Boletín N° 95 • Reforma electoral • mayo de 2008
Con el apoyo de la fundación
Objetivo del Observatorio Legislativo En el Instituto de Ciencia Política se considera que la efectiva participación ciudadana tiene como requisito esencial el acceso a una información adecuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio Legislativo busca: i) generar espacios donde diversos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el contenido de los proyectos; ii) brindar información acerca del trámite de los principales proyectos que se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el debate generando propuestas que desde la sociedad civil enriquezcan los proyectos. El Observatorio Legislativo es un proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado económicamente por la Comunidad de Madrid, en su interés por promover proyectos que permitan el fortalecimiento institucional.
Hoja de vida del proyecto Nombre del proyecto: "Por la cual se dictan medidas relacionadas con los procesos electorales y se dictan otras disposiciones". Número del proyecto de ley: 257 de 2008 Senado. Autores: Nancy Patricia Gutiérrez; Juan Carlos Vélez Uribe; Alexandra Moreno; Oscar Darío Pérez; Samuel Benjamín Arrieta; Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior y de Justicia; Edgardo Maya Villazón, procurador general de la nación, y Ciro Muñoz, pre sidente del Consejo Nacional Electoral. Ponentes: por definir. Gaceta del Congreso: 120 de 2008. Estado actual: radicado en Senado, pendiente de ponencia para primer debate en Comisión Primera del Senado.
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Reforma electoral Contexto Un sistema electoral óptimo y eficiente es uno de los factores determinantes para el correcto funcionamiento de un modelo democrático, pues de él depende en gran parte el tipo y la calidad de la representación de los intereses ciudadanos y la capacidad de construir y preservar la gobernabilidad por parte del Estado. El sistema electoral colombiano, estructurado sobre el Código Electoral de 1986, ha sido objeto de diversas reformas –en especial después de la expedición de la Constitución Política de 1991– tendientes a consolidar los mecanismos de participación política de los ciudadanos y a mejorar la representación de sus intereses por diversas vías. En este sentido, la reforma política contenida en el Acto Legislativo 01 de 2003 constituyó un importante avance hacia la consolidación del régimen democrático, al introducir algunas modificaciones a la estructura del sistema electoral colombiano. Dicho rediseño institucional abordó parcialmente los distintos aspectos del sistema político y electoral, estableciendo un conjunto de reglas en torno al sistema de selección de candidatos a cargos de elección popular, y así propender por la consolidación del sistema de partidos. A pesar de la importancia de dicha reforma, no puede decirse que fue una reforma estructural o integral dado que muchos elementos fundamentales quedaron por fuera, hecho que unido a prácticas clientelistas que aún persisten y obstaculizan el pleno desarrollo de la democracia representativa, son fruto de costumbres fuertemente arraigadas en la cultura política colombiana y por lo tanto requieren períodos de tiempo prolongados para su transformación. Además de lo anterior, no se puede desconocer que existen vacíos en la estructura del sistema electoral del país derivados principalmente de la falta de coherencia entre el Código Electoral vigente que es anterior a la Constitución de 1991 y a las regulaciones de la reforma 1 política de 2003 , lo que posibilita la aparición de fenómenos de corrupción. El funcionamiento del sistema electoral depende fundamentalmente del comportamiento de los
diferentes actores que participan en los procesos democráticos. Así mismo, la coyuntura política ha puesto en evidencia la necesidad de contar con mecanismos de preselección de los candidatos a cargos públicos por parte de los partidos o movimientos políticos que los avalen, para garantizar el cumplimiento de unas calidades mínimas para el ejercicio de la actividad pública. Es por esto que diversos sectores políticos en el país han considerado necesaria la existencia de sanciones adecuadas para los partidos y movimientos políticos que avalen candidatos que resulten condenados por nexos con grupos al margen de la ley o actividades ilícitas, sanciones que van desde la pérdida de personería jurídica del partido, si pierde más del 50% de sus miembros en alguna de las cámaras, devolución del dinero otorgado para la campaña por el gobierno por concepto de reposición de votos, hasta la pérdida definitiva de la curul del partido –silla vacía– y que demostrarían además la disposición del Congreso de la República de castigar dichas prácticas de forma ejemplar. Así, con el objetivo de profundizar las reformas al sistema electoral implementadas hasta hoy en el país, armonizar el Código Electoral a la normativa vigente y una disciplina de partidos más eficiente, se ha radicado en el Senado un proyecto de ley estatutaria, de iniciativa mixta (Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional Electoral y algunos congresistas que forman parte de la Comisión de Reforma Política). Entre los temas que aborda la reforma se encuentran medidas que permitan regular y controlar la inscripción de los candidatos a cargos públicos, el régimen de inhabilidades de los empleados públicos, la propaganda electoral, el voto electrónico y el servicio electoral, entre otros. De igual forma, el proyecto establece penalidades para los partidos y movimientos políticos involucrados en investigaciones por parapolítica, lo que hace que la reforma electoral se presente como una opción diferente a la reforma política que transita en el congreso, que si bien tomaría medidas frente a la coyuntura, no implicaría un nuevo cambio constitucional. 1 Sentencia C-230A/08, proferida el 6 de marzo de 2008 con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil (expediente D-6899).