Derecho a la salud // Febrero de 2010 // Boletín Nº
Con el apoyo de la fundación
Derecho a la salud OBJETIVO DEL OBSERVATORIO LEGISLATIVO En el Instituto de Ciencia Política se considera que la efectiva participación ciudadana tiene como requisito esencial el acceso a una información adecuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio Legislativo busca: i) generar espacios donde diversos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el contenido de los proyectos; ii) brindar información acerca del trámite de los principales proyectos que se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el debate generando propuestas que desde la sociedad civil enriquezcan los proyectos. El Observatorio Legislativo es un proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado económicamente por la Comunidad de Madrid, en su interés por promover proyectos que permitan el fortalecimiento institucional.
HOJA DE VIDA DEL PROYECTO Nombre del proyecto: "por medio de la cual se establecen los derechos y deberes de los pacientes del servicio de salud y se dictan otras disposiciones". Número del proyecto: 229 de 2010 Senado. Autores: senador Juan Manuel Galán y el representante a la Cámara Simón Gaviria. Ponente: por definir. Gaceta del Congreso: 24 de 2010. Estado actual: remitido a la Comisión VII de Senado, pendiente de asignar ponente para primer debate.
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E
El 23 de diciembre de 2009, el gobierno nacional expidió el Decreto 4975 mediante el cual declaró el Estado de Emergencia Social a fin de conjurar la grave situación que atraviesa el Sistema de Seguridad Social en Salud, adoptado con la Ley 100 de 1993. Los argumentos del gobierno para declarar la emergencia se basan en que si bien la Ley 100 fue un gran avance que logró mejorar los niveles de cubrimiento, lo que se tradujo en más personas con acceso a los servicios básicos de salud, tanto la Ley 100 como las reformas introducidas, no han sido suficientes para superar las falencias que presenta hoy el sistema. Razón por la que el gobierno expidió una serie de decretos legislativos dirigidos a solucionar problemas relacionados con la insostenibilidad financiera de los regímenes subsidiados y contributivos, los requerimientos crecientes de los servicios no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud (POS), los problemas de corrupción, y el escaso control al precio de los medicamentos y al recobro de los mismos, entre otros. Desde que dichos decretos fueron puestos a conocimiento de la opinión pública, despertaron gran controversia por las decisiones que allí se adoptaban, generando que medidas como la utilización de las cesantías y pensiones para el cubrimiento de tratamientos no contemplados dentro del sistema, y las sanciones a los médicos por formular medicamentos y procedimientos no cubiertos en el POS, fueran suprimidas por el gobierno nacional recientemente. Ante el despliegue mediático que han suscitado los decretos expedidos bajo el Estado de Emergencia Social, motivado principalmente por el impacto de estos para los médicos, los pacientes y los operadores en
CONTEXTO general del sistema de salud, la estrategia del gobierno nacional ha estado dirigida a utilizar los medios de comunicación y espacios de concertación con la sociedad civil a fin de socializar y explicar las medidas adoptadas. Mientras que la mayor expectativa se concentra en el pronunciamiento que hará la Corte, bajo la lupa del artículo 215 de la Constitución Política y los fallos precedentes, sobre la constitucionalidad de la declaratoria de emergencia y los decretos amparados en la misma. En este sentido, mientras se conoce el fallo de la Corte, que puede concluir con la inexequibilidad de la Emergencia Social y por ende la justificación de los decretos legislativos, fue radicado por iniciativa del senador Juan Manuel Galán y el representante a la Cámara Simón Gaviria un proyecto de ley dirigido a mejorar el Sistema de Salud, con especial énfasis en los derechos y deberes de los pacientes. Si bien el proyecto no introduce la totalidad de las medidas necesarias para una efectiva reestructuración del servicio de salud, en atención a las necesidades de la población y en especial a los requerimientos financieros para su sostenimiento, resulta ser una oportunidad estratégica para que una vez se inicie el siguiente periodo legislativo, se estudien e incorporen las medidas necesarias para evitar un colapso del sistema y garantizar la atención y el goce efectivo del derecho a la salud. Más aún cuando el Congreso de República es la institución democrática idónea por excelencia para tramitar el tipo de reformas que proponen los decretos legislativos del gobierno, las cuales van más allá de la superación de un hecho perturbador o sobreviniente, como si lo es la consecución de recursos financieros que garanticen la sostenibilidad del esquema de salud.
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