NAVEGAR LA REGULACIÓN

Roberto Mart Nez Espinosa

Socio fundador y consejero en Alcius Advisory Group. Ha sido abogado general de la Comisión Federal de Electricidad. Director general de Normatividad de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía y magistrado electoral federal

Alo largo del tiempo en el que he tenido la oportunidad de colaborar con Energía Hoy, he destinado buena parte de mis reflexiones al análisis de algunos conceptos y figuras de derecho administrativo, fundamentalmente vinculadas con la manera como opera y se desenvuelve la regulación. Aun cuando, con frecuencia, los temas que he desarrollado no se refieren directamente a cuestiones energéticas, la realidad es que prácticamente todos tienen correlación con ellas.

En última instancia, el funcionamiento de la industria energética se encuentra constreñido por ese conjunto, con frecuencia amorfo e intrincado, veleidoso incluso, de disposiciones que conocemos como regulación. El Estado, a través de sus ramas legislativa y administrativa, establece las reglas del juego relativas a una determinada industria. Además, supervisa y sanciona el cumplimiento de las disposiciones establecidas por él.

También, hay que decirlo, muchas veces el Estado no opera únicamente como autor de las reglas y árbitro de su cumplimiento. No es para nada infrecuente que reclame para sí un lugar como jugador y, si es posible, uno que juegue al solitario. Además, tampoco es extraño que se asuma como dueño del balón e, incluso, del terreno de juego, de cuyo uso llega a privar al resto de los jugadores cuando va perdiendo o algo le molesta.

La industria energética es un campo intensamente regulado. No está precisamente mal que así sea, sus implicaciones económicas, medioambientales, sociales y políticas son extensas y profundas. Por eso no se le puede dejar librada a las solas fuerzas del mercado. La cuestión no es regular o no, sino cómo, de qué manera, en qué sentido y magnitud.

Si la dinámica del mercado es insuficiente e incluso potencialmente dañina en ausencia de regulación eficaz, una regulación deficiente o francamente perversa y abusiva puede resultar altamente corrosiva y destructora de valor. Por el contrario, una dinámica de mercado sujeta a políticas y medidas regulatorias consistentes y adecuadas, portadoras de incentivos y medios de control eficientes, razonables y predecibles tiene un alto potencial para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y convivencia social.

Lo expuesto evidencia la relevancia que tiene, para quienes participan en una industria, conocer la regulación, sus principios y mecanismos de funcionamiento. No solo es crucial contar con una hoja de ruta que permita ubicarse en medio del laberinto regulatorio, sino comprender a cabalidad los riesgos y obligaciones que de él derivan, así como sus potenciales impactos en el desempeño y resultados.

No menos vital resulta conocer con precisión y detalle los derechos con los que se cuenta, así como los medios y vías que se tienen al alcance para defenderlos. Si los autores de la regulación son fundamentalmente los poderes legislativo y ejecutivo, en un estado constitucional de derecho, es el poder judicial el que actúa como contrapeso cuando las reglas creadas por aquellos poderes se apartan de la Constitución o vulneran derechos fundamentales.

Un elemento adicional está constituido por los límites y restricciones impuestos a quienes actúan como reguladores. No pueden actuar de cualquier manera, ni por mera voluntad o capricho. Uno de los ejes vertebrales de un estado constitucional, es que el poder público en general y los reguladores en particular, están sujetos a la ley y al derecho. La Constitución y los derechos fundamentales por un lado operan como límites infranqueables a la acción de los reguladores. La ley, por otra parte, lo hace también como elemento habilitante y fundamento de su actuación.

El conocimiento de la estructura y dinámica de la administración pública, particularmente de aquellos órganos que realizan funciones regulatorias, así como de sus fundamentos y principios, permite anticipar riesgos, además de facilitar la navegación. De allí la trascendencia de la reflexión sobre estos temas y, sobre todo, de llevarlos más allá de los tribunales y las escuelas de derecho.

No está por demás el esfuerzo por plantear este tipo de cuestiones de manera clara y sencilla, así como por traducirlos al lenguaje común. Los juristas somos particularmente conocidos por expresarnos en dialectos gremiales que dificultan el entendimiento y la comunicación con quienes no pertenecen a alguna de las profesiones jurídicas. Por esta razón, es capital que los intentos de divulgación escapen de la jerga jurídica y busquen exponer ideas complejas en la manera más sencilla, clara y atractiva posible.

Justamente ha sido este el reto que me impuse desde el momento en que decidí emprender esta serie de colaboraciones, dedicada a temas actuales de derecho administrativo: hacer un esfuerzo por comprender a profundidad y por exponer con la mayor claridad y sencillez. Con ello, he buscado comunicar nociones e ideas capaces de añadir valor a quienes no están muy familiarizados con las sutilezas del derecho administrativo y ofrecer, a la vez, enfoques frescos o novedosos a quienes están inmersos en él.

El desafío sigue siendo el mismo y se torna cada vez más urgente. La creciente complejidad, oscuridad e imprevisibilidad de las reglas y del terreno de juego, se reflejan en una navegación progresivamente incierta y, hay que decirlo, costosa. La finalidad de estos pequeños esfuerzos de divulgación no es participar del debate académico. Su propósito es eminentemente práctico: aportar valor y utilidad.