Militarización busca despojar del territorio a pueblos indígenas

COMUNICADO-EL SIE7E

Tuxtla.- La militarización busca generar un amplio despojo territorial de espacios que corresponden a los pueblos originarios, destacó la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Pedro Faro, integrante de la organización con sede en San Cristóbal de Las Casas, recordó que a partir del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, la militarización se extendió por la geografía chiapaneca.

Recordó que de 20 mil a 70 mil efectivos cercaron las tierras en las que había presencia del EZLN o comunidades en resistencia y que simpatizaban con otras formas de organización, como parte de la estrategia de contrainsurgencia llamada Plan Chiapas 94 y Plan Chiapas 2000, “en las que se generaron acciones contra la sociedad civil”.

En la actualidad, dijo, son 71 campamentos militares que persisten en este territorio y a decir de Pedro Faro, implica la continuidad de la contrainsurgencia y de las acciones en contra de territorios que están luchando por la autonomía, persisten a pesar de los cambios de gobierno durante tres décadas.

El Frayba mostró un mapeo a detalle de los municipios que tienen cuarteles de la Guardia Nacional en proceso de activarse, como Cintalapa, Arriaga, Acacoyagua, pueblo Nuevo Solistahucán y Palenque.

Mientras que los activos están en San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Huehuetán, Tapachula, Villaflores, Tonalá, Chilón, que junto con los que están en proceso sumarán 17.

“Vemos una ocupación de todo el territorio chiapaneco y algunos se encuentran en la frontera derivado de la represión contra compañeras y compañeros centroamericanos que están en tránsito buscando nuevas oportunidades de vida, pero hay una política represiva por parte del Estado mexicano”, destacó Pedro Faro.

Esta situación, dijo que está vincula - da a la violencia generalizada que se padece en la entidad, “hay una mezcla de grupos armados sucesores del paramilitarismo, y grupos también vinculados al crimen organizado con conexión con funcionarios del gobierno mexicano”.