Socialismo Revolucionario #23

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JULIO - agosto 2021 APORTE VOLUNTARIO

DESDE LA CONVENCION CONSTITUCIONAL HASTA UNA VERDADERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

¡LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLITICOS DE LA REVUELTA!


DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL A UNA VERDADERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Los millones de chilenos que salieron a las calles nunca pidieron una Convención Constitucional, la gente mayoritariamente pedía la renuncia de Piñera y una Asamblea Constituyente. Fue la casta política que entre gallos y medianoche (15 de Noviembre 2019) acordó un Acuerdo por la Paz y una Convención Constitucional absolutamente tramposa y que no tomaba en cuenta las demandas de los millones de chilenos que salieron a las calles. Lo que queda claro es que la Convención Constitucional ni remotamente es una Asamblea Constituyente y menos todavía es democrática no será constituyente dado que se burla la voluntad y participación del pueblo, dado que el pueblo realmente no tiene la soberanía sobre esta institución y sus decisiones. La Convención lamentablemente está supeditada a los acuerdos que tomo la casta política y la elite de este país de acuerdo a sus propios intereses y no de las demandas de la clase trabajadora. Por eso es tan importante la declaración que sacaron los 34 convencionales de la Lista del Pueblo sobre el acuerdo por la paz: "Llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos”. La “Vocería de los Pueblos” estableció que “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, el

proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención”. No se puede aceptar que la Convención nazca limitada para aprobar cualquier medida que busque mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, como por ejemplo la seguridad social para poder terminar con las AFP que están condenando a los trabajadores a vivir en la más completa miseria. Otra de las trampas que deberá enfrentar la Convención Constitucional, es que las normas para aprobar los cambios son completamente anti democráticas desde el momento que estas deben ser aprobadas por dos tercios de los integrantes, en otras palabras solo basta un tercio para poder frenar cualquier cambio que le moleste a la elite de este país. Lo que queda claro es que las normas que rigen a la Convención lo que buscan es impedir que exista una verdadera Asamblea Constituyente y menos todavía que esta se rija por verdaderas normas democráticas del que hace gala este propio sistema. La casta política y la elite y sus medios de comunicación quieren vendernos y convencernos que la Convención es algo completamente democrático cuando en realidad esto está muy alejado de la realidad Por eso es tan importante que desde la Convención Constitucional exijamos ir hacia una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana.


Nuestra tarea es recuperar y fortalecer la Seguridad Social

Las conquistas y derechos sociales que aseguran mínimos a toda la población en salud,maternidad, infancia, empleo, pensiones y otras garantías sociales, constituyen lo que llamamos Seguridad Social. En el capitalismo todo se transforma en mercancía que se transa en el mercado, incluida la fuerza de trabajo. Los propietarios del capital y de los medios de producción tienen como objeto maximizar sus ganancias, y para ello buscan pagar lo menos posible a los trabajadores. La Seguridad Social está íntimamente interrelacionada con las remuneraciones, porque los salarios se pueden entender como salarios directos que cada trabajador cobra, salarios diferidos que percibimos como pensiones y salario social que son los servicios y bienes garantizados a la población. Finalmente todas estas formas de remuneraciones tienen su origen en el trabajo humano presente y pasado. Con las conquistas de la Seguridad Social y el Estado de Bienestar la clase trabajadora ha conseguido arrebatar al mercado capitalista bienes y servicios

básicos para la vida, De esta manera, no solo aseguramos condiciones y derechos básicos de sobrevida, sino que también mejoran las posibilidades para salarios y condiciones laborales. El gran pensador socialista escribió la definición de la futura sociedad como «¡De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades!»”. Es en la Seguridad Social donde podemos visualizar en la práctica estos principios en vigor. Especialmente cuando en la administración del sistema son representantes de los propios trabajadores los que tienen voz decisiva en las decisiones. Desde las grandes marchas de No más AFP de 2016, y especialmente con la revuelta popular de 2019 en adelante, las masas movilizadas pusieron en

crisis el régimen y el modelo social económico heredado de la dictadura y profundizado por los gobiernos civiles neoliberales posteriores, se ha abierto el proceso para recuperar un sistema de pensiones de pensiones basado en la Seguridad Social. Esa es nuestra tarea ahora, terminar con la privatización de las pensiones, y también en la salud, la educación, un sistema universal de cuidados e ingresos mínimos universales garantizados. La vida no puede ser una mercancía, los derechos vitales tienen que estar asegurados para todos los seres humanos. Esto es lo que tenemos que conquistar con la organización y movilización de las masas del pueblo trabajador y la juventud.

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política y la presión del establishment ha llevado a Pedro Castillo a moderar cada vez más su discurso, alejándose de las propuestas más radicales planteadas por Perú Libre y también de su líder, Vladimir Cerrón.

PERÚ: LA CONVULSIONADA Y POLARIZADA SITUACIÓN POLÍTICA TRAS LAS ELECCIONES A más de un mes de ocurrida la segunda vuelta presidencial, la dilación para proclamar a Pedro Castillo como presidente electo, ha conducido a una situación de gran polarización e inestabilidad política en el Perú. Recordemos que, en la segunda vuelta presidencial del 6 de junio pasado, Pedro Castillo del partido Perú Libre obtuvo el 50,125% de los votos; mientras que Keiko Fujimori recibió el 49,875%. Una diferencia de poco más de 44.000 votos. Desde entonces, los sectores más reaccionarios de la clase dominante peruana, que apoyan a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular; han realizado todo lo posible para evitar la proclamación de Castillo. En términos políticos denuncian abiertamente que hubo fraude en las elecciones y en términos legales han planteado numerosas impugnaciones de mesas electorales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal en materia electoral. Hasta ahora todas las denuncias e impugnaciones han sido rechazadas, pues no se sustentan en prueba alguna. La derecha, conspiración y amenazas de golpe de estado A mediados de junio, se difundió masivamente una carta de militares en retiro que apelaban a las Fuerzas Armadas

para desconocer la elección de Pedro Castillo, proclamando la defensa de la constitución y la patria ante la “amenaza del comunismo”. Un abierto llamado a un golpe de estado, por parte de la ultraderecha y la casta política empresarial. Recientemente se han develado escandalosas grabaciones de Vladimiro Montesinos, ex jefe de inteligencia de Alberto Fujimori y condenado por múltiples crímenes. Desde su prisión en la base naval del Callao realizó numerosos llamados y gestiones en apoyo de la campaña electoral de Keiko; como también intentos de sobornar a jueces del JNE para evitar la proclamación de Pedro Castillo. También los aliados de Keiko están demandando a la OEA una auditoria de las elecciones, sin presentar prueba alguna de fraude. Esto evidencia la desesperación de sectores de la clase dominante y revela su estrategia de socavar la legitimidad del triunfo de Pedro Castillo, preparando las condiciones para desestabilizar e intentar hacer caer su eventual gobierno en el futuro. Cabe decir, que la conformación política del futuro Congreso, permitiría a los partidos de oposición a Castillo plantear este objetivo. Pedro Castillo y su futuro gobierno Por su parte, la polarizada situación

El asesor económico de Castillo y posible ministro de Economía, Pedro Francke; se ha encargado de “calmar” a los inversores y el mercado. Este economista ocupó cargos en los gobiernos de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además de trabajar en el Banco Mundial. Francke en recientes declaraciones al diario El País se ha preocupado de aclarar que en el futuro gobierno “no habrá estatizaciones, ni expropiaciones, ni controles de precios. Nos hemos puesto un poquito más a favor del mercado”. En relación a las experiencias de Cuba y Venezuela sobre las estatizaciones allí realizadas, Francke aclara que eso no ocurrirá en Perú y añade… “por supuesto, no tiene ningún sentido”, “de las experiencias latinoamericanas a mí me gusta más la uruguaya”. Siguiendo esa línea, Castillo ha solicitado, al actual jefe del Banco Central, Julio Velarde; que continúe en su cargo. El liderazgo de Pedro Castillo ha sido fruto de la lucha y reorganización de la clase trabajadora y el pueblo peruano; estos sectores oprimidos se han movilizado contra la derecha golpista y buscan una salida a la actual crisis política y económica que ha significado el capitalismo neoliberal. Por ello, el futuro gobierno de Castillo se enfrentará a una encrucijada crucial. O responde a las demandas populares por transformaciones radicales en líneas genuinamente socialistas o diluye su programa cediendo a las posiciones políticas conciliadoras que solo buscan reformar el capitalismo y darle un rostro “más humano”. La última palabra será de los trabajadores y oprimidos del Perú; su lucha por una verdadera alternativa revolucionaria será el sello que caracterizará el próximo período.


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