Nueva Ofensiva del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo en Contra del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El Poder Judicial de la Federación insiste en violar la libertad sindical en México.
Alertamos al movimiento sindical democrático y las organizaciones, de las intenciones del gobierno.
El SME lanzará campaña internacional de denuncia en contra de estos nuevos ataques.
El día de ayer en distintos medios de comunicación se difundió la nota de que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo otorgó un amparo directo (398/2012) a la supuesta “disidencia” del SME. Algunos medios y los propios “disidentes” se apresuraron a anticipar el retiro de facto de la “toma de nota” a nuestro Comité Central, cosa que es falsa. Desmentimos ésta interpretación, lo cierto es que el Tribunal referido instruye a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a que admita una retorcida queja en contra del SME. La JFCA que en primera instancia rechazó la queja de la autodenominada “disidencia” ahora la va estudiar, lo que de entrada no significa que los quejosos tengan la razón. Nuestro Comité Central goza de buena salud y conserva su toma de nota que es resultado de nuestra digna lucha de resistencia. A reserva de informar que nuestra organización interpondrá todos los recursos legales para su defensa, queremos hacer los siguientes comentarios al respecto.
En el SME no hay disidencia existe un grupo de esquiroles que en la práctica ha roto con nuestro marco estatutario y tiene rato que se convirtió en un instrumento del gobierno para facilitar y promover su intervención en nuestros asuntos internos. Así lo hicieron cuando acudieron a la Secretaría del Trabajo de Javier Lozano y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a demandar la negativa de la toma de nota en contra de nuestro Comité Central legítimamente electo y la nulidad de nuestro proceso electoral democrático. Como todos sabemos, de Julio del 2009 a diciembre del 2010, se nos negó la toma de nota con el propósito de dejar en la indefensión jurídica a los 44 mil trabajadores