Ateneo del Nuevo Siglo magazine by Peon Pus

ANS 14

NĂşmero 14 junio 2011 Revista de pensamiento y debate. Las Artes, las Letras y las Ciencias.

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Edita: Ateneo de Málaga Director: Juan Ceyles Domínguez Editor del monográﬁco "Crisis y modelo productivo": José M. Domínguez Martínez

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Comité de Dirección: Junta Directiva Fotografías: Pepe S. Ponce Lemai13 ( ) Mcamcamca ( ) Archivos: Francisco Rodríguez Guerrero Ilustraciones: Paco Aguilar Diseño: Equipo ANS nagui Impresión: CEDMA

©De los textos y fotos: sus autores Colaboran: Junta de Andalucía Diputación de Málaga Ayuntamiento de Málaga Universidad de Málaga Fundación Unicaja Empresa Pública de Turismo de Andalucía CEDMA AENA Área de Cultura de Diputación de Málaga

Depósito Legal: MA-000-2010 ISSN: 0000-0000 ©Ateneo

La Revista ANS no se hace responsable del contenido de sus artículos; ni comparte, necesariamente las opiniones en ellos expuestas.

Imagen de cubierta: Plataneamiento / Pepe S. Ponce

Número 14 Junio 2011 Revista de pensamiento y debate. Las Artes, las Letras y las Ciencias.

6 Crisis y modelo productivo Los grandes retos de la economía española

92 Artimentos El arte en Málaga. Miradas perdidas y esperanzas de porvenir. Rafael González Alvarado

98 Las negritas del Ateneo La lectura, un compromiso democrático. Rogelio Blanco Martínez

104 El nombre de la Rosa Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del neoliberalismo. Manuel Sánchez Vicioso La Industria de la vida. Alonso Quijano Codicia y estupidez. Rafael de la Fuente

114 Barco de Extrarradio Lo cotidiano, expresión de la vida misma. Barrio de la Trinidad, comienzos de los años 60. Francisco Rodríguez Guerrero

Meditorial

La Solución Se Busca –viva o muerta¡Todos contra la Grisis! Juan Ceyles Domínguez

1995 SERIE VII (MONDONGO)1. Iluminada / Paco Aguilar

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Si los interpretásemos (a ellos), tendríamos que seguirlos hasta el ﬁn del mundo, escalando con arneses y piolas sus hermosas aunque escarpadas teorías;

Trenes, barcos, aeronaves… surcan las dimensiones reales, virtuales, psicológicas… pasajeros, tripulantes, urgentes ejecutivos, turistas, gregarios y velocistas de tramo final. Oleoductos, minas de porofatos; franquicias, lobbies transnacionales de la pera y el melocotón, mujeres aprisionadas, cosquillas de la bolsa y niños acurrucados. Las facturas medioambientales continúan siendo diferidas cual orejudos conejos o marsupios; y como nubes transitan por este caleidoscopio cerebral que nos conturba. Venimos santificando -desde no hace mucho, pero suficiente- a la termodinámica como la nueva diosa a venerar (también en esta iglesia hay un cepo colocado). Tertulias sísmicas. Devastadoras coreografías siderales. La estética, que fue la gran libertadora (también la gran adiestradora), se ha convertido en una trampa (gran extendida trama de crímenes y complicidades). La repercusión: una fauna trenzada que huye del fuego despavorida.

Son tremendas las incidencias objetuales y verbales; los algoritmos decapitados por acción u omisión de los comparecientes. Las peripecias transversales y género-cionales, Los crímenes de lesa humanidad y – lo peor- chistes muy malos.

Si los interpretásemos (a ellos), tendríamos que seguirlos hasta el ﬁn del mundo, escalando con arneses y piolas sus hermosas aunque escarpadas teorías; por eso nos negamos a entenderlos: tenemos poco espíritu alpinista, tan solo queremos que nos entreguen –vivas o muertas- las soluciones.

Les pedimos a la diosa economía (con su cofia dorada y sus pezuñas de potranca) y a sus príncipes alados o emberrinchados que busquen la mejor protodefinición para que la vida regrese a la pulcra sabiduría humana y evitemos el noqueo de las últimas horas fratricidas; (toda vez que) sus esquemas flotantes vagan en la nebulosa de las perdiciones.

¡Se Buscan! ¿Quién ganará la recompensa? Pincho el disco de Dylan: Pat Garren & Willi The Kid

Estamos convencidos de que, en el fondo, los economistas son sencillos fabuladores aunque provistos de herramientas extraordinarias y vertiginosas (formulaciones entre selváticas y locus amoenus, mandalas ornamentados por descendientes directos de El Bosco, gráﬁcos como avatares: esas interminables escaleras escherianas).

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9 Presentación: el amargo despertar de un sueño 17 La crisis económica: génesis, manifestaciones y salida 22 La configuración territorial del Estado 26 La estabilidad presupuestaria en una época de inestabilidad económica 31 La sostenibilidad del Estado de bienestar 35 Crisis, globalización y políticas macroeconómicas: una reflexión sobre algunos cambios relevantes en el devenir de la política económica 40 Prioridades del gasto público 44 Los principios del ordenamiento tributario español: especial referencia al principio de sistematización 49 Los nuevos retos de la regulación económica 53 La segmentación del mercado de trabajo en España 59 Las empresas y la competitividad 63 El medio ambiente en la encrucijada de la crisis 66 Hacia una nueva arquitectura del sistema financiero 71 Bienestar y desigualdad 75 Un sistema educativo para la sociedad del conocimiento 81 Vivienda y sector inmobiliario: retos para la economía española 84 Globalización económica y competitividad 88 Nuevos ejes del crecimiento económico mundial

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2002 ARBOL Y HOJARASCA / Paco Aguilar

Crisis y modelo productivo: los grandes retos de la economía española

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1995 PEZ. Iluminada / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

Presentación: el amargo despertar de un sueño José M. Domínguez Martínez Universidad de Málaga

La pugna de los modelos económicos Fue el siglo XX una época llena de contradicciones, de enormes conquistas sociales, de continuos avances tecnológicos, de aumento sostenido de las cotas de bienestar; también, sin embargo, de frecuentes conflictos y convulsiones, causantes de inconmensurables costes humanos. Fue igualmente una centuria marcada por exacerbadas disputas ideológicas con un correlato en el terreno económico: Estado frente a mercado, liberalismo frente a intervencionismo, socialismo frente a capitalismo… Una gran parte del siglo transcurrió mientras se desencadenaba una disputa por la supremacía acerca del modelo económico-político (o, quizás más exactamente, político-económico) capaz de garantizar el mayor progreso social: el sistema socialista de planificación central, ejemplificado por la Unión Soviética, y el sistema capitalista de mercado, apoyado en la intervención estatal, representado por Estados Unidos, protagonizaron una pugna durante décadas, al tiempo que servían de inspiración, con más o menos adaptaciones o

desviaciones, a los sistemas instaurados en otros países del mundo. Mientras que el modelo capitalista, al menos en los países desarrollados, se mantuvo asociado a esquemas democráticos, el modelo socialista, que, contrariamente a las predicciones del autor de “El Capital”, sólo consiguió fraguar en economías atrasadas, lo hizo bajo un régimen de partido único. En los países occidentales desarrollados existía una democracia que podía ser adjetivada como formal, pero asimismo este epíteto era también de aplicación en la práctica al socialismo real, que tal vez tuvo éxito en suprimir las clases sociales típicas del capitalismo pero a costa de crear distinciones aberrantes entre la élite en el poder y el pueblo. La combinación de libertades políticas, incentivos económicos potentes, aumento de la productividad, desigualdades económicas suavizadas por la intervención estatal y dinamismo económico salpicado de crisis y desempleo demostró ser bastante superior a la de ausencia de libertades políticas, inexistencia de incentivos económicos, limitación de la productividad, garantía

de servicios básicos, desigualdades económicas derivadas de los aparatos de poder y estancamiento económico sin paro reconocido. La caída del Muro de Berlín en el año 1989 fue el hito que rubricó el desenlace de la disputa ideológica y económica, que, en buena medida, ha quedado sentenciada en virtud de una experiencia histórica concreta: la de un sistema capitalista que ha ido adaptándose continuamente, en parte para contrarrestar el impulso de la ola de inspiración comunista en los movimientos sociales, y la de un sistema socialista del que fueron usurpados sus principios e ideales originarios y esenciales. De manera implacable esa experiencia ha venido a demostrar que el bien supremo de la libertad no admite ningún tipo de concesiones. La euforia del éxito del modelo capitalista El derrumbe del imperio soviético abrió una nueva etapa para un capitalismo reforzado moral y empíricamente, favorecido en su evolución por la liberalización del comercio y de los movimientos

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Más mercado, menos Estado, como una poderosa consigna, a modo de receta infalible, se fue convirtiendo en estribillo de acordes universales.

internacionales del capital, la globalización, la extensión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y la apuesta por una política de estabilidad de precios -después de los nefastos años de la estanflación de la crisis de los setenta- como base para la creación de un marco de estabilidad económica favorecedor de la actividad económica y generador de renta y de empleo. En paralelo, en el mundo académico se acentuó el predominio de los economistas que propugnaban, pertrechados en sofisticados modelos matemáticos, la capacidad autocorrectora del mercado, que se erigía en una instancia capaz de asegurar los equilibrios económicos. Erradicada la amenaza que provenía del Este y con unas recetas económicas que abogaban simplemente por una confianza ciega en los mercados, el papel del Estado quedaba un tanto en entredicho. La contracción del tamaño del sector público no tardó en convertirse en un lema de moda, máxime en una situación en la que los ciclos económicos, que hasta entonces habían caracterizado la trayectoria del capitalismo, aparentaban haber desaparecido. No en vano la economía de los países avanzados parecía instalada en una senda de crecimiento sin límite.

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Por fin se había encontrado la piedra filosofal de la economía. Daba la impresión de que, acomodada en su velocidad de crucero, la economía seguía un curso imparable, gobernada por un piloto automático encarnado en la mano invisible propugnada por Adam Smith. Más mercado, menos Estado, como una poderosa consigna, a modo de receta infalible, se fue convirtiendo en estribillo de acordes universales. El milagro económico español En ese escenario de euforia, dentro del continente europeo había un país que, después de rehacerse de la crisis de comienzos de los años noventa, se instaló en una confortable senda de crecimiento, desmarcándose del resto de los países de referencia y convirtiéndose en una milagrosa maquinaria capaz de atraer a inversores ávidos de rentabilidad, en un espacio donde se había erradicado el riesgo de cambio entre las naciones integrantes de la Unión Monetaria Europea (UME). La incorporación de España, aparte del compromiso con el proyecto europeo, aportaba confianza y estabilidad internas, sin que la cesión de los poderes nacionales ligados a las políticas monetaria, presupuestaria y de tipo de cambio

pareciera representar peligro alguno. Antes al contrario, la política de tipos de interés reducidos practicada por el Banco Central Europeo, como respuesta a la situación de atonía que atenazaba a los países centrales de la Unión, asemejaba ser un maná que insuflaba combustible a la imparable locomotora hispana. La racionalidad económica dictaba que aquellos minúsculos tipos de interés estaban completamente injustificados para una economía en plena ebullición y con una tasa de inflación que llegaba incluso a superar el tipo de interés de referencia. Ante una situación de crecientes rentas disponibles, dinero abundante y barato y expectativas positivas a medio plazo, el endeudamiento era una opción lógica a escala individual, pero hubiese sido necesario articular medidas internas de carácter restrictivo para contrarrestar los excesos derivados de una variable fuera de control nacional como el tipo de interés. El regalo europeo era realmente un regalo envenenado cuyos efectos perniciosos no aflorarían hasta que ya fue demasiado tarde. Sin embargo, antes del estallido de la crisis financiera internacional, la economía española, objeto de admiración y elogio por numerosos evaluadores

internacionales, parecía estar en disposición de resolver la cuadratura del círculo económico: el empleo había superado registros históricos, a pesar de la resistencia de la tasa de paro a descender por debajo del 8%, la renta per cápita rebasaba la media de la Unión Europea, las cuentas públicas se cerraban con superávit, la inflación estaba contenida y los inversores extranjeros estaban dispuestos a seguir financiando nuestro crecimiento. Al propio tiempo, el modelo de Estado del bienestar despertaba entusiasmo, hasta tal punto de que quienes se atreviesen a plantear algunas dudas acerca de su sostenibilidad futura corrían serio peligro de ser expuestos en la picota. De igual manera, los tradicionales criterios económicos utilizados para la justificación de proyectos públicos quedaban soslayados puesto que no se precisa sujetarse a ningún corsé restrictivo cuando se nada en la abundancia. El parque inmobiliario crecía a un ritmo vertiginoso, bajo la firme convicción de que nunca se produciría una caída del precio de la vivienda en términos nominales. En un afán por conquistar nuevos mercados, engordando las cifras del balance y catapultando los beneficios, numerosas entidades de crédito se lanzaron a la apertura indiscriminada de sucursales siguiendo la estela de promociones inmobiliarias generadoras de un negocio financiero rentable que era objeto de una voraz disputa. En la vertiente del sector público, después de haber dado una vuelta de

tuerca a la política de estabilidad presupuestaria derivada de la disciplina europea, concretada en la obligación de cubrir el gasto público esencialmente con impuestos, durante tres años (de 2005 a 2008) las cuentas públicas se cerraron con superávit. Así las cosas, podría suponerse que no se había agotado el margen para que el Estado siguiera ampliando sus compromisos, fundamentalmente a través de unas administraciones autonómicas convertidas en el principal agente del gasto y del empleo público. Las cifras del PIB no dejaban lugar a dudas desde una interpretación superficial. Las voces que alertaban de las deficiencias de ese indicador, incapaz de recoger el deterioro medioambiental, la calidad de vida o la desigualdad en la distribución de la renta, eran ignoradas, como también las de quienes consideraban que no podrían sostenerse durante mucho tiempo tasas tan elevadas de incremento de las viviendas iniciadas y, mucho menos, con precios desorbitados. Más allá de perspectivas clarividentes, sí existía quizás una conciencia colectiva de que, en el fondo, el milagro español no podía durar indefinidamente ni podía continuarse con la destrucción del entorno natural. Pero casi todo el mundo, de dentro o de fuera, pensaba que el proceso se afrontaría de manera gradual. El mensaje del “aterrizaje suave” logró calar hondamente. Lo que nadie había previsto era un escenario de aquelarre globalizado. El mundo entero venía disfrutando

1995 PEZ. Iluminada (Detalle) / P. Aguilar

de una ola generalizada de prosperidad económica gracias a la actuación de unos mercados financieros integrados donde el dinero podía circular eficientemente a la búsqueda de oportunidades de inversión amparada en instrumentos novedosos. Fueron eficaces herramientas de sostén de la expansión, pero llevaban oculta la simiente de un caballo de Troya, en la forma de unos riesgos ocultos y tergiversados por las agencias internacionales encargadas de su apreciación, que cuando la larva de la crisis económica completó su metamorfosis habían infectado el sistema financiero en todo el orbe.

1995 PEZ. Iluminada (Detalle) / Paco Aguilar

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2004 HUIDA AL VACIO. Iluminada / Paco Aguilar

Las primeras señales de alerta La crisis de la hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos en la segunda mitad del año 2007 emergió como una poderosa señal de alerta en el firmamento, pero la crisis no llegó a mostrar su verdadero rostro hasta algo más de un año después, en el mes de septiembre de 2008, cuando el sistema económico mundial se situó al borde del colapso total. La mayor burbuja crediticia e inmobiliaria de la historia estalló completamente. En un movimiento pendular sin precedentes, el sistema financiero, que hasta entonces había ignorado en gran medida el riesgo intrínseco a toda actividad económica, quedó totalmente atenazado por la parálisis. La evolución negativa de la actividad económica real desató la onda expansiva del terremoto que hizo tambalear el sistema financiero. Pero son las entidades financieras las que aportan el flujo sanguíneo necesario para que se active el organismo económico. Un bucle de efectos paralizantes y nocivos empezó a instalarse abriendo un horizonte incierto en el que incluso se insinuaba una posible alteración del modelo social conocido.

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En un primer momento pudo incluso dar la impresión de que España podría capear el temporal con una relativa tranquilidad. El sistema ﬁnanciero español era uno de los más sólidos del mundo y el modelo de supervisión bancaria, catalogado como estricto y previsor, se exhibía con orgullo en un desolador panorama internacional. Además, la escasísima incidencia de la crisis de las hipotecas “subprime” en las entidades peninsulares era todo un indicio tranquilizador. Ante una coyuntura económica recesiva era lógico que repuntara la tasa de la morosidad del crédito bancario, pero nada hacía presagiar grandes peligros para la estructura del sistema ﬁnanciero. La dura vuelta a la realidad Sin embargo, el cuadro de la depauperación económica, en el que ya habían aparecido signos más que amenazantes, tenía todavía muchos que trazos que mostrar, y que no tardaron en ir ocupando, siguiendo una especie de siniestro guion, su sitio en la macabra composición pictórica. La nave de la economía española, que hasta hacía poco surcaba los mares de la abundancia, pasó a sufrir

la embestida de vientos huracanados que pusieron en tela de juicio las debilidades ocultas tras su apariencia de acorazado, abriendo enormes vías de agua y colocándola al borde del naufragio. Todo lo que hasta entonces habían sido elementos positivos que se reforzaban entre sí para tirar de la actividad, ahora exhibían un cariz muy diferente, interactuando asimismo, aunque en esta ocasión para generar consecuencias negativas que se retroalimentaban. Las manifestaciones de la crisis son bien conocidas: decrecimiento del PIB, desempleo, cierre de empresas, suspensiones de pago, quiebras, falta de liquidez, paralización del crédito, impagados, déﬁcit público, retraimiento de la inversión y del consumo, caída de la recaudación tributaria, aumento del número de familias sin perceptores de rentas laborales… Como un castillo de naipes, todo el entramado del supuesto milagro económico español se vino abajo y, en un abrir y cerrar de ojos, la marca España vio cómo su cotización se derrumbaba en los mercados internacionales; de pieza codiciada, a pieza repudiada. Los desequilibrios estructurales, que, bajo

...todo el entramado del supuesto milagro económico español se vino abajo y, en un abrir y cerrar de ojos, la marca España vio cómo su cotización se derrumbaba en los mercados internacionales;

los efectos de la anestesia de los años de bonanza económica, habían pasado desapercibidos, mostraban ahora sus auténticas garras. Un mercado de trabajo incapaz de dar una oportunidad laboral a millones de personas, especialmente a los jóvenes y a los parados de larga duración, caracterizado por una extremada segmentación entre distintos colectivos; un mercado inmobiliario con un enorme exceso de oferta de viviendas, necesitada de un largo proceso y de una apreciable disminución de sus precios nominales para poder ser absorbido; un déficit público galopante, a modo de emisario de la insostenibilidad a medio plazo de los compromisos contraídos por el sector público, agravada por las tendencias demográficas; un sector financiero asfixiado por la falta de liquidez y lastrado por un elevado peso de los créditos no recuperables, unas estructuras sobredimensionadas y un negocio apagado. Para complicar más las cosas, la posición de la política económica no era la óptima para hacer frente a una situación de semejante gravedad. De un lado, los recientes episodios de crisis han puesto de manifiesto los problemas derivados

de la asimetría patente entre una realidad económica integrada y globalizada y la existencia de unas instancias políticas ancladas en esquemas pretéritos. Por añadidura, algunos de los escasos grados de libertad propios de la soberanía estatal se habían disipado a raíz de la integración en la UME y el traspaso de funciones a las comunidades autónomas. De manera absolutamente sorprendente, los primeros planteamientos orientados a alcanzar un gran pacto entre todos los agentes económicos y sociales empiezan a alcanzar algún viso de verosimilitud en España –sin llegar ni siquiera a materializarse completamente- ¡más de tres años después del inicio de la crisis económica y financiera internacional! Las repercusiones sobre el conjunto del sistema económico son de tal envergadura que no es exagerado hablar de la finalización de una etapa del capitalismo. Actualmente estamos en una fase de transición hacia un nuevo modelo en el que es preciso revisar cuestiones clave como el perfil de los paradigmas económicos reinantes, el alcance y las condiciones de la intervención del sector público, la tipología de las relaciones en-

tre el Estado y el mercado, el papel de las organizaciones internacionales o la regulación del sistema ﬁnanciero. Todas ellas, así como sus implicaciones concretas, afectan de lleno a los ciudadanos, que en modo alguno pueden quedar al margen de su tratamiento, deﬁnición y control, ni dejar estas tareas exclusivamente en manos de los especialistas. Las dolorosas experiencias de los años recientes ponen de relieve la necesidad de extremar las cautelas ante la actitud de determinadas sectas ideológicas construidas en una fe absoluta en la ultrarracionalidad de los mercados o en quienes se empeñan en imputar los fallos de la actuación económica a unos hechos que se apartan tozudamente de sus postulados teóricos. La realidad es la que encontramos, ya con su verdadera faz, al despertar de un sueño que durante un tiempo nos transmutó a un vergel de abundancia, donde no eran precisas las reglas económicas por habernos liberados del yugo de la escasez.

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Objetivos, alcance y contenidos del número monográfico de ANS Ofrecer una visión amplia y diversificada a fin de que el ciudadano pueda reunir las claves fundamentales para poder calibrar la situación económica, tomar conciencia de los retos y vislumbrar los distintos planteamientos para encararlos es el propósito de este número de la revista “Ateneo del Nuevo Siglo”. Huyendo de dogmas y de clichés preconcebidos, la pretensión es aportar elementos e ingredientes para el debate, para estimular la reflexión. La extraordinaria amplitud de las cuestiones de interés y las limitaciones de tiempo de elaboración de contenidos y de espacio para plasmarlos obligan, naturalmente, a tener que elegir. Aun así, se ha pretendido diseñar un esquema diversificado donde tengan cabida una serie de cuestiones que se consideran esenciales. A continuación se ofrece una síntesis del sumario del número, integrado por cerca de una veintena de colaboraciones. Un estudio acerca de la crisis económica, ilustrativo de su génesis, de sus manifestaciones y de las vías para su superación constituye un punto de partida obligado, de la mano del profesor Miguel González. A lo largo de los últimos años, España ha vivido una profunda transformación de su sistema de gobierno, pasando de

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ser uno de los países más centralizados del mundo a ser uno de los más descentralizados, superando incluso a algunos dotados de un régimen federal. Evaluar la configuración territorial del Estado es el objetivo de la colaboración del profesor García Velasco. Los acontecimientos recientes en el ámbito de la Unión Europea han evidenciado la trascendencia de la posición de las finanzas públicas, como aspecto especialmente valorado por los mercados internacionales. La política de estabilidad presupuestaria, si alguna vez lo fue desde la construcción de la UME, ha dejado de ser algo retórico para convertirse en una piedra de toque fundamental. La persistencia de desequilibrios económicos plantea retos adicionales para la preservación de una ortodoxia financiera reforzada más allá de los patrones clásicos. De todo ello se ocupa en su exposición la profesora Reyes Navarro. Estrechamente conectada con el estado de salud de las cuentas públicas se encuentra la sostenibilidad del propio Estado del bienestar, que se enfrenta a enormes retos agravados por las tendencias demográficas. ¿Se muestra capaz el Estado de mantener los compromisos contraídos con los ciudadanos a través de la provisión de servicios esenciales y del otorgamiento de prestaciones para el mantenimiento de la renta? El profesor

Ignacio Amate es el encargado de introducirnos en ese escenario de debate. Como antes se ha señalado, como consecuencia de los desarrollos vividos en las últimas han cambiado radicalmente las condiciones existentes para el ejercicio de las políticas públicas. En estas coordenadas se sitúa la aportación del profesor Tomás Mancha, quien ofrece una reflexión acerca del papel de la política económica en la era de la globalización. El sector público sigue acumulando demandas de intervención en las más variadas esferas, muchas de las cuales van aparejadas a la realización de desembolsos presupuestarios. Las limitaciones existentes para encontrar fuentes de ingreso obligan, además de otras actuaciones en la vertiente de la eficiencia, a trazar prioridades para los programas de gasto público, tal y como se señala en el artículo de la profesora Nuria Rueda. Hablar de las actuaciones del sector público lleva ineludiblemente a abordar, más temprano que tarde, la vertiente de la financiación. Los impuestos y las cotizaciones sociales siguen siendo la fuente primordial que sustentan los programas de gasto. Aunque con un papel secundario, los recursos obtenidos vía tasas y precios públicos tienden a adquirir una mayor importancia. Por otro lado, aparecen nuevas figuras impositivas y el sistema fiscal está instalado en una cuasipermante reforma.

La crisis internacional ha dejado también patente la trascendencia del sistema ﬁnanciero para el funcionamiento del sistema económico.

Con la visión que le aporta su experiencia profesional en la Administración tributaria y ahora en el campo de la consultoría, Fernando Marcos repasa en su artículo los aspectos fundamentales que conciernen a la ﬁnanciación del sector público desde la perspectiva de los principios de la imposición. Aunque en ocasiones sin manifestarse explícitamente en las rúbricas de gasto público, pero siempre con gran incidencia en la actuación de los agentes privados, la regulación pública, una vez superada la creencia de que debía ir desmantelándose progresivamente, no deja de ampliar su campo de inﬂuencia. La profesora Almudena Guarnido ofrece una visión panorámica de la intervención pública de carácter regulatorio. Un apartado donde la regulación pública es especialmente relevante es el del mercado de trabajo. El drama del desempleo, que afecta a millones de personas y que, al margen del sufrimiento personal, representa una enorme rémora para el progreso económico y social, requiere, por su trascendencia, una consideración especial. Los profesores Benítez y Villena son quienes han asumido la tarea de examinar la realidad del mercado de trabajo, con sus patentes manifestaciones de desequilibrio y segmentación. La empresa ha sido tradicionalmente una pieza esencial del sistema capitalista. Sus esquemas organizativos han ido

adaptándose a lo largo del tiempo, pero su tipología en el siglo XXI sigue respondiendo a un mosaico lleno de contrastes. Su naturaleza, empero, como instrumento indispensable para la eficaz articulación de los factores productivos, no se ha alterado. Del papel de la empresa en el nuevo modelo económico se ocupa Francisco Villalba en su colaboración. Si hay alguna cuestión de alcance universal, es, sin duda alguna, la relación entre la actividad económica y el medio ambiente. Hasta ahora, inexplicablemente, los indicadores económicos fundamentales venían dando la espalda al impacto de la economía en el medio ambiente. Si la definición más extendida de economía es la que hace referencia a la administración de los recursos escasos, difícilmente pueda encontrarse otro ámbito en el que, a pesar de su extraordinaria trascendencia para el futuro de la humanidad, se haya hecho una mayor omisión del criterio económico, que, supuestamente, debe alumbrar la racionalización en el uso de los recursos, no digamos los naturales. La incorporación de la perspectiva medioambiental a este número de la revista ha recaído en el profesor Elías Melchor. La crisis internacional ha dejado también patente la trascendencia del sistema financiero para el funcionamiento del sistema económico. Las múltiples deficiencias afloradas en el sector financiero

a escala mundial han abocado ineludiblemente a la introducción de reformas con objeto de conformar una nueva arquitectura ﬁnanciera, dotada de solidez, coherencia y estabilidad, la cual es el objeto del trabajo del profesor Fernando Pampillón. Un repaso de las actuaciones económicas no puede dejar nunca de lado cómo su interacción incide ﬁnalmente en el bienestar de las personas. La desigualdad es un rasgo inherente al sistema capitalista; la pobreza, una lacra que permanece en contraste con la opulencia. El profesor Agustín Molina es quien se ocupa de aportar los principales elementos para poder valorar la situación existente en el terreno de la justicia social. El papel de la educación en la denominada sociedad del conocimiento, aun a riesgo de convertirse en un tópico, es de tal importancia que difícilmente podía quedar fuera de una revista centrada en los retos de la economía española. Victoria Galán es quien ha asumido la tarea de analizar las claves del sistema educativo en el escenario actual. Se han escrito ríos de tinta acerca del protagonismo de la vivienda y del mercado inmobiliario en la fase alcista del último ciclo económico en España y, cómo no, en la gestación de la crisis subsiguiente. El derrumbe del sector, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, ha arrastrado consigo una parte sustancial

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2010 AL LÍMITE / Paco Aguilar

del tejido productivo, en tanto que la lenta absorción del exceso de oferta ha lastrado la recuperación de la actividad. De su tendencia futura va a depender en buena medida el rumbo de la economía española, especialmente en algunas zonas con gran dependencia del sector inmobiliario. El trabajo de José Antonio Muñoz permite trazar un panorama de la situación y de las perspectivas futuras. Los cambios económicos no dejan de producirse, a veces imperceptiblemente, en todo el mundo. Numerosas fuerzas han acabado con la compartimentación económica. Hoy día el mercado es el propio mundo. No obstante la incidencia

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de internet y el avance de los medios de transporte y de comunicación, es evidente que siguen existiendo importantes ventajas derivadas de la localización física, pero, para poder permanecer en el mercado, hace falta algo más. La competitividad empresarial es el factor clave. En esta trascendental cuestión se centra el trabajo elaborado por el profesor Rafael López. Finalmente, la profesora Dolores Genaro se encarga de poner de relieve cuáles son los nuevos ejes del crecimiento económico mundial, que están provocando un desplazamiento de los centros de gravedad del sistema económico.

No quiero poner término a esta presentación sin antes expresar mi más vida gratitud a todas las personas que, de forma completamente altruista, se han brindado a colaborar en este número de la revista “Ateneo del Nuevo Siglo”, a cuyos responsables quiero asimismo agradecer la oportunidad ofrecida para utilizar este importante canal de comunicación para trasladar a la ciudadanía un compendio de elementos con los que poder aproximarse, con mirada crítica y reﬂexiva, a la realidad económica que nos circunda.

Crisis y modelo productivo

La crisis económica: génesis, manifestaciones y salida Miguel González Moreno Universidad de Granada

Aunque la presente crisis no es la primera y, por supuesto, tampoco será la última; no es fácil identificar con exactitud su origen causal, delinear con precisión sus manifestaciones más relevantes y preocupantes, y exponer con claridad las diferentes actuaciones que se han emprendido para afrontarla. Transcurridos cuatro años desde su inicio, en estos tiempos inacabables de crisis cunde el desconcierto, se extiende el desánimo, se ennegrece el futuro, en definitiva, son muchas las incógnitas y pocas las certezas. Sin embargo, contamos a estas alturas con los elementos de juicio suficientes para, desde una perspectiva introductoria y sintética, marcar los distintos tiempos analíticos de la crisis económica: los factores explicativos, los efectos más significativos y las iniciativas desplegadas para intentar superarla. El origen de una crisis hay que buscarlo en la etapa expansiva precedente; son los errores y excesos cometidos en el pasado inmediato el caldo de cultivo en el que germinan los problemas del futuro. Y siempre el terreno ha sido abonado con

nutrientes externos e internos; dejando muy claro que la apelación al ámbito exterior no debe entenderse como un argumento exculpatorio sino como la consecuencia lógica y previsible de ser una economía abierta e integrada, como así es la española. A finales del siglo pasado y en los primeros compases del actual, como es conocido, nuestro país ingresó en la Eurozona, renunciando a su divisa y política monetaria nacionales, pero no es menos cierto que accedió a un área de estabilidad cambiaria y monetaria, en la que se intensificaron los flujos de capital a unos tipos de interés históricamente muy bajos. Con estas premisas y sobre la base del crédito, y por tanto del endeudamiento, en la economía española la asignación de recursos dibujó un esquema de crecimiento económico que se asentaba sobre dos pilares: el consumo y la inversión en el sector inmobiliario. Este ha sido el patrón de crecimiento que ha prevalecido durante la década comprendida entre 1997 y 2007; ensalzado y alabado cuando lo que relucía

se creía que era oro, pero criticado y vilipendiado cuando se descubrió que debajo del noble metal lo que en verdad había era plomo. Durante diez años sólo se subrayaban las luces del modelo: un crecimiento alto, prolongado, diferencial y creador de un gran volumen de empleo, a lo cual no fue ajeno el fenómeno inmigratorio. Y se ocultaban o menospreciaban las sombras: el desequilibrio exterior y las recurrentes tensiones inflacionistas ocasionados por un consumo desorbitado; y el encarecimiento de un bien básico como la vivienda, el elevado endeudamiento y la ineficiente asignación de recursos, consecuencia del protagonismo excesivo asumido por el sector inmobiliario. Sin olvidar, al respecto, que el arco de bóveda que sostenía tanto al consumo como a la inversión inmobiliaria era el crédito abundante, accesible y con tipos a corto muy bajos. Los agentes económicos se endeudaron con los datos de que disponían a corto plazo para un período de tiempo muy largo. Mientras las luces predominaban sobre las sombras se afirmaba que la

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2008 OTROS HABITATS / Paco Aguilar

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A la altura de 2008 la crisis estaba servida. Negarla, ignorarla o menospreciarla sólo implicaría que sus manifestaciones fuesen más graves y sus posibles soluciones más costosas y dolorosas economía española se hallaba en una de sus mejores etapas, incluso llegó a creerse que no tendría fin. Pero, para quien lo quisiera ver, a la altura de 2007 las sombras comenzaron a prevalecer sobre las luces, hasta que todo se llenó de oscuridad: la crisis económica. Irrumpe en el escenario una serie de factores externos e internos. En el ámbito exterior son varios los vectores que contribuyen a la génesis, propagación y agravamiento de la crisis: el cambio de estrategia monetaria, pasándose de un dinero abundante y barato a uno escaso y caro; el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el crash financiero en Estados Unidos; y la subida vertiginosa del precio de las materias primas. Este contexto a todas luces desfavorable impacta sobre una economía, la española, en la que el esquema de crecimiento descrito emitía claras señales de agotamiento, pues la piedra angular sobre la que descansaba todo el entramado se resquebrajaba: el crédito. A partir de este instante quedaron al descubierto los numerosos puntos vulnerables de la economía española, es decir, por un lado, nuestra economía hubiese entrado en crisis aun sin problemas económicos y financieros externos; y, por otro, en el caso, como así ha ocurrido, en que se desencadenara una crisis grave, profunda e internacional, la nuestra sería de las economías más negativamente afectadas. Por el modelo de crecimiento adoptado, la economía española era muy vulnerable en tres campos: el financiero, el real y el energético. Desde la óptica financiera, era evidente que en cuanto cambiase la tendencia seguida por la cantidad y el precio del dinero, el alto riesgo concentrado

en el sector inmobiliario afectaría a la solvencia de las entidades financieras y elevaría a niveles insostenibles el endeudamiento de los diferentes agentes económicos. Desde la perspectiva real, el panorama que se observa es desolador: un sector de la construcción sobredimensionado, una industria poco competitiva y un sector servicios en el que predominan las actividades más tradicionales y menos innovadoras. Y el flanco energético tenía y tiene una extrema fragilidad ante cualquier encarecimiento del petróleo, dado que a la archiconocida dependencia exterior se le suma nuestra escasa eficiencia en el uso de la energía, pues somos uno de los países que consume más energía por unidad de producto. A la altura de 2008 la crisis estaba servida. Negarla, ignorarla o menospreciarla sólo implicaría que sus manifestaciones fuesen más graves y sus posibles soluciones más costosas y dolorosas. La mayor fragilidad de la economía española y el tiempo incomprensiblemente perdido han hecho que padezcamos la crisis con mayor intensidad y durante más tiempo que otros países. La crisis, al enquistarse, va mutando y tiene efectos muy negativos en distintos frentes. Primero, y por encima de cualquier otra consideración, la crisis ha deteriorado el mercado de trabajo, convirtiendo al paro no sólo en un problema económico de primer orden sino sobre todo en un drama social, si atendemos al volumen de desempleo existente a la altura del IV trimestre de 2010 (4.696.600 parados, lo que supone una tasa de paro del 20,33 por 100) y a las cotas que este problema alcanza en los casos de los jóvenes, los mayores de 45 años, los parados de

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larga duración o el número de hogares con todos sus miembros desempleados (1.328.000). Segundo, uno de los lastres más pesados de la crisis es el elevado endeudamiento que la falsa década dorada ha dejado como herencia, muy probablemente para varias generaciones. En la actualidad, el endeudamiento total representa el 399,5 por 100 del PIB, equivaliendo el interno al 231,5 por 100 del PIB y el contraído con el exterior al 168 por 100; y si consideramos a los agentes económicos el panorama es cuando menos preocupante: Empresas no financieras (141 por 100), Empresas financieras (108,2 por 100), Familias (86 por 100) y Administraciones Públicas (64,3 por 100). Y tercero, la crisis está erosionando los cimientos del Estado Social, y en este punto se confunde el orden de los argumentos: los derechos sociales, puesto que de eso se trata, no son los causantes de la crisis; todo hace presagiar que serán reducidos o eliminados en aras de la tranquilidad de los mercados o bien esgrimiendo, aunque no demostrando, su insostenibilidad financiera. En el caso español, por razones incomprensibles, las respuestas a la crisis y sus manifestaciones han sido tardías y desacertadas, predominando el error sobre el acierto, la rectificación sobre la seriedad, la impericia sobre la experiencia, y la ignorancia sobre el conocimiento. Hasta el momento, no se sabe muy bien por qué, en nuestro país no se ha elaborado y aplicado un programa de política económica digno de ese nombre, al estilo de los Pactos de la Moncloa o del Programa Económico a Medio Plazo de los gobiernos socialistas de la primera mitad de los 80. Bien es cierto que la presente crisis con respecto a las anteriores tiene una gran dificultad añadida: no podemos utilizar, como sí hicimos en el pasado, las políticas monetaria y cambiaria; en tanto que la fiscal y presupuestaria ha

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visto reducirse considerablemente sus grados de libertad. Estas limitaciones se conocían y se aceptaron con todas sus consecuencias desde el momento en que se decidió pertenecer a la Eurozona. Por ello, se tenía que haber sido más prudente y evitar por todos los medios incurrir en determinados problemas, pues ante ellos nuestra capacidad de respuesta es mínima. Es como si una persona sabe que bajo ningún concepto puede tomar un determinado medicamento, debería procurar a toda costa no contraer aquellas enfermedades para las que dicho medicamento está indicado. Esta severa reducción del margen de maniobra, gobierne quien gobierne, no justifica en absoluto la desorientación que se ha observado en la política económica española, y menos aún la justificación de los cambios de rumbo con el argumento peregrino de que las circunstancias económicas son muy volátiles. ¿Quién se subiría a un barco cuyo capitán no sigue un rumbo determinado sino que navega según la dirección cambiante del viento? Constituye, por tanto, una tarea complicada analizar algo que como tal no ha existido: una política económica contra la crisis. Haciendo un esfuerzo analítico podemos establecer un antes y un después al mes de mayo de 2010. Con anterioridad a esa fecha, sin haber leído una sola línea de sus escritos, se volvió a resucitar a Keynes: refundación del capitalismo, planes de inversión en el ámbito municipal, ayudas a las familias y a las empresas, etc. Se partía de un diagnóstico equivocado de la crisis, se creía que era similar a la Gran Depresión de 1929, sin advertir que no hay una crisis igual a otra, y que en la actual también se daban no pocos problemas por el lado de la oferta, como ya ocurrió en la Crisis de los 70, ante los cuales la política de incremento del gasto público es ineficaz. La desacertada política de gasto

instrumentada llevó a que se traspasara una línea roja infranqueable en el actual contexto financiero internacional: el déficit público alcanzó una cota insostenible en 2009 (11,1 por 100 del PIB), dilapidándose los superávit alcanzados en 2005 (1 por 100), 2006 (2 por 100) y 2007 (1,9 por 100). En un marco europeo de crisis de deuda (Irlanda, Grecia, Portugal) esta estrategia anticrisis, consistente en fiar la recuperación a un mero incremento del gasto público, era suicida. A partir de mayo de 2010, apremiado por los mercados y por otros gobiernos occidentales, el gobierno español, sin mayor explicación, ha vuelto a enterrar a Keynes, para seguidamente abrazar con la efusión del converso la más estricta ortodoxia económica y financiera. De manera que ahora todo el lenguaje económico se reduce a dos términos sacrosantos: ajuste y reforma. El ajuste se plasma en la adopción de una severa restricción presupuestaria y las reformas, más elocuentes que eficaces, comprenden aspectos tan esenciales como el mercado de trabajo, el gasto en pensiones y el sistema financiero. A no mucho tardar se sumarán a esta lista la sanidad, la educación, Es palpable que se está siguiendo una doble estrategia; por un lado, se está llevando a cabo una fuerte devaluación interna, mediante una drástica restricción de los componentes del gasto y, por otro lado, se está procediendo a una redimensión del Estado Social, ajustándolo al auténtico potencial de la economía española, muy alejado de la ficción vivida en la década expansiva. En este punto nos viene a la memoria aquella definición de la Economía Política que Flaubert recogió en su Diccionario de Tópicos: “Ciencia sin entrañas”. Cuando, como ahora, es difícil contemplar un futuro que mejore el presente, lo más aconsejable es mirar hacia atrás, buscando en el pasado circunstancias

parecidas a las actuales y analizar cómo las superamos. Esta mirada retrospectiva nos llevaría a la noche del 8 de julio de 1977, en la que el profesor Fuentes Quintana, recién nombrado Vicepresidente Económico del Gobierno, se dirigió al país en una memorable intervención televisiva. En este discurso, antesala de los Pactos de la Moncloa y que nuestros actuales políticos en el gobierno y en la oposición deberían ver con atención y leer con detenimiento, se proclamaron unos principios que, trasladados del pasado al presente, podrían arrojar luz en esta penumbra que nos invade: “Los problemas económicos de un país sólo pueden superarse mediante el esfuerzo y

la colaboración de todos”; “La situación de la economía española no autoriza a nadie a proponer y a prometer soluciones fáciles. Quien lo haga no construye la democracia, practica la demagogia”; “Los intereses de las clases modestas serán especialmente protegidos”; “Los problemas planteados son problemas que afectan al interés nacional y que exigen para su solución la colaboración de todos los grupos y de todos los partidos”; “Ofrecer un programa concreto de política económica, no una simple enunciación de intenciones generales, que articule un conjunto de actuaciones coherentes”. Lo vivido en otros momentos, no menos difíciles que los de ahora, aunque por

nuestra falta de decisión y por los errores cometidos pagaremos un alto coste económico y social, nos muestra y demuestra que nuestros problemas tienen solución, siempre y cuando asumamos que la superación de la crisis será muy lenta y que debe basarse en un acuerdo nacional y en un esfuerzo compartido y justamente distribuido.

2007 DISCORDANCIAS ANEXAS. Iluminada (Detalle) / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

La conﬁguración territorial del Estado Marcos García Velasco Universidad de Granada

La configuración territorial del Estado en España ha sido un reto histórico. En este sentido, la división provincial de Javier de Burgos en 1833 fue uno de los principales cambios en la configuración territorial de España que trajo la creación del Estado moderno y liberal. Sin embargo, la nueva estructura del Estado no satisfizo a todos los grupos políticos. Por el contrario, surgieron algunos partidos que solicitaban una mayor autonomía territorial que pudiera desembocar en un Estado federal, o incluso confederal. Estas posiciones alcanzaron alguna relevancia durante la I República española y tuvieron su máximo exponente en el cantonalismo y en la efímera existencia de algunos cantones, entre los que destacó el constituido en Cartagena. Con la Restauración de los Borbones en el trono de España, y con el fin de la tercera guerra carlista, se estableció un régimen administrativo y económico especial en Navarra y las provincias del País Vasco. En el resto del estado la administración era esencialmente centralista y las provincias constituían básicamente una parte de la administración central del Estado. La creación de las Diputaciones

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Provinciales durante el gobierno del general Primo de Rivera fue solamente un tímido intento de democratización y descentralización administrativa. De este modo, la II República retomó los anhelos autonomistas y los plasmó en el reconocimiento del autogobierno en Cataluña, País Vasco y Galicia. En el caso de Andalucía el proceso se quedó en meras iniciativas. La guerra civil y la posterior dictadura del general Franco significaron un retroceso en el proceso autonómico. Así, una de las principales cuestiones que se plantearon en España durante la transición de la dictadura del general Franco a la democracia fue la de transformar la organización del Estado para favorecer la democracia y la participación ciudadana a través de la concesión de autogobiernos regionales. Por ello, el artículo 2 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre todas ellas. El nuevo marco constitucional de 1978 amparó la creación de las Comunidades Autónomas (artículo 137) con el ﬁn de satisfacer dos tipos de anhelos

que confluían en sus fines, pero no en sus orígenes. Por un lado, de carácter político, el ansia de autonomía por parte de aquellas regiones que con la guerra civil habían visto cercenadas sus aspiraciones históricas. Y, por otro, de carácter económico y social, la convicción de que la descentralización administrativa podría mejorar la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos, y el interés de cada territorio en estimular y protagonizar su desarrollo económico a través de este instrumento, siguiendo las ideas de lo que se ha denominado la teoría del desarrollo endógeno que establece que este proceso sólo puede tener éxito a través del control del proceso económico y político en el que se desenvuelven; por tanto, una condición que parecía necesaria –pero no suficiente- para la salida del subdesarrollo era disponer de una gran autonomía política. Finalmente, la Constitución señalaba que la autonomía regional no debía entrar en contradicción con el principio de solidaridad entre las regiones e igualdad entre los españoles. Una vez transcurridos más de 30 años, cabe preguntarse en qué medida la nueva configuración territorial del

2007 PAISAJE DIVERGENTE / Paco Aguilar

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2007 PAISAJE DIVERGENTE (Detalle) / Paco Aguilar

Estado que surgió de la Constitución de 1978 ha respondido a estos fines para los que se creó. Desde la perspectiva político-administrativa, se han creado 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas a lo largo de un proceso en el que la asunción de competencias por cada territorio se ha realizado de forma individualizada, lo que ha dado lugar a importantes diferencias regionales en el nivel de autonomía y descentralización. Desde la perspectiva impositiva, se han distinguido dos regímenes fiscales: foral y común. El primero concede un elevado grado de autonomía financiera a las comunidades forales (Navarra y País Vasco), ya que tradicionalmente estas regiones han gestionado y recaudado los impuestos en sus respectivos territorios. Por contra, en el segundo ha sido el gobierno central el que ha realizado esas tareas en relación con los principales tributos. Este régimen ha experimentado varios cambios, evolucionando desde un sistema basado esencialmente en las transferencias de fondos desde el gobierno central, a un sistema en el que cada vez impera más la autonomía que deriva de la cesión parcial o total de los rendimientos de impuestos. Desde el prisma de las competencias, la cesión de poderes desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos también ha creado diversas categorías. La propia Constitución española distingue entre las regiones históricas, las que pueden alcanzar su autonomía con base en el artículo 151, y las del artículo 143.

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En la práctica, el proceso de descentralización se ha realizado a través de un traspaso gradual de funciones de forma prácticamente individualizada, con lo que los gobiernos autonómicos han ido aumentando sus competencias administrativas de forma desigual. Así, se advierten importantes diferencias regionales en la provisión de algunos servicios públicos en función de la administración que los proporciona. Los principales ejemplos se registran en los servicios de orden público (policía) y justicia. Estas diferencias regionales han supuesto una fuente de conflictos. Pero, además, el grado de autonomía alcanzado en algunos territorios no ha implicado que se hayan satisfecho las aspiraciones federalistas e independentistas de algunos grupos políticos, por lo que siguen manteniéndose, de forma larvada o patente, estas reivindicaciones. La complejidad de estos problemas que aparecen en diferentes niveles y manifestaciones sique planteando que la configuración territorial del Estado sigue siendo un reto y no una realidad consolidada. Por otro lado, el cumplimiento del objetivo de hacer más eficiente la provisión de los servicios públicos y mejorar la consecución de las funciones del Estado al aproximar el poder político al ciudadano con la descentralización administrativa, tampoco parece que se haya alcanzado, al menos en lo que de forma ingenua y optimista se preveía. Los aspectos que han incidido en los problemas de eficiencia del sistema autonómico han sido varios.

El primero de ellos se refiere a la relación entre el sistema de financiación regional y las competencias asumidas. El proceso de asunción de competencias sin que paralelamente se otorgara la correspondiente capacidad tributaria ha suscitado diversos problemas aún no resueltos definitivamente. En primer lugar ha impedido que las comunidades autónomas hayan podido tener un horizonte presupuestario estable. Por el contrario, el marco cambiante y adaptativo a los vaivenes políticos ha conducido en algunos casos a actitudes poco prudentes que podrían incluso clasificarse de situaciones de riesgo moral. La idea de que al final el Estado central acudiría al rescate, mediante cambios en el sistema de financiación o a través de otros medios, puede haber calado profundamente en la mente de algunos políticos (de la administración autonómica o local) y generado comportamientos poco responsables. La constatación de la existencia de elevados niveles de déficit y de deuda pública en algunas cuentas regionales no es más que una manifestación de este problema y de una nueva faceta del reto que plantea la configuración territorial del Estado; ya que no parece que pueda alcanzarse, al menos en el corto plazo, un sistema definitivo de financiación regional. La segunda cuestión que cabe plantear se refiere al problema de la confluencia de varias administraciones en la misma competencia; es decir, la duplicidad en la intervención pública. Entre los principales ejemplos pueden citarse

...el grado de autonomía alcanzado en algunos territorios no ha implicado que se hayan satisfecho las aspiraciones federalistas e independentistas de algunos grupos políticos,...

que hay entes municipales, autonómicos y estatales implicados en la política de alquiler en el mismo territorio; se replican institutos de meteorología; institutos de estadística; etc. Las razones de este desarrollo de servicios paralelos pueden ser tanto las de protagonismo político, como de pretender obtener un mejor servicio y más adaptado a las necesidades de cada territorio. Así, por un lado, la descentralización ha permitido mejorar la prestación de algunos servicios y aumentar el bienestar social; pero, también ha podido dar lugar a un derroche de recursos e ineficiencias que se manifiestan con especial gravedad en épocas de crisis y de aparición de déficit público. Además, algunas administraciones –por ejemplo algunos ayuntamientos- han asumido gastos no obligatorios que no saben cómo financiar. De ahí, la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes niveles administrativos, lo que se plantea como otro reto de la configuración territorial del Estado. Sin embargo, hay que señalar que algunos casos de ineficiencia en los servicios que prestan las administraciones territoriales no se deben a la existencia de duplicidades –como puede ser las competencias en educación y sanidad

donde la desaparición del Gobierno central a favor de la gestión autonómica es casi total-, sino a una mala gestión propia por lo que, en sociedades democráticas, lo que cabe es exigir responsabilidades a las propias autoridades y no cargar con la culpa a otras instituciones. No obstante, no se debe confundir la falta de eficiencia en la provisión de los servicios con su extensión, lo que permitiría un aumento del bienestar de la población. Por ello, hay que tener en cuenta que el acercamiento de la política a los ciudadanos –lo que puede producirse a través de los procesos de autonomía política y descentralización- puede dar lugar a que las necesidades sociales se manifiesten más claramente e induzcan a mayores gastos públicos. Finalmente, aunque a priori los principios de autonomía y solidaridad no deben ser contradictorios entre sí, lo cierto es que ha sido una fuente recurrente de conflictos en España. Entre otros episodios, cabe recordar las primeras disposiciones sobre el Fondo de Compensación Interterritorial, el sistema de incentivos regionales o la aplicación de los fondos estructurales y de cohesión. En todos esos casos, las autoridades nacionales los diseñaron inicialmente con el fin de

proporcionar financiación a las Comunidades Autónomas y a sus políticas de desarrollo territorial. Sin embargo, la confusión de ambos objetivos dio lugar a que se contradijeran entre sí. Afortunadamente, los reglamentos posteriores establecieron que esos mecanismos no debían enmarañar los fines perseguidos, sino destinarse esencialmente a mejorar la cohesión territorial –es decir, a las regiones con menor nivel de desarrollo-, en lo que cabe reconocer la intervención de las autoridades comunitarias. Desde una perspectiva económica, estas cuestiones relacionadas con la configuración territorial del Estado plantean importantes retos, ya que tienen una gran importancia desde el punto de vista presupuestario y de la actividad económico-financiera de las Administraciones Públicas. En el más inmediato de los escenarios, la respuesta a este tipo de desafíos puede tener un impacto relevante sobre la evolución del déficit y de la deuda pública en España y la salida de la situación de crisis económica. A mayor plazo, es evidente que condiciona la eficiencia y la capacidad de crecimiento de la economía española.

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Crisis y modelo productivo

La estabilidad presupuestaria en una época de inestabilidad económica Reyes Navarro Pascual UNED

Desde el punto de vista económico la valoración de la contribución de los ingresos y gastos públicos a la estabilidad macroeconómica tiene gran importancia ya que actualmente la política presupuestaria constituye el único instrumento de que disponen las autoridades nacionales para controlar la demanda agregada. En términos referidos a España, los objetivos en que se concreta la estabilidad global a partir de 1998 pasan a ser los derivados del esquema de crecimiento en una senda de estabilidad característico de la Unión Económica y Monetaria. El tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992 estableció dos exigencias fiscales para acceder a la Unión Monetaria: el déficit público – calculado conforme a unos criterios homogéneos – no debería exceder del 3 por cien del PIB, o al menos mostrar con claridad su tendencia hacia ese valor, y la tasa de endeudamiento público respecto al PIB no debería superar el 60 por cien. Con el fin de asegurar que, tras la introducción de la moneda única, los criterios de convergencia fijados en Maastricht continuaran siendo estrictamente respetados por los países que participen

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en la misma, las políticas presupuestarias nacionales deberían encuadrarse en el denominado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aprobado en la Cumbre de Amsterdam el 17 de junio de 1997. El PEC tuvo su origen en una propuesta del Ministro de finanzas alemán, Theo Waigel, en noviembre de 1995, en vísperas del Consejo Europeo de Madrid, ante la necesidad de que los Estados miembros garantizaran el cumplimiento de la disciplina. Los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento son reforzar la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas, es decir, tratar de que los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para impedir que sus políticas económicas conduzcan a déficit públicos excesivos. Evitar la vuelta a las políticas fiscales del pasado, garantizar la independencia del Banco Central Europeo (BCE), de manera que los países con déficit excesivos no le generen presiones para que adopte una política monetaria más acorde con sus intereses, y, en fin, evitar que los países, aun satisfaciendo los requisitos de convergencia, puedan

tras la entrada en la Unión Económica y Monetaria relajar sus políticas presupuestarias y afectar negativamente al conjunto de la Unión. La aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se basa principalmente en dos pilares: el principio de supervisión multilateral de las situaciones presupuestarias y el procedimiento de déficit excesivo. Con relación al primero de ellos, los Estados miembros de la zona del euro deben presentar un programa de estabilidad que contiene los objetivos de la hacienda pública a medio plazo y que se actualiza cada año. En cuanto al procedimiento de déficit excesivo se refiere, se inicia si un Estado miembro incumple el criterio de déficit público máximo, fijado en el 3% del producto interior bruto. En este contexto, en el año 2002 fue aprobada en España la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP), como instrumento que pretende reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas, disminuyendo la deuda y creando un colchón frente a una evolución presupuestaria imprevista. Mención aparte merece, y aunque sólo sea en unas pocas líneas, la Reforma

2009 ENTORNO A BABEL. Iluminada / Paco Aguilar

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobada el 22 de marzo de 2005. En efecto, los líderes de la Unión Europea aprobaron la reforma de las normas para reconstruir el dañado Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la región, haciéndose eco de las exigencias alemanas y francesas de un mayor margen de gasto público como medida para salir de los problemas económicos. Las nuevas reglas dan mayor libertad y flexibilidad a las naciones para obviar el límite en situaciones excepcionales. En el futuro, aquellos gobiernos con déficit excesivos pueden evitar sanciones temporalmente si demuestran que el gasto tiene un objetivo válido, como puede ser la financiación

de la investigación y desarrollo, la defensa, la reestructuración económica y social, la uniﬁcación europea o la ayuda internacional. Cualquier país que supere el límite del 3% tiene hasta cinco años para volver al porcentaje permitido. Instrumentos de la política presupuestaria El presupuesto público global debe colaborar a que el crecimiento económico español siga una senda de estabilidad, lo que obliga a practicar una política presupuestaria de neutralidad en circunstancias normales y a compensar la actuación económica privada, en caso de una vitalidad excesiva o insuﬁciente,

para evitar serias divergencias entre la producción efectiva de cada año y su nivel potencial, y al mismo tiempo reducir los componentes estructurales del déﬁcit público. En la práctica, la forma de valorar la adecuación de la política presupuestaria a la situación coyuntural es utilizando un conjunto de indicadores de política ﬁscal que, al corregir las variables de ingresos y gastos públicos por el efecto del ciclo económico, permite conocer la orientación de esta política, y, por tanto, la reacción de las autoridades económicas ante cambios en el entorno económico. Las principales medidas de la orientación de la política presupuestaria pueden

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El saldo presupuestario total y su evolución depende tanto de las decisiones políticas sobre ingresos y gastos públicos como de la sensibilidad del saldo al ciclo económico.

agruparse en dos grandes bloques: en primer lugar, la descomposición del saldo efectivo en los componentes automático y discrecional siguiendo el indicador de la OCDE que requiere estimaciones de las elasticidades de ingresos y gastos públicos. Indicador de gran utilidad para mostrar el grado de dificultad que tiene la reducción del déficit público. Como es sabido, el desequilibrio de las Administraciones Públicas suele descomponerse en un componente cíclico o automático, que se identifica con el derivado de los cambios automáticos en ingresos y gastos públicos causados por las partidas presupuestarias que reaccionan, sin mediar actuación pública intencional, a los cambios de ciclo económico, y un componente discrecional que habitualmente se denomina estructural, y que se identifica con la parte del saldo efectivo que permanece incluso en pleno empleo por ser independiente de la coyuntura. Sin embargo, ese concepto de lo estructural pugna con el de básico y permanente que la doctrina atribuye al mismo. Puesto que, como no todo el saldo discrecional es estructural, lo que sí cabe hacer es separar, dentro de ese componente discrecional, una parte estructural, con un sentido más estricto, de otra que podríamos denominar ocasional, que es

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aquella parte del saldo discrecional que no es estructural, es decir, no es permanente, deriva de decisiones que no implican variación ni en las normas tributarias ni en los criterios que determinan la eficiencia en la prestación de los servicios, por lo que es simplemente reflejo de decisiones administrativas cuya adopción y revocación no implican ningún esfuerzo ni legislativo ni de cambio en las raíces que determinan la estructura de gastos e ingresos públicos. En segundo lugar, la descomposición del saldo efectivo en los componentes neutral y beligerante, que tiene una pretensión más analítica de detectar el impacto sobre la coyuntura del saldo presupuestario. Se entiende por saldo neutral en un año dado el saldo acumulado que se juzga compatible con una situación real considerada como muy satisfactoria. Este saldo –de seguirse en la práctica- aseguraría que el comportamiento público no sería impedimento para que la economía se situase en un equilibrio parecido al del año base. La diferencia entre el saldo efectivo del presupuesto y el saldo neutral permitirá, ciertamente, enjuiciar el sentido de la política presupuestaria. En este último caso, el indicador utilizado es el de impulso fiscal, según metodología del FMI.

Valoración del comportamiento del sector público en una época de inestabilidad económica El creciente déficit público de la primera etapa de la recuperada democracia española comienza a experimentar un giro especialmente a partir de 1995 en línea de preparar la economía y las finanzas públicas españolas para su entrada en 1998 en la Unión Económica y Monetaria Europea. Ese proceso se culminó con éxito. El periodo 2000 – 2007 mantuvo una línea de colaboración razonable de las finanzas públicas a la estabilidad económica. El déficit presupuestario total, en porcentaje del PIB, se redujo hasta alcanzar superávit en los años 2005, 2006 y 2007. Esto fue interpretado por algunos como una medida de éxito de la política presupuestaria durante ese periodo. Esa visión optimista no es rechazable a la vista de la tradición presupuestaria española pero debería ser tomada con cautela, pues, como sabemos, el saldo presupuestario total y su evolución depende tanto de las decisiones políticas sobre ingresos y gastos públicos como de la sensibilidad del saldo al ciclo económico. La disminución del déficit público en ese periodo desempeñó, sin duda, un papel fundamental en la fase de expansión que atravesaba la economía.

Recordemos que son años en los que la contribución del sector exterior al crecimiento del PIB, aunque negativa, no fue muy elevada, la necesidad de financiación de la economía fue muy baja y las tasas de paro oscilaban entre un 9-10% de la población activa. Paralelamente, los datos reflejaban el importante descenso experimentado en el nivel de deuda pública durante el periodo considerado. Ésta decreció para el conjunto de las AAPP no sólo en porcentaje del PIB, sino también en valor nominal. Sin embargo, durante ese periodo, hay que admitir el escaso avance logrado en la reducción de los elementos más permanentes del déficit público (componente estructural), ya que, en gran medida, la consolidación se consiguió gracias a la mejora del saldo ocasional, es decir a aquellas partidas de ingresos y gastos forzadas para generar un equilibrio provisional, pero cuya vocación no es de permanencia y que lógicamente habrían de reaparecer y tampoco se debieron a cambios o reformas estructurales necesarias para que esa reducción fuera permanente. En definitiva, cambios de discutible permanencia en el futuro que constituyeron cimientos poco sólidos para anidar esperanzas en que las administraciones públicas españolas consiguieran erradicar el déficit público. Por lo tanto, existía un alto riesgo de reaparición del déficit público1 situándose en 2009 en el 11,13% del PIB y enfrentándose la economía española a una dura sanción de los mercados a la hora de buscar financiación. Las Administraciones Públicas cerrarán 2011 con un déficit de más del 6% en términos de PIB. Cabe preguntarse si esa cifra es compatible con alcanzar el objetivo del 3% en 2013 que fija el Pacto de Estabilidad. Según el indicador del Impulso Fiscal2, en el presente ejercicio las administraciones públicas españolas deberían realizar un déficit de 1,35 por 100 del

PIB, muy por debajo del que sugieren las previsiones presupuestarias. Otro aspecto es el relativo a la naturaleza más o menos permanente de la reducción lograda en el déficit público. Con un déficit del 9,3% del PIB en 2010, frente a una media del 6,8% en la UE, podemos afirmar que no sólo se trata de un desequilibrio que afecta a todas las Administraciones Públicas (excepto la Seguridad Social), sino que además su naturaleza es esencialmente estructural. En el ejercicio 2010, el componente cíclico del saldo presupuestario no llega a dos puntos del PIB y algo más de 7 puntos son de naturaleza estructural. Por tanto, hay poco avance en la reducción de los elementos más permanentes del déficit público (componente estructural) de las Administraciones Públicas, ya que el verdaderamente déficit estructural en el período 2009-2011 ha estabilizado su crecimiento, claro exponente de que no se han abordado a fondo las reformas de estructura interna, de racionalización del gasto público, que es donde encuentran su origen. Como es bien sabido, la reducción del déficit público puede abordarse con minoraciones de gasto, aumentos de ingresos, básicamente impositivos, o una combinación de ambas cosas. Hasta el momento han sido varias las medidas tomadas, como subida del IVA, eliminación de la deducción de los 400 euros en el IRPF, pero, en definitiva, insuficientes. El 3 diciembre de 2010 se aprobaron en España un paquete de medidas para fomentar la inversión y la creación de empleo. Las actuaciones incluían desde la privatización de la gestión aeroportuaria hasta rebajas fiscales a las PYMES. Más recientemente, el 24 y 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprueba en Bruselas los principios del Pacto por el Euro cuyo objetivo es fomentar la competitividad para afrontar la crisis de la deuda. El acuerdo se basa

en adoptar las medidas necesarias para impulsar la competitividad, impulsar el empleo, contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las ﬁnanzas públicas y reforzar la estabilidad ﬁnanciera. Los compromisos para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas exigen a los Estados adoptar cambios legales en todos los niveles de Gobierno. Es de esperar que la aprobación del denominado Pacto del euro, antes Pacto por la Competitividad, y las medidas aprobadas para reactivar la economía nos obliguen a afrontar con seriedad las reformas estructurales que encaucen la salida de la crisis.

(1)Teniendo en cuenta los riesgos latentes de mantenimiento en ese momento: el creciente envejecimiento de la población, el precario futuro del sistema público de pensiones, la necesidad de un gasto creciente en I+D para acelerar el potencial de crecimiento al margen de la necesaria reestructuración del gasto público actual, la pérdida de fondos estructurales y ayudas públicas europeas, la necesaria mejora de la calidad de los servicios públicos, la creciente escasez de ahorro privado, que comporta una necesidad de ﬁnanciación también en aumento, el riesgo latente de elevación de los tipos de interés, así como las cesiones o reducciones impositivas, no plenamente compensadas por avances en la lucha contra el fraude ﬁscal. (2)Tomando como base el año 2003 en que el PIB efectivo de la economía coincidió prácticamente con el PIB potencial o tendencial.

Bibliografía: Consejo Europeo (2011): “Pacto por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica en favor de la competitividad y la convergencia”. Anexo I. Navarro, R. (2007): “El presupuesto y la estabilidad económica en la democracia española”. CES, Madrid. Valle, V. (2008): “Las tres crisis de la economía española”. Cuadernos de Información Económica, nº 202. Valle, V. (2010): “Las reformas de nunca empezar”. Cuadernos de Información Económica, nº 215.

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2000 ESTRUCTURAS II / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

La sostenibilidad del Estado de bienestar Ignacio Amate Fortes Universidad de Almería

Existe un amplio consenso acerca de que fue a finales del siglo XIX, en un contexto de crecientes problemas sociales inherentes a la modernización económica, cuando empezó a gestarse el Estado de Bienestar en los países más avanzados. Así, la Alemania de Bismarck ha sido identificada tradicionalmente como el país pionero en desarrollo de la política social, al ser la primera en introducir los seguros sociales de accidentes, enfermedad y pensiones. Sin embargo, estudios empíricos más recientes han revelado que la aprobación de un marco legal de previsión social no siempre implicó avances efectivos en el bienestar de la población. En concreto, Lindert (2004) señaló que el sistema bismarckiano estuvo financiado básicamente por las contribuciones de empresarios y trabajadores y no por las transferencias estatales. Los estudios contemporáneos sobre el Estado de Bienestar moderno arrancan en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, un período marcado por la edad dorada del capitalismo acompañado de un creciente gasto social

público. Las primeras investigaciones empíricas concluyeron que el Estado de Bienestar fue fruto tanto de factores económicos como demográﬁcos (Wilensky, 1975). Por un lado, el avance de la industrialización generó nuevas demandas de gasto público al debilitarse las redes de apoyo social basadas en el parentesco y la tradición, típicas de las sociedades agrarias. Dentro de este contexto, el Estado adquirió nuevas funciones para dotar de mayor protección a una población cada vez más dependiente del salario, cuyo bienestar resultaba necesario para garantizar la disponibilidad de mano de obra y mantener el consenso dentro de la compleja sociedad urbana (Kerr et al., 1960). De otro, los procesos de crecimiento económico fueron acompañados de cambios demográﬁcos derivados de la mayor esperanza de vida y del envejecimiento de la población. Hoy en día, los países, fundamentalmente los europeos, han logrado construir una red social que implica sanidad pública universal, educación gratuita, pensiones por jubilación, viudedad,

orfandad, exclusión social, subsidios por desempleo y otras ayudas asistenciales, todo ello en función de los distintos modelos que existen. La supervivencia del Estado de Bienestar supone un gran desafío para las economías de los países desarrollados. Las políticas sociales y, con ellas, todo el ediﬁcio del Estado de Bienestar, se enfrentan en un futuro inmediato a un serio problema: su supuesta inviabilidad ﬁnanciera. España presenta un escenario preocupante para el Estado de Bienestar debido, principalmente al envejecimiento de la población, lo que hace plantearnos si es sostenible el Estado de Bienestar, ya que mantener la política social en estas condiciones va a requerir una cantidad ingente de recursos adicionales. Sin embargo, y según las proyecciones de la Comisión Europea, entre 2007 y 2050, el envejecimiento tendrá un coste adicional de 9 puntos del PIB, es decir, por cada 100 euros de renta, tendremos que dedicar 9 más que en la actualidad al Estado de Bienestar. Tal y como señala Zubiri (2010), el gasto en protección social

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alcanzará el 23,9% del PIB y, lejos de ser el más alto de la Unión Europea (UE), será sólo un punto superior al promedio. Es más, si sumáramos esos 9 puntos del PIB a los actuales niveles de gasto e impuestos, España seguiría gastando y recaudando menos que lo que hoy gastan y recaudan varios países de la UE. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos no es si el Estado de Bienestar es sostenible o no, sino si es necesario el Estado de Bienestar. Para ello, basta con analizar una serie de datos. En primer lugar, la proporción que representan las personas con ingresos por debajo del umbral de la pobreza sobre el total de la población se reduce entre 4 y 7 puntos cuando tenemos en cuenta las transferencias sociales que realiza el estado. Por otro lado, se observa que conforme aumenta el esfuerzo en gasto público social ello se traduce en una menor desigualdad de la renta. En tercer lugar, la esperanza de vida ha aumentado en los últimos 50 años desde los 69 hasta superar en la actualidad los 81 años. En este

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mismo sentido, la tasa de alfabetización ha aumentado desde el 90% a principios de los años 80 hasta el 98% de hoy en día. Todo esto nos permite defender que el Estado de Bienestar, que tanto esfuerzo ha supuesto su implantación, ha mostrado su eficacia a la hora de combatir la pobreza y la desigualdad, y que el crecimiento económico se haya traducido en una mayor igualdad de oportunidades y una mayor bienestar social para todos. Así pues, si el Estado de Bienestar es sostenible y es necesario, ¿por qué tantas organizaciones supranacionales (OCDE, FMI, UE) piden a España que lo reduzca? La respuesta redica en que estas instituciones están influenciadas por la ideología neoliberal que cree en el libre mercado, el equilibrio presupuestario permanente, que los impuestos son perjudiciales para el crecimiento y que la sostenibilidad obtenida a través de la reducción del gasto es mejor que a través de un incremento de los ingresos fiscales. La crisis actual ha sido fruto de estas posturas neoliberales. El fuerte incremento

en la desigualdad de la renta generado en las últimas tres décadas es una de las causas que ha llevado al mundo a la situación en la que nos encontramos. Los grandes beneficios generados por la globalización han ido a parar a unas pocas manos y, lejos de crear la riqueza de las naciones, han aumentado la riqueza de una minoría hundiendo al resto de la humanidad en el desempleo y la miseria o, con suerte, en un trabajo precario bajo un salario de subsistencia. Sin embargo, esta crisis de la economía capitalista, esta crisis de las posturas neoliberales ha supuesto un mayor fortalecimiento de sus tesis, y, una vez que solicitaron y recibieron la ayuda estatal, no han tardado en utilizar la crisis para justificar la reducción del Estado de Bienestar, en particular de las pensiones. Sin embargo, la relación entre reducir el déficit actual y bajar las pensiones que se pagarán dentro de 20 años es más que dudosa. En cualquier caso, es importante destacar que buena parte del déficit público español actual se debe a una caída en los ingresos

La supervivencia del Estado de Bienestar supone un gran desafío para las economías de los países desarrollados. Las políticas sociales y, con ellas, todo el ediﬁcio del Estado de Bienestar, se enfrentan en un futuro inmediato a un serio problema: su supuesta inviabilidad ﬁnanciera.

públicos, algo que ha ocurrido en toda la UE, aunque en España han caído seis veces más que en el promedio de la UE. Esta disminución de los ingresos se ha debido a que se ha recaudado menos, y esta menor recaudación se ha acentuado por las reformas fiscales recientes, tales como la eliminación del impuesto sobre el patrimonio o las rebajas en el IRPF y Sociedades, y por no luchar suficientemente contra el fraude y la evasión fiscal. De este modo, como el Estado de Bienestar va a suponer un mayor esfuerzo en el gasto social, ello sólo se podrá mantener subiendo los impuestos. Si no se suben, estamos abocados a una sociedad envejecida, empobrecida y menos protegida. Las pensiones tendrían que bajar, las prestaciones de la Sanidad serían menores o se tendría que buscar fórmulas alternativas como el copago, y la Ley de Dependencia tendría serios problemas de aplicación. Por ello, se deben aumentar los impuestos y que la sociedad lo acepte, con lo que, por un lado, se debe reevaluar la justificación de cier-

tos gastos, reorganizar el sector público y establecer mecanismos de cotrol de la eficacia de los resultados, y, por otro, realizar una reforma fiscal que haga que tributen aquellos que bien por fraude o por las exenciones y bonificaciones no contribuyen según su capacidad económica. Esto implicaría reformar los impuestos directos, crear nuevos impuestos (sobre entidades financieras y patrimonio) y reformar la inspección. Los detractores de los aumentos impositivos, defienden que los impuestos ralentizan el crecimiento y generan deslocalizaciones por parte de los que más tienen. Sin embargo, estas tesis infravaloran los efectos expansivos del gasto público y sobreestiman la reacción de los agentes económicos ante subidas en los impuestos. Por lo tanto, el Estado de Bienestar es necesario y es sostenible si la sociedad está dispuesta a pagar en impuestos el coste adicional que va a suponer el envejecimiento de la población, pero que no va a resultar muy gravoso. Este aumento

de impuestos sólo será asumible socialmente si se racionalizan las prestaciones y la gestión del gasto, y si se establece un sistema ﬁscal justo que trate por igual, tanto a ricos y pobres, tanto a las rentas del capital como del trabajo y que luche de forma efectiva contra el fraude. El esfuerzo merece la pena.

Bibliografía: Kerr, C., Dunlop, J., Harbison, F. & Myers, C. (1960). Industrialism and industrial man. New York: Oxford University Press. Lindert, P. H. (2004). Growing public. social spending and economic growth since the Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press. Wilensky, H. L. (1975). The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Zubiri, I. (2010). Bienestar sostenible, Diario Público (26/07/2010) http://blogs.publico.es/dominiopublico/2182/ una-lectura-politica-de-la-sentencia-delestatut/

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2007 DE-CONSTRUCCIÓN I. Iluminada / Paco Aguilar

Crisis y modelo productivo

Crisis, globalización y políticas macroeconómicas: una reﬂexión sobre algunos cambios relevantes en el devenir de la política económica Tomás Mancha Navarro Instituto de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá de Henares

La crisis económica iniciada bajo la forma de crisis ﬁnanciera en 2007 en Estados Unidos no sólo ha provocado un amplio conjunto de efectos negativos para la mayoría de países en el mundo, aunque curiosamente los más desarrollados son también los más afectados, sino que también, aparte de ser la primera crisis de un mundo económicamente globalizado, ha cambiado claramente el devenir que la política económica venía manteniendo hasta ese momento. No me voy a detener en el análisis de estos problemas en lo relativo a su génesis; posibles culpables; ni los detalles de las respuestas planteadas por los gobiernos de los países afectados por la crisis económica. Por el contrario, mi atención va a centrarse en la realización de un ejercicio de reﬂexión, tomando en consideración buena parte de la am-

plia literatura ya existente sobre la crisis, acerca de si estamos en el resurgir de una forma de intervención pública, por la vía de una política ﬁscal enormemente activa que había caído claramente en desuso, e incluso en descrédito, en los últimos treinta años y una política monetaria claramente acomodada a la anterior. Es decir, en un proceso de inversión del funcionamiento de las políticas macroeconómicas a lo largo del período 1980-2007. En otros términos, el punto central de esta reﬂexión es plantear si estamos, como muchas veces sucede en los procesos de crisis, en el inicio de un cambio en los modos de actuación de la política económica, con una vuelta al patrón imperante en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado debidamente adaptado a un contexto económico mucho más interna-

cionalizado; o si, por el contrario, estamos simplemente asistiendo a una respuesta coyuntural ante una degradación de la situación económica que requería una intervención pública excepcional como la que se ha producido en 2009 y 2010. Es decir, un fortísimo incremento del gasto público, con la consecuente necesidad de emitir importantes cantidades de deuda pública; conjuntamente con una relajada política monetaria que trata de mejorar la liquidez del sistema a base de mantener tasas de interés extremadamente bajas, próximas a cero. Los aspectos básicos del paradigma neoclásico y su inﬂuencia en la política económica No puede entenderse buena parte de los hechos acaecidos en estos últimos meses sin hablar de dónde ha estado

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situado el mainstream de la macroeconomía en los últimos treinta años. Lo anterior supone poner de manifiesto que la denominada corriente neoclásica ha dominado el panorama intelectual junto con la escuela de los nuevos keynesianos (new keynesians), aunque ésta situada un peldaño por debajo de la primera. En el fondo, pese a sus aparentes diferencias, han acabado compartiendo tres elementos básicos interrelacionados como claves del modus operandi de la política económica en estos casi seis lustros: la denominada hipótesis de expectativas racionales; la teoría del ciclo económico real; y la teoría de los mercados financieros eficientes. Lucas, premio Nobel de Economía en 1995, Sargent y Wallace, entre otros, desarrollaron la hipótesis de expectativas racionales, según la cual todos los agentes económicos toman sus decisiones de forma racional porque tienen información perfecta acerca de lo que va a suceder en el futuro. Ello implica que, dado que los salarios y precios son completamente flexibles, se ajustan perfectamente (equilibrio continuo de los mercados) y nunca puede producirse un desempleo persistente (admiten, no obstante, la existencia de una tasa de paro natural irreductible). Es más, cualquier intento del gobierno por intentar con actuaciones macroeconómicas alterar este equilibrio, para supuestamente mejorarlo, sería completamente inocuo e ineficaz. La diferencia entre neoclásicos y nuevos keynesianos es que estos últimos al admitir la posibilidad de información imperfecta (Stiglitz) reconocen que la política económica puede tener efectos reales y mejorar esa supuesta óptima posición de equilibrio, por ejemplo en el mercado de trabajo. Los defensores del ciclo económico real, con Lucas también a la cabeza, aceptan la posición límite de las expectativas racionales de que la demanda

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iguala siempre a la oferta. Por ello, la explicación de la aparición de los ciclos sólo puede admitirse ante la existencia de información imperfecta y porque los precios esperados resulten distintos de los reales. Es decir, los ciclos no aparecen como consecuencia de que la economía se desvíe de su nivel óptimo de producción, sino porque se originan fluctuaciones en el propio nivel de producción óptimo. De ahí, se desprende para estos economistas que las recesiones o los auges constituyan simples reacciones eficientes a los cambios en el entorno económico real que acaban corrigiéndose sin intervención pública. La teoría de los mercados financieros eficientes asume que lo que se conoce no es lo que ocurrirá con certeza, sino el riesgo de que ocurra, que es consecuentemente medible a través de refina-

2000 ESTRUCTURAS I (Detalle) / Paco Aguilar

dos análisis matemáticos aplicados sobre la propia información que suministran los mercados sobre precios y cantidades comercializadas; y en los que la noción de normalidad (distribución normal con forma de campana) es la clave de las estimaciones que se realizan. Si la predicción falla, como ha sucedido en esta crisis, es porque los datos son limitados, mala información, pero no porque los mercados hayan dejado de ser eﬁcientes. Es decir, los mercados se conciben como una institución no solo todopoderosa, sino también perfecta conocedora e interpretadora de todo lo que sucede, pero muy especialmente de las decisiones de política macroeconómica que toman los gobiernos, las cuales afectan al estado de los equilibrios básicos de la economía sólo en el corto plazo. Por eso, como pusieron de maniﬁesto Pers-

son y Tabellini (2000), la eficacia de la política económica reposa, más que en su buen diseño o en su viabilidad, en su credibilidad por parte de los mercados1. La influencia de esta forma de concebir la economía ha supuesto para la política macroeconómica real a lo largo de los últimos treinta años una preeminencia de la política monetaria sobre la fiscal, porque el objetivo macroeconómico fundamental de las actuaciones públicas era la estabilidad de los precios y para este fin la política monetaria se bastaba y sobraba a través del establecimiento de una regla monetaria y de bancos centrales independientes que garantizasen su logro. La política fiscal quedaba relegada a un papel pasivo y a un retorno a la vieja ortodoxia clásica de un presupuesto equilibrado y una relación deuda/PIB estable y situada en niveles bajos que evitaban los temidos, por indeseados y perversos, efectos crowding-out (desplazamiento de la inversión privada). Crisis y política económica: algunos cambios relevantes Con la llegada de la crisis entiendo que a través de un proceso improvisado pero no exento de cierto gregarismo ante la magnitud de los problemas y la necesidad de acertar o equivocarse igual que el vecino, se ha producido en un lapso de tiempo relativamente corto un profundo cambio en la orientación de las políticas macroeconómicas, especialmente en la política fiscal que ha acabado convertida en una política clave con un rol activo de cara a de evitar que la economía mundial entrase en una gran depresión. De hecho, existe un amplio consenso en admitir que los planes de estímulo fiscal puestos en marcha desde 2008, con un incremento en 2009 y un mantenimiento en 2010, constituyen la mayor respuesta fiscal de la historia económica mundial (ver cuadro 1), quizás porque la experiencia de la crisis de 1929 no

Cuadro 1. Planes de estímulo ﬁscal en el G-7 (en % del PIB) Fuente: FMIl

quería verse repetida, aunque aún no todo el mundo se ponga de acuerdo en el origen de ésta. Con todo, este contexto de cambios también afectó al ámbito de la política monetaria y financiera en una línea muy contraria a la ortodoxia vigente hasta la crisis, no sólo por los planes de recapitalización puestos en marcha en más de un país (Holanda o el Reino Unido son dos buenos ejemplos, sin desdeñar el caso de Estados Unidos) por gobiernos de distinto signo político, pero que trataban de establecer un “cortafuego de emergencia” y que en el fondo no eran más que procesos de nacionalización encubiertos; sino también con el establecimiento de seguros de depósitos ampliados en su cuantía, también muy a la contra del paradigma económico imperante que situaba como problema central el riesgo moral (moral hazard) y alertaba sobre los peligros de la existencia de mecanismos de seguridad en los sistemas financieros. La pregunta pertinente es si en este estado de cosas caminamos hacia una reorientación de la política económica como resultado de la crisis, o si por el contrario vivimos simplemente un proceso de ajuste coyuntural; y que evitada la depresión económica y restablecida la normalidad puede volverse a la vigencia del paradigma neoclásico y al rol preestablecido de la fortaleza de los mercados y del papel subsidiario de las políticas macroeconómicas respecto a estos, con algunos reajustes pero con preeminencia en todo caso de las actuaciones monetarias sobre las fiscales.

Tal vez esté fuera de contexto hablar de una vuelta del keynesianismo en su expresión más convencional de gestión de la demanda, pero no desde luego en lo que tiene que ver con el uso de modelos basados en la incertidumbre, o incluso en comportamientos patológicos. Es evidente que la urgencia de combatir la posibilidad de una depresión ha hecho olvidar las propuestas de autolimitación de los policy makers. De las reglas que estaban vigentes, no ya las monetarias sino sobre todo las fiscales, parece haberse superado ya esa etapa de euforia en la que se abandonaron y se sustituyeron por “el todo vale” en la búsqueda de evitar la caída en una profunda recesión. De hecho, existen sólidos argumentos para seguir defendiendo la validez de las reglas en la medida en que introducen ciertas dosis de sensatez a las actuaciones de política económica. Baste simplemente referir que el mantenimiento por plazos de tiempo largos de los elevados déficit fiscales alcanzados en muchos países -con cifras de dos dígitos- es insostenible, por lo que cuando su reducción se convierta en una prioridad de política económica –como lo es ya para los países miembros de la Unión Monetaria Europea- será necesario reintroducir la rigurosidad de las reglas fiscales, pero dando márgenes de flexibilidad para poder actuar con mayor discrecionalidad en tiempos críticos. De alguna manera la propia emergencia derivada de la amenaza de profunda depresión se ha acabado rompiendo con la máxima vigente desde los años 80 del siglo pasado

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Quizás la gran enseñanza de lo acaecido en estos últimos años se resuma en ese viejo refrán castellano que apunta que más vale prevenir que curar; especialmente porque la capacidad predictiva de la economía todavía se demuestra muy limitada.

de que las reglas son mejores que las actuaciones discrecionales en el funcionamiento de la política económico: “rules better than discretion”. En cualquier caso, dos claras enseñanzas pueden sacarse del papel central contracíclico que la política fiscal ha jugado en estos últimos tres años como consecuencia del impacto de la crisis económica. Primera, que su papel ascendente viene claramente motivado por la clara insuficiencia de la política monetaria para estimular la economía a la velocidad y con la intensidad necesaria. Segunda, que la propia duración estimada para la crisis hace imprescindible su uso si se quiere conseguir una recuperación clara y rápida de la demanda agregada. A modo de epílogo La crisis económica desatada en 2007 ha puesto de manifiesto que los elementos claves del paradigma neoclásico, especialmente la ultrarracionalidad de los agentes económicos y la eficiencia de los mercados financieros, pueden considerarse como parte de una especie de quimera que se ha visto rota bruscamente. En este contexto, la política económica ha experimentado algunos cambios sustanciales en relación con los parámetros de su funcionamiento que es probable acaben dejando una huella importante en la misma.

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En cualquier caso, si bien el sesgo keynesiano viene presidiendo buena parte de las acciones de la política fiscal, muchos apuntan que incluso puede hablarse de una sobreactuación de la misma, además de su carácter generalizado en todo el mundo para evitar –como parece haberse conseguido- la caída en una profunda depresión, lo razonable es que esta vía de actuación se paralice una vez recuperada la senda del crecimiento. Arias (2009) ya señaló la naturaleza de los cambios más importantes de la política económica derivados de esta situación de crisis económica, circunscribiéndolos a los siguientes ámbitos: los criterios de validación de políticas (con un peso mucho menor de la evaluación de mercado); la definición de nuevos equilibrios en el dilema entre reglas y discrecionalidad; la consideración menos restrictiva de las ganancias de reputación; la distribución de capacidad de decisión entre niveles de gobierno; y, la reconsideración del trade off entre eficiencia y legitimación democrática, ignorado por los economistas durante décadas2. En definitiva, la aparición de una crisis económica como la sobrevenida en 2007 ha puesto de nuevo en un primer plano a la “vieja y arrinconada” política fiscal activa de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, pero, como puede comprobarse en la ya amplia literatura

existente, no es previsible para un futuro inmediato su mantenimiento en estos términos más que por un período limitado, existiendo un amplio consenso en que cuando la economía acabe saliendo de esta situación (léase el peligro de una gran depresión se aleje) se retorne a un funcionamiento de la misma basado en reglas ﬁscales prudentes pero más ﬂexibles que las del pasado inmediato. Quizás la gran enseñanza de lo acaecido en estos últimos años se resuma en ese viejo refrán castellano que apunta que más vale prevenir que curar; especialmente porque la capacidad predictiva de la economía todavía se demuestra muy limitada y siempre puede acabar surgiendo lo que Nassim Taleb (2008) ha denominado un cisne negro (léase suceso raro y extremo que resulta de improbable aparición, pero que genera un gran impacto cuando sucede) que nos eche todo a perder3.

(1) Persson y Tabellini (2000): Political Economics. Explaining Economic Policy, The MIT Press, Cambridge-Mass. (2) Arias (2009): “La crisis de 2008 y la naturaleza de la política económica”. Documento de Trabajo nº 4 del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. (3) Nasim Taleb (2008): El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable. Círculo de Lectores. Barcelona.

2010 INSECTO PALO / Paco Aguilar

Crisis y modelo productivo

2007 LA GRAN TRAVESÍA. Iluminada (Detalle) / Paco Aguilar

Prioridades del gasto público Nuria Rueda López Universidad CEU-San Pablo

1. Introducción. Desde el inicio de la crisis económica internacional en 2008, se ha disparado el gasto público como consecuencia de las demandas sociales y de las series diﬁcultades atravesadas por determinados colectivos, siendo los protagonistas de este gasto el destinado al pago de los subsidios de desempleo y las ayudas a las empresas. Estas partidas de gasto, junto con las destinadas a la educación, la sanidad y la asistencia y seguridad social, tradicionalmente han absorbido un elevado porcentaje de los recursos públicos, ya que son los pilares básicos del Estado del bienestar, del que hemos podido disfrutar los ciudadanos de la mayoría de los países desarrollados.

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En los últimos años, el elevado crecimiento del gasto experimentado ha puesto en jaque la sostenibilidad de las ﬁnanzas públicas en España, entre otros países. Por ello, resulta clave la consecución del saneamiento de nuestras cuentas públicas pero sin perder de vista cuáles deben ser las prioridades del gasto público. 2. El bienestar social como prioridad del gasto público. Tradicionalmente, la prioridad básica del gasto público se ha traducido en garantizar un nivel y calidad de vida suﬁciente a todos los ciudadanos dentro del denominado Estado del bienestar. Las políticas de bienestar social consisten en aplicar las medidas desarrolladas por

el sector público con el objetivo de proveer y producir bienes y servicios sociales para mejorar las condiciones materiales de vida de los individuos así como para aumentar su calidad de vida. Por ejemplo, este es el principal ﬁn del gasto de las Administraciones Públicas (AAPP) en sanidad, seguridad social, educación, vivienda, protección social y promoción social, urbanismo, ordenación del territorio, ocio, cultura y protección del medio ambiente, entre otros. La cobertura de las políticas de bienestar social no está totalmente limitada ni es homogénea en todos los países, sino que ésta va ampliándose conforme éstos van superando determinadas cotas de desarrollo económico (por ejemplo, la protección del medio ambiente es una

de las últimas incorporaciones a este tipo de políticas que en concreto pretende reducir los efectos adversos de una de las consecuencias del desarrollo económico: la contaminación). Además de las políticas de gasto anteriores, también pueden considerarse políticas de bienestar social aquellas que se dirigen a regular la provisión de bienes y servicios y las condiciones de trabajo. Sin embargo, el mantenimiento del Estado del bienestar deber ser compatible con el desarrollo de las tres funciones que tiene asignadas el sector público en cualquier economía; a saber: asignación eficiente de los recursos; redistribución de la renta; y estabilidad y crecimiento económico. La primera de estas funciones exige que los recursos públicos se empleen de un modo eficiente o racional, evitando tanto el despilfarro como la mala gestión del mismo. La eficiencia en el gasto exige, por tanto, obtener el máximo de producción a partir de un nivel dado de recursos o, a la inversa, minimizar los recursos consumidos para obtener una determinada producción1. En efecto, el gasto público en el que se incurre para la producción de los servicios públicos que reciben los ciudadanos no es ilimitado. El conjunto del gasto público se financia con el total de los ingresos públicos, y que proceden fundamentalmente del pago de los impuestos por parte del sector privado. Precisamente, cuando los ingresos superan los gastos de las AAPP se genera un superávit público (o capacidad de financiación) y cuando los gastos son inferiores a los ingresos se registra déficit público (o necesidad de financiación). En este punto, debe tenerse presente que los países de la Unión Europea (UE) deben procurar registrar superávit públicos y, en caso de incurrir en déficit público, éste no puede superar ciertos límites, ya que en caso contrario podría crear

tensiones en la economía nacional. Precisamente, para evitar estas situaciones más adversas, los países que pertenecen a la UE mediante el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se comprometen a intentar mantener el dato del déﬁcit público por debajo del 3 por ciento del PIB y la deuda pública por debajo del 60 por ciento del PIB. A corto plazo, según este pacto, España tiene la obligación de situar el déﬁcit público en el 3 por ciento del PIB en el año 2013. Para ello se ha establecido una senda de reducción que pasa por situar este saldo negativo en el 6 y 4,4 por ciento en 2011 y 2012, respectivamente. En segundo lugar, las principales medidas para redistribuir la renta de una forma equitativa se articulan precisamente a través del gasto público; en concreto, mediante la producción y/o provisión de bienes preferentes (bienes o servicios imprescindibles para el desarrollo del individuo y que el sector público obliga a consumir en cantidades incluso superiores a las preferencias personales; por ejemplo la educación, la vivienda, etc.) y las prestaciones económicas. Para facilitar el consumo de los bienes preferentes, el sector público en algunos casos provee gratuitamente este tipo de bienes o servicios (por ejemplo, educación primaria y sanidad). En otros, el sector público reduce su precio en el mercado mediante una serie de medidas directas o indirectas como son las ayudas o transferencias de renta que concede directamente a los consumidores que se encuentran en una situación desfavorable socioeconómica; las subvenciones a los productores públicos o privados de dichos bienes o servicios para que rebajen el precio de venta; y las deducciones en los impuestos de los contribuyentes por los gastos que realice el individuo en dichos bienes y servicios preferentes (este es el caso de las deducciones que se puede practicar el contribuyente en

el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) por los gastos que haya realizado en la adquisición de su vivienda habitual, y que recientemente ha visto reducido el público objetivo de la misma). Otro tipo de políticas en este ámbito consisten en entregar a los individuos menos favorecidos transferencias monetarias (o transferencias de renta) que les permitan alcanzar un nivel de vida digno son las denominadas prestaciones económicas. Dentro de las prestaciones económicas se incluyen los programas de sustitución de rentas que comprenden todas aquellas prestaciones destinadas a sustituir las rentas del trabajo que deja de percibir un sujeto por razones no imputables al mismo (vejez, desempleo, enfermedad, etc ) y que se caracterizan porque exigen haber realizado unos pagos previos al sector público, las cotizaciones sociales. Un segundo grupo está constituido por los programas dirigidos a la reducción de la pobreza, que se canalizan mediante la entrega de una renta de subsistencia por parte del sector público que les permita salir de la pobreza y, a diferencia de los programas anteriores, no se exigen cotizaciones previas como requisito para su percepción. Este es el caso de las pensiones no contributivas, la ayuda familiar y los programas de lucha contra la pobreza. En tercer lugar, el gasto público debe favorecer la estabilidad y, el crecimiento económico; es decir, garantizar un nivel aceptable de estabilidad en las principales variables macroeconómicas y ayudar a la consecución de tasas de crecimiento y desarrollo que contribuyan al bienestar social. En este sentido, los países miembros de la UE, desde la ﬁrma del PEC en diciembre de 1996, se comprometen a mantener unas ﬁnanzas públicas saneadas que eviten gastos públicos excesivos para garantizar unas condiciones económicas estables necesarias para un

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crecimiento sostenible. Sin embargo, desde el inicio de la crisis económica internacional en 2008 se ha dificultado seriamente en gran parte de estos Estados el cumplimiento del mismo por las situaciones excepcionales planteadas por la coyuntura económica. 3. Las prioridades del gasto público en 2011 Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 detallan los ajustes del gasto necesarios para conseguir una reducción del déficit público en consonancia con los compromisos del PEC. En este sentido, resulta indispensable en 2011 situarlo en el 6 por ciento del PIB, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal adoptada por el Gobierno, y a la que se ha aludido en párrafos anteriores. Por otro lado, los PGE 2011 se han diseñado con un segundo objetivo fundamental, que es favorecer la mejora de la competitividad de nuestra economía, colaborando así con la recuperación económica y la tan necesaria creación de empleo. La reducción del déficit público debe ser compatible con las políticas encaminadas a la recuperación del crecimiento económico. La vía de afrontar ambos restos consiste en poner en marcha reformas estructurales para lograr consolidar la reorientación de nuestro modelo productivo hacia un patrón más sostenible. Así, es necesario seguir avanzando en las reformas estructurales ya iniciadas en el mercado de trabajo, en el sistema financiero y en los sectores de servicios y energía, siendo deseable el máximo consenso entre los agentes implicados. Esta austeridad en el gasto exigida no impide que el Estado siga destinando importantes recursos a mantener la cohesión social del país, así como a políticas orientadas a la modernización de nuestra estructura productiva. Así, entre

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las prioridades de gasto público de los PGE 2011, como en años anteriores, siguen encontrándose la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), educación y la inversión en infraestructuras. Mediante la política científica y tecnológica, los PGE 2011 contribuyen con el objetivo de aproximarnos a un crecimiento más equilibrado a largo plazo. Por ello, a pesar de los importantes recortes de gasto, el sector público va a seguir realizando un notable esfuerzo en inversión en I+D+i civil, siendo ésta una de las políticas públicas que experimentan un menor tijeretazo. La educación es un gasto prioritario clásico en el escenario presupuestario, al tratarse de un elemento clave de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades. Por ello, a pesar de tratarse de una competencia cuya gestión está transferida a las Comunidades Autónomas (CCAA), en 2011 esta política sigue absorbiendo importantes recursos del Estado que se aplican a través de los Programas de Cooperación Territorial, enmarcados en el Plan de Acción Inmediata en Materia Educativa 20102011. En el terreno de las becas, los medios dotados en 2011 crecen ligeramente respecto al ejercicio anterior y se sigue impulsando el programa préstamos-renta universidad a largo plazo para estudiantes que no pueden acceder a una beca. La política de infraestructuras, en la que destacan la inversión en ferrocarriles y en carreteras, también se ha visto afectada por el objetivo de reducción del déficit público, lo que obliga a mejorar la eficacia y eficiencia en la inversión en el ejercicio 2011. En la parcela de las inversiones en infraestructuras del transporte, en febrero de 2010 se presentó el Plan de Eficiencia, que persigue la reducción de los costes de construcción y la mejora de la gestión. Adicionalmente, el Plan Extraordinario de Infraestruc-

turas, presentado en abril de 2010, facilita la iniciativa conjunta del sector público y privado para reactivar la economía y el empleo. Las políticas de gasto anteriores, junto con las reformas estructurales anteriormente subrayadas, son los cimientos para potenciar el crecimiento de nuestra economía. Adicionalmente, y como consecuencia de los nefastos efectos de la crisis económica, estos presupuestos dedican una especial atención al gasto social, en concreto a las prestaciones por desempleo. En efecto, para paliar los efectos nocivos de la actual crisis económica, se siguen destinando importantes recursos al pago de las prestaciones por desempleo y se potencian las políticas activas de empleo. Destaca la política de bonificaciones a la contratación, cuyos incentivos se dirigen a estimular el empleo de ciertos colectivos como son los jóvenes con especiales problemas de empleabilidad y trabajadores mayores de 45 años, además de mantener las bonificaciones para personas con discapacidad, jóvenes autónomos, víctimas de violencia de género y personas en riesgo de exclusión, entre otras. Paralelamente, y como sigue siendo habitual en nuestro presupuesto, en 2011 el apoyo a los ciudadanos en situación de dependencia y el gasto en pensiones captan un importante volumen de recursos, compensando así las menores posibilidades de generar ingresos de los ciudadanos en estas circunstancias. 4. Conclusiones Según el avance de los datos de ejecución presupuestaria presentados por la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el pasado 1 de marzo de 2011, las AAPP españolas cumplieron en 2010 el objetivo de reducción del déficit previsto en la senda de consolidación fiscal tras cerrar el ejercicio con un déficit público del 9,24 por ciento

2007 ANOCHECIDA. Iluminada / Paco Aguilar

del PIB, ligeramente inferior al 9,3 por ciento previsto inicialmente. En este escenario, la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible, recientemente aprobada, insiste en su artículo 32, en que todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad presupuestaria de las ﬁnanzas públicas, entendida como la capacidad para ﬁnanciar los compromisos de gasto presentes y futuros; y presenta en el artículo 34 el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado. En consecuencia, aunque se ha experimentado un importante avance, todavía queda un camino por recorrer en este proceso de mejorar el saldo presupuestario, en el que no debemos olvidar la cobertura de las principales necesidades sociales a las que se ha atendido habitualmente desde las arcas públicas en la mayor parte del mundo desarrollado. Por tanto, la cuestión es ¿cómo conjugar el no deterioro del Estado del

bienestar y el saneamiento de las cuentas públicas? La mejora de la eﬁciencia pública nos da la respuesta. Así, introduciendo una mayor racionalidad en el gasto público, eliminando ineﬁciencias se facilitaría el mantenimiento de estas políticas de bienestar, sin sobrepasar las líneas rojas marcadas por la disciplina presupuestaria y sin elevar las cotas de exclusión social.

Bibliografía Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de Marzo de 2011). Ministerio de Economía y Hacienda (2010): Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2011, www.meh.es Rueda, N. (2010): “La contención del Gasto Público: ¿Es precisa sólo en épocas de crisis económica?”, Conferencia impartida en el Seminario sobre el Control del gasto en contextos de austeridad: Una oportunidad para la eﬁciencia, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Mayo de 2010. Sevilla.

(1) La últimas estimaciones realizadas por Rueda (2010) sobre la eficiencia del gasto público en España referidas al período 19852008, apuntan a un fuerte crecimiento del coste de la producción pública (del 4,51 por ciento) respecto al volumen de servicios públicos producidos, que tan sólo lo ha hecho al 1,67 por ciento. Por tanto, este diferencial entre ambas variaciones refleja la ineficiencia en el proceso productivo público; es decir, aumenta mucho más lo que cuesta producir los bienes y servicios públicos que la cantidad generada de los mismos. Entre las razones que explican este resultado se encuentra el consumo de factores productivos innecesarios o una remuneración excesiva de los recursos utilizados.

ANS / junio 2011

Los principios del ordenamiento tributario espa帽ol: especial referencia al principio de sistematizaci贸n Fernando Marcos G贸mez KPMG

2009 ENTORNO A BABEL. Iluminada / Paco Aguilar

ANS / junio 2011

Crisis y modelo productivo

El ordenamiento jurídico tributario es aquel conjunto de normas y principios que regulan el modo en que los ciudadanos deben cumplir una de sus obligaciones básicas como miembros de una comunidad: cooperar en el sostenimiento de las cargas que la comunidad asume como propias para beneficio de sus componentes. Para ello existen los tributos, y por ellos existe el ordenamiento jurídico tributario. No resulta necesario mencionar la importancia de este ordenamiento, de los principios en que se sustenta, y de la necesaria coherencia de las normas que lo componen. Su correcta construcción es esencial para una eficaz regulación del cumplimiento de los ciudadanos de su obligación de aportar al Estado los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Nuestro propósito en las siguientes líneas es simplemente la reflexión de los principios sobre los que se basa. La Constitución Española de 1978, como norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico español, ha dedicado diversos artículos al establecimiento de la obligación por parte de los ciudadanos de contribuir a financiar los gastos públicos y a enunciar los principios básicos a los que debe obedecer el conjunto de normas que regulen el cumplimiento de esa obligación. El artículo sobre el que todos ellos se basan es el número 31, cuyo primer apartado establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. De este artículo, de otros que se encuentran en el propio texto constitucional, y de su desarrollo en la Ley General Tributaria, se suele extraer el listado de tales principios, a saber:

a. El principio de generalidad, estableciendo unos deberes que implican a todos los ciudadanos. (Artículo 31.1). b. El principio de justicia en el reparto de las cargas públicas. (Artículo 31). c. El principio de legalidad, que implica que los elementos esenciales de los tributos deben estar regulados, necesariamente, en una norma jurídica con rango de ley (principio de reserva de ley) y respetando la jerarquía normativa. (Artículo 31.3, 133.1 y 134.7). d. El principio de capacidad económica y de capacidad contributiva como instrumento para calcular el grado en que cada ciudadano debe contribuir a sostener las cargas públicas. (Artículo 31.1). e. El principio de igualdad, que no es más que la aplicación al ámbito tributario del principio básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. (Artículo 14, 31.1, 138.2, 139.1). f. El principio de progresividad, que pretende una más justa redistribución de la renta y de la riqueza. (Artículo 31.1). g. El principio de no conﬁscatoriedad, que debe evitar que la carga tributaria sea mayor que la propia capacidad contributiva del ciudadano. (Artículo 31.1) h. El principio de sistematización que pretende, como criterio ﬁnal, dar coherencia a todo el sistema de normas tributarias. (Artículo 31.1). Según Albiñana, los tributos deben formar parte de un sistema en el que estén racionalmente articulados o vertebrados, evitando sobreimposiciones o situaciones de doble imposición. Por otro lado, para que el principio de sistematización se cumpla realmente, debe estar correlacionado con los principios de coordinación,

solidaridad y territorialidad que debe presidir la actividad financiera de las Comunidades Autónomas, y debe poder predicarse respecto del sistema consolidado nacional. Resulta muy habitual encontrar estudios muy minuciosos, artículos y pronunciamientos sobre cada uno de estos principios. Sin embargo, es bastante extraño encontrar estudios sobre este último principio. Más aún, cuando en los manuales se estudian los principios del ordenamiento tributario, a todos ellos se dedica un buen número de páginas y, sin embargo, al de sistematización no se le suelen dedicar más que unos pocos párrafos, a veces ni siquiera bien comprendidos por los lectores. Y el devenir de los tiempos va demostrando justamente lo contrario: si no se cumple correctamente el principio de sistematización, se corre el riesgo de incumplir aun los principios más esenciales de la lista. La Constitución Española diseñó un modelo territorial basado en tres niveles: la Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local. La mayor originalidad, virtud o defecto, según quién opine sobre ellos, de nuestro texto constitucional radica en el segundo de esos niveles, el autonómico. Pese a los cambios continuos en las normas que regulan los tributos estatales, motivados por la necesaria adaptación a la cambiante situación económica, podemos destacar la relativa estabilidad que ha tenido el sistema tributario estatal, basado en la tradicional división entre impuestos directos e indirectos. Algo similar cabría decir de los tributos en los que se basa la financiación de las Administraciones Locales. La modificación de la regulación concreta de una u otra figura no nos impide hablar de la estabilidad de sus impuestos propios. Tanto su estructura como los márgenes

ANS / junio 2011

de actuación de las entidades locales han gozado de una importante estabilidad desde el año 1989, cuando entra en vigor la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (hoy Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo). Y ciertamente no podríamos decir que los recursos de naturaleza tributaria a través de los cuales se financian las Comunidades Autónomas hayan sido objeto de grandes modificaciones. Sin embargo, su sistema de financiación sí ha sido objeto de sucesivas modificaciones, la última de ellas en 2009, y eso ha supuesto la asunción de progresivas competencias normativas en los tributos que les han sido cedidos total o parcialmente. Las reformas que se lleven a cabo, en cualquier caso, nunca deberían poner en peligro los principios básicos del ordenamiento tributario que han sido enunciados más arriba. Hasta hace poco tiempo, había cierto consenso en que las Haciendas autonómicas habían sido diseñadas con un cierto carácter asimétrico. Este carácter asimétrico, en opinión de Rodríguez Bereijo, se manifestaba en un doble sentido: • Por un lado, las potestades autonómicas no eran iguales por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos, provocando una dependencia financiera del Estado. • Por otro lado, no todas las Comunidades Autónomas tenían las mismas potestades, especialmente si incluimos en el análisis a las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, beneficiarias del régimen especial de Concierto y Convenio Económico. Pero, si dejamos al margen de nuestra reflexión esta segunda asimetría, y nos centramos en la primera, cabría plantearse si el transcurso del tiempo nos permite seguir afirmando de forma rotunda su existencia. Lo que parecía que podría haber sido una asimetría definitiva derivada del sistema de financiación autonómica establecido por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, y calificado entonces como “nuevo y definitivo sistema de financiación” de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, se ha convertido en una asimetría temporal, ya que ese nuevo sistema ha dejado de serlo al haber sido modificado y, como consecuencia, tampoco puede decirse ya que fuera definitivo. Desde el comienzo, el legislador ha debido buscar el equilibrio entre un sistema de financiación autonómico que permita la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y la necesaria coherencia interna en todo el ámbito nacional del sistema tributario. La forma de lograrlo ha sido el establecimiento de un sistema basado en la participación en los tributos del Estado, en la cesión de determinados tributos y en tributos compartidos entre las Haciendas estatal y autonómica, asumiendo

ANS / junio 2011

en estos dos últimos casos determinadas competencias normativas. La posibilidad de establecer tributos propios, ha sido apenas utilizada debido a la imposibilidad de que recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Además, cuando se han establecido tributos propios, la recaudación derivada de ellos ha sido muy reducida. Los últimos datos aportados por el Ministerio de Economía y Hacienda muestran la siguiente distribución de los ingresos tributarios para las Comunidades Autónomas: TRIBUTOS IRPF ISD IP Otros TOTAL DIRECTOS IVA TPO AJD II.EE Otros TOTAL INDIRECTOS Tasas y otros ingresos INGRESOS TOTALES

% 33,64% 3,03% 2,59% 0,84% 40,10% I.V.A 5,04% 5,94% 13,15% 1,83% 53,62% 6,28% 100%

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda

Y es precisamente la progresiva asunción de competencias normativas propias, cada vez de mayor calado, lo que va poniendo cada vez más en cuestión si pervive la necesaria coherencia del sistema en todo el territorio español. Y no olvidemos que el principio de sistematización, constitucionalmente consagrado, exige que esa coherencia no se pierda. El vigente sistema de financiación autonómica ha incrementado el porcentaje de cesión de algunos tributos, incrementando con ello no sólo las potestades normativas que las Comunidades Autónomas asumen en relación con ellos, sino también las consecuencias de ejercitarlas, ya que la trascendencia sobre la cuota líquida del contribuyente es cada vez mayor. Y aquí es donde debemos activar todas las precauciones, porque si un sistema que se decía a sí mismo definitivo ha sido modificado ocho años después, es evidente que éste lo será también, y resulta claro prever en qué sentido continuarán caminando las próximas reformas. No podemos, por tanto, afirmar que el sistema de financiación autonómica sea definitivo, sino que, al contrario, continúa abierto y todo parece apuntar a que así será durante mucho tiempo.

La consecuencia de ello es que el creciente poder tributario autonómico, ejercido en el ámbito territorial al que pueden extender sus competencias, pone cada día más en cuestión si podemos seguir afirmando que se mantiene la necesaria homogeneidad básica que nos permita decir del ordenamiento jurídico tributario español que es un verdadero sistema. Porque, como se ve, a medida que nos alejamos de esa homogeneidad y coherencia, nos alejamos también de otros principios cuya esencialidad suele resultar mucho más fácil de comprender: la igualdad de todos los españoles ante su deber constitucional de contribuir o, si analizamos los beneficios fiscales establecidos, el principio de generalidad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que la absoluta igualdad y uniformidad de trato a los ciudadanos resultaría incompatible con el principio de autonomía que la propia Constitución garantiza a las Comunidades Autónomas (STC 37/1987, STC 14/1998). Pero también ha afirmado el mismo Alto Tribunal que esta autonomía debe ser compatible con el principio de unidad de la nación española, que alcanza su verdadero sentido si existe una sustancial unidad de régimen de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos en todo el territorio del Estado (STC 4/1981, STC 76/1983). El problema surge cuando, teniendo un sistema que predica de sí mismo que es definitivo, dura sólo unos pocos años y la consiguiente reforma ahonda aún más en las diferencias para los ciudadanos derivadas de su deber de contribuir. Dicho de otro modo, ¿a partir de qué punto la desigualdad personal y territorial de los ciudadanos en su cumplimiento del deber de contribuir deja de ser compatible con el principio de autonomía garantizado por la Constitución? Aportemos algunos datos: En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, después de la entrada en vigor de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se ha modificado la Ley de IRPF para hacer efectiva la cesión del 50% del IRPF y las competencias normativas que en este impuesto asumen las Comunidades Autónomas. Una de las modificaciones más llamativas es que ya no encontramos en el articulado de la Ley una escala aplicable al gravamen autonómico o complementario, salvo que la propia Comunidad establezca uno diferente. Por el contrario, cada Comunidad Autónoma debe aprobar su propia escala, aplicable a su parte de gravamen. En los primeros escalones las escalas estatal y autonómica suelen ir en paralelo. Las diferencias se incrementan a medida que se incrementa la base, por eso elegiremos una base liquidable relativamente alta, 176.000 euros, para un contribuyente soltero y sin hijos:

Comunidad Autónoma

Base Imponible General

Cuota Líquida IRPF 2010

% Cuota de CC.AA.

Total

Estatal

Autonómica

TOTAL

Andalucía

176.000,00

34.968,36

36.678,31

71.646,67

51,19%

Asturias

176.000,00

34.968,36

36.558,32

71.526,68

51,11%

Cantabria

176.000,00

34.968,36

36.745,60

71.713,96

51,24%

Cataluña

176.000,00

34.968,36

35.538,31

70.506,67

50,40%

La Rioja

176.000,00

34.968,36

34.118,20

69.086,56

49,38%

Madrid

176.000,00

34.968,36

34.118,20

69.086,56

49,38%

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas desde el principio, respecto de cuya normativa asumen la posibilidad de regular algunos de sus elementos básicos. Es muy conocido que algunas de ellas han ejercitado estas potestades, estableciendo importantes ventajas para los hechos imponibles que se producen en su territorio.

ANS / junio 2011

Veamos con un sencillo ejemplo los resultados. Supongamos un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del grupo II cuya base imponible asciende a 180.000 euros:

Comunidad Autónoma

Base Imponible

Reducción parentesco

Base Liquidable

Cuota Íntegra

% Bonif

Bonif.

Coeﬁciente Patrimonio Prexistente

Andalucía

180.000

15.956,87

164.043,13

24.000,01

1,05

25.200,01

Extremadura

180.000

15.956,87

164.043,13

24.000,01

1,05

25.200,01

Cataluña

180.000

500.0000

1,05

0,00

Madrid

180.000

16.000,00

164.000,00

23.990,85

1,05

251.90

Como se puede ver, existen claras diferencias en el cumplimiento de las obligaciones tributarias según el territorio en el que el ciudadano quede obligado. Hemos visto en las líneas anteriores que el Tribunal Constitucional permite cierto grado de desigualdad en aras del principio de autonomía de las Haciendas

ANS / junio 2011

99% 23.751

Autonómicas. Pero esa autonomía debe ser siempre compatible con la esencial unidad y coherencia de todo el sistema tributario. Parece clara la conclusión de que esa coherencia quedará más asegurada cuanto más estable sea el sistema y menos abierto quede a su posterior revisión, más aún, cuando las revisiones que

Deuda Tributaria

se han ido llevando a cabo han ido acentuando la diferenciación. Abogamos, por lo tanto, por la estabilidad en el sistema, estableciendo de forma deﬁnitiva las potestades en esta materia que pueden asumir las Haciendas Autonómicas y los límites entre los que tales potestades pueden ejercerse.

Crisis y modelo productivo

2009 ENTORNO A BABEL. Iluminada (Detalle) / Paco Aguilar

Los nuevos retos de la regulación económica Almudena Guarnido Rueda Universidad de Almería

En un sentido amplio, el concepto de regulación en Economía se deﬁne como “la restricción intencional de la elección de la actividad de un sujeto y proviene de una entidad que no es parte directa ni está involucrada en dicha actividad" (Mitnick, 1989:40). Desde una doble perspectiva de lo público y lo privado las cuatro posibilidades de regulación expuestas por Mitnick son: 1. Regulación tradicional, que registra los controles dirigidos por un regulador público sobre el sector privado. 2. Regulación inversa, donde los resultados regulatorios tienden a corresponder con los intereses de la parte regulada (por ejemplo, la legislación). 3. Autorregulación pública, plantea la

existencia de agencias públicas que regulan a otras agencias públicas. 4. Autorregulación privada, se regulan acuerdos privados entre empresas. La intervención estatal en la economía tiene fundamentalmente su origen en dos motivos: la imperfección del mercado y la redistribución del ingreso y la riqueza. El hecho de que el mercado sea incapaz de resolver, en algunas situaciones, problemas como los de: alcanzar una asignación eﬁciente de los recursos, producir bienes y servicios públicos, externalidades, mercados imperfectos, así como razones de inequidad e injusticia en la participación y distribución de la riqueza, justiﬁcan entre otras razones la injerencia del Estado en la actividad económica.

De cualquier modo, han sido diferentes los enfoques económicos que han fundamentado las diversas proposiciones teóricas acerca de la regulación. Así, la teoría tradicional de la regulación justificaba la intervención estatal en la existencia de fallos de mercado (información imperfecta, bienes públicos, externalidades, poder de mercado y monopolio natural) para sustituir el mecanismo de mercado por la regulación y así mejorar la asignación de recursos y la eficiencia productiva. Los problemas económicos y financieros que acompañaron a la recesión mundial a finales de los setenta, las crisis afrontadas por muchos países africanos y latinoamericanos como consecuencia de la deuda, y el cambio hacia economías de

ANS / junio 2011

2004 CABALLERO I. Iluminada 2 / Paco Aguilar

mercado en Asia, Latinoamérica y Europa del Este durante el comienzo de los años noventa llevaron a una fe irracional en el mercado, la renuncia al Estado y la utilización de privatizaciones y desregulaciones de empresas públicas como instrumentos fundamentales de política económica, generándose una realidad mundial profundamente afectada por el fenómeno de la globalización. En este contexto, la teoría económica de la regulación, desarrollada por los economistas de la escuela de Chicago, puso en cuestionamiento la visión tradicional de la regulación desarrollando un análisis que

ANS / junio 2011

sostenía la supremacía del mercado, en el que la mano invisible es eﬁciente. Las nuevas líneas de pensamiento que adoptó la regulación se concretan, por un lado, en el nuevo institucionalismo económico, donde autores como Coase (1994) o Williamson (1996) replantean el problema de la oposición simple entre estado y mercado, revelando el papel de las instituciones en el desempeño económico y de la regulación y, por otro lado, los desarrollos teóricos en materia de regulación por incentivos, en los que destacan Laffont y Tirole (1993), quienes proponen reformular la teoría

tradicional de la regulación sobre la base de la teoría del principal y el agente, de manera que incluyen en los modelos la descripción completa de los objetivos del regulador y de la empresa regulada, las estructuras de información, los instrumentos y las restricciones. Su objetivo es diseñar un sistema de incentivos que induzca a los tomadores de decisión privados a comportarse como si estuvieran bajo la disciplina del mercado. Los reguladores tradicionales consideraban que la regulación pública podía sustituir al mercado, pero el desafío que enfrentaban se limitaba a definir los precios y cantidades óptimas. Si bien se caracterizan por un alto grado de sofisticación, siguen amenazados por la posibilidad de la irrelevancia frente a los procesos reales de la regulación (Rivera, 2004). Finalmente, las nuevas proposiciones a favor de correlación entre desregulación y competencia, asignan una crucial importancia a la promoción de la competencia como el camino a la construcción de una economía eficiente y competitiva. En este nuevo escenario, se inicia en EEUU y en otros países europeos un gran proceso de desregulación e innovación financiera, junto al desarrollo de una nueva ingeniería en los mercados de capitales. La utilización moderna por parte de los mayores conglomerados financieros, afincados en el mercado estadounidense, de los instrumentos derivados, fue creciendo y penetrando profundamente en los mercados financieros desde mediados de los ochenta y de manera generalizada en los años noventa del siglo pasado. Ello ha provocado y alimentado la formación de burbujas especulativas, debido a que pueden modificar los precios relativos de los activos financieros y no financieros. Todo lo cual ha desencadenado una mayor movilidad de capitales y una mayor complejidad del negocio bancario haciendo más vulnerables los

El sector público tiene una función esencial que desarrollar, impulsando una mejor y más efectiva regulación y supervisión de los mercados.

sistemas financieros a nivel mundial, cuyo resultado ha sido la actual crisis, con perfiles y dimensiones netamente globales, que ha puesto de manifiesto la crisis del capitalismo neoliberal tanto en sus causas como en sus durísimas consecuencias, que están reivindicando la vuelta de análisis teóricos, así como de sus propuestas de políticas económicas. De esta forma, nombres y obras como la de John Maynard Keynes vuelven a estar de máxima actualidad debido fundamentalmente a sus postulados favorables a una mayor intervención del sector público. De hecho, los propios gobiernos que han defendido políticas neoliberales no han tardado en recurrir a mecanismos de intervención que están en sus antípodas ideológicas. Todo eso ha llevado a una situación donde palabras como intervención estatal y regulación toman una importancia especial. Por tanto, en la actual coyuntura económica global se abre una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo más justo que coloque al ciudadano en el centro de la actividad económica, lo que exige la actuación coordinada de los poderes públicos a nivel internacional. Por ello, el sector público tiene una función esencial que desarrollar, impulsando una mejor y más efectiva regulación y supervisión de los mercados. No se trata de incrementar el nivel de regulación, ni el grado de supervisión, sino de mejorar la calidad de ambos.

Nos encontramos ante un punto de inflexión en la gestión pública de los mercados. La inflexión que se debe producir es aquella tendente a hacer posible “una globalización de rostro humano” a través de una mejor regulación y supervisión, es decir, apostar por una regulación social y económica que no sólo intente prevenir abusos del poder de mercado sino que también fomente la estabilidad económica, incentive el desarrollo de ciertas industrias y asegure la provisión de determinados bienes y servicios de interés social, así como hacer respetar los problemas medioambientales. En este sentido, sería necesario crear agencias supranacionales de regulación que no funcionen bajo las órdenes e intereses de los países más desarrollados y que regulen aquellas actividades que afectan de manera global a nuestro bienestar social y económico. En primer lugar, es necesario salvar las diferencias que hasta ahora han mostrado los países en cuanto a la emisión de residuos contaminantes que están provocando lo que muchos expertos denominan cambio climático. Para ello, hay que establecer unas reglas claras que limiten dichas emisiones y una agencia que vigile que todos la cumplen. En segundo lugar, es imprescindible que aprendamos de los errores para no volver a cometerlos. Así podremos evitar volver a repetir la crisis del sistema financiero que ha causado el drama social que hoy vivimos.

La libertad y la impunidad con la que han circulado todo tipo de activos ﬁnancieros debe ser regulada y para ello no vale con actuaciones individuales de los países, sino que tenemos que llegar a acuerdos globales ya que el mercado de capitales hace mucho tiempo que perdió su nacionalidad. En deﬁnitiva, los nuevos retos a los que se enfrenta la regulación se pueden, resumir en evitar que la basura, ya sea en forma de vertidos tóxicos o en hipotecas subprime, nos invada y empeore la calidad de vida que todos queremos.

Referencias bibliográﬁcas Coase, R. H. (1994), “La empresa, el mercado y la ley”, Alianza Editorial, Madrid. Laﬀont, J. J. y Tirole, J. (1993), “A Theory of Incentives in Procurement and Regulation”, The MIT Press, Cambridge y Londres. Mitnick, B.M. (1989),“La Economía Política de la Regulación”, Fondo de Cultura Económica, S.A. México. Rivera, E. (2004),“Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas”, Gestión y Política Pública, 13(2), pp. 309-372. Williamson, O. (1996), “TheMechanisms of Governance”, Oxford University Press, Nueva York- Oxford.

ANS / junio 2011

2006 LECHUZA POCO COMÚN1 / Paco Aguilar

ANS / junio 2011

La segmentación del mercado de trabajo en España José J. Benítez Rochel. Universidad de Málaga José E. Villena Peña. Universidad de Málaga

Introducción En la segunda mitad del siglo pasado un grupo de economistas construyeron, como alternativa al planteamiento ortodoxo, lo que podríamos denominar teoría sobre la segmentación del mercado de trabajo. Con raíces en el enfoque institucionalista, se distinguió dos segmentos. El primero estaría integrado por empleos con buenas condiciones de trabajo, posibilidades de promoción y, sobre todo, estabilidad. El segmento secundario, en cambio, agrupa a empleos con bajos salarios, pocas o nulas posibilidades de promoción e inestabilidad. La estabilidad es el criterio básico que diferenciaría al segmento primario del secundario. Este tipo de teorías fueron sometidas a diversas críticas. Cain (1976) las calificó de “superficiales, vagas y diversas” y el paso del tiempo ha demostrado que no han logrado desplazar a los planteamientos más convencionales. Incluso, podría afirmarse que la mayoría de las observaciones, si no todas, que

se realizaron desde las teorías de la segmentación pueden explicarse, sin grandes diﬁcultades, por el análisis económico ortodoxo. Aún así, tienen el mérito de haber resaltado la inﬂuencia que tienen las restricciones sociales e institucionales en el funcionamiento del mercado de trabajo. El objetivo de estas páginas es aportar algunos datos e ideas sobre el mercado de trabajo español tomando como referencia el concepto de segmentación. En el siguiente apartado nos ocuparemos de resaltar, desde ese enfoque, algunas peculiaridades de su funcionamiento. A partir de ahí nos referiremos a sus implicaciones sobre la discriminación de ciertos colectivos. Terminaremos con unos apuntes para la articulación de una política de empleo. Caracterización del mercado de trabajo español El mercado laboral español es un mercado segmentado con peculiaridades que le diferencia del de otros países. Lo más destacable

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es que en las épocas expansivas del ciclo económico genera mucho empleo en el segmento secundario y en las épocas recesivas lo destruye con gran rapidez, provocando que las caídas en el PIB terminen convirtiéndose en graves crisis de empleo de difícil solución en el corto plazo. Quizás, por ello, el tema de la segmentación esté centrando –en los momentos actuales– una parte del debate académico y político sobre los efectos de la actual crisis financiera en nuestro país y los catastróficos efectos que está teniendo en materia de empleo y desempleo. A grandes rasgos, el mercado laboral español puede dividirse en dos grandes grupos: aquellos que disfrutan de un contrato indefinido con altos costes de despido y los que, por el contrario, tienen contratos temporales y, en términos relativos, bajas indemnizaciones por rescisión de los mismos. Esta dualidad de la contratación laboral incrementa la volatilidad en las cifras del empleo y desempleo. La mayor parte de los estudios teóricos sobre el mercado laboral vienen a poner de manifiesto que la existencia de un mecanismo de contratación temporal puede servir de instrumento para el crecimiento del empleo cuando se está saliendo de una fase recesiva del ciclo económico: en esos momentos, son necesarios para facilitar la contratación, pero deben ser desmontados paulatinamente en cuanto comienza a consolidarse una nueva fase expansiva; de lo contrario, se crea una dualidad en el mercado laboral, muy perjudicial y tanto más grave cuanto más difícil y caro sea el despido de los trabajadores regulares con contrato indefinido (segmento primario) y fácil y barato el despido de los contratados temporales (segmento secundario). Lo cual ha alcanzado niveles sin precedentes en el caso español, pues, con el paso del tiempo, se ha ido facilitando la desregulación de los nuevos contratos respetando –siempre– los derechos de los ya existentes.

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Ha sido una forma fácil de aprobar sucesivas reformas en el mercado laboral con escasa confrontación sindical, pero con unos efectos perversos en la estructura del mismo. Está demostrado que, cuanto más rígidos sean los derechos de los contratos indefinidos, más incentivos existirán para la expansión de la contratación temporal, en especial en los sectores muy intensivos en trabajo y de baja productividad, dándose el caso paradójico de que en las fases expansivas del ciclo bajan los niveles de la productividad laboral1 y en las fases recesivas aumenta2, demostrando esta variable un comportamiento contracíclico. Esta singularidad del funcionamiento del mercado de trabajo en España –no corregida a pesar de que la experiencia internacional ponía de manifiesto la peligrosidad de su mantenimiento durante una larga fase expansiva, como la vivida en España desde 1996 hasta 2007– provoca una alta elasticidad del empleo respecto al producto3; es decir, una mayor sensibilidad de las variaciones del empleo a los cambios en la producción, cuyo origen lo podemos encontrar en nuestro marco institucional y, en particular, en la introducción a partir de 1984 del contrato temporal de fomento del empleo que, en la práctica, supuso la implantación del contrato temporal sin causa justificada y, en consecuencia, flexibilizó la adaptación de las plantillas de las empresas al ciclo económico4. En la segunda mitad de la década de los ochenta, la expansión económica elevó la tasa de temporalidad hasta cifras superiores al 30% y esa situación se ha mantenido hasta el inicio de la crisis (35,4% en 2006), posibilitando que más de un tercio de los trabajadores hayan estado discriminados, tanto en términos de seguridad como de ingresos, respecto a los que tenían un contrato indefinido (Segura, 2001). En las fases recesivas era previsible que los problemas de seg-

mentación del mercado de trabajo hicieran recaer el ajuste en los trabajadores temporales. Desde el inicio de la crisis, más del 80% de los empleos perdidos pertenecen a trabajadores con contratos temporales, lo cual ha provocado una brusca reducción en las ratios de temporalidad, en casi 10 puntos, en el caso de los hombres, y 12 en el de las mujeres. Colectivos discriminados: jóvenes, mujeres, inmigrantes Otra peculiaridad del mercado de trabajo español se refiere a la discriminación hacia ciertos colectivos y, en especial, a los de bajo nivel de cualificación profesional. Esta cuestión requiere algunas matizaciones y aclaraciones. En primer lugar, nuestro sistema educativo es deficiente y sólo si nuestros representantes políticos comenzaran reconociéndolo daríamos un primer paso para corregir sus defectos5. El fracaso escolar en España está situado en torno a un 30%, lo que duplica la media de la UE. La propia Comisión Europea nos ha requerido para establecer objetivos que reduzcan esta alta tasa de fracaso, y la solución, lógicamente, no está en bajar los niveles de exigencia, sino en aumentar la calidad de las enseñanzas6 y adecuarlas a las necesidades del sistema productivo. Por otro lado, la tradicional discriminación del mercado laboral hacia la mujer es hoy menos evidente en términos de empleo7. De hecho, como el empleo femenino ha caído sólo ligeramente, nos encontramos con que la gran diferencia que existía, antes de la crisis, en las tasas de empleo masculina y femenina se han acortado en este periodo. Ello se debe, básicamente, a que la crisis ha afectado con especial dureza al sector de la construcción y ramas de actividad vinculadas al mismo, que utilizan muy intensamente mano de obra masculina, y cuyo empleo se integra –en gran medida– en el segmento secundario, donde abundan

la dualización del mercado de trabajo español tiene efectos sobre la inversión en capital humano ya que disminuye los incentivos para que, tanto empresarios como trabajadores, dediquen recursos a la formación ante la perspectiva de ruptura del vínculo laboral.

los contratos fácilmente rescindibles. En este contexto, el ajuste que necesariamente tiene que producirse en unos mercados sometidos a un “shock” externo se realiza vía cantidades y en menor medida vía precios, dándose la paradoja de que los salarios medios crecen en los sectores que destruyen más intensamente empleo, ya que va quedando sólo el empleo regular, con mayor nivel de formación y productividad, y consecuentemente con mayores salarios. La discriminación es mucho más patente en relación con los jóvenes, en general, y con el nivel de formación alcanzado. En 2006, la tasa de desempleo de menores de 25 años (desempleo juvenil) duplicaba a la tasa general, pero la crisis económica ha ejercido un efecto tremendo en este colectivo que, por precisar conseguir trabajo, se ha situado mayoritariamente en el segmento secundario, caracterizado por la irregularidad, la temporalidad y –en deﬁnitiva– los malos contratos. A ﬁnales de 2010, la tasa de desempleo juvenil alcanzaba el 42,80% de la población activa española, lo cual representa no sólo un problema económico para el país, sino un auténtico drama social. Es decir, el mercado

laboral español discrimina claramente a los jóvenes y, en épocas recesivas, no genera los puestos de trabajo que necesita este colectivo Además, la dualización del mercado de trabajo español tiene efectos sobre la inversión en capital humano ya que disminuyen los incentivos para que, tanto empresarios como trabajadores, dediquen recursos a la formación ante la perspectiva de ruptura del vínculo laboral. Como demostraron Albert et alia (2005), los trabajadores temporales tienen una menor probabilidad de recibir formación en las empresas. Esto, una vez más, afecta a la desigualdad puesto que son precisamente los trabajadores mejor formados los que, no sólo presentan una menor tasa de desempleo, sino que también acceden a puestos mejor remunerados. La realidad es que, en las últimas décadas en España, las crisis económicas han terminado convirtiéndose en crisis de empleo y los colectivos con menor nivel de formación académica son los que tienen más posibilidades de perder su puesto de trabajo. En estas circunstancias, los desempleados con posibilidades de incrementar sus niveles de acreditación académica –generalmente– lo

hacen, pero ello no redunda en la transformación del sistema económico en más productivo, sino en unas mayores facilidades para las empresas a la hora de seleccionar a su personal. Así, la mayoría de quienes prolongan sus estudios sólo logran situarse mejor para conseguir un puesto de trabajo que no requiere ese nivel de formación: si la estructura de ocupaciones no cambia, sólo se produce un desplazamiento de los menos formados por los más formados (Garrido, 2010). Otro tema importante relacionado con la segmentación y la discriminación en el mercado de trabajo es el que afecta al precio del trabajo. Desde que Becker (1957) publicó su tesis doctoral sobre la discriminación en el mercado laboral han sido múltiples las investigaciones que han considerado como elemento de segmentación la discriminación salarial. El salario medio de la mujer es, aproximadamente y en términos generales, un 20% inferior al del hombre, y oscila entre un 10 y un 30 por ciento inferior8, según grupos de ocupación. Teniendo en cuenta un horizonte temporal amplio, algunos autores han observado cómo el incremento de la participación femenina en el mercado laboral no ha producido

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2006 LECHUZA POCO COMÚN1 (Detalle) / Paco Aguilar

cambios destacables en la dispersión salarial (Izquierdo y Lacuesta, 2006 y 2010). Por otro lado, no resulta sorprendente que los extranjeros, en su mayoría inmigrantes económicos, tengan unos niveles salariales bastante menores que los españoles: se trata de un precio que se les hace pagar para obtener la regularización. Lo cual es más evidente cuando se analizan las diferencias entre estos colectivos, siempre a favor de los que pertenecen a la Unión Europea9, mostrando una discriminación de género bastante similar a la existente entre los españoles, pero no es así en el caso de ciudadanos de otros países, donde esas diferencias son mayores, como es el caso de los que provienen de América Latina y resto del mundo (básicamente africanos). En un país donde la negociación colectiva ha favorecido la homogeneización de los salarios en el sector de los trabajadores regulares, la mayor parte de los inmigrantes que nos llegan, entran en el mercado laboral en el segmento secundario donde funcionan las leyes de la oferta y la demanda sin controles institucionales10.

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En resumen, el mercado de trabajo español ha incentivado, en los últimos años, la ﬂexibilidad externa, es decir, el ajuste de las plantillas a través de los cambios en los contratos temporales, frente a la interna que facilitaría el ajuste a través del tiempo trabajado o en los salarios. Pero, en un contexto de discriminación donde son los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes los más desfavorecidos. Más aún, si no consiguen con el paso del tiempo acceder al segmento primario del mercado de trabajo, por utilizar la terminología propia de los teóricos de la segmentación. En este sentido, la evidencia empírica señala que el primer empleo, en el 80% de los casos, es temporal y que, tras 10 años en el mercado laboral, un 40% de los trabajadores siguen manteniendo un contrato temporal (Estrada et alia, 2009). Política de empleo versus política sobre el mercado de trabajo Cuando se pretende articular políticas económicas orientadas hacia el mercado de trabajo es conveniente, desde nuestro punto de vista, distinguir los

objetivos que se pretenden alcanzar. Si el objetivo es la creación de empleo, debería aceptarse que, en ese caso, la mejor política sería la destinada a lograr un crecimiento económico sostenido (Villena, 2011). Debe recordarse que la demanda de trabajo es una demanda derivada, es decir, que depende de la demanda de bienes y servicios. Dicho de otra forma, las empresas demandarán trabajadores en la medida en que sus productos sean demandados. Aquí surge el debate sobre la efectividad de las políticas macroeconómicas para recuperar la demanda a propósito de la crisis económica reciente. Si, a otro nivel, se pretende mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo proponiendo su reforma, la discusión gira en torno a aspectos tales como la facilidad con la que se contrata o se despide a los trabajadores, los sistemas de protección del desempleo, la ﬂexibilidad en la organización del trabajo (movilidad funcional y geográﬁca), las formas de negociación colectiva, el papel de los servicios públicos de empleo, las políticas de formación de la mano de obra, etc. En cualquier caso, en el marco de las

economías de mercado, el objetivo sería aumentar la eficiencia facilitando el ajuste entre oferta y demanda de trabajo. La política de reforma del mercado de trabajo no es, en consecuencia, una política encaminada a la creación de empleo. Por último, a un nivel más concreto, podría plantearse la conveniencia de paliar la segmentación del mercado de trabajo. De hecho, ese ha sido el objetivo de los cambios en la legislación laboral desde 1984. El más reciente, por ejemplo, reconoce que una de las debilidades del modelo de relaciones laborales reside en la “fuerte segmentación entre trabajadores fijos y temporales” (Ley 35/2010, de 17 de septiembre de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo) y, de forma similar a lo que se hizo en reformas anteriores, se proponen medidas para fomentar la contratación indefinida. No obstante, se siguen manteniendo diferentes indemnizaciones por despido –según el tipo de contrato– lo cual influye, como es evidente, en las decisiones de los empresarios. En este contexto, podría plantearse la conveniencia de un solo tipo de contrato que homogenice las condiciones en las que los trabajadores son contratados y despedidos. Lógicamente, aunque analíticamente es posible demostrar que, bajo esas circunstancias, disminuiría la volatilidad del empleo, no por ello se eliminaría la dualidad en el sentido en que lo plantean los teóricos de la segmentación, porque la calidad del empleo en una economía de mercado es, por naturaleza, muy diversa. El ciclo económico y el cambio son consustanciales al sistema capitalista. Las modificaciones en la demanda de bienes y servicios son permanentes y, constantemente, se crean y se destruyen empresas. Hasta cierto punto, por tanto, alguna tasa de paro es inevitable, igual que la eventualidad de determinados puestos de trabajo. Otro tema es el carácter contractual que se establezca

entre el trabajador y el puesto de trabajo. En cualquier caso, por encima de reformas aisladas, insistimos en que lo más efectivo para crear empleo con buenas condiciones de trabajo, en un entorno globalizado, es una política económica compatible con el crecimiento sostenible y la competitividad.

(1) Se crea mucho empleo en sectores muy intensivos en trabajo, como la construcción y los servicios de baja productividad, donde abunda el empleo de escasa o nula formación, disminuyendo la productividad global del país. (2) El empleo destruido lo hace a un ritmo mayor que la caída del PIB y, básicamente, afecta a trabajadores con bajo nivel de formación, provocando un aumento en la productividad aparente del trabajo, por causas –desde luego– no positivas. (3) Manifestado por un alto coeﬁciente beta en la ecuación de la denominada ley de Okun: en el caso de España casi el doble que el correspondiente al conjunto de los países de la OCDE. (4) Véase Segura et alia (1991). (5) La planiﬁcación educativa exige un horizonte temporal del largo plazo, que sólo el consenso político puede posibilitar, lo cual –hasta hoy– no se vislumbra en nuestro país. (6) Lo primero es más barato, pero no consiste más que en engañarnos. Lo demuestran los sucesivos informes PISA elaborados por la OCDE, para más de 70 países, midiendo los niveles de conocimiento de estudiantes de 15 años. Los resultados nos sitúan por debajo de la media del conjunto de estos países, en todas las variables consideradas (comprensión de lectura, gramática, matemáticas y ciencias) y al nivel de países que tienen un grado de desarrollo económico muy inferior al nuestro. (7) Como consecuencia de que la crisis ha afectado en España a sectores muy intensivos en trabajo masculino. Aunque la discriminación sigue existiendo, como veremos posteriormente, en relación a los salarios percibidos.

(10) También es necesario señalar que han sido demandados en sectores muy intensivos en trabajo, con bajo nivel de productividad, como la construcción y ramas auxiliares.

Referencias bibliográﬁcas ALBERT, C.; C. GARCÍA y V. HERNANZ (2005): “Firm provided training and temporary contracts”, Spanish Economic Review, 7, pp. 67-88. BECKER, G. (1957): The Economics of Discrimination, Chicago, University of Chicago Press. CAIN, G.G. (1976): “The Challenge of Segmented Labor Market Theories to Orthodox Theory: A Survey”, Journal of Economic Literature, 14(4), pp. 1215-1257. ESTRADA, A.; M. IZQUIERDO y A. LACUESTA (2009): “El funcionamiento del mercado de trabajo y el aumento del paro en España”, Boletín Económico del Banco de España, Julio-Agosto, pp. 97-115 GARRIDO, L (2010): “El impacto de la crisis sobre la desigualdad en el trabajo”, Papeles de Economía Española, 124, pp. 2-16. IZQUIERDO, M.; y A. LACUESTA (2006): “Wage Inequality in Spain”, Banco de España, Documentos de Trabajo, 615. IZQUIERDO, M.; y A. LACUESTA (2010): “Desarrollos recientes en el mercado de trabajo”, Papeles de Economía Española, 124, pp. 46-68 SEGURA, J. (2001): “La reforma del mercado de trabajo español: un panorama”, Revista de Economía Aplicada, 25, pp. 157-190. SEGURA, J.; F. DURÁN; L. TOHARIA y S. BENTOLILA (1991): Análisis de la Contratación Temporal en España, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. VILLENA, J. E. (2011): “Mercado laboral, reforma laboral y políticas de empleo”, Extoikos, 1, pp. 48-53.

(8) En el caso de los “trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca” aparece una cifra algo superior en la mujer, pero el INE especifica que las encuestadas son menos de 500 y, por lo tanto, es poco significativo desde el punto de vista estadístico. (9) Ya que forman parte de países a los que a sus ciudadanos no se les puede negar la residencia.

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2000 ESTRUCTURAS III / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

Las empresas y la competitividad Francisco Villalba Cabello Analistas Económicos de Andalucía

1. El nuevo contexto económico No cabe duda de que el eje central del desenvolvimiento económico en los últimos años, como lo va a ser en los venideros, va a girar en torno al concepto de competitividad. Esta importancia es el resultado de la tendencia general al incremento de la competencia, fruto de los crecientes niveles de integración y liberalización de los mercados internacionales, de la aparición de nuevas formas de competencia y cooperación entre agentes, y los avances en la modiﬁcación de la oferta a través del cambio tecnológico. En la medida en que la competitividad se deﬁna como la capacidad que muestra un país o región o empresa para incrementar de manera sostenida su participación en la oferta mundial, y hacerlo compatible con el progreso de sus niveles de renta, debe rechazarse toda interpretación centrada exclusivamente en el seguimiento comparado de los precios y costes, resultando necesario un enfoque más amplio y estructural. Enfoque, que, sin excluir las anteriores variables, debe incorporar el

resto de mecanismos a través de los cuales se ejerce la competencia en los mercados (calidad del producto, nivel de adecuación a la demanda, servicios posteriores a la venta, etc. y todas aquellas prácticas que suponen diferenciación técnica y comercial del bien). Por último, la competitividad no puede ser ajena a factores de tipo organizativo e institucional ligados a la conﬁguración del aparato productivo, la infraestructura física y tecnológica o la interrelación entre los agentes económicos. Un intento de sintetizar las principales características de este proceso, nos llevaría a destacar las ideas básicas representativas del mismo: En primer lugar, hay que señalar que los cambios tecnológicos, la liberación y desregulación de los mercados y la aparición de nuevos espacios económicos han expandido los mercados hacia formas de competencia cada vez más globales. En segundo lugar, debe tenerse en consideración que la planiﬁcación estratégica del Estado y el aprendizaje tecnológico a partir de las relaciones con las empresas

multinacionales, junto con una política sistemática de desarrollo cientíﬁco y educativo han sido elementos clave en los procesos de despegue tecnológico de algunos países. 2. Empresas y crecimiento económico Aunque el tejido productivo ha sido tradicionalmente visto como uno de los elementos clave del crecimiento económico, no ha sido hasta fechas recientes cuando se ha realizado un análisis en mayor profundidad de dicha interrelación. Precisamente, las aproximaciones teóricas y empíricas han convertido este campo en uno de los más controvertidos del reciente desarrollo de la disciplina económica. Los modelos de crecimiento parten del concepto de capital humano empresarial como factor fundamental de la actividad productiva y del crecimiento agregado de una economía, partiendo de los modelos de crecimiento endógeno de capital humano, pero centrándose en la ﬁgura del empresario. Dos son los

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2006 CONSTRUCTIVO DESTRUCTIVO (Detalle) / Paco Aguilar

elementos fundamentales de este capital humano empresarial: por un lado, el nivel de habilidad de los individuos que deciden convertirse en empresarios y, por otro, el fenómeno del aprendizaje en la práctica de los empresarios. De los estudios y análisis existentes, se deduce que uno de los elementos claves para promover el crecimiento económico en una sociedad es el de incentivar el capital humano empresarial asociado al tejido productivo, o, dicho de otro modo, que los individuos con mayor talento se conviertan en empresarios. Ello se justiﬁca porque se encuentra una evidencia empírica que sugiere que el crecimiento es más fuerte en aquellos países o regiones en los que el talento empresarial se dirige hacia actividades productivas (frente a otras más especulativas). Obviamente, desde el punto de vista de la intervención pública, no existe un mecanismo automático a implementar, en términos de políticas que consigan el objetivo de que los individuos con mayor talento de una sociedad se conviertan en empresarios. No obstante, las instituciones y responsables económicos sí que pueden intervenir en el sector público, inﬂuyendo en las decisiones sobre las actividades productivas a realizar, por ejemplo, incentivando determina-

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das ramas o sectores en mayor medida que otras. Asimismo, otros trabajos sostienen que las políticas de subvenciones a las empresas podrían incluso conducir a la situación contraria, es decir, a que individuos de bajo talento o habilidad se conviertan en empresarios, lo que tendría efectos negativos sobre el crecimiento económico. En definitiva, desde este enfoque, se pone de manifiesto que el stock de empresarios no es en sí mismo un factor determinante para el avance de la producción en una economía, sino el talento o la capacidad de éstos para innovar y convertirse en un oferente competitivo en el mercado. Para esta corriente de pensamiento, el número de empresarios puede repercutir, sin duda, en el valor añadido y en la renta en un momento dado, pero no tiene porque hacerlo en el largo plazo. Así, el mantenimiento de una influencia positiva sobre el nivel de producción y desarrollo económico dependerá de la idoneidad (talento, habilidad) de la clase empresarial. De este modo, los resultados de algunos de estos trabajos concluyen que las políticas de apoyo a la creación de nuevas empresas no tienen un impacto relevante en el crecimiento económico, ya que si bien aumentan la tasa de creación de empresas, a menudo,

no favorecen el crecimiento económico. No obstante, sí que existe un consenso amplio entre los investigadores en señalar que sí tiene efectos positivos sobre el crecimiento regional la eliminación de los obstáculos que impiden o entorpecen la creación de nuevas empresas. De este modo, parece oportuno y conveniente un conjunto de intervenciones que pueden, de manera indirecta, favorecer el citado objetivo y, por tanto, actuar como elementos incentivadores del crecimiento económico. Entre estas medidas destacaría la eliminación de las barreras para la creación de empresas, desincentivar el que los individuos con talento se sitúen en sectores buscadores de rentas (negocios especulativos, ganancias fáciles derivadas de factores institucionales, etc.), mediante la disminución de sus posibilidades de beneﬁcios, supresión de requisitos burocráticos, legales, etc. 3. Obstáculos a la competitividad Ante este nuevo entorno, la empresa en España presenta un conjunto de impedimentos que limitan su capacidad para incorporarse a la ola expansiva. Aunque es indudable que existen factores que son ajenos a la empresa, lo cierto es que gran parte de los problemas se derivan de la persistencia, a pesar de los

Los retos a los que se enfrenta la empresa española en los próximos años son la globalización de los mercados, la innovación, sea o no tecnológica, la internacionalización y la capacidad para adaptarse a los cambios e incertidumbres. avances realizados en los últimos años, de un modelo empresarial gestado en unos mercados locales protegidos, que han introducido fuentes de ineficiencias en las empresas. No cabe duda que la competitividad, siendo un concepto relativo derivado de nuestra capacidad en relación con nuestros rivales, es un fenómeno microeconómico, ya que quien compite son las empresas. Esto no quiere decir que la influencia de factores externos a la empresa no revista gran importancia, sino que el esfuerzo de competitividad que necesariamente han de realizar las empresas debe ir acompañado de la política económica para generar un marco donde se incentive e incremente la eficacia de las inversiones productivas. La situación competitiva no es muy alentadora. Según los datos del World Competitivenes Report en su informe para 2010-2011, España ocupa el puesto 42 en el ranking de competitividad, y muestra desventajas competitivas relativamente importantes que tienen carácter permanente en los últimos años en casi todos los factores analizados, sufriendo en la presente crisis un importante deterioro, con una pérdida de 9 puestos con relación al informe anterior. Además, nuestro país no aprovecha todas las ventajas potenciales derivadas de participar en los flujos de comercio e inversión a escala internacional por presentar un elevado grado de proteccionismo, de carácter no arancelario, marcadas

deficiencias en la estructura exportadora, escasez de cooperación con las compañías extranjeras y limitada presencia en la inversión extranjera directa de España en el exterior. Esta situación plantea interrogantes sobre las posibilidades de que la empresa española supere el reto de la competitividad, y pueda aprovechar los beneficios de la expansión económica que ya se está iniciando en los países de nuestro entorno. En cualquier caso hay que señalar que existen excepciones muy notables pero que no dejan de ser eso, sólo excepciones. En este sentido es posible destacar, aunque sea de forma muy sintética, los principales elementos que obstaculizan la competitividad de la empresa española, tanto de carácter interno como externo. Entre los primeros, destacan: tamaño insuficiente e ineficiente de las empresas, con una capacidad orientada al proceso productivo y raramente a las dimensiones de los mercados; escasa capacidad tecnológica, que se observa tanto en los menores gastos de I+D como de registro de patentes; inadecuada estructura organizativa y orientación estratégica, lo que dificulta la competencia en los mercados internacionales ante la incapacidad para adaptarse de forma rápida y flexible a los nuevos entornos; estructura financiera inadecuada, con bajos niveles de financiación propia y dificultades para la financiación a largo plazo; orientación de mercado con escasa proyección exterior, de tal modo que el exitoso proceso de internacionalización

de la gran empresa española de las últimas dos décadas no ha tenido el mismo grado de respuesta en la Pyme. Entre los de ámbito externo, se pueden subrayar: ineficiencias del factor trabajo, debido, entre otras causas, a la escasa movilidad del trabajo, la desvinculación salarios-productividad, y la inflexibilidad de los salarios ante las condiciones económicas desfavorables y, particularmente, ante el aumento del desempleo; elevados costes de los inputs intermedios procedentes del sector servicios, de tal modo que el insuficiente grado de competencia en el sector servicios propicia una situación en la que los incrementos de los costes de producción en dicho sector se trasladan con relativa facilidad vía precios al resto de actividades productivas; ineficiencia del sector público, que no orienta sus servicios a facilitar o mejorar la eficiencia y productividad del sector privado e incluso lo penaliza con un exceso de regulación y trámites administrativos. En conclusión, revisando los conceptos mencionados anteriormente, se puede afirmar que los retos a los que se enfrenta la empresa española en los próximos años son la globalización de los mercados, la innovación, sea o no tecnológica, la internacionalización, y la capacidad para adaptarse a los cambios e incertidumbres. La manera en la que las organizaciones empresariales afronten estos retos será la clave para competir y crear riqueza en esta década del siglo XXI.

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2007 DISCORDANCIAS ANEXAS. Iluminada / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

El medio ambiente en la encrucijada de la crisis Elías Melchor Ferrer Universidad de Granada

En etapas de aguda crisis como la actual, donde a la merma en los volúmenes de producción y empleo se une la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la misma, puede antojarse cuanto menos desproporcionado llamar la atención sobre los efectos que en materia ambiental se pueden derivar de la crisis económica, dado el carácter prioritario que tiene la salida a la misma. Es cierto que los agentes económicos y sociales se encuentran ante la disyuntiva de hacer frente a la crisis o distraer esfuerzos (y recursos) a otro tipo de cuestiones entre las que se encontrarían las ambientales. Sin embargo, el que en la mayoría de los casos se incline la balanza a favor de la primera opción no quiere decir necesariamente que de ello se derive siempre un impacto negativo en el medio ambiente. Dado su carácter poliédrico, en algunos casos ello efectivamente ocurrirá, mientras que en otros la crisis incluso podría tener efectos beneﬁciosos, de ahí que sea necesario desgranar con algo más de detalle los impactos ambientales derivados de la crisis económica. Se podría hablar largo y tendido sobre qué ha sido primero, la crisis económica, la ecológica, o si ambas son manifestaciones de una crisis de civilización,

pero de lo que no hay ninguna duda es de que los menores niveles de producción y consumo asociados a la crisis (económica) se traducen a corto plazo tanto en una menor demanda de recursos como en la reducción en los residuos generados. Ante esa caída en las ventas (como consecuencia de la austeridad y, en la medida de lo posible, el ahorro) sólo las empresas más eﬁcientes y competitivas (en general, también las más comprometidas con el medio ambiente) saldrán fortalecidas del envite y generarán externalidades positivas. Sin embargo, para aquellos productos en los que el precio sea un elemento decisivo para su competitividad, la crisis puede provocar bien una deslocalización de los procesos productivos hacia zonas en las que sea menos rigurosa la normativa ambiental, o una menor exigencia en materia ambiental de los poderes públicos ante la amenaza más o menos velada de cierre. Afortunadamente, el desarrollo legislativo en España y su supervisión en materia ambiental desde ámbitos comunitarios hace cuanto menos complicado que se dé esto último. Sin embargo, la urgente necesidad de controlar el gasto ante una situación de déﬁcit público realmente excepcional, sí puede tener

una incidencia tanto en las políticas ambientales como en los programas de desarrollo de energías renovables. Respecto a la primera cuestión, la reducción en los Presupuestos Generales del Estado del techo de gasto presupuestario para 2011 se ha traducido también en una contracción de la parte del mismo dedicada al medio ambiente; sin embargo, lo llamativo es que haya llegado hasta el 32 por 100, circunstancia esta que se agrava como consecuencia de ser el tercer ejercicio consecutivo en que esto ocurre. Ninguna de las principales líneas de actuación en este campo se han librado del recorte: calidad del agua, costas, protección de la biodiversidad y cambio climático; a pesar de que la lucha contra este último era una de las tres prioridades del Gobierno al inicio de la presente legislatura. No obstante, y por paradójico que pueda parecer, ello coincidirá con una mejora en los niveles de emisión de gases de efecto invernadero, a lo cual habrá contribuido la intensidad de la crisis económica en España. De esta forma, en la próxima cumbre de Durban, en Sudáfrica, España podría presentar una mejoría en sus emisiones que sería ﬁcticia, al no responder a mejorías en los sistemas de

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Es comprensible el deseo del Gobierno de no repercutir al consumidor ﬁnal todos los costes de nuestro gravoso modelo energético, sin embargo, los vaivenes normativos de los últimos años están creando un clima de inseguridad jurídica poco deseable.

producción, distribución y uso energéticos. Por otro lado, el disponer de menores recursos para las anteriores líneas de actuación puede ser una oportunidad para revisar los programas de gasto, clariﬁcar prioridades, establecer mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas, etc., en suma, para mejorar la eﬁciencia, ya que lo importante es el uso que se le da a los mismos y no tanto su volumen. Pero el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino no ha sido el único cuyos recortes presupuestarios pueden tener alguna incidencia ambiental, también el Ministerio de Industria y Energía experimentó en 2011 una reducción en su presupuesto por valor de casi 2.800 millones de euros. A ello ha contribuido el recorte en las primas a los productores de energías renovables por importe de 3.300 millones de euros hasta 2013 (232 para las eólicas, 891 para la termosolar y 2.220 para la fotovoltaica), medida que ha sido muy contestada tanto por las asociaciones de productores (como no podía ser de otro modo), como por el Comisario de Energía de la Unión Europea; en ambos casos se rechaza el carácter retroactivo a la par que se solicita duplicar las inversiones en energías renovables. Es comprensible el deseo del Gobierno de no repercutir al consumidor

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final todos los costes de nuestro gravoso modelo energético, sin embargo, los vaivenes normativos de los últimos años están creando un clima de inseguridad jurídica poco deseable. Nada habría que objetar si la reducción de las primas a las energías renovables respondiese a una progresiva adaptación de esas “industrias nacientes” a la situación cada vez más competitiva del mercado eléctrico, pero por desgracia ello no es así. Además, la repercusión de estas medidas es aún mayor si tenemos en cuenta que el establecimiento en su día de primas para unas energías cuya tecnología no era (ni lo es hoy día) competitiva, contribuyeron a desarrollar un sector que, hasta ahora, no es viable sin la subvención pública. En el lado positivo de la balanza habría que hablar del desarrollo de sectores auxiliares competitivos a nivel mundial (como sería el de aerogeneradores), que nos coloca en una posición de ventaja comparativa ante la dura realidad de enfrentarnos a precios del petróleo cada vez más altos. Por desgracia, nuestro modelo de transporte presenta una demanda muy inelástica a estos últimos, lo cual dificultará aprovechar mejor la citada ventaja y cumplir con los cada vez más rigurosos requisitos en cuanto a emisiones de CO2. No menos importante ha de ser el apoyo a políticas de ahorro y eficiencia

energética (que a partir de 2011 son asumidas por las empresas eléctricas durante tres ejercicios), pero no sólo con el regalo testimonial de una bombilla de bajo consumo, sino incluso con desgravaciones fiscales al modo que recientemente han planteado los Estados Unidos. Ciertamente, acostumbrados en los últimos tiempos a subidas impositivas de todo orden, su aplicación en España sería inconcebible en estos momentos, pero ello no es óbice para que en un futuro próximo hayan de considerarse tanto para hogares como para empresas. En ambos casos, la reducción de su factura energética permitirá no sólo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también liberar recursos que podrán destinarse a una mayor demanda (o ahorro) y competitividad, respectivamente. Para que ese mecanismo tenga éxito es necesario, en primer lugar, recuperar el control del gasto público y, en segundo lugar, que el mecanismo sea lo suficientemente atractivo y verificable para que surta el efecto deseado. Tanto este tipo de mecanismos fiscales como las primas a las energías renovables suponen en el fondo la introducción de incentivos económicos para el manejo de problemas ambientales, y los mismos no están concebidos para ser efectivos en situaciones de aguda crisis económica como la actual. Un ejemplo se podría

2007 DISCORDANCIAS ANEXAS. Iluminada (Detalle) / Paco Aguilar

encontrar en la situación del mercado de derechos de emisión de CO2 en la UE (existente desde 2005), en donde se establecieron cupos y asignaron derechos por las autoridades para su compraventa en tiempos de bonanza, pero que una vez llegada la crisis económica (con la consiguiente caída de la producción y las emisiones) se ha asistido a un exceso de oferta de derechos que ha supuesto el desplome de su valor. De esta forma se da la paradoja de que empresas golpeadas por la crisis han visto en la venta de unos derechos de emisión (que recibieron gratis) una oportunidad para mejorar sus cuentas de resultados. Mientras que por el lado de los que compran los mismos, su abaratamiento supone un desincentivo para introducir estrategias y tecnologías más eﬁcientes. Esta experiencia, que a buen seguro será utilizada tanto por defensores como por detractores del uso de mecanismos de mercado en medio ambiente, ha de servir para reﬂexionar sobre qué se ha hecho mal o qué aspectos serían susceptibles de mejora. Como todo en la vida, nada es bueno o malo en términos absolutos, depende de cómo se apliquen unos mecanismos de los que, al ser novedosos, no se dispone de experiencia previa. Además, la complejidad de las relaciones entre economía y medio ambiente, unido al carácter cada vez más cambiante de

los sistemas productivos, la globalización de los mercados en paralelo a una mejorable cooperación internacional, la creciente gravedad de los daños ambientales y el corto plazo desde el que en numerosas ocasiones se contemplan estos, hace ciertamente complicado articular una respuesta coordinada y unívoca al deterioro ambiental. Asimismo, la tradicional escasez de indicadores ambientales (tanto en calidad, cantidad, como en series históricas) dificulta la cuantificación de los impactos y, por tanto, diseñar modelos que puedan hacer frente en mejores condiciones a la complejidad antes comentada. En esa línea hay que situar los esfuerzos del Instituto Nacional de Estadística desde hace años, que bajo las directrices de la Unión Europea, trabaja en la elaboración de un sistema estadístico ambiental basado en dos pilares: i) estadísticas e indicadores ambientales, y ii) la construcción de un Sistema de Cuentas Nacionales. Más recientemente, en 2007, la Comisión Europea ha planteado la necesidad de elaborar informes que integren economía y medio ambiente, para ayudar a los legisladores a evaluar hasta qué punto es ecológico el crecimiento. Para ello plantea recopilar información en tres áreas básicas: las emisiones atmosféricas, el flujo de materiales y los

impuestos ambientales; y otras accesorias como los bienes y servicios ambientales, y la gestión de los recursos. Como bien dice la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea “Añadir la contabilidad ambiental al modo tradicional de evaluar la economía no habría evitado la crisis crediticia. Pero el nuevo sistema ayudaría a eludir crisis potencialmente más graves al centrarse en la necesidad de utilizar los recursos naturales limitados de una manera sostenible.”. Este desarrollo estadístico por sí sólo no tiene la fuerza suficiente como para provocar un cambio radical en los impactos ambientales, sin embargo, es una pieza más de un complejo engranaje que, dada su relativa juventud, requiere constantes adaptaciones y mejoras. Dado que el tiempo corre en nuestra contra es indispensable que a pesar de las actuales dificultades económicas se continúe apostando por la eficiencia en todos los ámbitos (gasto publico, modelo energético, modelo de transporte, mercados de derechos de emisión, hogares, empresas, etc.), pero muy en particular por la competitividad de nuestro sistema productivo, ya que si falla ésta será muy complicado lograr su implicación en las políticas ambientales.

ANS / junio 2011

Crisis y modelo productivo

2007 El juego del tiempo / Paco Aguilar

Hacia una nueva arquitectura del sistema ﬁnanciero Fernando Pampillón Fernández UNED y FUNCAS

1. Introducción Las graves consecuencias de la actual crisis, que continúa abierta en muchos campos, y especialmente en el ﬁnanciero, plantea dramáticamente la cuestión de la incapacidad del presente sistema ﬁnanciero para hacerles frente.

ANS / junio 2011

Esta nota pretende ser un ejercicio de repaso a lo ocurrido, con el ﬁn de extraer lecciones que sirvan para no volver a incurrir en los mismos errores cometidos. Para ello, comienza realizando una síntesis de la crisis, sus causas y efectos de carácter ﬁnanciero que ha provocado, para, a continuación, mostrar las inconsisten-

cias de carácter estructural que la crisis ha dejado al descubierto en los sistemas ﬁnancieros y tratar de recoger los aspectos más importantes de la reforma que se está acometiendo en estos momentos. Cierra esta colaboración, un breve apartado ﬁnal dedicado a las conclusiones.

2. La crisis. Causas y efectos financieros La crisis actual que todavía sufrimos es inicialmente financiera y comienza en 2007 con los problemas de las hipotecas subprime norteamericanas. Un año más tarde, con la quiebra de Lehman Brothers, una entidad financiera global de gran tamaño, adquiere ya un carácter sistémico, es decir, que comienza a tener efectos muy notables sobre toda la economía. De una situación de exceso de liquidez, se pasó a otra caracterizada por un corte radical del crédito, producto de la desconfianza que se instaló en los mercados financieros, que impactó sobre empresas no financieras y familias. De esta forma, lo que había comenzado siendo una crisis financiera terminó provocando caídas muy notables de la inversión, el volumen del comercio internacional y la ocupación, estimadas a nivel global, en treinta millones de empleos perdidos (Viñals, 2010). Pese a la importancia que se ha dado a las hipotecas subprime como iniciadoras de la crisis, éstas sólo han sido el detonante o la punta del iceberg de una serie de fenómenos, entre ellos, las burbujas, inmobiliarias o financieras, que se habían ido inflando a lo largo de una fase cíclica de crecimiento prolongado y descontrolado. Tras él, subyacía una ideología ultraliberal defensora de la actuación libérrima de los mercados financieros, justificativa de la eliminación de regulaciones y controles, que confiaba en la capacidad de los mercados de asignar eficientemente los recursos, corregir los excesos y alcanzar el equilibrio, infravalorando, ignorando o negando las teorías que defienden la existencia de fallos en su funcionamiento. La elevada liquidez existente y, como lógica consecuencia unos tipos de interés muy bajos, a veces incluso menores que el IPC, favoreció el endeudamiento, o apalancamiento, de familias y empresas, y la

búsqueda de mayores rentabilidades, sin una adecuada percepción y evaluación de los riesgos en los que incurrían. Este afán inversor trajo consigo un auge repentino de los precios de los activos comprados, entre ellos los inmobiliarios, cuyo crecimiento sobrepasó toda lógica, creando un proceso especulativo que, en algunos casos, generó auténticas burbujas. Únase a esto, los notables desequilibrios globales – fundamentalmente por los déficit (público y exterior) de EEUU, causados por un consumo excesivo que, ante la falta de ahorro interno, dio lugar a una demanda exterior de financiación, fenómeno al que no fueron ajenos algunos países del Eurogrupo -entre los que merece destacarse España-, las importantes lagunas en la regulación financiera y la carencia de una supervisión financiera micro y macroeconómica. No es sorprendente, en estas condiciones, la aparición de activos financieros muy opacos y de dudosa calidad que, una vez producida la crisis, se vuelven incobrables o tóxicos, colocando a muchas instituciones financieras en situaciones tan difíciles que obligaron a los gobiernos a aportar cuantiosos recursos1, que sumados a los propios efectos del ciclo –caída de ingresos impositivos y mayor gasto público-, dispararon el déficit público, la ratio deuda pública/PIB y la prima de riesgo de la financiación exterior. 3. Crisis y sistema financiero La crisis dejó al descubierto algunos aspectos estructurales de la vulnerabilidad de los sistemas y entidades financieras que los conforman, y que se hacían especialmente patentes cuando la coyuntura se presentaba más adversa: • Elevado apalancamiento de las entidades de crédito, con un negocio basado en el uso intensivo de recursos ajenos y aportación escasa de capitales propios. Dicho de otra forma,

de cada cien euros que los bancos prestaron o invirtieron en el mundo en los últimos quince años, por término medio sólo 5,5 son propios; el resto procede de los depósitos y otros fondos captados de clientes. Esta cantidad es menor a la de otras instituciones financieras no bancarias (8,5 ¤ de cada cien) y muy inferior a la media de las empresas no financieras (33,3 ¤) (BIS, 2010). Esta situación es debida a que, por cada cien euros que mueven, los bancos tienen un margen de beneficio muy estrecho (0,60 ¤). En consecuencia, para obtener una rentabilidad suficiente para sus capitales (la media que han obtenido en los últimos años, según el BIS, ha sido del 12%), deben apalancarse, es decir, utilizar una proporción muy grande de recursos ajenos. Si tenemos en cuenta, además, que una parte relevante de los préstamos bancarios a medio y largo plazo (pensemos en hipotecas a 10, 20 o 30 años) se financian con depósitos a la vista o de corta duración, las entidades bancarias se encuentran en una situación de elevada vulnerabilidad al no disponer de suficiente tesorería para atender retiradas masivas de efectivo, posición que se agrava aún más en momentos de crisis, en los que se restringe bruscamente el crédito en los mercados interbancarios y financieros. Esto hace que, en caso de necesidad, las entidades tengan que buscar fondos al precio que sea, lo que da lugar a pérdidas elevadas y pone en peligro su viabilidad futura y, consecuentemente, los recursos de sus clientes, lo que obliga a intervenir a los gobiernos para evitar un pánico financiero. • Tamaño del sector y de las entidades financieras. En los últimos treinta años, el sector financiero ha tenido un crecimiento muy superior

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El aumento de la dimensión de las entidades bancarias les ha hecho expansionarse más allá de sus horizontes nacionales e introducirse en los mercados internacionales, facilitando así financiación a muchas empresas y estados. al de la economía. Así, en ese período, en EEUU, Canadá y Australia, el valor añadido de ese sector ha pasado del 4% al 8%; en Europa y Japón, el crecimiento ha sido menor llegando al 6% (BIS, 2010). Lo mismo le ha sucedido a las entidades bancarias que, bien por propia expansión o por fusiones y adquisiciones, han alcanzado un tamaño considerable. Esto hace que, en caso de crisis financiera, las consecuencias para la economía pueden ser muy graves, obligando a los gobiernos a tomar medidas de apoyo, con consecuencias traumáticas para las finanzas públicas que, como ha sucedido en Islandia e Irlanda, han puesto al país al borde de la quiebra.

4. La reforma del sistema financiero Las crisis son siempre un buen momento para corregir los excesos y vulnerabilidades detectadas, y diseñar medidas de reforma que eviten su repetición. Tras la crisis, los inversores institucionales son ahora más sensibles al riesgo, y valoran mucho más la gestión prudente y la solidez de las entidades financieras. Al tiempo, éstas son conscientes de los efectos que su calificación (rating) tiene sobre sus costes de captación de recursos en los mercados. Además, la prioridad de los reguladores, en estos momentos, es fortalecer a las entidades imponiéndoles normas más exigentes y complejas, que buscan una vuelta a los principios básicos; entre ellas:

• Expansión internacional de la banca. El aumento de la dimensión de las entidades bancarias les ha hecho expansionarse más allá de sus horizontes nacionales e introducirse en los mercados internacionales, facilitando así ﬁnanciación a muchas empresas y estados -de hecho, más del 80% de los fondos recibidos por los países emergentes europeos procede del exterior-. Esto, sin duda, ha favorecido el logro de una mayor convergencia internacional, especialmente en Europa, pero, en caso de crisis ﬁnanciera, esta situación facilita una rápida e intensa transmisión internacional y el contagio de muchas economías.

1. Mayor cantidad y calidad de los capitales propios, para así reducir el excesivo apalancamiento. 2. Más estabilidad de los recursos ajenos. 3. Mayores requerimientos de liquidez. 4. Políticas más adecuadas de remuneración a los directivos. 5. Mayor ﬁabilidad de las caliﬁcaciones crediticias de las agencias de rating, y 6. En general, mejor gestión de los riesgos.

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En esta línea, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea2 ha elaborado nuevas propuestas normativas, Basilea III, que serán trasladadas a la regulación de los 27 países miembros y de otros muchos más que, aun no perteneciendo al Comité, las vienen adoptando.

Abordados estos problemas, quedan todavía temas pendientes. El tamaño alcanzado por las entidades y los sistemas financieros exige la definición de políticas efectivas de ayuda, rápidas y adecuadas, para entidades con problemas coyunturales de solvencia y liquidez, y regulaciones nacionales de liquidación de entidades no recuperables. En estos casos, deben ser los accionistas los que soporten los costes de reestructuración, reduciendo al mínimo la carga que deben asumir los contribuyentes. Otras medidas de reforma son las relativas a identificar y abordar los riesgos sistémicos, regulando cuidadosamente las instituciones financieras sistémicamente importantes que, como hasta ahora gozaban de la ventaja de ser demasiado grandes para que los gobiernos permitieran su quiebra, podían asumir riesgos excesivos para obtener mayores beneficios. Finalmente, en esta misma línea deben considerarse las regulaciones macroprudenciales: aquellas que tienen en cuenta no sólo los riesgos de las entidades individuales sino los del conjunto del sistema financiero. Para la banca de dimensión internacional se impone una estrecha cooperación entre las autoridades supervisoras -en este sentido, en la UE se ha creado un sistema de supervisión europeo- que favorezca la transparencia, promueva la disciplina de mercado y elabore unas

1999 PIRAMIDE1. Iluminada / Paco Aguilar

reglas internacionales de liquidación y actuación iguales para todas las entidades ﬁnancieras de manera que se impida a alguna obtener ventajas particulares.

el exceso de capacidad actualmente existente y cree modelos más sólidos, lo que repercutirá en una reducción de los costes ﬁnancieros.

5. A modo de conclusión Las medidas de reforma señaladas van a suponer una mejora futura de la solidez y resistencia del sistema ﬁnanciero, pero también en el corto plazo una reducción de la rentabilidad de las entidades. Sin embargo, esto no tiene por qué mantenerse necesariamente para periodos más largos, especialmente si la reforma va acompañada de una reestructuración del sector ﬁnanciero que corrija

(1) En 2008 y 2009, el total de ayudas de los estados miembros de la UE asciende a 2,3 billones de euros, el 80% de ellos en forma de avales (Almunia, 2011). (2) Un foro internacional de cooperación en materia de supervisión bancaria. Los acuerdos relativos al capital de estas entidades se conocen generalmente como Basilea I, II y III, en función de las revisiones que se han ido realizando.

Referencias bibliográficas: - Almunia, J. (2011): La reestructuración del sistema financiero, http://europa.eu/rapid/ pressReleasesAction.do?reference=SPEECH /11/212 - BIS (Bank for International Settlements) (2010): 80th Annual Report, Basilea. - Viñals, J. (2010): “Hacia un nuevo sistema financiero”, Perspectivas del sistema financiero, 100, pp. 19-25.

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2007 LA GRAN TRAVESÍA. Iluminada / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

Bienestar y desigualdad Agustín Molina Morales Universidad de Almería Se va abriendo paso, con velocidad creciente, la idea de que con la mejora del ingreso (desarrollo económico) no es suﬁciente para alcanzar el paradigma de una sociedad más equitativa. Es preciso vincular el desarrollo a la ampliación de opciones humanas. Desde hace varias décadas se ha establecido el índice de desarrollo humano como una medida mucho mejor del aumento del bienestar que la mera evolución del PIB. Esa vinculación entre crecimiento y bienestar dependerá, pues, de la calidad y distribución del crecimiento económico y no sólo de la cantidad del mismo. La ligazón tiene que crearse a conciencia a través de políticas públicas deliberadas pues no está asumida profundamente por la población, a través de políticas tales como las de gasto público en servicios sociales y un sistema ﬁscal que permita – si no la propia redistribución del ingreso, idea abandonada en este tiempo – sí al menos obtener los recursos necesarios para redistribuir la renta y la riqueza. Es más que sabido que sin la intervención pública, el mercado nunca dará lugar a la menor redistribución,

dado que, entre otras cuestiones, no es su objetivo. Basta con recordar el antiguo esquema del ﬂujo circular: los consumidores venden en el mercado sus factores productivos (trabajo y capital) y con la retribución de los mismos podrán comprar los bienes y servicios que con la utilización de los factores las empresas han producido. Naturalmente, la retribución de los factores, que es la variable que permite comprar, depende de su contribución a la producción por parte de la empresa. Por tanto, el elemento fundamental es la posesión de factores productivos y ello depende de la capacidad para trabajar, de la disposición, o de la abundancia del factor (para una tecnología dada) y de la herencia o de la capacidad de ahorro de los individuos. Es, pues, crucial que una mayor igualdad en la disposición de los factores productivos sea decisiva para que el crecimiento pueda llevar al desarrollo humano. En el mundo de la globalización en el que vivimos la competencia internacional, no sólo entre productos y servicios sino también entre desigualdades,

está desaﬁando el alcance de la redistribución propia del estado del bienestar. Ese aumento de la competencia internacional en los mercados ha reducido la libertad de acción de los estados a medida que la creciente apertura de las economías los expone a la competencia sin freno y permite el libre ﬂujo internacional de capitales. En Europa, la globalización y la integración europea se han reforzado mutuamente en su posición sobre el estado del bienestar, hasta el punto que estos han dejado de ser soberanos plenamente y han tenido que ceder a importantes personas externas. No es retórica la pregunta que cada vez con más frecuencia se hacen los ciudadanos: ¿mandan los gobiernos o los mercados? En este contexto cobra mayor fuerza la propuesta que Lord Beveridge realizaba en la primera mitad del siglo XX de que el estado del bienestar consistía en garantizar la protección y el apoyo de los ciudadanos desde la cuna a la tumba. Y es que cuando nos planteamos la protección del estado de bienestar y la correspondiente

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1995 PEZ. Iluminada (Detalle) / Paco Aguilar

obtención de recursos para implementarla, es imprescindible utilizar un modelo de lo que se llama ciclo vital para identiﬁcar las políticas necesarias para entender los retos de las nuevas desigualdades a las que se enfrentan las actuales sociedades del bienestar. Cuando el individuo nace, lo hace generalmente en un hospital público o sufragado con recursos públicos; durante la infancia y la juventud habrá disfrutado de una atención sanitaria gratuita y se habrá escolarizado a coste simbólico hasta los veinticinco o más años. Hasta ese momento su contribución a sostener las prestaciones públicas habrá sido cero. Cuando entra en el mercado laboral, empezará normalmente a contribuir a sostener las cargas del Estado – incluyendo, naturalmente, las cotizaciones sociales que realiza para pagar las pensiones de los jubilados actuales –. Por supuesto que durante su vida laboral seguirá teniendo atención sanitaria sin coste directo y percibirá el pago por desempleo si incurre en el mismo. Una vez jubilado será perceptor de la correspondiente pensión o de las asistencias necesarias si tiene necesidad de que se le aplique la atención a los dependientes. Roger Liddle y Simon Latham, en su trabajo “Los nuevos riesgos sociales a

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los que se enfrentan las sociedades europeas” (en: Carlos Mulas Granados: “Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del Estado del Bienestar en Europa”, Editorial Complutense, Madrid, 2010), sintetizan de manera muy ilustrativa las cuestiones a que ha de hacer frente la sociedad del bienestar en la actualidad: 1. Infancia. Si hay la atención necesaria a la infancia, ello permitirá que las madres trabajen. Con ello aumentará el nivel de natalidad, mejorará el desarrollo de la niñez y disminuirá la pobreza infantil al permitir el trabajo de las madres pues, como es sabido, en las familias monoparentales es donde los niños corren más riegos de pobreza. 2. Educación. Aparte de la inteligencia, tienen gran relevancia en la formación de las personas los factores sociales. Los hijos de familias con estudios universitarios tienen una mayor probabilidad de alcanzar dichos estudios que los que no los tienen. En las sociedades europeas éste ha sido el factor principal de movilidad social y es posible que ahora esté en retroceso: los sistemas educativos que normalmente se diseñan sobre principios que tie-

nen como objetivo igualar las oportunidades vitales, no están cumpliendo esa meta sino más bien consolidando las desigualdades existentes. Estos hechos dan lugar a preguntarse por la persistencia de la desigualdad arraigada en nuestras sociedades. Los resultados de la educación importan aún más hoy en día porque la educación en la economía del conocimiento marca grandes diferencias en las perspectivas de vida. Cuanto mejor educación se tenga, menor será el riesgo de estar desempleado. En la vieja economía, los que abandonaban la escuela prematuramente podían subsistir sin obtener niveles educativos más altos; en la nueva economía esas personas serán perdedoras. El grado de abandono en la enseñanza es, quizá, la mayor rémora para mantener un nivel de vida aceptable en un mundo globalizado. 3. Mercado laboral. Se ha generalizado la ﬂexibilidad en los mercados laborales. Cada vez hay mayor número de trabajos inestables en los que los trabajadores tienen contratos temporales y, en muchas casos, incluso con descenso de los salarios nominales. A su vez, junto a ello se generan

Trabajar más tiempo es la única forma ﬁable de sostener las prestaciones de bienestar en los países europeos, dado el envejecimiento de la población con las consiguientes necesidades que provoca la dependencia con el aumento del tiempo de vida, aparte de recibir la pensión durante más años

problemas de baja autoestima. Esto, además, ocurre en un contexto en el que la formación continua es imprescindible en el cambio hacia una economía cada vez más basada en el conocimiento. Se da la circunstancia de que el suministro de formación continua es inversamente proporcional a la necesidad y esto tiende a fortalecer las desigualdades educativas. La coda es inmediata: mayor polarización de la sociedad y mayor desigualdad. 4. Emancipación individual y formación de un hogar. Existen grandes barreras para la emancipación de los jóvenes. En muchos países, tienen que recurrir a endeudarse para poder completar los estudios. Los empleos iniciales no dan salarios acordes a sus habilidades y titulaciones. Con ello aumentan también las desigualdades generacionales. Los problemas se les acumulan: diﬁcultades de acceso a la

vivienda y problemas de conciliación de la vida laboral y personal que afectan duramente al modelo de pareja de dos trabajadores que, con diﬁcultades, entre ambos acumulan unos ingresos mínimamente decentes y que es una exigencia de la vida actual. 5. Madurez. Los mayores riesgos en esta etapa de la vida son la pérdida de empleo y la jubilación anticipada. En ambos casos es muy difícil devolver a estos inactivos al mercado laboral. 6. Jubilación. Trabajar más tiempo es la única forma ﬁable de sostener las prestaciones de bienestar en los países europeos, dado el envejecimiento de la población con las consiguientes necesidades que provoca la dependencia con el aumento del tiempo de vida, aparte de recibir la pensión durante más años. Por ello, la extensión de la vida laboral es la alternativa más equitativa y efectiva: con ello se obtie-

nen más ingresos y se producen menos gastos al no tener que pagar pensiones durante los años en que se prolongue la actividad. Además es equitativo a nivel intergeneracional: tanto los jubilados como los trabajadores se sacrifican en la misma proporción. Con esta breve exposición sólo se ha pretendido señalar las dificultades a que se enfrenta la sociedad actual desde el punto de vista del posible aumento de la desigualdad. Nótese que hasta hace muy pocos años el problema que se planteaban al respecto los científicos sociales era el de reducirla. No contemplaban la posibilidad de que aumentase. Ahora vivimos tiempos más pesimistas que están estrechamente correlacionados con el aumento de la insolidaridad que experimentamos. Seguramente exista causación entre ambos sustantivos.

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1996 CABALLERO3. Iluminada / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

2007 DE-CONSTRUCCIÓN I. Iluminada (Detalle)/ Paco Aguilar

Un sistema educativo para la sociedad del conocimiento Victoria Galán Muros Universidad de Granada

Hasta mediados del siglo XX, la educación no era considerada una prioridad para los gobiernos nacionales y su inversión era muy reducida. Esta situación comenzó a cambiar radicalmente en los sesenta, con la exitosa aplicación de la ciencia al desarrollo de nuevos productos y métodos más eﬁcientes de producción. Una creciente evidencia empírica estimuló una revolución en el pensamiento económico, por ello, a los tradicionalmente considerados factores de producción, tierra, trabajo y capital, se les añadió el know-how o conocimientos humanos incorporados al factor trabajo. Desde entonces, la importancia de la educación no ha hecho más que acre-

centarse y, actualmente, se considera en todos los sentidos un factor fundamental para el desarrollo social y económico sostenible de las sociedades. Instituciones internacionales como Naciones Unidas, la OCDE o el Banco Mundial consideran la educación como un pilar fundamental de los estados, base de ventajas competitivas, jugando un papel fundamental en todas sus políticas y dedicando cuantiosos recursos y esfuerzos a su análisis detallado y su gestión eﬁciente. La importancia de la educación es tal que la sociedad y la economía actuales llevan el sobrenombre “del conocimiento”, considerado especialmente importante cuando, como en el caso de España, se

opera en mercados abiertos y competitivos. Los beneﬁcios de la educación son incuestionables. A nivel individual incrementa la productividad y la creatividad, promoviendo la capacidad emprendedora, incrementando los ingresos medios y mejorando la calidad de vida. Además, a nivel agregado reduce el gasto público, asegura el progreso social y económico y mejora la distribución de la renta, siendo una de las ventajas competitivas más difíciles de imitar. Por el contrario, las deﬁciencias y carencias del sistema educativo representan el origen de problemas individuales y socioeconómicos como incrementos en la tasa de desempleo, las ayudas sociales, la

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2007 DE-CONSTRUCCIÓN I. Iluminada / Paco Aguilar

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pobreza, las tasas de criminalidad y la dependencia del estado del bienestar, entre otros. Si los problemas educativos no son tratados como problemas económicos de primer orden, sus efectos económicos pueden ser devastadores. La cuestión es tan simple y tan compleja como deﬁnir si la formación de las futuras generaciones de un país es un coste o una inversión y reconocer o no a los ciudadanos como un activo económico, el capital humano. En España, el tema de la educación ha sido ampliamente debatido en momentos concretos, especialmente con cada nueva modiﬁcación de ley. Sin embargo, en tiempos de crisis son otros los problemas que centran la atención de políticos y ciudadanos, sin llegar a reconocer que es precisamente la educación el origen de muchos de ellos. La complejidad y la extensión del análisis de la educación española solo permiten realizar una aproximación a la situación actual, una breve síntesis de sus principales retos y posibles iniciativas encaminadas a la mejora. Existe una serie de problemas que afecta a la totalidad del sistema educativo y cuyo origen es una legislación cambiante, fragmentada y partidista. Los continuos cambios en las leyes orgánicas educativas han provocado confusión e inestabilidad; su fragmentación en decretos y ordenanzas regionales han incrementado las disparidades y la complejidad del sistema y la adecuación de las leyes a las ideologías políticas obstaculiza su independencia y racionalidad. Posiblemente la elaboración de una ley orgánica clara, realista y consensuada por todos los partidos contando con expertos conocedores de la realidad educativa en España ayudaría a sentar unas bases sólidas y estabilizar el sistema. En la práctica, una educación de calidad necesita de profesores preparados. La formación didáctica y profesional del profesorado es a menudo mejorable y

por ella pasa la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Una mayor exigencia para acceder a la carrera docente y unos buenos programas de formación continua del profesorado serían la base para una enseñanza de calidad. El punto de referencia es Finlandia, donde la docencia es la profesión mejor valorada socialmente, con mayores requisitos de formación y reciclaje y con sueldos acordes con la responsabilidad asumida. Como modelo de enseñanza a nivel mundial, Finlandia deja la formación de futuras generaciones en manos de los más preparados, consiguiendo así los mejores resultados educativos. Sin embargo, en España, mientras la ﬁgura del docente pierde valoración social y parte de su salario, sus responsabilidades se multiplican. Los docentes atienden a un alumnado muy diverso y en muchos casos desmotivado o apático, con la obligación de dotar a todos ellos de múltiples competencias. Asimismo, deben hacerse con el manejo de nuevas tecnologías, que pretenden ejercer de panacea universal de la educación, y estudiar inglés hasta poder impartir sus asignaturas en la lengua de Shakespeare. Además, en la educación superior, los docentes deben ser investigadores, publicar en las mejores revistas y transmitir ese conocimiento a la sociedad si quieren progresar en la eterna carrera docente universitaria. Esto sugiere que las demandas en el desarrollo de la labor docente no se corresponden ni con el salario, el prestigio o los requisitos de entrada. La raíz del éxito o el fracaso educativo está en la educación primaria y secundaria, cuyo gran reto está en la mejora del rendimiento académico y la reducción de fracaso escolar. El último informe PISA, publicado por la OCDE, sitúa a los alumnos españoles a la cola de los países miembros, aunque un análisis más detenido muestra enormes diferencias

entre comunidades, con Castilla y León y País Vasco muy por encima de la media, y Andalucía y Canarias claramente por debajo. La tasa de abandono escolar, que ha empeorado un 7% en la última década, alcanza el 31,2%, igualado con Portugal y sólo por delante de Malta, supera el doble de la media de la UE (14,4%) y a una distancia inabordable de Finlandia (0,5%). Este hecho no sólo es un problema individual de índole educativa, también es una clara señal de alarma que a medio plazo tendrá unos efectos económicos y sociales demoledores, pues un 52% de los jóvenes que abandonan están desempleados o fuera del mercado laboral, con un riesgo de pobreza (23,5%) cuatro veces superior a la de un titulado universitario o de FP superior. Nuevamente, las diferencias regionales son abismales, con comunidades con tasas de abandono por debajo de la media europea (País Vasco o Navarra) y otras como Andalucía donde más de un tercio de los alumnos abandonan prematuramente los estudios. Esto es el resultado de la diversidad en las políticas regionales, aunque también se correlaciona positivamente con la tasa de inmigración. El abandono entre alumnos inmigrantes (45%) es muy superior al de alumnos españoles (27%), apuntando la necesidad de una mayor atención a ese colectivo. Los problemas de la educación obligatoria se reﬂejan en la educación superior, uniéndose con las carencias propias de ésta última. Actualmente, la educación superior española está lejos de los niveles de países europeos en muchos aspectos y necesita de un profundo análisis llevado a cabo por especialistas externos sobre la posición en la que se encuentra, sus carencias y ventajas, y el diseño de planes estratégicos con objetivos reales y alcanzables en el largo plazo. Aunque la universidad española ofrece accesibilidad

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geográfica y económica, se enfrenta a los grandes retos de la formación profesional, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y el desarrollo de la denominada tercera misión. La formación profesional, que tan buena reputación y tan buenos resultados tiene en la mayoría de países europeos, es en España una gran desconocida e injustamente infravalorada. El mercado ha dejado patente la escasez actual de técnicos y profesionales con formación inicial y su creciente necesidad, y la efectividad del gasto en formación para el empleo. La incompleta arquitectura actual del sistema de formación descentralizado necesita de la coordinación entre agentes sociales y administraciones públicas para abordar la mejora de la organización del sistema y de su capacidad para proveer mano de obra cualificada, generando una demanda más elevada y atractiva por parte del mundo laboral y con ello dotarla de la difusión y la valoración que merece. El plan Bolonia, más allá de la polémica, es una realidad que ha posicionado a las universidades españolas en un área que presenta tanto ventajas como amenazas. La flexibilización de las titulaciones para adaptarse a los rápidos cambios del mercado de trabajo, la mejora en la acreditación docente, la evaluación individualizada sin reducción de alumnos, la mejora en la gestión de la internacionalización, la atracción de inversión privada y la competencia por la atracción del talento son otros retos que llevarán años de trabajo superar totalmente. Si se consideran los recortes presupuestarios públicos y la escasez de financiación privada actual, la adaptación real al plan Bolonia está condenada a ser lenta, errática e incompleta. La llamada tercera misión de la universidad, la transferencia de conocimiento y tecnología, aún está en fases iniciales. A pesar de ser presentada como

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prioridad, necesita de una inversión en I+D+i muy superior a la actual (1,3%), por debajo de la media europea (2%) y muy alejada de la inversión en países nórdicos (3,8%), con una sólida estructura de I+D+i. La escasez de colaboración entre los actores del triángulo del conocimiento (universidad, empresa y administración pública) se debe al desconocimiento de las ventajas que les puede aportar dicha interacción, a la burocracia existente, a la rigidez del mercado laboral y a la escasa presencia de la I+D+i en un tejido productivo de PYMES en sectores tradicionales. España está aún lejos de dar a la universidad un papel significativo en las políticas de desarrollo local, como promotora de creación de nuevas empresas y creadora de empresas de base tecnológica. La inversión en educación debe ser efectiva, práctica, transparente, sostenible y centrada en las carencias principales. Para ello, existe un gran catálogo de buenas prácticas en otros países con mejores resultados, muchas de las cuales serán aplicables al caso español. Sin embargo, a pesar de que el gasto público en educación (5%) es inferior al de países de la UE y de los resultados obtenidos, España, como el resto de países de la UE excepto Francia y Alemania, ha decidido recortar el gasto educativo alrededor de 1.800 millones de euros en 2011. Ni siquiera un sistema educativo de calidad es suficiente para evita el éxodo en los dos últimos años de más de 120.000 jóvenes altamente cualificados, debido a la imposibilidad del tejido productivo español de ofrecer un empleo acorde con la formación o unas condiciones favorables para emprender actividades empresariales. Frenar esta fuga de cerebros precisa de un largo proceso de modificación de la actual base económica, fortaleciendo y diversificando las industrias, mejorando la investigación, la coordinación universidad-empresa y la

capacidad de absorción de las PYMES. Estos cambios de modelos educativo y productivo requieren a su vez de un cambio de mentalidad que, dejando de lado objetivos cortoplacistas, considere la tan ansiada excelencia como un proceso continuo de mejora cuyos resultados solo se verán a largo plazo. Estudios previos y la experiencia de otros países muestran la imposibilidad de que un país alcance un desarrollo económico sostenible sin una inversión suficiente y eficiente en educación. Actualmente, la ausencia de un sistema educativo eficiente y competitivo deja a España fuera de juego, envuelta en una concatenación de carencias y problemas estructurales difíciles de resolver. Mientras no exista un pacto de estado consensuado que reconozca la educación como la mejor inversión de futuro para vislumbrar una salida a los ya tristemente calificados como generación perdida, la educación seguirá siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española.

2006 Constructivo Destructivo / Paco Aguilar

ANS / junio 2011

2007 Mapa de Viaje I / Paco Aguilar

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Crisis y modelo productivo

Vivienda y sector inmobiliario: retos para la economía española José Antonio Muñoz López Analistas Económicos de Andalucía

El sector inmobiliario, en general, y el mercado de la vivienda, en particular, tienen un notable interés, debido a la repercusión que tienen sobre la economía de un país o región y, al mismo tiempo, a la incidencia sobre el bienestar de los ciudadanos. Este es el caso de España, donde la producción y el mantenimiento de la vivienda constituyen una elevada proporción del sector productivo de la economía y la mayor partida de stock de capital del país. La vivienda como bien, desde una óptica económica tiene características diferenciales. En primer lugar, la existencia de importantes desequilibrios entre la oferta y la demanda, ya que el bien que se produce en este mercado puede considerarse como no comercializable espacialmente, lo que da lugar a que no exista arbitraje en precios entre los distintos mercados con separación espacial, lo que contribuye a la posible existencia de importantes desequilibrios entre la oferta y la demanda que se traducen en importantes alteraciones en el precio de la vivienda. A este último aspecto también contribuye el papel que juegan las expectativas en este sector. En concreto, la demanda inmobiliaria puede tener un alto componente de inversión y no de

consumo directo, inversión que estará determinada por la rentabilidad futura esperada, por lo que una parte de la demanda de viviendas se determina con características similares a la de los activos financieros. Esto puede dar lugar a burbujas especulativas en los mercados inmobiliarios, con alzas importantes en los precios y correcciones rápidas en los mismos. En definitiva, las restricciones para el arbitraje y las posibles distorsiones en las expectativas de precios ocasionan que en muchos casos (principalmente en el caso de rentas bajas) las decisiones acerca del consumo de vivienda no sean óptimas. En general, podemos considerar tres grupos de variables como las determinantes de la evolución del sector inmobiliario. En primer lugar, la evolución macroeconómica, con una especial incidencia de la evolución de la renta y el empleo. En este sentido, los diferentes estudios empíricos realizados sobre el sector, apuntan a que la renta es la principal variable determinante en la evolución de los precios de la vivienda. El segundo grupo de variables son las de tipo financiero, caso de las relacionadas con la financiación de la vivienda y la rentabilidad en inversiones alternativas. Por úl-

timo, el tercer grupo de variables estaría formado por aquellas vinculadas con los aspectos demográficos. No obstante, no debe desdeñarse la importancia de otros aspectos, caso de la fiscalidad, la política urbanística o la de vivienda que, en muchos casos, determinan o conducen los comportamientos que se observan en el mercado. Los factores genéricos señalados anteriormente han determinado la evolución del mercado de la vivienda en la última década tanto en la fase expansiva del subsector residencial como en la profunda recesión que sufre actualmente el sector. Por citar algunos elementos que se han coadyuvado en la etapa de crecimiento (en la recesión algunos de estos factores han cambiado de signo); la mejora del empleo y de la renta de las familias propiciado por la fuerte incorporación de la mujer y de los jóvenes al mercado de trabajo y, derivado de esto, el aumento de la ratio de ocupados por hogar que ha incrementado la renta familiar y la capacidad de pago de las familias; la mejora de las condiciones financieras sustentada en la reducción de los tipos de interés, el alargamiento de los plazos de devolución de las hipotecas, y la menor aversión al riesgo por parte de las

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La parálisis que sufre el mercado de la vivienda en España junto con las diﬁcultades de acceso que tienen algunos colectivos en la actualidad exigen la adopción de medidas que permitan paliar estas carencias, algunas de carácter urgente a poner en marcha a corto plazo y, otras con una perspectiva más amplia.

entidades financieras; y el dinamismo demográfico que se ha manifestado tanto en el fuerte incremento de la población, especialmente de los extranjeros, como en el notable crecimiento de los hogares, apoyado este último en los cambios sociales que han propiciado que el número de personas por hogar descienda significativamente y, en consecuencia, se demanden más viviendas aunque no se altere la población. El notable dinamismo del mercado de la vivienda en el período 20012007 ha traído algunas consecuencias indeseadas para la economía española, como son el fuerte crecimiento de los precios, el elevado endeudamiento de las familias, y la fuerte exposición de las entidades financieras en el endeudamiento del sector. En este punto se inicia la etapa de recesión con un cambio radical en el escenario dibujado anteriormente; el empleo se resiente gravemente con lo que cae la renta y la capacidad de pago de las familias; surgen restricciones en el acceso al crédito; y el componente demográfico se desinfla. Para comprender la situación y los retos de futuro de la vivienda en España es necesario examinar la trayectoria de las principales variables que configuran

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la oferta y demanda de este bien, así como los precios y la accesibilidad a la misma en el período 2001-2010, pues pondrán de manifiesto algunas de las carencias que deberán ser resueltas en el futuro. Por lo que se refiere a la oferta, en la etapa señalada se terminaron en España 4,7 millones de viviendas, una producción anual media de unas 475 mil unidades, correspondiéndole al período 2006-2008 la mayor producción, en torno al 39% del total, para reducir significativamente los niveles en el tramo final de la década, especialmente en 2010, en el que se terminaron unas 257 mil viviendas, significativamente por debajo del promedio observado. En el caso de las visadas, indicador que anticipa el ciclo de producción del sector, la trayectoria es similar a la especificada para las terminadas. La media anual del período 2001-2010 ascendió a unas 506 mil viviendas, siendo el período 2005-2007, como corresponde a su carácter adelantado, el que registra los mayores niveles, el 44%. En este caso, en 2008 las visadas ya caen sustancialmente por debajo del promedio del período, en torno a la mitad, para seguir el proceso de deterioro en los años siguientes, cayendo a las 91 mil viviendas visadas en

2010, trayectoria que anticipa que una posible recuperación de la actividad en el subsector aún queda lejos. Otro aspecto singular de la senda seguida por la producción de viviendas en la década radica en la paulatina desaparición de la vivienda protegida, a pesar de que la política y los planes de vivienda han estado presentes en el período, aunque con poco éxito, ya que, del total de viviendas nuevas producidas únicamente el 9,6% tuvieron algún tipo de protección. Así pues, si consideramos que según la Encuesta Financiera de las Familias en 2008, en torno al 50% de los hogares tiene una renta bruta inferior a 26 mil euros, la aportación de la vivienda social y protegida debería tener un papel más relevante en el mercado español. En definitiva, en 2010, el parque de viviendas en España asciende a 25,8 millones de viviendas, lo que supone una ratio de 549 viviendas por cada 1.000 habitantes frente a las 511,6 en 2001. Por lo que se refiere a la demanda, la información que proporciona la Secretaria de estado de Vivienda (Ministerio de Fomento) desde el primer trimestre de 2004 permite analizar el comportamiento de ésta tanto en lo que se refiere a la vivienda nueva como usada, así como

identificar el uso o destino principal de las mismas. En el período 20042010 se vendieron en España un total de 5,061 millones de viviendas, de las cuales 3,892 millones (76,9% del total) son de nueva construcción y las 1,169 millones de viviendas restantes usadas. La trayectoria observada por las ventas confirma el mayor dinamismo registrado en el trienio 2004-2007 frente al panorama recesivo del mercado inmobiliario desde mediados de 2008. En concreto, en el primer cuatrienio se vendieron en promedio unas 885 mil viviendas anuales mientras que en los tres últimos años descendieron las ventas totales (nuevas y usadas) hasta las 506 mil unidades al año. Si relacionamos en cada año las viviendas terminadas con las ventas de vivienda nueva se obtiene un indicador representativo del potencial de la demanda del mercado español, así como de la acumulación que se ha ido produciendo del stock de vivienda de nueva construcción en España. En el período con información disponible la ratio promedio Vivienda terminada/Vivienda vendida nueva ha sido 1,71, lo que muestra que la oferta superó ampliamente a la demanda en el período. Sólo 2006 (1,60), 2007 (1,57), y 2010 (1,44) han registrado aumentos del stock inferiores al promedio. En conclusión, el mercado muestra un comportamiento irracional produciendo a ritmos muy superiores a la demanda en un amplio período de tiempo sin modificar su comportamiento. Contrastada la evolución del mercado resulta, en cierta medida, sorprendente la aceleración que han sufrido los precios en la etapa de expansión, y la rigidez que han mostrado a la baja a pesar del desplome de las ventas y de la percepción, al menos entre los expertos, de que los niveles de precios estaban sobrevalorados. En cifras, para la vivienda libre nueva se ha pasado de los 1.104,4 ¤/m2 en el

primer trimestre de 2001 a los 2.094,7 ¤/m2 en el mismo período de 2008, un aumento acumulado del 104,7%, mientras que, en la vivienda usada, el máximo valor se cifró en 2.102,1 ¤/m2, en torno al 133% de incremento. A partir de los máximos alcanzados la trayectoria recesiva de los precios ha sido constante hasta el 4º trimestre de 2010, y acumulan un descenso del 12,6% y del 13,4% en la nueva y usada, respectivamente, lo que sitúa los precios de la vivienda en niveles similares a los registrados a finales de 2005. La parálisis que sufre el mercado de la vivienda en España junto con las dificultades de acceso que tienen algunos colectivos en la actualidad exigen la adopción de medidas que permitan paliar estas carencias, algunas de carácter urgente a poner en marcha a corto plazo, y otras con una perspectiva más amplia. Resulta evidente que el factor crítico que ha provocado el debilitamiento del mercado inmobiliario está vinculado al rápido crecimiento del desempleo y el deterioro de las expectativas económicas, por ello, medidas encaminadas a la pronta y sólida recuperación de la economía española, y a mejorar la cantidad y calidad del factor trabajo, tendrían un impacto rápido sobre la demanda interior de vivienda. En este sentido, es fundamental conseguir que el precio de la vivienda vuelva a ser atractivo, más competitivo, lo que obligaría a un ajuste realista del precio, especialmente en inmuebles de menor calidad (localización, servicios, etc.), y que se eliminen definitivamente algunas incertidumbres jurídicas que en los últimos años han deteriorado la confianza de los inversores internacionales. Desafortunadamente, entre las características más determinantes, por su incidencia sobre el mercado, de la vivienda en España se encuentran el desequilibrio en el régimen de tenencia entre la vivienda en propiedad y en alquiler, así

como la carencia y casi desaparición en las últimas décadas de la vivienda social. Equilibrar la primera hasta que al menos entre un cuarto y un tercio del acceso sea vía alquiler (16,8% en la actualidad) y disponer de una proporción adecuada del parque de viviendas que puedan satisfacer esa demanda social son retos que deben abordarse con urgencia, si bien la solución sólo puede alcanzarse a medio y largo plazo. Para alcanzar esos objetivos, del elevado stock actual debería destinarse una parte (el que reúna las condiciones específicas para ello) a vivienda en alquiler, con el objetivo de satisfacer tanto la demanda de vivienda general (familias, 1ª vivienda, etc.) como otras más específicas y que suelen encontrar más dificultades, caso de la destinada a estudiantes universitarios, trabajadores desplazados, inmigrantes, etc. En la misma línea es necesario seguir trabajando en medidas que doten de mayor seguridad jurídica al sector del alquiler de viviendas, y, también, propiciar la constitución y capitalización de sociedades que garanticen la solvencia y la gestión de las viviendas en alquiler. Por último, hay que priorizar que las viviendas sean sostenibles desde una óptica global, es decir, racionalidad en la ocupación del suelo, compatibilizando la ocupación del suelo para vivienda y urbanización con las actividades productivas y la protección de los espacios públicos de interés general, con especial mención a evitar los abusos en el litoral; en la energía que demandan; en el tratamiento de los residuos que generan, etc. En este empeño deben, por un lado, reforzarse los incentivos a la rehabilitación y modernización del parque de viviendas existentes con criterios de eficiencia energética y ambiental, y, por otro, aumentarse los requerimientos urbanos y medioambientales de los nuevos proyectos en aras de la sostenibilidad urbana.

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Globalización económica y competitividad Rafael López del Paso Universidad de Málaga

Continuando con el proceso de internacionalización iniciado a finales de la pasada década de los ochenta –impulsado por la implementación de políticas económicas de oferta tendentes a profundizar en la liberalización y en la flexibilización de los mercados, y por el intenso desarrollo tecnológico aplicado a las actividades productivas– las economías han aumentado sus grados de interconexión e integración, encontrándose hoy día plenamente globalizadas. Las manifestaciones más claras de esta nueva realidad se traducen en unos flujos internacionales mucho más abiertos e intensos de bienes, servicios, capitales, personas, información y tecnología (Medel, 2007). La ampliación de las posibilidades de elección que ofrece un mundo marcado por la contracción del espacio y la aceleración del tiempo ha llevado a las empresas, por un lado, a expandir y a ampliar sus mercados objetivos; y, por otro, a avanzar hacia una asignación más eficiente de los recursos mediante la reestructuración de sus procesos y la desin-

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tegración vertical de sus estructuras productivas, localizando y externalizando la materialización de ciertas actividades más allá de las fronteras de sus territorios tradicionales en aras de aprovechar las ventajas competitivas existentes en materia de coste y las derivadas de la especialización. De este modo, se han abierto nuevas vías de despegue económico para países hasta ahora subdesarrollados, y se ha procedido a la incorporación en la escena mundial de nuevos países competidores, dando lugar a una extensión del perímetro de los centros de gravedad económicos y a un desplazamiento de los ejes de crecimiento. En los últimos treinta años, las economías emergentes han aumentado su participación en el PIB mundial y su aportación al crecimiento económico global en más de 10 p.p. superando hoy día el umbral del 50% (FMI, 2010). En este contexto, como señalaba Bill Clinton en su participación en la Cumbre de Davos celebrada en los albores del presente milenio, para mantener o mejorar las condiciones de vida de sus

ciudadanos, los países y regiones deberán aprender a competir en un mercado único y global, como si de una empresa se tratase, ofreciendo a las unidades que conforman su tejido productivo mejores condiciones, tanto actuales como futuras, de las que presentan sus rivales más directos. Sin lugar a dudas, las economías han comenzado una guerra fría y silente en la que el arma más poderosa es la competitividad. No en vano, el presidente Obama, en su intervención en el debate de la nación de 2011, destacaba que Estados Unidos, al igual que el resto de economías, se enfrentaba a un “momento Sputnik”, en el que, a pesar de verse azotadas por los efectos devastadores de la crisis, deben apostar decididamente por el desarrollo de cuantas reformas estructurales sean necesarias para ganar en competitividad. Llegados a este punto parece oportuno identiﬁcar los pilares básicos sobre los que se debe sustentar el diseño de las estrategias a adoptar para mejorar la competitividad desde una perspectiva macroeconómica. Y en este sentido,

2003 BAJO MAR / Paco Aguilar

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conviene distinguir, a efectos analíticos, entre a corto y a medio y largo plazo. Desde el punto de vista del primero, una economía será tanto más competitiva cuanto mayor sea su capacidad para sustentar su participación en la oferta nacional y aumentar el grado de penetración en los mercados internacionales. Bajo esta acepción, su posición se podrá ver mejorada mediante una elevación relativa de la calidad y del grado de diferenciación de los bienes y servicios producidos, así como a través de una reducción de sus precios y de los costes de los recursos empleados para su obtención (Porter, 1990). En cambio, adoptando una perspectiva temporal más amplia, la competitividad de una economía depende de su potencial para establecer una senda de crecimiento sostenida y equilibrada en el tiempo (Krugman, 1994). La consecución de ganancias, en este caso, requiere de la aplicación de una batería de medidas estructurales que promuevan una mejora permanente de los niveles de productividad conjunta de los factores incidiendo sobre sus factores determinantes. Por consiguiente, deberán ir dirigidas a: 1) elevar el nivel y la calidad de las dotaciones factoriales; 2) potenciar los mecanismos inductores de actividad y 3) adecuar la arquitectura institucional a la nueva realidad económica. Aun cuando el abanico de posibilidades es muy amplio, existe un amplio consenso sobre las virtudes y los efectos expansivos sobre la dinámica competitiva de las economías, generados por: • El aumento del stock de capital humano. La extensión de la educación y el desarrollo del sistema educativo en sus diferentes etapas acorde a las necesidades reales del aparato productivo se traduce en una mayor cualiﬁcación profesional de la población activa, y, por tanto, en: 1) un uso más

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•

eficiente de todos los factores de producción; y 2) mayores posibilidades de incorporación de innovaciones en los productos y en los procesos. La constitución de redes de infraestructuras modernas y equilibradas, en especial, en el ámbito tecnológico. Su incidencia se plasma en un doble sentido. Por un lado, al actuar como variable determinante en los procesos de decisión de localización empresarial. Por otro, al facilitar el ejercicio fluido de la actividad económica, la reducción de los costes de transacción asociados a la movilidad factorial y la creación de complejos sectoriales de alto valor añadido. El fomento de las actividades de innovación, desarrollo e investigación, al permitir, en un ámbito en continuo cambio, la creación y la renovación de los procesos y de los sistemas de información y gestión, el lanzamiento de nuevos bienes y servicios, así como el incremento del nivel de eficiencia en la producción de los ya existentes. Su contribución se ven acrecentada por los efectos positivos asociados a la generación de externalidades, al: 1) impulsar el emprendizaje y desplazar la frontera del conocimiento, en los que encuentra su base, reforzando el llamado triángulo del conocimiento (educación-investigación-innovación); y 2) minorar el impacto de la actividad sobre el Medio Ambiente. El desarrollo del sistema financiero, al constituir un vehículo esencial en: 1) la canalización eficiente del crédito a la financiación de las actividades productivas; 2) la provisión de los servicios de pago; y 3) la adecuada valoración de los riesgos asociados a los proyectos de inversión empresariales. La configuración de un mercado de trabajo flexible y con capacidad para ajustarse a las fluctuaciones económicas y para absorber las perturbaciones

adversas sin que recaiga el peso del ajuste en el empleo. • La posibilidad de contar con un tejido empresarial y con nuevas cohortes de emprendedores que contribuyan a diversificar la estructura productiva, impulsen proyectos generadores de valor añadido y ejerzan, eficazmente, la función creativa y dinamizadora del empresario schumpeteriano (Domínguez, 2009). • La aplicación de políticas macroeconómicas que garanticen el mantenimiento de un entorno estable y facilite la formación de expectativas y la toma de decisiones por parte de los agentes económicos privados. Más específicamente, políticas monetarias no generadoras de inflación y políticas presupuestarias y fiscales que descansen en la búsqueda del equilibrio presupuestario, la minimización de las distorsiones impositivas y los excesos de gravamen, y el uso eficiente de los recursos públicos. • Finalmente, la fijación de un marco institucional y regulatorio que garantice el cumplimento de los acuerdos adoptados, y favorezca la creación y el establecimiento de nuevas empresas, así como el tráfico mercantil. El impacto de las medidas señaladas queda ampliamente constatado a través de los diversos rankings en los que se compara la posición competitiva de las economías a escala mundial. Tomando como referencia, por su significación, el llevado a cabo por el World Economic Forum, en su edición de 2010, las primeras posiciones son copadas por Suiza (1ª), Suecia (2ª), Estados Unidos (4ª), Alemania (5ª), Japón (6º), Finlandia (7ª), Holanda (8ª) y Dinamarca (9ª). El análisis individual de las fortalezas en las que descansa su solidez competitiva permite identificar una base común conformada por el mantenimiento de potentes

La configuración de un mercado de trabajo flexible y con capacidad para ajustarse a las fluctuaciones económicas y para absorber las perturbaciones adversas sin que recaiga el peso del ajuste en el empleo.

redes de infraestructuras y sistemas de I+D+i, en los que el sector privado ejerce un papel importante, la conﬁguración de sistemas educativos orientados al desarrollo de las competencias requeridas por el mercado laboral y la permanente búsqueda de la simplicidad de los requerimientos procedimentales en el ámbito empresarial (World Economic Forum, 2011). A pesar del auge experimentado durante los últimos años, las economías emergentes ocupan puestos intermedios, debido a las importantes debilidades que presentan en materia de infraestructuras, sistema educativo y calidad del marco institucional. Dentro del grupo de los denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), China es la que mejor situada se encuentra, alcanzado el puesto 27º. Entre sus puntos fuertes destacan la sostenibilidad de su crecimiento y su estabilidad macroeconómica. Por su parte, España ocupa la posición 42ª, tras haber perdido nueve puestos con respecto al ejercicio anterior. La capacidad de competir globalmente de nuestro país se ha visto lastrada por la

continuidad del proceso de destrucción de empleo y la persistencia de altas tasas de desempleo motivadas por las rigideces del mercado laboral. Según este organismo, otros factores que limitan la competitividad de nuestra economía son la incertidumbre existente en los mercados internacionales sobre la capacidad de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los sectores público y privado, así como las dudas sembradas sobre la credibilidad de los programas de reducción del déﬁcit público y el alcance efectivo de las reformas estructurales emprendidas. Por el contrario, como principales fortalezas, destacan la calidad de la red de infraestructuras básicas, el desarrollo tecnológico alcanzado durante los últimos años, así como la base de profesionales con la que cuenta para el desarrollo de investigación aplicada. Sin lugar a dudas, la realidad económica a la que hoy nos enfrentamos dista, y mucho, de en la que hace casi doscientos años David Ricardo formuló su teoría de la ventaja comparativa en su intento de explicar el comercio internacional como expresión máxima de

globalización de la época. A nadie se le escapa que las reglas del juego han cambiado y que para alzarse con el cetro de la competitividad, las economías deben afanarse en alcanzar las ventajas dinámicas schumpeterianas que se derivan de la consecución de diferenciales positivos de productividad.

Referencias bibliográﬁcas Domínguez Martínez, José M. (2009): El empresario: ¿el nuevo héroe postmoderno?; La Opinión de Málaga. 8 de abril. FMI (2010): Word Economic Outlook. Octubre. Krugman, Paul (1994): “A dangerous obsession”, Foreing Aﬀairs, Marzo-Abril, vol 73, nº 2, págs. 78-44. Medel Cámara, Braulio (2007): Discurso de contestación al acto de ingreso de D. Antonio Mª. Claret García. Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Porter, Michael (1990): “The Competitive Advantage of Nations”, Harvard Business Review, Marzo-Abril, págs. 73-91. World Economic Forum (2011): The Global Competitiviness Report 2010-2011.

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Crisis y modelo productivo

Nuevos ejes del crecimiento económico mundial Dolores Genaro Moya Universidad de Granada

En 2010, tras 30 años de crecimiento continuo, China desbancó a Japón como segunda potencia mundial y antes de mitad de siglo podría superar a EEUU y colocarse en primera posición. India aportó en 2009 un 5,1 por 100 al PIB mundial, por encima de países avanzados como Alemania (4,0 por 100), Francia (3,0 por 100) o Reino Unido (3,1 por 100). Es evidente que algo está cambiando en el mundo y que los ejes del crecimiento económico a lo largo de las próximas décadas no continuarán situándose en los países occidentales, al menos no de manera exclusiva y no con los mismos parámetros que se han observado hasta ahora. Cuestiones como los ﬂujos de capital, los tipos de interés, los tipos de cambio, el comercio mundial, la competitividad, etc., están cambiando la forma y la velocidad a la que los países tanto avanzados como emergentes van a crecer en la presente y, muy probablemente, en futuras décadas. Para comprobar estas diferencias en el crecimiento entre las economías denominadas avanzadas (entre las que incluimos EEUU, la zona euro o Japón, por ejemplo) y las denominadas emer-

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gentes, hemos representado en el siguiente gráfico la evolución del Producto Interior Bruto de estos dos grandes bloques, desde 2002 hasta la actualidad, incluyendo las previsiones para el presente año y para 2015. Sin detenernos en diferenciar comportamientos aislados por países, podemos verificar que, efectivamente, la última década ha marcado un antes y un después en la senda divergente que están siguiendo estos dos tipos de economías. Además, según las predicciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas diferencias no se reducirán, sino que para 2015 se verán, en todo caso incrementadas. Sin detenernos demasiado en las cifras, sí convendría señalar que si, entre 1992 y 2001, el crecimiento económico en las economías avanzadas se había situado en un 2,8 por 100 anual frente a un 3,8 por 100 en las economías emergentes, este punto de diferencia se habrá ampliado a 4,3 puntos en 2015 (2,4 frente a 6,7 por 100, respectivamente). Pero ¿significa esto que las economías avanzadas han dejado de ser las más ricas o con mayor nivel de vida? La respuesta a esta cuestión es, obviamente,

negativa. La renta por habitante de los países emergentes sigue aún situándose a una amplia distancia de la renta media por habitante en un país avanzado. Tomemos, por ejemplo, el caso de China con una renta per cápita en 2010 de 4.283 $ o de India con 1.176 $ por habitante y comparémosla con la renta media de un estadounidense en ese mismo año, 47.155 $, o de un ciudadano francés, 45.991 $. Esta distancia en los niveles de renta se reducirá levemente en 2015, según las predicciones del FMI, puesto que China e India avanzarán poco en términos relativos (3.000 $ más por habitante en China y apenas 700 $ más e India). El ciudadano francés tendrá 200 $ menos mientras que el estadounidense dispondrá de 8.000 $ más en 2015. Por tanto, las elevadas tasas de crecimiento de los países emergentes propiciarán una convergencia progresiva, aunque probablemente muy lenta, con las economías más avanzadas. La siguiente cuestión sería identiﬁcar aquellos países que van a constituir el o los ejes de crecimiento en los años venideros, tarea que resulta relativamente compleja. Si identiﬁcamos los países con

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial Octubre 2010. FMI. Elaboración propia

mayor crecimiento en la última década, encontramos un grupo que va siendo cada vez más nutrido. Así, en 2003 se acuñó el término BRIC (Brasil, Rusia, India y China) para denominar a un grupo de países emergentes que por su tamaño y por las reformas económicas que habían realizado se pondrían a la cabeza del crecimiento mundial durante años. Sin embargo, en 2010, el BBVA acuñó el término EAGLES1 para denominar a un grupo que incluye junto a los países BRIC como a otros países emergentes tales como Indonesia, Corea del Sur, México, Turquía, Egipto y Taiwán y que se caracterizan por realizar una aportación en términos absolutos a la economía mundial en la próxima década superior a la media del G-6. Pero ¿cuáles han sido las circunstancias que han llevado a estas economías a conformar los ejes de crecimiento en el futuro? Evidentemente las circunstancias no han sido las mismas para todos los países o regiones, pero existen algunas que podemos considerar como las más frecuentes. En primer lugar, el comercio internacional está siendo una fuente importante de crecimiento en las

economías emergentes. Hasta hace relativamente poco, estas economías habían protegido en exceso sus mercados de la competencia exterior, reduciendo así no solamente sus importaciones sino evitando también la salida de bienes y servicios hacia otros países. La progresiva liberalización de las relaciones comerciales a nivel mundial –parte del proceso que ha venido a denominarse globalización- ha permitido a países como China, India, Brasil o Taiwán, explotar su ventaja competitiva en ciertos sectores, para constituirse en grandes proveedores de bienes y servicios que tienen como destino los mercados de países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de China o India, disponer de una mano de obra abundante y barata, les ha llevado a especializarse en bienes intensivos en este factor en los que, especialmente China no tiene competencia a nivel mundial. Otros países se han especializado en productos con alto contenido tecnológico, compitiendo con las grandes multinacionales occidentales en el mercado mundial, pero con claras ventajas competitivas, como es el caso de Taiwán o Corea del Sur. También se están convirtiendo cada vez más en

proveedores de servicios, que implican elevada formación de la mano de obra y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como servicios ﬁnancieros, informáticos o de telecomunicaciones, siendo en este caso un claro ejemplo India. Obviamente, gran parte de estas ventajas en el comercio mundial se derivan claramente de una apuesta decidida por elevar el nivel de capital humano en la economía, esto es, mayor formación de la mano de obra, lo cual implica inversión en el sistema educativo y extensión de la educación universitaria a capas más amplias de la población. Este ha venido siendo el caso en algunos países de Europa del Este, como Polonia, o en Asia, como India. Por otro lado, otras regiones como África subsahariana o América del Sur están basando su crecimiento en el incremento de la demanda de materias primas procedente de los países industrializados y, cada vez más, de las economías emergentes. No debemos obviar tampoco, al hablar de comercio internacional, la ventaja que obtienen muchos de los países emergentes por el hecho de tener unos tipos de cambio en los mercados de

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divisas muy favorables para sus intercambios con el resto del mundo. Obviamente tener una moneda con un tipo de cambio infravalorado, es decir una moneda “barata”, beneficia las exportaciones al abaratar los bienes y servicios que salen hacia el exterior. El ejemplo más significativo de esto es China, que está siendo acusada por los países desarrollados, especialmente EEUU, de intervenir para mantener su moneda (el renminbi o yuan) infravalorada inyectando grandes cantidades de yuanes en los mercados de divisas y acumulando, por tanto, ingentes reservas de otras monedas. Esto está provocando una corriente a favor de introducir medidas proteccionistas frente a los productos procedentes de China, incluso el reciente Premio Nobel de Economía Paul Krugman ha sugerido al gobierno estadounidense ciertas medidas en este sentido. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, encontramos el desarrollo tecnológico que ha tenido lugar en las últimas décadas y que está permitiendo que las economías emergentes no solamente exporten bienes intensivos en mano de obra barata, donde los bajos costes salariales constituyen la principal fuente de ventaja comercial, sino que cada vez más las exportaciones se centran en productos de mayor valor añadido. En la actualidad, la TIC permiten que parte de los procesos productivos puedan desplazarse a otros países o que determinados servicios puedan ser prestados a empresas localizadas en otro punto geográfico a miles de kilómetros, este es el caso de los servicios de atención telefónica que se prestan desde otros países, el desarrollo de software, el asesoramiento financiero, etc., donde ya no es relevante que proveedor y comprador se encuentren en el mismo lugar. Obviamente, esto es asimismo consecuencia de lo comentado acerca de la necesaria existencia de un capital humano en crecimiento

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y una mano de obra que pueda asimilar, utilizar, aplicar y desarrollar la tecnología que se está generando. Incluso, muchos de estos países emergentes están generando gran parte de dicha tecnología para aplicarla a sus procesos y para exportarla a los países desarrollados. De hecho, cada vez son más las multinacionales basadas en estos países que se posicionan en los mercados de los productos intensivos en tecnologías. Estos son los casos de las multinacionales chinas Huawei o China Mobile, las indias Tata o Wipro y las coreanas Daewoo o Samsung. En tercer lugar, algunos economistas aseguran que países emergentes en América (que han aprendido de la experiencia de los años 90) y en Asia, están logrando crecer equilibradamente, aplicando políticas y regulaciones más prudentes, que eviten perturbaciones financieras como las que se están observando en las economías occidentales y permiten un crecimiento con bajo déficit exterior y público y tasas de inflación bajo control. Sin embargo, las economías occidentales no han manejado tan bien la pasada etapa de crecimiento económico, derivando en la situación actual de desequilibrios macroeconómicos fundamentales que, entre otras cuestiones, están dificultando su salida de esta crisis económica. Según las Perspectivas de la Economía Mundial 2010 del FMI, “los países en desarrollo no están únicamente liderando la recuperación. Estos países están siendo cada vez más una fuente importante de estabilidad, con muchos de los riesgos para el crecimiento global centrados en los países de mayor renta y reflejando aún desequilibrios no resueltos derivados del boom económico.” Por último, muchos de estos países están creciendo gracias una demanda interna muy dinámica fruto de una clase media que cobra cada vez más relevancia, con una renta cada vez mayor y fruto

también de un fuerte crecimiento demográfico. Pero además, cada vez están siendo más relevantes en el crecimiento, las relaciones económicas y comerciales que se producen entre estos países, al margen de los países occidentales, puesto que, en el caso de Asia muy claramente, la proximidad geográfica entre muchos de ellos es un factor importante. Para finalizar, a modo de recapitulación, podríamos decir que hay una serie de fuerzas que están cambiando la configuración del crecimiento mundial tal y como se ha concebido hasta el momento. En los próximos años asistiremos a un proceso de crecimiento lento en los países occidentales, que pagarán por los excesos cometidos en las últimas décadas y en los que de acuerdo con el FMI, urge adoptar “medidas exhaustivas y rápidas para superar los problemas soberanos y financieros en la zona del euro, y políticas para corregir los desequilibrios fiscales y sanear y reformar los sistemas financieros en las economías avanzadas a nivel más general.” Por el contrario, en países como China, India o Brasil el fuerte crecimiento económico esperable se deberá complementar con actuaciones en las que “mantengan controladas las presiones de recalentamiento y faciliten el reequilibramiento externo.”

(1) Asimismo, existe una denominación para otros países candidatos a formar parte del grupo EAGLES, los países NIDO, entre los que se encuentran Tailandia, Sudáfrica, Nigeria, Polonia, Malasia, Colombia, Vietnam, Bangladesh, Argentina, Perú y Filipinas.

2007 Distenci贸n I / Paco Aguilar

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El arte en Málaga. Miradas perdidas y esperanzas de porvenir Rafael González Alvarado Pintor

La cultura es un derecho y una necesidad de los pueblos, que los hace libres. Las instituciones tienen por ello la obligación y el deber moral de proteger el patrimonio Artístico y cultural que representa el tesoro no solo material sino espiritual de las sociedades. Pero en los tiempos actuales estas evidencias corren el riesgo de olvidarse. La crisis económica está en efecto acelerando el desmantelamiento y cierre de algunos espacios museísticos, centros de arte, fundaciones etc., generando inquietud, alarma social y denuncias por parte de colectivos ciudadanos, artistas e intelectuales. No sólo se pierde la infraestructura que dinamiza cultural y económicamente la ciudad como reclamo turístico, también las actividades antes generadas; Y sobre todo la mirada, al privar al espectador del encuentro con las obras de arte que fueron creadas para ser contempladas y disfrutadas y hacernos participes de la experiencia artística, lo que contribuye a transformar nuestra

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percepción de las cosas, dándonos otras perspectivas e ideas desde la que entender nuestro lugar en el mundo. A título de ejemplo, es triste la noticia en estos días del cierre, si no median las instituciones, de la Fundación Chillída Leku, en el País Vasco; o la falta de entendimiento en un principio sobre el centro José Guerrero dependiente de la diputación de Granada, aunque afortunadamente tras intervenir la Junta de Andalucía, la diputación y familiares del artista han llegado a un acuerdo. Pero también esta solución ha sido posible gracias a las protestas de colectivos de la sociedad civil, artistas y gestores culturales que han generado corriente de opinión. Aun tengo presente en la memoria como en nuestra ciudad se llevó a cabo el desmantelamiento del museo de Bellas Artes hoy Museo Picasso. La respuesta, como todo el mundo sabe, no se hizo esperar, con manifestaciones multitudinarias y la creación de la plataforma ´ La Aduana para Málaga´, aunque sólo tras

años de lucha de la sociedad civil se consiguió la reivindicación. Hoy, la Aduana está en obras para su adaptación como museo que albergará los cuadros de una de las mejores colecciones de pintura del siglo XIX. Hubo que lamentar también la pérdida de la magníﬁca sala de exposiciones de la Alameda, dependiente de la Diputación de Málaga y del cierre temporal del espacio expositivo del Obispado al funcionar como sede administrativa del Bellas Artes mientras se realizan las obras de la Aduana. En deﬁnitiva, la crisis económica merma la sociedad del bienestar también en este campo, y pone en peligro las conquistas sociales en el terreno de la cultura, con serios recortes en los presupuestos de la administración que hacen que el arte viva un retroceso lamentable; Paralelamente se impulsa un retorno al conservadurismo estético (como el reciente creado Museo Revello de Toro en Málaga).

Por otra parte, “El Museo Picasso”, con magníficas instalaciones y exposiciones de alto nivel fundamentalmente sobre Picasso y las vanguardias del siglo XX debería implicarse más en el tejido social, cultural, y artístico de la ciudad. Hoy en día un Museo tiene que ser algo vivo en el que los ciudadanos interactúen y lo hagan suyo, participando del Arte como experiencia vital. Otra infraestructura que levantó expectativas fue el Centro de Arte Contemporáneo, con Artistas de nivel internacional y que está ciertamente acercando al público a los lenguajes y propuestas de artistas de hoy; Sin embargo, se echa en falta mayor implicación con artistas locales, además de cursos, talleres, etc. impartidos por los artistas que exponen para posibilitar una mayor interacción con los creadores locales, que contribuya al desarrollo del Arte en nuestra ciudad. Tenemos referencias importantes en nuestro pasado: Como las actividades del "Café Teatro" en los bajos de la casa de Pedro de Mena, en la que por cierto vivió el magnífico poeta Juan Miguel González; o las realizaciones del mítico "Terral" dirigido por Pilar Chamorro en la calle Pedro de Toledo a la que tanto le debemos por todo lo que hizo por los jóvenes artistas de los ochenta, autentica dinamizadora cultural en aquellos tiempos donde todavía no estaba tan institucionalizada la cultura. Se puede citar también el Colegio de Arquitectos, que durante una década gloriosa bajo la dirección de Tecla Lumbreras desarrolló una de las iniciativas privadas más interesantes y creativas de la gestión cultural, apostando por la modernidad y por los jóvenes creadores y convirtiéndose en un referente dentro y fuera de la movida malagueña. También merece una mención el Colectivo Palmo de la generación de los años cincuenta, que fue un referente de modernidad y de iniciativa en la autogestión del colectivo, autofinanciándose

a través de la producción de obra gráfica al igual que el colectivo 7/10. El reciente inaugurado Museo Revello de Toro ubicado en pleno centro histórico, cerca del Museo Picasso y del futuro museo de Bellas Artes plantea otros interrogantes. Porque su filosofía parece responder a la idea de potenciar a un sector minoritario de la ciudad con unos planteamientos estéticos estancados y obsoletos, que representan la Málaga localista, cerrada y provinciana. Con estos criterios decimonónicos no se contribuye a crear una historia real una imagen moderna, abierta, cosmopolita e innovadora de la Málaga de Picasso y de los Artistas que aportaron algo personal y conectaron con las vanguardias internacionales. Por otra parte, parece paradójico que se le dé prioridad al Museo Revello de Toro y se olviden artistas como por ejemplo Fran Rebajes, que donó parte de su obra al Ayuntamiento de la ciudad y no tiene un espacio digno en donde se muestre. Como dice Lourdes Moreno directora de la Fundación Picasso en el articulo "Mas allá de la cinta de Moebius" publicado en la revista del Ateneo Nuevo siglo Nº 11,2010: "En los cincuenta se convirtió nuestra ciudad en un nombre de referencia de la vanguardia. Es en esta época cuando conoció y apoyó económicamente a artistas locales que en ese momento estaban comenzando como Enrique Brinkman, Manuel Barbadillo, Gabriel Alberca o Eugenio Chicano." También es lamentable –aunque sea una nota personal- que desapareciera la instalación ‘’Guernica’’ que yo mismo realicé con motivo de la inauguración de la nueva sede del Ateneo en el emblemático edificio de San Telmo. Y entre las decisiones desafortunadas puede incluirse, más recientemente, la orden de la Delegación de Cultura de sacar los cuadros, ya dentro del Obispado, de la exposición colectiva “Transeúntes en hora punta, Nueva Figuración Malague-

ña de los ochenta” lo que afectó negativamente al proyecto y partió la exposición, resultando una muestra coja, por falta de espacio, en el Centro Cultural de la Diputación en Ollerías. Hay que recuperar la memoria interrumpida de la ciudad en el terreno de las artes plásticas sin la cual no se establece un diálogo generacional indispensable para entender las claves estéticas y conectar con la modernidad. Este vacío no propicia el avance de los más jóvenes, pero tampoco la puesta en valor de otras aportaciones generacionales como por ejemplo la de los ochenta. ¿Qué pasa con los espacios públicos expositivos? Que no construyen un discurso en el que dialoguen lo local con lo internacional mostrando nuestra historia artística para superar el complejo que supone no valorar lo nuestro, a nuestros creadores, pareciendo que lo más importante son los artistas que están en los circuitos y en el mercado del Arte. Hay que aprovechar el uso de contenedores, aunque no mantengan unos criterios coherentes y una programación continua en el tiempo. En esta línea, es lamentable la mala gestión de espacios expositivos como, por ejemplo, La Económica Amigos del País, o la de Italcable, dependiente de Unicaja, en donde todo vale, convirtiéndose en un cajón de sastre. En el ámbito de lo público, igual suerte corren la Sala del Rectorado Universidad o el Museo Municipal del Ayuntamiento de Málaga. Por otra parte, la falta de diálogo y de debate generacional podría ser una de las claves del pobre ambiente artístico persistente en Málaga, y de la consiguiente marcha de jóvenes artistas al extranjero. También inﬂuye la falta de mercado de arte contemporáneo, la difícil situación por no decir heroica de las pocas galerías de arte actual, como las de Javier Marín, Alfredo Viñas e Isabel Hurley. Asimismo, la falta de coleccionismo

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La Casa Invisible es un claro ejemplo de iniciativas ciudadanas y gestión social al margen de los circuitos oﬁciales

pone en grave riesgo a los galeristas y a los creadores, que se ven obligados en su mayoría a alternar con otro trabajos para sobrevivir, con el artista siempre como parte más vulnerable del entramado, cuando es en realidad el que da sentido y contenido a las instituciones públicas, que muchas veces se traduce en rentabilidad política. Es necesario por tanto una mayor iniciativa privada, pero también la presencia de los propios artistas en la vida cultural de la ciudad, con prioridad para la necesaria creación de espacios alternativos. En este sentido, La Casa Invisible es un claro ejemplo de iniciativas ciudadanas y gestión social al margen de los circuitos oﬁciales siendo noticia en estos días después de muchas batallas por el reconocimiento y la cesión por un año del Ayuntamiento en las instalaciones en la calle Nosquera. Esta muestra sin precedentes de apoyo institucional

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a un proyecto y una forma de entender la cultura libre se ha conseguido por el peso que tiene El Centro de Arte Reina Sofía, que ha mediado con su director Manuel Borja-Villel al frente, mostrando su apoyo desde hace tiempo a la filosofía de La Casa Invisible en su apuesta cultural pública y de participación ciudadana, aportando asimismo otras expectativas culturales fuera del culto al mercado. Berta Sureda, directora del departamento de actividades públicas del Museo Reina Sofía, en una entrevista realizada por la periodista Felicidad Martín para el periódico el Mundo en el articulo: "La casa invisible logra la cesión del edificio gracias al apoyo del Reina Sofia" con fecha del 18/1/2011 explicó que el deseo del Museo es "colaborar y dar visibilidad a ideas y pensamientos críticos de agentes no institucionalizados". Me gustaría terminar mencionando en esta línea al taller Gravura que dirigen

Paco Aguilar y Marian Martin que constituyen toda una institución en la ciudad con más de veinticinco años de experiencia no sólo como taller de grabado y divulgación, sino como dinamizadores culturales en general en la realización de cursos, exposiciones etc. Punto de encuentro de artistas y con gran capacidad de convocatoria, se mantiene independiente, mostrando la posibilidad de realizar el sueño de vivir profesionalmente del Arte, una vocación tan hermosa que puede representar un proyecto de vida y un compromiso de ﬁdelidad a uno mismo. La vida artística malagueña contrasta así luces y sombras poderosas.

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PlĂĄtano AndalusĂ / Pepe S. Ponce

Las negritas del Ateneo

La lectura, un compromiso democrático Rogelio Blanco Martínez

El hombre, un ser de necesidades. Existe una serie de términos a los que difícilmente se llega a una definición ampliamente consensuada. Memoria, cultura, lectura, etc. o el propio concepto de hombre convocan un elenco extenso de definiciones. El hombre, capaz de definir todo lo que habita en el cosmos, con frecuencia se muestra impotente para ordenar lo más próximo a él. Bien parece que el mandato divino recibido en el Paraíso de dar nombre a cosas y animales sólo era válido para lo ajeno. Posiblemente esta dispersión de opiniones respecto de lo más antropológico crea un vacío de comprensión o valida el dictum nietzcheano que afirma: “sólo se puede definir lo que no tiene historia” o dicho de otro modo, lo más preñado de historia es lo más próximo al hombre, luego lo más difícil de acotar y definir. Así, definir al hombre o a su obra más singular, la cultura, y de modo generalizado resulta complejo. Existen intentos reiterados. El resultado es la amplitud y

la dispersión conceptual de los términos referidos u otros. No es correcta la definición negativa, pero al menos valga aquí para el objetivo que se pretende, al afirmar que el hombre es un ser de necesidades, un ser que nace lleno de vacíos, de lagunas, un proyecto inconcluso desde que nace y que camina hacía un final, también descrito de múltiples modos más o menos optimistas, que van desde el encuentro con un destino de eternidad acariciado por la divinidad o a la conformación predestinada de un cadáver. La cultura Los seres humanos, en resumen, somos seres que nacemos cargados de vacíos a los que es necesario complementar, en gran parte, para poder cumplir y trazar nuestro camino mientras deambulamos por este Planeta. El instrumento, necesariamente antropológico, que la especie humana (el humán) ha conformado, es la cultura. Las definiciones, como

se indicó, en torno a este concepto son numerosas, múltiples y diversificadas. Quizá la más simple y aglutinadora sea aquella que define a la cultura como la segunda naturaleza humana, si entendemos ordenadamente, que la primera es la propiamente humana, la heredada (natus). Esta segunda naturaleza es aprendida y acude a salvar los vacíos naturales o congénitos. Su aprendizaje supone recoger o aprehender información devenida de los demás durante generaciones y llegando a formar un amplio depósito de contenidos. Así, si el individuo recibe lo natural de modo genético, lo cultural lo adquiere mediante el necesario aprendizaje social. La cultura es, pues, un conjunto amplio de contenidos heredados socialmente, una información transmitida y aprendida diacrónicamente, y recibida del conjunto social al que se pertenece. Información, transmisión y aprendizaje social son los elementos que definen a la segunda naturaleza del humán, a la cultura.

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Oro parece plata no es- La Economia / Pepe S. Ponce

De este modo, el hombre, alejado de los mandatos genéticos, desde que dio el salto de la selva a la sabana, ha ido creando cultura y convirtiéndose, si así pudiéramos hablar, en la criatura que ocupa un espacio intermedio de la creación, si por intermedio entendemos la situada entre los seres más vinculados a las órdenes genéticas, casi siempre deﬁnidas como “seres vivos inferiores”, y entre los seres superiores o divinidades. A los seres inferiores las órdenes les son devenidas de los códigos genéticos que les marcan las pautas que procedan. Sólo el adiestramiento, un modo de violentar la genética, puede alterar tales códigos; es decir, la dictadura de los genes se impone. Por razones de espacio no nos detenemos en determinados estudios etiológicos y referidos a ciertos aprendizajes transmitidos de algunas especies. Por el contrario, los seres superiores, por deﬁnición de su esencia divina, carecen de todo mandato genético y, por lo tanto, de los vacíos que estos procuran. Si estos

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seres conllevaran vacíos o necesidades, se desencializarían de su condición de plenitud, no existirían o serían otro modelo de ser. En el tramo intermedio, se encuentra el hombre, el ser vacilante y lleno de necesidades, al que la supremacía que concede el preﬁjo -omni- tan próximo a la divinidad, no le acompaña ; ni tampoco la comodidad vegetativa que proporcionan los genes que todo lo prescriben y lo regulan. En conclusión, debe crear cultura. La lectura Pero esta creación no es como la de los dioses: ex-nihilo, un modo violento de crear, sino que debe amasar “el barro cultural” recibido y heredado para proceder a su transformación y transmisión. Es decir, el hombre el humán debe poner en acción todas las potencialidades sensoriales e intelectuales adquiridas ﬁlogenéticamente para recibir los contenidos que se transmitan socialmente, apro-

piarlos y transformarlos en contenidos. Y a esta tarea se le denomina leer. Es pues, leer la capacidad que tiene, exclusivamente, el hombre para transformar los contenidos recibidos en conocimiento. Contenidos que llegan a través de una diversidad de soportes, en forma de señales, signos o símbolos, muchos de ellos naturales y otros arbitrariamente convencionales y adaptados por el hombre. También se aﬁrmaba que esta condición es “exclusivamente” del humán. Sólo el hombre es el ser cultural, y por lo tanto, el único que lee. Para enriquecer la segunda naturaleza, para el logro de completar los vacíos con los que nace y sus limitaciones, está ‘condenado’ a leer. Está ‘condenado’ a adquirir cultura, a aprender, a recibir contenidos, que por otra parte se asientan en las posibilidades que dan los genes. Si las posibilidades genéticas no estuvieran presentes, tampoco las culturales o meméticas. Es decir, los genes seleccionados y transmitidos poseen la potencialidad de alojar memes.

No se puede olvidar que los puntos de acumulación e información cultural, presuponen los soportes biológicos. Memes es un neologismo, camino del éxito, creado en 1976 por Richard Dawkins, que etimológicamente está próximo a memoria (recordar) y a mimes (imitación). Dawkins lo ofrece para contraponerlo a genes, para diferenciar de lo devenido genéticamente (genes) de lo logrado culturalmente (memes). La naturaleza humana posee los dos. Uno, el genes, se aloja en el genoma y el otro, el memes, en el cerebro. Si bien el sistema memético supone el genético y no al revés. El sistema memético nos aleja de los seres dominados por los genes, y no nos regala la comodidad del genético, en el que todo está programado; mas bien exige aprendizaje, es decir, esfuerzo. Así pues, leer, adquirir cultura es un esfuerzo del hombre exigido por un sistema, el memético, que pone a su disposición abundancia de contenidos válidos para cubrir necesidades, que obliga a un comportamiento activo y alejado de la oscuridad pasiva que regula lo prefijado mecánicamente. El ser humano desde sus carencias necesita habilitar, como se indicó, recursos para lograr ciertas recuperaciones de contenidos, que, por otra parte, están ahí, están presentes, y que son el fruto y herencia de generaciones de antepasados que no los fijan en los genes, pero que sí disponen o capacitan a estos para recibirlos. Y nuevamente insistimos en que la acción o disposición de recibir, apropiar y transmitir contenidos se denomina leer. A los human se les ha denominado de múltiples formas como se aludió. Al término homo le han acompañado a numerosos calificativos: erectus, sapiens, cibernéticus, etc., incluso demens; pero existen dos que deseo resaltar: quarens y lector. Ya sabemos que el hombre es el ser que sabe que sabe (sapiens sapiens)

pero para ello es necesario que pregunte (quaerens) y sobre todo que lea (lector). La lectura obligada Si realizamos este recorrido desde la antropología, es con intención de fijar con cierto rigor la necesidad indeleble de la lectura. Si tenemos en cuenta los circunstanciales y los acercamos al concepto de leer, dónde, porqué, para qué, cómo, cuándo..., siempre nos remiten a los condicionantes de rellenar los huecos de una naturaleza incompleta, a la urgencia de enriquecernos, de esencializarnos como hombres. Existe un mandato, diría atávico, de cubrir el camino de la vida, de “vivir la vida”, entendiendo a ésta como un tránsito de añadidos, que no agregados, que sirven para ir lentamente llenándola de contenidos. Se trata de un mandato onto-filogenético no escrito, pero esperado de cada ser humano debe cumplir mientras deambula por la tierra; y este mandato, nuevamente, exige la lectura. Desde las reflexiones expuestas, la “lectura” es de algún modo una obligación humana, un deber, pues inexcusablemente estamos “obligados” a ser culturales, dado que la cultura y sus logros van en la condición de humanos; gracias a ser humanos y despegarnos de numerosos mandatos genéticos, somos inevitablemente culturales. También es un modo de participación ecouménica, pues ontogénetica y filogenéticamente cada hombre participa de los logros de toda la especie, y de modo más específico, de la cultura a la que pertenece. Es más, y dentro de las definiciones simplificadas dadas al hombre, y más allá de la de social (politikon), de Aristóteles, es la de ser ecoumenikon, propia de quien participa y cohabita no sólo con los otros y consigo mismo, sino también con lo otro, con la naturaleza, con las cosas. Ámbitos, las cosas, en las que frecuentemente no nos entendemos y sobre el que pesamos y pisamos frecuentemente (M. Zambrano).

Y para desarrollar esta dimensión, se itera nuevamente, la necesidad de la lectura como la capacidad de recibir contenidos llegados desde la diversidad de soportes y a través de señales, signos y símbolos, cargados de historia y que mediante el aprendizaje (esfuerzo), se transforman en conocimientos. De este modo todo lo que habita en el cosmos, todo lo logrado por el hombre es susceptible de transportar contenidos necesarios para llenar los vacíos congénitos. Hasta ahora hemos referido contenidos y conocimientos, también hemos aludido a la dimensión ecuménica del hombre, pues bien, a las dos “ces” referidas, a contenidos y conocimientos, es preciso añadir otra: compromiso. Lectura comprometida El compromiso fuerza a una lectura atenta y plenamente humana y exige la obligación de ir más allá de la dimensión individual. Si limitamos la tarea a la dimensión de los conocimientos, posiblemente nos estanquemos en el penúltimo eslabón. Si lo que recibimos está preñado de historia, de aportaciones de nuestros predecesores, nos obliga a continuar la cadena, a transferir logros, al compromiso. De este modo, se suele decir, que es Don Quijote es el paradigma de lector. Leyó todo lo conocido y no fue suﬁciente. Necesitó salir a los caminos, al encuentro con el otro (el libro más rico jamás escrito por la abundancia y polifonía de contenidos). Y se comprometió. Don Quijote, el más cuerdo de los locos, llevó su compromiso en la apuesta decidida a favor de los prójimos más débiles. La lectura, apuesta democrática Desde el compromiso y desde la cordura, todo sistema democrático, si de tal se precia, debe apostar necesariamente por la lectura. Esta apuesta, en opinión del que escribe, será un indicador sine qua non de calidad o salud democrática

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Plataneamiento (Detalle) / Pepe S. Ponce

de un sistema que así se defina. Pues si la democracia es el hábitat social más natural del hombre y este nace pleno de carencias, que necesariamente, y hasta donde se logre, se deben subsanar mediante la cultura, el hábitat que acoge al hombre debe ubicarse en pro del recurso cultural más eficaz: la lectura. Y en este orden, ¿qué se está haciendo en nuestro pequeño espacio? De entrada y sin complacencias, desde que se ha instalado la democracia, los diversos gobiernos, desde la formalidad y desde otros ámbitos, han desarrollado numerosas campañas, a favor de la lectura. Se han construido bibliotecas, generalizando la educación en todas las edades tempranas y jóvenes. La propaganda a favor de la lectura ha insistido en un continuo “leed, leed malditos”, parafraseando un título cinematográfico. La construcción de bibliotecas, pues éstas forman la red más próxima al ciudadano (las municipales que suponen el 96% de dicha red) ha sido intensa. Se ha desarrollado un plan Extraordinario de Dotación Bibliográfica, gracias al cual se ha logrado superar el indicador IFLA/UNESCO de 1,5 documentos/ habitante y pasar de 1,18 (datos 2004 /media nacional) a 1,78 (2008). La aprobación de la Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y los continuos desarrollos han normalizado una situación anacrónica proveniente desde la dictadura. De igual modo la Ley Orgánica de Educación, ha recogido la necesidad por primera vez, de dotar de

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bibliotecas escolares a los centros de enseñanza obligatoria. Esta y otras actuaciones tales como el apoyo y colaboraciones a los sectores del libro, que abarcan un arco que va desde el creador (autor, traductor, interlocutor), editor, gráﬁcos, distribuidor, librero, bibliotecario hasta el lector, ordenan un panorama susceptible de mejoras, pero que lentamente va desgranando resultados ilusionantes. En primer lugar, el crecimiento paulatino de la media de lectores y sobre todo el alto índice de lectores jóvenes. Un hecho que no sólo lo demuestran los reiterados resultados de las encuestas, sino también la fuerte oferta y actividad editorial dirigida a este segmento de la población. En segundo lugar, y el más importante, la instalación de discurso sobre la necesidad de la lectura, de su valor personal y social. El logro de instalar este discurso de lectura como una necesidad, el hecho de convertirla en un paradigma positivo de calidad que va desde la satisfacción individual a la social, gracias a los diversos colectivos de agentes sociales y políticos, es el mayor logro. Si recordamos las primeras líneas de estas breves reﬂexiones, el camino elegido es el proveniente de la antropología, de los radicales (de raíz) humanos, de la necesidad. Deseo que no se olviden y, a la vez, que se recuerde que esta dimensión va más allá de la imagen tópica de la lámpara, el libro, el cigarro y el té que acompaña al lector tópico. Ciertamente “todo está en los libros”, se dice y se dice bien, aún

más, son el soporte más universal y consistente de contenidos. Somos deudores ad aeternum de los regalos de los creadores y de los sectores que han convertido esta criatura de Gutenberg, el libro en señal de nuestra cultura, pero existen más contenidos susceptibles de ser leídos directamente en la naturaleza, en cuanto nos rodea y, sobre todo, en el gran libro anteriormente referido: el rostro del prójimo. En todos estos círculos las debemos leer. Todos se interaccionan y a todos puede alcanzar la capacidad lectora exclusiva de los hombres. Al menos que sirva para no correr el riesgo, tantas veces referido por clásicos tan dispares como Santo Tomás de Aquino o Carlos Marx: Timeo homines unis libri. La vida del hombre se ofrenda y crece entre polifonías, poliedros y policromías. Es en ese hábitat, donde éste debe crecer. Un hábitat que sólo se humaniza, y es adecuado a su morador, si los sistemas sociales y políticos más atentos a sus necesidades y acordes con su naturaleza genético-memética lo posibilitan. Y de momento el sistema es el democrático, el mar capaz de recoger los ríos de voluntades que llegan. La democracia, pues, está necesariamente comprometida con la lectura, de lo contrario es cuestionable su calidad. Tanto en el presente como en el futuro, en este modelo (el democrático, el mejor de los conocidos), leer o no leer será la cuestión.

Plataneamiento / Pepe S. Ponce

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Plรกtano en metamorfosis / Pepe S. Ponce

Bodeg贸n con pl谩tano / Pepe S. Ponce

El nombre de la rosa ANS / junio 2011

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El nombre de la rosa

Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del neoliberalismo. Manuel Sánchez Vicioso Vocal de Cultura Alimentaria y Consumerismo del Ateneo

Tenía oído que la banca era la más genuina invención del capitalismo, que junto con las sociedades anónimas y sus accionistas constituían los pilares de aquel capitalismo que Karl Marx nos enseñara como funcionaba en su obra maestra del mismo nombre, El capital. La banca moderna, -aunque la banca existe desde 3000 años A.C.- nace, entre otros objetivos, para dar respuesta a una necesidad del ser humano, la seguridad. Tener algunos ahorros siempre ha sido y sigue siendo un objetivo de toda persona, más si tiene cargas familiares, Por si hace falta para algo. Como era poco ﬁable tener los dineros bajo un ladrillo, por inseguridad, lo llevaron al banco y éste les prometió seguridad e intereses. El banco para poder cumplir con su compromiso de hacer crecer el dinero de cada ahorrador lo prestaba a quienes lo necesitaban, que a su vez prometían devolverlo también con intereses, pero

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además los préstamos eran estudiados por los bancarios y banqueros y se prestaban a proyectos que generaban riqueza. Sí, el caso clásico de, Tengo una idea que nos vamos a forrar, pero no tengo dinero, también nacieron los socios capitalistas e industriales. La mayoría de las veces era para crear empresas, que inventaban puestos de trabajo, que a su vez sostenían familias, más cerca de nuestros días aparecieron los préstamos al consumo, que hicieron parir la frase, Si tienes de dan y si no tienes no te dan. Te daban si tenías para responder. Mientras que la banca vino comportándose así se le ha reconocido una labor social, económica y animadora de la generación de riqueza, aunque no cabe olvidar que en tiempos más cercanos los ahorros honrados se invirtieron en negocios espurios como fabricación y tráﬁco de armas o la compra de petróleo para especular aguantándolo algunos meses

y, aprovechando la ley de oferta y demanda, venderlo después más caro, por citar algunas acciones contrarias a la primitiva ﬁlosofía generadora y distribuidora de riqueza. Imaginemos la inmensa fuerza generadora de riqueza que tienen los miles de millones de euros, ahorrados por años de los planes de pensiones sólo de los españoles, no digamos de los alemanes, imaginemos toda esa fuerza invertida en nuevas tecnologías y en energías renovables, por decir algo, la cantidad de riqueza que pudiera generar, la cantidad de puestos de trabajo. Pero no, la banca en los últimos años en vez de poner a trabajar los ahorros en acciones productivas se desvió invirtiéndolos en la especulación, sí en la bolsa y en comprar deuda pública. La bolsa es a la especulación lo que la banca al capitalismo. La bolsa, utilizada como en las dos última década, es el invento genuino del

Foto: Pepe S. Ponce

neo capitalismo, que destaca por basarse en niveles de confianza, en la seguridad de marcas y firmas, en informes de rating, que a su vez lo hacen certificadoras que son más falsas que la falsa monea. Demostrado quedó su utilidad para el engaño por no advertir del crac en el que entró la economía global hace más de dos años y de no informar del fiasco de las hipotecas basura, ya que las certificadores han sido actores necesarios para el desastre económico han de ser diluidas y crear otras públicas e independientes de los bancos y financieras. La especulación en bolsa no es más que jugar al Monopolis, en bolsa se cambian estampitas, con la gravedad que en la bolsa se juega el ahorro de otros miles

de engañados que pretendieron hacerse ricos jugando a especular, que se conoció como Capitalismo popular ¿Cuándo se ha visto a un trabajador invertir en bolsa en vez de dar la entrada de un localito o un piso? Para asegurarse su vejez o el futuro de sus hijos. Los trabajadores emulando a los especuladores, pretendiendo enriquecerse sin trabajar. Lo cierto era que ya se había puesto como valor supremo el enriquecerse a fuerza de pelotazos y la bolsa daba el perﬁl de ganar dinero sin trabajar, sin esfuerzo, que es otra máxima, no explícita, de la especulación. Pero estas certiﬁcadoras tampoco advirtieron de lo falso de las hipotecas basura ni de los bonos basura de la deuda pública de algunos estados, se hacían

trampas unos a otros. Estos tahúres jugaban con cartas marcadas. Cuando estalló la farsa de las hipotecas basura, que no era mas que dar crédito a quien se sabía que no podía pagarlo y luego colocarlas en el mercado financiero sin decir que era un fiasco, se descubrieron los agujeros de deudas de bancos y entidades financiera, todos los gobiernos corrieron a taponar los agujeros de los bancos con miles de millones de dólares y euros, economías, que no se nos olvide, sacadas de los tesoros públicos, cuyos dueños somos los ciudadanos contribuyentes. Destaco contribuyentes porque otros no aportan al fisco, lo evaden, o como son muy ricos no pagan impuestos o se lo llevan ganso a paraísos fiscales.

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Platanoeconomía cúbica / Pepe S. Ponce

Es bueno saber que los bancos y cajas prestaron miles y mieles de millones para promociones inmobiliarias, en hipotecas cuyas cuantías estaban muy por encima del valor real de producción de los pisos e incluso por encima del valor de mercado, ya que le añadían el costo de los muebles y de un todo terreno, por aquello del poyaque, Poyaque que te metes cómprate un coche, no le decían que estarían pagando coche más de media vida sin tenerlo. Cuando llega el zarpazo de la crisis millones de trabajadores al paro y dejan de pagar las super valoradas hipotecas y los bancos se quedan con los pisos, y aquí están los daños colaterales de la super valoración, consistente en que la propiedades que requisan bancos y cajas valen mucho menos que el nominal de la hipoteca basura que dieron, y hoy se encuentran con un parque inmobiliario, no sólo por debajo del valor que desembolsaron a los promotores y compradores sino también por debajo del valor actual de mercado. Luego los bancos y cajas se han convertido en inmobiliarias, que no es su negocio, que a saber era prestar el

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dinero de los ahorradores, pero como lo más lo invirtieron en hipotecas basura pues no lo tienen. Cuando lo han recibido de los gobiernos en nombre de los ciudadanos contribuyentes lo han dedicado a taponar vías de agua y no a prestarlos a la mediana y pequeña empresa y a las familias para generar riqueza y sostener el consumo. Un contrasentido, bancos que su negocio es el dinero, sin dinero y con una alacena llena de pisos que no venden, ni bajan de precio. Para situarnos y poder entender lo que nos cuesta reflotar las podridas finanzas pondré el ejemplo de Caja del Mediterráneo, la CAM, que necesita 2.800 millones de euros para reflotarla, pero ¿ésto cuánto dinero es? Pues si los comparamos con el presupuesto consolidado del ayuntamiento de Málaga para 2011 que asciende a 875 millones de euros es algo más de tres veces, con ello tendríamos para más de tres años de presupuestos malagueños. Sin citar el nuevo banco de Caja Madrid que necesitó casi cinco mil millones de euros. Así que tenemos a los bancos y cajas

convertidos en almacenes inmobiliarios, como no tenían liquidez dejaron de prestar y taponaron los agujeros con los dineros de los contribuyentes, que sin dudarlo un segundo les entregaron los gobiernos de los Estados, aumentando de manera exagerada la deuda pública de los mismos, de ahí la necesidad de ahorrar en gasto público. Además se perdieron la confianza entre ellos, entre los bancos, financieras, aseguradoras y cajas, ya que se dieron cuenta de que se hacían trampas, como los tahúres, con cartas marcadas. Yo creo que cada uno sabía que engañaba al otro y se creía que a él no le engañaban. Al final casi todos deshonestos, casi todos corruptos, con una total falta de transparencia en la gestión y con un déficit democrático de totalitarismo político y económico. Hace fechas que se informara de los tremendos agujeros de cada entidad financiera, el diario El País del 30 de mayo de 2010 publicó un cuadro de los dineros que entregaron los tesoros públicos para tapar los desagües ponzoñosos de los bancos y financieras de los países

La primera causa de la crisis es haber puesto como valor el enriquecimiento ilícito a cualquier precio, también la avaricia y la codicia, y como no la desregularización de los mercados en vez de poner la economía al servicio del ser humano.

del G-20, que asciende a una vergonzosa cantidad que no sé conmensurar. En todo este desastre los gobiernos hacen lo que le dictan los especuladores, los mercados y el Fondo Monetario Internacional, que yo llamo terroristas económicos, que son un nido de neoliberales, los tres dicen lo que han de hacer los gobiernos para salir de la crisis y ellos, los gobiernos, van y cargan a las espaldas de los contribuyentes menos poderosos la salida de la crisis, hasta el punto de gravar el consumo, que en sí es una contradicción del mismo capitalismo, si se baja el poder adquisitivo se consume menos, por tanto se produce menos y genera más paro, así no se sale de la crisis sino que se agrava, según la lógica insostenible del crecimiento sin límites. Última valoración los neocom o especuladores con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, el capitalismo neoliberal se viene a vengar casi 90 años después de la Revolución de Octubre, nunca perdonó a los trabajadores y ciudadanos progresistas que Europa instaurara el estado del bienestar repartiendo la

riqueza por medio de impuestos, que más pagaba quien más tenía. Es un golpe de estado económico en toda regla, es fascismo económico, fascismo financiero. En estos momentos es imposible oponerse a la injusta respuesta de que pagamos los platos rotos quienes no los rompimos, es imposible, dicho de otra manera pagamos los que sufrimos la crisis no quienes la generaron. Ahora bien, para llegar a donde estamos han tenido que adormecer a los ciudadanos haciéndolos consumidores idiotizados, que hasta justifican que tengamos que ser solidarios con los ladrones de guante blanco, con los verdugos, en el marco de un déficit democrático intolerable. Los políticos han pasado el poder a los mercados, especuladores y al Fondo Monetario Internacional. Por ello reivindico votar a los especuladores, ya que son los que mandan, los gobiernos son títeres o bartolitos en manos de unos cuantos especuladores y banqueros, que conforman los mercados que no dan la cara, parecen monstruos anónimos, además de elementos cobardes enmascarados

y atrincherados detrás de los mercados. FMI, ﬁnancieras y bancos no son otra cosa que el capitalismo de toda la vida. La primera causa de la crisis es haber puesto como valor el enriquecimiento ilícito a cualquier precio, también la avaricia y la codicia, y como no la desregularización de los mercados en vez de poner la economía al servicio del ser humano. La solución pasa por volver a poner en el centro del interés mundial al ser humano y no los intereses de individuos desalmados. Estoy hablando de un neo renacimiento. El bienestar de ser humano como centro de la acción humana. La pregunta es ¿y los responsables del desaguisado se irán de rositas? Mi contestación es no, han de pagar por la desaparición de riqueza que no era suya sino de los ahorradores y pymes. Hemos de exigir que sean juzgados y que devuelvan lo que se llevaron a los paraísos ﬁscales. Málaga, 14 de abril de 2011. LXXX Aniversario de la II República. ¡¡¡Viva la República!!!

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El mercado / Pepe S. Ponce

El nombre de la rosa

La industria de la vida Alonso Quijano

Finalizada la profunda crisis que asoló la Europa de mediados del siglo XX, los ciudadanos del viejo continente volcaron gran parte de sus esfuerzos económicos en buscar lugares para el descanso y el sosiego. De la mano de esta búsqueda del confort, hija de la sociedad del bienestar y de las vacaciones pagadas, surgió una creciente y multicolor industria del turismo. España en general, y la Costa del Sol en particular, pudieron sumarse a esa nueva corriente migratoria. En el caso de la Costa del Sol, gracias a un conjunto de virtudes que la hacían especialmente atractiva para los ciudadanos centroeuropeos. La bondad de su clima, su naturaleza inalterada, la bonhomía de sus gentes, el bajo coste de sus servicios y la adecuada accesibilidad por vía aérea, fueron algunos de estos factores de atracción. Hoy, trascurrido medio siglo de aquel boom turístico, conservamos parte de aquellas bondades, hemos perdido algunas otras, y también han aparecido nuevos atractivos para el viajero que nos visita. Pero del mismo modo que se han modiﬁcado sustancialmente las condiciones de la industria turística de la Málaga y la Costa del Sol de los años sesenta,

también ha cambiado la naturaleza y expectativas de nuestros visitantes. Por ello, el conocimiento exacto y preciso de ese nuevo turista, es fundamental a la hora de desarrollar las estrategias de futuro, no sólo para la industria turística, sino también para la sociedad malagueña en general. Hemos observado en las últimas décadas, como aquel turista de grupo organizado, -hotel más excursiones-, fue trasladando sus preferencias en una primera trasformación al apartamento y al viaje individual. Y posteriormente lo hizo con la adquisición de una segunda residencia ocasional. Hoy, en los albores de una nueva transformación, asistimos a la llegada de un cada vez más numeroso grupo de turistas y visitantes, que han dejado de serlo para convertirse en convecinos. Personas jubiladas o todavía en plena actividad laboral, que han decidido vivir en la Costa del Sol, y comunicarse con sus lugares de trabajo a través del ﬂoreciente transporte aéreo, y apoyadas en la creciente potencia de las redes de telecomunicación de voz, imagen y datos. Es en deﬁnitiva, el nacimiento de la industria de la vida. Personas que

preﬁeren y desean vivir entre nosotros, disfrutando de las grandes virtudes de este rincón del Mediterráneo. La Málaga del siglo XXI tiene grandes atractivos para ser de nuevo tierra de acogida de nuestros vecinos europeos. Disponemos de un nivel de infraestructuras de gran calidad; de un completo abanico de servicios sociales, educativos o sanitarios. Contamos con una pujante universidad que está dando vida a una nueva sociedad del conocimiento, articulada en torno al Parque Tecnológico de Andalucía. En deﬁnitiva, podemos estar orgullosos de haber vivido una transformación en las últimas décadas, que han situado a Málaga y a la Costa del Sol, en los primeros lugares de la nueva Unión Europea. Para los que nos consideramos oriundos de esta tierra, es el momento de articular un nuevo modelo de desarrollo, para dar servicio a estos nuevos vecinos, que seguro volverán a ser el motor de un nuevo cambio socioeconómico de la Málaga de siempre.

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El nombre de la rosa

Codicia y estupidez Rafael de la Fuente

Dejé para el ﬁnal el ponerle título a este artículo. No era cuestión baladí. No todos los días se tiene la oportunidad de escribir en una publicación tan prestigiosa y respetada como esta espléndida revista de mi admirado y querido Ateneo de Málaga. También a la hora de escoger un título para este modesto trabajo tuve que ser muy cuidadoso para no alejarme de los ideales que animan una institución tan singular como es el Ateneo: la honestidad intelectual, el rigor y la independencia. Releyendo este pequeño texto, entonces sin bautizar, dedicado al siempre fascinante mundo del turismo en España, me encontraba con dos hilos conductores: la codicia y una recurrente estupidez, instaladas ambas con robustas y ávidas raíces en la tierra fecunda de aquellos paraísos perdidos, que un día fueron tan inocentes como hermosos. Por supuesto, cabría también añadir que otro “Leitmotiv” recurrente era la ausencia de un mínimo código ético en las ac-

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tuaciones de muchos de los que tenían en sus manos el futuro de aquellos lugares. Muchos de ellos borrados ahora de la faz de la tierra. La amoralidad era ﬁbra que de alguna forma aparecía obstinadamente entrelazada con los otros hilos de este breve relato. No sería justo el no reconocer mi deuda con el gran Paul Theroux. En “Las Columnas de Hércules”, su libro sobre un viaje en torno al Mediterráneo, publicado en 1995, hay momentos de elocuencia y clarividencia ante el horror, que inevitablemente me dejaron su huella. También reconozco mi pequeña deuda con la divina Jane Austen. Su grácil forma de titular sus novelas (Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad) representaron una tentación irresistible para este humilde aﬁcionado. Quizás también por lugares como la elegante la ciudad de Bath, que ella amó profundamente. Probablemente habré publicado hasta el día de hoy unos trescientos artículos y algún que otro ensayo, tanto en

prensa diaria como en revistas especializadas, sobre ese mundo que conocemos vagamente como el turismo. He tocado bastantes facetas, con mayor o menor fortuna, generalmente relacionadas con mis propias experiencias durante una trayectoria profesional que ha coincidido en el tiempo con el algo más de medio siglo de existencia que se le suele atribuir a la industria turística española como tal. Hasta cierto punto no es fácil el acumular tantas vivencias y recuerdos – y sus repercusiones emocionales - de unos tiempos que tuvieron unos comienzos casi mágicos (había algo bíblico en poder hacer brotar el agua de la prosperidad en aquellos eriales) y una posterior consolidación que en muchos lugares degeneró en la corrupción sistemática y en la destrucción de valiosos patrimonios naturales y culturales. Citaba Paul Theroux en la primera página de su libro una frase de James Joyce, sacada de una carta a su hermano Stanislaus: “¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo importante que es

¿cuáles serían hoy las rentabilidades sociales y económicas de nuestros destinos turísticos españoles, si en nuestras actuaciones no hubiera existido tanta codicia y tanta estupidez?

el Mediterráneo?” Era obvio que en la mayoría de las costas del Mediterráneo español muy poca gente - casi nadie, en realidad - había pensado eso. Las hemerotecas acumulan noticias, informes y denuncias a lo largo de demasiados años de codicia y estupidez y sus consecuencias. Es un material fascinante. Sin duda esta saga puede presumir de ser protagonista de una documentación tan rica como extensa, generalmente objetiva y de un gran interés para el estudioso. Sin olvidar su capacidad de inspirar obras literarias e incluso un buen cine o su impacto en el sistema de valores morales y éticos de las colectividades sociales afectadas. En cuanto a la imagen internacional de España, no podemos olvidar que el 26 de marzo de 2009 el pleno del Parlamento Europeo aprobó el demoledor Informe Auken. Con el voto en contra de los parlamentarios del PP y la abstención de los del PSOE, el pleno de la cámara europea instaba a las autoridades espa-

ñolas a intervenir en defensa de los intereses fundamentales de los residentes de la UE en las zonas turísticas españolas, duramente castigadas por la corrupción y los excesos urbanísticos. Esa ﬂora tóxica de la corrupción endémica y la destrucción de un mundo que nuestros descendientes nunca podrán ver, se instaló muy pronto en nuestras zonas turísticas más destacadas. Ya en 1969, en su maravilloso libro sobre su regreso a España - “La Gallina Ciega” - nos contaba el maestro Max Aub lo siguiente: “Por todas partes, circundando todas las playas, envolviendo todos los pueblos, hoteles, bloques de pisos para alquilar o vender; sobre todo para vender porque aquí no sólo venden la tierra, sino el aire, la vista, el mar.” A pesar de todo, la industria turística española se deﬁende moderadamente bien en tiempos muy complicados, en los que las consecuencias de los graves errores cometidos continúan pasando sus facturas. Ya no somos la segunda po-

tencia turística del mundo. Según datos de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas hemos bajado al cuarto puesto. Y la demanda no tiene desde hace tiempo la pujanza ni los índices de rentabilidad del pasado. Por otro lado, es verdad que todo podía ir peor. De todas formas, me permito terminar este escrito con una pregunta que me hago frecuentemente. Es cierto que en el “ranking” de los países que han cometido graves errores en la gestión de sus activos turísticos España tiene una nada envidiable posición de primera ﬁla. También es cierto que aún así, podemos alcanzar resultados en nuestras actividades turísticas que podemos deﬁnir como razonablemente positivos. La pregunta es: ¿cuáles serían hoy las rentabilidades sociales y económicas de nuestros destinos turísticos españoles, si en nuestras actuaciones no hubiera existido tanta codicia y tanta estupidez?

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PlatonometrĂa / Pepe S. Ponce

Barco de Extrarradio

Lo cotidiano, expresi贸n de la vida misma. Barrio de la Trinidad, comienzos de los a帽os 60 Francisco Rodr铆guez Guerrero Periodista, fot贸grafo

Tienda de ultramarinos

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Los contenedores de la vida cotidiana

Niños vestidos de gitano

Cumpleaños

Una chica que hace una mayonesa en el patio de casa, la sartén que se muestra orgullosamente mientras los niños atesoran en sus manos unas

chucherías, los hermanitos que posan vestidos de gitano junto a una Lambretta, la celebración de un cumpleaños en la casa de vecinos, la fábrica de

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Colocandose zapato

baúles, el bar de la plaza, la panadería, la tienda de ultramarinos –qué bella denominación ésta para acercarnos los productos de ultramar-, un gesto coqueto que ajusta un zapato de tacón, un guateque en el corralón de vecinos; actos y lugares, en deﬁnitiva, que conforman la vida cotidiana, lo micro frente a lo macro, lo sencillo, lo coherente, la realidad por excelencia, frente a la historia universal contada. Las fotografías que presentamos aquí forman parte de una amplía colección inédita que fue hallada casualmente en el rastro de Martiricos en una típica mañana de búsqueda. En uno de los puestos una caja de cartón rectangular guardaba unas latas de película Valca1 -en los comienzos la película fotográﬁca venía en latas metálicas con tapa a roscay casi sin regatear se llegó a un acuerdo de precio. Ya en casa el contenido de

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Colocandose zapato

cada uno de los recipientes no dejaba duda de su valor testimonial: un rollo de película en blanco y negro, a veces de 36 fotogramas, otras de 24, con material íntegramente del barrio de La Trinidad en los comienzos de los años 60, concretamente los años 1963 y 64, con unas pocas incursiones en el parque, puerto, centro y feria en Martiricos. Más de novecientos negativos tomados por un desconocido fotógrafo que se dedicó a retratar a su barrio, vecinos, actos, celebraciones y lugares desde el punto de vista de lo más absolutamente cotidiano. Tenemos, por tanto, acceso a una pequeña historia de La Trinidad protagonizada por sus gentes y observada por alguien que se propuso fotograﬁar todo lo que sucedía a su alrededor desmenuzando, sin intención de trascendencia quizás, el acontecer social y los hechos de las relaciones sociales, de ese espejo de la historia que

es la vida cotidiana, según definió la socióloga y filósofa Agnes Heller, nacida en Budapest en 1929. ¿Pero, qué es la vida cotidiana? Heller la define también como la forma real en que se viven los valores, creencias, aspiraciones y necesidades. Otras definiciones hablan de ella como el ámbito de satisfacción de las necesidades particulares de los seres humanos concretos y como la vida de la persona, su existencia misma, la historia individual de cada sujeto en un aquí y un ahora, producto del complejo sistema de relaciones interpersonales que se establece a partir de la conformación de los distintos tipos de grupos. Otros estudiosos añaden que el acontecer diario es el patrimonio de la sociedad; observar la vida cotidiana es poder entender el por qué de los comportamientos, del por qué se piensa en

determinadas situaciones diferentes, del por qué se actúa de manera distinta en un funeral y en pocos minutos al dirigirse a una ﬁesta se es distinto. Otro sociólogo, Henry Lefevbre2, la deﬁne como el reconocimiento y el entendimiento de los comportamientos, costumbres, proyección de necesidades, la captación de cambios a partir del uso de los espacios y tiempos concretos. No nos proponemos aquí, por consiguiente, hacer historia del barrio de La trinidad o abordar a sus habitantes desde el punto de vista estrictamente “característico-nostálgico”. Poseemos un material que nos ha desvelado la existencia cotidiana de unas gentes que en su día fueron protagonistas en su mundo particular, y de su mundo particular, en una cronología que abarca unos pocos años y que posee una continuidad y una atención preferente por parte de un anónimo

narrador de la imagen, que supo incluso indicarnos el periodo tomado con la significativa referencia de la fotografía de una primera página de La hoja del lunes con noticias como “Hoy, traslado de los restos mortales del Rey Pablo” o “Elogios británicos a nuestra industria textil”. De ahí la importancia que cuando se desea conocer a una sociedad, se deba comprender e interpretar cómo sus grupos viven, trabajan, piensan y actúan y esto se hace a través de la vida cotidiana, espacio donde las personas se integran en el nivel más íntimo de su vida social en tanto lugar donde coexisten. Las oportunidades de acceso a un material de este tipo con la debida continuidad y centralización como éste que nos ocupa son a veces escasas. Los archivos fotográficos personales y particulares usualmente se ajustan a momentos especiales o especialmente significativos.

Por tanto, los fondos que estamos utilizando ahora se diferencian notablemente de otros por su carácter inédito, de continuidad y de pluralidad en tanto en cuanto el radio de acción de lo fotografiado se extiende por todas las parcelas, grupos humanos y de oficios de un alrededor que llamó la atención del fotógrafo, que se adentró en los patios, viviendas, centros de trabajo y en la propia calle dejándonos por fortuna este archivo que se muestra en una mínima parte. Tiempos y espacios Estas fotografías nos manifiestan precisamente unos íntimos espacios: la carta recibida sobre la mesa en sobre de vía aérea y alguien que escribe una contestación al dictado ayudando a una vecina que posiblemente no sabía leer ni escribir, en contraste, un grupo de jóvenes se lo pasa en grande en una vivienda

Escribiendo una carta

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Fiesta en casa

Grupo posando en la calle

de alguien con biblioteca ilustrada y un televisor con el obligado estabilizador por si las subidas de tensión. Procesos que hospedan y que construyen relatos de relaciones sociales en el espacio y en el tiempo, porque la naturalidad con que la vida cotidiana transcurre en nuestras existencias la aleja de toda sospecha de que no sea normal, incluso de que no podemos hacer demasiado para cambiarla. Si algo nos llama la atención son los espacios en los que se desarrolla esta micro-historia. La calle, protagonista absoluta, nos regala un grupo de mujeres con sus hijos posando orgullosamente aunque algunas se presenten con timidez. Que la vida se hacía en el exterior era tan usual como el compartir los espacios disponibles interiores en las casas de vecinos o corralones, viviendas plurifamiliares que se asomaban a un patio central que ejercía como epicentro de la vida social y de solidaridad que se practicaba. La chica que hace la mayonesa está sentada en el patio, posiblemente a la puerta de su vivienda, y en su silla, sin prisas, sostiene el huevo roto en su extremo para ir vertiendo el aceite de la botella que está en el escalón en el plato hondo. La recién sacada sartén con la comida es mostrada por el grupo como deﬁnición de que la realidad de la vida cotidiana se presenta además como un mundo que comparto con otros. Si, atentamente, nos detenemos en esta fotografía, observamos como la puesta en escena es casi teatral, con su decorado, su atrezzo y los Comida recién preparada

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Haciendo mayonesa

Puerta del bar

personajes principales y secundarios en un ritual dichoso de protección. Por cierto, si los niños sostienen golosinas ¿qué tiene la persona a la izquierda del que porta la sartén entre sus dedos pulgar e índice de su mano derecha? El fotógrafo reunió a los grupos de amigos, familiares, vecinos, trabajado-

res y los hizo posar en sus mundos particulares. Así, la puerta del bar delimita en sí misma un universo de relaciones y comprobaciones de que el automatismo de la vida cotidiana no solicita, no exige, porque sencillamente está ahí, todos la aceptamos y no plantea más conﬂictos ni dudas al respecto de su existencia,

que es nuestra existencia. Otros ejemplos de estructura espacial y temporal lo constituyen la tienda de ultramarinos, otra puesta en escena, con su grifo para despachar aceite a granel y sus botes de cristal; la panadería, con escaso surtido, y la novia que se dirige hacia el ritual del matrimonio, que no hacen más que

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automatizado, que puede conducir a una monotonía, a un conformismo, a un estado que muchos no aceptamos pero así nos conducimos. En esta fotografía lo extraordinario es el transistor que el muchacho sostiene en sus manos y así precisamente es manifestado. En la imagen de la fábrica de baúles alguien tiene un martillo, una herramienta de trabajo, como clara obviedad de la situación, dos puntos de vista de la vida cotidiana y un niño, abajo a la derecha, con su camiseta con los tirantes acortados para ajustarla.

Boda

ilustrarnos esos eventos interconectados con el mantenimiento de nuestra vida (relacionarnos, comunicarnos, alimentarnos) y con la calidad de la misma (alcance de la felicidad, capacidad de realización personal, comodidad y tranquilidad espiritual). Pero también el fotógrafo supo escoger esos elementos individuales que forman parte de la colectividad y entresacó,

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aislando, ciertos instantes que ahora saboreamos con detenimiento. La chica barriendo la calle enchinada con el escobón es la ilustración de que la vida cotidiana la vivimos siempre, tanto en el tiempo como en el espacio, incluyendo lo que el ser humano no se cuestiona y se deja llevar a lo largo de todo su quehacer. Se nutre de algo repetitivo, obvio, estereotipado, irreﬂexivo, ﬁjado,

Intervención En lo que respecta a la intervención sobre el material negativo encontrado, 35 milímetros Valca en su mayoría, aunque también Perutz y Negra, su estado de conservación era óptimo al estar envuelto en papel opaco negro, sin embargo fue sometido a un proceso de lavado con tratamiento posterior humectante, sobre todo para corregir un importante vicio de forma al haber estado enlatado un número indeterminado de años. Finalmente fue escaneado y archivado como corresponde en hojas de pergamina. La edición posterior fue mínima, quizá eliminar lo más claramente visible en cuanto a puntos de revelado producidos por sedimentos debidos a la mala calidad del agua y los típicos arañazos derivados de su conservación en latas, que estaban convenientemente numeradas. Como hemos señalado anteriormente, se muestra una mínima parte de una totalidad que no tiene sobrantes. Muy arriesgada fue la labor de selección de estas fotografías que se publican aquí porque el material, en su totalidad, es de tal plenitud que merece ser visto con más detenimiento. Quizá sin ser plenamente consciente de los que nos dejó y de su labor minuciosa, con lo legado por este fotógrafo hemos tenido la oportunidad y el privilegio de adentrarnos en lo más íntimo

de un barrio, el de La Trinidad, que justo comenzaba a sentir los zarpazos del desarrollismo urbanístico en sus calles, como atestiguan algunas de las fotografías realizadas bien al entorno o bien a los grupos de trabajadores de la construcción que por allí ejercían. Lejos de actos oﬁciales, hechos extraordinarios, ceremonias o imágenes provenientes de estudios de fotografía, nos hemos introducido, con una razonable secuencia cronológica, en la realidad de unas gentes, sus vivencias, el interior de sus casas, sus trabajos, demostrando, una vez más, que lo cotidiano es la expresión de la vida misma.

(1) VALCA, Sociedad española de productos fotográficos, en Bilbao, fabricaba material fotográfico sensible –películas, placas y papeles- y productos químicos para cuarto oscuro. Muy conocidas fueron sus películas en blanco y negro F22 y HH29 y su revelador en polvo Finofen. Su actividad comenzó en los años 60 finalizando a comienzos de los 90. (2) Henri Lefebvre (1901-1991) fue un filósofo marxista francés, además de intelectual, sociólogo y crítico literario. Consultas Heller, Agnes, Historia y vida cotidiana, Grijalbo, México, 1985.

Orellana, Dulce, Revista Universitaria Experimental de Investigación y Diálogo Académico, vol. 5, nº 2, 2009. La vida cotidiana, Instituto Universitario Experimental de Tecnología “Andrés Eloy Blanco”. Barquisimeto, Venezuela. www.conhisremi.iuttol.edu.ve, consultado 21 de febrero de 2011. Berger, Peter; Luckmann Thomas, Los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. En La construcción social de la realidad. Amorrortu, Buenos Aires, 1968. www.cholonautas. edu.pe, consultado 21 de febrero de 2011. Casanova Rodríguez, Caridad Luisa, La vida cotidiana desde la perspectiva de la psicología, www.monografías.com, consultado 22 de febrero de 2011.

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Fábrica de baules

Barriendo la puerta

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ยก

ANS 14

NĂşmero 14 junio 2011 Revista de pensamiento y debate. Las Artes, las Letras y las Ciencias.