Módulo 3 Unidad 1 usb

PSICOLOGÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS Autoras: ADRIANA P. ESPINOSA BECERRA ANGELA C. TAPIAS SALDAÑA

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Tabla de Contenido 1 UNIDAD TEMÁTICA I. AFECTACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y ACCIONES PSICOSOCIALES ............................................................................................................................................. 4

1.1

ASPECTOS MOTIVACIONALES ............................................................... 4

1.2

ESTRUCTURA CONCEPTUAL ................................................................. 5

1.3

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS .............................................................. 5

1.4

EXPERIENCIAS PREVIAS DE APRENDIZAJE ......................................... 7

1.5 AFECTACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y ACCIONES PSICOSOCIALES ..................................................... 7 1.5.1

Reacciones habituales y trastorno mental .................................................................. 7

1.5.2

Duelo ......................................................................................................................... 11

1.5.3

¿Qué se debe hacer? ................................................................................................. 14

1.5.4

Daño psicológico, daño moral e impacto psicosocial................................................ 20

1.5.5

Impacto diferencial ................................................................................................... 24

1.5.6

Incesto ....................................................................................................................... 26

1.5.7

Violencia Conyugal .................................................................................................... 28

1.5.8

Delitos sociopolíticos................................................................................................. 29

1.5.9

Desaparición forzada y sugerencias de intervención ................................................ 32

1.5.10

Secuestro ................................................................................................................... 33

1.5.11

Sugerencias para la intervención en secuestro ......................................................... 34

1.5.12

Pericia psicológica forense como medio de conocimiento ....................................... 34

1.5.13

Enfoque de derechos y de salud ............................................................................... 39

1.5.14

Ejes para el análisis diferencial .................................................................................. 43

1.5.15

Diferenciación entre víctima y paciente.................................................................... 47

1.6

ACCIONES PSICOSOCIALES EN EL ABORDAJE A VICTIMA .............. 52

1.6.1

Asesoría psicológica .................................................................................................. 53

1.6.2

Intervención psicosocial ............................................................................................ 54

1.6.3

Estado de crisis y perspectiva diferencial de la crisis ................................................ 57

1.6.4

Primeros auxilios psicológicos ................................................................................... 60

1.6.5

Sugerencias para la intervención: ............................................................................. 63

1.6.6

Revictimización y acción sin daño ............................................................................. 65

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1 UNIDAD TEMÁTICA I. AFECTACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y ACCIONES PSICOSOCIALES

1.1

ASPECTOS MOTIVACIONALES

La violencia busca la dominación y control no sólo en lo individual sino en lo colectivo; ésta causa diversos efectos negativos sobre la vida de las personas y las comunidades. Franco (1998) afirma: “Es múltiple y creciente el impacto de las diferentes formas de violencia sobre las personas y su salud, y sobre la sociedad en su conjunto. De un lado, la violencia deteriora de manera significativa la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo y bienestar individual. Ella produce incertidumbre, miedo, dolor e inseguridad, alterando por tanto la salud mental y el desarrollo psicoafectivo de las personas. Pero, altera también los proyectos colectivos, el funcionamiento social, el desarrollo económico y la legitimidad del Estado”.

Conocer las diferentes respuestas que se pueden presentar producto de la exposición a hechos violentos, le permite direccionar al facilitador sus esfuerzos para ser más efectivo en su actividad. Cuando a una persona se le han vulnerado sus derechos, experimenta una serie de situaciones bastante complejas especialmente en el plano psicológico, generando la mayoría de las veces ansiedad, estrés y depresión. En algunos casos, estas reacciones son adaptativas y transitorias, pero en otro casos, se convierten en situaciones que sobrepasan la capacidad y estrategias de afrontamiento de quien las padece.

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Por eso, es tan importante que los encargados de la atención a víctimas identifiquen las condiciones en las que se están desarrollando las consecuencias derivadas de una exposición a un hecho violento, las diferencias implícitas en las variables que caracterizan a la víctima, y los factores de riesgo y protectores que le acompañan.

1.2

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

1.3

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Ofrecer a los estudiantes, una herramienta conceptual y práctica, que permita comprender y analizar la problemática del acompañamiento a víctimas, a partir de las afectaciones psicosociales que se derivan, contribuyendo a generar una orientación más adecuada y específica, que facilite el acercamiento a esta población.

COMPETENCIAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica la forma como la Psicología, aporta a la discusión

relacionada

con

las

afectaciones

psicosociales a víctimas del conflicto armado. 

Reconoce la importancia del enfoque diferencial en el momento

COGNITIVAS

de

comprender

las

afectaciones

psicosociales de las víctimas. 

Identifica los diferentes tipos de intervenciones: asesoría psicológica, acompañamiento psicosocial e intervención en crisis.



Maneja aspectos conceptuales dentro de la temática,

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los primeros auxilios psicológicos y procesos de revictimización. 

Reconoce

la

importancia

de

la

relación

interdisciplinaria inmersa en el ejercicio del trabajo con víctimas, y por ende la necesidad de trabajar en equipo. 

Involucra adecuadamente las variables implicadas en una problemática

PRAXIOLÓGICA

particular relacionada con

la

atención psicosocial a víctimas. 

Propone y estructura estrategias acordes con los postulados teóricos que ofrece la psicología en temas relacionados con la atención psicosocial a víctimas.



Propone y estructura estrategias acordes con los postulados teóricos que ofrece la psicología en temas relacionados con la acción sin daño, evitando la revictimización.

 AXIOLÓGICA

Reconoce y actúa de acuerdo con un marco ético y disciplinar.



Identifica y construye un marco ético relacionado con el

quehacer

de

los

sujetos

encargados

del

acompañamiento a víctimas. 

Estructura

propuestas

de

atención,

asesoría

y

acompañamiento de acuerdo con las particularidades del caso tomando como COMUNICATIVA

referencia postulados

teóricos emanados desde la psicología. 

Demuestra dominio en intervenciones orales, maneja un adecuado nivel de fluidez verbal, poniendo en práctica competencias cognitivas especialmente la argumentativa.

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1.4

EXPERIENCIAS PREVIAS DE APRENDIZAJE

El estudiante

debe conocer y manejar las

disposiciones legales

relacionadas con la asesoría y acompañamiento a víctimas, lo dispuesto en la ley penal colombiana, la jurisprudencia y la doctrina que la sustenta. De igual manera, sabrá identificar los diferentes escenarios en los que puede interactuar directamente con la víctima, así como las necesidades que de allí se derivan.

1.5

1.5.1

AFECTACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA Y ACCIONES PSICOSOCIALES

Reacciones habituales y trastorno mental

La vida cotidiana trae consigo desafíos por afrontar, como la consecución de un trabajo, la superación de una enfermedad, la consolidación de un patrimonio, entre muchos acontecimientos que hacen parte de la historia de vida de cada persona; y que incluso, en escenarios de “normalidad”, pueden evocar reacciones psicológicas, como por ejemplo, estrés, ansiedad, entre otras; que aunque sencillamente son situaciones “esperables” dentro de la regularidad social, muchas veces superan la capacidad de afrontamiento del individuo.

Sin embargo, existen también situaciones indeseables, para las cuales nunca está preparado el ser humano; como el delito, la victimización y la búsqueda de justicia, circunstancias que desencadenan mayores reacciones psicológicas y logran alterar los vínculos sociales. Dentro de las conductas antisociales, habrá actos punibles más sencillos de superar que otros; por ejemplo, es más sencillo trascender un hurto simple, que un hurto con violencia, con uso de armas, cuyo resultado final es un homicidio. Por esto, se requiere de

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un amplio profesionalismo por parte de quienes trabajan atendiendo a las víctimas, ya que son múltiples los impactos a nivel biológico, psicológico, social y cultural, que se derivan de esta condición; a estas reacciones y a otros temas de interés en este vasto y complejo panorama, está dedicada esta unidad, la cual también incluye un espacio para considerar los efectos que este trabajo genera en los servidores de la justicia que día a día se desgastan en esta demandante labor.

La victimización genera diversos tipos de reacciones, algunas temporales y otras permanentes, algunas que se logran sobrellevar con los propios recursos psicológicos y otras que requieren de asesoría profesional; algunas afectaciones generales, compartidas con las víctimas que padecieron el mismo delito o crímenes similares, en contraste con otras respuestas particulares derivadas de la personalidad, de la historia y de las estrategias de afrontamiento previas.

Dentro de los efectos de la victimización es probable que se desencadene algún trastorno mental, sin embargo cuando se menciona el término enfermedad mental, hay una reacción social de antipatía, sin distingo de condiciones socioculturales, pues se considera, que los síntomas de la enfermedad mental resultan dramáticos, incurables y vergonzosos. Esto indica desconocimiento, ya que varias psicopatologías

son

comunes,

transitorias

e

incluso

pueden

superarse

espontáneamente; es posible que muchas personas hayan experimentado trastornos de estado de ánimo o de adaptación, sin caer en cuenta que estaban enfermos y necesitaban atención, así como cuando una persona resiste una gripa o una bronquitis sin

acudir al médico. También es posible que haya

experimentado sólo algunos síntomas, pero no se haya configurado todo el cuadro diagnóstico para indicar un trastorno, por ejemplo, cuando alguien experimentó gran tristeza, desmotivación, insomnio y llanto frecuente, pero no alcanzó un diagnóstico de episodio depresivo mayor, porque no alcanzó a estar así más de dos semanas, ni tuvo pensamientos recurrentes de muerte, ni bajó el 5% de su peso.

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Para identificar una psicopatología hay que recibir entrenamiento, sin embargo, lo básico se aprende al remitirse a la definición que aparece en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM (Por sus siglas en inglés y que indican: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2001). En este manual se afirma que tal situación obedece a un “síndrome clínicamente significativo que se asocia a síntomas perturbadores en una o más áreas principales de actividad o con un riesgo mayor de padecer dolor, incapacidad, muerte o pérdida de libertad”. Esta acepción permite identificar que quien padece un trastorno mental, sufre; y si esta situación es consecuencia de un delito, se puede considerar un perjudicado, que merece una reparación.

Tapias (2010) aclara que en la mayoría de las victimaciones, hay dos trastornos que se desencadenan con gran frecuencia, la depresión y la ansiedad.

Aunque no todas las víctimas desarrollan trastornos mentales, ni todos los que padecen trastorno mental son víctimas; y no todos los daños que padecen las víctimas se restringen a trastornos mentales, algunos quedan lesionados en los vínculos sociales o en su proyección de vida, entre otros aspectos.

El primero de los cuadros clínicos, la depresión,

se caracteriza por un

estado de ánimo de tipo negativo que se manifiesta con irritabilidad la mayor parte del día, disminución de interés o placer, pérdida de peso corporal, insomnio e hipersomnia,

enlentecimiento

psicomotor,

fatiga

o

pérdida

de

energía,

sentimientos de inutilidad o culpa y pensamientos recurrentes de muerte (DSM, 2001).

La

ansiedad, por su parte, es una forma de reacción poco adaptativa,

popularmente conocida como “nervios”, que implica reacciones emocionales, motrices y cognitivas caracterizadas por activación y tensión. Aunque también es posible que se manifiesten sólo algunos síntomas y no necesariamente todo el cuadro diagnóstico (DSM, 2001).

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La ansiedad puede adquirir diversas formas, según el DSM (2001), las fobias, las crisis de angustia, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, entre otras; esto, en función de la topografía conductual del delito y de predisponentes en las víctimas. Ej. Si la víctima padeció un atraco con arma de fuego en un callejón puede desencadenar fobia a los espacios similares a callejones.

Las fobias, se caracterizan por la presencia de ansiedad, clínicamente significativa, como respuesta a la exposición ante situaciones u objetos específicos temidos por la persona, la mayoría de los casos por exposiciones traumáticas previas, lo cual suele dar lugar a comportamientos de evitación. Las crisis de angustia, o también conocidas como ataque de pánico (panic attack) se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo o terror, acompañados habitualmente de sensación de muerte inminente. Durante estas crisis, hay una alta respuesta fisiológica, con presencia de palpitaciones, falta de aliento, opresión o malestar torácico, sensación de atragantamiento o asfixia, miedo a “volverse loco” o perder el control. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por ansiedad, preocupación excesiva y descontrolada, con síntomas físicos y malestar significativo: inquietud, fatigabilidad, no concentración, tensión muscular, alteraciones de sueño, entre otros síntomas.

El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad, que puede surgir con posterioridad, a que una persona haya estado expuesta a un evento traumático que le generó temor extremo. Este cuadro diagnóstico aparece sobrestimado, pues se diagnostica con frecuencia, ante situaciones que no lo ameritan y se confunde con otras reacciones de ansiedad, consecuencia de actos vulneradores pero nimios. El trastorno de estrés postraumático puede producirse a raíz de eventos altamente estresores (por ejemplo violación, guerra, desastres naturales, abuso, muerte, amenazas, accidentes o cautiverio) o por haber presenciado o saber de un acto violento o trágico. Este diagnóstico cuenta con tres grupos de síntomas:

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a. Re experimentación (recuerdos recurrentes e intrusivos, sueños del hecho, sensación del hecho: ilusiones, flash-backs, alucinaciones, malestar psicofisiológico ante estímulos similares). b. Evitación (Esfuerzos para no pensar o sentir el hecho, evitar actividades, lugares o personas, incapacidad para recordar algo del trauma, desinterés, desapego y enajenación, restricción afectiva, futuro desolador) y. c. Activación fisiológica (alteraciones del sueño, irritabilidad ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia y sobresalto). Estos síntomas duran un mes como mínimo y afectan la capacidad del paciente para retomar su vida normal.

Para efectos psicológicos y jurídicos, siempre resulta conveniente evaluar la presencia o ausencia de estos trastornos en el sujeto, ya que indican el curso de acción del tratamiento y se convierten en la evidencia del daño psicológico, es decir, son indicadores de afectación que deben plasmarse en la pericia psicológica, en la prueba judicial y con base en ellos se plantean las solicitudes de reparación. (Tapias, 2010).

1.5.2

Duelo

El duelo es otra de las reacciones frecuentes de las víctimas, pues se presenta como la respuesta psicológica normal ante una pérdida, ya sea por el deceso violento de un ser querido, por la mutilación de una parte del cuerpo en el caso de las víctimas de minas antipersonales,

porque se perdieron bienes

materiales e inmateriales como las tierras, el hogar, la salud o la ilusión de un plan de vida. Incluso situaciones cotidianas como la pérdida del empleo o el divorcio, generan fuertes duelos y proporcionalmente, la vulneración de derechos genera duelos mayores.

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Molano, et al (2009), definen el duelo como: El proceso consistente en las tareas de elaboración de las pérdidas experimentadas por un individuo, familia o colectivo. El duelo permite emplear los recursos psicológicos, así como del entorno social y cultural, para superar el malestar y dar un significado a lo ocurrido, para poder seguir viviendo con la memoria de lo pasado. Para estos mismos autores, y algunas organizaciones, el duelo consta de tres etapas:

1.

Primera etapa. Abarca desde las primeras horas a días; es normal que se experimente: shock e incredulidad, negación de la pérdida o muerte, pensamiento confuso, es decir, hay una dificultad para asimilar el hecho, pues al principio el duelo se manifiesta con perplejidad y está acompañado por expresiones de sufrimiento y malestar como llanto y suspiros; debilidad; pérdida del apetito y por tanto de peso; problemas de sueño, como difícil conciliación; sueño liviano, con fácil despertar; soñar con la persona que ha perdido; así como dificultad para concentrarse, respirar, hablar y trabajar (Corporación Avre, 2002).

2.

Segunda etapa. Desde las primeras semanas hasta los seis meses, el doliente entra en una fase en la cual percibe y vive totalmente la pérdida. Dentro de esta segunda etapa del duelo, según el COFAVIC (Comité de Familiares de las Víctimas.

Organización no Gubernamental para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos) se observan algunas reacciones emocionales como son: 

Estado de ánimo predominantemente triste.



Sensación de intranquilidad acompañados de ansiedad.



Confusión de emociones que pueden ir desde la tristeza, dolor y llanto hasta experimentar desconfianza e inseguridad.



Sentimientos de rabia, frustración e impotencia.



Dificultad para conciliar el sueño

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

Aumento o disminución del apetito.



Dificultades para la concentración, recuerdo de eventos pasados como recientes, así como enlentecimiento del pensamiento.



Pensamientos recurrentes y reiterados que a menudo pueden ser intrusivos sobre el hecho ocurrido y situación de pérdida.



Reacciones somáticas de malestar como dolores de cabeza, dolencias musculares y gástricas, sensación de cansancio físico y agotamiento.

De esta forma se observa que lo normal en el duelo es pasar por labilidad emocional y lo más recomendable resulta ser la expresión verbal, artística,

espiritual o simbólica de dichas

emociones. Es también frecuente el autoreproche centrado en actos triviales sobre lo que se hizo o dejo de hacer con la persona que se ha perdido. Se puede experimentar la culpa del superviviente, ya que llega a creer que es quien debía haber muerto, y no el otro; o por sentimientos de alivio al ver que se produjo la muerte del otro y no la propia. (Corporación Avre, 2002)

3.

Tercera etapa. Dura entre 6 meses y 1 año. Reorganización en la cual se restaura el funcionamiento normal de la persona y su conducta. Se acepta el hecho totalmente y el impacto que ha tenido en su vida. Aunque los síntomas de la segunda etapa del duelo pueden prolongarse y la

aceptación de la pérdida que

implica elaboración.

Las recomendaciones para prestar los primeros auxilios a una persona en duelo según InterAgency Standing Committee (2007) son:

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

La mayoría de las personas pueden superar el proceso de duelo sin ayuda médica, siempre y cuando cuenten con el apoyo y comprensión de quienes lo rodean.



Cuando no hay señales de aflicción ante una pérdida importante, puede considerarse como un indicio de que la persona está necesitando ayuda.

No debe asumirse que las personas calladas, que reprimen sus emociones, están manejando apropiadamente el duelo.



Cuando la persona muestra tanta pena como al principio y ya ha pasado más o menos un año de la pérdida, es señal de que está necesitando ayuda para superar el duelo.



La administración de medicamentos es contraproducente ya que retarda la vivencia del duelo, que en ningún caso es evitable. Incluso los medicamentos pueden hacer sentir a la persona culpable por no estar consciente en las fases del duelo. Si hay medicamentos, estos deben ser ordenados por un médico que estudie las condiciones de la persona y evalúe el alcance de los mismos.



Los familiares de una persona que se ha suicidado son los que más necesitan y pueden beneficiarse de ayuda profesional para superar sus sentimientos de fracaso, rabia y dolor.

1.5.3

¿Qué se debe hacer?

1. Acompañar al doliente. El desconsuelo de aquellos

que sufren una

pérdida importante, es tan intenso, que estas personas pueden sentirse muy aturdidas o paralizadas para pedir ayuda. No hay que esperar a que esto suceda, los familiares y amigos deben tomar la iniciativa de pasar algún tiempo con ellos, aunque esto signifique simplemente sentarse al lado y permanecer en silencio.

2. Escuchar. Las personas que enfrentan un duelo, necesitan expresar sus sentimientos frecuentemente, una y otra vez.

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3. En todo caso debe permitirse que la persona exprese sus emociones, sean éstas de rabia, tristeza o desespero. Recuerde que los sentimientos de hostilidad comúnmente se presentan. Deben evitarse los comentarios tales como: “por lo menos usted tiene niños” o “es la voluntad de Dios” o “la vida debe seguir”, ya que desautorizan y minimizan los sentimientos del doliente.

4. Procurar que la persona entienda que los síntomas de insomnio, aislamiento y preocupaciones asociadas con la imagen del muerto son reacciones normales ante la pérdida y que gradualmente se superan con el tiempo y la expresión de los sentimientos.

5. Asegurar a la persona que no está volviéndose “loca” por presentar estos síntomas.

6. Permita que el doliente se cerciore de que la muerte es real e irreversible. Por esto, cuando no se presentan casos de desfiguración, es conveniente que el doliente vea el cuerpo del muerto, si lo desea, ya que las fantasías suelen ser peores que la realidad. Para asumir el duelo es importante poder decir adiós.

7. Recomendar la reanudación de las actividades habituales tan pronto como sea posible.

Varios autores y organizaciones, explican que hay duelos alterados; Molano, et al (2009), y la Corporación Avre (2002) han propuesto diferentes tipologías, que finalmente, se caracterizan por la ausencia de la expresión del duelo o el retraso, para no enfrentarse a la pérdida; pueden aparecer manifestaciones extrañas como una falsa euforia o “desplazamiento”, duelo hacia otras pérdidas menos significativas que simbolizan la pérdida original más importante. También se presentan como conductas des adaptativas, cuando la persona se siente desbordada o permanece en la misma fase sin desarrollar el proceso, o porque el duelo resulta excesivamente intenso y prolongado, lo cual, con frecuencia, se asocia a intenciones suicidas o a otras manifestaciones de desorganización

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mental. Las pérdidas por procesos de victimización son duelos difíciles de superar, porque conllevan la destrucción de los supuestos básicos en la vida del ser humano, de las creencias que orientan y dan seguridad a las personas, le dan sentido de realidad, significado y propósito a la vida.

La Corporación Avre (2002) ejemplifica diversas formas de negación como intentos de perdurar la relación con el ser querido ahora ausente, como seguir comprando objetos que gustaban al difunto o que lo recuerdan, la sensación de presencia del fallecido o desaparecido, lo cual puede ser tan fuerte, que incluso puede alcanzar la experimentación de ilusiones o alucinaciones (tales como oír la voz del difunto). En un duelo normal la persona reconoce que esto no es real, mientras en el alterado se presentan episodios de disociación.

Estas ilustraciones permiten a los profesionales que atienden víctimas identificar señales de duelo normal y duelo alterado y actuar en consecuencia haciendo el respectivo acompañamiento, favoreciendo la expresión emocional o remitiendo a expertos en casos de notar señales de alarma o alteración del duelo.

Al margen de los duelos alterados, la mayoría de los duelos son reacciones esperadas y normales, que pueden verse influenciados por el tipo de delito que hayan padecido. En ese sentido, la Corporación Avre (2002) describe manifestaciones

particulares

de

dolor,

según

la

clase

de

victimización

experimentada y sugiere adecuar la intervención a los impactos esperados.

1.5.3.1 Duelo de la persona en condición de desplazamiento.

En esta población se genera un desarraigo de su terruño y actividades cotidianas; pérdidas materiales y cambio brusco de hábitat. Es posible que inicie con un duelo normal, que se convierta en depresión crónica, síndromes ansiosos como consecuencia de la delicada situación consecuente con el desarraigo.

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Molano, et al (2009) mencionan que la pérdida del territorio y lugar donde se dan las vivencias y se mora, genera en las víctimas pérdidas del referente espaciotemporal que daban sentido de pertenencia e identidad. Esto afecta aún más a los sujetos colectivos, como se observa en algunos sectores del campesinado, indígenas y afro descendientes.

Baró

(2000),

documentó

experiencialmente

secuelas

de

campesinos

salvadoreños desplazados por la guerra, los cuales mostraban trazas de delirio paranoide: estaban constantemente alertas, hipervigilantes, no se confiaban de nadie desconocido, sospechaban de todos cuando se acercan a ellos, escrutando los gestos y las palabras de peligro. Indefensos e impotentes para enfrentar cualquier ataque; sin embargo, su comportamiento persecutorio no es patológico fruto de sus ansiedades, sino que corresponde con la realidad de manera realista.

Es decir, que consiste en una reacción normal y proporcionada ante una situación social anormal e indeseable.

1.5.3.2 Duelo por familiar asesinado.

El origen violento de la muerte genera sentimientos de rabia, protesta y tendencia a negar el hecho, impotencia ante la impunidad,

lo cual puede complicar y

prolongar el duelo, así como la incertidumbre sobre la forma de muerte y el grado de sufrimiento experimentado, particularmente cuando hay huellas de tortura en el cadáver.

1.5.3.3 Duelo por familiar desaparecido.

Resulta muy compleja e inaceptable la ausencia total y abrupta del ser querido, particularmente la incertidumbre sobre su supervivencia y el sufrimiento que atraviesa. Castaño (1994, citado por la Corporación Avre, 2002) manifiesta que la

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huella dejada es imborrable, ya que siempre existirá la incertidumbre por saber qué pasó con la persona desaparecida. Los familiares de desaparecidos no quieren ni hablar de su situación, ni de sus emociones, pretenden mantener en secreto las consecuencias de los hechos, pues a nivel social es muy doloroso reconocer que prácticamente nada se puede hacer. Es muy posible que el duelo esté “congelado” y aunque pasen muchos años para los familiares la idea de la muerte es inaceptable y prefieren mantener la esperanza de que esté privado de la libertad, pero vivo. En estos casos los movimientos asociativos de víctimas favorecen la comprensión y aceptación de la posible muerte o tortura padecida, ya que resulta más llevadera esta verdad.

1.5.3.4 Duelo en sobreviviente o testigo de masacre.

La persona que experimenta múltiples pérdidas de personas significativas (familiares, amigos, conocidos) genera sentimientos de culpa por haber sobrevivido y temor por haber podido compartir el infortunio del deceso.

El profesional que atiende este tipo de víctimas debe recordar que es importante tener en cuenta en estos procesos de duelo, las creencias, lo espiritual, el componente étnico, cultural y la organización familiar, ya que son elementos fundamentales para la elaboración y manejo del duelo. Ej. Los operativos de inhumación y exhumación deben ser coherentes con los rituales religiosos de las víctimas y los familiares.

También se debe tomar en cuenta la organización familiar, cabe prestar atención a las clases de vínculos familiares; es decir, si se caracterizan por ser amalgamadas o distantes, teniendo en cuenta que como lo menciona Walsh (1998) citado por Molano, et al (2009), la organización familiar se altera cuando ocurre una desgracia, por lo que las reglas o normas, los roles y los límites deben ser flexibles, pero se deben mantener para dar a la familia cohesión y seguridad.

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Estas características diferenciales según delito, familias o características personales, también influyen en las medidas de reparación. Beristain (2009) refiere que diversas medidas simbólicas como (como placas de conmemoración, nombres de

calles, escuelas, monumentos), la búsqueda de personas

desaparecidas y entregar cuerpos a familiares, informar los resultados de las investigaciones, sancionar a los responsables, entre otras, contribuyen en los procesos de duelo o las formas de recuerdo familiar o colectivo, permitiendo así, canalizar las emociones, optimizar la capacidad de afrontamiento que permita aceptar su realidad y dar un nuevo paso para continuar viviendo con el recuerdo del hecho doloroso.

Según Hambert (2006), citado por Beristain (2009), otro elemento esencial del valor de las medidas simbólicas para la reparación de las víctimas, no ocurre a través del “objeto”, sino del proceso. Es decir, que además del fin reparatorio son fundamentales los medios, lo cual implica que las medidas de reparación sean consultadas, concertadas, afables, respetuosas y no dilatorias. Es decir, que en dicho proceso es vital la participación de las comunidades, a través de sus opiniones, conocimientos y esperanzas.

Para autores como Molano, et al (2009), en estos casos es recomendable profundizar en la exploración del duelo, respecto a los siguientes aspectos, dependiendo de la comunidad en la que se esté trabajando:

1. Relación previa y actual con aquellos considerados como otros.

2. Relación con el pasado y estructura de la memoria colectiva.

3. Duelos previos individuales y colectivos.

4. Atribución de causalidad sobre los hechos ocurridos.

5. Sentimientos de culpa o vergüenza en relación con el grupo de pertenencia.

6. Formas de comunicación con los ancestros (influencia de éstos en la situación presente y sentimientos relacionados).

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7. Acatamiento de las advertencias y admoniciones realizadas por los ancestros.

8. Percepción del grado de control o desempoderamiento de los líderes respecto a las situaciones presentadas.

9. Rituales de memoria y duelo individuales y colectivos.

10. Manifestaciones espirituales, reparadoras y que promuevan la cohesión social.

Con la observancia de las respuestas a estas inquietudes el servidor público logrará acciones favorecedoras en la elaboración del duelo, es decir, de la culminación normal de este proceso. Es probable que la mayoría de las víctimas experimente procesos de duelo, pero en lo que hay que trabajar tanto de manera individual como colectiva, debe evitarse que se conviertan en duelos alterados, que generen a posterioridad daño psicológico, cualquier tipo depresión crónica u otros cuadros clínicos asociados.

1.5.4

Daño psicológico, daño moral e impacto psicosocial

El concepto de daño es un concepto jurídico, sin embargo recientemente se ha venido incorporado en las discusiones al interior de la Psicología Jurídica y en la Victimología; este concepto básicamente hace relación al reconocimiento jurídico del perjuicio inmaterial. Dentro de los daños inmateriales se incluyen los morales y los psicológicos; muchos profesionales confunden o utilizan como sinónimos ambos términos, lo cual es un error.

Según Navia (2007) la connotación de daño cambia dependiendo del país y su doctrina, verbigracia en Italia se considera daño moral, daño psicológico, daño a la

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vida en relación y daño existencial. En Colombia se habla de daño moral, de daño a la vida en relación y más recientemente del daño psicológico.

Los daños son perjuicios que por medio del derecho se pueden resarcir y se pueden clasificar como daños materiales e inmateriales. Los materiales dan origen al lucro cesante y al daño emergente, y los daños inmateriales se dividen en daño moral y daño a la vida de relación.

El daño moral es de carácter interno no científico, ya que no conlleva patología por lo cual la demostración de su existencia escapa al horizonte pericial forense, pues es un perjuicio capaz de apreciación desde el entendimiento, la sensibilidad o la voluntad de las personas. El juez a su saber lo identifica, lo calcula y tasa la indemnización a lugar (Castex, 2003). Navia (2007), explica como ejemplos de daño moral el honor, la dignidad personal, dolores, molestias injustamente causadas, ofensa a los sentimientos religiosos, la libertad de expresión o de pensamiento, entre otros.

A las consecuencias que se generan en la víctima con ocasión de un ilícito, se han denominado de múltiples maneras: secuela, perturbación psíquica, trastorno mental, lesión psicológica, afectación,

alteración, impacto o daño psicológico.

Este último término ha hecho tradición científica como palabra clave dentro de la psicología jurídica y forense, aunque es posible que no coincida con la doctrina jurídica colombiana (Tapias, 2010).

El daño psicológico es un constructo psico-jurídico, que implica la identificación de un perjuicio inmaterial, plasmado en la salud mental y los vínculos psicosociales de una persona; la demostración probatoria de este daño implica el reconocimiento de la reparación jurídica, ya sea patrimonial o extra patrimonial.

Castex (2003), citado por Cañas y Tapias (2012), dice que el daño psíquico es la consecuencia de “un acaecimiento o un evento, una agresión que conduce a una

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perturbación, disturbio, disfunción, trastorno y/o disminución de tal dimensión vital”, y lo determina “cuando un sujeto presenta deterioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-génico o psico-orgánico que, producido por una lesión psíquica ha afectado sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o volitiva, limita su capacidad de goce intelectual, familiar, laboral, social y/o recreativa”.

Adicionalmente, se explica como daño no patrimonial directo, que puede ser mediado

por

preexistencias,

concausas

simultáneas

o

posteriores

o

complicaciones adyacentes a la victimación (predisponentes y consecuentes).

El daño psicológico en Colombia se ha subsumido como parte del daño moral, se le ha denominado como daño a la vida en relación y se expresa en palabras de Echeburúa, Corral y Amor (2004), como las secuelas emocionales que tienen como objetivo generar estabilizaciones del daño psíquico, es decir, obedecen en algunos casos a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo, ni con el tratamiento adecuado, implica una alteración irreversible en la salud mental; dentro de las secuelas más frecuentes están alteraciones en el proyecto de vida, daño intergeneracional, afectación a la vida en relación, restricción de afectos y cambios en la estructura de personalidad, con la aparición de rasgos desadaptativos (Ej. Dependencia. Hostilidad, suspicacia).

Tapias (2012), define el daño psicológico como el cambio individual o relacional que afecta la vida de las personas, surge como consecuencia de un perjuicio externo (delito, hecho dañoso) y se puede judicializar y reparar material o simbólicamente. Se manifiesta como una alteración psicosocial que se puede evaluar científicamente y determinar su relación consecuente y coherente con el hecho.

Adicionalmente,

se

puede

expresar

como

exacerbación

o

desencadenamiento de una condición pre existente y ser de mediano o largo plazo.

23

El reconocimiento jurídico del daño psicológico tiene una consecuencia lógica en los procesos judiciales: la reparación. Ésta, es una herramienta que debe darse a conocer a las víctimas para que ellas inicien solicitudes en este sentido. Las reparaciones incluyen la indemnización de carácter pecuniario, pero también alternativas (cuando lo amerita) como el tratamiento psicológico y otras medidas de satisfacción con carácter simbólico, como el reconocimiento público de responsabilidad y petición de perdón, o monumentos erigidos en honor a las víctimas, entre otros.

Echeburúa, de Corral y Amor (2004) agregan una lista de daños a nivel cognitivo como la confusión, dificultad para tomar decisiones, incontrolabilidad, sobresaltos continuos a nivel psicofisiológico y a nivel conductual, apatía y dificultad para retomar sus actividades; ponen de presente que los sucesos más traumáticos como agresiones sexuales, muerte y secuestro, dejan frecuentemente huellas devastadoras y secuelas imborrables a modo de cicatrices psicológicas, lo que hacen a las personas más vulnerables a trastornos mentales y enfermedades psicosomáticas.

Otras manifestaciones del daño psicológico en Esbec (citado por Echeburúa, de Corral y Amor, 2004), son los sentimientos negativos: culpa; ira; ansiedad; preocupación constante por el trauma con tendencia a revivir el suceso; pérdida progresiva de confianza personal, como consecuencia de los sentimientos de indefensión y desesperanza experimentados; disminución de la autoestima; perdida del interés y de la concentración en actividades gratificantes; cambios en el sistema de valores, especialmente la confianza de los demás y la creencia de un mundo justo; hostilidad; agresividad y abuso de drogas; modificación de las relaciones (dependencia emocional y aislamiento); aumento de la vulnerabilidad con temor a vivir un mundo peligroso y pérdida de control sobre la propia vida; cambio drástico en el estilo de vida; miedo a acudir a lugares acostumbrados; necesidad apremiante de trasladarse de domicilio; alteraciones en el ritmo y contenido del sueño y disfunción sexual.

24

Beristain (2010) agrega: muchas formas de victimización implican la pérdida del ser querido, por ejemplo el homicidio, el genocidio, el etnocidio, las masacres y la desaparición forzada, todas estas pérdidas pueden desencadenar como daño psíquico duelos complicados, porque los síntomas que en principio se consideran normales, se convierten en alteraciones cuando persisten más de 18 meses.

Estos duelos alterados se caracterizan por desear la presencia de la víctima fallecida y rechazar la pérdida, preocupaciones constantes en relación con el difunto, sentimientos de vacío, soledad, llantos repetidos y afectación severa por la pérdida.

1.5.5

Impacto diferencial

Las vulneraciones a los derechos humanos afectan de manera diversa a todas las personas que los sufren y en esto influyen factores como el delito padecido, el género de las víctimas, el grupo social al que pertenecen y la discapacidad. Por ejemplo, ante el desplazamiento forzado, los niños se afectan en su escolaridad y socialización, mientras que los hombres pierden sus trabajos y capacidad productiva y se altera su rol familiar, las mujeres con frecuencia se convierten en proveedoras cambiando su función maternal y los discapacitados sufren en mayor medida, por su mayor condición de vulnerabilidad.

Con este preludio, es evidente que la intervención institucional y profesional no puede ofertar acciones idénticas para todas las personas, sino que debe ajustarse a las necesidades de ellos según sus características etarias, étnicas, culturales, de género y condiciones especiales. Esta diferenciación en la atención, es una de las condiciones esenciales para generar acción, sin daño adicional a la población.

Más adelante se enfatizará en la ideología que sustenta este enfoque diferencial, mientras tanto se presentarán los impactos diversos según el tipo de delito padecido.

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Los efectos del delito se manifiestan de manera diferencial según el tipo de delito y según características de la víctima como su género, edad, etnia, estrato social o discapacidad. En estas situaciones, se encuentran acciones claves de buenas prácticas en el abordaje a las víctimas.

En lo relativo al tipo de delito, Tapias (2010), ha descrito algunos elementos comunes y frecuentes que desencadenan o mantienen el proceso de victimación y que orientan la intervención, sin que esto signifique que todos los casos de este delito son iguales, ya que obviamente cada victimización es particular.

Para ilustración se indican algunas de las constantes en las dinámicas victimológicas y criminológicas: En el abuso sexual infantil es la condición de vulnerabilidad de las víctimas (Save the Children 1994); en agresión de pareja la constante es la dependencia emocional; en delitos de Estado lo común es la estigmatización de las víctimas (Gómez 2009); todo estos fenómenos pueden representar claves para la atención futura a quienes padecen estos delitos.

Asimismo, se puede mencionar cierta regularidad en las afectaciones o daño psicológico típico, e incluso en el tiempo de la problemática y la resolución.

Por ejemplo, en víctimas de tortura se da con frecuencia un cambio de personalidad según el protocolo de Estambul (Naciones Unidas 2001); en agresión de pareja hay una media de 10 años de conflicto (Echeburúa y Del Corral, 1998); en alienación parental se conoce que el fenómeno no se limita en el tiempo ni el espacio (Aguilar, J. 2006). Estos “ritmos” permiten que el profesional y las víctimas se encaminen en acciones en las que se puede estimar una forma de abordaje, un tiempo de compromiso y un acompañamiento profesional especializados.

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1.5.6

Incesto

Un abuso crónico infantil intrafamiliar, debe contar con una intervención psicológica y jurídica muy distinta a la de un asalto sexual cometido en persona con mayoría de edad, perpetrada por un adulto desconocido; a su vez, estas dos situaciones son muy diferentes de lo que implica la violación perpetrada por el cónyuge.

El fenómeno de incesto más frecuente es el perpetrado por el padre hacia su hija, cuando ella está en la prepubertad y se realiza a través de aproximaciones que simulan el afecto y la seducción, por lo cual es muy probable que la hija, pese a la confusión que padece, no siempre lo perciba como violento o violatorio (Vázquez 1995). Furnish (1984, citado por Sanz y Molina, 1999) indica que el incesto puede suceder con varios hijos a la vez.

Dentro de lo expuesto por ejercicios investigativos, cuyo objetivo ha sido la caracterización de poblaciones victimizadas, la hija afectada por el incesto se define por su confusión ante la situación con sentimientos de odio y afecto hacia sus progenitores, dependiente de la familia y del padre, que se ubica como aliada o competidora con la madre como pareja sexual del padre. La hija genera culpa porque se siente diferente de sus pares, se aísla, es desconfiada, fría, agresiva, independiente, poco convencional y rebelde, Barudy (1991). La madre se concibe como una mujer pasiva – dependiente, que usa la negación como estrategia de afrontamiento, que padece depresión crónica y es probable haya sido víctima de abuso en la infancia. Barudy (1991), describe una madre fría, frustrada, renuente al contacto sexual, dependiente, negligente, distante de sus hijos y fagocitada en el sistema violento. De la madre se podría incurrir en digresiones sobre su complicidad, no obstante resultan personas tan deterioradas y algunas de ellas con depresión severa e indefensión aprendida, situación que explica cómo no se pueden proteger a sí mismas y menos a sus descendientes, por esto no se

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considera procedente la judicialización de ellas como co-autoras, aunque estas circunstancias distan de justificar su accionar.

Existe evidencia de afectación en los hijos no abusados, ya sea porque desencadenan síntomas o porque esa victimización vicaria les representa un factor de riesgo para incurrir en este delito. Estas familias resultan muy disfuncionales y por tanto cohesionadas por su fragilidad, por ello no favorecen la emancipación. Si el descubrimiento del incesto no cuenta con aliados del grupo familiar que deseen poner fin a la problemática, es muy probable que el grupo completo se movilice evadiendo a la justicia e imposibilitando cualquier asesoría profesional.

Según Tapias (2010), para la intervención en incesto, resulta crucial que el profesional en psicología jurídica se aproxime a diversos miembros de la familia y que su presencia, antes que amenazante, resulte de cooperación para lograr el cambio, es decir, que no se persiga judicialmente o se genere censuras agresivas con toda la familia, sino que se construya el cambio con ellos para finalizar el incesto; para garantizar el control social de este fenómeno es necesario mantener el contacto y ubicación del grupo familiar. La gravedad de esta conducta conduce a la pena privativa de la libertad, pero para lograr la judicialización es perentorio asegurar las pruebas forenses y testimoniales, y garantizar la participación de alguna víctima o testigo que permita movilizar el aparato judicial y la ubicación de la víctima y del victimario.

Un reciente estudio colombiano realizado por Cuellar, Rueda y Tejedor (2012) indica cómo las hijas víctimas de incesto, terminan siendo retiradas del hogar como una medida de protección y restablecimiento de derechos, situación que en la mayoría de los casos se percibe como un castigo; esta situación sugiere la toma de medidas frente a la otra parte del conflicto, en donde lo adecuado sería lograr el desalojo efectivo del agresor. El mismo estudio reveló que la judicialización es muy lenta pues toma entre 3 y 5 años lograr la condena, tiempo en el cual los

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ofensores tienen todas las posibilidades de convertirse en personas en contumacia. La sugerencia de intervención está en acelerar los mecanismos de judicialización, y así potenciar la pronta captura, investigación, condena (de ser el caso) y ejecución de la pena, pues en muchos de estos casos hay evidencias contundentes como las pruebas de ADN en hijos - nietos que agilizarían los procesos judiciales.

1.5.7

Violencia Conyugal

Echeburúa y Del Corral

(1998), caracterizan a la víctima de este tipo de

problemáticas, como una persona carente de apoyo social, aislada, con falta de oficios extra domésticos, pasivo-agresiva que provoca verbalmente al agresor, con dependencia emocional y económica, baja autoestima y que padece distorsiones cognoscitivas que minimizan la percepción de violencia. Estas circunstancias indican el norte de la intervención en la reconstrucción de vínculos, la reestructuración cognoscitiva y la resolución de problemas. Este estudio devela también las características del agresor, quien por lo general, padece celotipia, tiene baja autoestima, es irritable, tiene déficit en habilidades sociales y resolución de problemas. Esta problemática es cíclica y progresiva y con frecuencia la recurrencia judicial coincide con las crisis, dinámica establecida como una estrategia momentánea, pues la víctima desiste coaccionada o deliberadamente; con frecuencia, ella misma sabotea las órdenes judiciales y las medidas de protección, por esto la acción judicial no se debe imponer simplemente con la fuerza de la ley, sino que deben ser asumidas y respetadas por las partes en conflicto.

Dentro de las sugerencias para la intervención Tapias (2010), inquiere ¿La indefensión de la víctima justifica la intervención y fuerza del Estado en el seno familiar? ¿Se puede controlar a la víctima y al agresor con medidas judiciales que son irrespetadas por quien las solicitó? En muchos casos, el trabajo profesional en estas problemáticas resulta frustrante y desgastante; y las políticas de incremento

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de penas resultan ilusorias, deleznables e ineficaces pues no logran controlar los factores psicológicos que propician y mantienen la situación.

Coherente con esto, las medidas de protección deben ser racionalizadas y concertadas con las víctimas y puede propenderse por acciones alternativas incluyentes, restauradoras en las que, en cambio de tratar de romper el vínculo de la pareja unida por su patología, se les inste a construir nuevas formas de relación, se convoque a establecer límites de respeto y formas de reparación del daño, es decir, poner el énfasis del esfuerzo profesional en lo psicológico, más que en lo penal o policial. Se recomienda usar grupos de mutua ayuda o de apoyo de víctimas, para el empoderamiento y establecimiento de límites por parte de las afectadas, vinculación de familias en las acciones terapéuticas y cooperación comunitaria, para intervenir inmediatamente en las crisis violentas. Las acciones judiciales siempre deberían incluir asesoría respecto de la normatividad e instituciones; las acciones policiales deberían reservarse sólo en casos de agresión inminente.

1.5.8

Delitos sociopolíticos

Muchas son las víctimas de delitos sociopolíticos, quienes sufren desplazamiento forzado por la usurpación de tierras, los que padecen las ejecuciones extrajudiciales, las torturas o las desapariciones forzadas (Tapias 2010).

En estos casos los victimarios son grupos con motivación ideológica, que cuentan con poder económico o político y con una maquinaria para garantizar impunidad; causan los daños hacia la población civil de manera generalizada y sistemática; cometen el delito como acto estratégico y por tanto perseveran en su nocividad.

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Las víctimas padecen mayores efectos por la naturaleza gravosa del hecho, pues por la impunidad se genera más desestructuración y desconfianza hacia las autoridades e instituciones, con frecuencia los denunciantes de estas causas son amenazados, exiliados y hasta señalados falsamente de criminales. En estos casos, se genera con mayor probabilidad una identidad permanente de víctima.

A todo lo anterior se suma el efecto de la dilación de la justicia y la impunidad que rodea estos casos, lo que genera y mantiene la afectación a las víctimas. También se anexa la intensidad de la afectación, ya que la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y particularmente los delitos en connivencia con el Estado, generan mayores secuelas que los delitos comunes. Ante las violaciones de derechos humanos, puede darse también un impacto acumulativo, si además del padecimiento por el delito, a las víctimas se les ha aislado, perseguido o causado nuevos hechos traumáticos (Beristain, 2010)

La Corporación Avre (2002), aporta una interesante lista de los impactos de la impunidad como consecuencia de la violencia sociopolítica, éstos pueden convertirse en criterios a identificar y evaluar por parte del forense encargado de la valoración del daño:

1. Debilitamiento de espacios de participación colectiva; lazos de solidaridad y proceso organizativos; pérdidas de guías sociales y alteración de hábitos y aspectos de identidad cultural.

2. Miedo y desconfianza generalizada; atribuciones erróneas en torno a que su activismo social fue la causa de la vulneración de sus derechos.

3. Ruptura de proyecto de vida individual y de las relaciones familiares y sociales; cambio de roles dentro del grupo.

4. Duelos alterados a causa de las dificultades para lograr justicia y reparación por el daño causado.

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5. Tendencia a olvidar por miedo a seguir sufriendo, atentando contra la posibilidad de una memoria crítica de los hechos; negación de lo que se ha vivido.

6. Sentimientos de impotencia, culpa y vergüenza en las víctimas.

7. Afectación de la creencia positiva del futuro, pues se refuerza la desesperanza.

8. Afectación de la identidad de la víctima, frustra su necesidad moral de sanción judicial.

9. Desconfianza y poca credibilidad en las instituciones estatales 10. Sentimientos de venganza como una forma desadaptativa de afrontar el daño padecido.

La Corporación Avre (2002) ilustra, igualmente, la dificultad para contar con el apoyo social en la realización de los rituales, que como dinámica y efecto simbólico, se pudieran desarrollar en el manejo de estos fenómenos, tal y como ocurre con frecuencia en las pérdidas causadas por la violencia sociopolítica, situación que interfiere y complica el duelo.

Como sugerencias para la intervención en delitos sociopolíticos Tapias (2010), considera que es fundamental realizar un acompañamiento comprometido, para garantizar la confianza de las víctimas. Es importante hacerles ver y comprender, que hay vías e instituciones alternativas a las tradicionales en la búsqueda de justicia, para superar la impunidad, como los mecanismos de control del Estado, las ONG’s y los organismos internacionales. En casos colectivos es viable realizar pericias grupales con muestras de víctimas representativas y significativas, y ser recursivos en el uso de técnicas; dentro de ellas, recomienda Gómez (2009), usar grupos focales y aplicar instrumentos válidos. Si el conflicto armado permanece vigente, se sugiere un tratamiento especializado e independiente del Estado, pues puede resultar difícil o inadecuado que los servicios de salud tradicionales proporcionen el tratamiento (Beristain, 2008).

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1.5.9

Desaparición forzada y sugerencias de intervención

Es frecuente que esta forma de victimización inicie con una privación ilegal de la libertad; durante el tiempo de cautiverio la persona sea sometida a torturas y finalmente se le de muerte y se desaparezca el cuerpo para generar mayor terror entre los familiares, colectivos y poblaciones.

La incertidumbre de conocer la

suerte del familiar es la que mayor daño genera, incluso puede llegar a ser mayor que el que se genera en casos de homicidios o masacres, justamente la ausencia del cuerpo y la posibilidad de identificar el mismo, se convierte en el gran obstáculo para la elaboración del duelo.

Navarro, Pérez y Kernjak (2010), en el Consenso Mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en casos de desapariciones forzadas, sugieren para la atención en este tipo de casos, no escatimar esfuerzos personales, económicos e institucionales en la búsqueda de las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales hasta dar con su paradero; esto lógicamente, permite esclarecer los hechos sin importar la época en la que éstos ocurrieron, ni requerir denuncia judicial previa de los propios familiares. Se deben mantener altos estándares científicos en el trabajo forense; se debe tener el máximo cuidado para que los cuerpos y otras evidencias se mantengan en adecuadas condiciones de conservación y seguridad, y así poder realizar posteriores análisis para establecer la identidad de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos.

Se debe evitar, por todos los medios, cualquier obstaculización de los procesos de búsqueda propendiendo por el derecho a la justicia para lograr la reparación integral, y como parte de ésta, se recomienda apoyar la libre constitución de espacios asociativos de las víctimas con medidas legales, administrativas o económicas, y enfatizar en la importancia de las acciones simbólicas, para propiciar el respeto a las distintas opciones de conmemoración que definan las familias, de carácter íntimo, religioso, étnico, o reivindicativo como un medio de

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reparación integral que favorezca la transformación de imaginarios sociales colectivos, que en muchos casos al no manejarse de manera adecuada, pueden limitar una reparación favorable.

Otra importante indicación, consiste en localizar los familiares, motivarlos a participar activamente, darles información constante y transparente de los procesos; garantizar la protección y seguridad; y brindar atención psicosocial acorde con el contexto cultural; todo lo anterior basado en el enfoque diferencial que permite tener en cuenta el género, la edad, la etnia, entre otros aspectos. Y asimismo coordinar acciones con familiares, Estado, comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales, entre otros.

1.5.10 Secuestro

Consecuente al plagio, la familia del secuestrado entra en crisis, se congrega en torno a la victimización y aplaza todas las actividades, cesan de laborar, estudiar e incluso se alteran sus necesidades fisiológicas como alimentación y sueño, ya que es elevadísima la ansiedad y depresión. (Fondelibertad, 2002)

En la etapa inicial la familia se concentra, expresa y recibe solidaridad, pero con el correr del tiempo, que es característico de esta problemática al menos en Colombia (18 meses aproximadamente), la familia se va quedando sola y se ve compelida a retornar a las actividades cotidianas.

34

1.5.11 Sugerencias para la intervención en secuestro

Al inicio del secuestro la familia se encuentra con el temor a acudir a las autoridades, pues han sido amenazadas por los captores y aleccionadas en el sentido contrario; no obstante, el profesional debe acercarse al grupo familiar, ganar confianza y propender por la denuncia y el apoyo judicial, investigativo y policivo. Dentro del acompañamiento psicojurídico está prevista la cooperación para la reorganización de la familia, la elección del líder para la toma de decisiones, la catarsis durante el proceso y la información sobre los actores del crimen, su modo de operación y tiempos para favorecer la adaptación. Empero, la labor imprescindible de los servidores públicos es mantener la esperanza de la familia y orientar sobre formas de mantener el contacto (mensajes de radio, mensajes con Cruz Roja, solicitar pruebas de sobrevivencia a los captores), el afecto o la historia durante el secuestro (álbum o diario familiar para el retorno del secuestrado), entre otras.

Esta sucinta información pretende evidenciar la preparación particular que se requiere para abordar las víctimas de diversos tipos de delitos, por lo cual sería necesario

ampliar

las

particularidades

de

los

delitos

acá

plasmados;

adicionalmente, se deben señalar sugerencias específicas y tal vez novedosas para orientar el accionar del equipo interdisciplinario.

1.5.12 Pericia psicológica forense como medio de conocimiento

Dentro de la lógica de los procesos judiciales es imprescindible generar debates probatorios optimizados que impacten en la toma de decisión judicial, los medios de conocimiento que presentan las partes deben corresponder con la teoría del

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caso, y fortalecer la misma; para ello se valen las partes de testimonios, pruebas documentales, evidencia física, prueba pericial, entre otros. Frente a esta última posibilidad probatoria, se parte de la necesidad de resolver una pregunta o inquietud que surge desde el análisis del caso por parte del abogado, y que debe ser respondida desde la ciencia, arte u oficio de un experto, que con suficiente argumento y solidez científica aporte al debate probatorio. Una de las actividades periciales que con mayor frecuencia se solicitan en estos contextos, es el peritaje psicológico, que es un procedimiento de evaluación psicológica experta para asesorar al sistema administrador de justicia, y que en la mayoría de los casos se solicita para evidenciar el daño causado a las víctimas y así propulsar las acciones judiciales que restablezcan sus derechos.

La prueba pericial es uno de los medios de conocimiento concebidos en el Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004 en el artículo 382, que los enuncia como: testimonio, peritaje, documento, inspección, elementos materiales probatorios y evidencia física y cualquier otro medio técnico científico que no viole el ordenamiento jurídico.

La pericia psicológica es procedente para establecer las perturbaciones psicológicas posteriores a situaciones violentas; para demostrar afectación en la salud mental, particularmente en aquellos casos que no presentan evidencia física del delito; para evidenciar la presencia o presunción de lesiones cerebrales, por ejemplo en casos de tortura con trauma cráneo encefálico o accidentes de tránsito; para evaluar credibilidad de testimonio en casos de niños o niñas abusados sexualmente, etc.

Esta evaluación, idealmente debe ser realizada por un experto en psicología forense. La Psicología Forense es una sub área de especialización de la psicología Jurídica, que comprende la realización de evaluaciones psicológicas por solicitud de autoridades competentes, para aportar información especializada y veraz, que se convertirá en un medio probatorio para orientar la toma de

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decisiones judiciales, en tribunales nacionales, pero también en cortes internacionales (Tapias, 2008).

Aunque esta disciplina en Colombia se enseña en posgrados desde el año 1999, aún son muchos los profesionales que empíricamente desarrollan esta labor, basados en su buena fe, pero lastimosamente aún carentes de todas las competencias requeridas. Esta situación genera debilidades en los informes periciales y enormes controversias en los juicios, bajo el riesgo de perder los casos por la falta de idoneidad de la pericia. Actualmente, ya varias instituciones estatales, como la Defensoría del Pueblo, están comprendiendo la importancia de vincular psicólogos especialistas, magísteres y doctores en psicología jurídica y forense, sin embargo, es perentorio que todas las instituciones incluyan profesionales con esta experticia en su departamento de talento humano para que realmente se generen las debidas pruebas periciales psicológicas.

Las competencias que debe tener un profesional en psicología jurídica y forense según el Colegio Colombiano de Psicólogos (2013) son: 

Fundamenta epistemológica y teóricamente sus prácticas evaluativas, generalmente de carácter forense.



Conoce y aplica los fundamentos de la medición y evaluación en el campo jurídico y forense.



Planifica, selecciona y aplica los procedimientos e instrumentos evaluativos acordes al fenómeno psico jurídico a intervenir.



Emite conceptos, sustentado en un procedimiento riguroso y ético, de acuerdo con las necesidades del sistema social.



Realiza recomendaciones de acuerdo con las condiciones jurídicas y sociales del proceso o persona evaluadas.



Conoce instrumentos y técnicas de evaluación psicológica forense.



Diferencia instrumentos de evaluación clínica y de evaluación forense.

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

Discrimina procedimientos de evaluación psico - jurídica válidos y confiables, de los que no lo son.



En sus actuaciones e investigaciones, aplica rigurosamente la estadística y la psicometría



Conoce y explicita la definición de la psicología jurídica y psicología forense.



Concibe factores bio - fisiológicos y sociopolíticos como explicativos de los conflictos judiciales.



Establece las relaciones entre psicología y derecho.



Analiza los problemas humanos y judiciales susceptibles de ser abordados por la psicología jurídica.



Comprende y explica el comportamiento manifestado en ambientes jurídicos.



Identifica las principales teorías y autores de la psicología Jurídica.



Indaga y comprende comportamientos relacionados con

problemáticas

relacionadas con el derecho. 

Comprende las limitaciones de la psicología jurídica y sus interacciones con otras áreas de la psicología y otras disciplinas.



Identifica las normas y procedimientos que regulan su labor y las consecuencias judiciales de sus actuaciones.



Comprende que los problemas judiciales y la administración de la justicia están influenciados por los contextos social, político y económico.

Como se puede apreciar, son elevadas las exigencias para los peritos, razón por la cual, no pueden ser reemplazados por un profesional con formación general, sin embargo por razones presupuestales, a ellos se está solicitando la mayoría de estas labores. No obstante, se recomienda elevar los perfiles de aquellos a quienes se encargue la pericia, ya que no basta darles por ley el estatus de peritos, como lo indica el Art. 408 de la Ley 906 de 2004, en donde se otorga tal condición a personas con título legalmente obtenido; o como sucede con la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia, que en el artículo 79,

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otorga carácter pericial a los informes de los equipos técnicos interdisciplinarios, lo que significa que invistió de tal carácter a sus profesionales.

Lamentablemente esto ha generado muchas dificultades, porque estos profesionales son interrogados en juicio, sin haber sido preparados para el ritual de la oralidad, porque se les inquiere sobre el uso de test psicológicos y técnicas especializadas que no conocen y se les cuestiona sobre su imparcialidad, ya que deben desarrollar labores clínicas, que están protegidas por el secreto profesional y el vínculo terapéutico con fines de alivio en la salud mental, al tiempo que desarrollan actividades periciales forenses que no están amparadas bajo el secreto y tienen el fin de orientar una decisión judicial. Internacionalmente existe literatura científica que señala que las labores clínicas y las forenses son incompatibles (Ackerman, 1999; Vázquez, 2007; Tapias, 2008) empero siguen siendo muchos los profesionales colombianos conminados contractualmente a ejecutarlas, al margen del daño que esto puede generar al proceso.

Otras instituciones públicas han optado por otorgar cargos con la denominación de “forense” considerando que es suficiente forma de acreditación, y aunque es cierto que implica un aval laboral e institucional, no garantiza la cientificidad de los conceptos y los métodos desarrollados por un profesional cuyo cargo es perito.

Para remediar lo anterior, asociaciones profesionales como la Latinoamericana e Iberoamericana de Psicología Jurídica, agremiaciones profesionales como el Colegio Colombiano de Psicólogos y Universidades con formación de posgrado, motivan a los profesionales que realizan atención a las víctimas, a promover la construcción de la prueba pericial psicológica garantizando en lo posible, que quien realice esta evaluación forense sea un perito debidamente acreditado por su formación y experiencia, que sea un profesional que no confunda funciones sanitarias con judiciales, y que utilice el consentimiento informado para no incurrir en faltas éticas.

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1.5.13 Enfoque de derechos y de salud

Son múltiples las necesidades de las víctimas y, entre ellas, se encuentra una primaria que es la de atender su salud, incluso antes de procurarle justicia; esto no significa que los profesionales que las atienden realicen acciones simultáneas, paralelas, ni que sobre un profesional o una sola institución, recaiga toda la responsabilidad de la acción sanitaria y la judicial.

La necesidad de un abordaje integral a las víctimas, implica cooperaciones interinstitucionales e intersectoriales, entre la rama judicial y el poder ejecutivo del que se desprende el sistema de salud. También es importante la participación del sector educativo, particularmente para las acciones preventivas. Con esto, se pretende enfatizar que las víctimas deben recibir atención de todos los sectores del Estado.

Particularmente se presenta en este módulo un énfasis en el abordaje psico jurídico de las víctimas y por ello, se propone fundamentarse en el enfoque de derechos que es una perspectiva orientada hacia la promoción, reconocimiento, garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, sociales culturales y colectivos de las personas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). Esta perspectiva considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos, es reconocer que son titulares de derechos que obligan al Estado, lo que implica cambiar la lógica de los procesos, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar prestaciones y conductas.

El enfoque de derechos, según Acosta, Gabrish y Góngora (2007), es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo, está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protección

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de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.

Este enfoque da poder a los sectores excluidos, porque los reconoce como titulares de derechos que obligan al Estado. El punto de partida son las necesidades, sin embargo, las necesidades y los derechos no son incompatibles, pues las necesidades son derechos y el cambio fundamental está en el cumplimiento de los derechos, ya que éstos son exigibles, las necesidades no lo son.

Este enfoque implica comprender que las víctimas tienen derecho a lo que están solicitando y se les debe entregar de forma digna, no como favores, hay que acompañarles como sujetos de derechos, para que propulsen sus proyectos y logren sus metas y no asistirles todo, como si fueran incapaces, hay que tomar en cuenta su opinión, ya que son competentes y libres de consentir o no; ni siquiera se les deberían imponer medidas de protección, éstas deberían acordarse con ellos.

Incluso en términos de salud y justicia, las víctimas tienen derechos ganados como todos los ciudadanos, de manera que, si les proporcionan medidas para restablecerles derechos, lo que obtienen no puede ser el mismo elemento que ya tenían ganado. Por ejemplo, un ciudadano por esta misma condición es un sujeto de derechos de salud, y si eventualmente resultara víctima de un delito y requiriera acciones de reparación, éstas deben superar lo que ya tenía garantizado en salud por derecho propio, no se le puede reparar otorgándole ingreso a una entidad prestadora de salud o servicio subsidiado de salud, pues eso es algo de lo que ya debía estar gozando y le pertenece.

41

Sobre el tema de atención en salud, la investigación de Fajardo, Ducón, Monzón y Tapias (en prensa) obtuvo de las víctimas beneficiarias de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano su opinión sobre las reparaciones otorgadas, y la mayoría informó entre otros aspectos: no haber recibido tratamiento; habérsele ofertado servicios básicos y subsidiados de salud; imposición de instituciones, horarios e intervenciones sin enfoque diferencial; atención en centro psiquiátrico, cuando ésta era innecesaria, incompatible e inadecuada en muchos casos. Todo esto es ejemplo de acciones que a cambio de reparar causan re-victimizaciones y resultan el perfecto ejemplo de modelos a no seguir por parte de profesionales e instituciones públicas que atienden víctimas. De esta forma, se insiste en la importancia de estructurar modelos de atención, en donde la concertación con las víctimas, sea la base del análisis frente a las acciones a tomar, donde el enfoque de derechos y la perspectiva diferencial actúen y ofrezcan reparaciones que vayan más allá de los derechos previamente adquiridos.

Parte de lo que se quiere señalar, es la importancia de realizar intervenciones adecuadas y diferentes según las características de los usuarios afectados, lo que se ha denominado el enfoque diferencial, el cual parte de que justicia NO es dar a todos por igual, sino abordar a cada uno desde su diferencia, desde su particularidad.

Fundamentos de esta perspectiva diferencial se encuentran en la Constitución Política de Colombia, que en el Artículo 1. consagra: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

De igual manera, en el artículo 7, se lee: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (cursiva fuera de texto).

42

Navarro, Pérez y Kernjak (2010), resaltan del enfoque diferencial, la importancia que en las investigaciones forenses en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, deben tener las particularidades, expectativas y necesidades de la población con la que se trabaja; entre ellas, su contexto social, político, económico, histórico y cultural, y sus características de género, generación, etnia, lengua, espiritualidad, opción sexual, formas de organización y sistemas de justicia tradicionales, así como otras circunstancias personales sociales diferenciadoras.

Para el Ministerio de Protección Social (2011) el enfoque diferencial es un “Método de análisis, actuación y evaluación, que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria. Involucra las condiciones y posiciones de los/las distintos/as actores sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada de grupo socioeconómico, género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital - niñez, juventud, adultez y vejez”

Como la Constitución Nacional es norma de normas, estos principios se deben viabilizar en políticas, lineamientos de acción, normas y prácticas sociales que propendan por la equidad y la inclusión, mientras reafirman la diversidad y el pluralismo. Esto se puede lograr, a través de ideas y acciones afirmativas que generen una discriminación positiva, para visibilizar y favorecer a las poblaciones vulnerables, identificando las necesidades, riesgos y potencialidades particulares, volcándolos luego, en estrategias que prioricen para ellos acciones preventivas e interventivas.

El enfoque diferencial se podría definir como

una política universal para la

prevención y atención a las poblaciones vulnerables, con miras a reconocer, garantizar y dar respuesta adecuada a los derechos, necesidades y problemáticas propendiendo por la equidad (Tapias, 2010).

43

El Auto 006 de 2009 de la Corte Constitucional explica que “el enfoque diferencial involucra las condiciones y posiciones de los/las distintos/as actores sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada al grupo socioeconómico, género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital - niñez, juventud, adultez y vejez.”

En ese orden de ideas, se podrían identificar como categorías que identifican a las poblaciones:

generación,

sexo,

género,

etnia,

discapacidad,

aspectos

socioeconómicos, entre otros; categorías que también permitirían identificar aquellas consideradas como minorías, las que históricamente han sido desfavorecidas, las que por su condición social, física o mental, tienen menos posibilidad de defender sus derechos.

Al respecto, resulta muy ilustrativo el aporte de Ignacio Martín Baró (2000), quien explica que la guerra no tiene un impacto similar en la población, sino que depende de la clase social, el involucramiento y la temporalidad. La clase social influye, pues generalmente (la guerra) afecta a los más humildes, mientras que los sectores medios y altos no reciben el impacto igual. Incluso lo que para unos significa la ruina, para otros significa un gran negocio; lo que a ciertos grupos pone al borde de la muerte, a otros abre la posibilidad de una nueva vida. El grado de involucramiento es diferencial entre los combatientes y las víctimas, ya que padecen consecuencias diferentes. Por esto, la afectación es de carácter individual.

1.5.14 Ejes para el análisis diferencial

Los ejes en torno a los cuales se debe realizar el análisis diferencial son:

44



Edad: El factor etario está compuesto por poblaciones variables tradicionalmente conocidas como infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Dentro de este grupo los niños, los adolescentes y los adultos mayores son los más vulnerables.



Género: Además de los géneros, sugeridos por el sexo: hombres y mujeres,

se incluyen

otras condiciones como

la homosexualidad,

bisexualidad, transexualidad e intersexualidad. Sólo la primera condición, la de ser hombre, en palabras de los expertos resulta ser la que implica más baja vulnerabilidad. 

Étnico cultural: factor relacionado con la raza que en Colombia incluye poblaciones como los mestizos, indígenas, raizales, rom (gitanos), afrodescedientes, entre otras.



Discapacidad: física, cognitiva o sensorial



Socioeconómico: nivel de recursos financieros alto, medio o bajo; también identificado en Colombia con variables numéricas de estratos económicos de 1 al 6. Este factor correlaciona positivamente con el nivel educativo, ya que a mayor estrato mayores alcances de formación y oportunidades en la población.

Ha cobrado tal importancia, la incorporación del enfoque diferencial, que se ha incluido explícitamente en normas colombianas como la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia, que en el artículo 36 resalta los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones. En el artículo 202, numeral 3, en el cual incluye dentro de los objetivos de políticas públicas, diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad y en el artículo 204, se pronuncia en torno a la necesidad de contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia.

45

También hay una importante mención en la Ley 1448 de 2011, con respecto al enfoque diferencial:

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.

El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.

Para el efecto, en la ejecución y adopción por parte del Gobierno Nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales.

Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes (Artículo 13).

También exige el enfoque diferencial el art.28 en el numeral 6 dentro de la política pública art. 32 en los programas de protección integral; art. 43 asistencia judicial; art. 47 para la ayuda humanitaria; art. 139 en las medidas de satisfacción; art. 145 acciones en materia de memoria histórica; art. 149 garantías de no

46

repetición, comunicación y pedagogía diferencial; art. 168 la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas. num.10 participación de víctimas; art. 172 coordinación y articulación nación-territorio; art. 205 regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, rom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Estas perspectivas diferencial y de derechos, quedan incluidas en lo que se puede denominar enfoque psicosocial, expresión cliché en las organizaciones gubernamentales y ONG´s que trabajan con víctimas. Expresión que sin definición, aparece como un requisito en la intervención en la Ley de infancia y adolescencia y en la Ley de víctimas y restitución de tierras, entre otras. Modelo que

han

entendido

ligeramente

las

organizaciones,

generando

equipos

multidisciplinarios en los cuales colaboran psicólogos, trabajadores sociales y abogados,

sin

necesariamente

comprender

lo

que

significa

trabajo

interdisciplinario e integral.

Baró (2000), aporta en la comprensión de los fines del enfoque psicosocial, pues fundamenta que el trauma social es causado por un proceso histórico que puede afectar toda una población, sus pasos no se encuentran en el individuo sino en la sociedad. La tarea psicosocial surge por la insuficiencia de la psicoterapia individual o grupal, mientras no se produzca un cambio significativo en las relaciones sociales, es necesario iniciar un proceso de despolarización, desideologización y desmilitarización que sanee las relaciones sociales y que permita a las personas elaborar su historia en un contexto interpersonal diferente al actual.

En ese sentido, invita a los profesionales de la salud mental, a no limitarse en la comprensión de la enfermedad hacia atrás, en relación con el pasado, sino a que lo visualicen desde el goce de un cuerpo social libre, dinámico y justo, al no centrarse en la atención de los destrozos y trastornos ocasionados, el reto se cifra en construir un hombre nuevo en una (nueva) sociedad. Parafraseando a Baró

47

(2000), los profesionales de las ciencias sociales y de la salud, no deben centrarse en curar la enfermedad, sino en la prevención y los cambios de las raíces sociales que afectan la salud mental, a no realizar acciones individualistas, micros, sino intervenciones estructurales macro sociales. Para este mismo autor, la fuente curativa de cualquier método psicoterapéutico, se encuentra en su dosis de ruptura con la cultura imperante, que como para el caso del Salvador (que no resulta tan diferente de Colombia), la urgencia consiste en emprender una tarea psicosocial de despolarización, desideologización y desmilitarización del país.

Osadamente Tapias (2013), expone los componentes del enfoque psicosocial, el cual se puede concebir como un modelo que favorece la comprensión y el abordaje de problemáticas sociales, y en síntesis incluye: 

Enfoque de derechos



Perspectiva diferencial



Modelo de integralidad (no asistencialista)



Contextualización

sociopolítica,

incluyendo

profesionales

como

acompañantes con compromiso sociopolítico 

Acompañamiento a las víctimas para procesos de empoderamiento



“Despatologizar” los fenómenos y analizarlos desde el contexto social



Analizar el impacto familiar y colectivo



Propender por un cambio social

1.5.15 Diferenciación entre víctima y paciente

En psicología jurídica, las víctimas pueden y deben ser asumidas como personas con un papel activo, como sujetos de derecho y con roles relevantes y específicos. De hecho, clásicos como Von Henting y Mendelsohn según

48

Rodríguez (2005) aportaron una imagen más realista de la víctima como sujeto activo, en su estructura, dinámica y procesos de prevención.

Adicionalmente a esta concepción, la psicología jurídica ha acertado en la diferenciación entre lo clínico y lo forense, autores como Ackerman (1999), Vázquez (2007) y Tapias (2008), han avanzado en la comprensión de las víctimas como sujetos de derechos y no como pacientes mentales dejando de lado la perspectiva psico diagnóstica clínica con énfasis en las explicaciones endógenas individualistas y patológicas, para dar paso a explicaciones que legitiman sus afectaciones psicológicas como reacciones normales y proporcionales ante hechos sociales anormales (Baró, 1984). La siguiente tabla sintetiza esta posición epistemológica:

CATEGORÍA

Sujeto de atención

PSICOLOGÍA JURÍDICA

PARADIGMA CLÍNICO

Y FORENSE

TRADICIONAL

Víctima,

procesado

o Consultante

persona en conflicto con la ley Objetivo de atención

Búsqueda de justicia

Expectativa de alivio, de cura

Acceso al

Voluntario

o

no,

ej. Voluntariedad por

profesional

Procesos que se adelantan confianza en la de oficio o que se conmina confidencialidad y a

comparecer

ante

la búsqueda de la ayuda

justicia Secreto Profesional

El secreto profesional se Amparado por secreto comparte con el abogado y profesional el

evaluado,

y

como

49

principio

se

haciendo

excluye

uso

del

consentimiento informado Origen de la

Causa

externa

social, Origen intrínseco,

problemática

económica y política

endógeno y psicobiológico o micro social

Impacto de la

Problema con connotación Problema individual,

problemática

social,

político

y personal, privado y

económico

confidencial

Expectativas frente

Necesidad de respeto y Solicitud de secreto

a la atención

visibilización social

Manejo de la

Se presume distorsión o Se presume sinceridad

información

coerción,

suministrada

del agente causal de la este espacio privado

profesional

prioritariamente pues el sujeto ha elegido

victimización, pero también como forma de resolver de

la

víctima

minimiza

o

porque su situación simula

síntomas Instrumentos de

Instrumentos

de Técnicas directas de

evaluación

evaluación

con

indirectas,

previendo

técnicas evaluación en las que

distorsión del examinado

la hay poca prevención frente a la simulación o distorsión

Contexto de

Atención psicosocial y

atención

jurídica

Atención en salud

50

En cada uno de estos enfoques hay una perspectiva diferencial del sujeto, de sus expectativas, de los modelos explicativos y del tipo de intervención.

El sistema de salud tradicional ha acostumbrado concebir los problemas psicológicos, como individuales y endógenos, y en consecuencia han intervenido desde lo intra psíquico y farmacológico. En casos de delito y lesión psíquica, o macro victimizaciones, resulta erróneo e insuficiente este paradigma intra psíquico, individualista y biologicista, pues parte de lo que favorece la recuperación y readaptación es la aceptación de la situación, la judicialización y una atribución exacta de la realidad y los desencadenantes sociales. En estas intervenciones lo perentorio no es eliminar el síntoma, sino ayudar al sujeto en la comprensión de que su reacción psicológica alterada es proporcional a la victimación e incluso, en muchos casos, resulta adaptativa.

Es decir, el restablecimiento de la salud, implica mucho del reconocimiento exacto de los hechos y de su condición de víctima, como prioritaria por encima de la de “trastornado mental”, es decir, la víctima no es un sujeto psicopatológico aislado, desviado de la normalidad estadística, sino una persona que reaccionó ante una situación anormal (Baró, 1984).

Frente a la intervención farmacológica, se ha encontrado que resulta oportuna para controlar síntomas en episodios agudos, pero presenta elevadas tasas de recaída a mediano plazo. En contraste con las terapias cognitivas que generan importantes efectos en estados agudos y previenen recaídas, es decir, generan un efecto más estable. Esta ventaja se podría derivar del aprendizaje de habilidades de afrontamiento y de estilos cognitivos más efectivos.

La ventaja de la intervención psico jurídica es que trabaja con un paradigma amplio, incluyendo el conflicto social como fuente de la salud mental, coincidiendo con la OMS (2002) que identifica la violencia como un problema de salud mental.

51

En lo cognoscitivo, la amplia comprensión de lo sociopolítico como generador de bienestar o malestar, libera a la víctima de la auto descripción de “enfermo mental”, “patológico” y la ayuda a comprenderse como “vulnerable” o como una víctima digna. Es imprescindible comprender que la víctima no es un enfermo mental; sino que, como ya se ha dicho anteriormente, es una persona que reacciona de manera normal ante una situación anormal. Así, la atención prestada no debe dar una sensación de caridad, sino de comprensión (Defensoría del Pueblo).

En lo afectivo, la intervención psicológica no pretende eliminar las emociones, sino validarlas, expresarlas en un ambiente de contención y comprensión que colateralmente tiene el efecto de atenuarlas. Esta posición, es mejor aceptada por víctimas que expresan su rechazo a la terapia que propende por superar el dolor, perdonar, olvidar y usar fármacos, pues manifiestan la necesidad de recordar y el derecho a sufrir y sentirse indignados mientras haya injusticia e impunidad. No gustan de ser señalados como personas con daño, como “dañados”, sino como perjudicados con impactos que incluso pudieron hacerlos mejores, más fuertes y más conscientes.

Al respecto, la Corporación AVRE (2009) entiende por análisis psicojurídico, el ejercicio metodológico de realizar una lectura psicosocial de las diferentes etapas del proceso, identificando los impactos que sobre las víctimas y familiares tuvo, y una valoración general sobre el impacto psicosocial que este tipo de casos puede generar en los representantes legales y organizaciones acompañantes.

Centrando los procedimientos en las garantías de las víctimas.

Es importante reconocer que los proceso jurídicos, que dan paso a la verdad y la justicia, ejercen un importante efecto colateral y terapéutico en las víctimas. Es decir, existen consecuencias en dos sentidos, uno en relación con la salud mental y otro relativo a la reparación integral.

52

Lo contrario también es cierto, es decir, si la justicia y la reparación son meras formalidades, tardías o inadecuadas, es posible que en la mayoría de los casos, las personas continúen bajo las secuelas de las violaciones iniciales, Corporación AVRE (2009). Es decir, los procesos de exigibilidad a la verdad, justicia y reparación, en contextos marcados por la impunidad estructural y conflicto sociopolítico, perpetúan los impactos psicosociales y afectaciones en las condiciones de salud mental, a todos los actores involucrados, como son las víctimas, sus familiares, organizaciones, abogados y organismos acompañantes.

1.6

ACCIONES PSICOSOCIALES EN EL ABORDAJE A VICTIMA

Como se ha señalado son muchas las necesidades de las víctimas, y por ello se pueden considerar diversos tipos de atención, por ejemplo la intervención en crisis, la consulta psicológica y la intervención psicosocial, por lo cual es determinante identificar en qué consiste cada una de ellas, al tiempo que el contexto en el que se deben aplicar como forma de buenas prácticas.

La gobernación de Santander (2013), basada en un texto del Ministerio de Salud, presenta en su glosario, varios conceptos relativos a la atención a víctimas, entre ellos, abordaje o enfoque psicosocial, atención integral con enfoque psicosocial, atención psicosocial, acompañamiento psicosocial, apoyo psicosocial, asesoría psicosocial, asesoría psicológica e intervención psicosocial. Todos estos términos parecen indicar una tendencia social de clichés profesionales, de hecho, para quienes escriben, hay varios textos relativos a estos temas, que ni siquiera definen los términos, los definen aplicándolos a situaciones particulares cuando son términos genéricos o los usan como sinónimos indistintamente, todo lo cual puede generar una enorme confusión, por lo cual, para efectos prácticos y de

53

claridad de estos, sólo nos referiremos a asesoría psicológica e intervención psicosocial y de otras fuentes se definirá lo atinente a intervención en crisis.

Tipos de intervención: asesoría psicológica, acompañamiento psicosocial e intervención en crisis

1.6.1

Asesoría psicológica

Es

la

acción

realizada

por

profesionales

de

la

salud

mental,

intencionalmente dirigida a brindar herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas, en las áreas comportamental y cognitiva que facilite la toma de decisiones en la vida relacional de las personas.

Es decir, se trata de aquella intervención terapéutica clásica extensa (puede desarrollarse de semanas a meses, con sesiones semanales de una hora), realizada por psicólogos y psiquiatras en el ámbito de la salud y donde opera la reserva del secreto profesional; en este escenario, las metas son el alivio del sufrimiento y el cambio pactado entre el usuario y el terapeuta. Este contexto, resulta adecuado aplicarlo en el caso de afectaciones individuales, también cuando los impactos son de largo plazo; cuando se alcanzó el diagnóstico de un trastorno mental; cuando esté disponible un sistema de salud privado o público que lo pueda proveer, bajo un espacio de celosa confidencialidad en el que se comprenda que violar el secreto profesional es una infracción deontológica a resolverse en el plano disciplinario.

También se denomina intervención de segunda instancia, en contraste con los primeros auxilios psicológicos que son intervenciones de primera instancia.

54

1.6.2

Intervención psicosocial

Este concepto será definido fusionando dos de los términos del glosario de la Gobernación de Santander (2013), el de acompañamiento y propiamente el de intervención. Son acciones integrales que facilitan que los procesos psicosociales o jurídicos de las víctimas (entiéndase actores jurídicos); se realizan propendiendo por el restablecimiento de sus derechos y procesos sociales basados en medidas de reparación.

La diferencia entre intervención y acompañamiento, radica en

variables como tiempo y vinculación, el segundo de ellos se caracteriza por ser más duradero y comprometido, puede incluir situaciones como la de los defensores comunitarios cuyo compromiso es tan elevado que empiezan a convivir con las poblaciones vulnerables, compartiendo con ellos el riesgo. Las ONG´s, por su parte, suelen realizar acciones de acompañamiento, ya que pueden vincularse con un caso desde su inicio hasta que han pasado años de litigio nacional o internacional. La intervención tendría un carácter más puntual, acorde con las posibilidades de la mayoría de las instituciones estatales.

Esta intervención psicosocial puede ser comprendida más ampliamente con las connotaciones que le dan Navarro, Perez y Kernjak (2010), en el Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial, en procesos búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, donde se le denomina “trabajo psicosocial” a los procesos de acompañamiento individual, familiar, comunitario y social orientados a prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto de la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales y otras graves violaciones de los derechos humanos. Estos procesos promueven bienestar, apoyo social y soporte emocional a las víctimas, y contribuyen a restablecer su integridad, fortaleciendo su dignidad y estimulando el desarrollo de sus acciones en los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.

55

Este trabajo se considera indispensable para la reparación integral, ya que contribuye a visibilizar el daño y restituir socialmente la dignidad de las víctimas y de sus familiares, al tiempo que favorece la reconstrucción de redes sociales de apoyo que han sido destruidas como consecuencia de dichas violaciones.

Generalmente, dicho trabajo lo realizan equipos profesionales y promotores de salud mental.

Bajo esta concepción, la intervención psicosocial debe contribuir a enfrentar el sufrimiento y a fortalecer las capacidades de las víctimas sobrevivientes, sus familiares y la sociedad; debe ajustarse al contexto social, cultural y político, a las expectativas de los familiares y comunidades; debe contribuir a la identificación de los daños producidos, a la recuperación del tejido social dañado; propender por la reflexión crítica y el bienestar emocional de personas y grupos afectados para que ellas decidan sobre la búsqueda de sanción penal a los responsables y la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La intervención psicosocial debe favorecer relaciones constructivas entre los actores internos y externos de la comunidad fortaleciendo el tejido social, propender por la organización de las víctimas y fomentar el apoyo mutuo. Debe contar con una planificación, seguimiento y evaluación a nivel individual, familiar, comunitario y social; identificar los riesgos derivados de las prácticas forenses, legales o psicosociales y su prevención; fomentar la participación conjunta de los equipos forenses y psicosociales en las instancias de recopilación y transmisión de información con familiares y comunidad, para propiciar un espacio reparador para las familias y la reivindicación del aporte y papel social de las víctimas y sus organizaciones.

Como se observa, está universalmente recomendado orientar a las víctimas para que se organicen y se brinden ayuda horizontal, por lo cual, para los profesionales que atienden víctimas, resulta valioso remitirlas a movimientos asociativos de víctimas que según García-Pablos (1996), son ejemplos

56

emblemáticos de resiliencia y estrategias de afrontamiento positivos; en ellos, se observan víctimas dignas, fuertes, con conocimiento y en posición de exigibilidad de beneficios psicológicos y jurídicos. Estas organizaciones se trazan como objetivos defender sus derechos, visibilizar las realidades e injusticias, recuperar la dignidad y bienestar, mantener la historia real y no sólo la verdad probada jurídicamente; luchan por la verdad, la justicia y la reparación. Ejemplos de estas organizaciones son las Madres de la Plaza de Mayo, que tras décadas de perseverante lucha han logrado desenmascarar los abusos de poder de la dictadura Argentina, e incluso han llegado más allá derogando leyes, políticos e identificando los nietos desconocidos de los hijos desaparecidos.

Para efectos de conexión con estas iniciativas de asociación, existen diversos grupos a los que se puede remitir a los usuarios, por ejemplo ASFAMIPAZ, Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados, Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad; la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos ASFADDES; y el Movimiento de Víctimas de Estado MOVICE.

De todos estos movimientos colombianos asociativos de víctimas se destaca la misión de ASFADDES (2010), quienes se propusieron desde su inicio como misión luchar coordinadamente con todos los asociados y organizaciones afines, por encontrar los detenidos desaparecidos, exigiendo al Estado Colombiano la plena vigencia y la garantía del derecho a conocer la Verdad, la aplicación de la Justicia, la Reparación Integral y la Recuperación de la Memoria Histórica. Como objetivos se han propuesto mantener la memoria, dignificar las víctimas, tipificar la desaparición, posicionarse como grupo de opinión y brindarse apoyo mutuo.

El

MOVICE (2010), tiene como objetivo reivindicar a las víctimas de

crímenes cometidos por el Estado sea por su acción u omisión, exigiendo de manera clara el restablecimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación

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integral, garantía de no repetición y a la memoria de centenares de miles de hombres y mujeres que le apostaron a construir una Colombia en paz y con justicia social. Dentro de sus estrategias han definido el catastro alternativo, una comisión ética, verdad y memoria histórica y movilización contra la desaparición forzada.

Por lo general, las personas que pertenecen a estos movimientos asociativos de víctimas,

deciden autodefinirse como víctimas de manera

permanente incluso después de superar la victimización personal, esto por la convicción de mantener su solidaridad con el grupo y por el compromiso social que asumen en la permanente defensa de los derechos humanos (Tapias 2010).

1.6.3

Estado de crisis y perspectiva diferencial de la crisis

La experiencia del crimen con frecuencia genera en las víctimas una crisis, la cual es un estado temporal de afectación y desorganización -de 4 a 6 semanascaracterizado por la incapacidad del individuo para manejar situaciones, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. (Slaikeu, 1996 citado por Tapias, 2010). La persona entra en crisis cuando se enfrenta a una situación concreta en la que evalúa que sus recursos son inferiores a las demandas del ambiente (Gómez y Corral, 2009).

En los momentos de crisis, la persona siente que no hay salida al problema y la única forma de verla es a través del apoyo y objetividad de otra persona. Si la crisis es tan grande, al punto de colindar con un trastorno mental, es preciso una evaluación y manejo profesional (Molano, et al, 2009).

58

Quien experimenta una crisis indica no saber qué hacer, se encuentra como paralizada e incluso sorprendida, porque no logra afrontar la situación, se percibe a merced de las circunstancias, posiblemente experimentando emociones que no conocía y percibiendo una gran necesidad de ayuda. La crisis se experimenta de manera diversa según el delito padecido, la edad al ser victimizado, el sexo del afectado y condición de discapacidad y aspectos socioculturales, es decir, genera impactos diferenciales y por ello debe abordarse tomando en cuenta las características particulares de la víctima.

Es perentorio aclarar que no todas las víctimas entran en estado de crisis, sin embargo, si la sufren debe documentarse como una de las afectaciones presentadas por la víctima, aunque es un estado que se supera con intervención, es decir, que no se fija como uno de los daños permanentes en quien lo padece.

También hay que puntualizar que la crisis es diferente al duelo, el cual es una reacción de la persona ante una pérdida en cualquiera de sus modalidades, no todas las crisis son causadas por duelos, ni todos los duelos culminan en crisis.

Las crisis también se diferencian de los trastornos mentales, pues los que están en crisis, no necesariamente cumplen con los criterios diagnósticos de enfermedad mental y el tiempo es uno de los límites que permite identificar si se trata de lo uno o de lo otro, ya que las crisis suelen ser más breves que los trastornos. Dentro de las precisiones, hay que anotar que la crisis es diferente del estrés, este es una reacción del organismo ante una situación que interpreta como amenaza, desafío o sobrecarga, pero que puede tener las herramientas para afrontarlo. La crisis es más severa que el estrés, pues no todo estrés genera crisis.

Según Gómez y Corral (2009), las crisis se pueden dividir en crisis circunstanciales traumáticas o evolutivas. Estas últimas tienen que ver con las etapas del ciclo vital, del desarrollo humano, generan crisis “previsibles” entre un estadio y otro

ej. Crisis de la adolescencia, de la jubilación, etc. Las crisis

circunstanciales o traumáticas surgen de la ocurrencia de eventos raros y

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extraordinarios que un individuo no tiene manera alguna de prever ni controlar (ej. secuestro, accidente). Es una circunstancia azarosa, imprevista, conmovedora, intensa y catastrófica, es decir, la mayoría de las situaciones que vivencian las personas afectadas por delitos y que son atendidas por servidores públicos.

Se considera que las personas que experimentan crisis vivencian tres etapas: La primera es la fase de impacto que incluye todo lo inmediato al suceso traumático, puede durar desde minutos a días, las reacciones son extraordinarias.

La segunda es la fase de reacción: pasada la confusión, comienza a comprender lo que ha pasado y reacciona en consecuencia. Puede ser tremendamente dolorosa, porque es acá donde comprende todas las implicaciones que el suceso traumático trae a su vida y es donde se siente más desorientada. Y la tercera que es la reorientación: si ha superado las fases anteriores, aceptará el suceso traumático y lo integrará a su vida, será capaz de volver a retomarla, de ilusionarse con nuevos proyectos y volver a ser feliz. Para el profesional que atiende esta población, es relevante identificar en cuál de estas fases se encuentra la víctima, para así brindar una atención en consecuencia.

Algunas pautas que ayudan a identificar cuando una persona está en crisis son: cansancio continuo, sensación de desamparo e inadecuación, confusión, ansiedad y síntomas físicos. Por otro lado, para contrastar y distinguir los que no están en crisis, se aprecian que son personas que siguen interactuando con el medio, buscan información, expresan sentimientos, piden ayuda, hacen una fragmentación favorable (no pensar todo el tiempo en el problema), confían en sí mismos y se apoyan en otros.

El objetivo inicial de la intervención en la emergencia, en la crisis, es el proceso de ayuda dirigido a auxiliar una o varias personas, a sobrevivir un suceso traumático, minimizando el impacto psicológico a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de que aparezcan trastornos psicológicos posteriores y aumentando

60

el crecimiento personal (nuevas habilidades perspectivas y opciones) (Gómez y Corral, 2009). También tiene como fin generar enlaces con recursos de ayuda.

A esta intervención inicial, también se denomina los Primeros Auxilios Psicológicos cuya sigla es PAP, considerados como el conjunto de estrategias puestas en marcha, de manera inmediata, por los intervinientes tras un suceso crítico y que están orientados a prevenir o disminuir consecuencias negativas en la salud mental de los afectados. Las crisis son un momento oportuno para el equipo interdisciplinario, no sólo para el profesional en psicología, pues cualquier persona entrenada puede brindar primeros auxilios psicológicos. Adicionalmente es un momento oportuno para asesorar al sujeto para que inicie la reorganización y dentro de ese plan incluya la búsqueda de justicia. Estos primeros momentos son cruciales, McGee (sf) citado por Gómez y Corral (2009), afirma que la efectividad de la intervención en crisis, aumenta de modo directo en función de la proximidad tanto física, como en el tiempo con los sobrevivientes del evento causal, por lo cual resulta clave que los profesionales que entran en contacto con la víctima, sea lo más cercano al iter criminis.

1.6.4

Primeros auxilios psicológicos

También denominadas intervenciones de primera instancia, dirigidas a cualquier persona impactada por un incidente crítico (victimas, familiares y allegados), se realizan de manera inmediata y generalmente son de corta duración (desde minutos hasta pocas horas), se realizan lo más próximo en tiempo y espacio al suceso o un momento muy cercano ej. Hospitales, servicios policiales, iglesias, hogares, líneas de emergencia, centros educativos, etc. Su objetivo es proporcionar apoyo, reducir el peligro de muerte y enlazar a la persona en crisis con los recursos de ayuda.

61

Molano, et al (2009) aclaran que la intervención en crisis es útil para proporcionar apoyo y brindar la oportunidad de expresión, procurar el apoyo social, generar esperanza, convertir la crisis en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en el desarrollo de la persona.

Los primeros auxilios psicológicos (PAP), los puede brindar cualquier persona suficientemente entrenada (policías, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, supervisores tutores, abogados, entrenadores o sacerdotes).

Es decir, no son competencia exclusiva de los psicólogos y los psiquiatras, sino que son herramientas de estas disciplinas a las que pueden recurrir los diferentes profesionales y/o servidores. Inter-Agency Standing Committee IASC (2007), afirma que todos los trabajadores de asistencia, deberían estar en condiciones de ofrecer primeros auxilios psicológicos muy básicos, pues existe el error frecuente de creer que los primeros auxilios psicológicos requieren intervenciones clínicas o psiquiátricas urgentes. Por el contrario, se trata simplemente de una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y necesita soporte. Las personas suelen experimentar reacciones agudas de angustia, después de presenciar acontecimientos traumáticos y la mejor manera de ayudarlas es evitando el uso de medicamentos.

Según Molano, et al (2009), dentro de las reglas básicas para prestar primeros auxilios psicológicos están: 

El instrumento principal es el trabajador, el protagonista es el auxiliador, con su carácter, sus valores, su sensibilidad hacia los sentimientos de otros, su capacidad de comunicación.



El papel de la persona que presta primeros auxilios psicológicos es ser amable y no emitir juicios, además debe mostrarse interesado y preocupado por el bienestar de la persona a quien va a ayudar. Debe transmitir seguridad y competencia

62



Reconocer las propias limitaciones. Estar alerta para percibirlo y abstenerse de intervenir



Empatía, no lástima. Es importante que el afectado perciba que se le comprende, que el auxiliador es capaz de ponerse en su lugar y entender su situación



El afectado no siempre colaborará con el auxiliador. En efecto, si está convencido de que no se puede hacer nada y de que es incapaz de enfrentarse a sus problemas podrá disimular, de hecho, sus propios recursos, en un intento por lograr que el auxiliador cuide de él. Una vez que la urgencia ha desaparecido, no es raro encontrar que la persona mencione posibles soluciones, como pedir la ayuda de un pariente cercano, unos fondos de reserva, o un plan al que pudo haber recurrido si el auxiliador hubiera fallado. Existen casos en los que el afectado se niega activamente a recibir ayuda o no se interesa por mejorar la situación. Si definitivamente la persona no actúa una vez se ha intentado estimularlo, se debe considerar la posibilidad de retirarse del caso.



Cada caso es especial. El auxiliador debe poner empeño por comprender las circunstancias específicas de la persona o personas a quien busca prestar el auxilio.



Espacio adecuado. Buscar un sitio adecuado, cómodo, tranquilo y que permita la privacidad.



Identificar cuándo es importante remitir a evaluación médica, psicológica o psiquiátrica. Si la persona es suicida, o presenta comportamientos fuera de control como episodios psicóticos, el auxiliador debe llevarlo o remitirlo rápidamente a un servicio de urgencias.

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1.6.5



Sugerencias para la intervención:

Establecer empatía: generar confianza, invitar al sujeto a hablar, escuchar activamente (hechos y sentimientos), mostrar interés, realizar contacto físico, comunicar aceptación y por último despojarse de su distancia profesional.



Indagar el pasado inmediato: Incidente que precipitó la crisis; fortalezas y debilidades previas a la crisis, para identificar los recursos propios del sujeto.

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Identificar fortalezas y debilidades del presente, recursos personales internos, y recursos externos (redes de apoyo). Es indispensable evaluar factores de riesgo asociados a mortalidad.

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Favorecer el futuro inmediato: propulsar decisiones inminentes, examinar lo que el individuo podría hacer ahora, proponer alternativas: nuevos comportamientos, redefinir el problema estableciendo metas específicas a corto plazo, hacer confrontaciones cuando sea necesario, ser directivo, hacer un convenio para hacer seguimiento y evaluar los pasos de acción.

Esta intervención tiene el fin de favorecer la normalización de la situación y ayudar al usuario a la reorganización de su proyecto de vida a corto y mediano plazo. Es una estrategia de acercamiento profesional con buenas prácticas, para evitar acciones iatrogénicas, revictimizantes o que causen daños adicionales a las víctimas y allegados.

Los primeros auxilios psicológicos abarcan según Inter-Agency Standing Committee IASC (2007):

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1. Proteger a los sobrevivientes respecto de daños mayores (a veces, una persona muy angustiada puede adoptar decisiones que provocan mayor riesgo).

2. Proporcionar a los sobrevivientes oportunidad de que hablen sobre los hechos, pero sin ejercer presión. Es preciso respetar el deseo de no hablar y evitar insistir para obtener más información, que aquella que la persona está dispuesta a dar. Según sea apropiado, cabe informar a los sobrevivientes angustiados, de su derecho a negarse a hablar de los hechos, con otros trabajadores de asistencia o periodistas.

3. Escuchar pacientemente, aceptando lo que se oye y sin emitir juicio 4. Transmitir una empatía auténtica.

5. Determinar cuáles son las necesidades prácticas básicas y velar por que se satisfagan.

6. Preguntar a las personas qué les preocupa y tratar de abordar esas preocupaciones.

7. Desalentar las maneras negativas de hacer frente a la situación (especialmente, desalentar el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas, es importante explicar que las personas muy angustiadas corren un riesgo mucho mayor de generar adicciones).

8. Alentar la participación en actividades cotidianas normales (tanto como sea posible) y aprovechar medios positivos para hacer frente a la situación (por ejemplo,

actividades

de

que

generen

tranquilidad

y

distracción

culturalmente apropiados; acceso a redes de apoyo).

9. Participar de actividades culturales y espirituales acorde con su sistema de creencias, y que resulten adecuados para su condición actual.

10. Alentar, pero no obligar, a buscar la compañía de uno o más familiares o amigos.

11. Según corresponda, ofrecer a la persona la posibilidad de regresar para obtener más apoyo.

12. Recurrir a los sanadores tradicionales existentes y, según sea apropiado, colaborar con ellos, ya que generalmente suelen estar bien informados con

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respecto a la ubicación de los afectados y pueden proporcionar información de índole cultural a los profesionales externos.

En casos excepcionales, cuando la angustia aguda y severa limita el funcionamiento básico de una persona, probablemente se necesitará remitir a tratamiento clínico.

1.6.6

Revictimización y acción sin daño

Un principio hipocrático de atención es “no causar más daño” y esto aplica también para los servidores de la administración de la justicia y sus usuarios, ya que aunque hayan muy buenas intenciones, la falta de formación en temas humanos, la sobrecarga de trabajo y otros factores pueden influir en que la atención no sea la más adecuada, de allí la importancia de identificar en qué consiste una intervención nociva o acción revictimizante.

Inter-Agency Standing Committee IASC (2007), enfatiza en el principio “ante todo no dañar” y tener la precaución de no crear, mediante los diagnósticos de situación, expectativas poco realistas (por ejemplo, los entrevistados deben comprender que los evaluadores tal vez no regresen si no reciben financiación a las propuestas).

Deben evitarse los interrogatorios invasivos. Las organizaciones deben hacer todo lo posible por que la participación de miembros de la comunidad en los diagnósticos sea auténticamente voluntaria. Las personas que entrevistan a los niños u otros grupos, con necesidades particulares, deben estar dotadas de las aptitudes, la formación y la experiencia apropiada. La manera en que se ofrece atención de salud en general tiene efectos sobre el bienestar psicosocial de las

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personas afectadas por una crisis. El trato que incluya elementos de empatía y apoyo emocional protege el bienestar de los sobrevivientes, mientras que un trato no respetuoso y la comunicación deficiente, menoscaban la dignidad, disuaden a las personas de ir en busca de servicios de salud y debilita su adhesión al tratamiento.

Necesidad de evitar una inapropiada tipificación como patología o problema médico (es decir, distinguir entre el malestar no patológico y los trastornos mentales que requieren tratamiento y/o remisión a otros servicios).

Comunicación con los usuarios, cuidando el proporcionar información clara y fidedigna, sobre su estado de salud y sobre servicios de emergencia, como los de reunificación familiar.

Adicionalmente hay que mantener presente evitar la Revictimización, que son “las experiencias traumáticas que sufre la víctima en sus encuentros con la justicia penal” (Garrido, Stangeland y Redondo, 2001).

La revictimización también ha sido denominada como victimización secundaria, varios autores coinciden en definirla como las consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, supone, un choque frustrante entre las legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas. (Gutiérrez de Piñeres, Coronel y Pérez, 2009; Beristain, 1996; Montada, 1994).

Kreuter, 2006; Soria, 1998; Albertin, 2006;

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Asimismo se entiende como otra experiencia victimal que resulta con alguna frecuencia siendo más negativa que la primaria, y puede llevar a incrementar el daño causado por el delito con otros de dimensión psicológica o patrimonial.

También Albarrán (2003) considera que la victimización secundaria es una reacción social negativa, generada como consecuencia de la victimización primaria, donde la víctima re experimenta una nueva violación a sus derechos legítimos, cuando la policía, las instituciones sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la situación de la víctima, a nivel económico, social, físico y psicológico.

El término victimización secundaria ha recibido distintas denominaciones, entre ellas “doble Victimización o Revictimización”, esta última definida como las repetidas situaciones por las que tienen que pasar las víctimas después de haber sido afectadas por algún delito (el ejemplo más palpable está en los casos de abuso sexual), ante los organismos judiciales, viéndose obligadas a testificar un sinnúmero de veces, perjudicándose psicológica y emocionalmente de manera más profunda y traumática a la víctima. La revictimización también incluye la innecesaria, y a veces inadecuada intervención psicológica terapéutica o médica que brindan profesionales inescrupulosos y mal entrenados para atender situaciones que revisten características particulares (Rozanski, 2003, citado en Gutiérrez de Piñeres, Coronel y Pérez, 2009).

No obstante, hay que distinguir entre la revictimización y volver a ser víctima de un nuevo delito, por ejemplo si una víctima de amenazas luego sufre un secuestro, esta privación de la libertad no puede ser comprendida como una revictimización (victimización secundaria), sino como una nueva victimización primaria, para no desdibujar el hecho gravoso del nuevo delito, ser varias veces víctima no es sinónimo de revictimización, es el padecimiento de varios delitos.

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Para mayor ilustración se cita otro ejemplo: una madre cabeza de familia desplazada forzosamente con sus hijos llega a la ciudad, entra en contacto con las instituciones estatales, cuando le atienden le dan información insuficiente, le indican mal la ruta de atención, le hacen perder tiempo y se muestran insensibles ante su situación, todo esto es revictimización. Empero, si ella es asediada porque van a reclutar forzadamente a uno de sus hijos para vincularlo a un grupo ilegal, este es un nuevo delito, que debe ser investigado igualmente que el primero, es un nuevo hecho punible, no simplemente una acción inadecuada revictimizante.

La Victimización primaria deriva directamente del hecho delictivo, la victimización secundaria, de la relación posterior establecida entre la víctima y el sistema jurídico-penal o unos servicios sociales defectuosos. El maltrato o la inadecuada gestión institucional contribuye a agravar el daño psicológico de la víctima, cronificando las secuelas (Echeburúa, Paz del Corral & Amor, 2002; Asensi, 2006).

Garrido y Sobral (2008), indican como ejemplos de la victimización secundaria, cuando el sistema investiga la realidad objetiva del crimen, pero olvida la víctima o la trata de modo frío e impersonal; no se le proporciona información suficiente a la víctima sobre la evolución del proceso; ausencia de un entorno donde prime la intimidad y la protección; uso excesivo de tecnicismos jurídicos; desconocimiento de los diferentes roles profesionales; la desesperante lentitud del proceso judicial; el juicio oral donde se narran los delitos, donde se intentan destruir discursos y credibilidades”.

De todo lo anterior, se deduce la relevancia de la acción sin daño, que en el Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial, relativo a desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sugiere que todos los equipos implicados en la atención a víctimas, deben ante todo garantizar que no se genere más daño a las víctimas, sino que se fomente la realización de acciones que tengan un carácter reparador. Todas las acciones que se desarrollen deben

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tener como sentido y fin último el cumplimiento de las expectativas de las víctimas y sus familias, así como generar actuaciones orientadas hacia su inclusión y participación en los procesos de búsqueda, investigación forense y entrega de sus seres queridos sin causar perjuicios adicionales (Navarro, Perez y Kernjak, 2010).