Unidad 2 Módulo 2

Módulo II JURÍDICO Unidad Temática II Régimen legislativo de las Víctimas y Jurisprudencia Nacional e Internacional Autor: Iván González

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Tabla de Contenido UNIDAD TEMÁTICA II ........................................................................................................................ 4 RÉGIMEN LEGISLATIVO DE LAS VÍCTIMAS ................................................................................... 4

1. NORMATIVIDAD NACIONAL: CONSTITUCIÓN, LEYES Y DECRETOS VIGENTES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. ................................................................................ 4

2.

1.1

La Constitución Política y los derechos de las víctimas. ...................................................... 4

1.2

El Código de Procedimiento Penal (Ley 906) ...................................................................... 9

1.3

La Ley 975. ........................................................................................................................ 13

1.4

La ley 1448. ....................................................................................................................... 17

LOS DERECHOS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN ............................ 27

2.1

Derecho a la justicia ........................................................................................................... 29

2.2

Derecho a la verdad........................................................................................................... 36

2.3

Derecho a la reparación ..................................................................................................... 41

3. ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. ............................................... 42

3.1 Género y protección especial. ................................................................................................. 42 3.2 Los niños en el conflicto armado. ............................................................................................ 48

3

4. JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. ................................................................ 51

5.

4.1

La Corte Interamericana de Derechos Humanos. .............................................................. 51

4.2

La jurisprudencia constitucional en materia de protección de los derechos de las víctimas.

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CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 61

BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................................................ 63

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UNIDAD TEMÁTICA II RÉGIMEN LEGISLATIVO DE LAS VÍCTIMAS

1.

NORMATIVIDAD NACIONAL: CONSTITUCIÓN, LEYES Y DECRETOS VIGENTES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS.

1.1

La Constitución Política y los derechos de las víctimas.

La Constitución Política de Colombia no es ajena a la protección de los derechos de las víctimas de delitos y, en consecuencia, tampoco a la protección que se debe otorgar a las víctimas de violaciones a las normas internacionales sobre derechos humanos, de infracciones al derecho internacional humanitario o de crímenes de guerra.

Inicialmente, se pueden citar como primera fuente normativa de esta protección, el contenido del artículo 2 constitucional que define los fines del estado y, entre ellos, garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Carta Fundamental, asignando además, a las autoridades públicas, la función general de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Si bien esta norma constitucional no se refiere directamente a las víctimas de los delitos o de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, sí se desprende de su contenido la protección necesaria a las víctimas, en tanto que éstas se encuentran afectadas en los derechos que la Constitución establece como fundamento del estado democrático y social de derecho.

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En materia de derechos concretos, el Título II de la Constitución Política contiene algunas previsiones especiales que es necesario destacar como elementos básicos de protección a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En particular, se recuerda el contenido del artículo 12 que prohíbe la desaparición forzada de personas que, en términos de la Corte Constitucional (Sentencia C-317/02) prohíbe a toda persona, no sólo a los agentes del estado, la práctica de la desaparición forzada que es considerado un crimen de lesa humanidad, cuando se produce dentro del contexto propio de este tipo de crímenes.

El artículo 13 constitucional reconoce el derecho a la igualdad, así como las reglas básicas para que éste sea efectivo, pese a las diferencias que se presentan entre los habitantes del territorio, por diversos motivos. De esta norma se deriva, en consecuencia, la teoría de la Corte Constitucional sobre la condición de especial vulnerabilidad que tienen las víctimas del desplazamiento forzado y, en general, las víctimas del conflicto armado colombiano.

Allí, en efecto, se establecen dos previsiones fundamentales:

(i)

la primera derivada del inciso segundo de la norma, apunta a eliminar la discriminación, en tanto que obliga al estado a adoptar medidas especiales a favor de los grupos discriminados y marginados y,

(ii)

la segunda, contenida en el inciso tercero, establece como sujetos de protección reforzada a quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental.

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Estos dos ejemplos se toman como muestra del fundamento de los derechos de las víctimas de delitos, pero no implican la negación para este grupo de personas, de los demás derechos consagrados en el Título II de la Constitución, que pertenecen y son reconocidos a todas las personas que habiten en el territorio nacional. La cita separada de los que lo han sido, no se hace sino enunciación de los preceptos constitucionales que sirven de fundamento a una amplia doctrina que establece la protección reforzada de las víctimas de violaciones a las normas internacionales y nacionales sobre derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario.

El artículo 229 constitucional también es fundamento del derecho de las víctimas; esta vez, en tanto que establece el derecho de acceso a la justicia, como una manifestación especial de las víctimas para que puedan reclamar ante las autoridades judiciales tanto la protección de sus derechos fundamentales, como la reparación cuando ellos han sido vulnerados por acción de los agentes del Estado o de los particulares. Esta disposición ciertamente se puede advertir en la doctrina sobre las capacidades y facultades que tienen las víctimas en los procesos penales, tanto los que se adelantan de conformidad con la legislación ordinaria, como aquellos que están regidos por los mecanismos de justicia transicional, en particular por la Ley 975.

Es, sin embargo, en el artículo 250 de la Constitución en donde se reconoce especial preponderancia a las víctimas de los delitos. En esta norma superior se establecen varias funciones de la Fiscalía General de la Nación, de las cuales es preciso hacer mención a las funciones de:

(i)

solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para la protección de las víctimas del delito;

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(ii)

solicitar al juez de conocimiento las medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, el restablecimiento del derecho y la reparación integral, y

(iii)

velar por la protección de las víctimas.

Así las cosas, se puede concluir que, en principio, es competencia de la Fiscalía General de la Nación tomar las medidas que sean necesarias para la protección de las víctimas de los delitos que investigue, así como la de hacer algunas solicitudes especiales relacionadas con las víctimas. Es competencia de los jueces, por otra parte, ordenar las medidas que se deban implementar para la protección de las víctimas, así como disponer lo que sea necesario en materia de restablecimiento del derecho y reparación integral.

Junto a estas previsiones específicas, se encuentra una más general que señala competencias concretas al Ministerio Público. En este sentido, el artículo 277 de la Constitución señala las obligaciones que están a cargo del Procurador General de la Nación, supremo director del Ministerio Público, y por consiguiente los deberes que deben cumplir los agentes de esta institución sui generis.

La base de las actuaciones que debe desarrollar el Ministerio Público a favor de las víctimas son los numerales 1 y 2 del artículo citado. De acuerdo con el primero, mediante la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, corresponde al Ministerio Público una gama de deberes que pueden comprender: (i)

la intervención de los agentes del Ministerio Público en los procesos penales en defensa de los derechos de las víctimas;

(ii)

la iniciativa legislativa en materia de derechos de las víctimas;

(iii)

la interposición de acciones de tutela a favor de las víctimas de delitos;

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(iv)

la intervención ante las autoridades administrativas a fin de que éstas cumplan con lo ordenado en las leyes o en las decisiones judiciales a favor de las víctimas de delitos.

Por virtud de lo dispuesto en el numeral 2, al Ministerio Público corresponde, en general, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. Esta función implica:

(i)

tanto abogar ante las autoridades públicas y los particulares para la solución de las peticiones realizadas por las víctimas, como

(ii)

producir informes, recomendaciones y observaciones frente a la violación de los derechos humanos;

(iii)

de la misma forma, el Ministerio Público (Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo) deben participar en el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, organismos que debe adoptar recomendaciones de política pública sobre el tema; en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que tiene así mismo funciones relacionadas con la política pública sobre el tema, y en otras Comisiones u organismos que tienen funciones respecto de la situación de las víctimas;

(iv)

cumplir las obligaciones que se imponen al Ministerio Público en la Ley 975 y en los decretos que a ella se refieren, y (v) cumplir con los deberes que al Ministerio Público impone la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

Estas disposiciones de la Carta han sido desarrolladas por el Código de Procedimiento Penal, por la Ley 975 y por la Ley 1448 en distintos aspectos, según lo se enunciará a continuación.

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1.2

El Código de Procedimiento Penal (Ley 906)

El Código de Procedimiento Penal desarrolla los derechos de las víctimas en el ámbito del proceso penal. En un primer momento, a través del artículo 11 regula el derecho de acceso a la justicia que implica no solamente la posibilidad de presentar demandas y peticiones ante los jueces de la república, sino los derechos a un trato digno y humano, a recibir respuestas oportunas de las autoridades; a la protección de la integridad; a la garantía de seguridad; a aportar las pruebas que sean necesarias; a recibir asistencia, asesoría legal e información; a conocer la verdad, y a que se les reparen los daños ocasionados con el delito.

En términos generales, los distintos derechos que el Código liga inescindiblemente con el derecho de acceso a la justicia y establece a favor de las víctimas de delitos son compatibles e incluso superan lo que se conoce con el nombre genérico de “estándares internacionales”, pues no solamente desarrollan el derecho a la verdad a la justicia y a la reparación, sino que, al elevarlos a la categoría de principios rectores, condicionan el balance que debe existir entre los derechos de las víctimas y los derechos y garantías judiciales del victimario.

A tal punto se expresa en la ley esta prevalencia de los derechos de las víctimas, que en el artículo 103 del Código, cuando se regula el incidente de reparación integral, se permite a la víctima la determinación de la forma de reparación a la que aspira, es decir, que para estos efectos si bien el juez conserva la potestad de decidir sobre la cuantía y la forma de las reparaciones, la opinión de la víctima se convierte en guía de la decisión correspondiente y, en la práctica, cierra al juez las puertas para que no acceda a lo pedido por la víctima, aun cuando puede fallar, eso sí, extra petita.

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El artículo 111 de la Ley 906 recalca sobre la competencia de los agentes del Ministerio Público en el proceso penal en materia de protección de los derechos de las víctimas. En una conjunción de funciones entre la defensa del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos y garantías del imputado, la ley le asigna al Ministerio Público la función de velar porque las actuaciones judiciales cumplan con los cometidos de verdad y justicia; velar porque se respeten los derechos de las víctimas; verificar que el consentimiento de la víctima, en los casos en que ello proceda, esté enmarcado dentro de los parámetros de una “voluntad real”, y porque no se afecten los derechos a la verdad y a la justicia y demás derechos de la víctima, cuando se aplique el principio de oportunidad.

Las normas del Código de Procedimiento Penal son suficientemente garantistas de los derechos de las víctimas. A las anteriores se suman las contenidas en el Capítulo IV del Título IV de la Ley 906 que regula la actuación de partes e intervinientes, y respecto de las víctimas establece un conjunto de derechos que desarrollan las previsiones antes vistas.

Es particularmente importante mencionar el contenido del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que en él se consagran los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos y, para estos efectos, se les conceden una serie de prerrogativas dentro de la actuación penal.

En el artículo, sin embargo, no se hace diferencia en cuanto a los derechos cuya protección pueden demandar las víctimas en desarrollo del proceso penal, de manera que los contenidos de verdad, justicia y reparación se extienden a todo tipo de actuaciones que se adelanten en la investigación de un delito, extendiendo de esta forma el marco de estos derechos en la jurisprudencia de los organismos internacionales.

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Lo que se plantea aquí es que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como las garantías de no repetición, son conceptos que surgieron en la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, referidas a los casos en los que los individuos han sufrido perjuicios a consecuencia de violaciones de las normas de tal carácter.

En este sentido, el derecho a la verdad, por ejemplo, tiene su fundamento en tanto que en los casos de violaciones a los derechos humanos no existe un solo responsable de la conducta, porque son actividades que desarrollan los aparatos del estado o grupos organizados de poder, razón por la cual para la adecuada satisfacción de las víctimas no basta con conocer al autor material de la conducta, sino que es preciso develar tanto la organización que está detrás del crimen, como su forma de proceder, los motivos que condujeron a la violación, las jerarquías que ordenaron y desarrollaron la actividad lesiva de los derechos humanos, así como la política del grupo para atacar a la víctima o al grupo al que ella pertenece.

La situación es distinta cuando el procedimiento se adelanta para juzgar las conductas de lo que se denomina la criminalidad ordinaria. En ésta, pese a que también el autor material pueda estar vinculado a una organización o banda criminal, la dimensión del derecho a la verdad se encuentra relativizada porque excedería el ámbito propio del derecho sancionatorio y tornaría el proceso penal en una actuación sin fin. De hecho, para el estado puede resultar necesario que dentro del proceso penal se descubran las estructuras de las bandas delincuenciales, su forma de operación, las justificaciones de su actuar y los demás aspectos que cohesionan a sus miembros. No obstante, si en cada proceso penal se hiciera depender su éxito del esclarecimiento total de estos y otros aspectos, se ampliarían irregularmente los plazos de juzgamiento, en detrimento tanto de los derechos de las víctimas como de las garantías judiciales del imputado. A las víctimas de la criminalidad ordinaria no les compete ejercer el

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derecho a la verdad; será importante satisfacer su derecho a la reparación, mas no puede supeditarse ésta al hecho de que el juez tenga que establecer todos los aspectos relacionados con el derecho a la verdad tanto de la víctima como de la sociedad.

En el capítulo correspondiente del Código de Procedimiento Penal se establecen los principales derechos de las víctimas dentro de las actuaciones judiciales de ese carácter de manera muy general:

(i)

A recibir atención;

(ii)

Garantía de seguridad personal y familiar;

(iii)

Protección frente a la publicidad;

(iv)

Respeto de su intimidad;

(v)

Intervención procesal como una forma de acceso a la justicia;

(vi)

Comunicación de sus derechos y la suerte del proceso;

(vii)

Recibir información sobre mecanismos de protección de sus derechos y de acceso a la justicia.

La ley 1448 también señala una serie de derechos de las víctimas, comenzando por el derecho… (i)

A la verdad, a la justicia y a la reparación, y concretando otros aspectos de los derechos que de forma general se establecen en el Código.

(ii)

A ser beneficiario de acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, que es una manifestación del derecho a la seguridad; a solicitar y recibir atención humanitaria, que es una forma de acceder a la atención prevista en el Código;

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(iii)

Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la presente ley, como desarrollo del derecho a recibir información sobre los mecanismos de protección de sus derechos. Además, se consagran otros derechos específicos que corresponden a situaciones que se producen por fuera del escenario del proceso penal;

(iv)

A acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario;

(v)

A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de protección a sus derechos;

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(vi)

A un enfoque diferencial;

(vii)

A la reunificación familiar;

(viii)

Al retorno;

(ix)

A la restitución de tierras y, para las mujeres;

(x)

A vivir libres de violencia.

La Ley 975 de 2005.

La Ley 975 de 2005 es un mecanismo de justicia transicional. Su promulgación, en efecto, pretendía la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, pero en función del aporte que dicha desmovilización podría hacer a la consecución de la paz nacional. Bajo tal concepción, la Ley 975 condicionó la concesión de beneficios a los desmovilizados a su contribución efectiva a la verdad, a la justicia y a la reparación, condición que fue explícitamente reforzada por la Corte Constitucional en la sentencia C-370/06.

En la mencionada decisión, después de un amplio análisis sobre lo que significa el derecho a la verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos, de conformidad, entre otros, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho de los tratados sobre la materia, la Corte

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Constitucional consideró que las previsiones de la Ley 975 en su texto original vulneraban el derecho a la verdad de las víctimas:

“6.2.1.5.1. Así acontece con la expresión del artículo 3° que condiciona la suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, a la “colaboración con la justicia”. Esta exigencia formulada en términos tan genéricos, despojada de contenido específico, no satisface el derecho de las víctimas al goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Esta colaboración podría limitarse a suministrar alguna información sobre las conductas de otros miembros de un grupo armado ilegal, en lugar de consistir en revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos por los cuales se aspira a recibir el beneficio de la alternatividad. Así entendida, la colaboración no respetaría el derecho de las víctimas a la verdad. Lo mismo podría decirse del derecho a la reparación. La colaboración con la justicia podría consistir en entregar los bienes ilícitos producto de la actividad delictiva, lo cual sería manifiestamente insuficiente para asegurar el goce efectivo del derecho de las víctimas a la reparación. La alternatividad penal parecería una afectación desproporcionada de los derechos de las víctimas si la “colaboración con la justicia” no comprendiera la integralidad de los derechos de tales víctimas, y si no exigiera de parte de quienes aspiran a acceder a tal beneficio acciones concretas encaminadas a asegurar el goce efectivo de estos derechos, que parecen enunciados en la propia Ley 973 de 2005.”

Es decir, el derecho a la verdad en la jurisprudencia de la Corte no se satisface con la entrega de una versión parcial sobre los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos, o de elementos que permitan reconstruir apenas en parte la realidad de tales violaciones. El derecho a la verdad, acorde con su configuración, demanda el conocimiento pleno de lo acontecido y las razones por las cuales se llevaron a cabo las vulneraciones de los derechos.

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El derecho a la verdad en su dimensión individual, en efecto, implica:

(i)

el derecho de las víctimas a que los delitos más graves sean investigados seria y exhaustivamente, sin cortapisas o con pretensiones de satisfacer solo formalmente el cumplimiento de los trámites judiciales;

(ii)

el derecho a conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron cometidos los delitos, lo que lleva al conocimiento de las razones y condiciones en las cuales se cometió el delito;

(iii)

el derecho a conocer la suerte de la víctima del delito, esto es, no solamente el resultado final de la acción lesiva de los derechos fundamentales, sino también las condiciones a las que fue sometida la víctima en el desarrollo de la perpetración del delito, por ejemplo, si antes de su muerte fue torturada, si se sometió a cualquier forma de esclavitud, si fue objeto de vejámenes sexuales, si se le obligó a realizar actos contrarios a sus creencias o convicciones políticas;

(iv)

el derecho a un recurso judicial efectivo, tanto de protección de sus derechos como de conocimiento de los hechos victimizantes;

(v)

el derecho a conocer el resultado de las investigaciones que adelante el estado para la investigación de las violaciones a los derechos humanos;

(vi)

el derecho a conocer quiénes fueron los autores, determinadores e instigadores de las violaciones a los derechos humanos, bien por acción o por omisión.

La Ley 975 fue objeto de varias reglamentaciones a través de Decretos del poder ejecutivo. En particular, es necesario mencionar el Decreto 3391 de 2006 que se expidió en respuesta a la sentencia C-370/06, cuyo artículo segundo dispone:

“Artículo 2°. Naturaleza. La Ley 975 de 2005 consagra una política criminal especial de justicia restaurativa para la transición hacia el logro de una paz

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sostenible, mediante la cual se posibilita la desmovilización y reinserción de los grupos armados organizados al margen de la ley, el cese de la violencia ocasionada por los mismos y de sus actividades ilícitas, la no repetición de los hechos y la recuperación de la institucionalidad del Estado de Derecho, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Para tal efecto, el procedimiento integrado establecido en esta ley incluye un proceso judicial efectivo de investigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento de beneficios penales a los desmovilizados de los grupos armados organizados al margen de la ley, dentro del cual las víctimas tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos, a conocer la verdad sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos punibles y a obtener reparación del daño sufrido.

La contribución a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia y con el esclarecimiento de la verdad a partir de la confesión plena y veraz de los hechos punibles cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo, la garantía de no repetición y la reparación a las víctimas, previo el cumplimiento de las exigencias establecidas en esta ley, constituyen el fundamento de la concesión del beneficio jurídico de la pena alternativa.

El Gobierno Nacional adelantará las acciones necesarias para la difusión y pedagogía del objeto y naturaleza especial de la Ley 975 de 2005, con el fin de que el conocimiento adecuado de los mismos permita el logro de su finalidad.”

Las previsiones aquí contenidas, entonces, interpretadas de conformidad con el contenido de la sentencia C-370/06, imponen concluir que el régimen de justicia transicional que es aplicable a los desmovilizados que dejaron las armas con fundamento en la Ley 975, solamente puede admitirse si cada uno de los sujetos que se acoge a estas previsiones especiales, aporta efectivamente a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y ofrece garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos.

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Los artículos posteriores adoptan otra serie de medidas en el mismo sentido, fijando obligaciones para algunas entidades como la Policía Nacional, otras en cabeza de los mismos desmovilizados, y estableciendo expresamente la posibilidad de las víctimas de participar en las diligencias que se adelanten en el proceso penal correspondiente, con el fin de salvaguardar sus derechos.

Mediante el Decreto 1737 de 2010 se introdujo una modificación sustancial al Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 creado mediante el Decreto 3570 de 2007, bajo el entendido de los programas de protección a las víctimas deben ser instrumentos efectivos de salvaguarda no solamente de su vida e integridad personal, sino de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, razón por la que dicho amparo debe brindarse tanto a las víctimas que han intervenido en los procesos, como a aquellas que pretenden intervenir en los mismos y se encuentren en situación de riesgo.

El Decreto 4760 de 2005 establece al Ministerio Público precisas funciones de información a las víctimas sobre sus derechos, así como el deber de brindarles asesoría jurídica legal y regula la participación de las víctimas en los procesos penales que se adelanten en desarrollo de la Ley 975 de 2005.

1.4

La ley 1448 de 2011.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) resulta ser un verdadero código en la materia; no solamente por su extensión (208 artículos), sino también porque regula en casi todos sus aspectos los derechos de las víctimas del conflicto armado.

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A este respecto, es preciso señalar que la mencionada ley pretende hacer una regulación omnicomprensiva de las actividades que el estado, la sociedad y los autores de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario deben realizar a favor de las víctimas del conflicto armado que ha azotado a Colombia en más de 50 años, haciendo énfasis en dos cuestiones fundamentales:

(i)

el reconocimiento de la persona como víctima, que implica su dignificación

mediante

el

reconocimiento

de

sus

derechos

constitucionales, y (ii)

la satisfacción que deben lograr de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición de las violaciones (artículo 1).

Uno de los aspectos más problemáticos que tuvo la aprobación de la Ley 1448 fue el concepto de víctima, del cual hay un amplio análisis en la sentencia C-250/12 que juzgó la constitucionalidad de algunas expresiones de la Ley 1448.

Finalmente, en la ley se optó por un concepto instrumental u operacional, es decir, una noción que debe ser tenida en cuenta solamente para los efectos de la aplicación de la misma ley, lo que significa que las víctimas que no quepan dentro de esta definición no han perdido sus derechos, sino que deberán acudir a otros mecanismos jurídicos para la protección y restablecimiento de los mismos.

La víctima, en estos términos, se definió:

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que

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individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización”.

Las críticas que pueden hacerse a esta regulación tienen que ver con tres aspectos fundamentales: la fecha seleccionada, la calidad de las violaciones a los derechos humanos y la enunciación de los grados de parentesco del inciso segundo.

Por el primer aspecto, es evidente que tanto de acuerdo con los libros de historia reciente de nuestro país como con la realidad del conflicto armado que aún está padeciendo, la violencia y la afectación de los derechos fundamentales se viene produciendo cuando menos desde la década de los años 50 del siglo pasado, de forma que no existe una razón material que justifique excluir de la condición de víctima a quienes sufrieron daños a consecuencia del conflicto con anterioridad al 1 de enero de 1985. El señalamiento de esta fecha, como se dijo, no busca más que hacer más operativas las disposiciones contenidas en la ley y tiene un claro fundamento político.

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Por estas razones, es evidente también que la norma no puede afectar el reconocimiento de los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por hechos ocurridos con anterioridad a la fecha fijada en la norma, pues de ser así, el estado estaría incurriendo en una violación de las normas internacionales sobre derechos humanos que, sin importar la época de la violación, imponen a las autoridades públicas el deber de investigar los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos, juzgar a los responsables y proveer la manera como éstos reciban la reparación adecuada a los derechos vulnerados.

Más grave resultaría la violación de los derechos de las víctimas si se atiende el contenido del parágrafo 4 del artículo 3, según el cual “Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas”, en tanto que con esta disposición se limitan los derechos de quienes han sufrido daño por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 1985, al no permitirles la reparación material de sus derechos (el restablecimiento del derecho o la indemnización por los perjuicios sufridos) y al considerarlos como parte de un conglomerado que les hace perder individualidad y, por consiguiente, resulta contrario a los propósitos declarados en el artículo 1 de la ley.

El segundo aspecto tiene que ver con la categoría de las violaciones. El artículo 3 de la Ley 1448 define estas violaciones con los calificativos “violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos”, lo que al parecer limitaría también las posibilidades de acceder a las medidas contempladas en la ley a quienes no han sufrido una violación que se considere grave de sus derechos, o respecto de quienes tal violación no es manifiesta.

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El punto no es sencillo, cuando se trata de interpretar el alcance de la norma. A este respecto, sea lo primero anotar que, si bien en algunos casos documentos relacionados con la protección de los derechos humanos hacen referencia a las “violaciones graves” o a las “graves violaciones” de los derechos humanos, éstos no son términos que tengan una definición precisa en el derecho internacional, sino que son construcciones semánticas que se utilizan para diferenciar las conductas que se presentan, de ordinario, en este tema. Así, por violaciones graves a derechos humanos suelen entenderse aquellas que, de acuerdo con criterios más o menos generalizados, afectan en lo más profundo la dignidad humana y causan perjuicios irreversibles o muy difíciles de reparar, tales como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento forzado, la esclavitud, y otros actos similares, en tanto que las violaciones no graves pueden equipararse a los actos constitutivos de lesiones personales, afectaciones del derecho a la honra, violaciones de la libertad de locomoción, etc.

Igual sucede con el término “manifiestas” que, en la doctrina internacional de los derechos humanos, tiene el mismo significado que “graves”, en tanto que designa aquellas conductas vulneradoras de los derechos más caros a la humanidad y que habitualmente son desplegados como mecanismos de sometimiento a la población civil.

Es cierto que, además de la doctrina, algunos instrumentos de derechos humanos acuden también a esta denominación de “violaciones graves” o “manifiestas” de derechos humanos, pero sin definir cuáles son o cómo se hace para determinar tal calidad. Así, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” se dice, por ejemplo, que “4. En los casos de violaciones

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manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables.”

La norma de la Ley 1448, en consecuencia, ha pretendido delimitar el concepto de víctima a aquellas personas que han padecido alguna de las conductas que en la doctrina internacional se consideran “graves violaciones” a los derechos humanos.

Sin embargo, sobre ellas no hay acuerdo y solamente se encuentra coincidencia respecto de algunas tipicidades, como la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Ciertamente no son éstas las únicas conductas que pueden ser objeto de las medidas contempladas en la Ley 1448. Pese a su enunciación, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación pertenece a todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y, en este sentido, debe entenderse que el calificativo comentado no excluye a quienes han sufrido daños por conductas diferentes a las que se alude con los términos utilizados en la ley.

En el tercero de los aspectos enunciados, no deja de llamar la atención que la norma reproduzca una de similar contenido cuya constitucionalidad se declaró condicionada en la sentencia C-370/06, bajo el entendido de que la especificación de los grados de parentesco en los casos de violaciones a los derechos humanos puede significar una restricción del derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Dijo la Corte en aquella ocasión:

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“6.2.4.2.14. En suma, según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de constitucionalidad, los familiares de las personas que han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos tienen derecho a presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la garantía de los derechos que les han sido vulnerados. Esto no significa que el Estado está obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima directa.

Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los mismos derechos. Lo que sin embargo si se deriva de las normas y la jurisprudencia citada, es que la ley no puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar la violación.

6.2.4.2.15. Por las razones expuestas, la Corte considera que viola el derecho a la igualdad y los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo las disposiciones de la Ley demandada que excluyen a los familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa, de la posibilidad de que, a través de la demostración del daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la ley demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de las víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista para que el legislador alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas directas estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de la ley acusada.”

En consecuencia con lo anterior, resulta claro que la disposición del artículo 3 de la Ley 1448 debe entenderse en términos similares a los que se señalaron en la sentencia citada, si bien con las consideraciones particulares que llevaron a la guardiana de la Carta a declarar que el artículo 3 de la Ley 1448 es constitucional “en el entendido que también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido

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un daño, en los términos del inciso primero de dicho artículo”, según consta en la sentencia C-051/12.

Ahora bien, en el parágrafo 1 del artículo 3 que se comenta, aparece una situación que no resulta compatible con las normas del derecho internacional humanitario.

En éste, se hace una clara diferenciación entre las personas que toman parte en las hostilidades y las que no participan en ellas, para elevar a estas últimas a un estatus de protección especial, en tanto víctimas del conflicto. En el derecho colombiano, sin embargo, de tiempo atrás se ha venido reconociendo como víctimas del conflicto armado a los miembros de uno solo de los actores que participan en él: los miembros de la fuerza pública.

Las razones de este reconocimiento son ciertamente de defensa de la legalidad de su intervención, sin atender al hecho de que su participación en el conflicto si bien los puede hacer objeto de daños derivados del mismo, esta situación es la consecuencia de su participación en las hostilidades. La legitimidad del poder coercitivo que ejercen los miembros de la fuerza pública impone reconocer que el estado debe responder por los daños sufridos por ellos mientras estén en desarrollo del conflicto armado, no con la categoría de víctimas del delito sino como una de las formas de responsabilidad por la dependencia jerárquica y la actividad cumplida.

Es problemático este tema en la Ley 1448, pues al paso que el parágrafo 1 reconoce a los miembros de la fuerza pública la calidad de víctimas, esta misma condición la niega a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, quienes también pueden sufrir daños a consecuencia de su participación en las hostilidades. Esta distinción resulta especialmente preocupante respecto de los miembros de los grupos ilegales que militan en ellos en las escalas bajas de

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sus jerarquías y, a menudo, compelidos por la pobreza, la fuerza o las necesidades. Cualquiera que sea su motivación y su forma de vinculación, en los términos de la Ley 1448 están exentos de los beneficios que puede reputarles esta codificación.

Una anotación importante debe hacerse en materia de acceso a la justicia de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1448. Allí se dispone que la víctima podrá acreditar el daño valiéndose de cualquier medio de prueba admisible, que la prueba del mismo debe ser sumaria y que por esta actividad la víctima queda relevada de la carga de la prueba. Esta norma podría interpretarse como una situación en la que la víctima se sienta completamente libre de cualquier actividad probatoria y pueda demandar sin mayores fundamentos las medidas de reparación.

No obstante, la norma no es tan general y no podría serlo, so pena de relajar de tal forma el régimen probatorio que llevaría a la determinación de una indemnización, por ejemplo, con simples criterios personales del funcionario que deba decretarla. En primer lugar, que se tenga que probar de manera sumaria el daño no significa que baste la alegación de su existencia para que el funcionario lo reconozca. La prueba sumaria es aquella que no ha sido controvertida, pero tiene vocación de serlo formalmente. Ello lleva a concluir que la ley exige a la víctima una prueba no controvertida del daño, pero al fin y al cabo, medio suficiente para llevar al funcionario a la convicción de que el daño se produjo, como puede ser una certificación del Personero Municipal sobre unos hechos de violencia ocurridos en el municipio en una fecha concreta y en el área territorial en donde habitaba la víctima que, luego, reclama la indemnización por su desplazamiento.

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Por otra parte, tampoco significa la norma que al relevar a la víctima de la carga de la prueba, se pueda decretar reparaciones sin prueba del daño. El relevo de la carga de la prueba tiene, por el contrario, un debe correlativo implícito: a la autoridad que conozca de la pretensión le corresponde probar la existencia, el origen, la dimensión y cuantía del daño. Esto quiere decir que las autoridades públicas no pueden someter a la víctima a que ellas directamente aporten las pruebas, sino que ante las alegaciones de daño, los funcionarios han de desplegar sus mayores esfuerzos para concretar todos los aspectos que inciden en la reparación del daño causado con los hechos de violencia.

Finalmente, para los propósitos de este escrito, se debe hacer alusión al artículo 27 de la Ley 1448 que fue titulado como “aplicación normativa”. El texto de la norma establece:

“En lo dispuesto en la presente ley, prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia sobre Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos que prohíban su limitación durante los estados de excepción, por formar parte del bloque de constitucionalidad. En los casos de reparación administrativa, el intérprete de las normas consagradas en la presente ley se encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación que más favorezca a la dignidad y libertad de persona humana, así como a la vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas.”

En la primera parte de este artículo se prevé la aplicación del bloque de constitucionalidad para los efectos de la interpretación de las normas contenidas en la ley. Sin embargo, a nuestro juicio, se equivocó el legislador al “tomar prestado” el contenido del bloque de constitucionalidad al que se refiere el inciso primero del artículo 93 de la Constitución Política, en la medida en la que si bien algunos tratados públicos que reconocen derechos humanos y prohíben su

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suspensión (limitación, en la denominación constitucional) aun en los estados de excepción se refieren también a los derechos de las víctimas, lo cierto es que son más los instrumentos internacionales que no pertenecen a esta categoría y contienen regulaciones relativas a los derechos de las víctimas. Por esta razón creo necesario llamar la atención para que la remisión al bloque de constitucionalidad se haga desde la perspectiva de los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia –aunque no prohíban la suspensión de los derechos durante los estados de excepción- y, obviamente, como criterios de interpretación de la ley y sus decretos reglamentarios.

La segunda parte del artículo contiene una cláusula general de interpretación favorable, a la que se refirió con el nombre de principio pro personae. Es la ratificación de la regla fundamental de interpretación en el derecho internacional de los derechos humanos: las normas que a ellos se refieren, se deben interpretar, siempre, en el sentido que mayor protección brinden a la persona a favor de quien se reconocen.

2.

LOS DERECHOS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACIÓN

Los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario han tenido un largo desarrollo en el derecho internacional. Hoy en día están configurados y han sido definidos a partir de tres instrumentos principales:

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(i)

La

Declaración

de

las

Naciones

Unidas

sobre

los

Principios

Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; (ii)

Los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, conocidos también como Principios de Van Boven/Bassiouni, y

(iii)

El Conjunto de Principios parta la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad de las Naciones Unidas, elaborados inicialmente por Joinet y complementados por la experta Diane Orentlicher.

En estos tres documentos se pueden encontrar desarrollados los mínimos de protección que la Organización de las Naciones Unidas establece frente a los derechos de las víctimas. Todos ellos pueden resultar igualmente importantes e imponen a los estados determinadas obligaciones, pero como elemento central de los deberes de protección se han resaltado en la jurisprudencia internacional los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que son derechos extensos que se pueden desarrollar a través de múltiples medidas y mecanismos.

La protección de las víctimas de violaciones a las normas internacionales sobre derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario implica tanto su derecho de acceder a medidas que les garanticen un recurso efectivo de salvaguarda de sus derechos, como la asistencia durante el proceso y las obligaciones de los estados de prevenir las violaciones, investigar, perseguir y sancionar a los perpetradores, y asegurar la reparación integral de los perjuicios causados, con garantías serias de no repetición de los actos violatorios de las normas de derecho internacional enunciadas.

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La Ley 1448 también establece la necesidad de garantizar a las víctimas del conflicto armado sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a obtener garantías de no repetición, tanto en lo previsto en el artículo 9, como según lo enuncian los artículos siguientes. Así, el artículo 16 prevé una de las formas en las que se concreta el derecho a la justicia, al mandar que el estado tiene el deber de investigar (juzgar) y sancionar a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos; el artículo 23 regula el derecho a la verdad en sus dimensiones individual y colectiva, y el 25 se refiere a la reparación integral.

2.1

Derecho a la justicia

Los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” en su aparte IV consagran los principales derechos de las víctimas.

En el documento inicialmente se hace énfasis en la necesidad de un trato digno a las víctimas y a las medidas que se deben adoptar para garantizar su seguridad y bienestar, y se señala la prestación de asistencia especial en los casos en los que ello se requiera.

Posteriormente se ratifica el derecho de las víctimas a interponer recursos para la protección de sus derechos y el principio de acceso a la justicia se desarrolla de la siguiente forma:

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“12. La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. Otros recursos de que dispone la víctima son el acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno. A tal efecto, los Estados deben: a. Dar a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario; b. Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas; c. Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia; d. Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o por violaciones graves del derecho internacional humanitario.”

Este derecho de acceso a la justicia, entonces, se establece con dos parámetros: (i)

el acceso a la justicia que se puede denominar ordinario, que es igual al que se reconoce como derecho de cualquier ciudadano o derecho a un recurso efectivo, según la doctrina de los organismos internacionales de vigilancia de cumplimiento de los tratados, y

(ii)

un acceso a la justicia adicional, representado por el acceso que la víctima debe tener a las autoridades administrativas y otros mecanismos,

31

modalidades y procedimientos que se configuren en el derecho interno de los estados.

Esta regulación no es suficiente, sin embargo, para entender que se satisfacen las expectativas de la víctima sobre la aplicación de la justicia por los hechos que la victimizaron. Los mismos principios, entonces, adoptan otra dimensión del derecho de acceso a la justicia cuando desarrollan el alcance de la obligación de proteger los derechos humanos, en el apartado II bajo la denominación de Alcance de la Obligación, según el cual la obligación de respetar y que se respeten los derechos humanos incluye el deber de “Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional” y el “Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación”.

Estos componentes son los que integran el derecho a la justicia. Ello significa que éste solamente se ve satisfecho cuando el estado ha hecho lo necesario, de conformidad con sus procedimientos constitucionales y legales, para establecer las condiciones en las que se produjeron las violaciones a los derechos humanos y la responsabilidad de todos los autores, determinadores e instigadores de los actos constitutivos de ellas. El proceso debe adelantarse con garantías de imparcialidad, en búsqueda de la verdad y evitando que conduzca a la impunidad.

Aun cuando no es necesario que en todos los casos se termine con una sentencia condenatoria, la doctrina internacional ha señalado que no se satisface el derecho a la justicia cuando se realizan juicios meramente formales que han sido orientados a la absolución de los responsables o a evitar que se satisfagan los propósitos del proceso correspondiente. De la misma manera, no se considera

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suficiente satisfacción del derecho a la justicia la declaración de responsabilidad a través de un proceso de tipo disciplinario sin consecuencias penales.

En el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” este derecho a la justicia se enuncia en la siguiente forma:

“Los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente.

Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esa iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos procedimientos.

Los Estados deberán garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso.”

De conformidad con esta preceptiva, el Estado adquiere deberes de garantía de los derechos humanos y ellos se satisfacen adecuadamente mediante el procesamiento penal de los autores de las violaciones de derechos humanos, incorporando, cuando sea del caso, las previsiones del derecho internacional de los derechos humanos. En el proceso penal que se adelante se deberá permitir la participación de las víctimas de forma que ella pueda incidir no solamente en la

33

obtención de la reparación respectiva, sino también en la presentación de pruebas y con la posibilidad de interponer los recursos que considere pertinentes.

De acuerdo con las recomendaciones del relator especial Sr. M. Cherif Bassiouni en su informe final presentado ante la Comisión Derechos Humanos en el año 2000, todo estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar las normas sobre derechos de los que el estado es parte; las reconocidas generalmente por el derecho consuetudinario y las que haya incorporado, mediante los procedimiento constitucionales adecuados, a su derecho interno.

El deber de los Estados de garantizar el derecho a la justicia, por consiguiente, tiene cuatro manifestaciones expresas:

(i)

Investigar, juzgar y condenar a penas efectivas a los autores de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario;

(ii)

Asegurar a las víctimas recursos judiciales efectivos, su participación en ellos y la reparación de los perjuicios sufridos;

(iii)

Implementar medidas restrictivas que se justifican por la lucha contra la impunidad tales como eliminación de la prescripción de las acciones, leyes de auto amnistía, privilegios e inmunidades a favor de los autores de violaciones a los derechos humanos;

(iv)

Implementar medidas adecuadas a fin de evitar la repetición de las violaciones a los derechos humanos.

En esta materia, la doctrina de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos ha establecido ciertas condiciones para determinar cuándo una violación a estos derechos no es adecuadamente investigada o sus autores no son juzgados de acuerdo con los principios vigentes y la perspectiva de

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protección de los derechos humanos, así como determinadas restricciones a las posibilidades de configuración de las normas del derecho interno orientadas a ese mismo fin.

Sin entrar en detalles sobre el punto, es preciso destacar que esta doctrina establece la imposibilidad de expedir normas de derecho interno, o aplicar las existentes, cuando ellas constituyan formas de amnistía (propia o impropia) o indulto para los autores de dichas violaciones, en particular cuando dichas amnistías o indultos son decretados por los detentadores del poder, respecto de las violaciones cometidas por ellos. En el derecho internacional de los derechos humanos no se prohíbe la amnistía ni el indulto como instrumento válido para alcanzar los objetivos de un proceso de paz o de reconciliación nacional y, por el contrario, se consagra este instrumento como una posibilidad a la que pueden acudir los estados en busca de tan altos propósitos. No obstante, se imponen limitaciones a la concesión de amnistías y otras medidas similares, a fin de que ellas no impliquen sacrificar el derecho de las víctimas a la verdad, ni la impunidad de los autores de las violaciones.

De la misma forma, se considera obligación inderogable de los estados la de adelantar las investigaciones en forma independiente, imparcial y eficaz, de manera que constituyan garantía de los derechos de las víctimas. En este punto, se ha enfatizado en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, que los denominados “juicios farsa” no satisfacen los estándares internacionales ni constituyen investigaciones adecuadas para la protección de los derechos.

En este sentido, en la decisión de fondo del caso Bámaca Velásquez contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derecho Humanos destacó que “la

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obligación de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.

Similar posición adoptó la Corte Constitucional en la sentencia C-004/03, al asegurar que el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos debe ser seria y dotada de las garantías constitucionales correspondientes, condiciones que, si se incumplen, pueden generar la revisión del proceso aun en los casos de sentencias absolutorias, porque la preponderancia de los derechos de las víctimas debe ceder ante el principio non bis in ídem, en razón de que la impunidad lesiona doblemente a las víctimas y atenta contra los principios constitucionales de establecimiento de un orden justo.

En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha configurado, igualmente, como principio de forzosa observación, que los estados deben juzgar a los autores, partícipes y determinadores de conductas que constituyan crímenes internacionales, delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con pleno respeto de las garantías propias del debido proceso, y en forma independiente e imparcial.

Adicionalmente se ha venido impulsando en el ámbito internacional la necesidad de regular la imprescriptibilidad de las acciones penales que surgen de las conductas violatorias de los derechos humanos. En el ámbito del derecho internacional se ha avanzado en el sentido de considerar que determinadas

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violaciones a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada, genocidio, entre ellas) son imprescriptibles y así se declara en varios instrumentos internacionales.

No

obstante,

en

Colombia

no

se

ha

admitido

constitucionalmente

la

imprescriptibilidad de tales acciones en los términos del derecho internacional y subsiste una discusión importante sobre el tema, razón por la cual es forzoso admitir que aún estos delitos pueden ser cobijados por las reglas de prescripción de la acción, mientras no se modifiquen las reglas constitucionales y legales sobre prescripción. Para el efecto, sin embargo, debe tenerse en cuenta que conductas punibles como el secuestro o la desaparición forzada y, en general todas las que tienen carácter permanente, deben considerarse en proceso de ejecución hasta tanto se continúen presentando los comportamientos que las configuran, de forma que el término de prescripción de su acción no puede comenzar a contabilizarse más que a la finalización del acto correspondiente.

2.2

Derecho a la verdad

Como lo indica el señor L. Joinet en su informe “La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de Derechos Humanos (civiles y políticos)” presentado en cumplimiento de la Decisión 1996/116 de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas:

“No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tiene a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en un futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el deber de recordar, aun de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el

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conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo.”

Por su parte, de acuerdo con el principio 8 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, formulados por Bassiouni en el año 2000, la víctima que es titular del derecho a la verdad, es por una parte, “la persona que, individual o colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan las normas internacionales de derechos humanos o el derecho internacional humanitario, haya sufrido daños, incluso lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y, de otro lado, los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como las personas que, al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos”, lo que implica que el derecho a la verdad no solamente a los que la Corte Constitucional colombiana denomina la víctima directa, sino que es también patrimonio de otras personas que se vieron afectados con la conducta.

La dimensión individual del derecho a la verdad implica que el titular del mismo es la víctima propiamente dicha, consistente en ese derecho que tienen las víctimas a saber quiénes fueron los responsables, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, las motivaciones de los mismos, el paradero de sus familiares y el estado de las investigaciones judiciales.

La Corte Interamericana ha entendido que en la dimensión individual, el derecho a la verdad tiene una finalidad reparatoria, como quiera que surge de la obligación estatal de esclarecer los hechos relacionados con toda violación de los derechos

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humanos y de juzgar y castigar a los responsables, por lo cual la realización de este derecho se hace efectiva, las más de las veces, en el ámbito judicial.

En su dimensión colectiva se encuentra la obligación del Estado de preservar del olvido la memoria colectiva tal como lo establece el principio 2 del conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de Joinet.

Nuestro máximo tribunal constitucional también se ha pronunciado en relación con el derecho a la verdad a la luz de los estándares internacionales vinculantes para Colombia en la sentencia C.228/2002: “En el derecho internacional se ha considerado como insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos, que se otorgue a las víctimas y perjudicados únicamente la indemnización de los perjuicios, como quiera que la verdad y la justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a los derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los responsables.”

De esta forma la Corte en el mismo pronunciamiento llega a la siguiente conclusión: “De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia– no restringida exclusivamente a una reparación económica– fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las

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decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso: 

El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos.



El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.



El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.”

El derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas ha sido reconocido reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se recuerda la sentencia SU-1184/01:

“...las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los responsables de tales conductas. El derecho a que se

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haga justicia o derecho a la justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los autores y, de hallarlos responsables, condenarles.

De ahí que ostenten la calidad de sujetos procesales.”

Bajo estas condiciones, es indiscutible que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a conocer todos los aspectos relacionados con

los

hechos

victimizantes,

no

solamente

los

relacionados

con

la

responsabilidad de los autores materiales del hecho, porque en la mayoría de las ocasiones es de vital importancia saber en qué forma y por qué motivos se configuró una política de exterminio o persecución en contra de determinados grupos sociales, a fin de poder devolver la dignidad a las víctimas de las graves violaciones que se investigan.

Para complementar los recursos judiciales y contribuir a la satisfacción del derecho colectivo a la verdad, se han consagrado dos medidas para lograr la prevalencia y efectividad del derecho a saber de las víctimas: creación de comisiones extrajudiciales de investigación y la preservación de archivos de violaciones de Derechos Humanos. El objetivo de las primeras es permitir que se reconstruya la verdad en escenarios no judiciales, con mayores ventajas para el recaudo de evidencias y con consecuencias sancionatorias menos graves, así como de conservar las pruebas para la eventual acción que se surta ante los tribunales.

La preservación de los archivos relacionados con las víctimas de las violaciones de derechos humanos se debe hacer adoptando medidas que impidan la destrucción de los documentos relacionados con las prácticas atroces y sus consecuencias, la creación de documentos que preserven la memoria de lo acontecido y la reglamentación de la consulta de dichos archivos.

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2.3

Derecho a la reparación

Fue examinado por Louis Joinet en sus principios básicos. Al señalar que “el derecho a la reparación implica tanto medidas individuales como medidas colectivas. En el plano individual, las víctimas, ya sean víctimas directas, parientes o personas a cargo, deben beneficiarse de un recurso eficaz. Los procedimientos aplicables deben ser objeto de una publicidad lo más amplia posible. El derecho a reparación debe cubrir la integralidad de perjuicios sufridos por la víctima”.

Este derecho en el plano individual comprende tres tipos de medidas:

(i) de restitución, tendientes a que las víctimas puedan recuperar sus derechos en la misma forma como existían antes de la violación; (ii) de indemnización tanto de los daños síquicos como morales y materiales en sus distintas dimensiones, y (iii) de readaptación que incluye la atención médica que sea necesaria y la sicológica que, en cada caso, resulte pertinente.

En el plano colectivo, las medidas tienen un marcado carácter simbólico, por eso se habla de reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, declaraciones restableciendo la dignidad a las víctimas, ceremonias conmemorativas, denominaciones de vías públicas, monumentos etc.

Es por eso, que en la dimensión colectiva, el derecho a la reparación determina la adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por violaciones graves a los derechos humanos y por infracciones al derecho internacional humanitario, y se incluyen medidas de carácter simbólico, principalmente.

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3. ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

3.1 Género y protección especial.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en nota informativa No. 5 de junio de 2000, “Se estima que cerca del 90% de las víctimas de la guerra en la actualidad son civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, en contraste con lo que sucedía hace un siglo, cuando el 90% de los que perdían sus vidas era personal militar. Aunque comunidades enteras sufren las consecuencias de los conflictos armados, las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas debido a su condición jurídica y social y su sexo. A menudo las partes en un conflicto violan a las mujeres, y en ocasiones utilizan las violaciones sistemáticas de las mujeres como una táctica de guerra. Otras formas de violencia contra las mujeres cometidas en los conflictos armados comprenden los asesinatos, la esclavitud sexual, el embarazo forzado y la esterilización forzada.”

Esta nota revela la especial preocupación que tanto en los instrumentos internacionales como en la doctrina y la legislación internas ha adquirido la necesidad de establecer mecanismos de especial protección hacia las mujeres víctimas del conflicto armado. Esta protección se denomina “protección reforzada”, en tanto que demanda que, a más de las medidas ordinarias de salvaguarda a las víctimas, se implementen otros instrumentos que tengan en cuenta la perspectiva de género, a fin de restablecer los derechos vulnerados, evitar la producción de nuevas conductas lesivas, y evitar la revictimización.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, en un informe del 15 de septiembre de 1995 denominado “Protección debida a las mujeres en los conflictos armados”, destaca que las mujeres son frecuentemente víctimas de infracciones al derecho internacional humanitario como la violación en todas sus formas y de violaciones a

43

los derechos humanos. Sostiene el informe citado que “En todas las guerras, se atenta contra sus derechos fundamentales de manera esporádica e incontrolada, debido a la negligencia culpable de los jefes de fuerzas o de grupos armados.

Pero tales actos de barbarie se han cometido también de manera repetida, incluso sistemática y, en algunas situaciones, las mujeres se convierten en el verdadero objetivo de los hombres armados cuya intención es, mediante esas prácticas, aterrorizar, humillar o destruir a comunidades enteras.” Y con base en esta evidencia, en el derecho internacional humanitario se protege prioritariamente a la mujer como uno de los sujetos más vulnerables, a través de medidas especiales que los estados deben adoptar en su favor, fundándose para ello en el principio de diferenciación, medidas que se encuentran enunciadas tanto en los Convenios de Ginebra como en sus Protocolos Adicionales.

A la luz del derecho internacional humanitario se consideran medidas de especial protección hacia la mujer, entre otras:

(i)

lugares de detención especiales y vigilancia inmediata a cargo de mujeres;

(ii)

prioridad en la evacuación de las personas durante el conflicto;

(iii)

prioridad para la recepción de los bienes de socorro para la población afectada por los conflictos armados;

(iv) recepción de suplementos alimenticios para las mujeres embarazadas; (v)

prohibición de la pena de muerte para mujeres embarazadas o madres de niños de corta edad, y

(vi) protección contra la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado contra el pudor.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belem do Para es un instrumento internacional

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que protege a la mujer y señala, también, las condiciones que motivan su especial protección.

Esta Convención no es de aplicación especial en tiempos de conflictos armados, sino de manera general, pero sus cláusulas imponen la necesidad de reforzar la protección a la mujer en las situaciones en las que su vulnerabilidad se pueda ver aumentada, como es el caso de los conflictos armados, tal como se dispone en el artículo 9, y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 7 de la Convención, son deberes de los estados:

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

45

f.

Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”

Es de particular importancia, en el campo de las violencias dentro del conflicto armado, considerar que las mujeres son víctimas de una violencia invisible, que muy poco ha sido investigada y que, por regla general, se cubre con el manto de patrones culturales machistas o con el desconocimiento de la violencia que implica el ejercicio del poder material de las armas en la población en donde viven, siendo utilizadas como medio de coerción en contra de los hombres.

En efecto, en muchas oportunidades dentro del conflicto armado, las mujeres son objeto de violaciones y otras especies de atentados contra su honor y contra su libertad, como una forma de doblegar la voluntad de los hombres a los que están ligadas afectiva o familiarmente, debiendo, en consecuencia, padecer una instrumentalización que agrava la violencia.

En otras ocasiones, la violencia sexual desconoce el hecho de que las mujeres se ven sometidas por el miedo que crea el ejercicio material del poder en sus regiones y con frecuencia se ven obligadas a satisfacer sexualmente y en contra de su voluntad a los jefes de los grupos armados ilegales con quienes se establece una relación de aparente libertad y disposición, solamente posible en tanto que el ejercicio del control sobre la población infunde un temor generalizado al que son especialmente vulnerables las mujeres.

46

Adicionalmente, el conflicto armado afecta doblemente a las mujeres pues junto con las formas de violencia ejercidas contra ellas, se ven vulneradas en otros derechos fundamentales debido al desplazamiento forzado. La guerra, en realidad, se lleva tanto a hombre como mujeres pero aun hoy la mayoría de los combatientes son hombres, que abandonan a sus familias y las dejan a cargo de mujeres que deben enfrentarse a los problemas surgidos de la violencia. Esta múltiple condición es, entonces, una razón más para que las mujeres sean consideradas víctimas que deben ser objeto de una protección reforzada.

La Corte Constitucional, entre otros en el auto 092 del 14 de abril de 2008 ha afirmado que “Las mujeres desplazadas por el conflicto armado son sujetos de especial protección constitucional, en virtud de los mandatos de la Carta Política y de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.

Esta declaración implica la previa determinación de las fuentes constitucionales y de derecho internacional que fundamentan la discriminación positiva, elementos que surgen de los contenidos de los artículos 1, 2, 5, 13, 22 y 43 de la Constitución Política y, dentro de los más importantes instrumentos del derecho internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Todas estas disposiciones imponen al estado la necesidad de:

(i)

Prestar especial atención a las mujeres desplazadas por el conflicto armado;

47

(ii)

Adoptar las medidas que sean necesarias para la salvaguarda de los derechos de la mujer;

(iii)

Actuar con diligencia en la protección de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado;

(iv)

Tomar medidas adecuadas a las condiciones que determinan la debilidad, la vulnerabilidad y la indefensión de las mujeres víctimas del conflicto armado, y

(v)

Establecer mecanismos de trato preferente que conduzcan a la materialización de los derechos de las mujeres afectadas por la violencia.

La protección que el estado debe brindar debe ser:

(i)

a posteriori, esto es para restablecer los derechos vulnerados después de ocurrida la violación, y procurar las medidas de justicia y reparación que sean pertinentes, pero también

(ii)

a priori, mediante la adopción de las medidas y los mecanismos que convengan a la prevención de los hechos constitutivos dela violación de los derechos, es decir, que se debe actuar sobre los factores causales de la lesión de los derechos. Sigue diciendo la Corte en el auto citado:

“El enfoque diferencial estricto de prevención del desplazamiento forzado que el Estado colombiano está obligado a adoptar, también implica en términos específicos que las autoridades colombianas deben actuar resueltamente frente a una situación de violación de los derechos fundamentales tan grave como la de las mujeres desplazadas del país en tanto víctimas del conflicto armado. Ello, aunado a las obligaciones internacionales del Estado en materia de prevención de la violencia contra la mujer, implica que las autoridades colombianas están en la obligación constitucional e internacional, imperativa e inmediata, de identificar y valorar los riesgos específicos a los que están expuestas las

48

mujeres en el marco del conflicto armado, por ser éstos causa directa del impacto desproporcionado que tiene sobre ellas el desplazamiento, para así poder actuar de la manera más enérgica posible para prevenirlos y proteger a sus víctimas”.

Con base en estas consideraciones y tal como le resaltó la Corte Constitucional en la providencia citada, se hace necesario la adopción de medidas de carácter general y especial que aseguren la vigencia real de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, ante la multiplicidad de violaciones de las que resultan víctimas en esta situación. Todas las entidades del estado, en consecuencia, deben atender prioritariamente a las necesidades de las mujeres en esta condición de afectación de sus derechos por la violencia, constituyéndose esta prioridad en criterio de actuación frente a las distintas funciones que cada entidad debe desarrollar.

3.2 Los niños en el conflicto armado.

En las “Conclusiones sobre la situación de los niños y el conflicto armado en Colombia” presentadas por el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se expresa la grave situación de los menores de edad vinculados al conflicto armados, en particular en lo que se refiere a las actividad de los grupos armados al margen de la ley.

En este documento, su Presidente hizo una declaración según la cual el Grupo de Trabajo “b) Condenando resueltamente a las FARC-EP y al ELN por seguir cometiendo las seis transgresiones graves contra los niños en Colombia, consistentes en el reclutamiento y la utilización de niños, muertes y mutilaciones, violaciones y actos de violencia sexual, secuestros, ataques contra escuelas y

49

hospitales y denegación de acceso humanitario, les insta a que pongan término de inmediato a esas transgresiones y abusos y les exhorta a respetar el derecho internacional humanitario, cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados y llevar a la práctica las anteriores conclusiones del Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados respecto

de

Colombia

(S/AC.51/2010/3)”

exige

poner

fin

inmediato

al

reclutamiento ilegal, a la violencia sexual y a otras graves violaciones a los derechos humanos de los menores de edad vinculados con el conflicto armado.

Los grupos armados ilegales, sin embargo, no son los únicos violadores de los derechos de los niños en el conflicto armado colombiano. El Informe del Secretario General de la Naciones Unidas a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad en su 66 período de sesiones sobre la Promoción y Protección de los derechos de los niños “Niños y Conflicto Armado” (A/66/782-S/2012/261), se consigna que también los grupos subsistentes de las autodefensas continúan reclutando niños para vincularlos a sus actividades delincuenciales y que las fuerzas militares los utilizan para labores de inteligencia en contravención de las normas de derecho interno y para otros efectos que el informe define como actividades civilesmilitares.

Igualmente los niños siguen siendo víctimas de los ataques en las zonas de conflicto y de las minas antipersonales.

De conformidad con lo anterior, surge necesario que los grupos armados enfrentados cumplan las obligaciones que les imponen las reglas del derecho internacional humanitario relativas a la protección especial que se debe prestar a los niños en el curso de los conflictos armados, así como a implementar otras medidas de diferente carácter con miras a asegurar la vigencia plena de los

50

derechos de los niños.

La Corte Constitucional también se ha preocupado por la situación de especial vulnerabilidad que presentan los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado y, a este propósito, expidió, entre otros, el auto 251/08 del 6 de octubre de 2008, afirmando que “son las víctimas más débiles e indefensas del conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el país, y al mismo tiempo, son duramente golpeados por crímenes y condiciones estructurales de existencia que escapan por completo tanto a su control y su responsabilidad como a su capacidad de resistir o de responder, marcándolos de por vida al incidir negativamente sobre su proceso de desarrollo individual.”

Los niños, niñas y adolescentes son, de conformidad con la doctrina, sujetos de protección

especial

o

reforzada,

dadas

su

especiales

condiciones

de

vulnerabilidad que implican no solamente la afectación del derecho íntimamente ligado con la conducta que se despliegue en desarrollo del conflicto armado, sino de una multiplicidad de derechos que están interrelacionados. Así, por ejemplo, el reclutamiento forzado no solamente afecta su libertad individual, sino que vulnera gravemente su libre desarrollo a la personalidad, su derecho a la familia, a la protección especial, a la vivienda, a la salud, a la educación, al nombre, etc.

Estos derechos, de conformidad con el contenido del artículo 44 constitucional, son prevalentes en el orden interno y generan obligaciones para el estado, las que se hacen más imperiosas cuando la situación afecta a los niños niñas y adolescentes asignándoles cargas exageradas que no tienen por qué soportar.

Luego de valorar la respuesta estatal a la situación de especial vulnerabilidad de los menores en el conflicto armado, en el auto citado la Corte Constitucional llegó a la conclusión de que ésta…

51

(i)

ha sido puntual y fragmentada, y no sistemática ni integral;

(ii)

ha sido dada a través de los programas ordinarios pre-existentes, y no ha sido específica ni diferencial;

(iii)

ha sido tardía;

(iv)

ha carecido de la asignación de los recursos específicos y los funcionarios requeridos por la magnitud de la tarea;

(v)

ha sido en gran parte jurídico-formal, teniendo en cuenta que a nivel jurídico también se reproduce la ausencia de un enfoque diferencial integral, y

(vi)

carece de un enfoque preventivo.

Para remediar la situación, la Corte Constitucional diseñó unas medidas mínimas que se deben implementar a favor de los menores afectados por el conflicto armado; medidas que deben ser desarrolladas por diferentes entidades y han de ser sostenidas como garantía de que las condiciones que causan la vulneración de los niños, las niñas y los adolescentes, pueden ser removidas.

4. JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

4.1 La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son múltiples los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han realizado sobre los derechos de las víctimas, tanto en sus aspectos generales como en las determinaciones que se han adoptado al ordenar reparaciones de diversas clases. Los contenidos de estas decisiones muestran una constante censura hacia los estados en materia de acceso a la justicia y establecimiento de la verdad, en razón de que las investigaciones emprendidas,

52

por lo general, extienden los plazos procesales más allá de lo razonable; no se hacen esfuerzos por realizar investigaciones dentro de un contexto que demuestre la sistematicidad de las violaciones; no se conceden a las víctimas mecanismos efectivos de participación en los procesos ni de conocimiento de la verdad, ni se adelantan investigaciones eficaces.

En el caso Bámaca Velásquez contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó una importante jurisprudencia en relación con los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. A propósito de una reclamación que hiciera la esposa del señor Bámaca Velásquez, la Corte IDH estimó que la reclamante tenía derecho a solicitar reparación por los daños sufridos, ya que si bien no fue la víctima de la conducta de desaparición forzada que motivó la declaración de responsabilidad internacional del estado, sí había sufrido un daño directo y por lo tanto adquirió la calidad de víctima, en tanto que le fueron violadas sus integridades síquica y moral.

En materia de la violación de otros derechos, la misma Corte concluyó que el estado es responsable por la vulneración del derecho a un recurso judicial oportuno, al no haberse permitido la investigación de los hechos de conformidad con las reglas del derecho interno, pues si bien se inició un proceso con ese fin, su iniciación fue tardía y las fuerzas armadas limitaron sus posibilidades de éxito al no declarar la verdad de los hechos ocurridos. Los recursos, dice la Corte, no solamente deben existir en las normas jurídicas, sino que han de tener efectividad, es decir, deben proporcionar respuestas adecuadas a la violación de los derechos humanos.

Respecto del derecho a la verdad, la Corte Interamericana precisó:

53

“197. En sus alegatos finales, la Comisión aseguró que, como consecuencia de la desaparición de Bámaca Velásquez, el Estado violó el derecho a la verdad de los familiares de la víctima y de la sociedad en su conjunto. Al respecto, la Comisión afirmó que el derecho a la verdad tiene un carácter colectivo, que conlleva el derecho de la sociedad a “tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos”, y un carácter particular, como derecho de los familiares de las víctimas a conocer lo sucedido con su ser querido, lo que permite una forma de reparación. La Corte Interamericana ha establecido el deber del Estado de investigar los hechos mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida, y la necesidad de brindar un recurso sencillo y rápido para el caso, con las debidas garantías. Siguiendo esta interpretación, la Comisión afirmó que este es un derecho que tiene la sociedad y que surge como principio emergente del derecho internacional bajo la interpretación dinámica de los tratados de derechos humanos y, en específico, de los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la Convención Americana.”

Adicionalmente, y aun cuando no es de su competencia directa, la Corte examinó la situación a la luz del conflicto armado que por entonces se presentaba en Guatemala e invocó el contenido del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, para destacar que aun en las situaciones de conflicto armado los países tienen el deber de respetar los derecho humanos, en tanto que allí se establece el deber del estado de brindar a las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan quedado fuera de combate por cualquier razón, un trato humano digno y sin distinción alguna y se prohíbe en cualquier tiempo y lugar los atentados contra la vida y la integridad personal de las personas protegidas por este cuerpo normativo.

En otra decisión (caso Durand y Ugarte) la Corte señaló respecto del derecho de acceso a la justicia, que las víctimas de las violaciones a los derechos humanos deben gozar de amplias posibilidades de ser oídos dentro de los procedimientos que adelanten los estados para determinar la responsabilidad de los perpetradores

54

de las violaciones de derechos humanos, no solamente en procura del esclarecimiento de los hechos, sino también en búsqueda de la sanción de los responsables y de las debidas reparaciones.

Ocupándose del derecho a la reparación, en el caso Gutiérrez Soler contra Colombia la Corte Interamericana ha establecido que el derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los estado impone a éstos la obligación de reparar a las víctimas y hacer cesar las consecuencias de la violación, es decir, que el derecho a la reparación hace surgir el correlativo deber del estado tanto a la indemnización y a las medidas de satisfacción adecuadas, como a la toma de las previsiones que sean necesarias para que se terminen los actos constitutivos de la violación de los derechos humanos.

Esta deber de reparación impone la plena restitución del derecho cuando ello sea posible, entendido como el restablecimiento de la situación anterior a la violación; de no ser posible, se deben adoptar medidas que permitan garantizar los derechos conculcados y establecer una indemnización que compense los daños sufridos, con las medidas que aseguren la no repetición de los actos lesivos de los derechos.

En cuanto al deber de investigar las violaciones a los derechos humanos como forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia y, por consiguiente, el derecho a la verdad en sus dimensiones individual y colectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Masacre de La Rochela, precisó:

“148. El Estado, al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar, en su caso, a

55

los responsables, viola el deber de respetar los derechos reconocidos por la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, tanto de la presunta víctima como de sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido, propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. La investigación de estos hechos debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y estar orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de todos los responsables, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

Esta obligación, en criterio de la Corte, no solamente se afecta cuando no se adelanta una investigación adecuada, sino también cuando la realización de las actuaciones no arroja resultados objetivos cuando se falta a la debida diligencia en las actuaciones, se dejan de adoptar las medidas necesarias para la protección de los encargados de llevarlas a cabo y de los testigos y la ausencia de una línea lógica de investigación que ponga los hechos dentro del contexto de violaciones de los derechos humanos.

El análisis de la situación de contexto para la determinación tanto de las particularidades de un hecho constitutivo de violación a los derechos humanos, como de las relaciones entre éste y otros hechos similares, así como el establecimiento de las personas involucradas en los hechos y los patrones de su actividad alrededor de una política de persecución o exterminio contra la población civil es indispensable como forma de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de las violaciones, pero, adicionalmente, reviste particular importancia frente a la no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos, en tanto que el conocimiento de los patrones sistemáticos permitirá a los estados adoptar las medidas necesarias para atacar los factores generadores de los hechos violatorios. Así se pronunció la Corte Interamericana en el caso citado:

56

“195. En casos de graves violaciones a los derechos humanos, las obligaciones positivas inherentes al derecho a la verdad exigen la adopción de los diseños institucionales que permitan que este derecho se realice en la forma más idónea, participativa y completa posible y no enfrente obstáculos legales o prácticos que lo hagan ilusorio. La Corte resalta que la satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. Dicha investigación debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. En cuanto a la participación de las víctimas, se debe garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones”.

En materia de responsabilidad del estado por actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos, la jurisprudencia internacional ha precisado que ésta deviene no solamente de la acción de las autoridades públicas, sino también de los actos de particulares, si tales actos ocurrieron dentro de un contexto en el cual el estado incumplió sus obligaciones de garantizar los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, tal como lo precisó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de 19 Comerciantes contra Colombia:

“140. Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los

57

derechos internacionalmente consagrados. Además, la Corte ha considerado que “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.

En esa misma decisión la Corte reiteró su posición en el sentido de que en tratándose de determinar la responsabilidad estatal, no es preciso, como ocurre en el derecho interno, identificar a los autores de las violaciones ni hacer juicios de culpabilidad sobre ellos, porque la responsabilidad se basa en el apoyo o tolerancia que el estado haya manifestado frente a los actos violatorios de los derechos humanos.

La jurisprudencia nacional, particularmente la de la Corte Constitucional, es rica en decisiones que fijan los derechos de las víctimas del conflicto armado y la forma de hacerlos efectivos, si bien se ve un énfasis en los derechos de la población desplazada, no porque se trate de las únicas víctimas reconocidas, sino porque es evidente que el desplazamiento es uno de los problemas más dramáticos en el país y el más extendido, y genera, además, muchas otras violaciones a los derechos humanos.

4.2 La jurisprudencia constitucional en materia de protección de los derechos de las víctimas.

58

Quizás resultaría suficiente con mencionar la sentencia C-025/04 para emprender el análisis de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, en razón de que en dicho pronunciamiento la Corte Constitucional es precisa en establecer las principales formas de protección de las víctimas.

En esta sentencia la Corte Constitucional resalta los derechos que se ven vulnerados con la situación de desplazamiento forzado:

(i)

a la vida en condiciones dignas;

(ii)

los derechos de las personas respecto de las que la Constitución ordena una protección reforzada (niñas, niños, mujeres –particularmente las que son cabeza de familia-, discapacitados y adultos mayores;

(iii)

el derecho a escoger su domicilio;

(iv)

al libre desarrollo de la personalidad;

(v)

a la libertad de expresión y asociación;

(vi)

los derechos económicos, sociales y culturales;

(vii)

el derecho a la familia;

(viii)

a la salud;

(ix)

a la integridad personal;

(x)

a la seguridad personal;

(xi)

a la libertad de circulación;

(xii)

al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio;

(xiii)

a la alimentación;

(xiv)

a la educación;

(xv)

a la vivienda digna;

(xvi)

a la personalidad jurídica;

(xvii) a la igualdad, y (xviii) a la paz.

59

Esta enunciación de los derechos vulnerados pone de presente la grave afectación de libertades fundamentales y derechos de la más variada índole que se producen a consecuencia de la violencia interna, así como la necesidad de que el estado responda con acciones afirmativas a la situación particular que presentan las personas afectadas con ella. En este sentido, la misma Corte elaboró una lista de los derechos mínimos que se deben proteger y la manera de hacerlo, enunciando entre ellos los derechos a la vida; a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral; a la familia y a la unidad familiar; a la subsistencia mínima; a la salud; a la protección frente a prácticas discriminatorias; a la educación básica; a la ayuda humanitaria y al retorno.

A pesar de que en la sentencia se reconoce que la vulneración de los derechos enunciados no corresponde a la acción directa del estado sino a la situación particular del conflicto armado, se afirma también que las autoridades públicas y el estado en general tienen el deber de actuar en la protección de tales derechos porque a través de fallas en e diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, ha faltado a sus deberes constitucionales de protección de las personas en situación de desplazamiento forzado.

Los deberes del estado en relación con las personas afectadas por la violencia interna son principalmente los de:

(i)

“adoptar e implementar políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados” con el fin de cumplir con sus deberes constitucionales, y

(ii)

“abstenerse de adelantare, promover o ejecutar políticas, programas o medidas

ostensiblemente

regresivos

en

materia

de

derechos

económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a

60

agravar la situación de injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende corregir”.

Esta es, entonces, la línea de acción que se debe seguir en la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado. Todas las medidas que se adopten deben orientarse a remover las condiciones que afectan el adecuado goce de los derechos fundamentales para todas las personas, en especial de quienes pertenecen a poblaciones vulnerables o en situación de marginalidad, y además, todas las acciones de protección han de tener un componente de progresividad, de manera que siempre se busque con ellas avanzar hacia el logro de las condiciones materiales de igualdad entre los habitantes del territorio nacional. La protección de los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado interno, por consiguiente, no se logra a través de medidas meramente formales ni mediante la asistencia inmediata o humanitaria, sino que, necesariamente, debe abarcar actuar sobre las causas sociales y políticas que con mayor fuerza inciden en el origen del conflicto.

La sentencia C-004/03, que señala que los derechos de las víctimas de violaciones a las normas internacionales sobre derechos humanos generan un deber del estado más intenso que frente a los delitos ordinarios, de investigar y sancionar a los responsables, se ocupó particularmente de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas de delitos, resaltando que éstos tienen respaldo constitucional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos y, por consiguiente, pueden también ser el fundamento de la intervención en el proceso penal de los perjudicados con un delito-

El derecho a la verdad se recordó en su caracterización como posibilidad de “conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real” y el derecho a la justicia, básicamente, como el derecho a que no

61

haya impunidad, con el correlativo deber del estado de investigar seriamente los hechos punibles, en particular aquellos que han causado mayor daño social.

5.

CONCLUSIONES

Las normas jurídicas que se han expedido para la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado deben ser interpretadas de conformidad con los mandatos constitucionales, las reglas que surjan del bloque de constitucionalidad que se integre para cada caso según la materia de que se trate, las normas de las leyes estatutarias y los subsistemas jurídicos que se regulan en el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y en otros estatutos similares.

Las normas jurídicas sobre protección de los derechos de las víctimas de la violencia deben ser interpretadas en la forma que mayor cobertura brinden a los derechos de las víctimas, sin perjuicio de preservar los derechos de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos.

El bloque de constitucionalidad, para los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se configura con los Tratados sobre derechos humanos ratificados por el estado colombiano, así como con las normas de derecho blando que han sido expedidas por la comunidad internacional.

Las víctimas del conflicto armado tienen, de manera general, los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a obtener garantías de no repetición de las

62

violaciones, derechos que se despliegan en una serie de medidas que el estado debe adoptar para la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.

Además de los derechos mencionados, a las víctimas del conflicto armado las cobijan otra serie de derechos importantes, como el derecho a la dignidad humana, a recibir asistencia humanitaria, al retorno, a la salud, a la integridad personal, a su seguridad, etc.

La política de atención y protección a las víctimas del conflicto armado debe ser interpretada y aplicada respetando las diferencias de las personas que de acuerdo con las normas constitucionales deben recibir una protección reforzada del estado (niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, afrodescendientes, etnias, etc.) y de conformidad con las necesidades de estos grupos de población y las especificidades de los actos constitutivos de la violación de los derechos humanos.

La ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios constituyen un subsistema jurídico específicamente orientado a la protección de las víctimas de la violencia en Colombia y, por consiguiente, su desarrollo debe realizarse de conformidad con las instituciones y medidas en ellos adoptados, sin perjuicio de que, en cuanto sea aplicable, se apliquen otras disposiciones legales.

Los derechos de las víctimas del conflicto armado han sido objeto de amplio desarrollo

por

parte

de

la

Corte

Constitucional,

de

manera

que

los

pronunciamientos de ésta, tanto en materia de juicios de constitucionalidad como en asuntos de tutela, resultan obligatorios para desarrollar los contenidos de la Ley 1448 y sus decretos reglamentarios.

63

BIBLIOGRAFÍA.

CORTE CONSTITUCIONAL Autos: Sin número, del 03-03-04 emitido con ocasión de la Sentencia T-025 de 2004, Expediente T-653010 y acumulados. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa No. 050/04 del 27-04-04 emitido con ocasión de la Sentencia T-025 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

No. 092/08 del 14-04-08 emitido con ocasión de la Sentencia T-025 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

No. 251/08 del 06-10-08 emitido con ocasión de la Sentencia T-025 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Sentencias de constitucionalidad:

C-004/03 Derechos De Las Víctimas Del Conflicto Armado.

C-0457/06 Derechos A La Verdad, Justicia Y Reparación.

C-052/12 Víctimas – Justicia Transicional.

C-059/10 Incidente De Reparación Integral.

C-191/98 Bloque De Constitucionalidad.

C-203/05 Menores Desmovilizados.

C-225/95 Bloque De Constitucionalidad.

64

C-250/12 Constitucionalidad Ley 1448.

C-253 A /12 Constitucionalidad Ley 1448.

C-370/06 Constitucionalidad Ley 975.

C-394/07 Derechos De Las Victimas De Desaparición Forzada.

C-454/06 Derechos De Las Víctimas De Delitos.

C-575/06 Protocolos I Y Ii Adicionales A Los Convenios De Ginebra De 1949.

C-609/12 Constitucionalidad Ley 1448.

C-666/08 Imprescriptibilidad De Las Sanciones En Violaciones A Los Derechos Humanos.

C-715/12 Constitucionalidad Ley 1448.

C-802/02 Estados De Excepción Y Vigencia DIH. C-820/06 Interpretación De La Ley. C-820/12 Constitucionalidad Ley 1448.

C-828/10 Muerte Del Procesado No Extingue Derechos De Las Víctimas.

C-899/03 Víctima Como Parte Civil.

C-914/10 Definición De Víctimas De La Violencia Política.

C-936/10 Principio De Oportunidad. Garantía De Los Derechos De Las Víctimas.

C-1033/06 Las Acciones Penales Y Su Prescripción.

C-1154/05 Derechos De Las Víctimas En El Proceso Penal.

C-1199/08 Derechos De Las Víctimas En La Ley 975.

65

Sentencias de tutela.

T-017/10 Sobre asistencia humanitaria.

T-025/04 Sobre desplazamiento forzado.

T-042/09 Sobre la situación de las mujeres desplazadas.

T-044/10 Sobre ayuda humanitaria.

T-045/10 Sobre víctimas del conflicto armado.

T-049/08 Sobre derechos de las víctimas en la ley de justicia y paz.

T-059/12 Sobre derecho a la seguridad personal.

T-067/08 Sobre derechos de las víctimas del conflicto armado.

T-150/10 Sobre derecho a la vivienda.

T-312/10 Sobre el principio de solidaridad.

T-349/12 Sobre los Principios de Pinheiro.

T-528/10 Sobre derecho al retorno.

T-617/09 Sobre reparación administrativa.

LEYES:

LEY 387 por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.

66

LEY 975 LEY 1448 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

LEY 1592 Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005.

DECRETOS:

Decreto 4633 de 2011 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas Decreto 4634 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano Decreto 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones Decreto 4801 de 2011 Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Decreto 4802 de 2011 Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Decreto 4803 de 2011 Por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria Histórica

67

Decreto 4829 de 2011 Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras Decreto 599 de 2012 Por el cual se regula la instancia de coordinación local para la micro focalización e implementación gradual y progresiva del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente Decreto 4690 de 3 diciembre de 2007 Sobre la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley.

Decreto 176 de 2008 (enero 24) por el cual se reglamentan los artículos 51, numeral 52.7; 52 y 53 de la Ley 975 de 2005.

Decreto 250 de febrero 7 de 2005 Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones.

Decreto 299 de 2010 (Febrero 1) Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia y Paz, SIIJYP, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 964 de 2009 (Marzo 20) Por el cual se modifica el artículo 6° del Decreto 176 de 2008.

Decreto 1364 de 2008 (abril 25) por medio del cual se adiciona el artículo 3° del Decreto Reglamentario 4760.

Decreto 1737 de 2010 (mayo 19) por el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007.

Decreto 2569 de 2000 (diciembre 12) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

68

Decreto 2898 de 2006 (agosto 29) por el cual se reglamenta la Ley 975 de 2005.

Decreto 3391 de 2006 (septiembre 29) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005.

Decreto 3460 de 2007 (septiembre 11) por el cual se adiciona el artículo 21 del Decreto 3391 de 2006.

Decreto 3570 de 2007 (septiembre 18) (Derogado por el art. 39, Decreto Nacional 1737 de 2010) por medio del cual se crea el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005.

Decreto 4417 de 2006 (diciembre 7) por el cual se modifica el Decreto 2898 de 2006.

Decreto 4719 de 2008 (diciembre 15) por el cual se reglamenta el trámite de acogimiento a los beneficios jurídicos de que trata el Parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005.

Decreto 4760 de 2005 (diciembre 30) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005.

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