Ley

“Modelos” de regularizanción del cannabis

En el presente artículo, vamos a tratar de exponer al lector los dos supuestos modelos de Club Social Cannábico que sonaron con mucha fuerza en los medios de comunicación, y que a día de hoy suponen las primeras experiencias que se han dado en el Estado Español en las que se ha implicado en el trabajo de las asociaciones a la administración pública en distintos niveles, es decir local y autonómico. Nos referimos por tanto, a los casos de sobra conocidos por quien nos lee, que son Rasquera en Catalunya y el caso de la Comunidad Autónoma Vasca.

Rasquera un sobresalto cannabico.

En primer lugar, vamos a tratar de explicar la experiencia que se ha dado en Rasquera, un pueblo de la comarca catalana de la Ribera de l’Ebre, en el que a partir de un contrato entre la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo y el Ayuntamiento de dicha localidad, se ha tratado de crear un cultivo colectivo para abastecer a los 4.000 miembros de dicha asociación en terrenos que serán propiedad del consistorio.

Este contrato público entre los dos entes (público y privado), que tiene como objeto principal el abastecimiento de la mencionada asociación, a partir de un cultivo colectivo gestionado por la propia asociación en terrenos cedidos por el ayuntamiento de la localidad, tiene su origen en un acuerdo adoptado por el pleno de la localidad que tuvo lugar el 29 de febrero de 2012, y que se enmarca en un plan de actuación contra la crisis, llamado “Plan de Actuación Municipal Anticrisis 2012 para la Dinamización Económica y Social de Rasquera”, y que por tanto fue justificado por el alcalde de dicha localidad, como una posibilidad real de creación de puestos de trabajo y de aumentar en gran medida el erario de dicha localidad, sin necesidad de subir impuestos o recortar servicios públicos, cabe decir que el pleno está formado por 4 concejales de ERC y 3 de CIU, votando a favor del plan únicamente los primeros.

Esta puesta a disposición de terrenos públicos y gestión privada del cultivo, conllevaría a partir del pago de las cantidades estipuladas en dicho contrato la creación de dos entidades empresariales públicas, “Rasquerana de Recerca i Interpretació de la varietat vegetal Cànnabis Sativa L (RRICA)” y “Rasquera Gestió Econòmica”.

La primera sería creada para la compra de los terrenos a particulares privados, así como para la gestión de la seguridad del cultivo, y mediaría entre la asociación y el Ayuntamiento. Y la segunda se encargaría del estudio y creación de nuevos proyectos de regeneración económica para el pueblo, siempre orientados a la producción y tratamiento de cannabis para diferentes usos (p.e. bancos de semillas, textil, estudio de efectos terapéuticos de la planta, etc..), así como la promoción de otros productos típicos de la agricultura del pueblo queso de cabra, aceite, etc...

Después de votarse favorablemente el acuerdo en el pleno del Ayuntamiento, los contratos fueron publicados por un periodo en el que se presentaron alegaciones, mientras la Fiscalía de Tarragona iniciaba un estudio de la viabilidad penal del plan y la Abogacía del Estado de Tarragona recurría en vía contencioso-administrativa los acuerdos, admitiéndose a trámite dicho recurso y Felip Puig, Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, advertía de una inminente intervención de los Mossos d’Esquadra, en caso de iniciarse la plantación.

Finalmente, el alcalde del pueblo planteó un referéndum sobre la aprobación del “plan anticrisis” para el 11 de abril de este año, del que esperaba obte-

ner un 75% entre los ciudadanos del pueblo de votos favorables, pero en el que obtuvo finalmente un 56%, que aún suponiendo la mayoría del pueblo, no se ha considerado suficiente por el propio alcalde para dar continuidad al proyecto, y éste, actuando consecuentemente con su promesa, al día siguiente de la celebración de la consulta planteó su dimisión. A día de hoy se estudia la posibilidad de dar continuidad al proyecto.

Reconocimiento de un modelo consolidado entre activistas y usuarios.

Con cierta prelación en el tiempo a la propuesta de Rasquera, se presenta en el 12 de Diciembre de 2011 por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, un anteproyecto de Ley de Adicciones, que según el propio viceconsejero de Sanidad, pretendía la regularización de “pautas consolidadas”, en relación al consumo, producción y distribución de Cannabis.

Nueve días después, todos los grupos de la cámara autonómica vasca (PP, PNV, PSE, EA, Aralar, Ezker Batua y UPyD), dan luz verde por unanimidad a un proyecto no de ley, para la regulación del consumo de cannabis, que se marca como primer objetivo la creación de una ponencia específica para el presente año que solucione la regulación de los clubes sociales cannábicos.

Los parámetros de esta iniciativa parlamentaria, según miembros del propio Departamento de Sanidad vasco, son “buscar un regulación orientada a establecer una regulación orientada a evitar el tráfico ilícito, la protección de los menores, la prevención de la salud y dar un soporte normativo al autoconsumo y al autocultivo de una forma responsable”.

De este proyecto parlamentario, que en un futuro pretende cristalizar en una o varias disposiciones normativas, cabe destacar el innegable impulso que han tenido la gran cantidad de asociaciones que han estructurado sus cultivos a través de clubes sociales en el País Vasco, hasta constituir una realidad ciudadana ineludible para los partidos políticos, que han comprobado como la normalización y la responsabilidad en la autogestión y el autoconsumo deben ser jurídicamente valorables y en consecuencia protegibles, deviniendo las asociaciones en sujetos de derecho, con sus derechos y obligaciones correspondientes.

Esta propuesta parlamentaria supone además un paso en la aplicación por parte de la Administración de los principios establecidos por la F.A.C (Federación de Asociaciones Cannabicas), así como en el reconocimiento de los derechos de los usuarios, y de una realidad estructural paralela a la establecida legalmente, como es la actividad de las asociaciones y clubs.

Aún así, y siempre reconociendo el avance que esta iniciativa “quasilegislativa” supone, como bien se apuntó desde la propia federación, en conocerse la noticia, no debe de abandonarse el escepticismo ante este tipo de iniciativas, en tanto que, para que el reconocimiento de los derechos de cultivadores y usuarios sea efectivo y tenga una mínima aplicación práctica, procede una reforma legislativa global que tenga como resultado la inaplicación de la Ley 1/1992 de