Editorial
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a judicialización de los casos de violaciones a los Derechos Humanos producidos por el terrorismo de Estado, bajo sus diversas formas, es uno de los grandes logros del sistema judicial latinoamericano del siglo XX. A la par que se develaba la profundidad y amplitud de los delitos y la crueldad inmensa de las prácticas estatales, gracias a las distintas comisiones que analizaron esos períodos, los movimientos de Derechos Humanos comenzaron una larga pelea para que todo desembocara en la acción judicial y no en meros pactos políticos de impunidad; una lucha que aún continúa y sigue mostrando sus frutos –de un modo paradigmático en Guatemala– en toda la región. Gracias a ello, hemos aprendido que esa fuerza social que se opone a los grandes y todavía extensos bolsones de impunidad no debe ser desechada y ello ha impactado en el diseño de muchas nuevas legislaciones procesales que le abren la puerta del proceso penal a las querellas colectivas o de interés público. Nos ha parecido importante no sólo dejar constancia de este enorme esfuerzo sino mirar el problema –sin quitarle ni un ápice de su importancia política a institucional– desde la mirada de las dificultades organizativas y prácticas que implica la organización de
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procesos con grandes cantidades de víctimas, con un impacto social enorme, realizados en entornos políticos muchas veces adversos, con las dificultades probatorias propias de la complejidad y de la distancia en el tiempo, con acusadores públicos no siempre tan comprometidos como debieran; en fin, analizándolos desde el punto de vista organizacional y práctico, estos juicios han sido y continúan siendo un enorme desafío para las instituciones judiciales. Hemos convocado para este número a algunos de sus protagonistas directos, que pueden dejar constancia de la mezcla de compromiso, entusiasma y capacidad técnica que deberían constituir la cotidianeidad del sistema judicial, pero todavía adquiere una cierta excepcionalidad frente a procesos de burocratización que no son fáciles de revertir. También se podrá leer en este número la identificación de algunos de sus problemas técnicos más relevantes. Por ejemplo, la organización de la prueba en procesos de alta complejidad, en los que es necesario probar hechos históricos sabidos, pero que trasladados al escenario judicial reclaman técnicas de litigio complejas a la vez que un trato cuidadoso a víctimas y testigos que vuelven a vivir recordando escenas terribles de sus vidas.
EDITORIAL · Revista Sistemas Judiciales #19
En algunos países, Argentina como ejemplo, el desarrollo simultáneo de grandes cantidades de juicios de esta envergadura ha puesto en jaque la disponibilidad de recursos humanos del sistema judicial. Tanto en la organización de la persecución penal como mucho más aún en el juzgamiento que reclama afectar con exclusividad jueces por mucho tiempo. Esta experiencia ha puesto en jaque una vez más a los modelos rígidos de organización judicial o del Ministerio Público. Es relevante también la experiencia de trabajo en común entre acusadores públicos y privados, entre el Estado y el conjunto de organizaciones de Derechos Humanos. Y esta experiencia debe servir para poner en cuestión la tradición de un Ministerio Público Fiscal que se piensa a sí mismo como abogado del Estado o de abstracciones tales como el interés general o la sociedad en su conjunto y se olvida de su indispensable inserción comunitaria y de auxilio a las víctimas concretas. Allí se encuentra uno de los grandes temas de discusión en la región que moldeará el futuro de nuestras Fiscalías. La experiencia de los juicios de lesa humanidad nos muestra un camino donde en muchos casos esa relación y esa posición ha sido fructífera y fuente tanto de eficacia como de legitimidad para los funcionarios públicos que supieron interpretar esa necesidad social.
Aprovecho este número para despedirme de los lectores de Sistemas Judiciales; no porque deje de colaborar con ella sino porque a partir del próximo número la Dirección por parte del INECIP la asumirá Gonzalo S. Rúa quien junto con Jaime Arellano continuarán con el proyecto de inyectar al proceso de cambio las ideas y experiencias que de un modo continuo produce el proceso de reforma judicial en América Latina. n Alberto M. Binder INECIP
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