Cultivo y producción
de coca ycontra la ellucha narcotráfico Bolivia: entre la política
Las
relaciones exteriores del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), como fiel expresión del antineoliberalismo en la región, tienen un fuerte componente étnico nacional que asume la producción y consumo de coca como parte fundamental del imaginario boliviano1. Esto ha sido traducido en la nueva Constitución del 2008 (art. 384), y en la conformación de la posición política y diplomática boliviana desde el 2006 en adelante. En los próximos tres años, el Gobierno del presidente Morales debe demostrar que puede controlar la expansión de los cultivos de coca que se dirigen al narcotráfico y para ello está invirtiendo US$ 36 millones, que significa un aumento respecto de los US$ 20 millones del 2013. Pero, ¿hasta qué punto las drogas han sido una política de Estado durante el Gobierno de Morales? El escenario es distinto al previsible. Ante la evidente pérdida del impulso de los esfuerzos de UNASUR y en menor medida de la CELAC, a nivel internacional, el Gobierno del presidente Evo Morales se ha empleado a fondo en la defensa de la coca luego de la publicación de los estudios sobre mercados de coca del 2010. Éstos EDICION 4 / 2014
determinaron en 14.705 hectáreas de coca, las necesarias para satisfacer los mercados nacionales (tradicionales y modernos), de las 23.500 hectáreas de coca existentes en todo el territorio de Bolivia, quedando un saldo que debe ser racionalizado progresivamente. En 2013, 11.407 hectáreas de coca excedentaria fueron erradicadas según fuentes oficiales de la Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID). Asimismo, desde la presentación del presidente Morales en Viena (a instancias de la ONU), se produjo la denuncia, reserva y retorno de Bolivia a la Convención de 1961, originando la primera gran fractura con el sistema internacional. El Gobierno realiza, en todo evento internacional (ALBA, OEA, UNASUR, CELAC), una defensa cerrada de la política de “control social” de los cultivos de coca y de la nacionalización de la política antidroga, lo que demuestra que se pueden llegar a mejores niveles de eficiencia sin la cooperación de la Administración para el Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) y la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS)2, ambas entidades del Gobierno estadounidense.
Ricardo Soberón Garrido perú
Abogado, M.A. en Política Internacional de la Universidad de Bradford. Es analista en temas de seguridad, drogas y fronteras, e impulsor de procesos de reforma hemisférica de políticas de drogas. Fue presidente de DEVIDA. Actualmente dirige el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) y es miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos (CEDD).
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