Costos económicos

El costo de la violencia contra las mujeres podría ascender anualmente a aproximadamente el 2% del producto interno bruto (PIB) mundial. Lo que equivale a una pérdida de 1,5 billones de dólares anuales (ONU, 2018). Los Estados deben disponer de importantes sumas de dinero para atender y reparar a las personas que han sufrido violencia de género debido a los impactos laborales en disminución de productividad y de trabajo propiamente dicho; en salud debido a la multiplicidad de daños físicos, psíquicos y emocionales que ésta implica; en los servicios de atención, así como en los de reparación de la violencia entre otros, de quienes viven la violencia en forma directa como son las mujeres, como quienes la viven indirectamente: sus hijas e hijos.

Además, las muertes de mujeres, las pérdidas humanas, implican costos estimables por la ausencia de ingresos en el futuro, y los costos directos e indirectos que tiene la disminución de ingresos y la atención en salud que requiere para sus hijas e hijos. La violencia contra las mujeres, las empobrece individualmente y a sus familias, así como a sus comunidades, a las sociedades y a las naciones en varios niveles. Reduce la capacidad de las víctimas de hacer una contribución productiva a la familia, la economía y la vida pública; absorbe recursos de los servicios sociales, el sistema de justicia, los organismos de atención de la salud y los/as empleadores/as, y reduce los logros educacionales globales, la movilidad y el potencial de innovación de las víctimas, de sus hijos/as e incluso de los autores de dichos actos de violencia.

Naciones Unidas (2006) clasifica los costos de la siguiente forma:

Costo directo de los servicios de atención a víctimas. Gastos efectivos realizados por las personas, los gobiernos y las empresas en bienes, instalaciones y servicios para dar tratamiento y apoyo a las víctimas y llevar a los autores ante la justicia. Los servicios comprenden el sistema de justicia penal; los servicios de salud; programas de vivienda (albergues, refugios y realojamiento); los servicios sociales y psicológicos; el apoyo en materia de ingresos; otros servicios de apoyo (líneas telefónicas de asesoramiento). Costos judiciales civiles (medidas cautelares) y para los procedimientos judiciales de separación y divorcio). El costo de esos servicios es asumido en su mayor parte por el Estado/el sector público.

Costo indirecto de las pérdidas de empleos y productividad.

Las mujeres pueden ausentarse de sus empleos como resultado de lesiones o traumas, o pueden trabajar en un nivel de productividad reducida a causa de las lesiones y el estrés. Las mujeres pueden perder ingresos, los y las empleadores/ as pueden perder producción y pueden tener que cargar con los costos de la licencia por enfermedad y de la necesidad de contratar y capacitar a las personas reemplazadas. Algunos estudios comprenden los ingresos tributarios que pierde el Estado como consecuencia de las pérdidas de empleos y producción.

Valor asignado al dolor y el sufrimiento humanos. Se trata de un costo intangible que recae sobre la víctima.

La violencia hacia las mujeres, empobrecen a las personas, las familias, las comunidades y los gobiernos reduciendo el desarrollo económico de cada nación.