La educación y las cuentas por pagar

LA EDUCACIÓN Y LAS CUENTAS POR PAGAR: UN RESPALDO FINANCIERO AL PROFESIONAL DEL MAÑANA Para el segundo mandato del Presidente Juan Manuel Santos, la educación será una prioridad, esto se puede evidenciar tras la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país” en el cual se definen como pilares a la paz, la educación y la equidad. Esta nueva ley dicta los lineamientos estratégicos del Gobierno en materia política y económica para los próximos cuatro años, razón por la cual se establece la importancia de la educación a futuro.

Precisamente la apuesta del Gobierno en educación resulta interesante, entre los objetivos que se plantean se destacan; alcanzar la calidad educativa en la educación, cerrar las brechas en cuanto al acceso a la educación, mejorar la cobertura y hacer del bilingüismo una realidad. De concretarse estas metas en el futuro, esto sería beneficioso para el país, y es que la teoría indica que a través del desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, se genera innovación y valor agregado a la producción nacional, elementos que son potenciadores del crecimiento económico de un país.

Entre las metas del Gobierno se destaca la de convertir a Colombia en el país más educado de América Latina en los próximos diez años. Para esto, se deben enfrentar retos como “alcanzar un índice, en una escala de uno a diez, de 7,01 en primaria, 7,41 en secundaria y 7,06 en la media” según afirma la Ministra Gina Parodi. Sin embargo es importante recalcar que también hay retos para la educación superior, según estadísticas oficiales de 2014, la tasa de graduación para el nivel de formación universitario es de apenas el 34,2% en 2013, mientras que el índice de calidad es de 27,4% y el índice de acceso es de 32,4% para el mismo año. Analizando estas cifras, el acceso a la educación universitaria debería plantearse como un propósito del Estado, incluso, debería ser una prioridad que la población más vulnerable también pueda acceder a este nivel educativo.

Foto: Universidad Cooperativa de Colombia

Es importante señalar que ha habido varios esfuerzos para vincular como estudiantes de pregrado a colombianos de escasos recursos en distintas universidades del país. Por ejemplo, el programa “Ser pilo paga” es una muestra de que el Gobierno nacional quiere generar cambios estructurales en el futuro inmediato del país. Con este programa de ayuda para acceder a la universidad, que arrancó en 2014, se beneficiaron diez mil estudiantes con limitaciones económicas, pero con los mejores puntajes de las pruebas saber del ICFES. En la opinión de expertos, como Cecilia Vélez, rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ex viceministra de Educación, estos programas piloto pueden convertirse en política de Estado a futuro, ella afirma que “diez mil becas son muchas o pocas, dependiendo de cómo se mire, ya que en la educación superior tenemos unos dos millones de jóvenes. El éxito de una política está en hacer un buen seguimiento, para luego poder evaluar qué tan bueno es y negociarlo con futuros Gobiernos”.

En esta medida todos los esfuerzos adelantados en la materia, además de garantizar el acceso a educación superior también deben sopesar el crédito que tendrá que asumir el universitario, que será el profesional del mañana. Una política integral en la materia supone rentabilidad para el Estado y una oportunidad realizable para el universitario con limitaciones económicas. Así la ayuda del Gobierno al estudiante debería ir más allá del subsidio y comprender todas las etapas de la vida estudiantil, entendiendo los problemas de deserción, la integración académica y social, e incluso, capacitación sobre las formas de pago una vez se haya otorgado el título universitario.

Para tener una mejor aproximación a la realidad, la responsabilidad no es exclusivamente del Ejecutivo, también desde el Legislativo se ha avanzado en la radicación de proyectos de ley con el ánimo de beneficiar a la población de escasos recursos e incentivar su acceso a la educación superior. Recientemente se aprobó en primer debate un proyecto de ley cuyo objetivo es que el Gobierno subsidie el 100% de los intereses de créditos educativos a aquellas personas de estrato 1, 2 y 3 que se encuentren afiliadas con el Fondo Nacional del Ahorro. Este proyecto 160 de 2014 de Cámara avanza en su tránsito legislativo y es de autoría de la bancada conservadora, liderada por el Representante David Barguil, actual presidente del Directorio Nacional.

Este tipo de iniciativas legislativas sirven para complementar los programas del Gobierno, además de ayudar a personas naturales que han decidido adelantar sus estudios superiores a través del crédito educativo, también se incentiva que más ciudadanos adquieran este tipo de deuda con mayor facilidad de pago.

En definitiva, el acceso a la educación para todos los ciudadanos, tanto de escasos recursos como aquellos con capacidad económica, es una necesidad que el Estado tiene que atender si pretende generar importantes niveles de desarrollo, pero no sólo se trata de garantizar el acceso universal a un pregrado universitario, es primordial avanzar en la creación de programas de becas a la excelencia académica, estímulos para ingresar a la universidad y generar condiciones para obtener créditos educativos fáciles de pagar, todo esto orientado a apoyar al estudiante del presente para que el profesional del futuro genere cambios positivos en la sociedad.