegas, se debería de dejar claro que la obediencia es obligatoria siempre que las instrucciones sean “legales”. Los gremios docentes también se llevan su parte. La propuesta de reforma habla de que los docentes tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones gremiales constituidas legalmente para defender sus intereses económicos, profesionales y sociales y para difundir su pensamiento. No obstante, hay un artículo que los inquieta. En el artículo 39 numeral 3 se habla de que se suspenderá el pago del salario “por ejercer un cargo directivo gremial que le impidadedicarsealnormaldesempeño de su cargo”.
“Conozco un proyecto, pero en este momento lo estamos discutiendo en el Consejo Ejecutivo (de Andes 21 de Junio) y el consejo jurídico. La intención del borrador es positiva, lleva cosas buenas, pero también cosas que no aceptamos, pero no puedo aventurarme a dar una posición” ISRAEL MONTANO, Secretario general Andes 21 de Junio
le piden a los del público”, aseveró Hernández. En efecto, la propuesta deja fuera a los miembros del sector educativo privado. Según indica Hernández, otra parte de la ley actual que sería modificada es la que se refiere a la administración escolar, puesto que
se les exige como si ellos, al igual que las escuelas, estuvieran administrados por Consejos Directivos Escolares (CDE). “Prácticamente no nos incluye y después, cuando quieren aplicarla, lo hacen de una vez”, detalla el dirigente.
Reparaciones y mobiliario son solicitudes frecuentes de los directores. FOTO EDH / ARCHIVO