PACTO NACIONAL POR LA VIDA, LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ¡ NI CÁRCEL NI MUERTE A LAS MUJERES POR ABORTAR ! 177 mujeres de 85 organizaciones provenientes de 18 Estados de la República, nos reunimos en la Ciudad de Xalapa los días 4 y 5 de febrero de 2011. Celebramos nuestra segunda Reunión Nacional con el objetivo de realizar el balance anual de nuestras actividades; analizar la situación actual del derecho a decidir en los Estados y a nivel nacional y definir nuevas estrategias y plan de acción para este año. En el periodo 2008‐2010 fueron aprobadas 17 reformas constitucionales locales que limitan o impiden el ejercicio de uno de nuestros derechos fundamentales: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, criminalizando a las mujeres por practicarse un aborto, incluso cuando se trata del producto de una violación. El camino seguido por estas reformas ha llegado al encarcelamiento de mujeres, no sólo de aquellas que libremente ejercen su derecho a decidir, sino también a mujeres que sufren abortos espontáneos (involuntarios) como lo hemos constatado en varias entidades del país. El Estado, desde sus tres poderes, sigue sin tener claro cuál es su función de Estado laico y de derecho. Sigue impidiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres, condenándolas a una pena de muerte latente, donde las deja respirar para que sientan su indefensión e impotencia frente a un ejercicio desmesurado de su poder. Las mujeres que conformamos el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, exigimos el pleno y cabal cumplimiento de lo que significa un Estado laico, respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y a lo ratificado en la Convención Internacional de Derechos Humanos de Viena, la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. En nuestro país, las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional que rechazamos con todas nuestras fuerzas y frente al que continuaremos actuando hasta lograr un Estado realmente democrático y de justicia equitativa. Por lo que ratificamos nuestros principales compromisos suscritos en nuestra primera reunión, y que son: 1. La defensa del derecho a decidir y por la libertad de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar. 2. La defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia al tratar de imponer sus valores al conjunto de la ciudadanía. 3. La denuncia de aquellos servidores públicos que votaron o voten a favor de las reformas constitucionales; del personal de los servicios de salud que extralimitando sus funciones,