Eñaut Gracia

Trabajo Fin de Grado de Ciencia Política y de la Administración

La reforma de pensiones del PSOE de Zapatero, ¿una estrategia de política anticrisis?

Eñaut Gracia Ibarra

Curso 2012-2013 Profesor responsable: César Colino Cámara Centro asociado: Bergara Línea de trabajo nº2, Estado del Bienestar y crisis [1]

ÍNDICE

1 Introducción. Políticas anticrisis y reforma de las pensiones

3

2 La situación previa a la crisis

5

3 Las primeras reformas de Zapatero frente a la crisis

7

3.1. El mayo negro 4

7

La reforma de pensiones 2011: actores y proceso de negociación 10 4.1 Actores políticos implicados

11

4.2 El debate y la votación de finales de julio

14

4.3 Los sindicatos

15

4.4 El acuerdo vía Dialogo Social

16

5 El contenido final de la reforma

17

6 Conclusiones

19

Bibliografía

[2]

1. INTRODUCCIÓN. PENSIONES.

POLÍTICAS

ANTICRISIS

Y

REFORMA

DE

El sistema de pensiones es algo que preocupa e influye en mayor o menor medida a todos los integrantes de la sociedad, no en vano, para prácticamente la mayoría de la sociedad supone en un periodo de su vida el principal sustento.

Como sabemos el sistema de pensiones es un pilar fundamental del Estado del Bienestar y si bien sabemos que éste ha estado sometido a la presión y embate desde los años 70 de lo que se ha venido en llamar la ofensiva neoliberal, está claro que esa presión se ha acentuado con el inicio de la crisis, pudiendo observar que se han realizado numerosas reformas -la mayoría recortes- en nuestro Estado del Bienestar.

Estos recortes son explicados por algunas personas desde un enfoque que prioriza la necesidad de bajar el déficit público existente recortando y ahorrando en los presupuestos de gasto público. Aunque esto suponga recortar en servicios de salud, educación y en definitiva, en bienestar. Otras no ven más que un reajuste necesario a los excesos del siempre creciente papa Estado de épocas de bonanza anteriores. Por último están los que ven en esta crisis la excusa perfecta con la que los poderes económicos y financieros nos han introducido un caballo de Troya con el que transformar nuestro sistema público y solidario en un sistema privado, abierto a los inversores financieros.

Esta realidad es estudiada todos los días por académicos de las más diversas disciplinas y por supuesto, los politólogos no son ajenos a este hecho. El debate público y académico es constante y es un tema más que vivo en la política actual. Sirva como mero ejemplo que el día 11 de abril del 2013 se expresaba así el diputado Sabino Cuadra de Amaiur en el Congreso de los Diputados, al hilo del primer punto del día que trataba sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo: reforma que se hizo en noviembre de 20111 entre el Gobierno socialista, Comisiones [Obreras], UGT y la patronal. La introducción allí del factor de sostenibilidad, entre otras causas, fue razón de una convocatoria de huelga general en nuestro pueblo contra estas reformas, factor de sostenibilidad que no es sino una trampa, una engañifa para dinamitar desde dentro el sistema público de pensiones. Al margen en cualquier caso de las valoraciones que podamos tener de este pacto, hay una cosa que ya es evidente: el Pacto de Toledo no existe, el Pacto de Toledo ha sido dinamitado, solo quedan sus despojos. Hablar hoy del Pacto de Toledo es como hablar de la lista de los reyes godos. No existe y solo quedan esos despojos que la Comisión Europea quiere aprovechar para una nueva reforma del sistema de pensiones para privatizar aún más el mismo” (DSCD2013, nº 103). “…la

¿Qué paso el 2011? ¿Por qué es tan importante la reforma de pensiones que se aprobó? ¿Por qué se aprobó?

Esas son las preguntas a las que pretendo dar respuesta. Para ello realizaré un análisis político del contexto que llevó a dicha reforma de pensiones haciendo para ello un breve repaso de cuál era la situación anterior al estallido de la crisis y cómo influyo la misma en la reforma de pensiones. Un análisis en profundidad que me permita, observando la conducta de los actores implicados en dicha reforma, explicar por qué se hizo en ese momento y las razones por las que se hizo.

1

El señor Sabino Cuadra se refiere a la ley 27/2011 que se público el 1 de agosto en el B.O.E que contó con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y CPYME.

[3]

El objetivo general y lo que guía el estudio es por tanto determinar cómo ha influido la crisis en la reforma de pensiones que acometió el PSOE de Zapatero y analizar por qué se acometió tal reforma.

Para ello comenzaré por hacer un repaso a la situación previa a la crisis del sistema de pensiones y del debate que se estaba dando. Pasaré después a analizar lo dicho y hecho por el PSOE antes de aprobar dicha reforma. Para ello analizare los determinantes y causas que condujeron a la aprobación de las primeras reformas.

Posteriormente entraré a la propia reforma de pensiones del 2011 y analizaré las actitudes de los diferentes actores políticos y sociales implicados, la forma en que se aprobó y la profundidad de la reforma para así poder determinar la influencia de factores ideológicos y factores extra ideológicos en la reforma. .

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2. SITUACIÓN PREVIA A LA CRISIS Podríamos estar tentados en pensar que las criticas y avisos a la inviabilidad de las pensiones son algo reciente que tiene relación con la crisis que estalló en 2008. Sin duda los avisos y estudios al respecto se han acentuado desde el inicio de la misma, pero incluso antes de dicho momento podemos constatar que hay muchos artículos y publicaciones que ponían en cuestión la supervivencia del sistema de pensiones, incluso en momentos donde la mayoría de los economistas e instituciones como el FMI no veían venir la crisis (Público 10-02-2011).

El propio Consejo Económico Social de España (CES), advertía en la presentación de la memoria del 2007 en este sentido: “el incremento en más de seiscientas mil personas de los afiliados es sin duda un factor clave de esta buena situación financiera, aunque hay que apuntar el dato de que un alto número de nuevo afiliados lo son de cotizaciones muy bajas. Al analizar la evolución de las jubilaciones se observa un incremento que se puede calificar de preocupante, de las jubilaciones parciales…” (CES, 2007: XI). Podemos complementar lo dicho por el CES en su preámbulo con lo que en el mismo libro más adelante podemos leer “diversas instituciones de ámbito internacional coinciden en constatar el elevado peso que el envejecimiento demográfico adquirirá en el futuro de España, precisamente al gran tamaño de la generación del baby boom” (CES, 2007: 609).

Es decir, a pesar de estar gozando de un crecimiento ininterrumpido durante más de una década, y en concreto haber crecido el 2006 en un 3,9% del PIB, se advertía desde esta institución que se veían carencias estructurales en el sistema de pensiones que no tenían nada que ver con el desarrollo económico del Estado, sino más bien con el envejecimiento de la población y la relación entre afiliados a la seguridad social y pensionistas. Estos indicadores nos muestran que en el año 2006 los afiliados a la Seguridad Social eran el 41,6% de la población mientras que el porcentaje de pensionistas era del 18,4%, es decir, 8.231.379 personas (CES, 2007: 628) siendo la esperanza de vida al nacer de 77,71 años para los hombres y de 84,15 años para las mujeres.

Observemos la evolución de la esperanza de vida en hombres y mujeres: 2011

2010 2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Total Nacional Hombres

79,157

78,94

78,545 78,1745

77,766

77,716

77,028

76,996

76,424

76,402 76,2998

75,942

(Datos INE) 2011

2010 2009

2008

2007 2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Total Nacional Mujeres

84,97

84,91

84,56

84,27 84,106

84,16

83,55

83,6

82,99

83,144

83,07

(Datos INE)

En cuanto al gasto público en pensiones, el Estado español estaba un punto por encima de la media de los Estados de la OCDE, que era de un 7% en 2007 (OCDE Statistics). Pero un punto porcentual tampoco parecía gran cosa, teniendo en cuenta además, que este porcentaje se había reducido desde la firma del Pacto de Toledo, que por aquel entonces rondaba el 10,1%. En definitiva, después de 15 años de crecimiento a tasas muy importantes y continua bajada del desempleo, a la gente de la calle nada le hacía indicar que era necesaria tal reforma. Pero desde diferentes instituciones y ámbitos académicos se advertía que de no acometer necesarias reformas, el sistema público de pensiones estaría en serio peligro.

[5]

82,73

Los que compartían dicho análisis, se basaban, sobre todo en el aumento progresivo de la esperanza de vida, escasas tasas de natalidad y la bajada de cotizantes respecto al número de pensionistas, así como el aumento de la cuantía de las pensiones.

Proponían por tanto medidas orientadas a reajustar las normas con los que se hacen dichos cálculos (computo de años, penalizaciones, etc.). Es decir reformas paramétricas.

Aunque también había quien planteaba reformas estructurales como: ayudar a los trabajadores a ahorrar y complementar las pensiones públicas con aportaciones obligatorias de gestión privada y pensiones de capitalización con aportaciones voluntarias.

Estas medidas venían a ser la respuesta, o la propuesta, de los que creían que o bien el sistema de pensiones iba a dejar de ser viable, o bien de los que creían que no iba a poder mantener el nivel de prestaciones que se estaba manteniendo en ese momento.

Octavio Granado, Secretario de Estado de la Seguridad Social zanjaba desde una publicación especializada que: “la previsión social complementaria es fundamental para la sostenibilidad del sistema de pensiones y, por tanto, es imprescindible que este bien incentivada (…) que también sea capaz de penetrar en las capas de población con rentas medias básicamente a través de los planes de empleo que se promueven en las negociaciones colectivas” (Granado, 2005: 14-15).

Vemos por tanto que se barajaban diferentes propuestas para evitar, con los datos que manejaban estos sectores, que el sistema de pensiones público incurriese en un creciente déficit o hiciese perder parte del poder adquisitivo de los futuros pensionistas.

En definitiva, fuese con medidas más o menos profundas, sí que se proponía una renovación del sistema.

Hay que apuntar que tampoco era novedoso el hecho de acometer reformas en el sistema de pensiones. La aprobación de lo que se conoció como el Pacto de Toledo en 1995, que introdujo la separación de las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas de las prestaciones no contributivas, amén de muchas más medidas, introducía también en su letra escrita las bases para que en el futuro se tomasen en cuenta las contingencias del momento, para la supervivencia del sistema público: “una apuesta a favor de las reformas necesarias en cada momento para garantizar la sostenibilidad del sistema” (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008). Después vino la Ley de Consolidación y Racionalización (LCR), como Ley 24/1997, esta ya, con la participación de los sindicatos más representativos a nivel estatal. La ley en la exposición de los motivos también era muy clara, “el Acuerdo sobre Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social que, firmado por el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, constituye singular ejemplo de la posibilidad de realizar las reformas estructurales que la Seguridad Social española necesita” (BOE, 1997, número 169). Para dicho fin, la ley se dota de un horizonte temporal que va hasta el año 2000, y más importante aun para el enfoque que queremos darle a dicha Ley, establece una Comisión no Permanente con el objetivo de que se mantenga informado al Gobierno y se proceda a adecuar el sistema de la Seguridad Social a la realidad socioeconómica. Lo que se constituyo como Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos.

Con estos mimbres no es de extrañar que se produjesen diferentes cambios, el último el 13 de julio del 2006, conocido como “Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social” que ahondaba en las medidas a tomar por la preocupación que producía el envejecimiento de la población. Medidas que iban desde buscar una mayor correlación entre aportaciones y prestaciones a la hora de determinar la cuantía de la pensión, situar la edad mínima de referencia en 61 años hasta compensar a los trabajadores que se jubilen mas tarde de los 65 años etc. (Alonso y Conde-Ruiz, 2007).

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Ese puede ser el resumen de las valoraciones que se hacían en foros académicos.

Pero la visión de los ciudadanos españoles no se movía por esos derroteros. Los ciudadanos seguían prefiriendo un mayor gasto social y un Estado del Bienestar más desarrollado (Del Pino, 2007: 185). En ese mismo estudio se detecta que en contra de lo que se estaba avalando y proponiendo desde esos gabinetes de estudio, si bien hay gran diferencia entre clases sociales a la hora de mostrar el grado de apoyo al sistema público o privado, solamente entre un 1% y un 3,7% de la sociedad apoyaría un sistema de pensiones puramente privado (Del Pino, 2007: 199). Además entrando a valorar el apoyo a diferentes medidas a tomar, podemos observar como alrededor del 70% de las personas encuestadas valora negativa o muy negativamente medidas como cotizar más años y retrasar la edad de jubilación. Sirvan estas pequeñas referencias para hacernos a la idea de cuál era el nivel de rechazo, en teoría, a las propuestas que después se plantearían.

3. LAS PRIMERAS REFORMAS DE ZAPATERO FRENTE A LA CRISIS Vemos por tanto, que en algunos círculos políticos y académicos se veía la necesidad de acometer dicha reforma pero que se era consciente del precio político que probablemente habría que pagar por llevar adelante una reforma tan poco atractiva.

En ese sentido el marco de la crisis sí fue un marco más propicio para poner en marcha esa reforma. Remar todos en la misma dirección, todos estamos en el mismo barco, hay que arrimar el hombro, fueron frases hechas que se escuchaban noche y día en todo tipo de tertulias.

El contexto en el que se fraguó dicha reforma vino precedido por lo que algunos periodistas han venido en llamar el mayo negro de Zapatero (La Vanguardia, 16-052010). Fue en la sesión parlamentaria del 12 de mayo cuando expuso sus medidas para reducir el fuerte déficit público que se padecía, a pesar de que eso le hacía recortar en gasto social. El propio El país en un artículo del 13 de mayo hablaba de “atravesar el Rubicón” (El País, 13-05-2010).

Sin duda, los pésimos datos macroeconómicos empujaron al Gobierno del PSOE a tomar la determinación para cruzar dicho rio (metafóricamente hablando). El paro seguía aumentando, la prima de riesgo2 marcaba máximos históricos para el momento y el déficit público del 2009 había sido del 11,2%, muy lejos por tanto del 3% que se firmó en su día en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por si fuera poco Grecia pedía ayuda a la Unión Europea en lo que se mostró como la antesala del rescate directo, y en España eso era algo que se quería evitar a toda costa.

3.1. El mayo negro Lo que llama la atención es que unos días antes, el día 5 de mayo, el presidente Zapatero dijese que no era buena opción acelerar la reducción del déficit (El País, 1605-2010). Es decir, si bien la situación era grave, no lo era mucho más que siete días antes, que era cuando descartaba una reducción del déficit de golpe. Por tanto se constata claramente que hay un cambio radical, de negar la opción de acelerar la reducción del déficit a acometer el recorte que hizo, que quedaba ilustrado en el Congreso de los Diputados con la frase de “voy a seguir ese camino cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. (DSCD 2010, número 178, página 20).

2

diferencia entre el interés que se paga por la deuda, en este caso de España, respecto a Alemania

[7]

¿Qué factores influyeron pues en ese cambio de actitud? Es difícil dar una respuesta univoca. Sin duda la descripción realizada ilustra que la situación fue determinante, pero hay algo que quizá era más importante que los indicadores socioeconómicos. El hecho de que se hiciese muy cuesta arriba la financiación del Estado ante los ataques especulativos, teniendo que emitir deuda a unos precios que provocarían el pago de unos intereses demasiado altos fue fundamental.

Es en ese contexto donde tomó la determinación de hacer la primera reforma para reducir el déficit. Con eso quería mandar la señal a los mercados de que España podía pagar su deuda, ya que estaba dispuesta a ahorrar para pagar a los acreedores costase lo que costase. Así los mercados rebajarían la presión y bajaría el interés a pagar ya que se entendía que España era solvente. Mientras, a nivel de la UE se jugaba una partida capital en la que Francia empujaba por la creación de un fondo que rechazase a los especuladores. Sería el ECOFIN3 quien tuvo que entrar a tomar cartas en el asunto con un fondo de rescate de 5000.000 millones de euros más 250.000 millones del FMI4.

Con semejante movimiento se pretendía alejar a los especuladores pero a España se le exigía un plus en los recortes. (Cinco Días, 10-05-2010).

El gobierno de Zapatero prefirió enfrentarse a lo que pudiese pasar dentro de España que enfrentarse a las presiones de los mercados, la UE, la llamada del presidente Obama (Expansión, 12-05-2010) y el BCE. Todos intentando asegurarse de que el Gobierno español realizaría las medidas necesarias para reducir el déficit. O si no, es que visualizó algo tan grave que pudiese suceder a España que decidió acometer esas medidas, aunque ello supusiese su muerte política.

Ciertamente conocía lo complicado que era explicar y hacer entender las reformas. Sabía que a nivel interno, en el Estado español, podían plantearle una huelga como la que al final padeció el 29 de septiembre del 2010, si bien esta fue por motivos diferentes.

Otro rasgo a tener en cuenta de aquella reforma de mayo fue la urgencia que embargó a aquellas medidas. El propio hecho de la congelación de las pensiones se tomase al margen del Pacto de Toledo era algo insólito. Hecho que le acarrearía que se aprobase una votación en la Cámara Baja el 08-06-2010, en contra de las “medidas unilaterales” tomadas al margen de la Comisión (Expansión, 09-06-2010). Esta votación no tenía consecuencias políticas directas, pero sí profundizaba en la sensación de soledad del ejecutivo y seguía aumentando el desgaste que estaba padeciendo el PSOE. Sea como fuere presentó las medidas que paso a redactar de manera esquemática (Expansión, 12-05-2010): -

Rebaja de media un 5% en los sueldos del personal publico en el 2010 y congelarlas el 2011.

Congelación de las pensiones, es decir, la no revalorización.

Eliminación de lo que se conoció por cheque-bebe Reducción de 6.045 millones de euros en inversión pública.

Eliminación de la retroactividad en el caso de que se conceda el pago de la ayuda a la dependencia.

3

Consejo Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, está integrado por los Ministros de Economía y Finanzas de los 27 estados miembros de la Unión Europea.

4 Es interesante resaltar que la propia arquitectura institucional de la UE y el BCE no permite prestar dinero directamente a los Estados por parte del BCE, teniendo que hacer otros bancos de intermediarios.

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No fue una sesión nada fácil, a tenor de las intervenciones que podemos leer en el Diario de Sesiones nº162. El líder de la oposición, quien a la postre sería presidente del gobierno incidió en que el Gobierno había reaccionado tarde “verdad es que se aprende mucho viajando, viajando descubrió el señor Rodríguez Zapatero una crisis que no lograba percibir desde España y viajando ha descubierto que es muy importante recortar ese déficit que hace siete días no quería recortar” (refiriéndose al viaje a Bruselas para el Eurogrupo). Frase que refuerza el punto de vista que estamos manejando, es decir, que a priori, el gobierno del PSOE no parecía que tenía intención de tomar medidas tan drásticas. Podemos complementar esa frase con “la semana pasada en La Moncloa le advertí que íbamos por mal camino, que íbamos a generar problemas graves en España y en Europa, que el tiempo se agotaba, que le iban a imponer los deberes desde fuera (…) Es lamentable, señor Rodríguez Zapatero, que rechace usted unas medidas el miércoles porque se las ofrezco yo y las acepte el viernes porque se las imponen desde fuera (…) ahora tiene lo que ha buscado con tanto ahínco: trabajar al dictado de otros”. Lo que no explica Rajoy, más allá de fusiones entre ministerios, es en que se concretaría la propuesta del PP. Pero se lo podía permitir.

Había un culpable que había andado tarde y mal. Había un culpable que había negado la crisis. Había un culpable que hasta el último momento quería evitar esas medidas. El culpable era a sus ojos, sin duda, Zapatero. El Presidente.

El señor Duran i Lleida, de CIU se sumo al enfoque del tarde y mal, “señor presidente, ha perdido dos años de mandato. Lamentablemente, todos hemos podido comprobar que el tiempo por si solo no arregla los problemas graves y nuestra crisis lo es.

También habló en ese mismo sentido la señora Ana Oramas González-Moro de CC: “usted hoy trae estas medidas porque hay medidas que no se tomaron a tiempo”.

Sus medidas serían aprobadas en el Pleno del Congreso por un solo voto de ventaja, 169 a favor, 168 en contra y 13 abstenciones, habiendo salvado la votación gracias a la abstención de CC, CIU y UPN. Estas alocuciones, la congelación al margen del Pacto de Toledo y las constantes referencias a que estas medidas había que haberlas tomado antes, y la propia intervención de Mariano Rajoy, diciendo que hace solamente una semana le había pedido tomar medidas similares habiéndose el presidente del Gobierno negado a ello, nos hacen ver que hay un cambio de rumbo. Un cambio de decisión contrastable. No queda más que achacarlos a los ataques especulativos y a las presiones externas los motivos por los que hizo la reforma. Además añadamos a esto algo que apunta Mª Josefa Rubio Lara sobre el método con el que se aprobó la decisión, el decreto ley. Este carácter de urgencia que le da tramitándolo como Real Decreto-ley 8/2010 (Rubio, 2012).

Es interesante también observar como el Presidente J. L. R. Zapatero al poco tiempo, en el debate sobre el Estado de la Nación, arto de las criticas del líder de la oposición y la insistencia de este sobre la necesidad de adelantar las elecciones y la indefinición de su programa alternativo le espeta a Rajoy que no tiene programa y que si tiene algo que aportar, salvo el desgaste por el desgaste que lo haga, recordándole además que si tan nefasta es la actuación de su gobierno sea coherente: “usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Si usted es coherente. Claro que para subir aquí a presentar una moción de censura hay que tener un programa”. Fue en la sesión de tarde (DSCD nº 178, página 23).

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4. LA REFORMA DE PENSIONES 2011: ACTORES Y PROCESO DE NEGOCIACIÓN Pero esto sucedía en los meses centrales del año 2010, en unas fechas muy concretas con una agenda, reuniones y visitas muy concretas. Pero ya en enero de ese mismo año el Ministerio de Trabajo e Inmigración presentó al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de pensiones, sin ninguna valoración del Pacto de Toledo una propuesta de reforma del sistema de pensiones (La Vanguardia, 28-01-2010). Pero claro, hay que destacar que si bien sería el mayo de aquel año el que se marco como punto de inflexión para el cambio de rumbo del PSOE hay que admitir que dos meses antes de presentar la propuesta de reforma de pensiones, en diciembre del 2009, el ECOFIN ya había recomendado al Estado español reformar su sistema de pensiones a medio plazo (Público, 02-12-2009). Pero claro, la situación a principios de año todavía no era tan ahogante. Es decir, España no se encontraba en una situación tan difícil en cuanto a financiación del propio Estado y por eso el Gobierno no actuó como en mayo.

El ambiente por tanto, entre los miembros del Gobierno estaba más frio, no se sentían tan acorralados por la Comisión Europea y los mercados. Por eso el propio hecho de lanzar una propuesta de reforma de pensiones en enero del 2010 tuvo sus consecuencias dentro del mismo PSOE y se hicieron evidentes y publicas las diferencias entre algunos de ellos. En concreto entre Celestino Corbacho y Elena Salgado, Ministro de Trabajo y Ministra de Economía sucesivamente (El confidencial, 30-01-2010).

De todas formas hay que decir, que a pesar de que no podemos hablar de presiones al mismo nivel que ese mayo, sí que era una actitud constante –y sigue siéndolo- por parte de algunas instituciones la petición de propuestas de reforma. Sean los informes del BBV, La Caixa, el Banco Mundial o como en este caso de la Comisión Europea. En verano del 2010 la comisión europea publico el Libro verde “En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros (2010).

Manteniendo el mismo análisis del envejecimiento demográfico, reducción de natalidad y aumento esperanza de vida, proponía abrir un debate en el seno de la UE para ver si era necesario o no, realizar algún tipo de cambio. De todas formas sí que añadía un factor más al discurso oficial, como eran los “retos añadidos por la crisis financiera y económica” para dar más fuerza a su planteamiento. Es decir, no se trata solo de un problema a resolver por las características de la realidad demográfica del Estado español, sino que se le añade la particular manera de padecer la crisis.

Este libro tenía como objetivo crear un debate en el seno de la UE sobre la situación de las pensiones y proponía además aumentar la tasa de empelo al 75%.

Realmente un objetivo más que ambicioso para España. Por lo que indirectamente se puede entender que más allá de generar empleos para llegar a esas cifras, se proponía indirectamente evitar las prejubilaciones y aumentar la vida laboral de los trabajadores.

Es interesante también mirar uno de los objetivos que se busca según este libro con dicha reforma, “el perfeccionamiento del mercado interior de productos relacionados con las pensiones repercute directamente en el potencial de crecimiento de la UE”. Es decir, deja la puerta abierta a los fondos de capitalización, a pesar de que en sus mismas páginas admite que los fondos de pensiones privados perdieron más del 20% en el 2008 (Libro Verde, 2010, página 8).

Dejando al margen la dificultad que entraña justificar con un mínimo de coherencia la propuesta de aumentar productos bancarios relacionados con pensiones, para a reglón seguido admitir que dichos productos perdieron un 20% en el 2008, lo que sí nos deben indicar estas pinceladas es que desde diferentes instituciones europeas sí se pretendía aprovechar la ola de la crisis para intentar introducir un cambio en el sistema [10]

de pensiones español. Es decir, que se aumentase el consumo de productos bancarios orientados a las pensiones.

4.1 Actores políticos implicados El 1 de septiembre avisaba el Presidente del Gobierno que “haremos el máximo esfuerzo para el consenso social y político” (El País, 01-09-2010) Al final sí conseguiría dicho consenso, aunque entendía que los sindicatos defendiesen sus intereses legítimamente y por tanto tuviese a los sindicatos enfrentados. Claro está, lo que estaba diciendo es que pretendía llegar a un acuerdo con los sindicatos para evitar una convocatoria de Huelga General como la que ya estaba convocada para el 29 de septiembre contra la reforma laboral. Ese cambio de intención se ve claramente porque se desvía del mensaje tan tajante y no conciliador lanzado de cara a la reforma laboral cuando dijo que llevaría adelante la reforma “haya o no haya acuerdo en la mesa de diálogo social” (El País, 02-06-2010).

Pero si quería un acuerdo con los sindicatos, necesitaba un acuerdo con el resto de grupos políticos, ya que su mayoría simple en el parlamento le impedía actuar a placer. Para ello, necesitaba toda la legitimidad y apoyo que pudiese conseguir. Para ello era clave la Comisión de Vigilancia del pacto de Toledo, ya que era el órgano que solía dictar las recomendaciones para las modificaciones y debates posteriores en el congreso.

La reunión del 29 de diciembre del 2010 de dicho órgano fue en la que se consiguió dicho acuerdo, pero con un coste importante. No hubo consenso, por primera vez en la historia de ese órgano y este hecho le llevaba directamente a intentar salvar a la desesperada su reforma en el Congreso de los Diputados. La Comisión además, se había sentido menospreciada en sus funciones, y así lo atestigua el acta nº 698 del 29 de diciembre del 2010 y las numerosas críticas que se recogen.

El congresista Burgos Gallego, del PP, tuvo una intervención contradictoria. Por un lado apuntó que “hoy en España la prioridad no puede ser la reforma de las pensiones y mucho menos si esa reforma no constituye por si misma un elemento de cohesión y confianza”. Pero en el desarrollo del discurso llego a decir que las reformas, -como establecen las orientaciones de la Unión Europea- adecuadas, sostenibles y seguras pueden encontrar acomodo en el documento que hoy se somete a aprobación por esta Comisión. Remataba lo dicho con “hay elementos que permiten no una reforma, no una ley, sino varias, múltiples” que a su “juicio entenderían los ciudadanos debido a la crisis económica y realidad social existente”. También se mostro en contra de aumentar la edad de la jubilación diciendo que no encontraban justificaciones para una medida tal. Parecía que sí querían reformas, pero no querían desgastarse y para ello dejaban que fuera el PSOE quien cargase con la medida más potente, y más veces repetida desde muchas instituciones, que era el retraso de la edad de jubilación.

La diputada María Olaia Fernández Dávila del BNG argumentó que “nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible en el futuro”. Además recordó a la comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo de Ignacio Zubiri, quien argumento que la “capitalización de una parte sustancial del sistema de pensiones no es una alternativa viable”5. Argumento que venía ligado a lo que vendría después y es que valoraban desde su grupo las medidas, como un planteamiento netamente neoliberal.

También se postularon en contra de retrasar la edad a los 67.

El diputado Gaspar Llamazares Trigo de IU, hizo referencia a la vía paralela que había usado el gobierno para aprobar la reforma de pensiones (también lo habían hecho 5

(DSCD2010, nº 698, página 6)

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BNG y el PP). En la línea de la última parte de la intervención de la diputada del BNG argumento que “las medidas del Gobierno no van en el sentido de aumentar la cohesión en nuestro país, de luchar contra la pobreza o de generar confianza en los ciudadanos, sino que van únicamente a generar una confianza efímera en unos mercados insaciables”6.

Además negó la lectura que se hace de la demografía ya que según su criterio se solventaría con el aumento de productividad7 y se negó al aumento de la edad de jubilación.

El diputado Tarda I Coma de ERC, tachó las medidas de “verdadera ofensiva del capital” y las propuestas de “traje hecho a medida al Gobierno, porque las recomendaciones son tan abiertas…” Habló de tensión dentro de la Comisión por cómo había actuado el Gobierno y denunció que ese debate y las recomendaciones se entregaran “unas horas antes de que gobierno ha establecido fecha para la aprobación en el consejo de ministros”8.

El señor Olabarria Muñoz, del PNV, habló de “hecho inédito en el ámbito de esta comisión: hay una discrepancia (…) la relativa a la edad legal de jubilación”9. Si bien se admitió que hay que había que hacer algo con la edad media de jubilación que era de 63 años y cuatro meses cuando debería ser de 65.

El señor Campuzano I Canadés (CIU): dijo algo que sería clave de cara a la sesión del Congreso de los Diputados del 25 de enero del 2011 y es que “Convergencia i Unió se planteó claramente en esta reforma, de entrada, evitar que cualquier medida que pudiésemos introducir en estas propuestas o que el Gobierno incorporase en el próximo proyecto de ley perjudicase la situación de quienes hoy son pensionistas o de quienes lo van a hacer en los próximo años”10 y que las reformas que se acordasen deberían tener un carácter “gradual”.

La señora López I Chamosa de CC: “no se puede poner el carro antes que los bueyes (…) no podemos hablar de la ley cuando estamos hablando de las recomendaciones. Creemos la edad legal hasta los 67 años”11.

Interesante es observar los adjetivos usados para la actuación del Gobierno respecto al Pacto de Toledo, que es en teoría el órgano que analiza las propuestas sobre posibles reformas. El PP habló de “inadecuados y perturbadores”, IU de “trabajo paralelo al Pacto de Toledo”, ERC decía que el “Gobierno no ha jugado limpio” El malestar fue prácticamente general. En definitiva, grave y profunda sensación de estar cubriendo el expediente ante unas fechas que se venían encima. Ya que, como bien apunto la diputada del BNG: “le estamos diciendo a la ciudadanía que el pacto de Toledo es de una relevancia sustancial para el futuro de las pensiones y que se va a debatir previsiblemente en el Pleno de esta Cámara el 25 de enero, y, por otro lado, el gobierno nos ha anunciado el proyecto de ley de reforma de las pensiones, que va a aprobar el 28 de enero” (DSCD2010, nº698, página 8).

6

(DSCD2010, nº698, página 9).

El señor Vincenç Navarro es uno de los intelectuales de referencia que critican la forma en que se calcula el aumento de la esperanza de vida. También tiene una extensa bibliografía donde podemos encontrar la defensa del aumento de la productividad como medio para solucionar el aumento del gasto en pensiones.

8 (DSCD2010, nº698, pagina 11-12) 9 (DSCD2010, nº698, página 14).

10 (DSCD2010, nº698, página 17).

11 (DSCD2010, nº698, página 24).

7

[12]

Es decir, había fecha de aprobación para algo que no tenían ni consensuado… ¡y por si fuera poco ni siquiera tenía el PSOE mayoría suficiente en el Parlamento para sacar la medida adelante! Este hecho vendría a reforzar el argumento de que el gobierno de Zapatero tenía cierta urgencia para acometer la reforma. Si no, es complicado de explicar cómo se pudieron marcar tan mal los tiempos y arriesgarse a que la Comisión no alcanzase un consenso o a que el resto de grupos parlamentarios derribasen la medida aunque solo fuese por saltarse las “normas éticas” y pasos en el proceso. De hecho ocurrió lo primero, aunque para su bien no lo segundo.

Al final las recomendaciones fueron aprobadas con 36 votos a favor, PSOE, PP, CIU, PNV y 2 en contra IU-ERC y BNG. De todas formas vuelvo a insistir en que no se llegó a un acuerdo en cuanto a la edad de jubilación, quedando pendiente de la aprobación en el pleno en el Congreso del 25 de enero el informe y sobre todo el punto concreto del retraso de la edad de retiro. Es decir, apenas tres días antes de que el Consejo de Ministros esperaba aprobar el proyecto de ley.

El congreso del 25 de enero fue otro congreso duro aunque con un acuerdo en el último momento. El último punto del orden del día trataba sobre lo aprobado por la Comisión no permanente del pacto de Toledo.

Uxue Barkos, desde Nafarroa Bai se postuló en “contra del grueso del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo aprobado por la Comisión”12. Además resaltó la existencia de una estrategia de debilitamiento del sistema de pensiones poniendo en duda su sostenibilidad.

Rosa Díez de UPyD habló de evitar prejubilaciones para acercar la edad de retiro efectivo a los 65 años, oponiéndose a la ampliación obligatoria hasta los 67 años.

La señora Fernández Dávila (BNG): resaltó “la falta de claridad y su ambigüedad” y rechazo la prolongación de la edad legal de jubilaciones más allá de los 65 años. “El modelo neoliberal va ganando las batallas en su abierta guerra contra el Estado del Bienestar”13.

El señor Llamazares, de IU, acusó al PSOE de trabajar “al ‘diktat’ de los mercados” y denunció también que las recomendaciones de la Comisión no sirviesen para nada, calificándolos de “agua bendita”14 para el Gobierno.

El diputado Ridao I Martín, de ERC, advirtió de que lo que se buscaba con la reforma era “básicamente el de privatizarlo aunque sea parcialmente”15 para darle forma habla de esas intenciones por boca del Banco Mundial y la Cancillera Merkel.

El señor Olabarria de EAJ-PNV achacó al gobierno el centrarse en el retraso a los 67 años sin tomar en consideración más factores, tachándolo de “simplista y reduccionista” “no sirviendo de elemento de análisis”16. Desde su óptica hace un análisis de que ningún joven va a poder cotizar tantos años para irse con el 100% de la base reguladora. También hace un pequeño análisis sobre la necesidad de políticas natalistas.

El diputado Campuzano I Canadés dijo que “no se cuestiona la esencia de un modelo público de reparto contributivo de prestación definida y solidaria (…) continuamos avanzando en ese objetivo de alargamiento de la edad efectiva de retiro, como medidas de ahorro ante el reto demográfico. Acusó a la izquierda de “conservadora” y “paternalista”. Asumió que no se había llegado a un acuerdo en “materia de edad legal”. Pero añadió que CIU 12

(DSCD2011, nº218, página 34) (DSCD2011, nº218, página 35) 14 (DSCD2011, nº218, página 35-36) 15 (DSCD2011, nº218, pagina 36) 16 (DSCD2011, nº218, página 37) 13

[13]

“finalmente ha decidido plantear un voto particular” “cualquier modificación de la edad legal de jubilación deberá ser progresiva sin que ello afecte a quien vaya a jubilarse en el futuro inmediato. Queramos o no los mercados condicionan hoy las decisiones que se toman en España”17.

El señor Burgos Gallego del PP dijo que “la congelación de las pensiones, ha sometido los trabajos de esta Comisión a un altísimo grado de contaminación argumental y normativa” y añadió que la “Prioridad hoy en España no puede ser una reforma de pensiones improvisada y si de desafección y confrontación social. No a una medida ineficiente e injusta: la subida de la edad de jubilación a 67 años”. Llegando a tachar de lo que se estaba haciendo con el sistema de pensiones de “curanderismo social y económico”18.

Hay que resaltar que el voto presentado por CIU, el número 24, se aprobó con 186 votos a favor, 12 en contra y 148 abstenciones. A la postre esto sería capital, ya que gracias a la aprobación del texto propuesto CIU, el PSOE consiguió sumar a su causa al PNV y a CC. Este voto se aprobó por tanto con los votos a favor del PSOE, PNV y CC, con la abstención del PP y el voto en contra de ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD se aprobó la propuesta estandarte de la reforma de pensiones.

Al final el informe a favor de la evaluación y reforma del Pacto de Toledo, con la modificación de CIU se aprobó con 334 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. El informe por tanto tenía la aprobación de la Cámara, ahora tocaba debatir la ley.

4.2. El debate y la votación de finales de julio El 21 de julio se votó el Proyecto de ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad. Fue la culminación a un proceso largo, trabado y nada típico (DSCD, número 266).

La señora Rosa Díez de UPyD comentó que el proceso había sido precipitado y que “no hay una sola medida concreta que garantice la sostenibilidad del sistema”19.

La diputada Fernández Dávila del BNG reconoció “tímida mejora, como en las pensiones de viudedad”20. También aprovechó para acusar al Gobierno de actuar con miedo ante los mercados.

El señor Llamazares Trigo, IU, apuntó algo que para el punto de vista que estamos reforzando es más que interesante: “estamos ante un fraude programático.

Ningún partido de esta Cámara ha presentado en su programa electoral el alargamiento”21.

Tarda I Coma de ERC hablo de “jaque mate al Estado del bienestar”22 e hizo un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse.

El diputado Olabarria muñoz, de EAJ-PNV también coincidió con el señor Llamazares al decir que estaban ante “un fraude político porque en ninguno de los programas de los partidos, ni en de ustedes tampoco [se dirige al PSOE] figuraba la prolongación de la edad”23.

El señor Campuzano I Canadés dijo estar ante la “reforma más importante de nuestro sistema de pensiones desde 1985” y que iban a apoyar al PSOE en la votación 17

(DSCD2011, nº218, página 41) (DSCD2011, nº 218, página 42-43) 19 (DSCD2011, nº 266, página 14) 20 (DSCD2011, nº 266, página 14) 21 (DSCD2011, nº 266, página 15) 22 (DSCD2011, nº 266, página 15) 23 (DSCD2011, nº 266, página 16) 18

[14]

por sentido de Estado, por responsabilidad, por convicción y por acompañar a los agentes sociales en este proceso”24.

El diputado Burgos Gallego habló de “ruptura de los consensos en Seguridad Social” y de haberse sacado la reforma con “escasos apoyos políticos conseguidos – pagados de manera impropia”25.

La votación se aprobó con el voto favorable de CIU dando como resultado 177 votos a favor, 160 en contra y 2 abstenciones.

4.3. Los sindicatos La situación era difícil para los sindicatos. Se intentaba presionar desde la calle pero parecía que la reforma terminaría por cuajar. Además CCOO y UGT se la jugaban.

La actitud de CCOO y UGT había sido hasta el momento ciertamente difícil de entender, convocando una huelga para una medida adoptada meses antes, aunque ellos la justificaban diciendo que el objetivo era "hacer reversible la reforma laboral y modificar los capítulos esenciales de la misma: el despido, la contratación y la negociación colectiva" (CCOO, 29-12-2010) achacando a Zapatero que no se enfrentase a los mercados y siguiese sus recomendaciones, alentado por el gobernador del banco de España y el BCE. La Huelga del 29 de septiembre la habían aprobado con dificultad y parecía que no se querían arriesgar con otra. Los ánimos estaban ya más templados y los sindicatos se centraron en la medida estandarte declarando que si Zapatero persistía en el retraso de la jubilación a los 67 años habría una nueva Huelga General (Diario de Navarra 1912-2010). Pero claro, de esta forma daban a entender que si no se retrasaba de golpe la edad de jubilación podía haber acuerdo sobre el resto de medidas.

Los secretarios generales de ambos sindicatos argumentaron que si habían conseguido sentarse a negociar con el gobierno había sido “gracias a la onda expansiva del 29 de septiembre” (CCOO, 27-01-2011). Haciendo referencia a la huelga general.

Viendo el mayúsculo desgaste que estaba padeciendo el PSOE y Zapatero en particular parecía que esa actitud al que más beneficiaba era al propio Zapatero. Desde este punto de vista podemos decir, que el sentarse a negociar y conseguir un acuerdo no fue por un cambio de estrategia, fruto de la capacidad coercitiva de estos dos sindicatos – o no solo por eso- sino por un cálculo electoral a la hora de ganar legitimidad del gobierno del PSOE. A decir verdad al PSOE ya es lo único que le faltaba, presentarse al congreso sin un consenso en la Comisión del Pacto de Toledo y sin acuerdo con los agentes sociales.

La verdad que de llegar a convocarse una nueva Huelga habría sido la segunda del mandato de Zapatero y la oposición habría utilizado dicha Huelga para desgastarle.

También hay que tener en cuenta que sacar adelante una Huelga General es difícil y arriesgado y que los propios sindicatos se iban a guardar mucho de emplear la misma medida. Además la anterior Huelga había sido por un tema netamente laboral, la reforma, mientras que ésta, si bien condicionaba el día a día y la calidad de vida de la clase trabajadora no era exclusivamente un tema propio. Por si fuera poco y quizá sea el factor de más peso, el sindicato UGT, tan cercana al PSOE, no parecía estar dispuesta a dar lo que a todas luces habría sido el tiro de gracia a Zapatero.

Importante es también la valoración que hizo CCOO de la brecha abierta del planteamiento de CIU que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Ya que según 24 25

(DSCD2011, nº 266, página 17-18) (DSCD2011, nº 266, página 18)

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ellos abría la puerta a un acuerdo (CCOO Noticias, 2011-01-26) y veían un replanteamiento de las posiciones del Gobierno.

4.4. El acuerdo vía Dialogo Social El gobierno español fue capaz de acordar por la vía del Dialogo Social con CCOO y UGT por un lado y la CEOE y CEPYME por otro, el “Acuerdo Social y Económico” (ASE) con el que conseguía dar mayor legitimidad a la reforma. El ASE contenía modificaciones como políticas acticas de empleo y la reforma de negociación colectiva, pero no cabe duda de que la mayor atención se centro en las pensiones.

Por su parte CCOO, que también hacia suyos, en mayor o menor medida, los argumentos que ya hemos esgrimido (aumento número de pensionistas y aumento esperanza de vida) presentó el acuerdo como una victoria que había conseguido en un grado importante cambiar las propuestas de recortes y sobre todo porque “blindaba el sistema público de reparto ante los que proponían uno “mixto” con capitalización obligatoria”. (CCOO, 2011).

También UGT, como representante de los intereses sociales, enfocó su cobertura del acuerdo diciendo que se había evitado un mal mayor, el retraso de manera inmediata a la jubilación obligatoria a los 67 años (UGT, 2011). También de una manera más macro se atribuyó la corresponsabilidad de que se evitara meter a España en el mismo saco que a Portugal (UGT, 04-04-20l1) evitando, se sobreentiende, un rescate directo.

Que duda cabe que desde amplios sectores no se entendió ni la participación de estos sindicatos, ni la reforma, a pesar de que UGT y CCOO decían haber evitado un mal mayor. Un ejemplo de ese rechazo se expreso en forma de Huelga General con convocatorias para el 27 de enero de 2011 por parte de la CIG en Galicia; CGT de Cataluña, CNT Cataluña, COS y Solidaridad Obrera en Cataluña; y la mayoría sindical vasca en la C.A.P.V. y Navarra. También se sucedieron infinidad de concentraciones y actos de protesta en toda la geografía estatal ese mismo día.

Es ese el contexto en el que llego el día en el que el gobierno anunció que iba a aprobar la reforma en el Consejo de Ministros. Era el 28 de enero del 2011. Desde la fundación IDEAS, vinculado al PSOE, se apuntaría después que no estaba motivada por la crisis económica actual, sino que se debe a tres cambios estructurales de largo recorrido que ya necesitaban ser atendidos antes de la crisis: descenso de la natalidad, mayor esperanza de vida y aumento del poder adquisitivo de las pensiones” (IDEAS, 2011: 7) reformas por tanto inevitables para que el sistema de pensiones llegue con superávit hasta el 2030. Ya que sino el sistema mostraba indicios de entrar en déficit en 2014, aunque el fondo de reserva habría garantizado su continuidad hasta el 2025 (IDEAS, 2011: 33).

Vemos por tanto que comparte el análisis expuesto por diferentes instituciones en cuanto a la necesidad urgente de acometer una reforma de pensiones, aunque por lo que se deriva del estudio solo en forma de reforma paramentrica26. Reforma que según el estudio habría sido igualmente insoslayable de no haber estallado la crisis. Como ya hemos dicho esta conclusión obedece a las previsiones sobre el descenso de la natalidad, mayor esperanza de vida y el aumento de las pensiones, así como las estimaciones a largo plazo, 2050-2060, de la evolución del porcentaje del gasto público en pensiones sobre el PIB y ratio de afiliados-pensionistas.

Esas eran las perspectivas con las que trabajaba el gobierno si no hacia ningún tipo de reforma. Por tanto vemos que el principal objetivo del gobierno era la 26

Se conocen por tal aquellas que modifican algunos parámetros del sistema vigente, que por lo general tienen efectos incrementales, que no sistémicos o paradigmáticos (Rubio, 2013: 202)

[16]

sostenibilidad del sistema público a medio plazo para lo que aprobó diferentes medidas para subsanar o atenuar aquellos rasgos del sistema público español que lo hacían inviable. Ese era por lo menos el discurso oficial, porque he expuesto hechos contrastables que hacen ver que la realidad era más compleja.

Llama poderosamente la atención que si los estudios sobre los que trabajaba el gobierno ponían en duda la viabilidad a medio plazo del sistema de pensiones, no se acompañase la reforma con otras medidas. Por ejemplo, una reforma fiscal que habría ayudado, si bien no en el corto plazo, pero sí en el medio, a aumentar los ingresos del Estado y por tanto reducir el déficit público. No en vano, diferentes estudios cifran dicho fraude fiscal en un 6% del PIB (El País, 26-02-2013). Por tanto el no acometer dicha reforma fiscal refuerza que la reforma de pensiones no se hizo por una necesidad de ahorro, sino por la presión a la que estaba sometido el gobierno del PSOE. Esta conclusión se ve reforzada al mirar la memoria del anteproyecto, en el apartado de resumen de resultados de ley. Se puede observar que con las diferentes medidas tomadas dentro del paquete completo se esperaba un ahorro en el año 2015 del 0,1% del PIB, 0,3%PIB en el 2020, 1,4% del PIB en 2030, 2,8% del PIB en el 2050, 3,6% del PIB en el 2060 (Ministerio de Trabajo, 03-02-2011). Es decir, a corto plazo no le iba a dar ningún rendimiento como para ahorrar en el déficit publico. Por tanto se observa una falta de coherencia importante en la actuación del PSOE. ¿Si era una medida de ahorro a medio plazo porque no acompañarlas con otras? Porque estaba claro que no era una medida a corto plazo, por lo que se puede extraer de su propia memoria.

Esta disonancia evidencia el verdadero caldo de cultivo y motivación de la reforma.

De todas formas el PSOE obró mal al no acometer una reforma fiscal. Además tampoco tendría por qué haber entrado en grandes discusiones sobre el modelo fiscal. Es decir, no tenía que haberse desgastado en pedir un aumento de los tipos máximos del IRPF, de atacar a las SICAV, de intentar implantar una ITF27 o hablar del IVA. Le habría bastando en proponer medidas en la línea que suele proponerlas el sindicato de Técnicos de Ministerio de Hacienda, Gestha, quien en un informe del 2011 apuntaba que “las grandes empresas defraudan más de 42.700 millones de euros”. (Heraldo de Aragón, 09-08-2011). Es decir, no tenía más que hacer cumplir la ley y perseguir el fraude fiscal.

5. EL CONTENIDO FINAL DE LA REFORMA El contenido de la reforma es muy amplio y viene recogido en la Ley 27/2011 pero a medida de resumen y por lo que de relación tiene con este estudio podemos destacar los siguientes puntos: -

-

27

Se procede a retrasar la edad de la jubilación de los 65 años a 67 años para aquellas personas que no tengan cotizados 38 años y 6 meses. Este retraso se hará paulatinamente, a razón de un mes por año hasta el 2018. Después el retraso será de 2 meses por año hasta llegar a los 67 en 2027.

Se pasara de 15 a 25 años el periodo con el que se calcula la pensión. Este cambio se hará paulatinamente y el periodo total de 25 años se aplicara en el 2022..

Se introduce lo que se conocerá por Factor de Sostenibilidad. Un mecanismo por el que a partir del 2027 y cada cinco años, se revisaran la esperanza de vida de la población para adecuar el sistema de pensiones a esa nueva realidad.

Impuesto a las Transacciones Financieras. Las más conocidas son la Tobbin y la Robin Hood.

[17]

Utilizando el esquema clasificatorio de Peter A. Hall que nos presentan Eloísa del Pino y Mª Josefa Rubio Lara (2013: 31-34) vemos que han sido reformas de primer y segundo orden, ya que se modifican los criterios a tomar en cuenta para obtener una pensión pero sin embargo no llega a haber un cambio sustantivo del sistema. Es decir, no hay una reforma que suponga un cambio de paradigma. En cuanto a su implantación vemos que es una reforma incremental, ya que su completo desarrollo e implantación será en el 2027 y no supone un cambio radical. Por en cuanto a sus efectos, la mayoría son de recorte.

De todas formas, este análisis entronca directamente con un debate sin resolver en cuanto al efecto de las reformas. Si bien se puede decir que a corto plazo es una reforma profunda, es decir, que no hay un cambio sustantivo del sistema, está por ver cómo afectará en el medio y en el largo plazo. Sobre todo cuando se explicite como operará el factor de sostenibilidad. Depende de cómo se concrete dicho “corrector” podríamos encontrarnos con que gradualmente y de forma incremental se lleguen a cambiar el propio sistema de pensiones.

[18]

6.

CONCLUSIONES 

Después de analizar la actuación del PSOE concluyo que la reforma de pensiones del 2011 fue tomada en contra de su voluntad. No se puede decir, por mucho que así lo hiciese el PSOE, que era necesaria - incluso sin padecer una situación de crisis- por los rasgos demográficos y económicos españoles. Al menos no tan directamente como para poder decir que se hizo por ahorrar y bajar el déficit publico. Por tanto para determinar las causas de la reforma debemos observar otras causalidades como son la influencia y la presión de los mercados, las instituciones financieras y la Comisión Europea, que presionaron para que el PSOE tomase esa medida.

Es decir, las causas extra ideológicas fueron las determinantes de la reforma. La guinda la puso el propio Zapatero al anunciar su dimisión a los pocos días de aprobarse la reforma. Hecho viene a reforzar la perspectiva de que no hizo la reforma porque quisiese.  El grave error de que el gobierno no acometiese una reforma fiscal con la que recaudar dinero y reducir el déficit público, se debe al carácter de centro del PSOE. Ya que a diferencia de la reforma de mayo del 2010 y de la reforma de pensiones, que sí se pueden atribuir a las presiones externas, no se puede decir lo mismo de la reforma fiscal. Esta reforma la pudo haber acometido en el periodo 2004-2008 sin ninguna presión externa y no la llevó a cabo. En este sentido se puede afirmar que el propio PSOE ayudo a crear el contexto de no salida que se encontró.  Quedará sin saberse que habría pasado si el PP habría presentado un proyecto de ahorro y ajustes que pudiese haber consensuado con el PSOE en una especie de “pacto de unidad nacional” y si un gobierno de tales características habría podido hacer frente a las presiones arriba descritas.  La reforma se centró en aspectos paramétricos. Es decir, no se acometió ningún cambio estructural pero de todas formas está por ver cómo se va a desarrollar el Factor de Sostenibilidad. Factor que puede terminar convirtiéndose en la puerta trasera que permita evitar criterios políticos a la hora de analizar el sistema de pensiones y convierta poco a poco nuestro sistema de prestación definida en un sistema que se parezca más al de contribución definida.

Ciertamente fue una reforma intensa, sobre todo porque parece que abría la puerta, aunque tímidamente, para pasar de un sistema de prestación definida a una de contribución definida. No en el corto plazo pero la introducción del factor de sostenibilidad, depende con que mayorías y como se use sí puede operar en ese sentido.

Estos mismos días estamos asistiendo a la creación de la Comisión que estudiará como se aplicara dicho factor y está siendo una de las noticias más comentadas. Es impotante señalar que este requerimiento se venía repitiendo desde diferentes instancias, como La Comisión Europea.

Es preocupante la propia razón de ser de dicho factor. Es una manera de disociar los factores políticos, que sin duda son los que deben guiar las políticas de Bienestar de un Estado, de los factores económicos. Profundizar en una lógica de sostenibilidad con el marco actual de separación entre las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas por un lado y las no contributivas y de extensión universal por otro, nos puede llevar, en el caso del estado Español, con un paro brutal, con una pérdida del

[19]

poder adquisitivo real en los supuestos años de bonanza 1994-2005 y otros rasgos parecidos, a un empobrecimiento paulatino y sin fin.

En este sentido, antes de hacer caso a las recomendaciones constantes que vienen de la Comisión Europea, que esta misma semana vuelve a proponer una nueva reforma laboral, tocar los impuestos y las pensiones, deberíamos respondernos a la pregunta de qué clase de sociedad queremos. Debemos de reflexionar acerca de la función redistributiva de riqueza que tienen las pensiones y de la calidad de vida que queremos dar a nuestros mayores. Una discusión por tanto, ideológica y política. Ya que es el modelo de sociedad que queremos construir el que nos dirá si debemos destinar dinero a defensa o a bienestar; si queremos hacer una reforma fiscal progresiva y perseguir el fraude fiscal o si preferimos aumentar los impuestos indirectos. Ahí es donde hay que instalar el debate. La sustentabilidad del sistema de pensiones por tanto, más que una cuestión de viabilidad económica es una cuestión de prioridades.

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[22]

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