GOBIERNO FIJA LÍMITES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

El 12 de abril el Ejecutivo aprobó el D.S. 4910 que fija límites para la compra de gasolina o diésel en bidones u otro tipo de envases

El Gobierno anunció que comenzará a limitar la compra de combustibles fuera del motorizado (es decir, en bidones u otros envases), a fin de evitar el contrabando y ahorrar dólares. Asimismo, aplicará controles a la venta de gasolina y diésel para evitar que estos se usen en actividades ilícitas.

En fecha 12 de abril el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 4910 que fija límites para la compra de gasolina o diésel en bidones u otro tipo de envases.

DS 4910

En la norma se señala que para adquirir los combustibles fuera del motorizado (hasta 120 litros en el territorio nacional y 50 litros en las zonas fronterizas de forma mensual), la persona debe ser mayor de edad y presentar su carnet de identidad más su fotocopia en la estación de servicio autorizada. Si se requiere comprar volúmenes mayores a los señalados, la persona natural o jurídica debe contar con una autorización de la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC).

Si alguien desea adquirir más de 50 litros en las zonas fronterizas sin la debida autorización, excepcionalmente se le podrá vender 50 litros adicionales “al precio internacional”, según el decreto. Además, en la norma se establece que, “de manera excepcional, se autoriza a la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) a realizar el control del transporte, distribución y comercialización de (combustibles) posterior a la venta en estaciones de servicio”. También se dispondrán 170 efectivos militares para los operativos en 12 municipios fronterizos. Se frenará a quienes compren combustibles para fines ilícitos, como contrabando, narcotráfico e incluso la minería ilegal.

Pronunciamiento

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sostienen que el nuevo Decreto Supremo que reduce la cantidad de venta combustibles no es la solución más viable frente al contrabando. Edilberto Osinaga, gerente general de la institución agropecuaria, explicó que el sector (tanto productores pequeños como medianos) consumen 295 millones de litros de diésel al año, representando el 13% del consumo a nivel nacional, por lo que no corresponde que por el tema del contrabando y el manejo ilegal del producto se apliquen fuertes restricciones de com- bustible.

“Estamos de acuerdo con que se debe combatir la ilegalidad, pues sabemos que para el Gobierno la importación de combustible tiene un costo alto. En esa dinámica nosotros vamos a buscar que nuestros productores que están en plena cosecha de verano no tengan problemas con el abastecimiento”, puntualizó Osinaga, que detalló que en cultivos extensivos como la soya o maíz se usan 70 litros de diésel por hectárea”. Añadió de igual manera que establecerán una reunión con la ANH para coordinar la parte productiva.

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) esperan que esta tarea sea viable en todos los ámbitos en donde la actividad ilícita está presente, puesto que afecta a la industria y al empleo.

“Ponderamos la decisión del gobierno de enfrentar radicalmente el contrabando de carburantes. Esperamos que la medida se amplíe a todos los ámbitos en los que este delito ha penetrado, con sus efectos nocivos sobre la industria y el empleo y su secuela de violencia y corrupción”.

Ya se siente el caos, y Santa Cruz es la más afectada Fernando Romero, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas de Beni (ADEPO), manifestó que están por iniciar la siembra de soya y sorgo en dicho departamento, y que hay escasez de diésel. “No estamos tan mal como en Santa Cruz porque aquí (Beni) la siembra es muy pequeña, recién estamos naciendo en la agricultura en el tema de soya y la cosecha de arroz ya concluyó”, dijo.

Agregó también, que son 50 mil las hectáreas cultivadas en Trinidad, mientras que en Santa Cruz bordean el millón y medio. Sin embargo, reconoció que existe la preocupación de que las filas se incrementen. Romero resaltó que Santa Cruz produce más del 70% de los alimentos de Bolivia, y que por eso es masivo el consumo de diésel. “Con este problema se pone en riesgo la seguridad alimentaria”. Alcides Córdoba, vicepresidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (CONCABOL), denunció que los decretos 4910 y 4911 dificultan el abastecimiento de diésel, a pocos días de iniciar la zafra. “Este decreto (4910) está limitando la compra de 120 litros (de diésel) al mes. Con 120 litros al mes el productor no va poder producir nada en el campo, mínimamente necesitamos 120 litros diarios para poder abastecer a nuestros tractores y todas las labores que hacemos en el campo”, afirmó Córdoba.

El dirigente cañero denunció que si continúa vigente el decreto es como si los estuvieron persiguiendo como a criminales, como a narcotraficantes a los productores.

Tractorazo y bloqueo de carreteras

Durante las primeras horas del lunes 15 de mayo, productores cañeros y soyeros salieron con sus tractores del campo hasta llegar a Montero en rechazo la disposición estatal del Decreto Supremo ya mencionado, tomando en cuenta que un productor requiere de al menos 1.000 litros para poner en marcha un tractor y una cosechadora y no así los 120 litros como se ha establecido. Alrededor de unos 200 a 300 tractores participaron la caravana.

Demetrio Pérez, expresidente de Anapo, indicó que mediante un ampliado junto a la Federación de las cuatro provincias del norte integrado y en el que invitaron a ministros y autoridades del Gobierno, pero no asistieron, es que se tomó la decisión de ingresar a un bloqueo de carreteras de 24 horas desde el martes (16 de mayo) en rechazo a los decretos supremos 4910 y 4911. Los puntos de bloqueo se dieron el puente de la Amistad entre Montero y Portachuelo.

El sector productivo del departa- mento de Santa Cruz y el Gobierno central llegaron a un acuerdo después de tres días de bloqueo, después de horas de reunión las autoridades nacionales garantizaron la provisión necesaria de combustibles y se comprometieron a realizar un estudio para determinar el consumo de diésel por hectárea.

El acuerdo establecido explica que tales decretos “solamente tienen la finalidad de fortalecer los controles para evitar el contrabando y comercio informal” de combustibles, por lo que no se aplicará para el sector productivo.

Otro de los puntos del acuerdo referido, es que se desplegarán brigadas móviles para registrar a los agroproductores, las cuales se constituirán en los diferentes municipios. Con estas acciones, se garantiza que el productor podrá acceder hasta a 1.200 litros de combustible en cada transacción.