FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori EMF- European Metalworkers Federation IMF- International Metalworkers Federation Prot. GF/GA/180211/24 Milano 18 de febrero de 2011 Honorable C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos c/o: Consulado General de México en Milano (Italia)
Derechos laborales en México, Persecución de los sindicatos independientes Estimado Señor Presidente : La Federación Italiana Metalúrgicos - FIM-CISL que representa además de 212 mil trabajadores en Italia, se unen a los trabajadores y al pueblo de México y del mundo en un llamamiento al gobierno de México, a que restaure la justicia para los trabajadores asesinados y garantice la libertad sindical a los trabajadores de México. Hace cinco años, murieron 65 mineros en la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en la mina de carbón Pasta de Conchos, del Grupo México. Hasta el día de hoy, las familias afligidas por la pérdida de los suyos siguen esperando que se les dé una compensación adecuada y se rescaten los cadáveres para darles sepultura. Los mineros, la comunidad del lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y el comité de investigación de la Cámara de Diputados consideran que las violaciones ilegales de las normas de seguridad, cometidas por el Grupo México, han sido causantes de la muerte de los 65 mineros y son características de irregularidades en la inspección del trabajo del país. En 2009, la OIT, organización de las Naciones Unidas, recomendó, tras de una investigación, que “se impusieran sanciones apropiadas a los responsables” de la catástrofe. Por esta razón, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) sigue exigiendo una investigación independiente y un enjuiciamiento de las partes responsables. Teniendo en cuenta el lapso transcurrido, es causa de grave preocupación la absoluta falta de un avance que haga posible una investigación independiente y un enjuiciamiento de los funcionarios, tanto de la empresa como del gobierno, responsables de la tragedia. Bajo el sistema de toma de nota y de los “contratos de protección”, se han violado sistemáticamente los derechos que tienen los trabajadores de que se reconozca a sus dirigentes sindicales, de negociar colectivamente, de convocar huelgas y de tener un empleo estable, todos ellos garantizados por la ley nacional e internacional. Todo esto ha ocurrido con la tolerancia, complicidad y, en muchos casos, la acción directa del Estado mexicano en diferentes niveles de autoridad, incluida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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La STPS sigue rehusando el reconocimiento legal de toma de nota al secretario general del SNTMMSRM —aunque los miembros del sindicato han manifestado claramente su voluntad reeligiéndolo en 2008— y a los miembros del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), elegidos en julio de 2010. La facultad discrecional de las autoridades para rehusar y retrasar la toma de nota y ponerle obstáculos ilimitados, les otorga un poder inapropiado para obstruir a los dirigentes elegidos o tratar de paralizar el funcionamiento de los sindicatos. Es una interferencia ilegítima del gobierno en el derecho de los trabajadores de elegir con plena libertad a sus representantes, exigir la aprobación de las autoridades como condición para que los resultados de las elecciones sindicales se pongan en vigor. Tolerando, induciendo y ejecutando actos de violación de los derechos laborales, su gobierno promueve los sindicatos de “protección” dominados por los empleadores, anulando en esa forma efectivamente la libertad sindical. En junio de 2009, el personal de centros de llamadas de Telefónica/Atento Mexicana trató de librarse de un “contrato de protección” afiliándose al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), de carácter independiente. Las trabajadoras y trabajadores de centros de llamadas que trataron de elegir una auténtica representación en las elecciones del 2 de julio de 2010, fueron objeto de intimidación por parte de matones armados de nudilleras. Los trabajadores profesionales y técnicos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) constituyeron en 2007 la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) en relación con un “contrato de protección”. Un grupo de paramilitares expulsó a los trabajadores de sus terminales de trabajo el 14 de noviembre de 2009, y PEMEX despidió a los dirigentes y activistas de la UNTyPP. Se cree que las amenazas escritas y ataques a las oficinas del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) tienen relación con un sindicato de “protección” amparado por no haber cumplido Johnson Controls el arreglo de suspensión de la huelga del 10 de agosto, firmado con el sindicato independiente. Esa represalia y violencia sin límites contra trabajadores que se afilian a sindicatos independientes, no sería posible sin la tolerancia y complicidad del gobierno. Es inaceptable la abyecta omisión del gobierno de proteger los derechos de los trabajadores e investigar y castigar a los perpetradores de esa violenta intimidación. El asesinato de sindicalistas independientes –por intimidación violenta o la fuerza del Estadoqueda impune. • En abril de 2007, Santiago Rafael Cruz fue atado con una cuerda y muerto a golpes en las oficinas del Farm Labor Organizing Committee (FLOC) de Monterrey, donde trabajaba como sindicador . • Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo Rodríguez fueron muertos y otros 50 trabajadores, heridos por balas, cuando 900 policías federales y del Estado asaltaron, en abril de 2006, a los participantes en la huelga convocada por el SNTMMSRM en la siderúrgica Sicartsa. • Reynaldo Hernández González fue muerto a bala cuando se encontraba con 90 miembros del sindicato en el camino a la mina de cobre La Caridad, para exigir al Grupo México su reintegración al trabajo, en agosto de 2007. Otros 20 mineros que obtuvieron su reintegración al empleo por fallo judicial, fueron secuestrados, apaleados y torturados. • Juventino Flores Salas murió a consecuencia de las heridas causadas por un ataque antisindical, en junio de 2009, contra el SNTMMSRM en Zacatecas. Nadie ha sido enjuiciado en relación con estos crímenes.
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Más de 4.000 soldados federales y del Estado recurrieron a gases lacrimógenos y a la fuerza en el ataque del 6 de junio de 2010 al SNTMMSRM, que se encontraba en huelga exigiendo la seguridad en la mina de cobre de Cananea, del Grupo México, y en otros lugares de trabajo. No hay duda de que ▲la movilización de fuerzas federales a los lugares de trabajo del SME la noche del 10 de octubre de 2009, ▲los despidos masivos, el 11 de octubre, de los 44.000 miembros del SME por decreto presidencial, y ▲el hecho de no aplicar, hasta hoy, el artículo 41 de la Ley federal del trabajo, relativo a la continuidad del empleo, tienen el propósito de suprimir el convenio colectivo y eliminar al SME mismo. Todos los tribunales del Estado y federales que han revisado los cargos presentados por su fiscal general contra el secretario general del SNTMMSRM, han concluido que carecen de fundamento. Sin embargo, su gobierno sigue persiguiendo al SNTMMSRM y al SME, con métodos que varían entre la denegación de la toma de nota y la congelación de cuentas bancarias y el encarcelamiento bajo cargos falsos del funcionario del SNTMMSRM, Juan Linares, desde 2008, y del dirigente del SME, Miguel Márquez Ríos desde 2010. Los sindicalistas encarcelados injustamente deben ser puestos en libertad y los daños sufridos por el SNTMMSRM y el SME, remediados. Por consiguiente, pedimos que actúe sin demora para: 1. exigir a los funcionarios de empleadores y del gobierno su responsabilidad por la explosión en la mina de Pasta de Conchos, que mató a 65 mineros el 19 de febrero de 2006 2. suprimir las violaciones sistemáticas de la libertad sindical de los trabajadores, incluidos los “contratos de protección” dominados por los empleadores y la interferencia en las elecciones sindicales 3. poner término al uso de la fuerza –sea del Estado o de parte privada- para reprimir las reivindicaciones legítimas de los trabajadores de formar y afiliarse a sindicatos democráticos, de mejores salarios y condiciones de trabajo y de buenas condiciones de salud y seguridad, y 4. poner término a la campaña de persecución política del Sindicato de mineros y metalúrgicos de México (SNTMMSRM) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Es esencial que las autoridades mexicanas actúen decididamente para reafirmar el empeño de México en la justicia y los derechos de los trabajadores. La inacción equivaldría al mensaje de que incluso los asesinos pueden perpetrar impunemente actos indescriptibles contra sindicalistas independientes en México, y tal inacción exige la condena de todo el mundo. Atentamente, Gianni Alioti Director Oficina Internacional
Giuseppe Farina Secretario General
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