Justicia transicional: Los límites del Derecho Internacional a los acuerdos de paz A raíz del inicio de los diálogos de paz para la terminación del conflicto armado en Colombia, la sociedad se ha polarizado puesto que existe una duda razonable que la firma de un acuerdo final signifique impunidad hacia las víctimas del conflicto. En este sentido, los castigos que recibirán los guerrilleros, el reconocimiento de las víctimas por parte de la guerrilla, así como la reparación integral de las mismas, son temas que son de interés para todos los colombianos. Uno de los puntos sobre los que se ha centrado éste debate es el tema de los castigos y de la justicia transicional, puesto que las partes no han llegado a un consenso sobre el alcance de los acuerdos internacionales firmados por Colombia, como lo son: la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El debate se centra en que estos acuerdos establecen unos mínimos penales que obligan a los autores de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) a cumplir penas privativas de la libertad. De esta forma, el Centro Democrático y el Procurador Alejandro Ordóñez, plantean que es indispensable que se respeten los acuerdos internacionales y en consecuencia, el pasado mes de septiembre el partido del expresidente y actual senador Álvaro Uribe radicó el proyecto 095 de 2014 (archivado por vencimiento de términos) en el Congreso para incluir estas obligaciones internacionales en el marco jurídico para la paz. Por otro lado, el Gobierno establece que es política y administrativamente difícil sancionar a todos los responsables de violaciones de DD.HH. y por eso adoptará el criterio de selección de los máximos responsables para llevar a cabo estos procesos, es decir, se priorizarán los casos y sólo se juzgarán los delitos más graves. Por su parte, en los últimos meses han surgido propuestas que si bien no resuelven el “problema” de los mínimos penales internacionales, sí amplía la discusión al respecto. Entre estas sobresale Foto: Sebastián Criado
la del expresidente César Gaviria, en la que planteó la idea de que la justicia transicional no sólo debería aplicarse a los guerrilleros, sino también a militares y miembros de la sociedad civil que hayan colaborado con alguno de los dos bandos sin combatir directamente. Si bien el tema de los militares estaba en discusión, la novedad en la propuesta recae en la idea de incluir a civiles, porque en la actualidad existen 13.000 investigaciones en la Fiscalía por este tipo de casos. Frente a las obligaciones internacionales, el Gobierno ha visto una oportunidad de seguir adelante con su planteamiento de seleccionar a los máximos responsables, basándose en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso de paz ocurrido en El Salvador, más específicamente en el fallo por la masacre de El Mozote. Así pues, el discusión no ha finalizado y los diferentes sectores sociales debatirán sobre el cumplimiento de la normatividad internacional en la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Foto: sari_dennise