ponencia para el encuentro

Encuentro Eurolatinoamericano sobre los límites y posibilidades de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.

Agradezco la invitación de la Iniciativa de Copenhague para America Central y México (CIFCA), del Instituto de Estudios Políticos para America Latina y África (IEPALA) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para estar con ustedes y exponer las graves violaciones que en materia de Derechos Laborales y Humanos están ocurriendo en México

La presencia de actores políticos y de la sociedad civil, de los eurodiputados y de los miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno Español, nos permite refrendar la denuncia de hechos que en distintos foros internacionales hemos realizado sobre el conflicto que existe en México con el cierre injustificado e inconstitucional de la empresa pública de energía eléctrica Luz y Fuerza del Centro.

Con el objeto de contextualizar este conflicto me permito señalar que el día 10 de octubre del 2009, 44 mil trabajadores de la empresa pública de energía eléctrica, por instrucciones del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa fuimos despojados injustificadamente y con lujo de violencia de nuestra fuente de trabajo. Sin haber sido oídos y vencidos dentro de un procedimiento contencioso, todos los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas (fundado en 1914) fuimos objeto de una campaña mediática de desprestigio orquestada por el Gobierno mexicano y víctimas del abuso de autoridad de Ejecutivo Federal.

No sólo se nos ha querido negar la vigencia de nuestros derechos como trabajadores y como ciudadanos mexicanos al negar, por ejemplo, el derecho de audiencia; sino que al expedir el decreto de extinción de la empresa intenta, con un acto administrativo, cerrar la empresa pública de energía eléctrica usurpando las atribuciones del poder legislativo en la materia.

Todas estas irregularidades nos obligaron a emprender una batalla jurídica y a solicitar la intervención del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana con el fin de que se restablezca el orden constitucional en México.

A 7 meses de resistencia, nuestro movimiento ha sufrido la represión de la fuerza pública por el hecho de defender el patrimonio de todos los mexicanos; nuestros derechos individuales y colectivos, nuestra fuente de trabajo y el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos.

Ante este atropello de nuestra garantías individuales y colectivas, los documentos donde el Gobierno Federal argumenta los motivos del cierre de la empresa fueron declarados como secreto de Estado por 12 años, negando a los ciudadanos el acceso a la información con el objetivo de esconder las verdaderas razones que están detrás del despido de 44 mil trabajadores: las intenciones de privatizar el sector eléctrico y el interés de personajes poderosos de la política mexicana por controlar el negocio de la infraestructura de fibra óptica y lo que es peor,

el intento de acabar con una

organización sindical que se ha opuesto a la privatización del servicio público de energía eléctrica.

En estos 7 meses, hemos recurrido a la solidaridad internacional y nos hemos dado a la tarea de denunciar en distintos foros nacionales e internacionales el abuso de autoridad del que fuimos objeto y la violación de las garantías individuales y laborales que se viven en México; síntoma de un Estado fallido y del estado de excepción que se vive en mi país son pretexto de emprender la guerra al narcotráfico y en la que han perdido la vida más de 20 mil mexicanos.

Entre estas acciones; el mes de noviembre solicitamos al Honorable Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y al Comité de Libertad Sindical su intervención para investigar la violación de los derechos laborales en México y de convenios 87 y 98 de la OIT que obligan al Gobierno Mexicano a respetar los principios de la libertad sindical. En esta solicitud argumentamos como es que el Gobierno Federal intervino en la vida interna del sindicato con el objeto de dejar sin personalidad jurídica a nuestra dirigencia sindical y de acotar los recursos económicos necesarios para emprender el movimiento de resistencia.

De igual forma, interpusimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una queja por violación a los derechos humanos, civiles y políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los actos de represión que se han vivido los trabajadores en las localidades donde el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un importante arraigo histórico.

El Gobierno Federal pensaba que acabarían de facto con nuestra organización sindical, pero aquí estamos frente a ustedes para ratificar la denuncia que interpusimos en Bruselas ante el Honorable Parlamento Europeo por violaciones graves cometidas por el Gobierno Mexicano a la clausula democrática del acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea, la cual establece como un elemento esencial el acuerdo (suscrito el 8 de diciembre de 1997) “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales” que se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esta denuncia asentamos los hechos que demuestran la violación a los principios democráticos y los abusos cometidos por el Gobierno Mexicano. Denuncia que se suma al informe 2009 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y donde se señala la preocupación del organismo sobre el incremento de demandas interpuestas contra el Gobierno Mexicano por violación a los derechos humanos.

Aunque nuestra lucha se ha mantenido por la vía legal y pacifica; los trabajadores electricistas nos hemos topado, una y otra vez, con la intransigencia y la insensibilidad del Gobierno Federal para resolver el conflicto que se ha derivado del cierre injustificado de nuestra fuente de trabajo. A pesar de la solidaridad y de los llamados que personalidades y legisladores mexicanos han expresado al Gobierno mexicano, para que este flexibilice su postura y se abra mesas de dialogo y negociación, el Presidente de la República continua montado en una actitud triunfalista que abona solo al encono; esto a pesar incluso de que hemos presentado propuestas y alternativas de solución viables juridícamente.

El despojo de nuestra fuente de trabajo es también el despojo de nuestro derecho al trabajo digno y un intento por acabar con nuestro contrato colectivo y con nuestro sindicato; es por ello que nuestra organización ha decidido emprender una huelga de hambre masiva a partir del 25 de abril de 2010 como parte de las acciones de desobediencia civil y pacífica. Hasta este día son 93 compañeros; hombre y mujeres dignos, dispuestos a entregar su vida con el propósito de que sean resarcidos nuestros derechos con la mediación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana y la presión de organismos internacionales como en el que aquí estamos.

Esta huelga de hambre es indefinida y el Ejecutivo Federal será responsable del deterioro de la salud de los compañeros. Para nosotros es triste e indigno escuchar un doble discurso del Presidente Felipe Calderón al exigir el respeto de los derechos humanos en otros países cuando en México estos no se respetan, cuando no existen garantías democráticas y cuando el acceso a la justicia no es accesible a millones de mexicanos.

La situación que estamos viviendo los trabajadores electricistas nos obliga a reflexionar sobre el respeto de los derechos laborales y humanos en México; así como los obstáculos que enfrentamos para acceder a la justicia. Todo ello es aun mas grave si consideramos que la situación en México es crítica también para los propios defensores de derechos humanos; de acuerdo a el informe de amnistía internacional “ Exigiendo Justicia y Dignidad: Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en México", se concluye que los defensores de derechos humanos corren riesgos en su quehacer al sufrir intimidación, hostigamiento y hasta asesinato.

Señores eurodiputados y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); solicitamos su intervención para que se investigue los hechos que aquí denunciamos y miren de cerca la problemática que se vive en México. La vida de nuestros compañeros esta en juego y no podemos ser indiferentes a ello. La cooperación entre nuestros pueblos debe basarse en principios éticos, cívicos, democráticos; no solo en interés económicos. Hoy más que nunca la solidaridad de todos ustedes nos hace seguir creyendo que otro mundo es posible.

Fraternalmente: “POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL TRABAJADOR” Madrid España a 12 de Mayo de 2010 SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.