DECLARACIÓN POLÍTICA. En la Alianza Trinacional de Solidaridad mantenemos nuestro compromiso con las luchas de las y los trabajadores en Canadá, Estados Unidos y México, fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad para enfrentar más allá de las fronteras, las agresiones de los gobiernos y del capital. En México, de forma sistemática se vive una grave violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, dejándonos en un permanente estado de indefensión. El Congreso de la Unión aprueba reformas a la legislación laboral, claramente violatorias a los derechos constitucionales de los mexicanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, mientras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúan en sentido contrario a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello condenamos la actuación denigrante de las instancias de impartición de justicia y del gobierno mexicano que atentan en contra de la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho al trabajo digno. Repudiamos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de manera arbitraria revocó el amparo concedido a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que los reinstalaba en sus puestos de trabajo. En México, el objetivo de aprobar, vía fast track, las reformas a la legislación laboral tiene la finalidad de obedecer los mandatos de las corporaciones trasnacionales y los organismos financieros internacionales. Puesto que:
Fortalece el sindicalismo de protección patronal. Establece como norma la simulación de la relación laboral. Legaliza el outsourcing. Impone a ultranza una flexibilidad laboral y unilateral de las relaciones laborales. Elimina la estabilidad en el empleo, incrementa la informalidad, precariedad e inestabilidad, afectando principalmente a los trabajadores de mayor antigüedad, a jóvenes y mujeres. Socava la contratación colectiva y profundiza la tendencia a convertirnos en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra.
Por estas razones, numerosas organizaciones sindicales mexicanas hemos promovido millones de amparos para reclamar la inconstitucionalidad y la violación de la normatividad internacional que caracteriza a la actual Ley Federal del Trabajo y detener sus efectos nocivos contra toda la población trabajadora.