Los desafíos del Sistema de Salud en Colombia El 16 de Febrero de 2015, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud, que reconoce por primera vez la salud como un derecho fundamental, convirtiendo su garantía en responsabilidad suprema del Estado y definiendo a su vez que el deber social del Estado va desde la promoción, prevención y diagnóstico de la enfermedad hasta la recuperación, rehabilitación y paliación. Sin embargo, aún quedan dudas serias sobre la implementación de las medidas prácticas para cumplir con los objetivos de la ley que se constituye principalmente como un avance conceptual, en el que se definen ante todo los derechos y responsabilidades de los pacientes, entidades prestadoras de salud y del Estado. Una de las principales dudas que surge con respecto a la implementación de los mandatos consignados en la Ley es la financiación de los servicios de salud, debido a que actualmente el sistema cuenta con 44 millones de personas afiliadas, de las cuales la mitad hacen parte del régimen contributivo y la mitad restante, al régimen subsidiado. Aun en estas condiciones, según el Presidente Asociación de Clínicas, Juan Carlos Giraldo, las deudas acumuladas por intermediarios y Entidades Prestadoras de Salud (EPS), en una muestra de 130 hospitales superan los 5,5 billones de pesos con un 58% de cartera vencida. Una vez se desmonte el Plan Obligatorio de Salud (POS) y se implemente la obligatoriedad en la prestación de los servicios, el “hueco” actual de 2,5 billones de pesos tenderá a aumentar. Todo esto lleva a preguntarse: ¿quién y de qué forma recogerá los recursos necesarios para el aumento de casi 5 billones de pesos que significará la ampliación de los servicios?. Así mismo, según la Superintendencia de Salud, en 2013 se reportaron 187.625 quejas por dificultades para acceder a la atención, llámese demoras, negación de procedimiento, fallas en la afiliación, etc. Además, el mismo año se interpusieron 115.147 tutelas reclamando el derecho a la salud.
Foto: Bernardo Londoy En medio de este panorama, el 25 de Marzo de 2015, el Senador Guillermo Antonio Santos Marín ratificó la Ley “Por medio de la cual se hace una adición al código penal; se crea el tipo penal “omisión o denegación de urgencias en salud” y se dictan otras disposiciones”, que busca implementar un marco legal que penalice la no prestación de los servicios de salud con el fin de acabar con el denominado “paseo de la muerte”. Este proyecto se convierte en un intento por garantizar la prestación del servicio de salud indiscriminadamente y de manera igualitaria. Sin embargo, el problema financiero expresado anteriormente, la insuficiente infraestructura –principalmente en la regiones- y los presuntos niveles de corrupción en las Entidades Prestadoras de Servicios, son problemas que se deben solucionar antes si se pretende implementar medidas punitivas por la no prestación del servicio, en palabras del Procurador General de la Nación, “el Estado debe preferir, en tanto que sea posible, la utilización de todos sus elementos de gestión, de prevención, de disuasión, atención y solución de conflictos, antes de recurrir al ius puniendi (facultad sancionatoria del Estado)”. Los retos que enfrenta el sistema de salud en Colombia son diversos y de diferentes naturalezas, por lo que en los últimos 3 años el Gobierno Nacional ha expedido varios decretos buscando mitigar problemas específicos como normas para pago de deudas del régimen subsidiado, control de precios de medicamentos y más recientemente, condiciones financieras y de solvencias de las EPS. A pesar de esto, desde diferentes sectores se ha expresado la necesidad de expedir una reforma ordinaria a la salud, sin embargo, el Gobierno ha demostrado que sus esfuerzos están concentrados en reglamentar la Ley Estatutaria de la salud.