Boletín N° 106 • Reforma política • septiembre de 2008
Con el apoyo de la fundación
Objetivo del Observatorio Legislativo En el Instituto de Ciencia Política se considera que la efectiva participación ciudadana tiene como requisito esencial el acceso a una información adecuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio Legislativo busca: i) generar espacios donde diversos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el contenido de los proyectos; ii) brindar información acerca del trámite de los principales proyectos que se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el debate generando propuestas que desde la sociedad civil enriquezcan los proyectos. El Observatorio Legislativo es un proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado económicamente por la Comunidad de Madrid, en su interés por promover proyectos que permitan el fortalecimiento institucional.
Hoja de vida del proyecto Nombre del proyecto: "medio del cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”
Número del proyecto: Acto legislativo 106 de 2008 Cámara.
Autor: Fabio Valencia Cossio, ministro del Interior y de Justicia.
Ponentes: por definir Gacetas del Congreso: no ha sido publicado en gaceta.
Estado actual: radicado en Cámara de Representantes, pendiente publicación en gaceta y definición de ponentes.
www.icpcolombia.org
Reforma política Contexto
Los
sistemas político y electoral colombianos han sido objeto de múltiples reformas desde la promulgación de la Constitución Política de 1991. Dichas modificaciones han tendido a profundizar los procesos democráticos y optimizar la representación política, mediante la reconfiguración del sistema de partidos, la adecuación del régimen electoral y el fortalecimiento de los órganos y mecanismos de control, entre otras medidas, que han procurado dar respuesta a las problemáticas estructurales y coyunturales del país. El Acto Legislativo 01 de 2003 constituyó una de las reformas más importantes en este sentido, al intentar abordar de forma integral los componentes disfuncionales de los sistemas político y electoral. No obstante, varios de los problemas que motivaron dicha reforma persisten aún, creando distorsiones en el sistema de representación que impiden la realización adecuada de los principios democráticos. La necesidad de superar dichas falencias ha motivado la conformación de grupos especializados desde el gobierno nacional y la sociedad civil, que buscan encontrar soluciones de fondo a los obstáculos que se imponen para el ejercicio de la democracia en el país. Dos de las iniciativas más importantes en este sentido, han sido la Comisión de Ajuste Institucional, creada por el gobierno nacional para el análisis de las principales problemáticas de los sistemas político y electoral, y el proyecto de Fortalecimiento Democrático, liderado por el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo –PNUD– e IDEA Internacional, del cual hizo parte el Instituto de Ciencia Política. En ambos casos los resultados de las discusiones se materializaron en documentos que contenían formulas y recomendaciones de política pública para enfrentar los problemas que se tejen en torno al sistema de partidos, el equilibrio de los poderes públicos, la institucionalidad electoral, la financiación de campañas políticas, entre otros. Tomando como base algunas de estas recomendaciones, el gobierno nacional preparó un proyecto de Acto Legislativo que presentó ante el Congreso de la República el pasado 31 de julio, el cual tiene como principal objetivo contribuir a garantizar la transparencia electoral, la respon-
sabilidad política de los partidos y movimientos políticos, y la responsabilidad individual de los titulares de cargos públicos de elección popular frente al pueblo colombiano. Esto, a través de medidas que buscan fortalecer la transparencia del sistema de partidos, en términos de su financiación y democratización interna, la reorganización y autonomía de las instituciones que conforman la organización electoral, la modificación del régimen de suplencias para los miembros de corporaciones públicas y el establecimiento de prohibiciones para los servidores públicos que buscan evitar el tráfico de influencias y garantizar la división de poderes en el Estado. A pesar de la importancia de estas medidas, muchas de las temáticas fundamentales abordadas por las comisiones especializadas no fueron tenidas en cuenta para la elaboración del proyecto de reforma política. En esta medida, aspectos de gran relevancia como la especialización de las cámaras legislativas, el establecimiento de mecanismos para la rendición de cuentas de los partidos políticos ante los electores, la profundización de los derechos de la oposición y la actuación en bancadas de las organizaciones políticas, quedaron excluidas del proyecto. Así mismo, fueron omitidas recomendaciones esenciales para la preservación del equilibrio de poderes, como la revisión del período y mecanismos de selección del procurador general de la nación, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la junta directiva del Banco de la República y los magistrados de la Corte Constitucional y de la sala penal del Consejo Superior de la Judicatura. La exclusión de estos elementos, primordiales para el funcionamiento de los sistemas político y electoral colombianos, pone en entredicho el alcance de esta reforma, dado que no atiende a una visión integral y orgánica de dichos sistemas que permita dar respuesta a los obstáculos para su funcionamiento. Por este motivo, es necesario hacer un llamado al Congreso de la República, para que en el trascurso del proceso legislativo discuta aquellas disposiciones que fueron omitidas en la elaboración del proyecto, potenciando el alcance de la reforma para la solución de las problemáticas estructurales y coyunturales que afectan al país en materia política y electoral.