L
de los medios de en comunicación
La perpetua
crisis
Prensa libre y democracia
América Latina
os medios de comunicación en América Latina experimentan profundas transformaciones en su estructura corporativa, modelos de negocio, vinculación con las audiencias, régimen jurídico y en su relación con el poder político, en sociedades que buscan a su manera el tránsito o consolidación de la democracia. El común denominador sigue siendo el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, principio fundamental que les permite refrendar a diario, sin descanso y en tensión constante, su función social de educar, informar y proveer divertimento al público. Los mass media son instituciones fundamentales del sistema político. Como toda institución clave en el funcionamiento del engranaje político, económico y cultural, han experimentado lo que el destacado politólogo Guillermo O’Donnell denominó con acierto “la perpetua crisis de la democracia”1. Parafraseándolo, diríamos que los medios de comunicación se encuentran en perpetua crisis, no sólo financiera, sino también de legitimidad. La diferencia radica en que la democracia, si bien no garantiza, sí crea los instrumentos y mecanismos
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legales e institucionales para la salvaguarda del derecho fundamental a recibir, investigar y difundir información. No obstante las dificultades por las cuales atraviezan los medios, el informe Latinobarómetro2 sigue reportando año tras año que la radio, la televisión y los diarios se ubican como las instituciones con mayor confianza entre la población, sólo debajo de la Iglesia que ha venido perdiendo posiciones de forma sistemática mientras los medios crecen en valoración. Paradójicamente, el estudio también menciona que las empresas de comunicación se encuentran a media tabla entre los grupos que menos cumplen con la ley, sólo superadas por autoridades, funcionarios públicos y millonarios.
Elecciones y fragilidad del Estado Quizá uno de los momentos de mayor fragilidad del Estado y de los medios de comunicación es la lucha por el poder político. Los procesos electorales y de transición en el ejercicio de las facultades de mando del Ejecutivo son escenarios cíclicos de crispación y pérdida (o ganancia, según sea el caso) de credibilidad en las aún poco sólidas democracias latinoamericanas. EDICION 1 / 2013
Los medios y las batallas por ganar la opinión pública son un espejo de las estructuras de poder y siempre responden a dinámicas históricas de tipo clientelar más que institucional. Las nuestras son sociedades de elevada polarización política e intermitente participación ciudadana. Esa misma polarización, fragmentación y no pocas veces confrontación, se refleja fielmente en las estructuras mediáticas, en sus vínculos con el poder y en sus líneas editoriales. En efecto, los medios y las batallas por ganar la opinión pública son un espejo de las estructuras de poder y siempre responden a dinámicas históricas de tipo clientelar más que institucional. Durante las contiendas por el sufragio ciudadano se evidencian las condiciones de inequidad en los medios, sus apuestas partidistas y su compromiso real o velado con la libertad de expresión. Prácticamente ningún país de la región escapa a esta dinámica, máxime cuando no existe democracia electoral representativa y competitiva sin campañas mediáticas, sin dinero para financiarlas, sin acceso equitativo a los medios, y sin el concurso de las empresas de comunicación y los periodistas como actores relevantes de la contienda. En países como México el debate llegó al grado de cuestionar si los medios (en particular las televisoras) podían hacer presidente a un candidato que claramente recibió el apoyo de la pantalla televisiva. Pero los procesos electorales son sólo lapsos que pueden o no prolongarse en el tiempo según el clima de confrontación. En realidad, los conflictos entre gobiernos y medios de comunicación se han convertido en una constante en América Latina en los EDICION 1 / 2013
últimos años, en especial en países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Nicaragua, pero no exclusivamente. Se trata de Gobiernos de corte populista que han visto en las corporaciones mediáticas fuertes adversarios contra los cuales dirigir discursos incendiarios, a veces con razón, y otras como una estrategia para construir antagonistas.
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lgunos de estos países han aprobado reformas legislativas que buscan acotar el poder desmedido de los medios. Y es que una constante en la región es la elevada concentración (con distintos porcentajes en cada caso) y la propiedad cruzada de medios, factores que limitan, o por lo menos inhiben, la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. La primera nación en actuar contra los medios fue la Venezuela de Hugo Chávez, que promulgó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual contiene un amplísimo catálogo de causales de sanción. En este orden de ideas siguió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina kirchneriana, cuyo elemento más conflictivo ha sido la partición tripartita del espectro radioeléctrico con fines comerciales, públicos y comunitarios, así como la obligación de desincorporar activos de las empresas.
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Prensa libre y democracia Han seguido estos mismos pasos Bolivia (la ley de 2011 pone a disposición del Estado todos los medios y posibilita las escuchas telefónicas sin orden judicial en casos de “conmoción interna”), Ecuador (entre otras cosas, contempla la figura de “linchamiento mediático”) y Uruguay (que limita la convergencia tecnológica). Después de lustros por una Ley de Medios, México aprobó una ambiciosa reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que crea, entre otros aspectos, un organismo constitucional autónomo encargado de regular el sector.
¿Cuál libertad de expresión? Todavía a finales del siglo XX identificábamos a las fuerzas e instituciones del Estado como los principales agentes responsables de coartar la libertad de expresión de las empresas periodísticas y los informadores. En pocos años se han sumado las grandes corporaciones económicas y las bandas de la delincuencia organizada. Para los medios de comunicación impresos y electrónicos resulta complicada la cobertura de las actividades del narcotráfico, un tema de enorme interés público en la región, pero que compromete como ninguno otro la socialización de la información y, peor aún, la integridad física de los periodistas.
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Jorge Bravo México
Experto en medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Profesor de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y editor en jefe del portal Mediatelecom (www.mediatelecom.com.mx).
Autor del libro: El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox.
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sta dificultad informativa se torna aún mayor a nivel de medios locales, porque es en las comunidades donde opera en sentido práctico la criminalidad, donde goza de capilaridad, complicidades, e incluso adeptos. Ni siquiera los operadores de redes de telecomunicaciones se encuentran exentos de intervenciones con fines ilícitos en su infraestructura física. Países como Colombia han adquirido experiencia en la cobertura de estos fenómenos de alto impacto social y ahora exportan buenas prácticas para el debido ejercicio periodístico en situaciones de riesgo. México, en cambio, apenas experimenta estrategias de comunicación social y de control de daños ante la opinión pública, pero con resultados ambivalentes. En cualquier caso, la mayor o menor debilidad del Estado y la escasa institucionalidad siguen sin garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en la región. El número de periodistas agredidos, desaparecidos o ultimados ha crecido, y la impunidad en la impartición de justicia y la resolución de casos es el sello característico en los países que enfrentan estas problemáticas de difícil solución porque ha hecho falta voluntad política. Diversos organismos internacionales, tanto de derechos humanos como gremiales, coinciden en que las trabas y las amenazas a la libertad de expresión han aumentado en el hemisferio. Los mecanismos de presión varían, desde agresiones e intimidaciones, pasando por
detenciones arbitrarias, demandas judiciales contra periodistas, editores y medios, y premios o castigos a través del gasto oficial en comunicación social.
Medios digitales y convergencia Por otra parte, los procesos de digitalización y convergencia con la informática, las telecomunicaciones, las plataformas tecnológicas y los contenidos introdujeron un elemento disruptivo del mercado y las relaciones de poder, cuyas verdaderas implicaciones resultan ignotas y escasamente mensurables aún para los economistas, politólogos y tecnólogos más avezados. Ningún medio de comunicación ni operador de telecomunicaciones parece estar a salvo de la irrupción de “actores emergentes” que han venido a cuestionar el orden establecido para tener una participación más activa en la sociedad y la producción de contenidos digitales. Las elevadas penetraciones de dispositivos móviles en la región, la creciente conectividad y la explosión de redes sociales con fines políticos y periodísticos han abierto una mayor interlocución, diálogo y confrontación entre gobernantes y gobernados, favoreciendo la pluralidad de opiniones y puntos de vista. No son meras válvulas de escape; cada vez se les toma más en cuenta a las EDICION 1 / 2013
En esta evolución de los medios hacia lo digital convendría que las empresas mediáticas y los grandes operadores de telecomunicaciones dejaran de verse a sí mismos como los más fuertes o dominantes y optaran por adaptarse a las nuevas condiciones de competencia, pluralidad y diversidad. expresiones que surgen de medios digitales, sobre todo cuando logran aglutinar a un número importante de internautas y la información se vuelve viral.
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n México, las “manifestaciones” en redes sociales forzaron a un importante grupo radiofónico a reinstalar a su periodista estelar, después de haberla despedido por haber cuestionado a la figura presidencial de turno. Algo inédito. En otras latitudes latinoamericanas han surgido iniciativas regresivas en el sentido de controlar el sentir ciudadano y la difusión de información multimedia en redes virtuales como Twitter, Facebook o YouTube. Los intentos legislativos en países como México, Ecuador, Bolivia o Brasil no han prosperado, pero ya está sembrada la simiente por controlar la web y los contenidos que circulan en ella, fortalecida por leyes y regulaciones que buscan adoptarse en naciones desarrolladas de Europa y Estados Unidos, tipo ACTA, PIPA y otras. En esta evolución de los medios hacia lo digital convendría que las empresas mediáticas y los grandes operadores de telecomunicaciones dejaran de verse a sí mismos como los más fuertes o dominantes y optaran por adaptarse a las nuevas condiciones de competencia, pluralidad y diversidad. EDICION 1 / 2013
Las medios deben evolucionar hacia esquemas más abiertos, colaborativos y horizontales. Todas estas transformaciones de los medios y las telecomunicaciones son simultáneas y están definidas por la incertidumbre, es decir, por el riesgo constante porque ningún medio público o privado, analógico o digital, acierta a definir su propio modelo de comunicación. El futuro ya es presente y la de los medios de comunicación ha dejado de ser una relación opaca hacia la sociedad y el poder para volverse transparente, fluida y líquida (en términos de Zygmunt Bauman). Finalmente, en América Latina encontramos distintos modelos de relación medios-poder. Lo que se aprecia en todos los casos es un intento del Estado por asumir una influencia determinante en el curso de los acontecimientos. Existen esquemas más liberales como el colombiano o el chileno, otros basados en una mayor intervención del Estado como los casos mencionados, y otros de tipo mixto como Brasil y México. En cualquier modelo, los medios experimentan tácticas de resistencia al cambio e intentos de transformación e innovación. Lo cierto es que para ellos la evolución resulta un imperativo. La perpetua crisis de los medios no va a concluir ni a aminorar en el corto plazo, pero como advertía Darwin: no será el más fuerte el que triunfe, sino el que mejor se adapte a la nueva realidad, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego.
Notas
1. Journal of Democracy, vol. 18, enero de 2007. 2. Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 400 millones de habitantes. Puede consultar los resultados del estudio en www.latinobarometro.org.
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