Estado y medios de comunicación
Una mirada a Venezuela, Ecuador y Argentina Bajo el discurso de la democratización del derecho a informar y ser informados, varios gobiernos de la región han emprendido sendas cruzadas para reformar o diseñar leyes de comunicación que reemplacen antiguos y caducos marcos normativos. Más allá de que se trate –en casos muy concretos- de iniciativas necesarias que le pongan límites a la concentración de los servicios de comunicación en pocas manos, llama la atención las similitudes que unen a los gobiernos que se han apropiado de estos argumentos y la manera como los han usado para su propio beneficio. Los casos de Venezuela, Ecuador y Argentina, se han convertido en ejemplos paradigmáticos de cómo la relación entre Estados y medios de comunicación se ha tornado un juego ganopierdes. EDICION 1 / 2013
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Ecuador: parte de una guerra en contra de la prensa privada
Desde junio de 2012 las frases: prohibido olvidar, 30S y 30-S, son marcas registradas del Gobierno.
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Para comprender la situación de los medios de comunicación en Ecuador, imagine una moneda de dos caras. En una: insultos y ataques verbales sistemáticos semanales, agresiones físicas, juicios contra periodistas y medios, transmisión obligatoria de mensajes ordenados por el Gobierno que interrumpen noticieros, y arrinconamiento paulatino hasta llegar a la casi absoluta desaparición de programas de opinión y debate. Este es el lado de la prensa privada. En la otra cara: acumulación de un enorme poder mediático con veintidós medios nacionales controlados de forma directa, control indirecto de la línea editorial de muchos otros medios al tener la mayor inversión publicitaria, orden para que los medios privados emitan mensajes enfocados en desprestigiar a periodistas, líderes sociales, ONG y todos aquellos que el Gobierno considere objetivos políticos, y “shows” semanales del presidente de la República donde se estigmatizan periodistas o se dicta sentencia en juicios a cargo de una Justicia intervenida por el Ejecutivo. Adivinaron, este es el lado del Gobierno. Todo esto configura una situación que bien se puede calificar como un “conflicto de alta intensidad”, con tendencia a calentarse. Aunque el Gobierno ha reclamado para sí que no ha puesto periodistas en las cárceles ni ha cerrado medios, las cosas no son tan sencillas. Varios periodistas afrontan procesos judiciales complejos y, como antecedente, han existido sentencias a favor del mismo presidente que podrían haber desembocado en condenas de 3 años de cárcel para los directivos del diario El Universo y su exjefe de Opinión (a raíz de su posición frente a los hechos del 30 de septiembre de 2011), quienes al final obtuvieron un “perdón sin olvido” presidencial debido a la amplia presión internacional que suscitó el caso. En cuanto a medios cerrados de forma arbitraria, existe un récord de pequeños medios locales y regionales. Solo por citar dos casos: la Radio Canalea, La Voz de la Esmeralda Oriental, de la amazónica ciudad
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César Ricaurte ECUADOR
Es el actual director ejecutivo de Fundamedios, y como tal ha sido uno de los periodistas más atacados por el Gobierno de Rafael Correa. Es autor y/o editor de numerosas publicaciones. En 2012 recibió el Gran Premio de la Libertad de Prensa de la SIP, el Premio Internacional a la Libertad de Expresión que otorga la editorial Perfil de Argentina, y junto con la bloguera cubana Yoani Sánchez, fue uno de los dos latinoamericanos mencionados por el presidente Barack Obama en su discurso oficial por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
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de Macas, al igual que TeleSangay, canal público de la región Morona Santiago, fueron cerradas y sus equipos incautados. Los últimos episodios de esta guerra que va acumulando víctimas, son la aprobación de una ley de Comunicación que en lo básico consagra el control del Estado, pues la libre expresión de pensamiento deja de ser un derecho humano fundamental, para transformarse, indistintamente, en “servicio” o “bien” público. No es extraño que esta norma imponga condicionamientos éticos a los periodistas y medios, los convierta en responsables de opiniones de terceros, cree la figura del “linchamiento mediático”, consagre la existencia de medios oficiales, e invente un Consejo de Regulación y una Superintendencia de Información que pueden ordenar que un programa salga del aire ipso facto. La ley ya tiene una primera víctima, indirecta, pero víctima al fin y al cabo: la Revista Vanguardia, un símbolo de periodismo combativo, analítico, irreverente e investigativo. Pocos días después de la aprobación de la ley, el abogado Francisco Vivanco, propietario del medio, anunció que debía cerrar la revista. La explicación la ofrecería en un editorial que debía aparecer en un último número que nunca circuló: simplemente las limitaciones de la ley y la persecución sin cuartel del Gobierno, impedían seguir ejerciendo un periodismo como el de Vanguardia. Los periodistas afectados, liderados por el director Juan Carlos Calderón, no están de acuerdo con esta decisión y han señalado que cerrar la revista es rendirse sin dar la pelea, y que en este momento se necesitan empresarios y periodistas valientes por igual. Lo cierto es que más allá de las visiones contrapuestas, aquí también tenemos un efecto indirecto de la vigencia de la nueva ley: una confrontación entre empresarios de medios y periodistas que es aprovechada con regocijo por el Gobierno para apuntalar su discurso antimedios. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que un Gobierno con enorme popularidad y control total de los poderes del Estado (sobre todo de jueces y tribunales) tenga semejante obsesión con los medios? En uno de sus artículos1, el periodista Boris Muñoz recogió unas declaraciones del secretario de Comunicación Fernando Alvarado, que ayudan a entender de qué se trata esto: “Hace cuatro años y medio, el presidente le pidió que le presentara su visión de los medios en el país. Alvarado mostró un mapa mediático con la situación de los medios grandes y pequeños. Su colofón era que la información estaba secuestrada por los grandes medios… Eran, dijo, como “una maleza que había que limpiar”. Y continuó: “le dije al presidente que la maleza siempre está allí, y siempre iba a estar, y que en consecuencia, sólo tenía dos caminos: darle espacio y negociar con ellos, lo que implicaba dejar la maleza crecer, podándola sólo de vez en cuando […] El otro camino era sacarlos de la cancha”. Alvarado recuerda haberle dicho al presidente: “pero para eso tiene que cortar la maleza y
podarla todos los días porque no se va a morir”. Correa dijo: “no creo que las cosas queden igual. Me voy por la jardinería constante. Al final, la sociedad va a discriminar mejor y los medios entenderán que no deben mentir”.
La imposición de la verdad of cial Cuando en las entrevistas se les pregunta a los líderes del partido de Gobierno el porqué de esta guerra contra la prensa, dicen invariablemente que no se trata de una guerra, que ellos quieren libertad de expresión, pero que se diga la verdad. El mismo Correa se declara un adalid contra las mentiras, con lo cual proclama al mismo tiempo, ser el poseedor de la verdad: “en la historia quedará escrito quiénes defendimos la verdad, la equidad y los derechos humanos…” Esto podría ser anecdótico, pero lo peligroso de que un gobernante se declare dueño de la verdad es que los dogmas de fe comienzan a convertirse en EDICION 1 / 2013
razones de Estado. En el caso ecuatoriano, esto se hace carne en todo lo relativo a lo sucedido el 30 de septiembre del 2011. La verdad oficial es que hubo un golpe de Estado, la otra versión es que se trató de una rebelión policial mal manejada y que el presidente podría, incluso, ser el responsable último de las víctimas mortales que se produjeron. Pero hay un segundo caso muy reciente que va en el mismo sentido. El asambleísta Cléver Jiménez del opositor Pachacutik (ligado al movimiento indígena), ha sido condenado por injuria junto a dos activistas, y tendrá que pagar
dieciocho meses en prisión, una indemnización al presidente de US$140.000 y pedir disculpas a través de radio, prensa y TV. ¿Su delito? Haber presentado una denuncia judicial contra el mandatario para que se investigue su actuación en los sucesos del 30 de septiembre, demanda que fue calificada de “maliciosa” por la Justicia ecuatoriana. Se trata de la imposición de la verdad oficial o del relato oficial si prefieren. El Gobierno se ha empleado a fondo. Actualmente controla de forma directa o indirecta casi toda la TV de alcance nacional, con la única salvedad de dos canales (Teleamazonas y Ecuavisa), que permanecen con algún margen de independencia. Tiene en su haber radios, revistas, periódicos, agencias de noticias digitales y una enorme cantidad de medios paraoficiales, que se alinean a los dictados editoriales emitidos desde la Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador (SECOM). A partir del año 2009, los ataques y agresiones a la prensa forman parte de una política de Estado promovida y ejecutada por el presidente, quien ha sostenido públicamente estar llevando a cabo una “guerra2” contra la prensa “corrupta”, término con el que se refiere a los medios de comunicación y periodistas que son críticos con su Gobierno, cuestionan las gestiones de las autoridades y denuncian actos de corrupción o ilegalidad. Desde el primer día de su posesión, Correa declaró a la prensa como su mayor enemigo y actúo en consonancia. Activó un discurso hostil sistemático -que ha generado condiciones muy complicadas-, bajo el cual acuñó una nueva terminología que incluye hasta 170 insultos, para referirse a quienes ejercemos el periodismo. La situación es preocupante y desesperanzadora ya que revela una política estatal sistemática para acallar las voces críticas o aplicar la política de la “poda”, convertida en asfixia contra periodistas y medios de comunicación privados del país. Sin embargo, no es lo peor, pues las decisiones fiscales y judiciales en contra del ejercicio periodístico marcaron un año en que se avanzó en la “reestructuración de la Justicia” o -para decirlo en criollo y en palabras del mismo presidente de la República- se concretó la “metida de manos en la Justicia”.
Lo peligroso de que un gobernante se declare dueño de la verdad es que los dogmas de fe comienzan a convertirse en razones de Estado.
Notas
1. En la edición de julio-agosto de 2012, Boris Muñoz escribió para la versión colombiana de Gatopardo un artículo donde relataba la situación de una prensa bajo ataque. El artículo tiene el sugestivo título de “Ecuador se fue a la guerra”. 2. En el marco de esta “guerra”, el Estado ha llevado a cabo una serie de acciones tendientes a obstruir el trabajo de denuncia y fiscalización que realizan los periodistas y medios, en flagrante desconocimiento de las obligaciones de Ecuador adquiridas a la luz del artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 19 de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.
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