Quito, octubre 16 del 2009
Señor Felipe Calderón PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA México DF, México. Señor Presidente: La Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas CEDOC-CLAT, filial de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI), se dirige a Usted para expresarle nuestra profunda preocupación por lo ocurrido en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos han informado que el pasado 5 de octubre, a los miembros del Comité Ejecutivo Central del Sindicato Mexicano de Electricistas SME les fue negado, ilegalmente, el reconocimiento de la personería jurídica, que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe otorgar a los sindicatos para actuar jurídicamente en representación de los trabajadores, a través de la llamada “toma de nota”; lo que llevó a la dirigencia electa previamente en su asamblea, a determinar una serie de acciones para su reconocimiento, entre ellas, la de ir a un movimiento de huelga, sin descartar el diálogo con el Gobierno Federal, para expresar su desacuerdo y buscar una solución a este hecho, que fue realizada con el Secretario de la Gobernación, en el que acordaron volverse a reunir para buscar mecanismos que pusiera fin el conflicto. Sin embargo, el sábado 10 de octubre, después de las 22 horas, las instalaciones donde laboran los trabajadores afiliados al SME fueron ocupadas por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), con total inconstitucionalidad e ilegalidad, incluso de manera violenta en algunos centros de trabajo, para al día siguiente (11 de octubre), publicar en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto presidencial en el que se determina la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), medida que dejaría sin empleo a más de 40 mil trabajadoras y Trabajadores, desaparecería su sindicato -que agrupa también a más de 15 mil jubiladas y jubilados- y eliminaría el Contrato Colectivo de Trabajo de la Empresa. Entendemos esta sucesión de hechos como la vía para golpear y tratar de eliminar al sindicalismo democrático mexicano, y como un atentado contra la empresa pública nacional y los derechos de los trabajadores.