Comisiones avalan prohibir terapias de reorientación sexual

EFE - EL SIE7E

Ciudad de México.- Una iniciativa que propone prohibir y sancionar las llamadas terapias de reorientación sexual fue aprobada este miércoles por las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Diversidad de la Cámara de Diputados de México. La aprobación del dictamen fue por mayoría y reforma el Código Penal Federal y adiciona un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, “para prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual”, conocidas como Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig). La votación ocurrió de la siguiente manera: Comisión de Justicia, 21 votos a favor, cero en contra y 6 abstenciones; Comisión de Salud, 29 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, y Comisión de Diversidad, 6 votos a favor, cero en contra y una abstención. En un comunicado, las Comisio - nes indicaron que en el Código Penal Federal se incluye el capítulo IX “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, para señalar que “se sancionará con dos a seis años de prisión y multa de 1.000 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, es decir, de 103.740 a 207.480 pesos (entre 5.740 a 11.480 dólares).

Esto, “a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”. Además, aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

En la nota también se destacó que “las sanciones aumentarán al doble de la que corresponda”, cuando la persona autora tuviese “relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de función pública para cometer el delito, y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima”. En los casos de relación laboral o función pública, se castigará con destitución e inhabilitación

Agrupaciones Civiles

para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. Bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito.

En la Ley General de Salud se menciona que las personas profesionales que apliquen estas terapias (...) con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona (...) serán sancionadas en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal y además serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.

Este tipo de tratamientos engloban maltrato físico, privación de la libertad, violencia económica y hasta violaciones grupales con el pretexto de “curar” a gais, lesbianas, entre otras personas de su identidad de género.

Suman 2.000 amparos contra las nuevas reglas antitabaco

EFE - EL SIE7E

Ciudad de México.- Cerca de 2.000 amparos han presentado restaurantes, casinos, bares, tiendas de conveniencia y centros comerciales contra la Ley General para el control del Tabaco en México, que prohíbe humo del cigarro en espacios comunes públicos y privados, denunciaron este miércoles agrupaciones civiles.

“Aunque la prevalencia de am - paros es baja, sabemos que de cada 10 amparos interpuestos a nueve se les están negando las suspensiones”, dijo en conferencia de prensa Claudia Moreno, abogada de la asociación Salud Justa MX.

En enero pasado en México entró en vigor un nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe fumar en espacios públicos 100 % libres de humo y en otros lugares de concurrencia colectiva, como los estadios, plazas, parques, playas y hasta hoteles.

La normativa, que se aplica desde el 15 de enero de 2023, también prohíbe fumar en bares, restaurantes y otros sitios públicos que no cuenten con una zona exclusiva para fumadores.

Sin embargo, muchos establecimientos, según denunció la organización, han interpuesto amparos con el argumento que existe un daño económico por esta legislación.

“No existe un estudio certero que acredite ese daño económico que están causando a restaurantes, bares, y tienda de conveniencia. Son estimaciones que están ellos haciendo”, apuntó Moreno. Eduardo del Castillo, director de la organización Códice, que defiende los derechos de la salud, precisó que, según un análisis en nueve ciudades del país, hasta ahora hay cumplimiento de 62 % de la ley y esto se debe, en la mayoría de los casos, a la falta de información oficial sobre la legislación.

“Aquí el gran ausente es la información que debía estar dando la Secretaría de Salud, la autoridad, porque no hay información clara. Lo que hacen los dueños de restaurantes y bares es que interpretan la ley como ellos quieren”, lamentó.

Señaló la importancia de contar con campañas a nivel federal “para que todo mundo esté enterado y defienda su salud y los espacios libres de humo”.

MISMA ESTRATEGIA QUE EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS

Javier Zúñiga, integrante de la organización El Poder del Consumidor, expuso que la industria tabacalera implementa las mismas estrategias que el sector de alimentos procesados adoptó frente a la legislación sobre el etiquetado frontal de advertencia.

“Cuando se realizaron medidas en favor de la salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia, la industria presentó juicios y litigios en contra de dichas medidas”, explicó. Refirió que actualmente hay más de 140 amparos contra las regulaciones del etiquetado frontal y, con ello, solo “buscan intimidar a los gobiernos”. Ante esta situación, especialistas invitaron a la sociedad a estar mejor informada y denunciar los espacios que no acaten la legislación.

“Queremos tener espacios 100 % libres de humo de tabaco, por eso seguiremos luchando”, zanjó Claudia Moreno.