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dor, Egipto, Guatemala, Kosovo, Mozambique, Nicaragua, Perú, El Salvador, Sudán y Sáhara Occidental, entre otros.

En estos países los resultados del uso de las minas son evidentes en la población civil, no solo por las enormes cantidades de muertos y amputados en accidentes con estas armas, sino también por las dificultades que enfrentan quienes desean recuperar sus tierras para trabajarlas.

En 2005, un informe de la ONU calculaba que más de 167 millones de estos artefactos permanecían almacenados en todo el mundo y 82 países tenían minas sin localizar. Así mismo, ese informe se refirió a que anualmente entre 15.000 y 20.000 personas en el mundo son víctimas de las MAP.

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El empleo de los artefactos explosivos en Colombia, nos remite a la época de la Independencia (1810-1824), en especial a un episodio protagonizado por Antonio Ricaurte, quien el 25 de marzo de 1814, en la hacienda San Mateo —propiedad de Simón Bolívar, ubicada en el estado de Aragua, en Venezuela— hizo estallar un barril de pólvora en el interior de una de las instalaciones de almacenamiento de municiones, falleciendo junto a un gran número de las tropas realistas que ocupaban los recintos.

Avanzando en la historia, en los hechos que provocaron el Bogotazo, el 9 de abril del 1948, se emplearon algunos artefactos explosivos. Posteriormente, en 1952 el miembro del grupo armado ilegal liberal Guadalupe Salcedo Unda, en un sitio conocido como Turpial, del municipio de Orocué, en Casanare, emboscó al Ejército empleando ollas llenas de pólvora. En ese hecho el Ejército sufrió 96 bajas (Aponte de Torres, 1996).

A mediados de 1950, el Ministerio de Defensa adquirió las primeras minas antivehículo (MAV), como las M-15, NM M-19 y PMR-M3 A1, PMR-M3 151 y las IMC 30CT (esta últimas, fabricadas por Indumil), como arma estratégica y defensiva, previendo cualquier incursión con vehículos blindados o tanques a las fronteras. Y como manera de protección se trajeron también minas antipersonal (MAP) como las PRB M-409 SOPRO.

En 1974, el Ministerio de Defensa autorizó la importación de 6.030 minas M-14, M-16 que protegerían a las MAV. Posteriormente, Indumil fabricó las NM-MAP-1 entre 1989 y 1996, fecha en la que se suspendió su elaboración. Entre 1989 y 1991, Colombia importó 6.012, cargas M18A1 Claymore, pero a consecuencia del incremento del conflicto interno que se agudizaba en zonas como el Magdalena Medio después de la toma de Cerro Grande, el Comando de las Fuerzas Militares autorizó el uso de MAP alrededor de

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las bases militares, referenciadas con planos y coordenadas. Las 30 bases alrededor de las cuales se instalaron MAP son: Mamonal, Cerro Pita, El Bagre, Cerro Neiva, Escuela de Fuerzas Especiales, Cerro Neusa, Cerro Piojo, Cerro Alguacil, Hobo, Argelia, Cerro Oriente, Tame, Toledo, Campanario, Tarapaca, La Maria, Gabinete, El Sireno, La Pedrera, Gualy, Montezuma, Santa Rosa, Puerto Nariño, Munchique, Cerro Tokio, Mecana, Pan de Azúcar, Mochuelo, El Tigre y La Tagua. Posteriormente, en cumplimiento del tratado de Ottawa (2003 y 2004) esas MAP fueron destruidas en su totalidad y se puede afirmar que actualmente estas bases militares ya están 100 % libres de MAP.

En la década de los setenta, los GAOML, como el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), copiaron las prácticas de países como Vietnam, Laos y Camboya, donde se emplearon masivamente MAP como un arma exitosa. Además, el autodenominado ELN recibió apoyo tanto económico como ideológico de Cuba y empezó a emplear MAP entre 1974 y 1976, seleccionando como ‗laboratorio de pruebas‘ la zona rural de los municipios de San Vicente de Chucurí y El Carmen. Esta tarea fue encomendada a uno de sus elementos, quien era natural de la primera población: Nicolás Rodríguez Bautista, conocido con el alias de ‗Gabino‘, actual cabecilla máximo de la organización.

En 1980, un lote de minas les fue incautado al M-19 en camiones que se dirigían a Mocoa, Putumayo, cuando este grupo planeó el ataque a esa ciudad. La primera noticia sobre el empleo de las minas como método de ataque del autodenominado Eln apareció publicada en la sección judicial del periódico Vanguardia Liberal del martes 22 de mayo de 1990. En noticia titulada ―Esa maldita violencia‖, se reseñó: ―La última modalidad de la lucha de los grupos armados ilegales quedó al descubierto. Se trata de dinamitar los lugares en donde las tropas regulares llegan a colocar sus bases o puestos de control, dentro de las labores que desarrollan en las llamadas zonas ‗rojas‘ caracterizadas por la constante alteración del orden público‖.

Este matutino bumangués comenzó a registrar noticias que informaban sobre campesinos que resultaban víctimas de las minas antipersonal. Estos artefactos fueron conocidos inicialmente en el argot popular como ―rompepatas‖ y ―quiebrapatas‖, denominaciones que no son aceptadas dentro de la terminología técnico jurídica que se refiere a artefactos explosivos; el término correcto es minas antipersonal. La primera noticia publicada sobre los efectos en la población civil decía: ―Un muerto y dos heridos de una misma familia fue el saldo que dejó el estallido de las minas llamadas ‗rompe patas‘ en El Carmen. La acción violenta efectuada por la Coordinadora Guerrillera tuvo lugar en el sitio denominado El Silencio, de la vereda La Fortuna de esta localidad. En la explosión pereció Alicia de Camargo de 30 años y quedaron heridas su hija de cinco años, Carolina Camargo Luna, y la anciana Berta Luna, madre de la primera y abuela de la niña‖.

Fue tal el impacto que tuvo esta iniciativa del autodenominado Eln, que los demás movimientos alzados en armas, en particular las autodenominadas Farc, optaron por em-

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plear las MAP para entorpecer el desarrollo de las operaciones militares en su contra. En 1982 las autodenominadas Farc-ep celebraron su Séptima Conferencia Guerrillera, que abogó por un cambio importante en su estrategia. Históricamente habían estado haciendo la mayor parte de su lucha en las zonas rurales, y se limitaban a enfrentamientos a pequeña escala con las Fuerzas Militares colombianas. Para 1982, el aumento de los ingresos del "boom de la coca" les permitió expandirse a un ejército irregular y luego lanzar ataques a gran escala contra las tropas colombianas. También comenzaron a enviar combatientes a Vietnam y la Unión Soviética para el entrenamiento militar avanzado. A mediados del año 2000, las autodenominadas Farc optaron por copiar el modelo de la guerra de minas que llevó a los Jemeres Rojos al poder en Camboya, el llamado 80-20: 80 % acciones con minas y 20 % de acciones militares.

Las autodenominadas Farc, luego de haber recibido entrenamiento por parte de miembros del grupo delictivo IRA (Irish Republican Army o Ejército Republicano Irlandés) en 2001, incrementaron el empleo de MAP de fabricación improvisada, elaborando las minas con explosivos producto de mezclas basadas en insumos agroindustriales de uso doméstico.

Todos los actores armados involucrados en el conflicto han hecho uso de toda clase de artefactos explosivos; fabricando armas trampa con objetos aparentemente inofensivos como radios, latas de comida e incluso juguetes.

Las prácticas delictivas de algunos GAOML implican la distribución de MAP y AEI, con el fin de detener a la Fuerza pública. Por la rapidez e irregularidad con que son colocadas, les es imposible elaborar mapas o señalizar los lugares que han sido minados. En algunos casos resulta muerto o mutilado algún miembro de los GAOML que instala las minas.

La práctica de minar los cuerpos de civiles y combatientes muertos o heridos para sorprender a quienes pueden auxiliarlos es también frecuente. Evidentemente estas prácticas, lejos de respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), atentan contra la integridad de civiles, cuerpos de paz y organizaciones humanitarias dedicadas a la atención de las víctimas de los conflictos armados, desembocando en perfidia.

Grupos de actores no estatales, como las autodenominadas Farc y el autodenominado Eln, también han declarado haber usado MAP y AEI como parte de sus arsenales. En 1997 el Gobierno de Colombia firmó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y su Destrucción, buscando la construcción de alianzas que lleven a hacer realidad los mandatos de la Convención.

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