Madrid, a 7 de febrero de 2011
En Defensa del Derecho a la Libertad Sindical en México El 16 de febrero de 2006, una explosión en la mina de Carbón de Pasta de Conchos de Grupo México en el Estado Septentrional de Coahuila causó la muerte de 65 mineros, por dejadez y negligencia, tanto de la empresa como del Gobierno Mexicano. Lejos de que el gobierno Mexicano iniciara las tareas de rescate, así como la investigación pertinente para que los responsables de tal siniestro pagaran por consentir tal negligencia, los cuerpos de 63 mineros continúan aún hoy día sepultados. No sólo no ha habido investigación del accidente, quedando indemnes los responsables y las familias sin sus seres queridos y sin ser debidamente indemnizadas. Por si esto, no fuera suficiente, desde 2006, el Gobierno Mexicano ha intensificado sus ataques ilegales y violentos contra el Sindicato de Mineros Mexicano (SNTMMSRM/Los Mineros), el sindicato que pidió justicia por el “homicidio industrial” en Pasta de Conchos y la recuperación de los cuerpos de los mineros. El Gobierno mexicano viola sistemática y reiteradamente la ley mexicana, así como las normas internacionales, con el objetivo de aplastar y erradicar el Sindicato de Mineros Mexicano, así como, de los pocos sindicatos independientes que tratan de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras mexicanos. Las continuas violaciones del derecho de la libertad sindical por el Gobierno Mexicano tienen que cesar. Por este motivo, la Federación de Industria de Comisiones Obreras (F. Industria - CC.OO.) y la Federación del Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT), estamos desarrollando la Campaña Mundial en Defensa de los Derechos Sindicales en Méjico del 14 al 19 de febrero de 2011, junto a más de cuatrocientos sindicatos de todo el mundo, liderados por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM), la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM), la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (FITT) y UNI (Federación de Servicios Global) representando en su conjunto a más de sesenta millones de trabajadores.
Federación de Industria CCOO, Calle Fernández de la Hoz, 12, 2º - E 28010 MADRID MCA-UGT, Avenida de América 25, 5º - E 28002 MADRID
En este sentido, solicitamos al Gobierno mexicano que: 1. Responsabilice a los funcionarios y al gobierno por la explosión en la mina de Pasta de Conchos en la que murió 65 mineros el 19 de febrero de 2006. Se necesita una investigación independiente y profesional sobre las causas de la explosión. Las personas responsables deben ser perseguidas penalmente.- El gobierno tiene que indemnizar de manera justa a las familias de las víctimas y recuperar los 63 cuerpos que siguen en la mina para enterrarlos debidamente. México tiene que tomar acción para mejorar la salud y la seguridad en las minas en conformidad con las Convenciones de la OIT. 2. Suprima la violación sistémica de la libertad de asociación de los trabajadores, incluyendo los “contratos de protección” y las interferencias en las elecciones sindicales. El gobierno tiene que eliminar la “toma de nota”, la cual requiere que las autoridades laborales aprueben los resultados de la elección sindical antes de ser efectivos. El liderazgo elegido por los sindicatos los Mineros y SME tiene que ser reconocido de inmediato. La práctica de contratos de protección dominados por los empleadores tiene que ser eliminada para que los trabajadores puedan decidir libremente ser representados por un sindicato de su elección, sin temor a la intimidación o represalias. Los trabajadores tienen que tener el derecho a recibir copias de sus convenios colectivos. 3. Ponga fin al uso de la fuerza de parte del Estado o de servicios de seguridad privados para reprimir las demandas legítimas de los trabajadores en su exigencia de contar con sindicatos democráticos, mejores sueldos y condiciones laborales y buenas condiciones de salud y de seguridad. El gobierno tiene que retirar de inmediato las fuerzas de policía federales de Cananea y de todos los lugares de trabajo. Las personas responsables del asesinato de miembros de Los Mineros: Héctor Álvarez Gómez, Mario Alberto Castillo Rodríguez, Reynaldo Hernández González, Juventino Flores Salas y del organizador de FLOC, Santiago Rafael Cruz tienen que ser presentados ante la justicia. 4. Ponga fin a la campaña de persecución política en contra de los Mineros (SNTMMSRM) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El gobierno tiene que liberar a los líderes sindicales encarcelados injustamente: Juan Linares Montufar y Miguel Márquez; retirar las acusaciones penales contra el Secretario General del Sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia y los demás líderes de los Mineros, retornar las cuentas bancarias congeladas a los sindicatos y parar las persecuciones políticas de esos dos sindicatos. El gobierno tiene que crear una nueva compañía pública para proveer electricidad a las regiones de México DF, volver a contratar a los trabajadores despedidos quienes están pidiendo su reintegración y reconocer al SME como su representante en la negociación.
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