Boletín "Perspectiva Agraria No. 1"

SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la RepĂşblica

Perspectiva Agraria

BoletĂ­n TemĂĄtico No. 1 IUUQ QPSUBM TBB HPC HU

Perspectiva Agraria BoletĂ­n TemĂĄtico No. 1 SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la RepĂşblica DirecciĂłn de InvestigaciĂłn y AnĂĄlisis

Directorio Secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia • Axel Humberto López Anzueto Director de Investigación y Anålisis • Miguel à ngel Cardona Subdirector de Investigación y Anålisis • Pablo Sigßenza Ramírez Trabajo de edición • Carlos Arriola Avendaùo y Pablo Sigßenza Ramírez Imagen de portada • Mavis Herrera Castillo Diagramación • Dirección de Comunicación Social

SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios de la Presidencia 5ta. Avenida 8-50 Zona 9 Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Tel.: (502) 2312-1200 Fax.: (502) 2312-1205 revista@saa.gob.gt http://portal.saa.gob.gt

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Presentación

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a Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República es la institución del Organismo Ejecutivo rectora del tema agrario, con énfasis en la articulación de la política agraria, así como la resolución y transformación de conflictos relativos a la tierra. El fin de nuestro trabajo es contribuir al Desarrollo Rural Integral con pertinencia cultural y equidad de género.

En este sentido presentamos a la sociedad guatemalteca este primer número del Boletín Perspectiva Agraria como aporte al diálogo democrático en torno a este tema que es fundamental para el desarrollo del país.

La Dirección de Investigación y Análisis de la Secretaría, a instancias del Secretario de Asuntos Agrarios, ha motivado al personal de las distintas direcciones de esta institución para que utilicen este espacio como un canal para exponer puntos de vista, discusiones, y perspectivas institucionales sobre la problemática agraria en el país.

Esperamos que este material sea punto de partida para nuevas reflexiones en los diversos sectores de la población involucrados en el tema, que promueva la discusión conjunta en la sociedad guatemalteca para encontrar caminos democráticos en la solución de la conflictividad agraria y de problemas profundos en el campo guatemalteco como la pobreza, el hambre, la desnutrición y la falta de oportunidades para las mayorías empobrecidas del país.

Ciudad de Guatemala Marzo 2013

Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia

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I EVIDENTE AMENAZA E INMINENTE PELIGRO Walter Danilo EnrĂ­quez Contreras Asesor de la SubsecretarĂ­a de PolĂ­tica Agraria

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s muy importante que la poblaciĂłn conozca la evidente amenaza y el inminente peligro que genera la AcciĂłn de Inconstitucionalidad de CarĂĄcter General en contra del Acuerdo Gubernativo NĂşmero 136-2002 de fecha 29 de Abril de 2002, emitido por el Presidente Constitucional de la RepĂşblica, a travĂŠs del cual se crea la SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la RepĂşblica, interpuesta por los Diputados Roberto Ricardo Villate Villatoro y Leonardo Camey Curup, Jefe y Subjefe de Bancada del Partido PolĂ­tico Libertad DemocrĂĄtica Renovada LIDER, en la que solicitan se declare sin vigencia la totalidad del Acuerdo Gubernativo NĂşmero 136-2002 antes citado, aduciendo que perjudica los derechos de particulares y contraviene el orden constitucional, pretendiendo con esta medida se ordene la supresiĂłn de la SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios y la nulidad de sus actuaciones oficiales realizadas.

Sin perjuicio de la defensa planteada por las instancias legales de esta SecretarĂ­a, resulta de suyo importante que la poblaciĂłn y quienes servimos a la InstituciĂłn conozcamos y manejemos con propiedad algunos de los aspectos tĂŠcnicos que a continuaciĂłn se describen: 1. La SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la RepĂşblica, es una instituciĂłn que forma parte de la institucionalidad del Estado derivada de los Acuerdos de Paz, especialmente de los Acuerdos sobre Aspectos SocioeconĂłmicos y SituaciĂłn Agraria, Identidad y Derechos de los Pueblos IndĂ­genas y el relativo al Reasentamiento de la PoblaciĂłn Desarraigada.

2. En cumplimiento a lo que establece el Acuerdo sobre Aspectos SocioeconĂłmicos y SituaciĂłn Agraria, el Presidente de la RepĂşblica en Consejo de Ministros, a travĂŠs del Acuerdo Gubernativo NĂşmero 452-97, de fecha 04 de Junio de 1997, creĂł la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y ResoluciĂłn de Conflictos sobre la Tierra -CONTIERRA-.

3. Dado que lo relativo al agro abarca mucho mĂĄs que los conflictos relativos a la tierra, el Presidente de la RepĂşblica en consonancia con los compromisos asumidos dentro del marco de los Acuerdos de Paz, emite el Acuerdo Gubernativo NĂşmero 136-2002, de fecha 29 de Abril de 2002, mediante el cual creĂł la SecretarĂ­a de Asuntos Agrarios de la Presidencia, entidad a la que le corresponde coadyuvar en la atenciĂłn y bĂşsqueda de soluciones a la compleja situaciĂłn agraria del paĂ­s formulando polĂ­ticas pĂşblicas en materia agraria; asĂ­ como propuestas para mejorar la legislaciĂłn en la materia y apoyar al Organismo Ejecutivo en la promociĂłn y establecimiento de estrategias necesarias para atender conflictos de naturaleza agraria relativos a la tenencia, posesiĂłn o propiedad de la tierra, proponiendo fĂłrmulas de resoluciĂłn de conflictos agrarios,

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sean compensatorias o restitutivas, a toda aquella persona desposeída de la tierra por causas que no le sean directamente imputables. En consecuencia, la CONTIERRA pasó a constituirse como la Subsecretaría de Resolución de Conflictos de la SAA. 4. Los Acuerdos de Paz tienen el carácter de compromisos de Estado a través del Decreto Número. 52-2005 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha tres de Agosto de 2005, “Ley Marco de los Acuerdos de Paz”.

5. El Congreso de la República de Guatemala desde el año 2004, ha asignado mediante decretos legislativos un porcentaje del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado a la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, con lo cual reconoce a ésta como una Institución del Organismo Ejecutivo que asesora y apoya al Presidente de la República en su función administradora, específicamente en el tema agrario.

6. Por otra parte, cabe mencionar que la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por los Diputados antes citados, contra la creación y funcionamiento de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, es un asunto que ya fue ventilado con anterioridad ante la Honorable Corte de Constitucionalidad, tal como consta en el expediente Número 1496-2002, dentro del cual dicha Corte declaró sin lugar la acción interpuesta, de tal manera que ya existe un precedente jurídico, legal y constitucional dictado por el mismo cuerpo colegiado, circunstancia por la cual resultaría sumamente difícil que pudieran variar el criterio sustentado sobre el particular.

7. En consecuencia, las acciones que realiza la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, son bastión fundamental para evitar la agudización de la conflictividad agraria en el país, especialmente los conflictos agrarios derivados la propiedad, posesión y tenencia de la tierra, en virtud que ésta es la única institución del Estado encargada no sólo de resolver tales conflictos, sino también de minimizar las presiones sociales y mantener la gobernabilidad democrática del país.

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II DEMANDA Y ACCESO A LA TIERRA: EL MERCADO COMO FETICHE SubsecretarĂ­a de PolĂ­tica Agraria, SAA.

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esde que se atribuyĂł al mercado el papel de exclusivo regulador de la economĂ­a para hacer frente a las desigualdades sociales acentuadas por el mal hacer del Estado benefactor, la Ăłrbita de la economĂ­a se contrajo para girar sĂłlo a su alrededor. El consenso de Washington fue el parte aguas de donde derivĂł una serie de medidas de ajuste estructural orientadas a reducir el gasto social, adelgazar el Estado y despojarlo de su papel de orientador y regulador de la economĂ­a que la teorĂ­a keynesiana le atribuyĂł pocos aĂąos despuĂŠs de la gran depresiĂłn de 1930.

A principios de la dĂŠcada de los aĂąos 80 del siglo pasado dio comienzo el boom del ajuste estructural que, poco a poco, fue asentĂĄndose en toda LatinoamĂŠrica, privatizando empresas estatales, reduciendo el gasto social, privatizando servicios pĂşblicos, minimizando el Estado y eliminando barreras arancelarias y no arancelarias para facilitar una mayor penetraciĂłn del capital transnacional. Los Acuerdos de Libre Comercio se convirtieron en el arma del capital transnacional ĂĄvido de nuevos nichos de inversiĂłn; una verdadera espada de Damocles para paĂ­ses como Guatemala.

IniciĂł asĂ­ una gran ofensiva contra las reformas agrarias de corte clĂĄsico tipo la mexicana puesta en marcha a poco del triunfo de la RevoluciĂłn de 1912 que pariĂł el ejido como forma de organizaciĂłn y sistema de producciĂłn campesina, o la arbencista de 1953-54 en Guatemala. El Banco Mundial erigiĂł como receta el modelo conocido como “reforma agraria asistida por el mercadoâ€?, que no es mĂĄs restringir la posibilidad de acceder a la tierra Ăşnica y exclusivamente por la vĂ­a del mercado, es decir, de la compra-venta de tierras. Se supone que este modelo habrĂ­a de incentivar la formaciĂłn de “un mercado fuerte y dinĂĄmicoâ€? de tierras que facilitara el acceso a ese recurso a la poblaciĂłn carente de ĂŠl. Los resultados, sin embargo, por lo menos para el caso de Guatemala, son contrarios.

Las condiciones polĂ­ticas y econĂłmicas prevalecientes luego del derrumbe del socialismo real, determinaron que los Acuerdos de paz firmados por el Gobierno de la RepĂşblica y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, adoptaran ese modelo del Banco Mundial. En el Acuerdo sobre aspectos socioeconĂłmicos y situaciĂłn agraria se reconoce que: “27. La resoluciĂłn de la problemĂĄtica agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situaciĂłn de la mayorĂ­a de la poblaciĂłn que vive en el medio rural, y que es la mĂĄs afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformaciĂłn de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como

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objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad”.

Sin embargo, al tratar del acceso a la tierra en ese Acuerdo las partes convienen que con el fin de promover que los campesinos accedan a la propiedad y uso sostenible de los recursos del territorio, el Gobierno se compromete a: “a) Crear un fondo fideicomiso de tierras dentro de una institución bancaria participativa para la asistencia crediticia y el fomento del ahorro preferentemente a micro, pequeños y medianos empresarios. El fondo de tierras concentrará la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras, propiciará el establecimiento de un mercado transparente de tierras y facilitará el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La política de adjudicación del fondo priorizará la adjudicación de tierras a campesinos y campesinas que se organicen para el efecto, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad económica y ambiental”.

En relación a los mecanismos financieros, el Acuerdo mencionado establece como compromiso del Gobierno: “e) Propiciar la creación de todos los mecanismos posibles para desarrollar un mercado activo de tierras que permita la adquisición de tierras para los campesinos que no la poseen o la poseen en cantidad insuficiente a través de transacciones de largo plazo a tasas de interés comerciales o menores y con un mínimo o sin enganche. En particular, propiciar la emisión de valores hipotecarios, con garantía del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo para el mercado privado y particularmente para las instituciones financieras”.

De los Acuerdos de paz derivó la creación de la institucionalidad agraria vigente en nuestros días. Al Fondo de Tierras (FONTIERRAS), creado mediante el Decreto No. 24-99 del Congreso de la República, de fecha 13 de mayo de 1999, le compete facilitar el acceso a la tierra a través de créditos a la población beneficiaria (otorgados vía el mercado financiero); para ello debe crear las condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas; impulsar el mercado de tierras; gestionar los recursos financieros, entre otras.

De acuerdo con datos del FONTIERRAS, a la fecha hay unas 500 mil solicitudes de tierras1. Mientras tanto, de 19982 hasta finales de 20113 esa institución ha adjudicado 259 fincas a grupos campesinos que en total suman 20,004 familias; además, realizó seis adjudicaciones individuales. La inversión asciende a Q 1,127,367,816.29, desagregados así: Q 699,341,254.89 (62,03%) corresponden a créditos, mientras que los subsidios suman Q 428,026,561.40 (37,97%). Además, en el período de 2004 a julio de 20114, con el programa de arrendamiento de tierras el FONTIERRAS otorgó 276,572 créditos para arrendamiento, con una ejecución de Q 618 millones 321 mil 900, de los cuales Q 103 millones 571 mil 780 fueron subsidio. Sin embargo, el acceso a la tierra mediante arrendamiento es temporal, generalmente por un año.

El Gerente del Fondo de Tierras en un discurso pronunciado el 6 de diciembre 2012, con motivo de dar a conocer la propuesta de tratamiento de la deuda por 37 fincas de comunidades acompañadas por CONIC, afirmó que se estima que las solicitudes se sitúan entre 800 mil y 1 millón 200 mil.

2 Las estadísticas del FONTIERRAS toman en cuenta el período previo a su creación, desde la creación del Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdos de Paz, en 1997.

3 Durante 2012 el Fondo de Tierras estuvo inmerso en un proceso de reestructuración institucional y reglamentaria: reglamentos de créditos y de beneficiarios, por lo que no realizó adjudicaciones de tierras.

4 No fue posible obtener datos de agosto de 2011 a diciembre de 2012.

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Las cifras de adjudicaciones indican que en 14 aĂąos el Fondo de Tierras solamente ha atendido el 4% de la demanda de tierra a travĂŠs del mecanismo del mercado, con crĂŠditos otorgados por medio del sistema bancario.

Esto quiere decir que el modelo del mercado prĂĄcticamente no ha tenido ningĂşn impacto para resolver las grandes desigualdades en la tenencia de la tierra.

Los datos del Censo Nacional Agropecuario de 2003 no han variado. Guatemala continĂşa teniendo uno de los Ă­ndices de concentraciĂłn de la tierra mĂĄs altos a nivel mundial, con un coeficiente de Gini de 0.785. El 86,5% de las fincas censales son unidades productivas menores a 5 manzanas y abarcan sĂłlo el 16,26% de tierras, mĂĄs de la mitad de esas fincas tienen menos de 1 manzana. Por el contrario, las fincas de 10 caballerĂ­as de extensiĂłn a mĂĄs de 50 son sĂłlo el 0,11% pero concentran el 21,95% de tierras.

Uno de los problemas del acceso a la tierra a travĂŠs del mercado es la deuda que tienen los beneficiarios. En el 2012 la deuda se situaba en torno a Q 287 millones 305 mil 150, cifra que representa el 41,1% del monto de los crĂŠditos. Las fincas con problemas crediticios o en situaciĂłn “insatisfactoriaâ€? eran 37 y el monto de la deuda Q 121 millones 676 mil 604; de esas 37 fincas, 11 se mantenĂ­an en deuda, es decir, mora sin pagos, 24 en cobro administrativo y 2 en cobro judicial5.

Adicionalmente, 61 fincas con pagos pero tambiĂŠn en mora, totalizando el capital adeudado Q 165 millones 628 mil 546.52.

No contamos con informaciĂłn que revele la evoluciĂłn de los datos anteriores; sin embargo, ĂŠstos indican que la cartera crediticia por adjudicaciĂłn y arrendamiento de tierras se encuentra en una situaciĂłn por lo menos complicada. Para enfrentarla, el FONTIERRAS aprobĂł en 2009 una polĂ­tica de reestructuraciĂłn de la deuda que contempla reactivaciĂłn productiva, renegociaciĂłn de crĂŠditos y reestructuraciĂłn de la cartera. Ello le permitiĂł renegociar la deuda de 823 beneficiarios de 6 fincas en 2011. La recuperaciĂłn de la cartera, segĂşn datos del FONTIERRAS, fue en torno a los Q 60 millones.

FotografĂ­a: FOTOTECA -SAA-

Sin embargo, la poca eficacia de la polĂ­tica mencionada anteriormente, junto a la exigencia de los grupos campesinos de condonaciĂłn de la deuda, manifiesta particularmente durante la marcha campesina de marzo de 2012, obligĂł a la adopciĂłn de medidas tendientes a abordar de mejor forma la problemĂĄtica para resolverla.

De esa cuenta, en septiembre de 2012 FONTIERRAS aprobĂł una polĂ­tica de reestructuraciĂłn social de la deuda, la que consiste en estudiar caso por caso y subsidiar el pago de hasta un 75% de la deuda dependiendo de la 5

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El Gerente del Fondo de Tierras en su discurso del 6 de diciembre de 2012 ya citado, afirmĂł que son 4 las fincas que se encuentran en situaciĂłn de cobro judicial.

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capacidad de pago de los beneficiarios. Esta política se empezó a implementar con el tratamiento de 37 casos de grupos campesinos acompañados por CONIC, de los que habrían sido priorizados 7 a finales de enero de 2013 y el resto en junio.

En síntesis, el ínfimo impacto del modelo de acceso a la tierra vía mercado en la estructura agraria, junto al problema de endeudamiento que provoca en la población carente de tierra y de recursos, paradójicamente la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, significa que el mercado como única vía de acceso a la tierra no ha sido exitoso; más aún, ese modelo ha fracasado para resolver las enormes desigualdades en la tenencia de la tierra. El mercado es en realidad un fetiche idolatrado justamente porque contribuye a concentrar aún más la riqueza.

Por lo tanto, es necesario adoptar un nuevo modelo que combine varias vías de acceso y que permita el impulso de acciones que faciliten el acceso a la tierra con equidad de género a grupos campesinos sin ese recurso o con tierra insuficiente. Es necesario diversificar las vías de acceso; el mercado debe ser solamente una de ellas.

La propuesta de nueva Política Agraria contiene aspectos novedosos para la atención de la problemática agraria.

En primer lugar, adopta “un nuevo modelo de acceso a la tierra dentro del cual la intermediación financiera y el mercado son sólo una vía. Ese modelo debe posibilitar la conformación de un banco de tierras, su adjudicación gratuita o atendiendo a la capacidad de pago de la población carente de ellas y garantizar el pleno acceso de las mujeres a la propiedad, copropiedad, tenencia, uso y usufructo de la tierra” 6.

Ese modelo “combina acciones propias del mercado (la compra-venta y arrendamiento) con la intervención directa del Estado en la dotación gratuita de este recurso. Lo primero (…) a través de un mercado de tierras dinámico, fuerte y consolidado que permita la fijación y mantenimiento de precios de acuerdo a la calidad de la tierra y a la condición socioeconómica de la población demandante; el Estado intervendrá para evitar que la especulación y la demanda inflen los precios reales. Por su parte, la intervención directa del Estado para la adjudicación gratuita (en propiedad o usufructo) estará determinada por la carencia de recursos de la población demandante para acudir al mercado” 7.

Asimismo, la propuesta de nueva Política Agraria plantea la definición de mecanismos que posibiliten el acceso de las mujeres a la tierra en igualdad de condiciones con los hombres; la transformación del sistema de producción de colonato a economía campesina, proceso en el que el acceso a la tierra es fundamental; la restitución de derechos sobre la tierra o compensación, entre otros de importancia.

Resolver la problemática agraria y democratizar el acceso a la tierra y a otros activos productivos, lograr la transformación democrática de la estructura agraria, posibilitar y dinamizar el desarrollo rural integral, promover, apoyar y fortalecer la economía campesina, requiere de una intervención más decidida y directa del Estado. Por ello, sin excluir el mercado, el Estado debe adoptar medidas que permitan el acceso gratuito a la tierra a la población en situación de pobreza y extrema pobreza, es decir, los productores de infrasubsistencia y subsistencia.

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Propuesta de Política Agraria 2012-2016. Secretaría de Asuntos Agrarios. Guatemala, mayo 2012. Ídem.

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III LA POLĂ?TICA AGRARIA A NIVEL DEL TERRITORIO DirecciĂłn de PolĂ­tica y LegislaciĂłn, SAA.

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a dĂŠcada de la revoluciĂłn es el perĂ­odo mĂĄs importante que ha tenido el paĂ­s en materia agraria, con la promulgaciĂłn del Decreto 900 que buscĂł poner fin a las relaciones de trabajo serviles en el sector agrĂ­cola y transformar el campo en la vĂ­a de desarrollo del capitalismo agrario. De 1955 a 1985 la polĂ­tica agraria gubernamental se caracterizĂł por el impulso a la dotaciĂłn de tierras a campesinos en fincas nacionales y terrenos baldĂ­os inscritos a favor de la naciĂłn. Luego de 1986 a 1996, en un intento por estimular el mercado de tierras en el paĂ­s, la polĂ­tica agraria experimentĂł un giro al pasar a privilegiar la dotaciĂłn de tierras por medio del mercado, ĂŠste se convierte en el mecanismo para que la gente sin tierra tenga acceso a ella.

Con la firma de los Acuerdos de Paz se deriva una nueva institucionalidad agraria y una nueva polĂ­tica agraria que privilegia, en definitiva, el acceso a la tierra a travĂŠs del mercado. Destaca la importancia de la regularizaciĂłn en la tenencia y seguridad sobre la propiedad de las tierras adjudicadas por el Estado.

Aun cuando se han dado algunos avances, ĂŠstos han sido insuficientes para atender la situaciĂłn agraria.

Actualmente la orientaciĂłn de la polĂ­tica agraria plantea que debe considerarse la interdependencia entre lo agrario y lo rural, el rol fundamental del Estado como promotor del desarrollo, el rol del mercado como espacio de asignaciĂłn y distribuciĂłn de recursos y activos, la visiĂłn de cambio y superaciĂłn de las economĂ­as de infra y subsistencia a excedentarias, el reconocimiento de la necesidad de la participaciĂłn social, especialmente de la mujer en la acciĂłn pĂşblica a la par de la necesidad de la equidad en su sentido amplio.

Ahora bien, la implementaciĂłn de la polĂ­tica agraria requiere pensarse en el ĂĄmbito de los territorios rurales, cuya orientaciĂłn debe acoger lo que se concibe como el sujeto priorizado planteado en la PolĂ­tica Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Bajo ese enfoque territorial del desarrollo rural integral, se entiende que “Los territorios rurales se definen como espacios geogrĂĄficos, cuya cohesiĂłn deriva de un tejido social especĂ­fico, de una base de recursos naturales particulares, de unas instituciones y formas de organizaciĂłn propias, y de determinadas formas de producciĂłn, intercambio y distribuciĂłn de ingresoâ€?1.

Es una definiciĂłn de territorio en donde se reconoce que ĂŠste es un espacio en donde interactĂşan grupos sociales afines por razones, histĂłricas, culturales, polĂ­ticas, ideolĂłgicas, econĂłmicas; es decir, es una definiciĂłn de territorio que supera la idea unĂ­voca de espacio fĂ­sico.

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“Propuesta para Abordar el Desarrollo Rural Integral de Guatemalaâ€?. Universidades Rafael LandĂ­var (URL) y San Carlos de Guatemala (USAC). 25 de Octubre de 2011.

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Para articular la política agraria en esa dirección, es importante explorar la posibilidad de crear los mecanismos o fortalecer los ya existentes para desarrollarla e implementarla a nivel local, pero hay que reconocer que ello implica también el fortalecimiento de la institucionalidad a ese nivel.

La Constitución Política de la República y el Código Municipal son el fundamento legal para la articulación a nivel local; el tema de la política agraria, el municipio y el involucramiento de los alcaldes es un paso que debe allanarse. En ese sentido el Código Municipal en su artículo 3 establece que: “para el cumplimiento de los fines que le son inherentes [el municipio] coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda”. Asimismo, el artículo 95 establece que: “el Concejo Municipal tendrá una oficina municipal de planificación, que coordinará y consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio”.

En el ámbito del Organismo Ejecutivo, en materia de política agraria, le compete a la Secretaría de Asuntos Agrarios según el acuerdo de su creación: la facilitación, la formulación e implementación de Políticas Agrarias.

En el ámbito municipal, lo referente a las políticas públicas municipales le corresponde a la oficina municipal de planificación; al respecto el Código Municipal establece en el artículo 95 que “es responsable de producir la información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las política públicas municipales”.

También es relevante indicar que una iniciativa de este tipo puede desarrollarse en torno a las funciones municipales sin menoscabar el ejercicio de la autonomía municipal. Sobre el asunto el Código Municipal en el artículo 95 establece que “la oficina municipal de planificación podrá contar con el apoyo sectorial de los ministerios y secretarías de Estado que integran el Organismo Ejecutivo”.

En ese sentido para desarrollar la política agraria en el ámbito nacional se requiere de una visión integral y estratégica, en donde el Estado esté dispuesto articular desde lo nacional con lo regional y lo local; es decir, el reto está planteado para el Organismo Ejecutivo, las municipalidades, mancomunidades y otras entidades relacionadas.

En el marco de la integralidad y de las estrategias que se requieren, es menester tomar en consideración la participación social en todos los niveles. Diversos son los mecanismos que se tienen para alcanzar dicho propósito.

En el ámbito de lo local, es significativo el papel que juega el Alcalde Municipal en la promoción y el apoyo para que las comisiones de participación social de las municipalidades funcionen para facilitar la participación de los campesinos y campesinas organizados. Otra esfera a considerar es la de los alcaldes comunitarios, cuya organización juega un papel importante en la identificación y solución de los problemas locales de tipo agrario de las comunidades rurales.

Las posibilidades de vinculación y coordinación en el marco de lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y otros instrumentos jurídicos, es posible si se acompaña de visión, voluntad política y compromiso con la realidad agraria de campesinos y campesinas que no tienen acceso a la tierra, que además viven en pobreza y pobreza extrema.

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IV PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMĂ?A CAMPESINA (PAFFEC 2012-2015), UNA APROXIMACIĂ“N A SU CONTENIDO SubdirecciĂłn de InvestigaciĂłn y AnĂĄlisis, SAA.

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l anĂĄlisis que se presenta a continuaciĂłn hace una descripciĂłn sucinta del contenido del documento que diseĂąa el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la EconomĂ­a Campesina (PAFFEC 2012-2015) del Ministerio de Agricultura, GanaderĂ­a y AlimentaciĂłn enumera una serie de consideraciones analĂ­ticas con el objetivo de aportar a una adecuada implementaciĂłn del mismo. Es producto de una discusiĂłn colectiva de un equipo de profesionales de la SubdirecciĂłn de InvestigaciĂłn y AnĂĄlisis y la SubsecretarĂ­a de PolĂ­tica Agraria.

Es necesario seĂąalar que el PAFFEC es el programa prioritario del MAGA para enfrentar las causas que generan pobreza en el campo, referidas a la producciĂłn y economĂ­a campesina. Tiene una asignaciĂłn presupuestaria de 100 millones de quetzales para 2013, pudiendo ser ampliado y su ejecuciĂłn recae en el Sistema Nacional de ExtensiĂłn Rural.

MARCO GENERAL La estrategia gubernamental de desarrollo rural integral basada en la PolĂ­tica Nacional de Desarrollo Rural Integral, ubica a la economĂ­a campesina como el sujeto priorizado de la acciĂłn pĂşblica. Hasta el momento la estrategia ha diseĂąado tres documentos de polĂ­tica: a) Plan para Activar y Adecuar la PolĂ­tica Nacional de Desarrollo Rural Integral b) Marco General de PolĂ­tica para la PromociĂłn de la InversiĂłn Privada en Territorios Rurales c) Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la EconomĂ­a Campesina (PAFFEC 2012-2015)

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Además se cuenta con el borrador de Política Agraria cuyo objetivo general es “Lograr la transformación democrática de la situación agraria de Guatemala como elemento dinamizador, conjuntamente con el uso de otros activos productivos, del desarrollo rural integral, centrando la atención en el sujeto priorizado de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral: la economía campesina”.

CONTENIDO BÁSICO El PAFEEC fue diseñado por el MAGA con apoyo técnico de la FAO. Tiene como marco de referencia la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral 2009, el pacto Hambre Cero 2012, la Política Agropecuaria 2011-2015, la Política nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2005, la Política de Conservación, Protección, y mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales 2007 y Políticas agropecuarias regionales.

PAFEEC en concordancia con el sujeto priorizado de la PNDRI, la economía campesina, tiene como población meta 538,854 hogares rurales, conformados por 85,764 hogares en condición de infra subsistencia; 337,372 hogares en condición de subsistencia; y 115,718 hogares en condición de excedentariedad1. Anualmente el programa atenderá a un estimado de 160,000 familias.

El PAFEEC asume inicialmente los mismos criterios de priorización municipal del Pacto Hambre Cero: 166 municipios con prevalencia alta y muy alta de desnutrición crónica infantil.

Para su inserción en el territorio “se privilegia la organización en la forma de un comité agrícola como autoridad comunitaria (con funciones de seguridad alimentaria, cuidado y manejo de recursos naturales y otros relacionados) en el seno del sistema de autoridades locales o del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE)” 2.

El PAFEEC tiene tres ejes estratégicos: 1.

Incremento sostenible de la producción familiar campesina para la seguridad alimentaria.

1.1 Las familias rurales, campesinas e indígenas, en condición de infrasubsistencia han consolidado sus sistemas productivos para el autoconsumo.

1.2 Las familias rurales, campesinas e indígenas, en condición de subsistencia han fortalecido sus sistemas productivos y asegurado la disponibilidad de alimentos para autoconsumo.

2.

Acceso a mercados e inclusión en cadenas de valor.

3.

Desarrollo institucional para la agricultura familiar.

En cada eje tiene planteados resultados, productos, actividades y costos para el logro de los objetivos.

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Agricultura familiar de infra subsistencia con menos de 0.5 mz; agricultura familiar de subsistencia de 0.5 a 1 mz; agricultura familiar excedentaria de 1 a 5 mz.

En la mayoría de comunidades rurales del país existen entidades comunitarias a cargo de la agricultura y la administración de los recursos naturales de la comunidad.

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ALGUNAS CONSIDERACIONES ANALĂ?TICAS 1. Es una propuesta con un fundamento tĂŠcnico sĂłlido. Identifica plenamente al sujeto priorizado.

2. Garantiza la asignaciĂłn de recursos financieros y humanos en atenciĂłn a la economĂ­a campesina, desde la agricultura, de manera sostenida para los prĂłximos 3 aĂąos (2013-2015) en concordancia con la estrategia presidencial de desarrollo rural integral.

3. El PAFEEC aborda de manera estratĂŠgica la agricultura familiar con el fin de fortalecer las economĂ­as campesinas. Parte del principio que la agricultura familiar es la columna vertebral de la poliactividad de la unidad campesina. El sistema de extensiĂłn rural debe garantizar la coordinaciĂłn interinstitucional para atender los otros aspectos que constituyen esta poliactividad y garantizar una intervenciĂłn integral desde el Estado.

4. La experiencia previa de la FAO y sociedad civil en el trabajo, investigaciĂłn y extensiĂłn agrĂ­cola proporcionĂł elementos para la construcciĂłn del PAFFEC por lo que el uso bĂĄsico de sistemas productivos como el sistema milpa y el sistema patio hogar son fundamentales en el programa. Permiten cierta pertinencia cultural. Hay datos concretos de aumentos en la producciĂłn, ingresos y mejora de las condiciones alimentarias de las familias que han sido sujetos de programas similares previos.

5. Se incluye en el diseĂąo del PAFEEC la articulaciĂłn a nivel comunitario con el comitĂŠ agrario local y la metodologĂ­a campesino a campesino en los procesos de transferencia de tecnologĂ­a y aprendizajes en campo. Se debe garantizar el liderazgo comunitario como garantĂ­a de sostenibilidad del proceso. El elemento de elevar la autoestima campesina es fundamental tambiĂŠn para garantizar la sostenibilidad.

6. Se tiene el diseĂąo, el presupuesto asignado y el sistema nacional de extensiĂłn rural en pleno establecimiento.

Se debe garantizar la contrataciĂłn de profesionales, tĂŠcnicos y promotores rurales con vocaciĂłn de servicio y su proceso de inducciĂłn y capacitaciĂłn debe garantizar un pleno entendimiento de las lĂłgicas campesinas (econĂłmicas y extraeconĂłmicas), los sistemas de producciĂłn milpa y patio hogar, asĂ­ como las metodologĂ­as de campesino a campesino. Este punto es clave para no desvirtuar el programa.

7. Una debilidad del documento es que no identifica factores de riesgo que puede debilitar la implementaciĂłn del PAFFEC; en este sentido se pueden mencionar desafĂ­os a su implementaciĂłn: a) Poner en marcha el programa en los tiempos y plazos previstos; b) la coordinaciĂłn de recursos tĂŠcnico, unidades operativas y recursos financieros; c) la correcta aplicaciĂłn del programa por parte de las agencias de extensiĂłn del MAGA; d) una adecuada lectura de las condiciones reales del campo y la inserciĂłn del programa en esa realidad; e) GeneraciĂłn de la lĂ­nea basal para la mediciĂłn de impactos.

8. La propuesta presenta un enfoque mecanicista y evolutivo (estadios que deben cumplirse por parte de las familias campesinas). Se deberĂĄ revisar este enfoque, al contrastar este planteamiento con el diĂĄlogo de campo que se establecerĂĄ entre gobierno y comunidades y familias campesinas. Tener presente la pregunta

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de: ¿cuál es la aspiración de desarrollo o vida digna que tienen las comunidades y familias en el campo? Esto evitará caer en imposiciones y por el contrario, lograr un desarrollo endógeno y sostenido.

9. La aprobación e implementación de la Nueva Política Agraria fortalecerá la consecución de los objetivos tanto de la estrategia gubernamental de desarrollo rural integral, como del PAFFEC, al promover el acceso a la tierra como un activo productivo imprescindible.

10. El PAFFEC debe ir acompañado de otras políticas sectoriales sugeridas en el borrador de política agraria bajo el eje de acceso a otros activos productivos: servicios financieros rurales, fortalecimiento del sistema de generación de tecnología y del sistema de información de mercados y fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento alimentario local y nacional.

11. De la forma en que el PAFEEC intenta constituirse en una política sectorial desde el MAGA, que atiende las necesidades y la lógica campesina de reproducción, debe impulsarse procesos similares en las demás entidades del gobierno, para que aspectos como salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, cultura, deportes, etc., atiendan esa lógica y las dinámicas propias de las familias campesinas.

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V EXTENSIĂ“N AGRĂ?COLA, UN CAMINO DE SOPORTE A LAS ECONOMĂ?AS CAMPESINAS Por Carlos Arriola AvendaĂąo DirecciĂłn de InvestigaciĂłn y AnĂĄlisis, SAA.

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uatemala es un paĂ­s donde la pobreza y las desigualdades han sido histĂłricamente una variable invariable. Cualquier informe nacional de desarrollo humano del PNUD o de encuestas nacionales de condiciones de pobreza, nos presenta sin poder evitarlo, la crudeza del drama social que vive la mayorĂ­a de los guatemaltecos. Basta con visitar las periferias de la ciudad de Guatemala y quĂŠ decir del ĂĄrea rural, para respirar pobreza, exclusiĂłn econĂłmica, marginaciĂłn social, centralizaciĂłn polĂ­tica y discriminaciĂłn racial. Somos, sin tanto anĂĄlisis, un paĂ­s sumido en la pobreza; sin embargo, el tema no es saber esa realidad, sino entender que las condiciones se han agravado y que al dĂ­a de hoy, el Estado no presenta institucionalmente los mecanismos y las propuestas viables para contrarrestar efectivamente esa realidad, con excepciĂłn de la PolĂ­tica Nacional de Desarrollo Rural Integral, vigente desde 2009.

Siendo un paĂ­s agrĂ­cola por excelencia, el Estado durante varias dĂŠcadas del siglo pasado procurĂł prestar y mantener servicios de asistencia tĂŠcnica, tanto a la producciĂłn agrĂ­cola de exportaciĂłn, como a la economĂ­a campesina de subsistencia, a la actividad agrĂ­cola familiar y a los medianos agricultores. Sin embargo, en la dĂŠcada de los aĂąos 80 y 90, al tenor de la aplicaciĂłn de los ajustes estructurales en la economĂ­a y de las recomendaciones del consenso de Washington en el marco de las polĂ­ticas neoliberales, Guatemala implementa un proceso de reducciĂłn del Estado y con ello, la eliminaciĂłn de estos servicios de asistencia tĂŠcnica.

En el aĂąo 2010, el gobierno retoma como parte de la polĂ­tica pĂşblica del Ministerio de Agricultura, GanaderĂ­a y AlimentaciĂłn (MAGA), la ExtensiĂłn AgrĂ­cola. Se reactiva con el nombre de Sistema Nacional de ExtensiĂłn AgrĂ­cola (SNEA), su inversiĂłn inicial bastante moderada, pero segĂşn las autoridades del momento, este proyecto permitirĂĄ dar asistencia gratuita a pequeĂąos y medianos agricultores con el apoyo de tĂŠcnicos agrĂ­colas; su propĂłsito, el atender la producciĂłn agrĂ­cola para lograr el desarrollo econĂłmico de las familias. Proyecto inicial dividido en tres ĂĄreas: capacitaciĂłn para extensiĂłn agrĂ­cola, para mujeres como cabeza del hogar, y promotores juveniles1.

El SNEA conceptualiza la extensiĂłn como â€œâ€Ś una actividad de educaciĂłn no formal, que se utiliza como medio para promover cambios de conducta* de los grupos y familias de agricultores con el objeto de que definan e implementen los procesos necesarios para el mejoramiento de sus medios de vida. Se basa en una continua interacciĂłn e intercambio de conocimientos entre los miembros de la poblaciĂłn atendida y el equipo de extensiĂłnâ€?2.

Ver, Prensa Libre del 18/8/210. ArtĂ­culo de UrĂ­as MoisĂŠs Gamarro.

MAGA: Fundamentos del Servicio de ExtensiĂłn AgrĂ­cola en Guatemala. GuĂ­a bĂĄsica para el SNEA. * El subrayado es del MAGA.

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El modelo propuesto de extensión agrícola, es propicio para la implementación de metodologías horizontales, toda vez que lo que se busca es ser efectivo en la comunicación y evidentemente en el logro de los resultados deseados. Por ello es que la extensión agrícola propuesta, parte de la metodología de Campesino a Campesino, pues en principio es quién garantiza el alcance de las metas establecidas. En eso, el SNEA es categórico al enfatizar que, “desde un punto de vista estrictamente metodológico, el modelo de extensión del SNEA, se fundamenta en la metodología Campesino a Campesino (CaC). Otras metodologías de extensión son aplicadas en menor medida y otras más serán consideradas para su incorporación cuando la situación sea propicia”3.

Y como fue, desde que el Agrónomo Marcos Orozco lo desarrollara con las comunidades de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, los promotores constituyen la clave del éxito del proceso. Aunque la propuesta del SNEA plantea que éstos deben de ser propuestos en las asambleas comunitarias, lo que le estaría dando opción de injerencia al COCODE, el cual por el carácter politizado que presenta en la actualidad se corre el riesgo que pueda manipular los procesos de selección de dichos promotores.

Vale la pena retomar el concepto, de que la extensión agrícola es un contínuum de comunicación entre los involucrados, que va desde los instituciones públicas, los promotores, los campesinos, los productores agrícolas, las empresas, las cooperativas y otras formas de organización presentes en los procesos de extensión, según sea el caso de su inmersión en los procesos de producción agrícola y pecuaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos y familias de los campesinos y agricultores.

Una Parcela a Escala Campesina: La vuelta a la extensión agrícola por parte de MAGA, en momentos que la economía campesina, la producción agropecuaria de los pequeños productores y de la economía familiar excedentaria se ve afectada por la crisis económica y los problemas del calentamiento global con su efecto pernicioso en el medio ambiente y en la producción de alimentos, obliga necesariamente al Estado a replantear su estrategia de asistencia técnica en materia agropecuaria, con el propósito de que desde el propio escenario de los afectados se puedan superar los problemas que de tal situación se desprenden. La buena noticia es que hay una plausible propuesta con el SNEA, solo falta la voluntad política para empujar con decisión su ofrecimiento.

Hay muchas razones para pensar el porqué, la propuesta de extensión agrícola en base a la metodología de Campesino a Campesino es la mejor oferta; por ejemplo, la parcela campesina tiene la escala que permite la aplicación de prácticas tradicionales y agroecológicas para la producción de alimentos de una familia. Además, es el laboratorio donde por siempre una familia campesina reproduce el conocimiento acumulado y heredado de su familia pasada. Lo que es axiomático en el manejo de los insumos agrícolas como las semillas y los abonos; de igual forma en los periodos de descanso de la tierra, el uso de estratos y el área para producir determinado cultivo.

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Por el lado de la fuerza de trabajo, la parcela campesina absorbe la mano de obra de la familia para la elaboraciĂłn de aboneras para la incorporaciĂłn de abonos orgĂĄnicos en las parcelas, asĂ­ como en la preparaciĂłn del suelo, la siembra, la cosecha y los manejos de pos cosecha. Agreguemos los trabajos de conservaciĂłn y reconstrucciĂłn de los suelos y laderas, asĂ­ como la preservaciĂłn de los caudales de agua.

La parcela campesina, beneficiada con la aplicaciĂłn de la metodologĂ­a de Campesino a Campesino, se vuelve al mismo tiempo una fuente de la biodiversidad de alimentos y de plantas medicinales para las familias, asĂ­ como tambiĂŠn de forrajes para los animales. Todo eso generarĂĄ un impacto positivo en la economĂ­a y el mantenimiento y desarrollo de las familias campesinas frente a la crisis que se vive, lo que difĂ­cilmente se alcance con un modelo de producciĂłn convencional, tal y como estĂĄ sucediendo actualmente con la producciĂłn campesina y familiar.

Por Ăşltimo, hay que tener claro que la parcela es al mismo tiempo la escuela, porque mediante el uso de las herramientas metodolĂłgicas que proporciona la MetodologĂ­a de Campesino a Campesino, la familia puede demostrarle a todos los involucrados su conocimiento y manejo de las distintas tecnologĂ­as sostenibles que aplica en su parcela; todo ello posibilita con certeza el apoyo al desarrollo de las capacidades tĂŠcnicas de otras familias, porque en la metodologĂ­a es determinante y fundamental el soporte visual del convencimiento, sustentado en el principio santotomasiano de “hasta no ver, no creerâ€?. En todas las visitas a la parcela, su propietario desarrolla una charla sobre temas altamente prĂĄcticos, sustentados en sus saberes y experimentos; mostrando y demostrando cada una de las tecnologĂ­as aplicadas, su contenido tĂŠcnico, sus costos y sus beneficios. Las visitas y giras en una parcela campesina, guardarĂĄn flexibilidad con respecto a tiempos, fechas y donde sea necesario, ademĂĄs se realizarĂĄ en el idioma mĂĄs utilizado por las y los participantes.

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VI PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN DEL POLOCHIC

Fotografía: FOTOTECA -SAA-

Por Martín Quintero Jordán y José Antonio de León Dirección de Planificación y Programación, SAA.

El Presidente Constitucional de la República, Otto Fernando Pérez Molina oficializó el 14 de agosto del 2012 en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, el “Impulso al Desarrollo Rural en la Región del Polochic”.

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a Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el Sistema Nacional de Diálogo Permanente y la Secretaría General de Planificación Económica de la Presidencia de la República, coordinan esfuerzos para desarrollar, validar y sistematizar el plan de desarrollo integral para la región del Valle del Río Polochic.

Esta visión de intervención institucional constituye un primer vínculo con los actores locales del territorio que necesitan encontrar los espacios políticos para progresar, y persigue armonizar las necesidades del territorio con el presupuesto asignado en los gobiernos locales y nacionales. Reasignándolos a donde corresponda para la ejecución de un plan que se manifieste en el desarrollo rural integral de la región, reactivando la economía campesina y la inversión privada en los territorios rurales.

Conocer la interrelación entre los individuos de la región y de los individuos con el aparato social y económico establecido, así como a las personas que representan los intereses y necesidades de cada uno de los sectores de la población, permite que ésta esté representada por cada una de las estructuras sociales establecidas en la región y que la toma de decisiones en la planificación del desarrollo regional resuelva las necesidades planteadas por estos mismos actores.

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En consecuencia, realizar un anĂĄlisis de actores territoriales para elaborar el plan de desarrollo regional, permite conocer a cada uno de los grupos e intereses que interactĂşa en la dinĂĄmica del ĂĄrea en cuanto a su potencial de desarrollo, para conocer las causas estructurales y las consecuencias que puedan apoyar, interrumpir, restringir o incentivar la planificaciĂłn gubernamental.

A manera de respaldar esta cometido, se recurriĂł a los proyectos de desarrollo municipal elaborados anteriormente por SEGEPLAN que fueron aprobados por los consejos municipales. Se organizaron talleres con mesas temĂĄticas, en donde cada uno de los actores publicĂł sus necesidades y recursos potenciales en los que el plan de desarrollo regional puede basarse. Posteriormente se conformaron talleres configurados con presentaciones estratĂŠgicas de avances del Plan de Desarrollo Integral en el territorio, conformando un comitĂŠ institucional para que aporte soluciones a las necesidades identificadas bajo la visiĂłn institucional del Ăłrgano gubernamental en las diferentes ĂĄreas de labor.

Como resultado, el diagnóstico determinó que los actores presentes en el Valle del Polochic son los siguientes: productores de granos båsicos, jornaleros, mozos colonos, agricultores independientes, quienes constituyen la base de la economía campesina; por otra parte los productores de azúcar y palma africana, ganaderos, productores de energía elÊctrica, minería, cafetaleros, cardamomeros, autoridades locales, institucionales y Ong’s.

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Estos constituyen la base económica de la región. Entre ellos han surgido conflictos esencialmente por el uso y explotación de los recursos naturales, representando oposición a que algunas industrias extractivas sigan adquiriendo tierras o bien por la expansión de productos de agroexportación principalmente caña de azúcar y palma africana y la reivindicación de derechos sobre de la tierra por parte de miembros de la etnia q’eq’chi, provocando conflictos agrarios entre el ingenio Chabil Utzaj y 14 comunidades campesinas, entre ellas las comunidades 8 de Agosto y San Miguelito, tema por el cual surge la marcha campesina del año 2012.

Municipios que comprende la región del Polochic

En este proceso surgen ocho peticiones para que el gobierno le dé las respuestas pertinentes puesto que son demandas de carácter estructural e histórico. Derivado de los temas planteados surge la necesidad de abordar la conflictividad existente así como de abordar el plan de desarrollo rural integral para el Polochic. Es así como en agosto del 2012 el Presidente de la República visita la zona para dar a conocer, a los actores involucrados, el plan de desarrollo del área para que de manera integral con todos los involucrados se determinen la visión, el plan de ocupación del espacio, ejes de desarrollo y propuestas de programas y proyectos.

Las instituciones gubernamentales involucradas en desarrollar, validar y sistematizar el plan de desarrollo integral para el Polochic partimos de un Análisis Socio Político del área, lo que permite visualizar las condiciones socio económicas de todos los municipios que componen la cuenca del rio Polochic en cuanto a los aspectos

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de salud, economĂ­a, educaciĂłn e infraestructura social y productiva, que generan para todos y cada uno de los actores involucrados los satisfactores a las necesidades planteadas.

Este ejercicio se realizĂł a travĂŠs de coordinaciones institucionales para fortalecer el plan, informes periĂłdicos a autoridades, asĂ­ como la participaciĂłn en presentaciones estratĂŠgicas de avances del PDI en territorio, principalmente la que se realizĂł en los consejos de desarrollo, de donde se obtuvo como resultado el anĂĄlisis socio polĂ­tico del Polochic, diagnĂłstico y lĂ­neas estratĂŠgicas de intervenciĂłn.

El fin que se persigue es darle sentido de territorialidad a la inversión enfocada al desarrollo integral, es decir, saber DÓNDE invertir y POR QUÉ. Brindando una visión de desarrollo integral al territorio, proporcionando los espacios de coordinación institucional, gubernamental y no gubernamental para vincular acciones y evitar duplicidad de esfuerzos o ausencia de inversión. Vincular las escalas de acción con un enfoque de participación social, dåndole fluidez en ambas vías: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

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