FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori EMF- European Metalworkers Federation IMF- International Metalworkers Federation Prot. GF/GA/180211/24 Milano 18 de febrero de 2011 Honorable C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos c/o: Consulado General de México en Milano (Italia)
Derechos laborales en México, Persecución de los sindicatos independientes Estimado Señor Presidente : La Federación Italiana Metalúrgicos - FIM-CISL que representa además de 212 mil trabajadores en Italia, se unen a los trabajadores y al pueblo de México y del mundo en un llamamiento al gobierno de México, a que restaure la justicia para los trabajadores asesinados y garantice la libertad sindical a los trabajadores de México. Hace cinco años, murieron 65 mineros en la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, del Grupo México. Hasta el día de hoy, las familias afligidas por la pérdida de los suyos siguen esperando que se les dé una compensación adecuada y se rescaten los cadáveres para darles sepultura. Los mineros, la comunidad del lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y el comité de investigación de la Cámara de Diputados consideran que las violaciones ilegales de las normas de seguridad, cometidas por el Grupo México, han sido causantes de la muerte de los 65 mineros y son características de irregularidades en la inspección del trabajo del país. En 2009, la OIT, organización de las Naciones Unidas, recomendó, tras de una investigación, que “se impusieran sanciones apropiadas a los responsables” de la catástrofe. Por esta razón, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) sigue exigiendo una investigación independiente y un enjuiciamiento de las partes responsables. Teniendo en cuenta el lapso transcurrido, es causa de grave preocupación la absoluta falta de un avance que haga posible una investigación independiente y un enjuiciamiento de los funcionarios, tanto de la empresa como del gobierno, responsables de la tragedia. Bajo el sistema de toma de nota y de los “contratos de protección”, se han violado sistemáticamente los derechos que tienen los trabajadores de que se reconozca a sus dirigentes sindicales, de negociar colectivamente, de convocar huelgas y de tener un empleo estable, todos ellos garantizados por la ley nacional e internacional. Todo esto ha ocurrido con la tolerancia, complicidad y, en muchos casos, la acción directa del Estado mexicano en diferentes niveles de autoridad, incluida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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