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Lima 25 de noviembre del 2014
ENREDANDO EL DESTRABAMIENTO El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso el Proyecto de Ley 3941-2014-PE (paquete 4) que buscaría contribuir a facilitar las inversiones que tanto requiere nuestro país. Sin embargo, varias de sus disposiciones, en lugar de simplificar los trámites y contribuir a las inversiones (manteniendo el nivel de exigencia de las normas ambientales), lo que hacen es generar más problemas al administrado. Algunas muestras: Para que la autoridad (SENACE) apruebe un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), éste requiere contar, entre otros, con opiniones técnicas vinculantes de varias instituciones públicas. Se indica entonces que el SENACE las solicitará pero en caso dichas instituciones no las envíen en el plazo de 50 días, todo el expediente de solicitud de aprobación del EIA se archiva. Es decir, el administrado sería castigado con la conclusión de su procedimiento porque una institución/funcionario no cumplió con su función de evaluación en el tiempo estipulado. Se plantea un novel Sistema Integrado de Certificación en el marco de la ventanilla única de certificación ambiental, donde el administrado puede optar por elaborar y presentar un expediente de EIA-d, integrando varias otras solicitudes de permisos obligatorios que requieren la emisión de informes técnicos favorables por parte de las entidades a cargo de emitirlos. Sin embargo, si el SENACE no obtiene dichos informes de las instituciones públicas involucradas, en el plazo dado, excluye el permiso y tocará al administrado presentar, ahora en forma independiente, aquellas solicitudes que inicialmente integró. Es decir, nuevamente el administrado es castigado porque la ventanilla única no cumple con su propósito. Es importante que cuidemos que los esfuerzos por dinamizar la economía resulten efectivos y no en un contrasentido, complicando aún más el ya enmarañado sistema administrativo del Estado.
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