Antonio García Lizana y Francisco J. Calderón

distribución de la renta

RENT Políticas de distribución de la

Antonio García Lizana ESPAÑA

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Es catedrático de Economía Aplicada (Política Económica) de la Universidad de Málaga, codirector del equipo de investigación de la UMA Economía Cuantitativa del Bienestar, representante del Consejo General de Colegios de Economistas de España ante la CEEA (Conferencia Europea de Asociaciones Economía), y secretario general de la Asociación Española de Economía Aplicada (AsepeltEspaña).

Francisco José Calderón Vázquez ESPAÑA

Magíster en Estudios Europeos de la Universidad de Málaga, magíster en Cooperación Internacional (Desarrollo Económico), y licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.

Es profesor de Economía Aplicada del departamento de Política Económica (Economía Política), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.

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recuentemente se contraponen rentismo y economía productiva, en la medida en que el primero no alienta el aumento de la riqueza sino el establecimiento de condiciones que permiten beneficiarse de la renta originada por recursos ya existentes. No es algo nuevo; constituye una aspiración muy antigua en determinados ambientes sociales: “vivir de las rentas” es una expresión cargada de un sentido peculiar, como algo contrapuesto a vivir del trabajo.

Si en la sociedad tradicional podía diferenciarse entre rentistas y población trabajadora, el avance de la intervención estatal, con el propósito de modificar una situación injusta y generadora de conflictos, ha planteado un nuevo horizonte al que referir los conceptos anteriores. En tanto los poderes públicos controlan los recursos nacionales, la mentalidad rentista se transforma en una aspiración más o menos generalizada de capturar una parte de los beneficios derivados de esos recursos, mediante la búsqueda de rentas políticas con menoscabo de la cultura del emprendimiento y del esfuerzo productivo. Esto con el agravante de que tales actitudes (a través de los logros alcanzados y de

las expectativas creadas) se conviertan en hábitos sociales que condicionan la evolución económica, amenazando la senda del crecimiento y su sostenibilidad.

A su vez, los propios poderes públicos terminan contagiados, encontrando en la administración y disfrute de las rentas el modo más cómodo para organizar la vida nacional, fomentando el paternalismo estatal -como un modo de contentar a la población- y el clientelismo político, con el propósito de conquistar adhesiones y favorecer a los más cercanos al poder.

El rentismo acaba por convertirse en una relación particular entre los grupos sociales más influyentes y los representantes del Estado para repartir las rentas. Esto plantea dos consecuencias especialmente graves: a) el fomento de la desigualdad social, generando sociedades piramidales fracturadas desde su base, entre masas de desheredados y élites situadas en la cúspide dorada de la pirámide; y b) la distorsión del funcionamiento económico, desalentando la producción de nuevos recursos (garantía de futuro) al cubrirse las expectativas de ganancia con el reparto de las rentas derivadas de los recursos presentes y amenazando con su agotamiento.

Tales consecuencias resultan lesivas para el crecimiento. Penalizar la innovación y la actividad productiva constituye una limitación obvia.

Además, en la medida en que la tasa de pobreza

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(como consecuencia del reparto desigual) se incrementa, la propensión agregada a consumir se reduce (Keynes), al mismo tiempo que se deteriora el capital humano y las capacidades de la población (Myrdal y Sen).

Siguiendo la estela del modelo denominado “Hipótesis L”, la existencia de altas tasas de pobreza constituye, pues, una limitación objetiva, empíricamente constatable, para alcanzar niveles significativos de crecimiento económico2.

La paradoja que subyace a todo ello es la abundancia de recursos naturales susceptibles de explotación masiva y exportación, generando importantes ingresos para la economía nacional.

Pero es esto lo que desanima la aplicación de otras políticas diferentes, contribuyendo así a la consolidación del rentismo, con todas las consecuencias citadas. Por ello se ha llegado a hablar de la “maldición de los recursos naturales”3.

Ante tal panorama, la discusión sobre los problemas existentes y los remedios para superarlos se mueve en un debate constante que dista de haber terminado. Si bien parece existir una amplia coincidencia en cuanto a los síntomas diagnosticados y en la descripción del rentismo latinoamericano como un síndrome característico con perfiles propios, se echa en falta la existencia de un diagnóstico causal preciso que identifique claramente su etiología, como paso imprescindible para poder establecer una adecuada respuesta política.

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Por lo que estamos viendo: a) existe una conexión entre superabundancia de riquezas naturales y rentismo; y b) el rentismo desanima la innovación, la asunción de riesgos, la creatividad y la diversificación productiva, y contribuye al aumento y consolidación de la desigualdad.

Todo lo cual debilita el crecimiento económico, amenazando su sostenibilidad, con un agravante adicional hasta ahora no considerado: dada la distribución territorial desigual de los recursos en cuestión, se introducen inevitables desigualdades espaciales, amenazando la cohesión y solidez del conjunto de la economía nacional.

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Ahora bien, en la medida en que no en todos los casos conocidos la existencia de abundantes riquezas naturales genera una mentalidad y comportamiento de carácter rentista: ¿dónde está la clave? ¿Es el rentismo algo previo al “descubrimiento” de las riquezas naturales, y solo encuentra un caldo de cultivo propicio en la explotación masiva de éstas? O ¿se encuentra en determinadas características del medio económico y social la ocasión para que la superabundancia de recursos aliente un sistema económico rentista?

Se ha señalado, por ejemplo, que es la debilidad e inestabilidad de las instituciones la causa en última instancia de tal estado de cosas.

Pero dicha situación institucional, a su vez, podría estar propiciada por la existencia de una notable desigualdad estructural, que en tanto constituye una realidad enquistada en el medio social, no

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solo va a condicionar el tamaño del mercado a través de un débil consumo, y la contribución de la población al proceso de desarrollo a través de una reducción de sus capacidades productivas efectivas, sino que, además, las asimetrías sociales derivadas de la desigualdad estarían condicionando el sistema político-institucional latinoamericano, fragilizándolo (como han señalado, entre otros, Perry, Milanovic y Muñoz de Bustillo). De dicha sociedad fragmentada surgiría una institucionalidad precaria que tenderá a seguir los planteamientos de los grupos de poder, dando continuidad al dualismo social y económico, con todas sus limitaciones.

En otros términos, se estaría generando una dinámica de mal desarrollo (según la expresión de Dasgupta), que proyecta un poso de frustración social e incomunicación, subyacente no solo a las tensiones sociales y conflictivas, sino, igualmente, a la falta de incentivos para alumbrar una economía innovadora, competitiva y diversificada. Tal modelo institucional, combinado con fenómenos clientelares y prácticas nepotistas, puede generar como efecto colateral la existencia de altos costes de transacción que, además de penalizar la inversión, compliquen la adopción de innovaciones y desestimulen la generación de capital humano y social.

Parece obvio abordar con todas sus consecuencias la modificación de la política de distribución de la renta que subyace al rentismo, canalizándolo, como paso inicial, en una dirección diferente. En otras palabras: si el rentismo se traduce en sustituir la actividad productiva por una política distributiva que tiende a polarizar la sociedad y a premiar las actividades consumidoras de recursos (localizados en espacios territoriales determinados), amenazando la propia sostenibilidad del sistema, lo que aquí se está proponiendo es utilizar las armas del rentismo con un contenido diferente, reorientando la distribución de la renta con criterios productivos, y contribuyendo de este modo al desarrollo socioeconómico.

Se trata de utilizar la política de distribución de la renta para corregir los principales desequilibrios existentes, de manera que se estimule la cohesión social, la productividad y la competitividad.

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LAS ALTERNATIVAS Hasta donde hemos visto, dichos desequilibrios pueden clasificarse en cuatro grupos: sociales o personales, sectoriales, territoriales y temporales.

En consecuencia, la política de distribución de la renta debe orientarse, de manera coordinada y complementaria, en esos cuatro frentes:

NOTAS

1. Ver, por ejemplo: García Lizana y Pérez Moreno, 2003; 2009 y 2010; etc.

2. Weaver, 1976; Engerman y Sokoloff, 1997; Gylfason, 2001

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1. Política de distribución personal de la renta, para reducir las tasas de pobreza de manera que se ensanche el mercado, se reduzcan las tensiones sociales y se mejoren las capacidades productivas de la población. Para esto es preciso atender tres líneas de actuación diferenciadas: a) política de distribución directa de la renta, mediante un sistema fiscal y de transferencias progresivo; b) mejorar la inversión social en educación, sanidad, infraestructuras y vivienda, elementos fundamentales para la reducción de las tasas de pobreza; c) políticas de reformas sociales que contribuyan a mejorar la situación de las minorías, de la mujer, las personas con discapacidad, etc.; incentivando su incorporación al mercado laboral en condiciones no precarias.

De dicha sociedad fragmentada surgiría una institucionalidad precaria que tenderá a seguir los planteamientos de los grupos de poder, dando continuidad al dualismo social y económico, con todas sus limitaciones.

2. Política de distribución sectorial de la renta, orientada hacia la diversificación productiva, canalizando recursos hacia sectores potencialmente competitivos que posean alguna ventaja comparativa o tengan un interés estratégico por sus vinculaciones con otros sectores, su contribución a la satisfacción de las necesidades colectivas, capacidad para generar empleo, etc.; al tiempo que se fomentan las actividades de investigación, desarrollo e innovación.

3. Política de distribución territorial, potenciando la canalización de recursos hacia el conjunto del espacio nacional, creando condiciones para la armonización e integración territorial que permitan compensar los desequilibrios eventualmente introducidos por la localización de los recursos naturales exportables.

4. Política de distribución temporal de las rentas, tanto en términos de sostenibilidad y solidaridad (intergeneracional, como consecuencia de las políticas de distribución anteriores al modificar los patrones productivos), como en términos anticíclicos, procurando la acumulación de excedentes en los momentos de prosperidad (mediante actuaciones orientadas a conseguir el superávit en las cuentas públicas evitando el endeudamiento, al mismo tiempo que se incentiva el ahorro privado), para modificar tales patrones en momentos recesivos.

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