La desaparición de los 43 de Ayotzinapa y la justicia mexicana

Por David Raby*

La madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural fueron asesinados y desaparecidos en un crimen brutal que conmocionó a la nación y que adquirió notoriedad internacional rápidamente por ser el ejemplo más reciente de la corrupción y la violencia que asola a México. Cuatro meses después, el 28 de enero del 2015, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que un oficial de investigación probó que los 43 fueron asesinados, sus cuerpos incinerados y sus cenizas fueron arrojadas al Río San Juan. También declaró que se hicieron cargos en contra de 99 individuos. Los responsables, dijo Murillo Karam, fueron el alcalde de Iguala y su esposa, quienes dirigían un grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Desde esta célula criminal ordenaron a la policía local la entrega de los estudiantes a sus secuaces para su ejecución y disposición. Esta, dijo el Procurador General, era la “verdad histórica”.

Dicha “verdad histórica” fue inmediatamente adoptada y reproducida por la mayoría de los policías y los medios de comunicación. Quienes cuestionaron esta versión de los hechos, como el entonces líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, fueron ridiculizados.

Esta terrible versión reveló un secuestro en masa planificado y una ejecución en cercana colaboración entre los organizadores del crimen y las autoridades locales. Pero servía para exonerar a las autoridades federales, tanto militares como civiles. Sin embargo, la “verdad histórica” nunca fue aceptada por la mayoría de las personas locales, ni por los familiares de las víctimas o los compañeros estudiantes de la Normal en Ayotzinapa. Ellos siempre sospecharon de la milicia, del estado de Guerrero y de los políticos federales, pues pensaban que estaban involucrados. Y tenían razón.

Andrés Manuel López Obrador hizo justicia y reveló la verdad para las familias de los 43 de Ayotzinapa, cumpliendo uno de los cien compromisos realizados cuando tomó la Presidencia en diciembre del 2018. Con el cumplimiento de este compromiso, el Presidente asentó un componente esencial en su lucha contra la corrupción y la impunidad.

La Comisión para la Verdad y la Justicia sobre Ayotzinapa entregó, el 20 de agosto del año en curso, su reporte inicial, basado en una investigación forense y científica exhaustiva. En dicho reporte se demostró la falsedad de la “verdad histórica”, pues está llena de mentiras y artificios creados y, consecuentemente, provocó más víctimas gracias al uso sistémico de la tortura.

En esta ocasión, un juez federal ordenó 83 arrestos inmediatos. Entre los detenidos estuvo el ex Procurador General, Murillo Karam. Además, en la lista estaban veinte: 2 oficiales y tropas de dos batallones militares, cinco oficiales civiles del estado de Guerrero, catorce miembros del grupo criminal Los Guerreros Unidos y cuarenta y cuatro policías estatales y municipales.

Tengo tres perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida profunda. Martin Lutero (1483-1546) Reformador alemán.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, declaró que Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” con “un encubrimiento del más alto nivel”. El reporte se presentó primero a las familias de las víctimas, junto con el Presidente López Obrador, y luego a la prensa y al público. Empero, el Presidente declaró contundentemente que las investigaciones continuarán, pues aquí no termina el asunto.

Este caso confirma la magnitud de la corrupción e impunidad en las instituciones, pero también la determinación del Presidente para seguir firme en la Cuarta Transformación.

Es interesante y curioso que un juez conservador eligiera, precisamente, este tiempo para presentar ante la Suprema Corte una iniciativa que elimine la detención preventiva con el argumento de que viola los derechos humanos. Si bien es cierto que esta figura (la prisión preventiva) ha sido usada hasta el exceso, sobre todo en cargos sospechosos y sin pruebas, imputados a personas en situación de pobreza y marginación quienes han sido detenidos por periodos largos de tiempo sin un juicio; también es verdad que el Presidente está luchando para eliminar estos abusos. Abolir permanentemente la prisión preventiva en casos criminales serios sería permitir que los ricos y poderosos evadan la justicia. En el instante en que Murillo Karam fue arrestado y puesto en prisión preventiva, todos sus contactos políticos comenzaron a sugerir que sus derechos humanos estaban siendo violados. El 24 de agosto, el Presidente sacó

un Comunicado al pueblo de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando con certeza que “la existencia de la prisión preventiva es fundamental” para crímenes serios y asegurar que los sospechosos no evadan la justicia. El Comunicado fue firmado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es conocido por su abordaje tajante frente a los sinsentidos de la oposición; también fue firmado por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos. Fue dirigido explícitamente a los jueces de la Suprema Corte y refería a la seguridad pública, a la batalla contra la impunidad y la enorme carga colocada en las instituciones judiciales, administrativas y militares para que juzguen a los criminales con el peso de la ley.

Es difícil de imaginar una advertencia más categórica que la del Presidente, quien ha mostrado una gran prudencia respecto a la autonomía del poder judicial, pero con la afirmación clara y precisa de que la justicia debe ser firme, con autoridad y expedita.

El Presidente también eligió este Comunicado para reiterar su crítica a la tardanza y dilación del poder judicial. Esto se resaltó en el caso de Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social en las administraciones priístas, quien fue arrestada en 2019 por sus conexiones con un caso de corrupción conocido como la “Estafa Maestra”.

Después de interminables retrasos, a Robles se le permitió el arresto domiciliario en lugar de la prisión por motivos de salud. Cuando le cuestionaron el asunto, Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo con el periodista que la decisión fue comprensible dados los retrasos en los procesos legales: “los jueces van lento, deberían actuar con mayor rapidez, voy a preguntar al Secretario de Seguridad Pública para que se encargue de este asunto porque hay mucha gente en prisión esperando, por años, su sentencia.”

El Presidente lo ha dicho antes y claramente está perdiendo la paciencia: el sistema judicial debe proveer justicia, no casuística (razonamiento basado en casos) legal.

*Académico e investigador inglés, especialista en temas sobre América Latina.

Más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español.