¿Qué tienen que ver las instituciones con el aumento de la violencia en la frontera?

Por Camilo Sánchez

En el artículo anterior mencioné cómo según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminción (ENADIS) en el 2022, aproximádamente el 23.7% de la población mexicana que participó, dijo haber sido discriminada por diferentes motivos relacionados a su origen, cultura, identidad, sexualidad, profesión y aspecto físico, entre otros.

En Estados como Coahuila, tanto personas que pertenecen a la diversidad sexo-genérica así como las personas migrantes, fueron mayormente discriminadas respecto a la última encuesta en 2017. Según el informe, toda la zona Norte del país incrementó la disriminación, viendo a las personas migrantes como un factor de riesgo para su entorno y alentando un discurso que criminaliza a las personas que buscan un nuevo lugar para vivir.

De una manera más directa esto se ve traducido en un aumento de agresiones contra migrantes que pasan por la zona noreste del país. Según datos de Médico sin fronteras (MSF), durante el último trimestre tan solo en Reynosa y Matamoros (Tamaulipas) se registró un aumento del 70% en consultas sobre violencia sexual, con 395 casos de personas atendidas por su equipo de salud mental y otros 129 casos de consultas por secuestro. 

No solo en Tamaulipas se registran este tipo de consultas. En Piedras Negras, Coahuila, en el 2023, se atendieron 95 casos de violencia sexual y a 177 personas que fueron víctimas de distintos tipos de violencia. El aumento de agresiones en esta misma ciudad ha sido denunciada también por el director de la Casa del Migrante de Saltillo, “Hemos visto detenciones muy violentas y testimonios de mujeres que han sido violadas sexualmente”; en áreas gubernamentales. 

Mientras autoridades militares dicen “nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo que nos corresponde” al ser cuestionados por su trabajo en la frontera, la manera en la que actúa el gobierno estatal, deja al descubierto que el aumento de la violencia contra migrantes viene no solo de particulares o del crimen organizado como se puede especular, sino que ésta es ejercida institucionalmente.

Defensores de derechos humanos en Coahuila denuncian que el Instituto nacional de Inmigración (INM) ha estado llevando una “cacería” contra migrantes y gente que trabaja en los centros de acopio. La persecución que llevan a cargo agentes de esta institución llega a otros Estados como Puebla, donde apenas en este mes de febrero detuvieron y separaron a familias migrantes que eran parte de una caravana proveniente de Veracruz. En Oaxaca han bajado de autobuses mediante la intimidación y las han detenido aunque éstas tengan cita con la Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos acusando también a la línea de transportes ADO pasar información y venderles boletos aún sabiendo que no terminaran el viaje.

El peligro que se vive en el camino al “sueño americano” se refleja en ataques como el de Sonora, donde en la noche del 15 de febrero, personas armadas atacaron a vehículos donde se transportaban migrantes, perdiendo la vida un menor de edad. Según la investigación, los ataques se llevaron a cabo por un grupo protegido por el Cártel de Sinaloa.

La violencia que ejercen distintas instituciones de ambos gobiernos, llega a un punto donde organizaciones civiles y activistas denuncian que han mandado a oficinas falsas a personas que buscan asilo, jugando con el desconocimiento de qué hacer para seguir con su proceso legal. Los mandan a supuestas oficinas, pero una vez llegan a la dirección señalada se dan cuenta que la oficina no existe, creando las propias autoridades un caos que alimenta su narrativa y les da más elementos para implementar duras restricciones y medidas antimigratorias. 

Ejemplos han sobrado en toda la frontera y aún más específicamente en Texas, como vemos con el anuncio del gobernador de ese estado para la construcción de una nueva base militar en la ribera del Río Grande para apoyar en la regularización del paso fronterizo de Eagle Pass, contando con mil 800 soldados y con perspectiva de aumentar hasta a dos mil 300.

Ambos lados de la frontera continúan en una retórica de criminalización de las personas que buscan moverse de su lugar de origen para mejorar sus condiciones de vida, tomando medidas que no solo no resuelven la crisis humanitaria en la que nos encontramos, sino que incluso abonan a crear un ambiente de peligro e inseguridad para los migrantes.

*  Camilo Sánchez estudia la licenciatura en Derecho, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco.

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