participación ciudadana
La participación ciudadana: el derecho a conseguir Generalmente,
Jorge Francisco Aguirre
méxico
Doctor en Filosofía, investigador en Filosofía Social, Política y de la Comunicación en la Universidad de Monterrey. Autor de más de 85 artículos y libros publicados en México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Estados Unidos, España, Alemania y Austria. Autor de la propuesta Ciudadanía Mediática.
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derechos
las necesidades en una sociedad son siempre mayores a sus recursos. Esta circunstancia también involucra a los gobernantes. Los políticos enfrentan muchas exigencias y, aunque la recaudación de impuestos sea muy alta, los recursos no son suficientes para cubrir todas las áreas de salud, seguridad, educación, deporte, artes, servicios de infraestructura, y un larguísimo etcétera. Con recursos menores a las necesidades no existe Estado que dé gusto a todos. Por ello, es una obligación cívica cuidar y saber utilizar los recursos. Y también decidir democráticamente cómo conseguirlos, en qué y cuándo habrían de utilizarse. Es decir, adquirir recursos públicos, deliberar y decidir a cuales proyectos han de destinarse es una responsabilidad compartida entre los representantes políticos y los ciudadanos. Dicha responsabilidad compartida es la esencia de la democracia. La evolución democrática ha sido larga, con interrupciones, altas y bajas en su calidad moral y política. Hoy en día, el ideal griego de la democracia directa (donde cada ciudadano participaba en las asambleas con voz y voto y sin la intervención de representantes políticos), EDICION 3 / 2014
no es funcional por el enorme tamaño del demos y porque la cantidad de asuntos no siempre resulta del interés de todos. Además, en el estilo de vida moderno no es práctico constituirse en asamblea y por ello se delegan esas responsabilidades a los profesionales de la política: los representantes que llegaron al poder por medio del voto. Así la democracia evolucionó al modelo representativo; atravesando los tiempos de la república romana, las primeras repúblicas marítimas (italianas), la deposición de la monarquía durante la Revolución Francesa, hasta las naciones erigidas constitucionalmente. Sin embargo, la democracia representativa también posee limitaciones. El vínculo entre representantes y electores es frágil y puede romperse por ambos lados. Al profesionalizar la política, la administración y la redistribución de los recursos quedó sólo en manos de los representantes políticos. Éstos toman decisiones por fidelidad al partido político que les dio acceso a las plataformas electorales y
únicamente tienen en cuenta el deseo de los votantes para las reelecciones. Por el otro lado, los ciudadanos no se involucran más en política, puesto que han delegado en sus representantes las tareas de la polis. Las democracias representativas contemporáneas, además, están presionadas por el contexto de la globalización financiera. Los mercados tomaron el poder de planeación económica en las corporaciones transnacionales, consecuentemente replegaron la esfera pública de la intervención ciudadana, y la enclaustraron al ámbito privado. En pocas palabras: los gobiernos han tenido que deponer sus ideales patrióticos e identidades nacionales ante la economía globalizada y las transferencias de capitales, tecnología, patentes y conocimientos. Por ello las personas confían más en su poder financiero individual que en su condición política dentro de un Estado de derecho democrático. Esto explica porqué nos sentimos más poderosos como consumidores que como ciudadanos. ¿Cómo lograr que gobernantes y ciudadanos tomen decisiones políticamente adecuadas, autónomas y soberanas? Un paso más allá de la democracia representativa se vislumbra en el régimen del Buen Gobierno, también llamado Gobierno Abierto o Gobernanza que evoluciona hacia la democracia participativa. Aunque la polisemia de estas denominaciones presenta matices teóricos, tienen un común denominador: la colaboración e innovación para definir ideales políticos que pauten la elaboración de las políticas públicas con una mayor transparencia, rendición de cuentas e instrumentos de participación más allá del voto. Así, el ciudadano “de a pie” (en la castiza expresión de Ortega y Gasset) participa en las actividades de la política sin pertenecer necesariamente a un partido político, un sindicato o una organización de la sociedad civil. Se trata de un nuevo estilo de gobierno que deja atrás el control jerárquico y las condicionantes del mercado, y que se caracteriza por una mayor interacción y cooperación entre el Estado y los actores no estatales. Éstos están organizados en redes que fluctúan entre lo público y lo privado, y al cooperar con el Estado, impiden que éste sea la instancia única de gobierno para tomar decisiones, y a la vez le auxilian a emanciparse de las sujeciones de los mercados.
¿Cómo lograr que gobernantes y ciudadanos tomen decisiones políticamente adecuadas, autónomas y soberanas? Un paso más allá de la democracia representativa se vislumbra en el régimen del Buen Gobierno, Gobierno Abierto o Gobernanza que evoluciona hacia la democracia participativa. EDICION 3 / 2014
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participación ciudadana
Algunas de las ventajas inmediatas de la democracia participativa son: la acción ciudadana directa en asuntos públicos, la conducción democrática por los consensos deliberativos no jerarquizados, las mayores simetrías entre el Estado y los ciudadanos, y la aceptación de redes en cooperación y/o delegación de acciones estatales. Así, con la democracia participativa se combate la ineficiencia de representatividad, se otorga legitimidad a las políticas públicas, se renueva la confianza de los ciudadanos en el Estado y la nación, se co-responsabilizan las decisiones, se enriquece y diversifica el saber a partir del cual se efectúan las deliberaciones con la intervención de expertos, ciudadanos comunes, políticos, representantes de grupos de poder y posibles afectados, y se reactiva la autonomía al elevar muchos asuntos locales a la escala pública. Para lograr lo anterior es necesario abatir la indiferencia hacia la participación. Convencer y conmover al “ciudadano de a pie” que su mejor quehacer es hacer política. Es decir, tomar conciencia de que: “no se es ciudadano para participar, si no se participa para llegar a ser un auténtico ciudadano”. Porque la participación ciudadana es el derecho a obtener derechos.
También debe aclararse que la participación ciudadana no
consiste en el activismo político. Éste se limita a reacciones de protesta que desembocan en exigencias sin propuestas estratégicas, boicots, manifestaciones o marchas, ocupación de edificios, plazas o fábricas, exhortos a huelgas y paros, y demás formas de la desobediencia civil que no transforman las condiciones sociales de manera estructural y definitiva. Cuando logran resolver un asunto en la agenda política, pasan a otro que también implicará un gran desgaste social, lo cual agota el interés de la ciudadanía general y provoca severas críticas a los métodos de presión social. Muy distinta es la participación ciudadana que busca la planeación programática de las políticas públicas y particularmente la que, sin perder autonomía, desea influir en el Estado para definir los planes, programas y presupuestos financieros de las acciones gubernamentales. Ahora bien, no todas las acciones sociales son estrictamente del cuño de la participación ciudadana. Actos de servicio social o comunitario, de solidaridad, subsidiariedad o beneficencia, de asistencia pública, o simplemente acciones dentro de sociedades o asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales, amén de las acciones pastorales asistenciales o de laica filantropía
Aunque muchos politólogos son pesimistas sobre las aportaciones de las TIC a la democracia, las evidencias caminan en sentido contrario a sus dudas. 10
humanitaria, no son participaciones propiamente ciudadanas. Dado que pueden realizarse por sujetos inmigrantes o menores de edad que jurídicamente no son ciudadanos. Tampoco, en estricto sentido, los actos de participación política (acciones reguladas en o con el Estado dentro de las instituciones formales y mecanismos legales del sistema político, como ejercer el voto, constituir partidos con registro, formar parte de comisiones o cabildos, ejercer funciones públicas, pagar impuestos, realizar el servicio militar, etc.) son parte de la participación ciudadana. La participación ciudadana se diferencia de todas las formas anteriores porque realiza acciones públicas que tienen por destino la interacción con el Estado en el sentido de influir en éste para establecer las políticas públicas y sus respectivos métodos de ejecución, supervisión, evaluación y rendición de cuentas. Por tanto, la participación política ejerce la democracia mientras la participación ciudadana la fundamenta y la amplía. La participación ciudadana busca el reconocimiento y la legalización de nuevos derechos y mecanismos políticos (derechos sociales, ampliación de los derechos humanos, referéndums, plebiscitos, revocación de mandato, consulta ciudadana, candidaturas independientes de partidos, presupuestos participativos, entre otros). Y toda vez legalizados y jurídicamente implementados, entonces los ciudadanos podrán ejercerlos. No será sino hasta entonces que se dará la participación política organizada y regulada. La ciudadanía en el modelo de democracia participativa o Gobernanza rebasa los límites de organización y acción tradicionales. Y no solo la búsqueda de mejores realidades democráticas la motivan. También la vanguardia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) estimulan el nuevo perfil participativo conduciéndole hacia la ciudadanía mediática. Aunque muchos politólogos son pesimistas sobre las aportaciones de las TIC a la democracia, las evidencias caminan en sentido contrario a sus dudas: en las redes sociales nadie supone que tenemos democracia y que buscamos información, sino que tenemos la información y la obsequiamos para obtener mayor democracia. La naturaleza interactiva de chats, Twitter, Facebook, blogs y la sindicación de la Web 3.0, movilizan a los ciudadanos a aprender, elegir e involucrarse, y no simplemente a mirar y testimoniar los procesos políticos. La Web 3.0 permite a la ciudadanía mediática desplegar su autonomía y soberanía. Gracias a los hipervínculos, nacidos como advertencias y evaluaciones entre usuarios (plataformas vinculadas a servicios de líneas aéreas, huéspedes de hoteles, consumidores en el extranjero y también con la administración estatal del gobierno), se produce la transparencia, credibilidad y capacidad de elección. Si comprendemos la democracia participativa y la ciudadanía mediática más allá de la participación administrativa ante el Estado y la participación política en el Estado, e incluimos toda organización, entonces podemos luchar contra el crimen, recibir todo género de apoyos (inclusive el “pulse el botón para donar aquí”) y construir una verdadera “polis”, en el sentido más democrático del término. EDICION 3 / 2014